Violación de los Derechos Humanos

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Publicado por t800 27/02/2009 @ 06:37

Tags : violación de los derechos humanos, derechos humanos, sociedad

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Historia de Uruguay

Indígenas del Río de la Plata. Dibujo del diario de viaje de Hendrick Ottsen, 1603. Nótese que uno de ellos tiene boleadoras.

Este artículo trata acerca de la historia de Uruguay. Abarca la historia del actual territorio de dicho país, desde antes de que se constituyera como estado hasta la actualidad.

Los habitantes del actual territorio de Uruguay antes de la llegada de los españoles eran las etnias de indígenas mayoritariamente nómadas de los conjuntos pámpido y amazónido: charrúas, chanaes, guaraníes, yaros, bohanes, tapes, güencas o guenoas y arachanes, siendo los charrúas (del conjunto pámpido) los más importantes y los que más resistencia ofrecieron a los europeos.

Los españoles llegaron al actual territorio uruguayo en 1516. En 1527 Sebastián Gaboto, a las órdenes de la monarquía española, construyó un primer campamento fortificado en la costa oriental del Río de la Plata frente a la confluencia con el río Paraná, esta población fue llamada San Lázaro y estaba unos pocos kilómetros al noreste de la actual ciudad de Carmelo, días después la misma expedición española al mando de Sebastián Gaboto edificó un fuerte en la desembocadura del río que llamó San Salvador del mismo modo que al fuerte . Luego, el 30 de mayo de 1574, Juan Ortiz de Zárate fundó en las proximidades de las ruinas del mencionado fuerte la primera villa europea, llamada también San Salvador (prácticamente la actual Dolores), mientras que en 1624 los misioneros jesuitas fundaban una reducción a orillas del Río Negro (o Hum), casi en la confluencia con el Río Uruguay. Tal reducción, llamada Santo Domingo Soriano, es el antecedente de la actual Villa Soriano, en el departamento de Soriano.

Empero la fuerte resistencia de los indígenas en contra de una posible conquista, sumada a la ausencia de oro y plata en la zona, limitaron el asentamiento en la región durante los siglos XVI y XVII, llamado en aquel entonces Banda Oriental. Los españoles ingresaron el ganado, el cual se adaptó fácilmente al territorio estableciéndose las Vaquerías del Mar. La ambición por colonizar se vio aumentada al verse la expansión de Portugal hasta las fronteras del actual Brasil.

En 1680 los portugueses comenzaran 100 años de domimio en la Banda Oriental, violando el Tratado de Tordesillas, fundan la Colonia del Sacramento frente a la ciudad de Buenos Aires, en el año El 22 de noviembre de 1723 el Maestre de Campo don Manuel de Freytas Fonseca funda Montevideo.El 22 de enero de 1724 los españoles de Buenos Aires desplazan a los portugueses. Los portugueses fundan en el norte de la Banda Oriental la ciudad de Río Grande 1737, Porto Alegre 1742 y la la Fortaleza de Santa Teresa en 1762 en Rocha.

Existe un error histórico mediante el cual se desconoce que la Madre Patria de la Banda Oriental y por ende del Uruguay ha sido Portugal y en segunda medida España.

El 22 de noviembre de 1749, el rey de España nombra primer Gobernador de Montevideo a José Joaquín de Viana. Éste, llega al Río de la Plata en el barco Nuestra Señora de la Concepción el 3 de febrero de 1751, desembarcando en Buenos Aires, donde jura el cargo de primer Gobernador de Montevideo ante el Capitán General Andonaegui y toma posesión del mismo en sesión solemne que el Cabildo montevideano celebrara el 14 de marzo. La Gobernación de Montevideo comprendía los territorios desde la boca del arroyo Cufré, en el oeste, hasta el cerro Pan de Azúcar, al este, llegando por el norte desde las nacientes de los ríos San José y Santa Lucía siguiendo la línea de la Cuchilla Grande hasta el cerro Ojosmín, que se encuentra en el actual departamento de Flores. Corresponde a los actuales departamentos de Montevideo, Canelones y parte de los de San José, Flores, Florida, Lavalleja y Maldonado.

El primer virrey del Río de la Plata, Pedro de Cevallos (o Zevallos) reconquistó Montevideo y las Fortaleza de Santa Teresa así como, la isla de Santa Catarina de donde fue desplazo inmediatamente. Finalmente, en 1777, el mismo Cevallos, nombrado virrey del recientemente creado Virreinato del Río de la Plata, conquista definitivamente la colonia, conquista que es refrendada mediante el tratado de San Ildefonso, firmado ese mismo año, por el que la frontera hispano-portuguesa se fijaba en el río Negro, quedando España en poder de la mitad sur del actual Uruguay.

España gobernaba entonces solamene el sur de Uruguay quedando el norte de Uruguay, Rio Grande do Sul, Santa Catarina y Parana así como las Misiones en poder Portugues en el año 1777. La Banda Oriental desde 1680 seguía siendo portuguesa. Desde el año 1763 hasta el año 1828 la fortaleza de Santa Teresa y luego el fuerte de San Miguel, pasaran a manos portuguesas y españolas constantemente. El hoy departamento de Rocha fue sucesivamente portugues y español.

España gobierna Montevideo solo 32 años y el sur de Uruguay solo desde 1777 a 1807. Cuando Montevideo pasa manos Británicas (ingleses) y desde 1807 por cuatro años hasta 1811 cuando Uruguay se declara independiente. En 1815 Montevideo es Uruguayo bajo el mando de Artigas y Ortorgues pero un año después desde 1816 a 1824 Uruguay es Portugues. De 1824 y 1827 es Brasileño.

La primera parte del siglo XIX estuvo marcada por una lucha entre España y Portugal para poder obtener el dominio sobre la zona. Además, entre 1806 y 1807 el Reino Unido invadió Buenos Aires y Montevideo, pero fue derrotado y se retiró.

Iniciado el proceso revolucionario en Buenos Aires, en la llamada Revolución de Mayo de 1810, la Banda Oriental tardó en sumarse. El denominado Grito de Asencio protagonizado por Pedro José Viera y Venancio Benavides el 27 de febrero de 1811, se considera tradicionalmente el punto de partida de la revolución en el país. Rápidamente al día siguiente se ocuparon las villas de Mercedes y de Santo Domingo de Soriano, solicitando auxilios a la Junta de Buenos Aires. José Gervasio Artigas, hoy considerado máximo héroe nacional, se sumó a la revolución y lanzó una exitosa revuelta en contra de España. Tras ocupar Soriano, Benavides tomó El Colla (Rosario) el 20 de abril. Manuel Francisco Artigas avanzó sobre las poblaciones del este, el 24 de abril de 1811 tomó la villa de Minas, el día 28 entró en San Carlos y el día 29 rindió Maldonado, luego un destacamento avanzó hacia el fuerte de Santa Teresa. Fuerzas unidas de Manuel Francisco Artigas y de Benavides ocuparon San José el 25 de abril tras tomar a Porongos.

José Gervasio Artigas dirigió sus tropas hacia Montevideo y venció a los realistas en la batalla de las Piedras, el 18 de mayo del mismo año, sitiando pocos días después la ciudad amurallada de Montevideo, último reducto de la colonia española en la Banda Oriental, ya que Colonia del Sacramento había sido ocupada el 26 de mayo por Benavides.

El envío de un contingente portugués en auxilio de los españoles llevó al Gobierno de Buenos Aires a pactar con los españoles, ordenando la retirada de las tropas revolucionarias de la Banda Oriental que incluida Entre Ríos, Sur de Corrientes, Uruguay, Misiones Orientales Río Grande do Sul, Santa Catarina. Artigas acató el pacto, retirando el sitio de Montevideo. Casi toda la población del sur de la Banda Oriental excepto Montevideo, lo acompañó en la retirada hasta el arroyo Ayuí Grande en la actual ciudad entrerriana de Concordia, dejando el territorio virtualmente vacío. A este acontecimiento se le denomina el Éxodo oriental o también La Redota y demostró el liderazgo de Artigas en el pueblo del sur Banda Oriental.

En 1815, Artigas logró reunir en la ciudad entrerriana de Concepción del Uruguay que pertencia por entonces a la Banda Charrúa o Banda Oriental el protocongreso de la independencia argentina, conocido como Congreso de Oriente, con representantes de la Banda Oriental, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, las Misiones -mucho más extensas que la actual provincia argentina de ese nombre, aunque sus representantes no llegaron a tiempo- y Santa Fe, aunadas en la Liga Federal a la cual fueron invitadas todas las otras provincias de los territorios del antiguo Virreinato del Río de la Plata.

En 1821 la ahora llamada Provincia Oriental del Río de la Plata, actual Uruguay y ex Banda Oriental, fue anexada a Brasil por Portugal siempre cultural e historicamente unida a Río Grande con el nombre de Provincia Cisplatina, tras ser derrotado Artigas en el combate de Tacuarembó (1820). Portugal entendía que el resto de la Banda Oriental o Charrúa compuesto por Entre Ríos y Corrientes era parte suya llamando a esa parte Provincia Transplatina (Entre Ríos y Corrientes) la cual formo una republica que solo duro un año.

Cinco años después, en 1825, y con el apoyo del gobierno argentino, un grupo de orientales, llamados los Treinta y Tres Orientales y liderados por Juan Antonio Lavalleja, invadió la Provincia Oriental para retirar a los brasileros. Eventualmente se suma el general Fructuoso Rivera quien ofreció a los Portugueses una vasta región del Uruguay a cambio de lograr la "Paz". El territorio cedido por Rivera a los Portugueses limitaba al sur de la actual ciuadad de Porto Alegre. Para José Gervasio Artigas fue toda una traición.

El 25 de agosto de 1825, en el Congreso de Florida, se declara la independencia del territorio oriental, y su voluntad de formar parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata (lo que actualmente es Argentina, excepto el territorio de Uruguay y el departamento boliviano de Tarija .

Las Provincias Unidas derrotaron a Brasil luego de una lucha de tres años, la batalla decisiva fue la de Ituzaingó. Sin embargo, los problemas económicos obligaron a aceptar reclamos brasileños y británicos, por lo que el 28 de agosto de 1828, bajo la vigilancia del Reino Unido, se firma la Convención Preliminar de Paz, en que se establecía la creación de un estado independiente de Argentina y de Brasil en el territorio en el Sur de la Banda Oriental mientras que el Norte se transformaría en dos estados brasileños. Río Grande y Santa Catarina.

La primera constitución nacional fue adoptada el 18 de julio de 1830, dándosele el nombre de República Oriental del Uruguay al novel país. Pese a obtener que Brasil abandonara las pretensiones sobre la actual República Oriental del Uruguay, el estado brasilero mantuvo ocupada una gran parte de la Banda Oriental: las nacientes del Río Negro en el nudo de Santa Tecla, y todo el extenso territorio entre el Río Cuareim y el río Ibicuy (en grafía portuguesa: Ibicuí) y su curso alto llamado río Santa María. También por el noroeste, los brasileños lograron correr a su favor las fronteras, pese a su derrota militar: la frontera del noroeste pasó de ser el Piratiny o Piratiní a ser el Río Yaguarón.

El primer presidente, electo bajo la Constitución de 1830, fue Fructuoso Rivera, desplazando a Lavalleja, que no era de ningún modo del agrado de los brasileños. Fue sucedido por Manuel Oribe, asumido en 1834. No obstante, gran parte del poder seguía en manos de Rivera, gracias al cargo de Comandante General de la Campaña que se había creado para él mismo durante su mandato.

Diversos incidentes llevaron a la revolución de Rivera y sus partidarios en contra del gobierno en 1836. Oribe decretó que sus seguidores usaran una divisa blanca, mientras Rivera adoptó una cinta colorada (primero había elegido una celeste, pero debido a que se confundía con el blanco decidió cambiarla). Es de esta forma que nacieron los "blancos" y "colorados", quienes se enfrentaron por primera vez en la batalla de Carpintería, el 19 de setiembre de 1836.

Las vinculaciones de los colorados con los unitarios argentinos y de los blancos con los federales dieron lugar a una constante intervención de la Argentina en los asuntos internos uruguayos, a lo que se sumaba Brasil. También se debe destacar la intención de Francia y Gran Bretaña de extender su predominio económico al Río de la Plata.

Todas estas influencias extranjeras, sumadas a las rivalidades internas en Uruguay, desencadenarían la llamada Guerra Grande (1839-1851). Luego de que las tropas riverenses vencieran a las de Oribe, éste renunció a la presidencia y en su lugar fue electo Rivera, el 1º de marzo de 1839. Ya en febrero de ese año le había declarado la guerra a Rosas, aliado de Oribe, dando comienzo a la contienda.

Entre 1839 y 1843, la guerra fue favorable a Rosas y Oribe. Este último impuso el sitio de Montevideo entre 1843 y 1851. Así, el país quedó dividido en dos partes: Montevideo bajo el poder del Partido Colorado, apoyado por los ingleses y franceses, que forman el Gobierno de la Defensa; el resto del país, dominado por Oribe y los blancos, que formaron el Gobierno del Cerrito, con su capital en la ciudad de Villa Restauración, actualmente el barrio de la Unión. Oribe fue el primer presidente oriental que homenajeó oficialmente a Artigas, bautizando con el nombre del prócer a la principal calle de Villa Restauración.

Durante este período, varias legiones extranjeras — franceses, italianos, etc. — apoyaron la defensa de Montevideo, siendo especialmente notable la participación de Giuseppe Garibaldi, quien comandara las fuerzas navales de Montevideo.

Desde 1849, tras aplastar el imperio del Brasil a la República Riograndense, al concluir la Guerra de los Farrapos — del portugués "Guerra de los Harapientos" — arreciaron las incursiones y ataques brasileños sobre el territorio uruguayo.

En 1851, el gobernador de la provincia de Entre Ríos, Argentina, Justo José de Urquiza, forma una coalición con Brasil y el Gobierno de la Defensa e invadió el territorio uruguayo. Simultáneamente se produjo una nueva invasión brasileña. El cansancio generado por la larga guerra provocó la rápida rendición del gobierno del Cerrito y la firma de la paz, el 8 de octubre de 1851. Como resultado del tratado de paz firmado en 1852, Uruguay reconocía la soberanía brasileña sobre las Misiones Orientales — ya ocupada en los hechos por el Imperio de Brasil — más una franja adicional, entre los ríos Cuareim e Ibicuy.

Al finalizar la Guerra Grande, el país se encuentra destrozado: totalmente adeudado, decrecimiento de población, destrucción de la mayoría del ganado (principal fuente de ingresos del país).

Muchos responsabilizaron a los bandos políticos por la debilidad interna y propusieron una política de fusión para eliminar las divisas, llegando en 1857 el presidente Gabriel Pereira a prohibir la reorganización de los partidos políticos.

Al llegar en 1860 a la presidencia Bernardo Berro, a pesar de ser blanco, se inclinó hacia la política de fusión. Intentó implantar una política de neutralidad con Argentina, ya que opinaba que Uruguay no se debía entrometer en asuntos externos.

Venancio Flores, el principal caudillo urugayo en ese momento, se alió con los gobiernos de Brasil y Argentina e invadió el territorio uruguayo. Tras una breve pero violenta guerra, accedió al poder en 1865. Flores pagó el apoyo brasilero y argentino uniéndose con ellos contra el Paraguay, en la Guerra de la triple alianza.

Flores fue asesinado en 1868, siendo sucedido por Lorenzo Batlle. En su período de gobierno, lo más destacado fueron las crisis económicas y políticas. Entre estas últimas se destacó la "Revolución de las Lanzas", comandada por Timoteo Aparicio. Este período (1868) se caracterizó por gobiernos débiles, siendo presidentes: Lorenzo Batlle (1868-1872), José Ellauri (1872-1875) y Pedro Varela (1875).

La Modernización es un concepto que engloba el período de militarismo que comienza en 1876, tras un caos político presidido por la Revolución de las Lanzas de Timoteo Aparicio, y finaliza en el siglo XX con las reformas impulsadas por José Batlle y Ordóñez.

El 10 de marzo de 1876 se efectuó una amplia reunión de comerciantes, hacendados y extranjeros residentes que ante la acefalía en el poder y las graves crisis que enfrentaba el país, debido en gran parte a la inoperancia de los gobiernos democráticos decidieron ofrecerle el poder al Ministro de Guerra Coronel Lorenzo Latorre. Éste aceptó y tomó el poder como "gobernador provisorio".

Los objetivos principales del régimen latorrista fueron el logro de la paz interna y el orden (en la campaña, sobre todo) y la afirmación del derecho a la propiedad privada.

El militarismo significó desde el ángulo político, la sustitución de las banderías tradicionales (blancos y colorados), por el gobierno de los grupos de presión más fuertes en lo económico, aliados al grupo de presión más fuerte en el poder real y coactivo: el ejército. La inoperancia, la debilidad y el tono artificial que había asumido paulatinamente la superestructura política de la República, se tradujo pues en una asunción del poder casi directa por parte del alto comercio, la clase alta rural y los inversionistas extranjeros. Latorre se basó en los progresos técnicos de la época, para consolidar la estabilidad política del país.

Los fusiles Mauser y Remington le dieron al ejército un poder incontrastable e inalcanzable para los revolucionarios por su costo. La importancia del telégrafo radica en la velocidad para transmitir información hasta los lugares más alejados de la capital. El ferrocarril permitió el rápido traslado de tropas, para sofocar las revoluciones.

También produjo una modernización del aparato jurídico sustituyendo a los alcaldes por jueces letrados departamentales. Simultáneamente se aprobaron los Códigos de Procedimiento Civil e Instrucción Criminal en 1878, así como el Código Rural y la creación del Registro de Embargos e Interdicciones. En 1879 se aprobó la Ley de Registro de Estado Civil, con la cual pasó a manos del Estado una función realizada hasta el momento por la Iglesia. Los juzgados de Paz, comenzaron a llevar cuatro registros: de nacimientos, de defunciones, de matrimonios y de reconocimientos y legitimaciones.

En materia económica y para mejorar las condiciones del campo, Latorre se cercioró de la consolidación del derecho de propiedad privada mediante el Código Rural de 1879, que establecía la medianería obligatoria, lo que le dio un enorme impulso al cercamiento de los campos. Estableció la Oficina General de Marcas y Señales en la que debía solicitarse las marcas de ganado para evitar repeticiones y fraudes y asegurar la propiedad del ganado. Otra medida que se implantó como ayuda para consolidar el orden interno en la campaña, fue la autorización dada a los grandes propietarios para establecer policía particular a cargo del comisario.

El alambre consolidó el régimen vigente de la propiedad de la tierra. En segundo término, eliminó al minifundista ganadero y provocó la primera desocupación en el país al eliminar el trabajo de muchos peones, agregados y puesteros. Esto provocó su concentración en los suburbios de los poblados, de ciudades del interior y en Montevideo, dando origen a lo que se empezó a conocer como rancheríos.

Una de las reformas más importantes durante el gobierno del Coronel Latorre fue la educativa, impulsada por José Pedro Varela quien se encontraba a la vanguardia en materia de las nuevas corrientes pedagógicas.

Latorre abrió cauce a la efectivización de los proyectos varelianos, una situación que señala el historiador Enrique Méndez Vives en "El Uruguay de la Modernización" como paradojal, habida cuenta de las características del régimen. Varela entendió que lo importante era llevar a cabo la reforma educativa, que contribuiría a la eliminación de gobiernos semejantes en el futuro. "La escuela es la base de la República; la educación, la condición indispensable de la ciudadanía. Todas las grandes necesidades de la democracia, todas las exigencias de la República, sólo tienen un medio posible de realización: educar; educar; siempre educar...".

El decreto ley de la Enseñanza Común fue aprobado el 24 de agosto de 1877. Estableció tres principios básicos, que hasta hoy siguen presentes. La educación ha de ser: gratuita, obligatoria y laica. Los dos primeros principios pudieron ser llevados a cabo sin grandes dificultades. El freno estuvo en el aspecto de la laicidad. Entonces Varela propuso, como transición, que el catolicismo fuera enseñado a los alumnos cuyos padres así lo solicitaran.

Más que reformar, Varela creó un sistema educativo. Dio contenidos científicos a los programas de estudio; seleccionó personal docente dando amplia participación a la mujer; implantó la descentralización administrativa, procurando la participación popular en el mejoramiento de la escuela pública.

Latorre no desarrolló un gobierno a favor de la clase militar, pero tuvo importantes cantidades de autoritarismo lo que ayudó para forjar un Poder Central capaz de encarrilar al país en las normas necesarias para el desarrollo de una economía moderna. Defensa de la propiedad privada de la tierra y del ganado, establecimiento del patrón oro, reanudación del pago de la deuda pública; pero también, modernización técnica y administrativa del Estado.

A finales del siglo XIX el país había completado su organización y durante la etapa batllista consolidó su democracia y alcanzó altos niveles de bienestar, equiparables a los europeos. Debido a esto, Uruguay comenzó a ser conocido como "la Suiza de América".

La mayor parte del esfuerzo del primer mandato de José Batlle y Ordóñez se destinó en asuntos políticos que incluyeron los levantamientos de 1903 y 1904, protagonizados por Aparicio Saravia y el Partido Nacional. De esta manera se pudo consolidar definitivamente la autoridad del poder central en toda la República. Poco, fue el tiempo que quedó para la realización de la obra económica y social.

En el plano económico se destaca: la erogación de 3 millones de pesos, con destino a la construcción y mejora de caminos de la campaña. Se intentó favorecer el surgimiento de la industria nacional y disminuir la dependencia del exterior por la importación de azúcares a través de una ley en la que se otorgaban varias primas anuales y semillas seleccionadas. Se ampliaron también, las obras de la Usina de Luz Eléctrica. En el plano financiero, existió el deseo por parte del Ejecutivo de lograr una paulatina independencia del financiamiento inglés. En el plano educativo, en 1903 se creó la Facultad de Comercio (futura de Ciencias Económicas) y en marzo de 1907 la Facultad de Veterinaria y Agronomía. Se trataba de tecnificar el comercio y el agro desviando a los hijos de estancieros de las tradicionales carreras de abogado y médico. Se proyectó la instalación de diez liceos departamentales, procurando otorgar en el interior de la República elementos de cultura superior a la de la enseñanza primaria.

En el plano político, la tarea fue absorbida por los levantamientos armados producidos por la política exclusivista de partido desarrollada por Batlle y la negativa del Partido Nacional a seguir aceptando su continua marginación del gobierno. Firmada en 1904 la Paz de Aceguá, las consecuencias de la revuelta fueron: A) La consolidación de la unidad del Estado. El triunfo colorado implicó la finalización de la política de coparticipación en los gobiernos departamentales. B) Gobierno excluyente de partido y C) La Reforma Electoral.

Con la asunción de Claudio Williman se continuó con un gobierno batllista. El 25 de agosto de 1909 se produjo la inauguración del puerto de Montevideo que estaría al servicio público y el Estado se reservaba la administración portuaria. El país contaba desde este momento con un medio que le permitiría competir con Buenos Aires en relación con el tráfico de ultramar.

Durante la segunda presidencia de Batlle y Ordóñez hubo importantes aportes a los derechos laborales de los trabajadores. Se prohibía el trabajo de menores de 13 años, se restringía la jornada a los menores de 19; la mujer dispondría de 40 días de descanso en el período de embarazo, el descanso obligatorio era de un día cada siete y un máximo de 48 horas semanales de trabajo. Se estableció la jornada de trabajo en 8 horas. También se creó una ley de pago de indemnizaciones por accidentes de trabajo. Se aprobó una pensión a la vejez que podían utilizar todas las personas mayores de 65 años y de cualquier edad en caso de invalidez absoluta, que se encontrara en la indigencia. Se estableció la indemnización por despido que dependía de la cantidad de años trabajados.

