Terrorismo de Estado

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Publicado por astro 22/04/2009 @ 20:09

Tags : terrorismo de estado, terrorismo, sociedad

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Terrorismo de Estado

Edificios en los que funcionó la Escuela de las Américas en Panamá

El terrorismo de Estado consiste en la utilización, por parte de un Gobierno, de métodos ilegítimos orientados a inducir el miedo en una población civil determinada para alcanzar sus objetivos sociales, políticos o militares, o fomentar comportamientos que de otra forma no se producirían. Dichas actuaciones se suelen justificar por la "Razón de Estado".

En el ámbito de la filosofía política existe polémica con respecto a lo que constituye actos de terrorismo de Estado o no. Por ejemplo, se ha argumentado que los bombardeos sistemáticos "de alfombra" sobre ciudades alemanas y japonesas durante la II Guerra Mundial de parte de la aviación británica y norteamericana, al igual que los bombardeos alemanes contra Londres y otras ciudades, podrían caber dentro de la definición de terrorismo de Estado, pero no suelen ser considerados como tales.

También se ha llegado a considerar que las organizaciones secretas financiadas por el estado y sin control democrático de los ciudadanos, entre ellas la CIA, el KGB, el Mosad, el MI5 y MI6 de Inglaterra, el Grupo COLINA del Perú, el DGSE de Francia, el BND de Alemania, el SIS de Portugal, el SISMI de Italia y otras, han participado o participan de sabotajes, asesinatos extrajudiciales, atentados e inclusive en la financiación y entrenamiento de grupos que se disponen a hacer dichas actividades. Se ha argumentado que ese fue el tipo de apoyo que se le prestó durante la guerra soviética en Afganistán a grupos islámicos (incluyendo a personalidades como bin Laden) y a la Contra nicaragüense. Según ese razonamiento, muchos de los organismos y agencias de inteligencia serían, pues, organizaciones terroristas dirigidas por el estado.

Durante la dictadura de Idi Amin también sa ha practicado el terrorismo de Estado, gobernando el país con los militares durante una década (1972-1979). Su gobierno se cobró las vidas de entre 300.000 y 500.000 ugandeses, e hizo desaparecer la minoría empresarial indo-oriental de Uganda. Solía alimentar a sus cocodrilos con la carne de sus enemigos políticos. El mismo tirano solía también alimentarse con la carne de sus opositores.

La Guerra sucia terminó hace años, y la situación de los derechos humanos en Argentina ha mejorado mucho. Al abrirse la posibilidad de condenar por "genocidio" los crímenes de Estado durante ese período, se ha comenzado a juzgar a militares, curas y policías. Sin Embargo, el destino de muchos de los 30.000 desaparecidos durante la guerra sucia sigue siendo un enigma. Por muchos años, leyes concilitatorias evitaron la investigación y el castigo, habiéndose condenado sólo a los jefes de las cúpulas militares, indultados años después. Finalmente han sido anuladas y algunas investigaciones comienzan a reactivarse. Niños, ahora adolescentes y jóvenes, que fueron arrancados de los brazos de sus madres desaparecidas, siguen viviendo con sus familias adoptivas (muchas veces parientes o amigos de los mismos asesinos de sus padres), sin saber cuál es su verdadera identidad. Sus abuelos y familiares los siguen buscando.

Según la Comisión Valech durante el régimen militar de Augusto Pinochet se violaron los derechos humanos de cerca de 30 mil personas, de las cuales unas 3 mil resultaron fallecidas. Con la vuelta a la Democracia en 1990, han sido condenados gran parte de los involucrados en diversos actos realizados por medio de la Dirección de Inteligencia Nacional, conocida por el acrónimo DINA. Si bien ya no existen instituciones de represión política por parte del Estado, ni actos terroristas por parte de grupos extremos, algunos sectores califican como Terrorismo de Estado el trato dado al pueblo Mapuche.

Genocidio de población maya durante la guerra de 1960-1996, acciones de terrorismo de estado acompañaron la violencia política contra sindicatos, organizaciones estudiantiles, obreras, campesinas y eclesiásticas. Estrategia de tierra arrazada en territorios con presencia guerrillera implicaron el exterminio de comunidades rurales enteras con actos como violaciones sistemáticas, asesinato de mujeres embarazadas, dejando vivos algunos testigos para que difundieran el terror vivido.

Los Estados Unidos han brindado ayuda en armamentos, recursos y capital financiero a UNITA en Angola, a Escuadrones de la Muerte en El Salvador, los Contra de Nicaragua y a futuros miembros de Al Qaeda contra los soviéticos en Afganistán. El gobierno de los Estados Unidos apoyó a regímenes dictatoriales que tenían una política de Terrorismo de Estado como el régimen de Augusto Pinochet en Chile y en especial la Operación Cóndor, y a los gobiernos centroamericanos acusados de cometer genocidios hacia etnias y comunidades indígenas en los 80s (Gobierno de Efraín Ríos Montt en Guatemala, entre otros), así mismo se recuerda el apoyo al régimen totalitario de Suharto en Indonesia y su invasión a Timor Oriental en los años 70s. También ha patrocinado y permitido que algunos grupos favorables a su política exterior y acusados de terrorismo operen y residan dentro de su territorio, ejemplos de ello serían la Fundación Nacional Cubano Americana, Alpha66 y Hermanos al Rescate.

Dictadura en el Paraguay de Alfredo Stroessner: durante su régimen (1954-1989) fueron eliminadas entre 3.000 y 4.000 personas, debido a sus tácticas de mano dura contra los comunistas