En lo que se refiere a la actividad económica del Estado (estatización y nacionalización). El principio ideológico era que los servicios públicos esenciales debían estar en manos del Estado, ya que éste era el organismo representativo de la sociedad, es decir, de todas las clases sociales, y estaba por encima de sus disputas; el Estado debía intervenir allí, donde el capital privado fuera indeciso o temiera perder dinero, porque no estaba guiado por el afán de lucro sino de servicio público; el Estado debía sustituir a las empresas extranjeras que se llevaban la ganancia fuera de fronteras debilitando así el país.

Fue así que se produjo la estatización del Banco de la República Oriental del Uruguay, 1911 y 1913, la del Banco Hipotecario del Uruguay, en 1912, y la de los seguros, que pasaron de manos privadas a manos estatales con la creación en 1911 del Banco de Seguros del Estado. Se creó a su vez, en 1915 la Administración de Ferrocarriles del Estado y se produjo la secularización de actos públicos.

Como jefe del ejecutivo aseguró la unidad nacional acabando con diversas rebeliones departamentales, estableció la jornada laboral de ocho horas, la indemnización laboral y promulgó la primera ley del divorcio en Latinoamérica, que reconocía los derechos de las mujeres; también creó institutos de enseñanza media en todas las ciudades departamentales. Durante su presidencia, se crearon empresas públicas que competían con las privadas, proporcionando servicios más baratos.

Durante su segundo mandato, sentó las bases para la futura reforma constitucional. Es decir, que produjo en todos los ámbitos la modernización del Estado. Su filosofía, aún sigue presente en la mentalidad de los uruguayos, independientemente de partidos políticos.

Gabriel Terra, presidente el 1 de marzo de 1931, se opuso desde un principio a la constitución de 1917. El 31 de marzo de 1933, con apoyo de la Policía, dirigida por su cuñado, Alfredo Baldomir, el Ejército, y el sector mayoritario del Partido Nacional, dirigido por Luis Alberto de Herrera, dio un golpe de estado, conocido como Dictadura de Terra, por el que se disolvió el Parlamento y se censuró la prensa.

Instauró un gobierno de carácter conservador, autoritario y antiliberal al que se opusieron el batllismo y la izquierda. En 1934 hizo promulgar una nueva constitución de carácter presidencialista que tuvo vigencia plena hasta 1942. Fue elegido presidente nuevamente en aquel año, y desempeñó el mando hasta el 19 de junio de 1938.

Durante su mandato se desarrolló una política industrializadora de sustitución de importaciones y se realizaron obras publicas de importancia como la represa de Rincón del Bonete, inaugurada en 1937. Rompió relaciones diplomáticas con la Unión Soviética en 1935 y reconoció al gobierno de Francisco Franco en 1936.

Salió airoso de un atentado contra su vida en junio de 1935 y pudo igualmente sofocar un levantamiento armado contra su gobierno, ocurrido en el mismo año.

Hacia 1955 se inició una crisis económica que afectó también a las instituciones públicas. Durante la década de 1960 hubo un proceso de deterioro social y económico con un notable aumento de la conflictividad, que incluyó la lucha armada. Esta estuvo protagonizada por la guerrilla urbana que llevaron adelante grupos de extrema izquierda, entre los cuales destacan los Tupamaros, y fuerzas de extrema derecha, como el Escuadrón de la muerte y la Juventud Uruguaya de Pie (JUP).

Las Fuerzas Armadas fueron asumiendo gradualmente un nuevo protagonismo. Ante la crisis social, económica y política que vivía el país, y la falta de respaldo político al Presidente de la República, decidieron dar un golpe de estado.

En 1958, el Partido Nacional ganó las elecciones, despojando del poder al Partido Colorado, que gobernaba desde hacía 93 años.

Así llegaba a su fin el denominado neobatllismo, o sea, un segundo batllismo, cuya principal figura era Luis Batlle Berres, líder colorado sobrino de José Batlle y Ordoñez, y que había intentado impulsar la industria nacional.

En esta primera victoria del Partido Nacional el sector más votado dentro de este partido fue el herrero-ruralismo, cuyos dirigentes eran Luis Alberto de Herrera (caudillo blanco y una de las principales figuras políticas del S. XX) y Benito Nardone, dirigente ruralista que, apodado como Chico-Tazo, se había hecho muy popular en el Interior del país con sus alocuciones radiales de corte populista, y que decidido a entrar en la política, se había aliado con los blancos. El otro sector (que triunfaría cuatro años después) era la UBD (Unión Blanca Democrática), que representaba lo urbano. De esta forma el Consejo Nacional de Gobierno (recordar que desde 1952 el Uruguay adoptó un Poder Ejecutivo colegiado, donde el poder era ejercido por un consejo de nueve personas, seis del lema más votado, tres del que lo seguía) quedó integrado por Martín R. Echegoyen, Eduardo Víctor Haedo, Justo Alonso (herreristas), Benito Nardone, Faustino Harrison, Pedro Zabalza Arrospide (ruralistas), y los colorados César Batlle Pacheco, Ledo Arroyo Torres y Manuel Rodríguez Correa.

En estas elecciones, los blancos triunfaron con el 49.7 porciento de los votos, lo que representa 499.425 ciudadanos, y los colorados obtuvieron un 37.7 porciento, lo que equivale a 379.062 sufragios.

Sin embargo, el cambio de mando de un partido político a otro estuvo signado por la intranquilidad. Como ejemplo se puede hablar del relato de Líber Seregni, líder político que por ese entonces era coronel, al periodista Alfonso Lessa, en el que cuenta que algún militar colorado le propuso a Luis Batlle Berres no entregar el poder, y éste respondió echándolo "a patadas en el culo" (así se expresó el testigo).

El primer año de gobierno blanco fue bastante complicado.

En abril de 1959 se desataron graves inundaciones en los departamentos del litoral y del centro del país. El gobierno aplicó Medidas Prontas de Seguridad entre el 15 de abril y el 23 de junio. Tuvo que racionarse el consumo de energía, se creó una Comisión Pro-Damnificados, para obtener recursos se lanzó un Empréstito Patriótico y se modificaron los horarios laborales. Las consecuencias fueron catastróficas: se calcularon 41.000 personas desplazadas, además de pérdidas económcias y materiales millonarias.

Además, en poco tiempo la alianza entre el herrerismo y el ruralismo se quebró, y comenzaron los ataques entre un sector y otro. El 8 de abril de 1959 falleció Luis Alberto de Herrera.

Los blancos habían llegado al poder con la promesa de desmantelar el modelo neobatllista, caracterizado por la intervención del Estado y numerosos subsidios, además del tipo de cambio múltiple (esto significaba que el dólar tenía distinto valor dependiendo de la actividad de quien comprara o vendiera). En este sentido, los blancos implementaron una política económica que apuntaba a liberar la economía. El 17 de diciembre de 1959, fue aprobada la reforma cambiaria del ministro de Hacienda Juan Eduardo Azzini, en la que, entre otras cosas, se eliminaba el poder del Estado de fijar los tipos de cambio (a partir de ese momento el valor de las monedas sería fijado por la oferta y demanda), se sustituía el tipo de cambio múltiple por aranceles aduaneros y nuevos subsidios, y se devaluó la moneda, que pasó de 4,11 pesos por dólar a 11 pesos. Como producto de esta reforma, que significaba un duro golpe al Estado benefactor (o al menos esa era la percepción de la opinión pública de la época), se disparó la conflictividad social y en 1961 apareció la CTU (Central de Trabajadores del Uruguay). El resultado inmediato de la reforma fue una inflación del 49 porciento, producto de la devaluación, pero en los siguientes dos años, fue moderada.

En materia de política internacional, Uruguay confirmó ser un país influenciado por Estados Unidos. Por ejemplo, en Punta del Este se llevaron a cabo las reuniones que crearon la Alianza para el Progreso, y en 1961 Uruguay declaró personas no gratas al embajador cubano y al primer secretario de la embajada de la URSS, y el año siguiente, nuevamente en Punta del Este, se realizó la VIII Reunión de Consulta de Cancilleres, en la cual se decidió la expulsión de Cuba de la OEA. De este primer gobierno blanco también datan las primeras cartas de intención firmadas con el FMI. Aunque también se debe destacar la visita de Fidel Castro en 1959 (antes de que se declarara marxista-leninista) y de Ernesto Guevara en 1961. Este último personaje dio un discurso en el Paraninfo de la Universidad, en el que desconcertó a todos los uruguayos, al afirmar que la fuerza era la última herramienta y que sólo debía ser usada contra el que la ejerce indiscriminadamente, además de resaltar las condiciones democráticas del Uruguay. Al salir del Paraninfo, Guevara ingresó en un auto en medio de la muchedumbre, y en una esquina, desde el Gimnasio Universitario, partieron varios disparos. Cuando se disipó la multitud, se pudo constatar que el profesor de historia Arbelio Ramírez había sido muerto por las balas destinadas a Guevara. En su sepelio se distribuyeron volantes amenazantes firmados por el MEDL (Movimiento Estudiantil por la Defensa de la Libertad), grupo de ultraderecha, aunque hay versiones que dicen que Ramírez fue ultimado por izquierdistas. Durante este primer gobierno blanco también se acabó con el largo litigio mantenido con Argentina sobre los límites fluviales. El 30 de enero de 1961 se firmó una declaración conjunta por la que se estableció el límite exterior del Río de la Plata, en la que se consolidaba la soberanía doble y compartida sobre las aguas, así como se afirmaba que el Plata constituía en todo su curso un río hasta la desembocadura en el océano Atlántico. Meses después, el Gobierno inglés presentó una protesta por esta resolución, sosteniendo que las aguas eran un estuario, y que a partir de 6 millas de la costa, eran internacionales.

También en este primer colegiado blanco (así como en el segundo) se llevaron a cabo importantes realizaciones en obras públicas. A partir de 1959 se aprobaron sucesivos planes anuales impulsados por el ministro de Obras Públicas, Luis Giannattasio. En estos ocho años se construyeron las rutas 5 (Montevideo-Rivera) y 26 (Paysandú-Melo), con financiación del BID. Además se expandió la Interbalnearia y se comenzaron a construir los puentes sobre el Solís Grande y el Solís Chico, y se inciaron conversaciones con Argentina para explotar el potencial hidroeléctrico de los ríos.

El 25 de noviembre de 1962 se llevaron a cabo elecciones, con un paisaje político distinto al de cuatro años antes. El Partido Socialista (dirigido por Vivian Trías, que había desplazado al líder histórico Emilio Frugoni) se alió con escindidos nacionalistas para formar la Unión Popular. El Partido Comunista del Uruguay se presentó como el FIDEL (Frente Izquierda de Liberación), en el que se agrupaba también a sectores que abandonaban los partidos tradicionales. La vieja Unión Cívica del Uruguay se reformuló formando el Partido Demócrata Cristiano. En el Partido Nacional, la UBD se alió con el Herrerismo ortodoxo para disminuir la influencia de Nardone. El resto del Herrerismo continuó aliado al dirigente rural. Dentro del Partido Colorado continuaron las fragmentaciones, destacando la creación de la Lista 99, integrada por elementos de la Lista 15 y de la Lista 14. La recientemente creada lista presentaba un programa renovador que consideraban como una actualización del batllismo. Por otra parte, también en la interna colorada, la Lista 14 se convirtió en la Unión Colorada y Batllista.

Las elecciones fueron nuevamente ganadas por los blancos, aunque el margen entre éstos y los colorados se redujo: de 120.000 votos hacía cuatro años, pasaron a 23.000 sufragios de diferencia.

El nuevo Consejo Nacional de Gobierno fue integrado por Daniel Fernández Crespo, Washington Beltrán, Carlos María Penadés, Héctor Lorenzo y Losada (UBD), Luis Giannattasio, Alberto Heber Usher (Herrerismo ortodoxo), Alberto Abdala, Amílcar Vasconcellos y Óscar Gestido (Partido Colorado).

Este segundo gobierno blanco fue pronto víctima de las enemistades internas. La alianza entre la UBD y el Herrerismo ortodoxo pronto sucumbió, y los ministros blancos comenzaron a ser interpelados por los senadores de su propio partido.

La situación económica internacional fue adversa a Uruguay, ya que la Comunidad Europea comenzó a subsidiar a sus productores y aumentó los aranceles, la URSS lanzó un programa para aumentar la producción de carne y de leche, al tiempo que países como Australia y Nueva Zelanda aumentaron su productividad. Los precios internacionales cayeron. En 1963 el Banco República debió devaluar la moneda, y el dólar pasó a valer 16,50 pesos. La conflictivdad aumentó, y las huelgas, paros u ocupaciones se hicieron comunes (entre enero de 1964 hasta marzo de 1965 se contabilizaron 650 movilizaciones). En 1964 se formó la Convención Nacional de Trabajadores, organismo de coordinación entre los sindicatos dentro de la Central de Trabajadores del Uruguay (CTU) y los sindicatos no afiliados a ella (por ejemplo, los bancarios o los trabajadores de la carne). El año 1965 fue devastador. Se inició con una intensa sequía que afectó al país durante el verano y perduró hasta otoño, con las consiguientes pérdidas económicas en la actividad agropecuaria y la producción de energía. Además, ese mismo año quebró el Banco Transatlántico, arrastrando tras sí al sistema bancario nacional (Banco Atlántico, Banco Uruguayo de Administración y Crédito, Banco de Producción y Consumo, etc.). Con la crisis salieron a luz varias prácticas fraudulentas, como, por ejemplo, la textil CUOPAR, que tenía vinculaciones dolosas con el Departamento de Negocios con el Exterior del Banco de la República, o "las bolsas negras", que eran créditos especiales concedidos a varias personalidades políticas. El Gobierno debió soportar un sismo político al tiempo que la Asociación de Bancarios del Uruguay declaraba la huelga general. El Gobierno continuó con su política liberal, pero la economía no logró ser controlada, y en 1966 la deuda aumentó producto del año electoral (como había sucedido en 1962), al igual que la inflación (entre diciembre de 1964 y mismo mes de 1965 los precios aumentaron 88%).

También contribuyó a empeorar la situación la muerte, en 1964, de los principales líderes políticos del país: Benito Nardone, Luis Batlle Berres, Javier Barrios Amorín, Daniel Fernández Crespo (todas muertes acaecidas en un período de tres meses) y el retiro de la política de César Batlle Pacheco, que moriría en 1966.

Por otra parte, la movilización obrera provocó la implementación en varias ocasiones de las Medidas Prontas de Seguridad por parte del Gobierno (por ejemplo, en febrero de 1963, a raíz de la huelga de los trabajadores de UTE, o en octubre de 1965, ante la presión ejercida por los gremios para aumentar los salarios). Durante el segundo colegiado blanco fue tomando forma el movimiento obrero, y a la creación en 1964 de la ya mencionada CNT le siguió la realización del Congreso del Pueblo en 1965, donde se proponían las salidas a la crisis, lo que desembocaría con el establecimiento, en 1966, de la CNT como central única de trabajadores.

En este segundo gobierno blanco tomaron lugar robos que luego se sabría eran obra de la guerrilla urbana tupamaros. Se puede señalar el robo de armas del Club de Tiro Suizo de Nueva Helvecia (considerado el primer acto de los tupamaros), el bombardeo de la embajada de Brasil después del golpe de Estado en dicho país, atentados con bombas a domicilios de integrantes del Consejo Nacional de Gobierno y a sucursales de bancos estadounidenses, etc. Además, por estos años se llevaron a cabo las marchas cañeras, manifestaciones de trabajadores de la caña de azúcar de Artigas, que reclamaron en Montevideo por los despidos masivos. Estos trabajadores eran dirigidos por Raúl Sendic, al punto de que la consigna de la movilización era "por la tierra y con Sendic".

La reforma "amarilla": iniciada por un grupo de sindicatos y apoyada por el FIDEL. Promulgaba un Poder Ejecutivo unipersonal aunque se le quitaban facultades al presidente, como, por ejemplo, las Medidas Prontas de Seguridad. Obtuvo el apoyo del 5.21% del total de votantes habilitados.

La reforma "gris": fue presentada por una parte del Partido Nacional. Proponía, principalmente, un gran fortalecimiento del Poder Ejecutivo, dándole facilidades para disolver las Cámaras, romper con la autonomía de la educación, etc. Capturó el voto del 10.57%.

La reforma "rosada": obra del Partido Colorado, coincidía con la "gris" en el fortalecimiento del Ejecutivo, aunque con mayor respeto a las garantías individuales, pero al iniciarse las alianzas con los blancos para presentar una reforma conjunta, quedó en un segundo plano, siendo una porción minúscula de las preferencias del electorado.

La reforma "naranja": fue presentada por la mayoría del Partido Colorado y del Nacional. Proponía la sustitución del Consejo Nacional de Gobierno por un Presidente con mandato de cinco años (con el Colegiado eran de cuatro) sin posibilidad de relección inmediata. Cambiaba fuertemente la relación entre el P. Ejecutivo y el Legislativo, dándole más poderes al primero y otorgándole total control en el orden económico-financiero. Fue la reforma que triunfó, con el 75% de los votos, superando el 35% que era necesario para ser aprobada.

El 27 de junio de 1973, en vista de que “la acción delictiva de la conspiración contra la Patria, coaligada con la complacencia de grupos políticos sin sentido nacional, se halla inserta en las propias instituciones, para así presentarse encubierta como una actividad formalmente legal”, el Poder Ejecutivo disuelve las Cámaras de Senadores y Representantes, crean un Consejo de Estado con funciones legislativas, de contralor administrativo y con encargo de proyectar una reforma constitucional que reafirme los principios republicanos-democráticos, suspende los derechos civiles y faculta a las FF.AA. y Policiales para asegurar la prestación interrumpida de los servicios públicos. También dispone la instalación de un Consejo de Estado que pretendía sustituir al parlamento.

En respuesta al golpe de estado, en la misma madrugada en que se gesta el golpe, el secretariado de la CNT (Central Nacional de Trabajadores) lanza un manifiesto en el que en el que llama a la "ocupación de las fábricas, estado de alerta y asamblea". El Partido Comunista del Uruguay toma resoluciones también en la noche del 26 de junio respecto a la huelga general con ocupación de fábricas, moviendo a miles de sus afiliados de agrupaciones de empresas que en la misma madrugada se dirigen a sus lugares de trabajo y de las agrupaciones barriales. Posteriormente se plegarían los gremios de estudiantes universitarios. La huelga duraría 15 días, la más larga en la historia del país.

Las Fuerzas Armadas detuvieron a los dirigentes tupamaros Raúl Sendic, Eleuterio Fernández Huidobro, Mauricio Rosencof, José Mujica, Adolfo Wasem, Julio Marenales, Henry Engler, Jorge Manera y Jorge Zabalza responsables de asesinatos, secuestros y robos por el tiempo que duró la dictadura militar, es decir, hasta 1985. Fueron recluidos en casi total incomunicación y sufrieron torturas físicas y psicológicas (comprobadas posteriormente por organismos como la Cruz Roja Internacional). En las cárceles uruguayas murieron cerca de un centenar de prisioneros políticos y continúan desaparecidas otras 200 personas.

En 1976, al terminar Juan María Bordaberry su mandato constitucional, ante la convicción de que el caos político que había vivido el país era responsabilidad de su sistema político, propone a la Junta de Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas una reforma del sistema institucional del país, eliminando los partidos políticos y sustituyéndolos por "corrientes de opinión" en un sistema de corte corporativista.

Las Fuerzas Armadas, entendiendo que el problema no eran los partidos políticos, sino sus integrantes, y que la solución al problema vendría por la vía de una renovación de sus dirigentes, retiran su apoyo al presidente, que se vería obligado a abandonar el cargo en junio.

Mientras continuaba la represión, Bordaberry es reemplazado por el entonces presidente del Consejo de Estado, Alberto Demicheli, quien suspende las elecciones previstas para noviembre y delega la presidencia en Aparicio Méndez (ex Ministro de Salud Pública), quien la asume por un período de cinco años.

Los militares convocan en 1980 un plebiscito para refrendar el proyecto de reforma constitucional propuesto por ellos, sin permitir, a través de la censura, la expresión pública de opiniones contrarios al mismo en los medios de comunicación. A pesar de ello, el 30 de noviembre de 1980 la ciudadanía mayoritariamente lo rechaza, obligando a la dictadura militar a comenzar un lento proceso de apertura política. El 1 de septiembre de 1981 asume la presidencia el general Gregorio Álvarez, quien en 1984 llama a elecciones. Tras realizarse ese mismo año, sale triunfante el Partido Colorado. Durante los primeros días de 1985 Gregorio Álvarez deja el mando en manos del Presidente de la Suprema Corte de Justicia en ejercicio, Rafael Addiego Bruno y finalmente el 1 de marzo de 1985 el gobierno retornó a los civiles con la asunción de Julio María Sanguinetti (del Partido Colorado) como Presidente.

En los años siguientes se llevó a cabo una campaña de recolección de firmas para derogar la ley 15.848 de la Caducidad de la Pretensión Punitiva de Estado (popularmente conocida como "ley de impunidad" o "ley de caducidad"), que consagra la impunidad a la violación de los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985). El 16 de abril de 1989, luego de que más de un 25% de la ciudadanía uruguaya habilitara con su firma el plebiscito para derogar dicha ley, se llevó a cabo el referéndum, con un triunfo del llamado "voto amarillo" (por el color de la papeleta) con un margen de 57% contra 43% a favor del "voto verde". El triunfo del "voto amarillo" significó no derogar la ley de impunidad, e indultar en la práctica los crímenes ocurridos durante el gobierno militar. En los comicios de noviembre de 1989 resultó electo Luis Alberto Lacalle (del Partido Nacional). En 1994 Sanguinetti resultó electo por segunda vez y en 1999 triunfó Jorge Batlle (del Partido Colorado).

En las elecciones presidenciales realizadas el 31 de octubre de 2004 resultó electo Tabaré Vázquez, candidato por la coalición de Izquierda Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nueva Mayoría con el 50,45% de los votos, alcanzando la victoria en la primera vuelta y logrando un parlamento con mayorías absolutas. Es la primera vez en 174 años que no accede al gobierno ni el Partido Colorado ni el Partido Nacional.

En las elecciones municipales realizadas el 8 de mayo de 2005 hubo un cambio significativo en los liderazgos departamentales, logrando el partido nacional 10, el partido colorado 1 y EP-FA-NM 8 de las 19 intendencias en disputa. Esto marcó un cambio histórico rompiendo la hegemonía de 174 años de gobiernos departamentales blancos o colorados.

En los años 2006 y 2007 hubo cambios trascendentes en las políticas de derechos humanos; en 2007 fueron procesados los ex presidentes de facto Bordaberry y Gregorio Alvarez junto con otros militares por violaciones a los derechos humanos.

En el mismo año, un grupo de partidos políticos de izquierda integrantes de la coalición de gobierno (Nuevo Espacio, Partido Comunista y Partido por la Victoria del Pueblo), sumados a organizaciones de trabajadores PIT-CNT y organizaciones de familiares de detenidos-desaparecidos en la dictadura cívico militar, iniciaron una recolección de firmas para anular por enmienda constitucional la ley de caducidad; esta enmienda tiene importantes posiblilidades de prosperar en las próximas elecciones de 2009.

En 2006 y 2007 se discutió y aprobó la ley de Unión Concubinaria, proyecto que equipara al matrimonio las uniones de hecho con una duración de al menos 5 años, tanto heterosexuales como homosexuales, el proyecto, que contó con los votos de la totalidad del partido de gobierno y un voto colorado en la cámara alta y dos votos blancos en la cámara baja, se convirtió en un hito en la historia uruguaya ya que reconoció otras formas de familias, como sucede en Europa y América del Norte. La adopción se contempló parcialmente para casos de separación (obligaciones).

En 2007 el Senado, tras un fallido primer intento, votó la ley de Salud Sexual y Reproductiva que incluía la despenalización del aborto; la misma fue aprobada por 15 votos frentistas, 1 colorado y 1 blanco y rechazada por 10 blancos, 2 colorados y 1 frentista. Pese a que se da por descontada su aprobación en la cámara baja, el presidente ha anunciado que la vetará, y la situación actual impide levantar el veto por la presión de la Iglesia Católica sobre los legisladores nacionalistas.

Existe la posibilidad de que se apruebe la eutanasia, la ley de protección animal y el voto a uruguayos en el exterior, que ha sido rechazado recientemente.

Dada la coyuntura en la que se encuentra Uruguay en el Mercosur, se ha planteado, en el seno de la sociedad uruguaya la discusión sobre la posibilidad de que el país firme un Tratado de libre comercio con Estados Unidos (principal destino económico de las exportaciones uruguayas). El mismo diversificaría la economía uruguaya y la haría menos dependiente de la inestable situación del Mercosur. Se espera que las negociaciones con Estados Unidos comenzarían en octubre.

Esta situación llevó a que el senador Jorge Larrañaga interpelara conjuntamente a los Ministros de Economía, Danilo Astori y de Relaciones Exteriores, Reinaldo Gargano, en virtud de las posiciones encontradas dentro del gobierno del Frente Amplio.

El presidente Tabaré Vázquez junto con el Ministro de Economía y el de Industria tienen una posición favorable, mientras que el canciller Gargano, junto con el sector político del Ministro de Ganadería José Mujica están en contra del TCL, en virtud de las posibles violaciones a la soberanía del país que podría significar el Tratado. Por su parte, el propio José Mujica no se ha opuesto, hasta no conocer el texto del tratado; misma postura seguida por la Ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, integrante del Partido Comunista.

A fines de 2006 Tabaré Vázquez anunció que el acuerdo con Estados Unidos sería un "TIFA" por su sigla en inglés, de menor alcance que un TLC. Dicho tratado fue firmado a principios de 2007.

Al principio



Derechos humanos

Eleanor Roosevelt sosteniendo la Declaración Universal de los Derechos Humanos en español

Los derechos humanos (abreviado como DD. HH.)son, de acuerdo con diversas filosofías jurídicas, aquellas libertades, facultades, instituciones o reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos que incluyen a toda persona, por el simple hecho de su condición humana, para la garantía de una vida digna. Son independientes de factores particulares como el estatus, sexo, etnia o nacionalidad; y son independientes o no dependen exclusivamente del ordenamiento jurídico vigente. Desde un punto de vista más relacional, los derechos humanos se han definido como las condiciones que permiten crear una relación integrada entre la persona y la sociedad, que permita a los individuos ser personas, identificándose consigo mismos y con los otros.

Habitualmente, se definen como inherentes a la persona, irrevocables, inalienables, intransmisibles e irrenunciables. Por definición, el concepto de derechos humanos es universal (para todos los seres humanos) e igualitario, así como incompatible con los sistemas basados en la superioridad de una casta, raza, pueblo, grupo o clase social determinados. Según la concepción iusnaturalista tradicional, son además atemporales e independientes de los contextos sociales e históricos.

Los derechos humanos, herederos de la noción de derechos naturales, son una idea de gran fuerza moral y con un respaldo creciente. Legalmente, se reconocen en el Derecho interno de numerosos Estados y en tratados internacionales. Para muchos, además, la doctrina de los derechos humanos se extiende más allá del Derecho y conforma una base ética y moral que debe fundamentar la regulación del orden geopolítico contemporáneo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos se ha convertido en una referencia clave en el debate ético-político actual, y el lenguaje de los derechos se ha incorporado a la conciencia colectiva de muchas sociedades. Sin embargo, existe un permanente debate en el ámbito de la filosofía y las ciencias políticas sobre la naturaleza, fundamentación, contenido e incluso la existencia de los derechos humanos; y también claros problemas en cuanto a su eficacia, dado que existe una gran desproporción entre lo violado y lo garantizado estatalmente.

La doctrina ha realizado un importante esfuerzo por clasificar y sistematizar los derechos humanos. Normalmente se dividen en dos categorías: derechos positivos y derechos negativos. Los derechos negativos, como el derecho a la intimidad, se definen exclusivamente en términos de obligaciones ajenas de no injerencia; los derechos positivos, por el contrario, imponen a otros agentes, tradicionalmente –aunque ya no de manera exclusiva– el Estado, la realización de determinadas actividades positivas. Otra clasificación muy extendida es la que ordena los derechos humanos en tres o más generaciones, atendiendo por lo general al momento histórico en que se produjo o produce su reivindicación.

Existe un importante debate sobre el origen cultural de los derechos humanos. Generalmente se considera que tienen su raíz en la cultura occidental moderna, pero existen al menos dos posturas principales más. Algunos afirman que todas las culturas poseen visiones de dignidad que se plasman en forma de derechos humanos, y hacen referencia a proclamaciones como la Carta de Mandén, de 1222, declaración fundacional del Imperio de Malí. No obstante, ni en japonés ni en sánscrito clásico, por ejemplo, existió el término derecho hasta que se produjeron contactos con la cultura occidental, ya que estas culturas han puesto tradicionalmente el acento en los deberes. Existen también quienes consideran que Occidente no ha creado la idea ni el concepto de derechos humanos, aunque sí una manera concreta de sistematizarlos, una discusión progresiva y el proyecto de una filosofía de los derechos humanos.

Las teorías que defienden el universalismo de los derechos humanos se suelen contraponer al relativismo cultural, que afirma la validez de todos los sistemas culturales y la imposibilidad de cualquier valoración absoluta desde un marco externo, que en este caso serían los derechos humanos universales. Entre estas dos posturas extremas se sitúa una gama de posiciones intermedias. Muchas declaraciones de derechos humanos emitidas por organizaciones internacionales regionales ponen un acento mayor o menor en el aspecto cultural y dan más importancia a determinados derechos de acuerdo con su trayectoria histórica. La Organización para la Unidad Africana proclamó en 1981 la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, que recogía principios de la Declaración Universal de 1948 y añadía otros que tradicionalmente se habían negado en África, como el derecho de libre determinación o el deber de los Estados de eliminar todas las formas de explotación económica extranjera. Más tarde, los Estados africanos que acordaron la Declaración de Túnez, el 6 de noviembre de 1993, afirmaron que no puede prescribirse un modelo determinado a nivel universal, ya que no pueden desatenderse las realidades históricas y culturales de cada nación y las tradiciones, normas y valores de cada pueblo. En una línea similar se pronuncian la Declaración de Bangkok, emitida por países asiáticos el 23 de abril de 1993, y de El Cairo, firmada por la Organización de la Conferencia Islámica el 5 de agosto de 1990.

También la visión occidental-capitalista de los derechos humanos, centrada en los derechos civiles y políticos se opuso a menudo durante la Guerra Fría, destacablemente en el seno de Naciones Unidas, a la del bloque socialista, que privilegiaba los derechos económicos, sociales y culturales y la satisfacción de las necesidades elementales.

Muchos filósofos e historiadores del Derecho consideran que no puede hablarse de derechos humanos hasta la modernidad en Occidente. Hasta entonces, las normas de la comunidad, concebidas en relación con el orden cósmico, no dejaban espacio para el ser humano como sujeto singular, concibiéndose el derecho primariamente como el orden objetivo de la sociedad. La sociedad estamental tenía su centro en grupos como la familia, el linaje o las corporaciones profesionales o laborales, lo que implica que no se concebían facultades propias del ser humano en cuanto que tal, facultades de exigir o reclamar algo. Por el contrario, todo poder atribuido al individuo derivaba de un doble status: el del sujeto en el seno de la familia y el de ésta en la sociedad. Fuera del status no había derechos.

La existencia de los derechos subjetivos, tal y como se piensan en la actualidad, fue objeto de debate durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Habitualmente se dice que los derechos humanos son producto de la afirmación progresiva de la individualidad y, de acuerdo con ello, que la idea de derechos del hombre apareció por primera vez durante la lucha burguesa contra el sistema del Antiguo Régimen. Siendo ésta la consideración más extendida, otros autores consideran que los derechos humanos son una constante en la Historia y hunden sus raíces en el mundo clásico.

Uno de los documentos más antiguos que se han vinculado con los derechos humanos es el Cilindro de Ciro, que contiene una declaración del rey persa Ciro el Grande tras su conquista de Babilonia en 539 a. C. Fue descubierto en 1879 y la ONU lo tradujo en 1971 a todos sus idiomas oficiales. Puede enmarcarse en una tradición mesopotámica centrada en la figura del rey justo, cuyo primer ejemplo conocido es el rey Urukagina, de Lagash, que reinó durante el siglo XXIV a. C., y donde cabe destacar también Hammurabi de Babilonia y su famoso Código, que data del siglo XVIII a. C. No obstante, el Cilindro de Ciro presenta características novedosas, especialmente en lo relativo a la religión. Ha sido valorado positivamente por su sentido humanista e incluso se lo ha descrito como la primera declaración de derechos humanos. Numerosos historiadores, sin embargo, consideran que el término es ajeno a ese contexto histórico.

Documentos medievales y modernos, como la Carta Magna inglesa, de 1215, y la mandinga Carta de Mandén, de 1222, se han asociado también a los derechos humanos. En contra de esta idea, José Ramón Narváez Hernández afirma que la Carta Magna no puede considerarse una declaración de derechos humanos, ya que en esta época existen derechos pero sólo entre iguales, y no con carácter universal: no se predica la igualdad formal de todos los seres humanos. Lo mismo sucedía en el Imperio de Malí, cuya constitución oral, la Kouroukan Fouga, refleja cómo la población se estructuraba según su tribu de origen. Estas consideraciones son extrapolables a documentos como la Goldone Bulle de Andreas II en Hungría en 1222; la Confirmatio fororum et libertartum de 1283 y el Privilegio de la Unión de 1287, de Aragón ambos; las Bayerische Freiheitsbriefe und Landesfreiheitserklärungen desde 1311 o la Joyeuse Entrée de Brabante de 1356. En todos estos casos, los derechos y libertades reconocidos pertenecen al ámbito de los pactos entre el monarca y los estamentos del reino: no se trata, en suma, de derechos humanos; sino de derechos corporativos o privilegios.

En la Grecia antigua en ningún momento se llegó a construir una noción de dignidad humana frente a la comunidad que se pudiera articular en forma de derechos, sino que se entendió que las personas pertenecían a la sociedad como partes de un todo y eran los fines de ésta los que prevalecían. La única oposición a la tiranía se sustentaba en la apelación a la Ley divina como opuesta a la norma, como se muestra en el mito de Antígona, plasmado por Sófocles en la obra trágica del mismo nombre.

La sociedad griega se dividía en tres grupos principales: los ciudadanos, los metecos o extranjeros y los esclavos. La esclavitud se consideraba natural, como refleja la afirmación de Aristóteles, para quien "es evidente que los unos son naturalmente libres y los otros naturalmente esclavos; y que para estos últimos es la esclavitud tan útil como justa". La organización política se estructuraba en polis o ciudades-estado: para los griegos, la sociedad era una consecuencia necesaria de la naturaleza humana. En este contexto, las teorías políticas de Platón y Aristóteles hicieron un gran hincapié en el concepto de bien común. Para Platón, agrupados los hombres en sociedad, ésta se configura en polis, cuyo bien común se sobrepone al bien particular de los individuos que lo componen. La justicia, a su vez, es la salvaguarda del bien común, y se expresa a través de las leyes, que son los instrumentos que permiten la consecución del bien colectivo e individual. No obstante, en su afán por alcanzar una sociedad perfecta, Platón llegó a recomendar dar muerte a los recién nacidos deformes o enclenques, y matar o desterrar a los insociables.

Aristóteles también consideraba que el hombre era un ser social y que no podía realizarse fuera de la familia y la sociedad, por lo que también subordinaba el bien individual al bien común. Además, al definir la ciudad como una comunidad de ciudadanos libres, redujo el bien común al bien de un grupo social determinado que excluye a las mujeres, los extranjeros, los obreros y los esclavos. Sobre esta visión se sustenta la idea aristotélica de la justicia que afirma que es tan justa la igualdad entre iguales como la desigualdad entre desiguales.

Ya en la decadencia de la cultura griega, conquistada la Hélade por Roma, se extendieron filosofías que ponían el acento en la búsqueda de la felicidad individual: entre ellos, el epicureísmo y el estoicismo. El estoicismo consideraba la razón humana como parte de un logos divino, lo que contribuyó a concebir al hombre como miembro de una familia universal más allá de la polis. Séneca, Epicteto, Marco Aurelio o Cicerón fueron algunos de los que extendieron la filosofía estoica por el mundo latino.

La filosofía estoica, difundida en la sociedad grecorromana, produjo la idea de cosmopolitismo, a la que el cristianismo dio un sentido más humanista y espiritual para afirmar la igualdad de los hombres en tanto que ciudadanos del Reino de Dios y su dignidad; no obstante, según Luis de Sebastián, para los teólogos cristianos medievales la igualdad teológica era compatible con la desigualdad social: las personas nacían con un estatus social que, de acuerdo con los designios divinos, era el más adecuado para su salvación.

El cristianismo, derivado de la religión judía, heredó de ella, entre otras, la tradición del mišpat, un concepto jurídico de rica amplitud semántica. Indica las decisiones judiciales y el juicio legal justo; en relación con el Derecho, aquél que se manifiesta en la defensa de los pobres y oprimidos y que se vincula a su vez con los bienes mesiánicos que se esperan. Dado que, hasta la modernidad, el término derecho se atribuía principalmente a "lo justo" como orden objetivo, en el pensamiento cristiano antiguo o medieval no existió una referencia explícita a los derechos humanos; pero sí un reconocimiento de exigencias de justicia que descendían de esta tradición judía. Por ejemplo, el Nuevo Testamento contiene enseñanzas contra la injusticia, el homicidio, el robo, la calumnia o el egoísmo en el uso de los bienes. En la Epístola de Santiago, el apóstol denunció a los empleadores que no pagan a sus empleados sus justos salarios. El cristianismo fue gradualmente derramando su doctrina en el derecho romano, mejorando la situación de los esclavos, de los hijos y de las mujeres, cuyo estatus en la subcultura cristiana era mucho más alto que en la grecorromana. En el plano económico, condenó la usura y la explotación, estableciendo las bases de la doctrina del justo precio.

Tales ideas fueron desarrolladas por los Padres de la Iglesia, proclamando un sentido social y limitado de la propiedad y de la ley. Pero fue Tomás de Aquino quien asentó las bases del orden jurídico medieval, retomando ideas de Aristóteles y Agustín de Hipona y afirmando que existe, además del derecho positivo determinado y establecido por los hombres, un derecho natural, propio de la criatura racional, que ningún hombre ni ningún gobierno puede desconocer.

La doctrina cristiana postulaba la existencia de dos reinos, el temporal y el espiritual, siguiendo la distinción hecha por Jesús de Nazaret («Dad al Cesar lo que es del César y a Dios lo que es de Dios»). Ante el problema de la conciliación de los intereses individuales y los sociales, Tomás de Aquino afirmó en su obra Summa Theologiae que si existía un conflicto entre lo social y lo individual en el seno del mundo material, debía prevalecer el bien común. Pero, por el contrario, si el conflicto afectaba a la esfera íntima del ser humano y a su salvación, en ese caso prevalecería el bien del hombre frente al de la sociedad. En este ámbito, de existir un conflicto patente entre el Derecho positivo y el Derecho natural, del pensamiento tomista se desprende la existencia de un derecho de resistencia contra el arbitrio de los gobernantes.

La idea del derecho subjetivo, básica para concebir los derechos humanos, fue anticipada en la baja Edad Media por Guillermo de Ockham, que introdujo el concepto de ius fori o potestad humana de reivindicar una cosa como propia en juicio. La escolástica española insistió en esta visión subjetiva del Derecho durante los siglos XVI y XVII: Luis de Molina, Domingo de Soto o Francisco Suárez, miembros de la Escuela de Salamanca, definieron el derecho como un poder moral sobre lo propio. Aunque mantuvieron al mismo tiempo la idea de Derecho como un orden objetivo, enunciaron que son ciertos derechos naturales y aludieron tanto a derechos relativos al cuerpo (derecho a la vida, a la propiedad) como al espíritu (derecho a la libertad de pensamiento, a la dignidad). El jurista Vázquez de Menchaca, partiendo de una filosofía individualista, fue decisivo en la difusión del término iura naturalia. Este pensamiento iusnaturalista se vio auspiciado por el contacto con las civilizaciones americanas y el debate producido en Castilla sobre los justos títulos de la conquista y, en particular, la naturaleza de los indígenas. En la colonización castellana de América, se suele afirmar, se aplicaron medidas en las que están presentes los gérmenes de la idea de derechos humanos. No obstante, algunos critican que, en la práctica, estas medidas fueron formuladas para lograr objetivos de colonización. El pensamiento de la Escuela de Salamanca, especialmente mediante Francisco Suárez y Gabriel Vázquez, contribuyó también al impulso del iusnaturalismo europeo a través de Hugo Grocio.

Durante la Revolución inglesa, la burguesía consiguió satisfacer sus exigencias de tener alguna clase de seguridad contra los abusos de la corona y limitó el poder de los reyes sobre sus súbditos. Habiendo proclamado la Ley de Habeas corpus en 1679, en 1689 el Parlamento impuso a Guillermo III de Inglaterra en la Bill of Rights una serie de principios sobre los cuales los monarcas no podían legislar o decidir. Se cerró así el paso a la restauración de la monarquía absoluta, que se basaba en la pretensión de la corona inglesa de que su derecho era de designio divino. Según Antonio Fernández-Galiano y Benito de Castro Cid, la Bill of Rights puede considerarse una declaración de derechos, pero no de derechos humanos, puesto que los mismos se reconocen con alcance nacional y no se consideran propios todo hombre.

Durante los siglos XVII y XVIII, diversos filósofos europeos desarrollaron el concepto de derechos naturales. De entre ellos cabe destacar a John Locke, cuyas ideas fueron muy importantes para el desarrollo de la noción moderna de derechos. Los derechos naturales, para Locke, no dependían de la ciudadanía ni las leyes de un Estado, ni estaban necesariamente limitadas a un grupo étnico, cultural o religioso en particular. La teoría del contrato social, de acuerdo con sus tres principales formuladores, el ya citado Locke, Thomas Hobbes y Jean-Jacques Rousseau, se basa en que los derechos del individuo son naturales y que, en el estado de naturaleza, todos los hombres son titulares de todos los derechos. Estas nociones se plasmaron en las declaraciones de derechos de finales del siglo XVIII.

La causa directa del nacimiento de los derechos humanos, desde una perspectiva sociológica, ha sido también un importante objeto de debate. Por una parte, Georg Jellinek ha defendido que los derechos humanos estaban directamente dirigidos a permitir el ejercicio de la libertad religiosa; por otra, Karl Marx afirmó que se deben a la pretensión de la burguesía de garantizar el derecho de propiedad. Max Weber, en su obra La ética protestante y el espíritu del capitalismo, afirma que existiría una conexión entre la ética individualista en que se basaron los derechos humanos y el surgimiento del capitalismo moderno.

Las distintas culminaciones de la Revolución Estadounidense y la Revolución Francesa, hitos fundamentales del efectivo paso a la Edad Contemporánea, representan el fin o el principio, según se quiera ver, del complejo proceso de reconocimiento o creación de los derechos humanos. Si las revoluciones son el revulsivo que da lugar a la gestación de los derechos humanos, las diversas actas de nacimiento lo constituyen las declaraciones de derechos de las colonias americanas, en especial la Declaración de Derechos de Virginia de 1776, considerada la primer declaración moderna de derechos humanos, y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano francesa de 1789, influenciada por la anterior. Estas declaraciones, fundamentadas en el iusnaturalismo racionalista, suponen la conversión del derecho subjetivo en centro del orden jurídico, y a aquél se supedita el Derecho como orden social.

Fruto de este influjo iusnaturalista, los derechos reconocidos tienen vocación de traspasar las fronteras nacionales y se consideran "derechos de los hombres". Aunque el primer uso constatado de la expresión "derechos del hombre" (iura hominum) se produjo ya en 1537, en un texto de Volmerus titulado Historia diplomática rerum ataviarum, la denominación no se popularizó entre la doctrina hasta finales del siglo XVIII, con la obra de Thomas Paine The Rights of Man (1791-1792). Según se plasmó en las Declaraciones, tanto los revolucionarios franceses como los estadounidenses consideraban que estos derechos eran inalienables e inherentes a la naturaleza humana, incluso verdades "evidentes" según la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Pese a ello, decidieron recogerlos en declaraciones públicas, lo que se justifica por motivos jurídicos y políticos. En lo primero, debe tenerse en cuenta que para el iluminismo revolucionario la Constitución es la que garantiza los derechos y libertades, lo que explica la formulación positiva de los mismos. En lo segundo, se pretendía facilitar la salvaguarda del libre desarrollo del individuo en la sociedad frente a la arbitrariedad del poder: ya el Preámbulo de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano afirmó expresamente que "la ignorancia, la negligencia o el desprecio de los derechos humanos son las únicas causas de calamidades públicas y de la corrupción de los gobiernos".

La primera declaración de derechos del hombre de la época moderna es la Declaración de Derechos de Virginia, escrita por George Mason y proclamada por la Convención de Virginia el 12 de junio de 1776. En gran medida influyó a Thomas Jefferson para la declaración de derechos humanos que se contiene en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, de 4 de julio de 1776, a las otras colonias de América del Norte y a la Asamblea Nacional francesa en su declaración de 1789.

La noción de derechos humanos recogida en las Declaraciones, basada en la ideología burguesa del individualismo filosófico y el liberalismo económico, no experimentó grandes cambios a lo largo del siglo siguiente hasta que, ante las pésimas condiciones de vida de las masas obreras, surgieron movimientos sindicales y luchas obreras que articularon sus demandas en forma de nuevos derechos que pretendían dar solución a ciertos problemas sociales a través de la intervención del Estado, como la garantía del derecho de huelga, unas condiciones mínimas de trabajo o la prohibición o regulación del trabajo infantil. Desde la primera mitad del siglo XIX se había desarrollado una nueva filosofía social que se manifestó en el socialismo utópico, el reformismo de la Escuela Católica Social, la socialdemocracia, el anarquismo o el socialismo científico. En esta nueva fase fueron muy importantes la Revolución Rusa o la Revolución Mexicana.

Además de las luchas obreras, a lo largo de la edad contemporánea los movimientos por el sufragio femenino consiguieron para muchas mujeres el derecho de voto; movimientos de liberación nacional consiguieron librarse del dominio de las potencias coloniales; y triunfaron diversas reivindicaciones de minorías raciales o religiosas oprimidas, movimientos por los derechos civiles o movimientos de políticas de identidad que defienden la autodeterminación cultural de colectivos humanos.

El siglo XX se caracterizó también por la incorporación de los derechos humanos al Derecho internacional. Si a principios del siglo se afirmaba que esta rama del Derecho sólo regulaba las relaciones entre Estados y excluía a los particulares, el cambio fue rápido y tras la Segunda Guerra Mundial, según Juan Antonio Carrillo Salcedo, los derechos humanos podían considerarse un principio constitucional del Derecho internacional contemporáneo. Es especialmente desde el nacimiento de la Organización de las Naciones Unidas, en 1945, cuando el concepto de derechos humanos se ha universalizado y alcanzado la gran importancia que tiene en la cultura jurídica internacional. El 10 de diciembre de 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 217 A (III), como respuesta a los horrores de la Segunda Guerra Mundial y como intento de sentar las bases del nuevo orden internacional que surgía tras el armisticio.

Posteriormente se han aprobado numerosos tratados internacionales sobre la materia, entre los que destacan los Pactos Internacionales de Derechos Humanos de 1966 (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Pacto Internacional de Derechos Económicos, sociales y Culturales), y se han creado diversos dispositivos para su promoción y garantía.

Norberto Bobbio afirma la imposibilidad de encontrar un fundamento absoluto a los derechos humanos y alega para ello cuatro razones. Primera, la ausencia de un concepto inequívoco y claro de los mismos; segunda, su variabilidad en el tiempo; tercera, su heterogeneidad; y, cuarta, las antinomias y conflictos que existen entre distintos derechos, como entre los civiles y políticos, por un lado, y los sociales y culturales, por otro. En el Coloquio del Instituto Internacional de Filosófía celebrado en L'Aquila en 1964, Bobbio propuso sustituir la búsqueda de un imposible fundamento absoluto por el estudio de las diversas fundamentaciones posibles que las ciencias sociales avalaban. Y, en cualquier caso, para el jurista italiano, el problema básico relativo a los derechos humanos no es su fundamentación, sino su puesta en práctica y protección. Pero son muchos los juristas y filósofos que no comparten esta creencia sino que, por el contrario, la fundamentación de los derechos humanos ha sido y es objeto de gran interés a lo largo del tiempo, y la mayoría considera que es una labor teórica con gran incidencia en la práctica.

Cada una de las numerosas teorías que los pensadores han desarrollado está influida por la Filosofía dominante en el momento histórico en que se gestó y parte de muy diferentes cosmovisiones y concepciones del ser humano, al que atribuyen o niegan determinadas características inmanentes. Para algunos, el eje de los derechos humanos es una serie de derechos concretos (según Herbert Hart, el derecho a la libertad; atendiendo a John Rawls, determinados derechos fundamentales que corresponden a unos deberes fundamentales; de acuerdo con Ronald Dworkin, el derecho a la igualdad ante la ley); para otros, los derechos humanos son la traducción normativa de una serie de valores, aprehendidos de la realidad o construidos socialmente. Un tercer grupo considera que los derechos humanos son criterios o límites a los que debe adecuarse la actividad de los poderes públicos o el mercado, tesis defendida tanto desde una axiología iusnaturalista (Luis Recasens Siches) como desde un iuspositivismo crítico (Luigi Ferrajoli). Finalmente, diversas teorías sostienen que los derechos humanos son la codificación de la conducta moral que, de acuerdo con David Hume, es un producto social y humano que se desarrolla en un proceso de evolución biológica y social. Las teorías sociológicas del Derecho y los trabajos de Max Weber consideran que la conducta se desarrolla como un patrón sociológico de fijación de normas.

En cuanto a su fundamentación, según qué tipo de concepción se tenga sobre el Derecho –iusnaturalista, iusracionalista, iuspositivista, vinculada al realismo jurídico o al dualismo jurídico, entre otras– la categoría conceptual de derechos humanos puede considerarse derivada de la divinidad, observable en la naturaleza, asequible a través de la razón, determinada por los contextos en las muchas maneras que es posible entender la Historia, una síntesis de ideas de éstas u otras posiciones ideológicas y filosóficas o un mero concepto inexistente y sin validez.

Son tesis iusnaturalistas las que afirman la existencia del Derecho natural. Aunque en cada época se ha entendido este concepto de manera diferente, todas estas doctrinas coinciden en afirmar la existencia de una juricidad previa y fundamentadora del Derecho positivo: la positivación, por lo tanto, se limitaría a declarar derechos ya existentes. En las declaraciones de derechos del siglo XVIII se refleja esta concepción, y el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos afirma que "todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos", lo que es considerado por juristas como Hans Kelsen una clara manifestación de la doctrina del iusnaturalismo.

Algunas teorías iusnaturalistas afirman que los derechos humanos se basan en aspectos biológicos, tales como la conveniencia para la supervivencia de la especie, en el contexto de la selección natural, de una conducta basada en la empatía y el altruismo. Otras los sustentan en el orden moral natural tal y como se deriva de determinados preceptos religiosos. Consideran que la conducta moral es un conjunto de prescripciones objetivamente válidas y apelan a textos como la Biblia o el Corán. Frente a éstas, desde el siglo XVII, con Hugo Grocio, ha cobrado fuerza el iusnaturalismo racionalista, de la mano de autores que se desvinculan progresivamente de la idea de Dios, si bien existen en la actualidad diversas fundamentaciones iusnaturalistas de carácter o inspiración religiosa. Entre ellas se encuentra la Doctrina Social de la Iglesia, que retoma las ideas de los Padres de la Iglesia y Tomás de Aquino. Llegar a lo realmente humano es una de las críticas principales de las ponencias de Juan Pablo II en su enciclica "Humanae vitae". La vida es un sentir desde una divinidad al bien común expreso en la realidad cristiana, desde la moralidad del bienestar.

Según la Doctrina Social de la Iglesia, el fundamento sólido o inmediato de los derechos se encuentra en la ley natural, la norma -de derecho natural- que es fuente equilibrada de derechos y deberes de cada uno; a su vez, su fundamento último es Dios mismo: el orden con que Dios gobierna el universo recibe el nombre de ley eterna, del que la ley natural es una participación o derivación. Los derechos humanos son objetivos en tanto que no dependen de la subjetividad de quien es su titular o está obligado por ellos. Por tanto, no quedan sujetos a los estados de ánimo, las opiniones o la voluntad de nadie; tampoco el consenso, ni siquiera de la mayoría. Para la Iglesia Católica, además, otra característica de los derechos humanos es su sociabilidad: siendo el hombre naturalmente social, existen derechos naturales de la persona en cuanto individuo, pero también en tanto miembro de diversos grupos sociales naturales; es decir, derechos naturales de la familia, de las asociaciones o de las naciones. Por la misma razón, los derechos se ordenan al bien común y están constitutivamente limitados. Concretando más en cuanto su precisión y limitación, los derechos humanos remiten a lo justo concreto, por lo que no significan el reconocimiento de una libertad para realizar cualquier cosa, en cualquier momento o de cualquier manera.

Uno de los teóricos de derechos humanos más relevantes e influyentes fue John Locke, que elevó la defensa de los derechos naturales a la categoría de principio fundamental de legitimación del gobierno y fin básico de la sociedad civil. Locke basó sus ideas en el concepto de propiedad, que utilizó en un sentido amplio y en un sentido restringido. En sentido amplio, se refiere a un amplio conjunto de intereses y aspiraciones humanas; más restricitivamente, alude a los bienes materiales. Locke afirmó que la propiedad es un derecho natural y que se deriva del trabajo. Además, dijo que la propiedad precede al Estado y que éste no puede disponer de la propiedad de los sujetos arbitrariamente. De acuerdo con Locke, negar el derecho de propiedad es negar los derechos humanos. El filósofo británico tuvo una gran influencia en el Reino Unido y fue decisivo en la filosofía en que se basó la fundación de Estados Unidos.

Algunos filósofos han considerado que los derechos humanos se derivan de un derecho o valor fundamental determinado. Para muchos autores, entre los que se encuentra Samuel Pufendorf, el sistema de derechos naturales del hombre se deriva de su dignidad; otros, como Hegel o Kant, afirmaron que la libertad es fundamento de los derechos humanos y, al mismo tiempo, el principal de éstos. Kant representó la culminación de un proceso encaminado a depurar las teorías iusnaturalistas de elementos históricos o empíricos, al fundamentar su teoría del Derecho natural en principios a priori, entendidos como exigencias de la razón práctica.

En la segunda mitad del siglo XX, y tras su decadencia en favor de las ideas iuspositivistas, el Derecho natural resurgió con fuerza con multitud de teorías muy diversas. De ellas, algunas mantienen una fundamentación objetivista de los derechos humanos, en tanto que afirman la existencia de un orden de valores o principios con validez objetiva y universal, independiente de los individuos. Otras, las subjetivistas, sitúan a la autonomía humana como fuente de todos los valores; basan los derechos humanos en la autoconsciencia racional de la dignidad, libertad e igualdad humanas. Finalmente, las llamadas tesis intersubjetivistas, que surgen de un intento de síntesis entre las dos tendencias anteriores, consideran los derechos humanos como valores radicados en necesidades comunes y por lo tanto intrínsecamente comunicables.

Las tesis positivistas se oponen frontalmente a las iusnaturalistas, ya que consideran que el único conjunto de normas que tiene carácter jurídico es el Derecho positivo. Afirman, por tanto, que la positivización tiene carácter constitutivo, al negar la juridicidad del Derecho natural o incluso su existencia. John Austin consideró que los derechos humanos forman parte de las normas sociales que influyen en el Derecho, pero no son Derecho: para muchos positivistas, los derechos humanos son ideas morales, pero sin valor jurídico por sí mismas. Para que tengan dicho valor, deben incorporarse al ordenamiento jurídico: las leyes son la formulación jurídica de la voluntad soberana del pueblo y obligan a su cumplimiento. No es necesario ni procedente acudir a otro sustento que el legal.

La creciente aceptación del iuspositivismo a lo largo del siglo XIX produjo un arrinconamiento del Derecho natural y motivó la plasmación de los derechos humanos, como derechos fundamentales, en las Constituciones de los países occidentales. El proceso se apoyó en la categoría de los derechos públicos subjetivos, que surgió como alternativa a la de derechos naturales, que los iuspositivistas consideraban de carácter ideológica. La teoría de los derechos públicos objetivos reconocía la personalidad jurídica del Estado, que adquiría así la titularidad de derechos y deberes. Tras el ascenso de regímenes totalitarios en los años 1920 y 1930 y la Segunda Guerra Mundial se produjo un resurgimiento del iusnaturalismo que hizo que autores como Hans Kelsen, Alf Ross, Herbert Hart y Norberto Bobbio reaccionaran clarificarando los conceptos fundamentales de las teorías positivistas. Ello provocó una diversificación del iuspositivismo que produjo tesis a veces incompatibles entre sí.

Algunas de estas tesis recientes dan cabida a la defensa de los derechos humanos. Una de ellas es la teoría dualista de los derechos, formulada por Gregorio Peces-Barba y muy similar a la articulada por Eusebio Fernández, que incorpora algunos elementos propios del iusnaturalismo, en tanto que sólo los derechos con un fundamento moral son fundamentales; pero al mismo tiempo considera que la positivación es requisito necesario para que un derecho humano lo sea. Por lo tanto, concibe los derechos como la encrucijada entre lo jurídico y lo ético; y como traducción normativa de los valores de dignidad, libertad e igualdad, al tiempo que legitimadores de los poderes públicos. La teoría del garantismo jurídico, defendida por Luigi Ferrajoli, afirma que el Estado de Derecho posee una legitimación formal y otra material. La legitimación formal hace referencia al imperio de la ley; la material, a la vinculación de todos los poderes del Estado a la satisfación de los derechos fundamentales, de los cuales, según el jurista italiano, los derechos humanos son una subclase.

Ambas teorías superan un iuspositivismo puramente formal y, ciñiéndose a los mecanismos internos del ordenamiento jurídico, aportan criterios materiales para garantizar la estabilización del orden jurídico y la garantía de los derechos fundamentales. Maria de Lourdes Souza considera que es importante considerar su contexto: el garantismo, que se basa en el Estado de Derecho, surge en un contexto socio-jurídico democrático que, aunque presenta tendencias regresivas, es más o menos igualitario y justo. De la misma manera, el dualismo jurídico se inserta dentro de un marco jurídico-político determinado, el del Estado social y democrático de Derecho.

Las tesis realistas pueden definirse como aquellas para las que la positivación es un requisito más, junto con otros, que influye en la efectividad de los derechos humanos. Engloba un conjunto de posiciones doctrinales muy diverso y heterogéneo, que afirman que es la práctica de las personas los que dotan de significación a los derechos humanos. Critican la concepción ideal que de éstos tiene el iusnaturalismo, así como la puramente formal del iuspositivismo, afirmando que ambas corrientes son excesivamente abstractas y no tienen en cuenta las condiciones económicas y sociales de las que depende el efectivo disfrute de los derechos. Con carácter general, las tesis realistas insisten en alguno de los siguientes ámbitos: en el plano político, en las condiciones de democracia política y económica necesarias para el disfrute real de los derechos humanos; en el jurídico, en los mecanismos de garantía y protección; y en el sociológico, en la conciencia colectiva sobre derechos humanos.

La postura realista se relaciona, en gran medida, con el socialismo. Ya en La cuestión judía, una de sus primeras obras, Karl Marx criticó la noción burguesa de derechos humanos, que describió como derechos del individuo egoísta y basados en una concepción abstracta de libertad y emancipación. Para el filósofo alemán, los derechos humanos burgueses eran un conjunto de protecciones legales para la defensa de la clase propietaria de los medios de producción. Marx afirmó que son las condiciones materiales las que determinan el alcance real de los derechos humanos, y que para su realización efectiva es necesaria una auténtica emancipación política.

Helio Gallardo o Joaquín Herrera Flores afirman que los derechos humanos se sustentan en las tramas sociales, en las relaciones y experiencias intersubjetivas. Helio Gallardo considera que el fundamento de los derechos humanos son las transferencias de poder que se producen entre los grupos sociales, así como las instituciones en que se articulan y las lógicas que inspiran las relaciones sociales. Estas transferencias de poder pueden positivarse o no, y ser más o menos precarias. Para Joaquín Herrera, en una línea similar, los derechos humanos son las prácticas y medios por los que se abren espacios de emancipación que incorporan a los seres humanos en los procesos de reproducción y mantenimiento de la vida.

La teoría consensual de la verdad, desarrollada por Jürgen Habermas (perteneciente a la Escuela de Frankfurt), propone una fundamentación intersubjetiva de los valores y derechos, a través de un acuerdo racional alcanzado en unas condiciones ideales. En una línea similar, para Chaïm Perelman los derechos humanos se fundamentan en la experiencia y la conciencia morales de un consenso que se alcanza a través de un proceso determinado. Se trata de fundamentos en los que coincidan los que denomina «espíritus razonables» y que serían asimismo aprobados por «audiencias universales», los que se consideran interlocutores válidos para cada asunto.

En un principio, el utilitarismo surgió como una alternativa a la idea de los derechos humanos, más que como una propuesta de fundamentación; aunque posteriormente John Stuart Mill y otros autores han tratado de sustentar los derechos humanos desde esta filosofía. El utilitarismo, como doctrina ética, considera «la mayor felicidad para el mayor número como la medida de lo justo y de lo injusto». Los utilitaristas parten del rechazo de la idea de derechos humanos como derechos naturales: especialmente crítico con dicha idea fue Jeremy Bentham, que calificó como un sinsentido la afirmación de que existen derechos previos al Estado: los derechos, de existir, son un producto social que se justifica desde el principio de la utilidad.

Según John Stuart Mill, los derechos son reglas para la maximización de la felicidad; pero añade que los derechos no son absolutos dado que, en determinadas condiciones excepcionales, su cumplimiento nos aleja tanto del fin (maximización de la utilidad social) que no cabe compensar la pérdida de felicidad con el peso, importante, que tienen.

Esta fundamentación utilitarista ha sido objeto de críticas que enfatizan la falta de garantía de los derechos humanos, que podrían ser violados para la consecución de la mayor felicidad para el mayor número. En esta línea han incidido especialmente John Rawls o James Fishkin. Thomas Nagel y muchos otros han denunciado el uso del enfoque utilitarista para justificar el uso de violencia a gran escala contra la población civil o el uso de armas de destrucción masiva entendidas como un mal menor, la forma más rápida de obtener la victoria en una guerra y evitar, supuestamente, un mayor número de muertes. La reacción de los utilitaristas ante estas críticas hicieron surgir teorías como la del utilitarismo de normas, el utilitarismo de normas ideales o la integración de un principio de respeto a las personas. Richard Brandt define el utilitarismo de normas como el que afirma que "un acto es obligatorio sólo si la aceptación uniforme de una regla correspondiente maximizará la utilidad esperable". El utilitarismo de normas, por lo tanto, no valora sólo los efectos de un acto específico, sino los efectos de su generalización.

Los derechos humanos tienen una creciente fuerza jurídica, en tanto que se integran en las constituciones y, en general, en el ordenamiento jurídico de los Estados. También, en el ámbito de la comunidad internacional, por su reconocimiento en numerosos tratados internacionales –tanto de carácter general como sectorial; universal y regional– y por la creación de órganos jurisdiccionales, cuasijurisdiccionales o de otro tipo para su defensa, promoción y garantía.

Además, debido a su aceptación, diversos derechos humanos se consideran parte del Derecho internacional consuetudinario y algunos incluso normas de ius cogens, tal y como han afirmado órganos internacionales como el Comité de Derechos Humanos o la Corte Internacional de Justicia. Entre ellos se encuentran la prohibición de la tortura y de la privación arbitraria de la vida o el acceso a unas mínimas garantías procesales y la prohibición de detención arbitraria.

Es importante diferenciar y no confundir los derechos humanos con los derechos constitucionales. Aunque generalmente los derechos humanos se suelen recoger dentro de los derechos constitucionales, no siempre coinciden. Para determinar qué derechos son "constitucionales" basta con recurrir al catálogo de derechos reconocidos por las constituciones políticas de los Estados; el concepto de "derechos humanos" pertenece más bien al ámbito de la Filosofía del Derecho.

La relación entre ambos conceptos ha sido estudiada por numerosos autores y es problemática. De entre los que reconocen la virtualidad del concepto de derechos humanos, las teorías iusnaturalistas consideran que la existencia de los derechos humanos es independiente de su reconocimiento como derechos constitucionales. Para algunos autores, como Francisco Laporta, existiría un pequeño número de derechos humanos básicos, de los que se derivarían los derechos constitucionales más concretos.

Por su parte, para las teorías dualistas –las que otorgan importancia tanto al fundamento moral de los derechos como a su positivación– los conceptos de derechos humanos y derechos constitucionales tendrían un contenido equivalente. Luigi Ferrajoli considera, en su teoría del garantismo jurídico, que, siendo los derechos constitucionales o fundamentales los reconocidos en la Carta Magna de los Estados, los derechos humanos son aquellos que se reconocen a todos, independientemente de su ciudadanía y su capacidad de obrar: la constitución de un país, por ejemplo, puede otorgar derechos a sus ciudadanos que no abarquen a los no nacionales (por ejemplo, el derecho al voto). En ese caso se trataría de derechos constitucionales que se reconocen al ciudadano, pero no podrían ser derechos humanos si no se reconoce a todas las personas sean de la condición que sean.

Aunque la mayoría de las doctrinas jurídicas distinguen varias generaciones de derechos humanos, existen múltiples y diferentes clasificaciones. Todas suelen coincidir al describir la primera generación, pero posteriormente se ramifican y complejizan. Además, existen al menos dos concepciones de esta visión generacional. Para una de ellas, son expresión de una racionalidad que se realiza progresivamente en el tiempo; para otras, cada generación de derechos humanos es expresión de una racionalidad diferente y puede entrar en conflicto con las demás. Por otra parte, existen posiciones que evitan pronunciarse acerca categorías de derechos humanos y más bien tienden a enfocarlos como un sistema unitario.

Cada nueva generación, que se clasifica cronológicamente en relación con las anteriores, ha sido objeto de críticas. Si ya los derechos de la primera generación fueros criticados, también sucedió con los derechos de la segunda durante el siglo XX, si bien en la actualidad la casi totalidad de los juristas los aceptan. Hoy en día es objeto de debate la existencia de una tercera generación de derechos humanos ya que, tanto desde el punto de vista jurídico como político, se critica la indeterminación de esta categoría y su difícil garantía. No obstante estas objeciones, existen teorías que hablan de cuatro e incluso cinco generaciones de derechos humanos.

La división de los derechos humanos en tres generaciones fue concebida por primera vez por Karel Vasak en 1979. Cada una se asocia a uno de los grandes valores proclamados en la Revolución Francesa: libertad, igualdad, fraternidad.

Los derechos de primera generación son los derechos civiles y políticos, vinculados con el principio de libertad. Generalmente se consideran derechos de defensa o negativos, que exigen de los poderes públicos su inhibición y no injerencia en la esfera privada. Por su parte, los derechos de segunda generación son los derechos económicos, sociales y culturales, que están vinculados con el principio de igualdad. Exigen para su realización efectiva de la intervención de los poderes públicos, a través de prestaciones y servicios públicos. Existe cierta contradicción entre los derechos contra el Estado (primera generación) y los derechos sobre el Estado (segunda generación). Los defensores de los derechos civiles y políticos califican frecuentemente a los derechos económicos, sociales y culturales como falsos derechos, ya que el Estado no puede satisfacerlos más que imponiendo a otros su realización, lo que para éstos supondría una violación de derechos de primera generación.

Por su parte, la tercera generación de derechos, surgida en la doctrina en los años 1980, se vincula con la solidaridad. Los unifica su incidencia en la vida de todos, a escala universal, por lo que precisan para su realización una serie de esfuerzos y cooperaciones en un nivel planetario. Normalmente se incluyen en ella derechos heterogéneos como el derecho a la paz, a la calidad de vida o las garantías frente a la manipulación genética, aunque diferentes juristas asocian estos derechos a otras generaciones: por ejemplo, mientras que para Vallespín Pérez la protección contra la manipulación genética sería un derecho de cuarta generación, para Roberto González Álvarez es una manifestación, ante nuevas amenazas, de derechos de primera generación como el derecho a la vida, la libertad y la integridad física.

Autores como David Vallespín Pérez, Franz Matcher, Antonio Pérez Luño, Augusto Mario Morello, Robert B. Gelman y Javier Bustamante Donas afirman que está surgiendo una cuarta generación de derechos humanos. No obstante, el contenido de la misma no es claro, y estos autores no presentan una propuesta única. Normalmente toman algunos derechos de la tercera generación y los incluyen en la cuarta, como el derecho al medio ambiente o aspectos relacionados con la bioética. Javier Bustamante afirma que la cuarta generación viene dada por los derechos humanos en relación con las nuevas tecnologías; otros, que el elemento diferenciador sería que, mientras las tres primeras generaciones se refieren al ser humano como miembro de la sociedad, los derechos de la cuarta harían referencia al ser humano en tanto que especie.

Helio Gallardo, por su parte, defiende la existencia de cinco generaciones de derechos humanos, que identifica con las reivindicaciones de diferentes grupos sociales. Serían los derechos civiles y políticos, reclamados por la burguesía; los económicos, sociales y culturales, propios de los movimientos obreros y antiesclavistas; los derechos de los pueblos y sectores diferentes, incluyendo las luchas de descolonización y feministas; los ambientales, que define como derechos las generaciones futuras; y los relativos al control del cuerpo y la organización genética de uno mismo, enfrentados a la mercantilización del interior de la vida.

A pesar de que tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ponen énfasis en la importancia del derecho al trabajo, pero ninguno de los documentos menciona explícitamente al comercio como mecanismo para asegurar este derecho fundamental. Y, sin embargo, el comercio tiene un importante rol en como generador de empleo.

Algunos expertos argumentan que el comercio es inherente a la naturaleza humana y que, cuando los gobiernos inhiben el comercio internacional, están indirectamente inhibiendo el derecho al trabajo y otros beneficios indirectos como el derecho a la educación que el aumento en empleo e inversión ayuda a conseguir.

Otros argumentan que la posibilidad de comerciar no afecta a todos de la misma manera- muchas veces, grupos marginados como pobres rurales, indígenas y mujeres tienen menos probabilidad de acceder a los beneficios del comercio.

Otros piensan que ya no son los individuos los que comercian sino las compañías y, por lo tanto, no puede garantizarse como derecho humano. Además, tratando de agregar conceptos debajo del paraguas de lo que se considera derecho humano, puede diluir su importancia. Finalmente, es difícil definir el derecho al comercio como "justo" ya que todos los régimenes crean "ganadores" y "perdedores" y cambiar las reglas sólo genera perdedores diferentes, no necesariamente menos.

Al principio



Derechos humanos en Cuba

Los Derechos humanos en Cuba son objeto de controversia y debate. Cuba es signataria de Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas a la cual Massun no esta de aciuerdo ya que machiavelo no apruebaal contiene una cláusula que denota los derechos fundamentales, deberes y garantías delos cubanos. El gobierno de Fidel Castro y su hermano Raúl se mostró en desacuerdo con la interretación que se le ha dado a los derechos humanos, por lo cual ha sido criticado y denunciado por violación de derechos humanos.

Los gobiernos de Fidel y Raúl Castro ha sido acusado de cometer numerosos abusos de derechos humanos en contra de sus detractores como la tortura, la detención arbitraria, proceso con fines propagandísticos y ejecuciones extrajudiciales. Los opositores del gobierno se quejan de acoso y de numerosas otras represalias en contra de ellos por sus opiniones. Grupos como Human Rights Watch han publicado numerosos reportes sobre el tema. Por su parte, Amnistía Internacional ha reconocido que si bien las condiciones de vida del pueblo cubano en materia de salud y educación son buenas, hay un grado de violación a los derechos humanos, vinculado especialmente a la existencia de la pena de muerte. Debido a esto, la Unión Europea impuso sanciones contra Cuba, que posteriormente le fueron levantadas.

Los defensores del sistema cubano, por su parte, afirman que más allá de las críticas que puedan hacerse al gobierno, éstas no son comparables con la cantidad de violaciones a los derechos humanos que tienen Estados más poderosos, especialmente los europeos, sobre los que Amnistía Internacional ha publicado numerosos informes. La ONU removió a Cuba de su lista de Estados que violan los derechos humanos.

Una de las acusaciones al gobierno cubano es el hundimiento del Remolcador 13 de Marzo. Según la oposición al gobierno, guardacostas de Cuba hundieron al remolcador, en el que 72 personas intentaban escapar de la isla. Entre los ocupantes de la embarcación hubo 41 muertos, diez de ellos niños, el menor de los cuales fue Helen Martínez Henríquez, de sólo seis meses de edad. Nunca se recuperaron los cadáveres. En horas de la madrugada de aquel 13 de Marzo de 1994, cuatro barcos del gobierno, equipados con potentes mangueras de agua, embistieron al viejo remolcador, a siete millas de distancia de las costas frente al puerto de la ciudad de La Habana. Las personas que se encontraban en cubierta fueron barridas por el agua lanzada a presión, y la súplica de mujeres y niños fue en vano, porque no lograron que cesara el ataque. Los sobrevivientes en suelo cubano habrían sido amenazados, perseguidos y hostigados así como los grupos opositores que han tratado de que no se olvide las acciones del gobierno de Castro. Nunca se intentó recuperar los cadáveres. Este crimen nunca fue investigado judicialmente.

La libertad de expresión consiste en la posibilidad de expresar libremente las opiniones propias sin temor a recibir castigo alguno de los poderes existentes en la sociedad. Los opositores a la Revolución, organizaciones internacionales y numerosos gobiernos extranjeros critican la política de restricción de la libertad de expresión que se practica en la isla. El gobierno cubano justifica su posición con el argumento de que así evitan el que los medios masivos de comunicación sean usados contra la soberanía del país, el sistema de gobierno y para evitar dar información falsa a la población.

La Ley 88 del Código Penal de la República de Cuba castiga severamente a las personas que cuando ejerzan el periodismo cobren dinero de potencias extranjeras o cuando apoyen la Ley Helms-Burton (una resolución federal estadounidense que endureció el embargo contra la isla). Sin embargo, de las personas que ejercen el periodismo libremente, muchas se encuentran en prisión, aún sin habérseles podido probar que reciban dinero del gobierno de ninguna potencia extranjera , por lo que ponen en tela de juicio los procedimientos legales con los que han sido detenidos y la misma existencia de la Ley 88. En marzo de 2003, 75 personas fueron juzgadas bajo esta ley y sentenciadas a penas que llegan hasta los 28 años de cárcel.

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Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Tribunal Europeo de Derechos HumanosEstrasburgo, Francia

El Tribunal Europeo de Derecho Humanos (también denominado Tribunal de Estrasburgo y Corte Europea de Derechos Humanos) es la máxima autoridad judicial para la garantía de los derechos humanos y libertades fundamentales en toda Europa. Se trata de un tribunal internacional ante el que cualquier persona que considere haber sido víctima de una violación de sus derechos reconocidos por el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales mientras se encontraba legalmente bajo la jurisdicción de un Estado miembro del Consejo de Europa, y que haya agotado sin éxito los recursos judiciales disponibles en ese Estado, puede presentar una denuncia contra dicho Estado por violación del Convenio. Este Convenio es un tratado por el que los 46 Estados miembros del Consejo de Europa (todos los Estados europeos salvo Bielorrusia) han acordado comprometerse a proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, tipificarlos, establecer el Tribunal y someterse a su jurisdicción, es decir, acatar y ejecutar sus sentencias. La ejecución de las sentencias del Tribunal por los Estados miembros que han sido condenados está supervisada por el Comité de Ministros, órgano decisorio del Consejo de Europa compuesto por un representante de cada Estado miembro. No tiene ninguna relación con la Unión Europea.

El Tribunal tiene su sede en la ciudad de Estrasburgo (Francia).

Los derechos humanos y libertades fundamentales tipificados en el Convenio, en la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas y en la Convención Europea de Derechos Humanos de la Unión Europea son, en sustancia, los mismos.

El nuevo Tribunal Europeo de Derechos Humanos comenzó a funcionar de la manera que se describe el 1 de noviembre de 1998, con la entrada en vigor del Protocolo núm. 11 al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. Un sistema mixto (un Tribunal y una Comisión) existía ya anteriormente con base en el Convenio. El 31 de octubre de 1998 el antiguo Tribunal dejó de existir. Sin embargo, de acuerdo con el Protocolo núm. 11, la Comisión continuó en funciones durante un año más (hasta el 31 de octubre de 1999) para instruir los casos declarados admisibles por ella antes de la entrada en vigor del Protocolo.

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Utopía

Representación utópica de Robert Owen (1838).

Utopía es un término concebido por Tomás Moro que sirvió de título a una de sus obras escritas en latín alrededor de 1516. Según la versión de varios historiadores, Moro se fascinó por las narraciones extraordinarias de Américo Vespucio sobre la recién avistada isla de Fernando de Noronha, en 1503. Moro decidió entonces escribir sobre un lugar nuevo y puro donde existiría una sociedad perfecta.

Para el significado etimológico de este término, Moro juega con dos posibles orígenes, ambos del griego: outopia (ou = ningún; topos/topia = lugar, localización) y eutopia (eu = buen; topos/topia = lugar, localización).

Moro describe una sociedad organizada racionalmente, a través de la narración de los hechos que realiza un explorador, Rafael Hythloday. Utopía es una comunidad que establece la propiedad común de los bienes. No envían a sus ciudadanos a la guerra -salvo en casos extremos- pero contrata mercenarios entre sus vecinos más belicosos. Todos los ciudadanos de la isla viven en casas iguales, trabajan por periodos en el campo y en su tiempo libre se dedican a la lectura y el arte. Toda la organización social de la isla apunta a disolver las diferencias sociales y a fomentar la igualdad. Por ejemplo, que todas las ciudades sean geográficamente iguales, o, más importante aún, que todos los individuos trabajen una misma cantidad de horas. Los habitantes viven mayormente en paz y armonía, resultado de su buena organización social. Existen muy pocos conflictos en Utopía y cuando los hay son resueltos con rapidez. En general, se concibe a la comunidad utopiana como una sociedad con una excelente organización, que permite cubrir las necesidades de todos los habitantes y además estimularlos a desarrollarse intelectualmente en su tiempo libre. El gobierno político de la isla no se encuentra en ninguno de los modelos tradicionales aristotélicos. Sin embargo, la obra contiene numerosas referencias a los pensamientos del filósofo griego Sócrates, expuestos en la obra La República, de Platón, donde se describe asimismo una sociedad idealizada.

El gobierno de los utopianos conjuga elementos aristocráticos con elementos democráticos. Para cada ciudad, en grupos de treinta familias, los habitantes eligen anualmente a un representante, llamado sifogrante, y a su vez, cada diez grupos de sifograntes con sus respectivas familias, eligen, también anualmente, a un representante llamado traniboro. La autoridad máxima de la ciudad es determinada por todos los sifograntes, que son en número de doscientos para cada ciudad, jurando elegir al más idóneo y conveniente, de entre cuatro candidatos determinados por elección popular, uno para cada cuarto de la ciudad. La duración del cargo de la autoridad máxima es de por vida, siendo raramente depuestos bajo sospecha de tiranía.

Algunos politólogos han sentido necesidad de clasificar el sistema político de la isla y han tenido dificultad para hacerlo como una república. Suelen tomarse dos posturas respecto a esta dificultad en el pensamiento político, posturas opuestas que responden a una pregunta de carácter ontológico en la teoría política. La pregunta es ¿la identificación (y por ende su misma esencia) de lo político está directamente relacionado con la existencia del conflicto o puede ser autónomo de éste?. Pregunta que no tiene una respuesta última objetiva, si no que dependerá de la postura filosófica que se adopte para responderla. Aquellos que entienden la política como dependiente del conflicto no encuentran otro régimen político en la isla que su misma organización social, puesto que esto es lo que elimina el conflicto. El gobierno que impera no sería de carácter político sino administrativo. Aquellos que entiendan la política como autónoma del conflicto, le otorgan un carácter político al gobierno de los utopianos describiendo así un tipo de República alternativa con algunas salvedades de la concepción clásica. Desde entonces, se ha empleado el término Utopía para describir tanto obras de ficción que presentan las ideas de un autor respecto a la manera en que una sociedad se debe organizar mejor, como en comunidades fundadas para poner en práctica tales teorías.

La utopía puede ser idealista o práctica, pero el concepto ha adquirido una fuerte connotación de perfección optimista, idealista e imposible. La utopía puede ser contrastada con la distopía (antiutopía, pseudoutopía) o con la utopía satírica.

Muchos autores como Arnhelm Neusüss han indicado que las utopías modernas son esencialmente diferentes a sus predecesoras. Otros en cambio, señalan que en rigor las utopías sólo se dan en la modernidad y llaman cronotopías o protoutopías a las utopías anteriores a la obra de Moro. Desde esta perspectiva, las utopías modernas están orientadas al futuro, son teleológicas, progresistas y sobre todo son un reclamo frente al orden cósmico entendido religiosamente, que no explica adecuadamente el mal y la explotación. Así las utopías expresan una rebelión frente a lo dado en la realidad y propondrían una transformación radical, que en muchos casos pasa por procesos revolucionarios, como expresó en sus escritos Karl Marx.

Se ha criticado que las utopías tienen un carácter coercitivo. Pero también se suele añadir que las utopías le otorgan dinamismo a la modernidad, le permiten una ampliación de sus bases democráticas y han sido una especie de sistema reflexivo de la modernidad por la cual esta ha mejorado constantemente. Por ello no sería posible entender la modernidad sin su carácter utópico.

Las utopías socialistas y comunistas se centraron en la distribución equitativa de los bienes, con frecuencia aboliendo completamente la existencia del dinero. Los ciudadanos se desempeñan en las labores que más les agradan y que se orientan al bien común, permitiéndoles contar con mucho tiempo libre para cultivar las artes y las ciencias. Experiencias prácticas que han sido plasmadas en Comunidades utópicas en el siglo XIX y XX.

Las utopías capitalistas o de mercado libre se centran en la libre empresa, en una sociedad donde todos los habitantes tengan acceso a la actividad productiva, y unos cuantos (o incluso ninguno) a un gobierno limitado o mínimo. Allí los hombres productivos desarrollan su trabajo, su vida social, y demás actividades pacíficas en libertad, apartados de un Estado intromisorio y expoliador. Se relacionan en especial al ideal del liberalismo libertario.

Una utopía global de paz mundial es con frecuencia considerada uno de los finales de la historia posiblemente inevitables.

La visión que tienen en el cristianismo respecto al paraíso es el de una utopía, en especial en las manifestaciones populares: encantadoras especulaciones de una vida libre de pobreza, pecado o de cualquier otro sufrimiento, más allá de la muerte (aunque la escatología cristiana del "cielo" al menos, es casi equivalente a vivir con el mismo Dios, en un paraíso que asemeja a la Tierra en el cielo). En un sentido similar, el nirvana del budismo se puede asemejar a una utopía. Las utopías religiosas, concebidas principalmente como un jardín de las delicias, una existencia libre de toda preocupación con calles cubiertas de oro, en una gozosa iluminación con poderes casi divinos, se perciben siempre como motivos suficientes para permanecer fiel a una religión y convertir a nuevos miembros.

El Cristianismo, por lo menos en su versión católica, ha tenido siempre bien claro que Dios ha prometido un solo paraíso, y que este paraíso no está situado en la tierra. El corazón de la esperanza cristiana es el anhelo de tierras nuevas y cielos nuevos, pero que se alcanzarán al final de la historia.

Se puede definir la utopía como la descripción de una sociedad ideal situada en una abstracción de tiempo o de espacio. En este sentido, es posible distinguir dos grandes géneros: los que apuntan a la construcción global de una sociedad ideal futura y los que describen una sociedad ideal situada en un espacio delimitado. En las utopías espaciales, el ideal constituye un modelo para valorar las insuficiencias del orden existente; mientras que en las utopías de futuro el ideal se concibe frecuentemente como un fin a conseguir en el curso de la evolución humana. El ser humano es un ser inquieto y curioso que se acerca a lo que le rodea con una actitud abierta y crítica; en este carácter aventurero e inquieto se halla la inclinación a soñar y a imaginar nuevas posibilidades y mundos diferentes; mundos en los que la vida sea más fácil y más gratificante, mundos imaginarios, pero también imaginables y, en cierto modo, posibles.

Estas utopías, estos lugares que no existen en ningún lugar más allá de los sueños de quienes los imaginan, serán el colofón a todas las reflexiones que nos han ocupado. Reflexiones que, en definitiva, responden a una necesidad completamente humana de desear mundos mejores, más justos y más felices.

A continuación se expone el concepto de utopía, sus funciones y las principales o más relevantes sociedades utópicas que los filósofos han diseñado a lo largo de la historia.

Íntimamente relacionadas con el deseo de dar un sentido a la vida y alcanzar la felicidad, se encuentran la necesidad y la búsqueda de un mundo mejor, más solidario y más justo. Existe una estrecha relación entre la justicia y las utopías. Ya Platón puso de manifiesto que un mundo ideal en el que todos sus miembros viviesen felices y satisfechos sólo era posible si ese mundo era un mundo justo, pues un Estado es ideal (constituye una utopía) si en él reina la justicia.

El anhelo de mundos ideales y perfectos es tan antiguo como el ser humano. Sin embargo, la invención y descripción de sociedades que lo sean no recibe el nombre de utopía hasta el siglo XVI. Por ello, no es paradójico afirmar que existen utopías desde siempre, incluso antes de que se acuñase este nombre para referirse a ellas. El término utopía se debe a Tomás Moro, quien titulo así una de las obras más importantes de este género. Literalmente no significa “no lugar” y, por tanto, designa una localización inexistente o imposible de encontrar. Moro bautizó con este término una isla perdida en medio del océano cuyos habitantes habían logrado el Estado perfecto: un Estado caracterizado por la convivencia pacífica, el bienestar físico y moral de sus habitantes, y el disfrute común de los bienes. Sin embargo, Moro dio a esta isla idílica el nombre de Utopía (“en ningún lugar”), por lo que muchos pensadores han querido ver en esto el deseo de dejar claro que, por muy deseable que fuese un Estado de este tipo, Utopía es un sueño imaginario e irrealizable. Desde entonces suele considerarse utópico lo que, además de perfecto y modélico, es imposible de encontrar o construir. En general, podemos definir una utopía como un Estado imaginario que reúne todas las perfecciones y que hace posible una existencia feliz porque en él reinan la paz y la justicia.

En las utopías hay un importante componente ideal, surgen de los defectos de la sociedad y se basan en las posibilidades de cambio y transformación que ésta tiene en cada momento. La utopías hunden las raíces en la realidad más auténtica y concreta, aunque sea para criticarlas e intentar transformarla.

A pesar de este carácter novelado o ficticio de las utopías, a lo largo de la historia del pensamiento se les han atribuido funciones que van más allá del simple entretenimiento.

El primer modelo de sociedad utópica lo debemos a Platón. En uno de sus diálogos más conocidos, La república, además de la defensa de una determinada concepción de la justicia, hallamos una detallada descripción de como seria el Estado ideal, es decir, el Estado justo. Platón, profundamente descontento con los sistemas políticos que se habían sucedido en Atenas, imagina como se organizaría un Estado que tuviese como objetivo el logro de la justicia y el bien social.

Según Platón, la república o el Estado perfecto estaría formado por tres clases sociales: los gobernantes, los guardias y los productores. Cada una de estas clases tendría en la república una función, unos derechos y unos deberes muy claros.

A los gobernantes les concernería la dirección del Estado; a los guardias su protección y defensa; a los productores el abastecimiento de todo lo necesario para la vida: la alimentación, ropa, viviendas... Los invididuos pertenecerían a una u otra de estas clases, no por nacimiento, sino por capacidad.

Según cual fuese la actitud fundamental de cada uno, (sabiduría (gobernantes), coraje (guardias) o apetencia (productores)), sería educado para desempeñar eficientemente las funciones de su grupo. Y es que, para Platón, la buena marcha del Estado depende de que cada clase cumpla efectivamente con su cometido.

En definitiva La república de Platón sería, según él, una sociedad justa porque en ella gobernarían los más sabios (filósofos) y, además, por que en ella cada uno desempeñaría una actividad conforme a sus aptitudes y, por lo tanto,todos contribuirían según sus posibilidades al bien común.

En su obra La ciudad de Dios, San Agustín hizo una curiosa fusión de utopismo y cristianismo, muy influyente. Según este filósofo la acción terrena (que simboliza todos los Estados históricos) es fruto del pecado, pues fue fundada por Caín y en ella sus habitantes son esclavos de las pasiones y sólo persiguen bienes materiales. Esta ciudad, por tanto, no puede dejar de ser imperfecta e injusta. Sin embargo, frente a la ciudad terrena se alza como un ideal la ciudad espiritual. Ésta fue fundada por Dios y ella reinan el amor, la paz y la justicia. Es, frente a los Estados históricos, un reino espiritual e ideal; de ahí que para muchos filósofos La ciudad de Dios pertenezca al ámbito utópico. Ahora bien a diferencia de lo propuesto por otros pensadores, para san Agustín la utopía sí es realizable, aunque sólo de forma definitiva y completa con el final de la historia y la llegada del Reino de Cristo. La utopía o ciudad de Dios será la culminación de la especie humana.

Durante el Renacimiento se produjo un florecimiento espectacular del género utópico. La mayoría de los pensadores consideraba que la influencia del humanismo era la causa de este fenómeno. El Renacimiento es una época que, además de caracterizarse por el auge espectacular de las artes y las ciencias, destaca también por los cambios sociales y económicos. Sin embargo, estas transformaciones no fueron igual de positivas para todos, ya que ocasionaron enormes desigualdades entre unos miembros y otros de la sociedad.

Muchos de los pensadores de la época, conscientes de estas injusticias, pero también de la capacidad reforadora del ser humano, reaccionaron frente a la cruda realidad de su tiempo. Esta reacción se plasmó en la reivindicacción de una racionalización de la organización social y económica que eliminase una gran parte de estas injusticias.

De ésta creencia y confianza en que la capacidad racional puede contribuir a mejorar la sociedad y a hacerla más perfecta, surgen los modelos utópicos renacentistas. El principal y más importante modelo utópico de esta época es, indiscutiblemente, Utopía de Tomás Moro.

Utopía se divide en dos partes: la primera supone un aguda crítica a la sociedad de la época; la segunda es propiamente la descripción de esa isla localizada en ningún lugar, en la que sus habitantes han logrado construir una comunidad justa y feliz. Básicamente, el secreto de la Utopía se debe a una organización política fundada racionalmente, en la que destaca la abolición de la propiedad privada, cosiderada la causa de todos los males e injusticias sociales.

La ausencia de propiedad privada comporta que prevalezca el interés común frente a la ambición y el interés personal que rige en las sociedades reales.En Utopía, además, impera una estricta organización jerárquica de puestos y funciones, a los que se accede como en la república platónica, por capacidad y méritos.

Esta estricta organización es, sin embargo, completamente compatible con la total igualdad económica y social de los utopianos, pues todos disfrutan de los mismo bienes comunes, al margen de su función y su tarea en la comunidad.

También pertenecen al Renacimiento La ciudad del Sol, del religioso italiano Tommaso Campanella, y La Nueva Atlantida, de Francis Bacon.

Esta última añade un elemento importante, ausente en las otras dos utopías, como es el aprovechamiento de los avances científicos y técnicos que empezaban a darse en aquel momento en la mejora de las condiciones de vida de los seres humanos.

En los siglos XVII y XVIII se asoció la utopía con la literatura de viajes , en la cual las sociedades civilizadas proyectaban sus angustias y sus críticas al progreso “El origen de la desigualdad entre los hombres”(1755) de J.J Rousseau es un ejemplo clásico de esta concepción de la historia como un proceso de decadencia.

Otro de los momentos fecundos en la ideación de sociedades utópicas fue a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Los profundos cambios sociales y económicos producidos por el industrialismo cada vez más individualista e insolidario abonaron el terreno del descontento y la crítica, así como el deseo de sociedades mejores, más humanas y justas.

De esta época de injusticias y desigualdades proviene el socialismo utópico. Como representantes de este movimiento tenemos a pensadores de la talla de Saint Simon, Charles Fourier y Robert Owen. A pesar de las diferencias que hay entre ellos, tienen en común su interés por mejorar y transformar la precaria situación del proletariado en ese momnto momento. Para ello, propusieron reformas concretas a hacer de la sociedad un lugar más solidario, en el que el trabajo no fuera una carga alienante y en el que todos tuviesen las mismas posibilidades de autorrealizarse.

A diferencia de muchas de las utopías anteriores, la de estos socialistas fueron diseñadas con el objetivo inmediato de llevarse a la práctica. Más que relatos fantásticos de mundos perdidos o inalcanzables, constituyeron descripciones detalladas de comunidades igualitarias que, en ocasiones, fueron copiadas en la realidad. Algunos de estos socialistas compaginaron la reflexión teórica con labores prácticas y concretas de reforma social. Así, por ejemplo, Fourier propuso comunidades autosuficientes, a las que llamó falansterios, y Owen llegó a fundar Nueva Armonía, una pequeña comunidad en la que se abrió el primer jardín de infancia y la primera biblioteca pública de EEUU.

Por extraño que parezca, el deseo de mundos mejores y más justos puede resquebrajarse. A partir de un cierto momento, una serie de hechos sociales, políticos y económicos (aparición de los totalitarismos, recrudecimiento de las guerras, uso fraudulento de la tecnología...) hace replantearse la confianza en el progreso propia del pensamiento occidental desde la ilustración. Esta crisis de la concepción progresista lleva pareja una crisis de las utopías. Esto ha supuesto la proliferación de un género opuesto, las antiutopías, utopías negativas o distopías, que ofrecen una visión desesperanzada y terrible de lo que el futuro nos depara.

La confianza en la posibilidad y la necesidad de sociedades perfectas sufre durante el siglo XX un considerable revés. Por varias razones, muchos pensadores defienden que dedicarse a inventar sociedades utópicas era más perjudicial que beneficioso. Los motivos de esta consideración pueden variar de un pensador a otro.

La vida en la Isla Utopía de Moro o en un falansterio de Fourier se imagina hoy con menos encanto del que sus autores previeron.

Y es que, cada vez, los pensadores parecen más convencidos de que igualdad y justicia, por un lado, y libertad por otro, constituyen los dos extremos incompatibles de un mismo eje, por lo que el aumento de uno supone inevitablemente la disminución de la otra. Asi que, para muchos autores, las autopías, sociedades igualitarias y justas, sólo son realizables aplastando una gran parte de las libertades individuales.

Entre otros,este parece ser el motivo de que, junto a la disminución progresiva de las utopías se dé un aumento del género contrario: las antiutopías o distopías.

Por antiutopías entendemos la descripción de una sociedad futura en la que se han desarrollado exageradamente algunos de los rasgos que son sobrevalorados en la civilización actual. Por ello,constituyen un macabro espejo de aquello en lo que se podría convertir la sociedad sino que se pone fin a algunas de las tendencias que en ella se dan.

A pesar de las diferencias entre utopía y distopía, ambas comparten una función similar: servir de crítica a una sociedad que se centra exclusivamente en objetivos y valores superficiales, olvidando a menudo otros más fundamentales.

Durante el siglo XX las utopías negativas son, en comparación con las propuestas utópicas tradicionales, bastante numerosa. Éstas parecen tener como objetivo alterarnos de la posibilidad de que lo que pronostican vaya a cumplirse. Sus autores confian en que al mostrar el lado más oscuro, la terrible cara de estas sociedades en apariencia perfectas, se impedirá su cumplimiento. Por ello, describen con todo lujo de detalles la verdadera cara de estos Estados. A pesar de las diferencias que presentan en cada autor, se asemejan en dos aspectos: el totalitarismo y la tecnologización.

La crisis de los modelos utópicos no debe hacernos pensar que la época actual es un tiempo carente de ideales, sensibilidad e inciativa por mejorar la sociedad.

Los desastres a los que ha llevado el proceso científico-técnico, junto a la desconfianza de los filósofos ante las propuestas utópicas tradicionales, han provocado una crisis en la mentalidad y la actitud utópicas. Ahora bien, ¿ésta crisis de las utopías implica una crisis del deseo y la esperanza de un mundo mejor?, ¿debe el ser humano desterrar de sí cualquier impulso que le lleve a soñar e iamginar sociedades más humanas y solidarias? No parece conveniente.

Estas reticiencias sólo son válidas frente a un modelo concreto de utopía: utopía entendido como un sistema cerrado en el que todo está ya prefijado de antemano para garantizar una forma de vida justa e igualitaria, pero en el que poco espacio queda para las libertades individuales. Sin embargo no es ésta la única forma de entender las utopías.

Según Argullol Itrías El cansancio de Occidente: Las perspectivas utópicas son convenientes porque entrañan la necesidad de poner a prueba, y la voluntad de modificar el propio espacio en el que uno se encuentra. Lo peor que podría ocurrirnos sería aceptar una sociedad y una vida, sin deseo.

La utopía puede concebirse como perspectiva utópica, como cierta manera de enfrentarse críticamente a la realidad, para no resignarse con lo injusto que hallamos en ella. Esto, además de no ser pernicioso, es necesario para llevar una vida realmente humana, ya que el ser humano es esencial e inevitablemente un ser inconformista y utópico.

En definitiva, lo que entra en crisis, lo que se cuestiona a lo largo del siglo XX, es la formulación y defensa de sociedades presuntamente perfectas, pero realmente rígidas y asfixiantes. Y lo que, de ningún modo, ha quedado desfasado es la confianza y defensa de ideales utópicos concretos.

Si el panorama que ofrecen las utopías negativas tiene alguna consistencia,si realmente los adelantos científicos y técnicos nos conducen hacia donde algunos autores dicen que conducen,entonces son más necesarios que nunca ideales que orienten y permitan cambiar ese desesperanzador rumbo.

La esperanza en el mundo que no viva desolado por las guerras ha sido constante en la historia de la humanidad. Casi todas las culturas han valorado la convivencia pacífica como un ideal digno de alcanzar. Actualmente, este deseo es mucho más intento. La trágica experiencia de las guerras mundiales y la aparición de armas cada vez más debastadoras(bombas atómicas,minas antipersonas, armas químicas...)han hecho concienciarse del horror de los conflictos bélicos.

A pesar de que sigue habiendo multitud de guerras, la paz ha sido reconocida por los recientes movimientos pacifistas como un valor y un derecho. Estos pacifistas se caracterizan por condenar la guerra como forma de solucionar los conflictos, por defender la desaparición de los ejércitos y por reividicar el derecho a la objeción de conciencia.

Ahora bien, aunque todos estemos de acuerdo en que la paz es un valor y un ideal indiscutible, no todos están de acuerdo en lo que este ideal entraña. Frente al pacifismo radical e ingenuo que condena cualquier forma de oposición beligerante, algunos filósofos reivindican un pacifismo comprometido que suponga una defensa activa de la paz,vaunque ello signifique, en casos extremos, utilizar las armas. Ante las atrocidades, las injusticias, las violaciones despiadadas de los derechos humanos más básicos, debemos preguntarnos: ¿es posible defender la paz a ultranza?, ¿debe la paz anteponerse a valores como la vida,la libertad y la justicia?¿significa la paz permanecer impasibles ante la violencia más injusta e injustificable?

La relación entre el ser humano y la naturaleza ha sido desde siempre muy especial: desde la admiración al temor, pasando por el amor y el respeto. Sin embargo, a partir de la modernidad esta relación se ve profundamente alterada. Con el desarrollo técnico e industrial, el interés explotador sustituye a la admiración y el respeto. Entonces empieza una relación de opresión y dominación que hace peligrar no sólo a la misma naturaleza, sino a todos los seres vivos que perviven gracias a ella. En ese trágico momento, la protección y la reivindicación de un espacio natural inalterado y salubre se convierte en un ideal, en un valor, en un derecho que hay que reivindicar. Es entonces cuando nacen los movimientos ecologistas, desconocidos y ausentes antes del siglo XX.

El ecologismo, además de promover la conservación del entorno natural, empieza a plantear y reivindicar el respeto a los derechos de los animales y de todos los seres vivos en general ( no sólo los humanos ), así como concienciar de la responsabilidad que cada generación tiene con las generaciones futuras. Responsabilidad que debe concretarse en el compromiso por legar un entorno sano, rico y diverso.

Esto ha contribuido enormemente a una creciente actitud de solidaridad, que se ha materializado en la formación de asociaciones y organizaciones que luchan para que este ideal se haga efectivo y real. La forma de conseguirlo es covertir la solidaridad en un compromiso de lucha firme contra el hambre, la pobreza, las epidemias... que asolan a gran parte del género humano.

Muy ligada a las reivindicaciones anteriores está la defensa de un ideal igualitario que alcance a todos los habitantes del planeta. Este ideal se asienta en la convicción de que todo ser humano, sean cuales sean sus peculiaridades personales, ha de gozar de las condiciones que le permitan llevar una vida rica y digna. Esto significa, en definitiva, la defensa de una justa distribución de las riquezas y una efectiva y real igualdad de oportunidades. Por otra parte, para que esta reivinidicación no se quede en pura formalidad debe concretarse en la lucha por los derechos de aquellos que históricamente han sufrido peores condiciones o un trato discriminatorio.

En definitiva, debe promover la lucha por los derechos de los niños, de las mujeres, de los ancianos, de las razas minoritarias y de las religiones perseguidas.

Todos los ideales anteriores convergen en la formulación y en el respeto de los derechos humanos.

Pero ¿qué son en realidad? Los derechos humanos son todos aquellos derechos que posee el ser humano por el simple hecho de pertenecer a la especie humana. Son consecuencia de la indudable e inherente dignidad que posee toda persona y de la que no puede ser desposeída ni privada. Mientras que el derecho objetivo se refiere al conjunto de normas que regulan las relaciones sociales,los derechos subjetivos en cambio expresan la autorización que poseemos como personas a exigir y a realizar ciertas cosas. Evidentemente, los derechos humanos forman parte de este grupo de derechos, ya que todos ellos expresan la autorización a exigir algo (por ejemplo, el respeto hacia nuestra libertad) o a realizar ciertas acciones (por ejemplo, manifestar nuestra opinión sin temor a represalias).

Estas características hacen que sean reales y válidos, incluso cuando se violan e incumplen abiertamente. Actualmente, en munerosos estados se olvida los derechos más fundamentales, no ya los que garantizan un sueldo digno o una sanidad adecuada, sino derechos tan fundamentales como el derecho a la vida, la libertad, a la justicia y a la paz. Esta paradoja no debe confundirnos. Aunque es evidente que algunas personas e instituciones los incumplen y violan abiertamente, nada puede otorgar ni desposeer de la dignidad humana que toda persona tiene por el hecho de serlo.

Sin embargo, esto no debe ser consuelo suficiente. En aquellos lugares y situaciones en que no son debidamente cumplidos, los derechos humanos tienen la importante función de servir como ideales y exigencias éticas que señalan el comportamiento que debe seguirse y la meta que se ha de alcanzar.

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Democracia

Democracia es una forma de organización de grupos de personas, cuya característica predominante es que la titularidad del poder reside en la totalidad de sus miembros, haciendo que la toma de decisiones responda a la voluntad colectiva de los miembros del grupo.

En sentido estricto la democracia es una forma de gobierno, de organización del Estado, en la cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta que le confieren legitimidad a los representantes. En sentido amplio, democracia es una forma de convivencia social en la que todos sus habitantes son libres e iguales ante la ley y las relaciones sociales se establecen de acuerdo a mecanismos contractuales.

La democracia se define también a partir de la clásica clasificación de las formas de gobierno realizada por Platón primero y Aristóteles después, en tres tipos básicos: monarquía (gobierno de uno), aristocracia (gobierno de pocos), democracia (gobierno de la multitud para Platón y "de los más", para Aristóteles).

Hay democracia directa cuando la decisión es adoptada directamente por los miembros del pueblo. Hay democracia indirecta o representativa cuando la decisión es adoptada por personas reconocidas por el pueblo como sus representantes. Por último, hay democracia participativa cuando se aplica un modelo político que facilita a los ciudadanos su capacidad de asociarse y organizarse de tal modo que puedan ejercer una influencia directa en las decisiones públicas o cuando se facilita a la ciudadanía amplios mecanismos plebiscitarios. Estas tres formas no son excluyentes y suelen integrarse como mecanismos complementarios.

El término democracia proviene del antiguo griego (δημοκρατία) y fue acuñado en Atenas en el siglo V a. C. a partir de los vocablos δημος («demos», que puede traducirse como «pueblo») y cracia (cracia, que puede traducirse como «poder» o «gobierno»). Sin embargo la significación etimológica del término es mucho más compleja. El término «demos» parece haber sido un neologismo derivado de la fusión de las palabras demiurgos (demiurgi) y geomoros (geomori). El historiador Plutarco señalaba que los geomoros y demiurgos, eran junto a los eupátridas, las tres clases en las que Teseo dividió a la población libre del Ática (adicionalmente la población estaba integrada también por los metecos, esclavos y las mujeres). Los eupátridas eran los nobles; los demiurgos eran los artesanos; y los geomoros eran los campesinos. Estos dos últimos grupos, «en creciente oposición a la nobleza, formaron el demos». Textualmente entonces, «democracia» significa «gobierno de la artesania y campesinos», excluyendo del mismo expresamente a los ilotas (esclavos) y a los nobles.

Algunos pensadores consideran a la democracia ateniense como el primer ejemplo de un sistema democrático. Otros pensadores han criticado esta conclusión, argumentando por un lado que tanto en la organización tribal como en antiguas civilizaciones en todo el mundo existen ejemplos de sistemas políticos democráticos, y por otro lado que solo una pequeña minoría de la población tenía derecho a participar de la llamada democracia ateniense, quedando automáticamente excluidos los esclavos y las mujeres.

De todas formas, el significado del término ha cambiado con el tiempo, y la definición moderna ha evolucionado mucho, sobre todo desde finales del siglo XVIII, con la sucesiva introducción de sistemas democráticos en muchas naciones y sobre todo a partir del reconocimiento del sufragio universal y del voto femenino en el siglo XX. Hoy en día, las democracias existentes son bastante distintas al sistema de gobierno ateniense del que heredan su nombre.

En la práctica, existen muchas variantes del concepto de democracia, algunas de ellas llevadas a la realidad y otras sólo hipotéticas. En la actualidad los mecanismos de democracia más extendidos son los de la democracia representativa; de hecho, se trata del sistema de gobierno más utilizado en el mundo. Algunos países como Suiza o Estados Unidos cuentan con algunos mecanismos propios de la democracia directa. La democracia deliberativa es otro tipo de democracia que pone el énfasis en el proceso de deliberación o debate, y no tanto en las votaciones. El concepto de democracia participativa propone la creación de formas democráticas directas para atenuar el carácter puramente representativo (audiencias públicas, recursos administrativos, ombudsman). El concepto de democracia social propone el reconocimiento de las organizaciones de la sociedad civil como sujetos políticos (consejos económicos y sociales, diálogo social).

Estas diferenciaciones no se presentan en forma pura, sino que los sistemas democráticos suelen tener componentes de unas y otras formas de democracia. Las democracias modernas tienden a establecer un complejo sistema de mecanismos de control de los cargos públicos. Una de las manifestaciones de estos contrales horizontales es la figura del impeachment o "juicio político", al que pueden ser sometidos tanto los presidentes como los jueces, por parte de los parlamentos, de acuerdo a ciertas constituciones, como la de Argentina, Brasil o Estados Unidos. Otras agencias más modernas orientadas al mismo fin son el defensor del pueblo u ombudsman, las sindicaturas de empresas públicas, los organismos de auditoría, las oficinas de ética pública, etc.

En la democracia moderna juega un rol decisivo la llamada "regla de la mayoría", es decir el derecho de la mayoría a que se adopte su posición cuando existen diversas propuestas. Ello ha llevado a que sea un lugar común de la cultura popular asimilar democracia con decisión mayoritaria. Sin embargo muchos sistemas democráticos no utilizan la regla de la mayoría o la restringen mediante sistemas de elección rotativos, al azar, derecho a veto, etc. De hecho, en determinadas circunstancias, la regla de la mayoría puede volverse antidemocrática cuando afecta derechos fundamentales de las minorías o de los individuos.

Las democracias reales suelen ser complejos mecanismos articulados, con múltiples reglas de participación en los procesos de deliberación y toma de decisiones, en los que el poder se divide constitucionalmente o estatutariamente, en múltiples funciones y ámbitos territoriales, y se establecen variedad de sistemas de control, contrapesos y limitaciones, que llevan a la conformación de distintos tipos de mayorías, a la preservación de ámbitos básicos para las minorías y a garantizar los derechos humanos de los individuos y grupos sociales.

En muchos casos la palabra "democracia" se utiliza como sinónimo de democracia liberal. Suele entenderse por democracia liberal un tipo genérico de Estado surgido de la Independencia de Estados Unidos de 1776 y luego más o menos generalizado en las repúblicas y monarquías constitucionales que emergieron de los procesos de emancipación o revolucionarios contra las grandes monarquías absolutas y establecieron sistemas de gobierno en los que la población puede votar y ser votada, al mismo tiempo que el derecho de propiedad es preservado.

A partir de lo anterior algunas estudiosos han sugerido la siguiente definición de democracia liberal: la regla de la mayoría con derechos para las minorías. Históricamente, la democracia liberal ha sido compatible con la esclavitud, como sucedió en Estados Unidos entre 1776 y 1865, el racismo y la falta de reconocimiento de los derechos políticos de la mujeres.

El término "democracia" también se utiliza ampliamente no solo para designar una forma de organización política, sino una forma de convivencia y organización social menos vertical, más horizontal, con relaciones más igualitarias entre sus miembros. En este sentido es habitual el uso del término "democratización", como por ejemplo la democratización de las relaciones familiares, de las relaciones laborales, de la empresa, de la universidad, de la escuela, de la cultura, etc.

Dos casos especiales para la idea de democracia son las monarquías constitucionales y las democracias populares que caracterizan al socialismo real.

La monarquía constitucional es una forma de gobierno que caracteriza a varios países de Europa (Gran Bretaña, España, Holanda, etc.), América (Canadá, Jamaica, etc.), y Asia (Japón, Malasia, etc.).

Existe una tendencia general a la reducción progresiva del poder de los reyes y nobles en las monarquías constitucionales que se ha ido acentuando desde el siglo XX. Si bien, por tratarse de monárquías, en estos países existe una notable desigualdad ante la ley y de hecho de los reyes y demás nobles frente al resto de la población, la severa restricción de sus facultades de gobierno y judiciales ha llevado a que su participación en la mayoría de los actos de gobierno sea excepcional y sumamente controlada por otros poderes del Estado. Ello ha dado origen al expresivo dicho popular de que los reyes "reinan pero no gobiernan" para referirse a la débil influencia legal que los reyes y eventualmente los nobles tienen en los actos de gobierno cotidianos.

En el Reino de España el Rey promulga las leyes, convoca y disuelve las Cortes Generales, convoca referéndum, propone y cesa al Presidente, ejerce el derecho de gracia (indulto y conmutación de penas), declara la guerra y hacer la paz, etc. En el ejercicio de todas sus funciones, el Rey actúa como mediador, árbitro o moderador, pero sin asumir la responsabilidad de sus actos que han de ser refrendados por el poder ejecutivo o legislativo, lo que lo convierte en una figura representativa del estado pero sin poder político. El rey también tiene el privilegio de la impunidad y no puede ser juzgado por crimen alguno.

Los opositores a las monarquías constitucionales sostienen que no son democráticas, y que un sistema de gobierno en la que los ciudadanos no son todos iguales ante la ley, a la vez que no se puede elegir al Jefe de Estado y otros funcionarios estatales, no puede denominarse democracia. En una reciente manifestación antimonárquica en España los participantes proclamaban que «se llama democracia y no lo es».

Los países con sistemas políticos inspirados en el comunismo marxista conocidos como "socialismo real" como China o Cuba poseen sistemas de gobierno que suelen utilizar la denominación de "democracias populares". Las llamadas «democracias populares» se caracterizan por estar organizadas sobre la base de un sistema de partido político único o hegemónico, íntimamente vinculado al Estado, en el que según sus promotores puede participar toda la población y dentro del cual debe organizarse la representación de las diferentes posiciones políticas, o al menos de la mayor parte de las mismas. Por otra parte en las llamadas "democracias populares" actuales la libertad de expresión y de prensa están restringidas y controladas por el Estado.

Según sus defensores, la «democracia popular» es el único tipo de democracia en la cual se puede garantizar la igualdad económica, social y cultural de los ciudadanos, ya que los poderes económicos privados no puede influir en el sistema de representación.

Algunos marxistas opinan también que las actuales «democracias populares» no son verdaderas democracias y que constituyen una deformación de los principios originales del marxismo. En el caso concreto de China, sostienen que ha desarrollado una economía orientada al capitalismo, pero se vale de su titulo de “Republica Democrática Popular” para poder contar con mano de obra barata, mediante la explotación de los trabajadores chinos, hasta niveles de vida calificados como infrahumanos.

Por derechos humanos y de los ciudadanos se entiende el conjunto de derechos civiles, políticos y sociales que están en la base de la democracia moderna. Estos alcanzan su plena afirmación en el siglo XX.

También se ha distinguido entre derechos humanos de primera (políticos y civiles), segunda (sociolaborales), tercera (socioambientales) y cuarta generación (participativos).

Guillermo O'Donnell ha puesto de manifiesto la importancia de los mecanismos de control o accountability horizontal, en las democracias modernas, a las que él prefiere denominar "poliarquías". El control horizontal, se diferencia del control vertical democrático que se realiza por medio de las elecciones periódicas, visualizado como una conformación del Estado, integrado por diversas agencias con poder para actuar contra las acciones u omisiones ilícitas realizadas por otros agentes del Estado.

Las democracias modernas tienden a establecer un complejo sistema de mecanismos de control de los cargos públicos. Una de las manifestaciones de estos contrales horizontales es la figura del impeachment o "juicio político", al que pueden ser sometidos tanto los presidentes como los jueces, por parte de los parlamentos, de acuerdo a ciertas constituciones, como la de Argentina, Brasil o Estados Unidos. Otras agencias más modernas orientadas al mismo fin son el defensor del pueblo u ombudsman, las sindicaturas de empresas públicas, los organismos de auditoría, las oficinas de ética pública, etc.

La democracia aparece por primera vez en muchas de las antiguas civilizaciones que organizaron sus instituciones sobre la base de los sistemas comunitarios e igualitarios tribales (democracia tribal).

Entre los casos mejor conocidos se encuentran la relativamente breve experiencia de algunas ciudades estados de la Antigua Grecia, en especial Atenas alrededor del año 500 a. C. Las pequeñas dimensiones y la escasa población de las polis (o ciudades griegas) explican la posibilidad de que apareciera una asamblea del pueblo, de la que solo podían formar parte los varones libres, excluyendo así al 75% de la población integrada por esclavos, mujeres y extranjeros. La asamblea fue el símbolo de la democracia ateniense. En la democracia griega no existía la representación, los cargos de gobierno eran ocupados alternativamente por todos los ciudadanos y la soberanía de la asamblea era absoluta. Todas estas restricciones y la reducida población de Atenas (unos 300.000 habitantes) permitieron minimizar las obvias dificultades logísticas de esta forma de gobierno.

En América en el siglo XII se formó la Liga Democrática y Constitucional de Haudenosaunee, integrada por las naciones Séneca, Cayuga, Oneida, Onondaga y Mohicanos, donde se consagraron los principios de limitación y división del poder, así como de igualdad democrática de hombres y mujeres. La democracia de Haudenosaunee ha sido considerada por varios pensadores como el antecedente más directo de la democracia moderna.

Durante la Edad Media europea se utilizó el término de «democracias urbanas» para designar a las ciudades comerciales, sobre todo en Italia y Flandes, pero en realidad eran gobernadas por un régimen aristocrático. También existieron algunas democracias llamadas campesinas, como la de Islandia, cuyo primer Parlamento se reunió en 930 y la de los cantones suizos en el siglo XIII. A fines del siglo XII se organizaron sobre principios democráticos las Cortes del Reino de León (1188), inicialmente llamado "ayuntamiento", debido a que reunía representantes de todos los estamentos sociales. En escritores como Guillermo de Ockham, Marsilio de Padua y Altusio aparecen concepciones sobre la soberanía del pueblo, que fueron consideradas como revolucionarias y que más tarde serían recogidas por autores como Hobbes, Locke y Rousseau.

En Europa el protestantismo fomentó la reacción democrática al rechazar la autoridad del Papa, aunque por otra parte, hizo más fuerte el poder temporal de los príncipes. Desde el lado católico, la Escuela de Salamanca atacó la idea del poder de los reyes por designio divino, defendiendo que el pueblo era el receptor de la soberanía. A su vez, el pueblo podía retener la soberanía para sí (siendo la democracia la forma natural de gobierno) o bien cederla voluntariamente para dejarse gobernar por una monarquía. En 1653 se publicó en Inglaterra el Instrument of Government, donde se consagró la idea de la limitación del poder político mediante el establecimiento de garantías frente al posible abuso del poder real. A partir de 1688 la democracia triunfante en Inglaterra se basó en el principio de libertad de discusión, ejercida sobre todo en el Parlamento.

En América la revolución de los comuneros de Paraguay de 1735 sostuvo el principio democrático elaborado por José de Antequera y Castro: la voluntad del común es superior a la del propio rey. Por su parte, en Brasil, los afroamericanos que lograban huir de la esclavitud a la que habían sido reducidos por los portugueses, se organizaron en repúblicas democráticas llamadas quilombos, como el Quilombo de los Palmares o el Quilombo de Macaco.

La Independencia de Estados Unidos en 1776 estableció un nuevo ideal para las instituciones políticas de base democráticas, expandido por la Revolución Francesa de 1789 y la Guerra de Independencia Hispanoamericana (1809-1824), difundiendo las ideas liberales, los derechos humanos concretados en la Declaración de Derechos de Virginia y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, el constitucionalismo y el derecho a la independencia, principios que constituyeron la base ideológica sobre la que se desarrolló toda la evolución política de los siglos XIX y XX. La suma de estas revoluciones se conoce como las Revoluciones burguesas.

Las constituciones de Estados Unidos de 1787 con las enmiendas de 1791, Venezuela de 1811, España de 1812, Francia de 1848, y Argentina de 1853 ya tienen algunas características democráticas, que registrarán complejos avances y retrocesos. La evolución democrática inglesa fue mucho más lenta y se manifestó en las sucesivas reformas electorales que tuvieron lugar a partir de 1832 y que culminaron en 1911 con la Parliament Act, que consagró la definitiva supremacía de la Cámara de los Comunes sobre la de los Lores.

En realidad recién puede hablarse de la aparición progresiva de países democráticos a partir del siglo XX, con la abolición de la esclavitud, la conquista del sufragio universal, el reconocimiento de la igualdad legal de las mujeres, el fin del colonialismo europeo, el reconocimiento de los derechos de los trabajadores y las garantías de no discriminación para las minorías raciales y étnicas.

En aquellos países que no tienen una fuerte tradición democrática, la introducción de elecciones libres por sí sola raramente ha sido suficiente para llevar a cabo con éxito una transición desde una dictadura a una democracia. Es necesario también que se produzca un cambio profundo en la cultura política, así como la formación gradual de las instituciones del gobierno democrático. Hay varios ejemplos de países que sólo han sido capaces de mantener la democracia de forma muy limitada hasta que han tenido lugar cambios culturales profundos, en el sentido del respeto a la regla de la mayoría, indispensable para la supervivencia de una democracia.

Uno de los aspectos clave de la cultura democrática es el concepto de "oposición leal". Éste es un cambio cultural especialmente difícil de conseguir en naciones en las que históricamente los cambios en el poder se han sucedido de forma violenta. El término se refiere a que los principales actores participantes en una democracia comparten un compromiso común con sus valores básicos, y que no recurrirán a la fuerza o a mecanismos de desestabilización económica o social, para obtener o recuperar el poder.

Esto no quiere decir que no existan disputas políticas, pero siempre respetando y reconociendo la legitimidad de todos los grupos políticos. Una sociedad democrática debe promover la tolerancia y el debate público civilizado. Durante las distintas elecciones o referéndum, los grupos que no han conseguido sus objetivos aceptan los resultados, porque se ajusten o no a sus deseos, expresan las preferencias de la ciudadanía.

Especialmente cuando los resultados de unas elecciones conllevan un cambio de gobierno, la transferencia de poder debe realizarse de la mejor forma posible, anteponiendo los intereses generales de la democracia a los propios del grupo perdedor. Esta lealtad se refiere al proceso democrático de cambio de gobierno, y no necesariamente a las políticas que ponga en práctica el nuevo gobierno.

Las diferencias y similitudes entre los conceptos de «democracia» y «república» dan lugar a confusiones habituales y diferencias de criterio entre los especialistas.

En general puede decirse que la república es un gobierno regido por el principio de división de poderes y sin rey, en tanto que la democracia es un sistema en el que el gobierno es elegido por el pueblo. Una república puede no ser democrática, cuando se encuentran excluidos amplios grupos de la población, como sucede con los sistemas electorales no basados en el sufragio universal, o en donde existen sistemas racistas.

Democracia: Participación del pueblo en la creación de las leyes. El poder se constituye de abajo hacia arriba, es decir desde el pueblo.

Autocracia: Los ciudadanos no participan libremente en la creación de leyes.

El poder se constituye de arriba hacia abajo, es decir desde el gobernador o el grupo que gobierna.

Parece existir una relación entre democracia y pobreza, en el sentido de que aquellos países con mayores niveles de democracia poseen también un mayor PIB per cápita, un mayor índice de desarrollo humano y un menor índice de pobreza.

Un importante economista, Amartya Sen, ha señalado que ninguna democracia ha sufrido nunca una gran hambruna, incluidas democracias que no han sido muy prósperas históricamente, como India, que tuvo su última gran hambruna en 1943 (y que algunos relacionan con los efectos de la Primera Guerra Mundial), y que sin embargo tuvo muchas otras en el siglo XIX, todas bajo la dominación británica.

El término democracia económica se utiliza en economía y sociología para designar a aquellas organizaciones o estructuras productivas cuya estructura decisional se basa en el voto unitario (una persona = un voto, o regla democrática), contrariamente a lo que se produce empresas privadas típicas de carácter capitalista, donde impera el voto plural ponderado por la participación en el capital (una acción = un voto). El ejemplo típico de empresa democrática es la cooperativa, uno de cuyos Principios cooperativos es precisamente el principio democrático de decisión.

Una de las críticas más comunes a la democracia es la que alega una supuesta ignorancia de la ciudadanía acerca de los aspectos políticos, económicos y sociales fundamentales en una sociedad, que la inhabilita para elegir entre las diversas propuestas. Este sistema fue denominado por Polibio como oclocracia. Esta ignorancia haría que las decisiones tomadas por la gente fueran erróneas en la mayoría de los casos, al no estar basadas en conocimientos técnicos. Sin embargo, los defensores de la democracia argumentan que la ciudadanía no es ignorante, y achacan ese tipo de críticas al interés que tienen las clases poderosas de anteponer el autoritarismo y la tecnocracia a los intereses de la gente.

Este argumento suele ser esgrimido también por la clase política para descalificar los resultados de referendos y elecciones legítimas y también en contextos en los que se plantean reformas en busca de una profundización hacia formas de democracia más participativas o directas que la democracia representativa. Por otro lado la clase política puede ser quien promueva la ignorancia de la ciudadanía para lograr objetivos personales. Para evitar esa circunstancia existen leyes que obligan a dedicar parte del patrimonio gubernamental a proporcionar información a la población mediante los boletines oficiales sobre las nuevas leyes o mediante la publicación de las sentencias sobre decisiones judiciales, o mediante campañas a la población antes de celebrarse un referéndum, etc.

En cualquier caso, en todas las sociedades en las que es posible el debate público, se asume que la democracia es el menos malo de los sistemas políticos, pues conlleva siempre una cierta aceptación del gobierno por parte del pueblo al haber sido elegido por éste. Desde los principios democráticos se considera que todo pueblo tiene derecho a equivocarse y que siempre es mejor cuando el error es asumido como propio por la sociedad que no cuando éste es culpa de unas pocas personas expertas, que podrían a pesar de todo equivocarse, o incluso actuar según intereses políticos ajenos a la mayoría de ciudadanos.

Puede argumentarse también que la ignorancia se traduce en las elecciones en abstención, por lo que es poco probable que tenga un peso real en la toma de decisiones (esto no es cierto en los países en que todos sus ciudadanos están obligados a votar, aquí la ignorancia sí desempeña un papel más importante). Pero varias tendencias de izquierda suelen pregonar por el abstencionismo electoral, ya que ven al sufragio como una "mentira" para el pueblo.

Aunque a efectos de cuantificar el grado de ignorancia popular a través de la abstención, se considera que la abstención recoge tanto los votos de quienes se dicen desconocedores de temas políticos (apolíticos) como de aquellos a quienes no les satisface el sistema en sí o ninguno de los candidatos o partidos que se presentan, por lo que muchas veces es difícil discernir la abstención por ignorancia y la abstención de protesta.

La regla de la mayoría en la que se basa la democracia puede producir un efecto negativo conocido como la tiranía de la mayoría. Se refiere a la posibilidad de que en un sistema democrático una mayoría de personas pueden en teoría perjudicar o incluso oprimir a una minoría particular. Esto es negativo desde el punto de vista de la democracia, pues ésta trata de que la ciudadanía como un todo tenga mayor poder.

Los defensores de la democracia exponen una serie de argumentos como defensa a todo esto. Uno de ellos es que la presencia de una constitución actúa de salvaguarda ante una posible tiranía de la mayoría. Generalmente, los cambios en estas constituciones requieren el acuerdo de una mayoría cualificada de representantes, o que el poder judicial avale dichos cambios, o incluso algunas veces un referéndum, o una combinación de estas medidas. También la separación de poderes en poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial hace más difícil que una mayoría poco unánime imponga su voluntad. Con todo esto, una mayoría todavía podría discriminar a una minoría, pero dicha minoría ya sería muy pequeña (aunque no por ello dicha discriminación deja de ser éticamente cuestionable).

Otro argumento es que una persona suele estar de acuerdo con la mayoría en algunos asuntos y en desacuerdo en otros. Y también las posturas de una persona pueden cambiar. Por tanto, los miembros de una mayoría pueden limitar la opresión hacia una minoría ya que ellos mismos en el futuro pueden ser parte de una minoría oprimida.

También hay quienes afirman que la democracia debe tratar asuntos objetivos, ya que esta clase de “opresión” es subjetiva pues esta sujeta al sentir o pensar de unos cuantos y que por lo general no pasan de la trivialidad.

Un último argumento común es que, a pesar de los riesgos comentados, la regla de la mayoría es preferible a otros sistemas, y en cualquier caso la "tiranía de la mayoría" es una mejora sobre la "tiranía de una minoría". Los defensores de la democracia argumentan que la estadística empírica evidencia claramente que cuanto mayor es la democracia menor es el nivel de violencia interna. Esto ha sido formulado como "ley de Rummel", la cual sostiene que a menor nivel de democracia hay más probabilidades de que los gobernantes asesinen a sus propios ciudadanos.

Una crítica generalizada hacia la democracia, derivada a su vez de un equívoco histórico igualmente difundido, es la afirmación de que la democracia impulsó el ascenso de Adolf Hitler al poder al ser elegido democráticamente como presidente de la República de Weimar en 1933.

Los hechos históricos son que en 1932 Hitler perdió las elecciones presidenciales frente a Paul von Hindenburg, quien obtuvo un 53% frente al 36% de aquel. En las elecciones parlamentarias de julio del mismo año, el Partido Nazi de Hitler alcanza 230 escaños que lo volvieron el más numeroso. En ese momento el presidente Hindenburg le ofrece a Hitler la vicecancillería, pero este la rechaza; sin embargo los nazis concretan una alianza con las fuerzas de centro en el gobierno, de resultas de la cual, Hermann Goering, uno de los principales colaboradores de Hitler fue elegido presidente del parlamento (Reichstag). En noviembre de 1932 hubo nuevas elecciones parlamentarias en las que el Partido Nazi perdió dos millones de votos y el bloque se redujo a 196 escaños. La crisis electoral de la alianza de centro y derecha llevó a la renuncia del canciller Franz von Papen. Hindenburg piensa entonces en ofrecerle la cancillería a Hitler, pero ante la oposición del ejército nombra canciller al general Kurt von Schleicher. Este logra debilitar más aún a Hitler quien sufre una nueva derrota electoral en las elecciones regionales de Turingia. En esa situación las bancadas socialistas y comunistas quitan su apoyo a Schleicher, lo que lo obliga a renunciar en enero de 1933. Hindenburg nuevamente oscila entre von Papen y Hitler, decidiéndose por el primero. Pero no llega a asumir porque las SA (Sturmabteilung), la fuerza paramilitar del nazismo que dirigía Ernst Röhm, toman el control militar de Berlín. En esas condiciones Hindenburg nombró canciller a Hitler el 30 de enero de 1933. Hitler entonces disolvió el Parlamento y llamó elecciones para el 5 de marzo. En el interín, se produjo el incendio del Reichstag, lo cual aprovechó Hitler para anular las garantías constitucionales, impuso la pena de muerte para aplicar a aquellos que realizaran "alteraciones graves de la paz", y colocó a sus hombres en la conducción del ejército. En esas condiciones ya dictatoriales se realizaron las elecciones en las que obtuvo el 44% del Parlamento, número que tampoco le otorgó la mayoría. Para entonces la dictadura ya se había instalado definitivamente, y el Parlamento no volvió a tener influencia política.

También hay que tener en cuenta que la constitución vigente en aquel contexto permitía el establecimiento de poderes dictatoriales y la suspensión de la mayoría de la propia constitución en caso de "emergencia", sin ningún tipo de votación, algo impensable en la mayoría de democracias modernas. De cualquier forma es importante señalar que las violaciones a los derechos humanos más grandes tuvieron lugar después de que Hitler aboliera por completo el sistema democrático.

Podría concluirse que la democracia que permitió el ascenso de Hitler no estaba correctamente blindada contra su conversión en una dictadura, como tampoco lo están las democracias modernas, pues ningún sistema político es perfecto.

La democracia es un sistema en el que la ciudadanía puede quitar de sus puestos a los gobernantes sin tener que cambiar toda la base legal del gobierno. En este sentido la democracia reduce la inestabilidad política y asegura a los ciudadanos que por mucho que disientan de las políticas del gobierno en un momento dado, siempre tendrán una oportunidad regular de cambiar a quienes gobiernan, o incluso de cambiar directamente las políticas con las cuales no están de acuerdo, en los casos en que la democracia representativa se combine con la democracia directa. La mayoría de la gente coincide en que esto es preferible a un sistema en el que los cambios políticos se llevan a cabo por medio de la violencia, lo que desemboca la mayoría de las veces en un golpe de estado o una guerra civil.

Por otra parte, las evidencias empíricas parecen mostrar que dos democracias nunca o casi nunca han entrado en una guerra. Un ejemplo es un estudio de todas las guerras sucedidas desde 1816 hasta 1991, en el que se definió "guerra" como acción militar con más de 1000 bajas en combate y "democracia" como un estado con más de dos tercios de la población masculina con derecho a voto. El estudio encontró 198 guerras entre "no-democracias", 155 guerras entre democracias y no-democracias, y ninguna guerra entre democracias. De todas formas, este planteamiento sigue suscitando polémica y está sujeto a una gran investigación académica y debate.

Cuando la guerra se produce, las democracias a veces responden con lentitud a causa de los requisitos legales y burocráticos necesarios para tomar decisiones. En una democracia normalmente el parlamento debe aprobar una declaración de guerra antes de comenzar o incorporarse a las hostilidades, aunque algunas veces el ejecutivo tiene poder para tomar la iniciativa simplemente informando al parlamento de la decisión. Además, si se instituye un alistamiento de cara a la eventual guerra, la ciudadanía puede protestar. Las monarquías y dictaduras en teoría pueden actuar inmediatamente por no estar sujetas al funcionamiento legal y burocrático de las democracias, pero a menudo no lo hacen, e históricamente las monarquías también realizaban declaraciones de guerra. A pesar de todo lo comentado, o quizá a causa de ello, históricamente las democracias han sido capaces de mantener su seguridad.

Al principio



Guerra de Iraq

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La Guerra de Iraq (II Guerra del Golfo), también conocida como la Operación Libertad Iraquí (Estados Unidos), Operación Telic (Reino Unido), o la ocupación de Iraq, es un conflicto que comenzó el 20 de marzo de 2003 cuando los Estados Unidos dirigió una coalición multinacional para la invasión de Iraq compuesta por los propios Estados Unidos y el Reino Unido con el apoyo de tropas más pequeñas de Australia, Dinamarca, Polonia y otras naciones.

La principal justificación para la invasión que ofrecieron el Presidente de los Estados Unidos George W. Bush y simpatizantes de coalición fue la afirmación de que Iraq poseía y estaba desarrollando armas de destrucción masiva (ADM) en violación de un convenio de 1991. Funcionarios de los Estados Unidos sostuvieron que Iraq planteaba una inminente, urgente e inmediata amenaza a los Estados Unidos, su pueblo, aliados, y sus intereses. El apoyo de inteligencia fue ampliamente criticado, y los inspectores de armas no encontraron pruebas de armas de destrucción masiva. Después de la invasión, el Grupo de Investigación en Iraq llegó a la conclusión de que Iraq había terminado sus programas de armas de destrucción masiva en 1991 y no había ninguna en el momento de la invasión, pero que tenían la intención de reanudar la producción siempre y cuando se levantaran las sanciones. Algunos funcionarios de los Estados Unidos alegaron que Saddam Husein y Al Qaeda habían estado cooperando, pero no hay pruebas de que exista una relación de colaboración. Otras razones para la invasión por parte de los funcionarios incluían las preocupaciones sobre el apoyo financiero de Iraq para las familias de terroristas suicidas palestinos, violaciones de los derechos humanos por parte del gobierno iraquí, propagación de la democracia, las reservas de petróleo de Iraq, aunque este último ha sido negado por otros funcionarios.

La invasión llevó a la rápida derrota de los militares iraquíes, el derrocamiento del Presidente Sadam Husein, su captura en diciembre de 2003 y su ejecución en diciembre de 2006. La coalición dirigida por los Estados Unidos en el Iraq ocupado trató de establecer un nuevo gobierno democrático. Sin embargo, poco después de la invasión inicial, la violencia contra las fuerzas de la coalición y entre los diversos grupos sectarios dio lugar a una guerra asimétrica con la insurgencia iraquí, la guerra civil entre sunitas y chiítas iraquíes, y las operaciones de Al-Qaeda en Iraq. Las estimaciones del número de personas muertas fluctúa entre más de 150.000 a más de 1 millón de personas. El costo financiero de la guerra ha sido más de £ 4.500 millones ($ 9.000 millones) para el Reino Unido, y más de $ 845.000 millones a los Estados Unidos, con el coste total para la economía de este último estimada en $ 3 a 5 billones. Las naciones miembros de la Coalición comenzaron a retirar sus fuerzas como consecuencia de una opinión pública a favor de la retirada de las tropas y el aumento de las fuerzas iraquíes que comenzaron a asumir la responsabilidad de la seguridad.

Tras la Guerra del Golfo de 1991, la Resolución 687 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ordeno poner fin a los programas de desarrollo iraquí de armas químicas, biológicas, nucleares y de misiles de largo alcance así como que fueran destruido el arsenal existente en virtud de la Comisión Especial de Control de las Naciones Unidas. Los inspectores de armas de Naciones Unidas en Iraq pudieron verificar la destrucción de una gran cantidad de material de armas de destrucción masiva, sin embargo cuestiones de fondo siguen sin resolverse. Después de que la Comisión Especial salió de Iraq en 1998 debido a la inminente acción militar por parte los Estados Unidos y el Reino Unido. Poco después de que los inspectores se retiraron, los Estados Unidos y el Reino Unido pusieron en marcha cuatro días de campaña de bombardeos.

Además de la inspección del régimen, los Estados Unidos y el Reino Unido (junto con Francia hasta 1998) participaron en un bajo nivel de conflicto con Iraq y en hacer cumplir las zonas de prohibición de vuelos entre el norte y el sur iraquí. Estas zonas fueron creadas tras la guerra del Golfo Pérsico para proteger el Kurdistán iraquí en el norte y las zonas del sur chiíta, y fueron vistas por el gobierno iraquí como una violación de su soberanía. La defensa aérea iraquí y las patrullas aéreas estadounidenses y británicas intercambiaron disparos con regularidad durante 6 años.

En abril de 2001, el gabinete de Bush dio su acuerdo para utilizar la intervención militar en Iraq, porque se consideró una influencia desestabilizadora para el flujo de petróleo a los mercados internacionales de Oriente Medio. Neoconservadores en los Estados Unidos pidieron que se promoviera un golpe de estado mucho antes de los ataques del 11 de septiembre, con la esperanza de que un nuevo gobierno usara, "el petróleo de Iraq para destruir el cartel de la OPEP a través de un aumento masivo de la producción por encima de las cuotas OPEP." Esos planes fueron abandonados poco después de la invasión porque el ex-director de la Shell Oil Company, que había sido acusado de su aplicación, se negó a participar en industria petrolera iraquí, ya que la privatización podría haber dado lugar a la exclusión de las empresas de los Estados Unidos, a diferencia del ministerio estatal de petróleo.

Aproximadamente un año antes de la Operación Libertad para Iraq, los Estados Unidos iniciaron en el sur de la Operación Focus como un cambio en su estrategia de respuesta, aumentando el número global de las misiones y la selección de objetivos en toda la zonas de prohibición de vuelos con el fin de perturbar la estructura de mando militar en Iraq. El peso de las bombas arrojadas sobre Iraq aumentó llegando a un pico pre-guerra de 54,6 toneladas en septiembre de 2002.

El 22 de mayo de 2003 el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas votó 14 a 0 a favor de la aprobación de la resolución presentada para dar el poder de gobernar Iraq y de utilizar sus recursos petroleros para la reconstrucción del país a los Estados Unidos y Reino Unido. La resolución 1483 terminó con casi 13 años de sanciones económicas originalmente impuestas después de la invasión iraquí a Kuwait en 1990. La resolución aprueba que el secretario general de la ONU, Kofi Annan, envíe a un representante especial a trabajar con los administradores de los Estados Unidos y Gran Bretaña en la reconstrucción, la ayuda humanitaria y la creación de un nuevo gobierno.

La resolución creó un nuevo programa de fondos para el desarrollo de Iraq a través del cual se manejarán los recursos obtenidos de la explotación del petróleo. Los fondos serán usados por los Estados Unidos y Gran Bretaña para reconstruir el país, actividad que será supervisada por una nueva junta consultiva compuesta por EE.UU. e instituciones financieras internacionales. Comenzará su existencia con un depósito de mil millones de dólares, fondos transferidos de la cuenta "petróleo por alimentos" de los Estados Unidos. El programa "petróleo por alimentos" será eliminado progresivamente durante un período de seis meses. La resolución requiere una revisión cada año, paso requerido por Alemania y Francia. Siria, el único país árabe representado en el consejo, estuvo ausente de la reunión.

George W. Bush, presidente de los Estados Unidos, recalcó que la invasión de Iraq no fue de ocupación sino de "liberación" y el 1 de mayo de 2003 declaró el fin de los principales combates. A mediados de ese mes Bush dijo que el gobierno democrático iraquí sería establecido "tan pronto se pueda". Antes de la invasión Bush prometió un traspaso rápido del poder a un gobierno democrático, empezando por la redacción de una constitución iraquí.

Para dirigir la reconstrucción, se creó la Oficina para la Reconstrucción y la Asistencia Humanitaria. De abril a mayo de 2003, la ORHA fue guiada por el general Jay Garner, quien fue reemplazado más tarde por el administrador civil estadounidense Paul Bremer. Se empezó a compartir algunos poderes con un consejo de gobierno provisional iraquí.

El 16 de mayo las autoridades estadounidenses abandonaron el plan de dar autoridad a un gobierno civil iraquí electo y presentaron ante la ONU una resolución para dar a los Estados Unidos y Gran Bretaña el poder de aplicar sanciones económicas a Iraq, permitiendo a los países aliados explotar los recursos del petróleo como pago por reconstruir Iraq (destruida durante la guerra, principalmente por las tropas de la coalición). La resolución les permitiría nombrar por sí mismos a un gobierno provisional.

La Autoridad Provisional de la Coalición dividió Iraq, por asuntos administrativos, en tres zonas de seguridad: una zona norte en la región de Mosul-Kirkuk, una zona central en la región Bagdad-Tikrit y una zona sur en la región Basora-Nasiriya. Las zonas norte y central están guarnecidas por tropas estadounidenses, mientras que la zona sur está guarnecida por tropas polacas (alrededor de Nasiriya) y británicas (alrededor de Basora). Estados Unidos expuso planes para mantener la autoridad militar, aunque se está creando un nuevo Ejército Iraquí.

El paradero de Saddam Husein fue desconocido durante varios meses, hasta que el 13 de diciembre de 2003, Hussein fue arrestado en una operación conjunta, efectuada por efectivos kurdos iraquíes y soldados estadounidenses, mientras se encontraba escondido en un sótano en los alrededores de su localidad natal, Tikrit. Entre las primeras imágenes transmitidas, se mostró a Hussein siendo examinado, así como el estado en que se encontraba en el momento de ser capturado.

Luego de ocupar el país, los estadounidenses decidieron utilizar uno de los palacios de Bagdad como enclave para establecer una zona de operaciones segura. El edificio seleccionado fue el Palacio de la República, que fue construido por los británicos en 1920 como sede para el gobierno colonial, y más tarde sirvió como palacio real, una vez que el país alcanzó su independencia. Durante el gobierno de Huseín, el palacio sirvió de hogar del presidente y su familia. También era conocido por contar con númerosos jardines y plantas, pero los estadounidenses le asignaron el nombre de Zona Verde, no por esta razón, sino porque su intención era convertirlo en un sitio seguro para las autoridades militares y civiles que administrarían el país hasta que la resistencia fuera vencida de manera definitiva.

La Zona Verde consiste en un aréa de cinco kilómetros, desde la orilla del río Tigris hasta los antiguos monumentos que Saddam mandó construir para conmemorar la guerra con Irán. Alberga en su interior numerosas oficinas administrativas, las principales residencias de los funcionarios del nuevo gobierno, hoteles donde se alojan los periodistas que vienen del extranjero, etc. Así, el Palacio de la República pasó a convertirse en la más grande embajada de los Estados Unidos en todo el mundo. La Zona también cuenta con su propia estación de radio, canchas deportivas, piscinas, bares y restaurantes, un suministro permanente de energía eléctrica y agua potable, a pesar de que los habitantes de Bagdad deben sufrir constantes cortes de estos servicios esenciales.

A pesar de estar protegidas por gruesas paredes de hormigón, armamento pesado y miles de soldados, los milicianos iraquíes no dejan de lanzar cohetes o proyectiles de mortero contra la Zona Verde, en un intento por hostigar a los invasores. El 26 de octubre de 2003, la resistencia disparó entre seis y ocho misiles contra el hotel Rachid, en el momento en que Paul Wolfowitz se encontraba ahí de visita por la nación ocupada. Wolfowitz logró salir ileso del ataque, pero un coronel del ejército estadounidense murió y otras 17 personas resultaron heridas.

El comienzo de 2004 se caracterizó por una relativa calma en la violencia. Sin embargo, la violencia aumentó durante la primavera con combatientes contra una filial de al-Qaeda, dirigida por Abu Musab al-Zarqawi para ayudar a conducir la insurgencia.

A medida que la insurgencia creció hubo un cambio en la orientación de las fuerzas de la coalición hacia las nuevas fuerzas de seguridad iraquíes, cuando cientos de civiles iraquíes y la policía fueron asesinados en los siguientes meses en una serie de atentados masivos. Una organizada insurgencia sunni, con raíces profundas nacionalistas y motivaciones islamistas, era cada vez más poderosa en todo Iraq. Los chiítas del Ejército Mahdi también comenzaron a lanzar ataques contra objetivos de la coalición en un intento de tomar el control de las fuerzas de seguridad iraquíes. En las zonas urbanas del sur y el centro de Iraq estallaron de luchas de guerrillas.

La más grave lucha hasta la fecha se inició el 31 de marzo de 2004, cuando insurgentes iraquíes en Faluya tendieron una emboscada a un convoy de los Estados Unidos en la que cuatro contratistas militares privados fueron asesinados con granadas y disparos de armas pequeñas. Posteriormente, sus cuerpos fueron arrastrados de sus vehículos, golpeados, quemados y colgados en un puente que atraviesa el Éufrates.

Este echo, el asesinato de los contratistas, desencadenaría una serie de eventos que acabarían con el delicado equilibrio en Najaf, Faluya y su entorno, llevando a una sucesión de caos y violencia. Así 1 de Abril el general de Brigada Mark Kimmitt promete capturar a los agresores y pacificar la ciudad. El 3 de Abril se convierte en el día clave. Por un lado la primera fuerza expedicionaria de los Marines de los Estados Unidos recibe la orden de lanzar una ofensiva sobre Faluya. Y por otro una unidad de operaciones especiales captura en Najaf al lugarteniente de Muqtada al-Sadr, Mustafa al Yacoubi, buscado por el asesinato de un líder chiíta que regresó a Iraq tras la invasión liderada por EE.UU.. El 4 de Abril los Marines comienzan su asalto sobre Faluya, involucrando a más de 2000 soldados (conocida como la primera Batalla de Faluya). Mientras Muqtada al-Sadr comenzaría una revuelta en Najaf, la cual se ha venido llamando en muchos sectores de habla hispana como la Batalla del 4 de abril. El levantamiento comenzó con protestas debido al cierre de al-Hawza, un periódico de Sadr, la semana anterior, y por el arresto de Mustafa al Yacoubi el Sábado, acabando con un ataque a gran escala sobre las tropas de la coalición.

Ambas batallas resultarían un fracaso. La Primera Batalla de Faluya se alargaría hasta el primero de Mayo, al retirarse las tropas estadounidenses de la ciudad tras una dura contraofensiva insurgente el día 27. Mientras en Najaf, que amanecería el día 4 con un ataque sobre las posiciones de la coalición en la ciudad, la lucha se alargaría hasta el día siguiente sin llegar a pacificar la ciudad. A la larga, el grave deterioro de la situación forzaría a la retirada de las tropas españolasal finales del mismo mes, siendo sustituidas por elementos del 2° Batallón de la "1st Armored Division's Task Force" (2-37 AR). Los enfrentamientos esporádicos durante el mes de Mayo entre las diferentes facciones iraquies en la ciudad llevarían finalmente a un duro enfrentamiento entre el 2-37 AR y el ejército del al-Mahdi en el cementerio de Najaf.

Agosto sería testigo, de nuevo en Najaf, de nuevos enfrentamientos entre tropas estadounidenses y el ejército del al-Mahdi entorno al cementerio Wādī' as-Salām. La batalla terminaría 3 semanas después cuando el gran Ayatolá Alī Al-Sīstānī logró con negociaciones el cese de las hostilidades.

La ofensiva sobre Faluya se reanudó en noviembre de 2004 en la batalla más sangrienta de la guerra hasta la fecha: la segunda Batalla de Faluya, descrita por militares de los Estados Unidos como "el más pesado de combate urbano desde la batalla de Hue City en Vietnam". Durante el asalto, las fuerzas de los Estados Unidos utilizan fósforo blanco como un arma incendiaria contra los insurgentes, generando controversia. Los 46 días de batalla dieron lugar a una victoria de la coalición, con 95 estadounidenses muertos contra 1.350 bajas entre los insurgentes. Faluya fue devastada durante los combates.

Otro acontecimiento importante de este año fue la revelación del abuso de prisioneros en Abu Ghraib que recibió la atención de los medios en abril de 2004. En primer lugar los informes de abuso, así como imágenes gráficas que muestran el personal militar estadounidense abusando de prisioneros iraquíes. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos expulsó a 17 soldados y oficiales del servicio, mientras que siete soldados fueron condenados a penas de prisión, rebajados de rango y dados de baja en forma deshonrosa. La la Brigadier General Janis Karpinski, comandante de la prisión, fue rebajada de su rango a coronel el 5 de mayo de 2005.

El 28 de junio del año anterior, Bremer, en representación del gobierno de los Estados Unidos, entregó formalmente la soberanía al gobierno iraquí. En la práctica, este gobierno se ve severamente limitado por la ausencia en él de importantes líderes chiítas, la falta de control sobre las actividades de las tropas extranjeras, y los ataques de la resistencia iraquí.

Durante varios meses, los Estados Unidos sostuvieron que tenían la intención de convocar una asamblea constituyente, compuesta por iraquíes influyentes. La fecha tope para esta convención fue pospuesta una y otra vez hasta que se suspendió definitivamente. Los puestos locales y regionales son elegidos por un selecto grupo en un intento por evitar la elección de personas que se opongan a la presencia de los Estados Unidos y Gran Bretaña, incluyendo clérigos religiosos y otros funcionarios considerados radicales y peligrosos.

Para tratar de reprimir la resistencia organizada y el creciente descontento popular, los Estados Unidos comenzó el entrenamiento de las fuerzas policiales, desplegó por todo el país de fuerzas paramilitares estadounidenses e inició la creación del núcleo de un nuevo ejército alrededor de fuerzas kurdas y antiguos mandos medios del ejército de Husein.

El establecimiento de un nuevo gobierno civil en Iraq es complicado por las diferencias religiosas entre la mayoría chiíta y la clase suníta gobernante. Además, en el norte iraquí, los kurdos tuvieron una autonomía de facto durante 12 años bajo la protección de la zona de exclusión de vuelo y reclaman su autonomía jurídica en el territorio donde están asentados.

Durante la invasión, los Estados Unidos declaró disueltos el ejército y las fuerzas de seguridad iraquíes, acusándolas de estar corruptas y bajo el control de los fieles a Husein. Poco después, ante la incapacidad de controlar la situación, especialmente en las ciudades suníes, se han visto obligados a volver a reclutar a un gran número de efectivos de todos los rangos. Esto, junto con la situación desastrosa tras años de bloqueo y la invasión, que habían destruido gran parte de las infraestructuras del país, han motivado serias dificultades a los estadounidenses para mantener el control de ciudades, carreteras e infraestructura petrolífera.

El 5 de noviembre de 2006, tras dos años de juicio Husein fue condenado, junto con otros dos acusados, "a morir en la horca" por el Alto Tribunal Penal iraquí; que lo encontró culpable de haber cometido un crimen contra la Humanidad, por la ejecución de 148 chiítas de la aldea de Duyail en 1982. También se le atribuye la responsabilidad por el ataque químico a Halabja (1988), el aplastamiento de la rebelión chiíta (1991), la guerra contra Irán (1980-88), y la invasión de Kuwait (1990).

En los dos años del juicio, Hussein se mostró desafiante ante el Tribunal Iraquí que el 28 de diciembre de 2006, el confirmó la orden de ejecución para el 2 de enero de 2007. Saddam Husein fue ejecutado el 30 de diciembre de 2006. Fue ahorcado por el cargo de crímenes contra la humanidad.

Después de su ejecución circularon por internet videos (captados con teléfonos celulares) que mostraban el momento en que Saddam Husein era colgado.

En su discurso a la nación del 10 de enero de 2007 George Bush declaró que la prioridad más urgente para el éxito en Iraq era la seguridad y anunció como la piedra angular de su estrategia el envío de 21.500 soldados y $ 1.2 millones para este programa.

Las presiones sobre tropas estadounidenses se vieron agravadas por la continua retirada de las fuerzas británicas de la gobernación de Basora. A principios de 2007, el Primer Ministro británico Tony Blair anunció que, a raíz de la Operación Simbad las tropas británicas podrían comenzar a retirarse de Basora y entregar el manejo de la seguridad a los iraquíes. Este anuncio fue confirmado en el otoño por Primer Ministro Gordon Brown, el sucesor de Blair, que de nuevo esbozó un plan de retirada de las restantes fuerzas del Reino Unido con una retirada completa la fecha en algún momento a fines de 2008. En julio el Primer Ministro danés Anders Fogh Rasmussen anunció también la retirada de 441 soldados daneses de Iraq, dejando sólo una unidad de nueve soldados de la dotación cuatro helicópteros de observación.

La seguridad de la Zona Verde, sostenida por el Alto Mando estadounidense, quedó en entredicho cuando el 13 de abril, un atacante suicida logró llegar hasta la cafetería del Parlamento, para detonar una carga explosiva que provocó la muerte de tres legisladores iraquíes y causó heridas a 23 personas más.

En 2007 también se registró un fuerte aumento de atentados insurgentes con cloro.

Turquía inicia una ofensiva militar en el norte de Iraq contra la guerrilla kurda del PKK pese a la oposición Iraquí y estadounidense. Los combates se desarrollan en la provincia de Dohuk, en el kurdistán iraquí. Hasta hoy las autoridades turcas han confirmado la muerte de 230 rebeldes kurdos y 27 militares turcos.

Sectores chiítas, de quienes los invasores esperaban apoyo y acogida, se han levantado liderados del clérigo Muqtada al-Sadr y se han hecho fuertes en la ciudad de Nayaf, de gran importancia religiosa. Al Sadr, tras haber visto cómo su periódico era prohibido por las tropas invasoras y él mismo era objeto de persecución, ha llamado a la unidad entre sunníes y shiíes para defender la soberanía del país.

Paralelamente, la ciudad de Faluya se levantó contra los ocupantes y realizó una defensa ante el sitio al que fue sometida, obligando al ejército de los Estados Unidos a buscar la mediación de autoridades religiosas para su retirada y a la designación de antiguos militares del régimen de Saddam Husein como encargados de la seguridad de la ciudad, en un irónico giro respecto a su estrategia inicial hacia miembros del antiguo ejército iraquí y militantes del Partido Baath.

La Fuerza Multinacional - Iraq es un mando militar dirigido por los Estados Unidos que lucha contra insurgentes iraquíes. La Fuerza Multinacional - Iraq sustituyó a la anterior fuerza en mayo de 2004. Los medios de comunicación en los Estados Unidos han promovido el uso de la expresión "Coalición dirigida por los Estados Unidos" para describir esta fuerza, ya que alrededor del 93% de las tropas desplegadas pertenecen a ese país. La mayoría de las otras naciones han confinado a sus hombres en su bases debido a la violencia generalizada.

En los meses que siguieron a la ocupación, empezó a registrarse un promedio de una muerte diaria de miembros de las fuerzas estadounidenses y británicas, en ataques con francotiradores, bombas suicidas y emboscadas. Algunos ataques contra las fuerzas de la ocupación han resultado como represalia a los abusos de las fuerzas ocupantes, como cuando seis soldados británicos murieron tras disparar contra cuatro manifestantes en una protesta.

Tales ataques son celebrados rabiosamente por los habitantes del país, desahogando la impotencia en la que se encuentran frente a la ocupación. Particular impacto tuvo el caso de Faluya, donde varios agentes de inteligencia estadounidense fueron incinerados y sus restos colgados de un puente de la ciudad, lo que desencadenaría una fuerte contraofensiva militar estadounidense sobre esta ciudad suní. Varios grupos de diversas tendencias políticas y religiosas continúan llevando a cabo una dura resistencia contra la ocupación. Dicha resistencia es particularmente firme en el centro sunní de Iraq, que fue la base del poder de Husein, si bien grupos chiíes adeptos al clérigo Muqtda al-Sadr también han realizado una fiera defensa de los lugares santos de ese culto musulman.

Los ataques de la resistencia se suceden a diario, habiéndose superado la cifra de 2.600 militares estadounidenses y más de cien de otras nacionalidades caídos desde el comienzo de la intervención durante el mes de abril de 2004. Ese mes presentó el balance más negativo para los invasores, haciéndose patente una clara tendencia al incremento de las actividades de la resistencia tanto en Bagdad como en las demás ciudades importantes del país. La ofensiva de los rebeldes iraquíes ha golpeado a las tropas estadounidenses y sus aliados, tanto en los centros urbanos como en las carreteras. También se han visto entorpecidas las labores de construcción de infraestructura que adelantan los contratistas extranjeros en oleoductos, terminales petroleras del Golfo Pérsico y las rutas de suministros para las tropas invasoras que son transportados por ferrocarril.

Parte de la estrategia de la resistencia consiste en sabotear la logística de las tropas ocupantes. Los Estados Unidos tuvieron la intención de reconstruir rápidamente la infraestructura petrolera iraquí para que la producción, ahora en manos de contratistas estadounidenses, volviera a los niveles previos a la guerra, pero la destrucción de los oleoductos asestó un duro golpe a esta iniciativa. Entre algunos de los grupos que reivindican los ataques contra la ocupación de la coalición y el sabotaje figuran el Frente Nacional Iraquí de los Fedayines de Sadam, el Partido Serpiente y el Regreso.

En la tabla Infobox en la parte superior derecha aparece la cifra de muertos de la coalición, que incluye el números de víctimas por naciones, los contratistas, no los civiles iraquíes, los periodistas, los medios de comunicación asistentes, trabajadores de ayuda humanitaria, heridos, etc. El artículo principal también da explicaciones para la amplia variación en las estimaciones y muestra las muchas formas en que se produce el conteo. Las cifras de accidentes, especialmente las de iraquíes, son muy controvertidas. En esta sección se ofrece una breve reseña.

El General estadounidense Tommy Franks estimó poco después de la invasión que se había producido 30.000 bajas iraquíes a partir del 9 de abril de 2003. Después de esta primera estimación no se hizo pública ninguna otra estimación.

En diciembre de 2005 el Presidente Bush dice que hay 30.000 iraquíes muertos. El portavoz de la Casa Blanca Scott McClellan dijo más tarde que "no era una estimación oficial del Gobierno", y se basó en los informes de prensa.

La coalición comandada por Bush no encontró ninguna de las supuestas armas de destrucción masiva que se utilizaron como pretexto para la invasión de Iraq.

Esto provocó una encarnizada lucha de credibilidad de Tony Blair contra la empresa de comunicaciones BBC a la cual el Poder Judicial Británico había quitado la razón frente al premier británico, pero las encuestas revelaron que en 2003 su credibilidad cayó notablemente en favor de la BBC. Algunos grupos de Australia reclamaron su dimisión.

En cuanto a George W. Bush, argumentó que había actuado por información de la CIA. El director de la Agencia negó que se hubiera afirmado la existencia de armas de destrucción masiva en Iraq. El presidente estadounidense creó, en consecuencia, una comisión destinada a investigar si los informes de inteligencia justificaban la invasión a Iraq.

Esta guerra ha acelerado el deterioro de la imagen de los Estados Unidos en el mundo. A esto hay que añadir el hecho de que algunos militares estadounidenses han sido acusados formalmente por crímenes de guerra, siendo los casos más sonados los homicidios del camarógrafo español José Couso y del agente italiano Nicola Calipari. En ambos incidentes el ejército estadounidense rechazó que sus efectivos hubieran cometido crímenes de guerra y determinó que tales acusaciones eran irrelevantes, pero tanto las autoridades españolas como las italianas llegaron a conclusiones diferentes, y por esto en España se dictó una orden de aprehensión contra el sargento Thomas Gibson y otros dos soldados por el presunto asesinato del camarógrafo Couso, mientras que un tribunal de Roma decidió enjuiciar al soldado Mario Lozano por el cargo de asesinato contra el agente Nicola Calipari, y dos cargos más por intento de asesinato contra la periodista Giuliana Sgrena10.

En un informe titulado "Los civiles sin protección: el continuo empeoramiento de la crisis humanitaria en el Iraq", producido después de la intensificación de las operaciones militares estadounidenses llevadas a cabo en Bagdad a partir de de febrero de 2007, la Media Luna Roja dijo que millones de iraquíes se encuentran en una situación desastrosa que está empeorando. La Cruz Roja dijo que los hospitales y otros servicios importantes están dramáticamente cortos de personal, ya que más de la mitad de los médicos han abandonado el país.

De acuerdo con un funcionario del gobierno iraquí, 1.944 civiles y al menos 174 soldados y policías fueron asesinados en mayo de 2007, un aumento del 29% con respecto a las muertes de civiles durante abril. Las estimación del gobierno iraquí sobre el número de muertes de civiles ha sido siempre más bajos que los informes de investigadores independientes. Los ataques con morteros en la capital se están convirtiendo en letales.

La mayoría de los aproximadamente 20 cadáveres por día encontrados por la policía entre junio y julio de 2007 llevaban los ojos vendados y disparos al estilo ejecución. La policía atribuyen estas muertes a los escuadrones de la muerte sunníes y chiíes. De acuerdo con fuentes médicas en Bagdad, muchos también han mostrado señales de tortura y mutilación.

Como medida de presión para que los Estados Unidos y sus aliados militares abandonen el territorio iraquí, el 8 de abril de 2004 comenzó una campaña desestructurada y espontánea de secuestros de ciudadanos de las naciones invasoras, con la retención de tres japoneses, ocho surcoreanos y dos israelíes árabes. A lo largo del mes, la cifra de retenidos supero los 40, y ante la inseguridad los países de la coalición conminan a sus ciudadanos civiles a abandonar Iraq. De hecho las tropas filipinas se retiraron totalmente del territorio iraquí tras negociar con un grupo de la resistencia la liberación de uno de sus ciudadanos.

La diferenciación que hacen los estadounidenses entre guerra de guerrilla y terrorismo es difusa y se tiende a considerar que todo movimiento armado de resistencia en el mundo es, por definición, "terrorista".

La inmensa mayoría de la sociedad española se manifestó en contra del apoyo mostrado por el entonces presidente del gobierno José María Aznar el cual hizo caso omiso de la opinión pública. Este hecho entre otros, motivó un cambio de gobierno en el que el partido socialista (PSOE) obtuvo mayoría tras los atentados del 11 de Marzo del mismo año, si bien José María Aznar ya estaba alejado de la política en este momento del cambio de gobierno. Establecido el nuevo gobierno, la primera medida que adoptó fue la de ordenar la retirada de España de Iraq (marzo de 2004). Seguidamente, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Filipinas adoptaron la misma medida restando apoyo internacional a la ocupación.

Poco a poco han aumentado las voces que afirman que no es posible alcanzar una victoria militar en Iraq e incluso el senador estadounidense Harry Reid, líder de la mayoría demócrata, declaró que la guerra está pérdida, y comparó el conflicto con la Guerra de Vietnam 11.

Diferentes analistas han querido ver en la invasión de Iraq de 2003 el punto de partida entre el fin de la era unipolar estadounidense, que se inició tras el derrumbe de la URSS, y el comienzo de un nuevo orden internacional multipolar en el que el poder global estará repartido en diferentes bloques, liderados cada uno por una potencia regional, manteniendo así un nuevo equilibrio en el mundo.

Tiempo después de la invasión Paul Wolfowitz declaraba en Singapur en mayo de 2003: “Veámoslo de forma sencilla. La diferencia más importante entre Corea del Norte e Iraq es que, económicamente, en Iraq no teníamos alternativa. El país nada en un mar de petróleo”.

Más tarde, Alan Greenspan, ex presidente del banco central estadounidense (la Reserva Federal), aseguró en su libro de memorias que el verdadero motivo para invadir Iraq sería capturar el petróleo y no las razones expresdas públicamente relativas a las supuestas armas de destrucción masiva, liberar al pueblo iraquí de la dictadura de Saddam o establecer una democracia.

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Proyecto Justicia y Vida

La asociación Proyecto Justicia y Vida es una organización no gubernamental, cristiana, incluyente y sin ánimo de lucro, cuyo objetivo principal es trabajar por la vigencia y la defensa de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y la promoción de la justicia en Colombia, la restauración, la reconciliación y la paz en relación con las víctimas de la violencia política.

El Proyecto Justicia y Vida nace en el año 2001 como una iniciativa de profesionales, líderes sociales y líderes eclesiales que viendo la necesidad de contribuir a la construcción de una sociedad justa e incluyente, toma partida por las víctimas y desde allí le apuestan a un nuevo modelo de sociedad donde todos sean incluidos y disfruten de una vida digna, es así que en los primeros meses del 2001, se inician trabajos en los sectores más empobrecidos de Bogotá.

La experiencia de estos años con las comunidades y la cercanía con estos sujetos sociales, han ayudado a definir el perfil y el carácter de la organización con un compromiso más solidó por la justicia y con una estructura definida.

Esta área desarrolla varias líneas de trabajo así: La defensa penal de personas y comunidades que han sido implicadas en delitos políticos y que por no contar con recursos económicos suficientes no pueden contratar un abogado para que les defienda eficazmente. La segunda es la accesoria jurídica a comunidades marginales, en especial aquellas que han sido desplazadas por la violencia sociopolítica y se enfrentan a todo tipo de vulneración a sus derechos. La tercera es la defensa de los derechos colectivos de las comunidades, en la actualidad Justicia y Vida lleva un caso emblemático de defensa a la vivienda digna de la comunidad de Brisas del Volador en Ciudad Bolívar, ante la amenaza de un injusto desalojo de los pobladores de este sector.

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Esta área promueve la formación de líderes comunitarios, sociales y eclesiales en una mejor comprensión de la situación de violación constante a los Derechos Humanos y el papel de las organizaciones en la exigibilidad de sus derechos y la reconstrucción del tejido social.

Desde sus inicios Justicia y Vida le ha dado una gran importancia a la investigación y la sistematización de las experiencias colectivas y la comprensión de todos los fenómenos sociales en la política y la economía; en cuanto que la reflexión critica y la producción investigativa han sido una valiosa herramienta en la comprensión de la sociedad y en la exigibilidad de los derechos, por esto se impulsa el Círculo del Pensamiento Critico Latinoamericano y La Cátedra Camilo Torres, Pensamiento de Liberación en América Latina en conjunto con la Universidad Nacional de Colombia y también seminarios y talleres para investigadores sociales con investigadores de gran renombre en el mundo académico por su valioso aporte, como el Dr. Franz Hinkelammert, quien hace varios años nos viene acompañando en la formación del semillero de investigadores sociales y que es el Presidente de la Junta Internacional junto a François Houtart de Justicia y Vida.

Justicia y Vida realiza constantemente ruedas de prensa visibilizando la grave situación de violación a los derechos humanos por parte del estado, sensibilizando a la opinión publica del problema, incidiendo a nivel internacional la presión hacia el gobierno de Colombia para que asuma compromisos de respeto y cumplimiento a los derechos humanos.

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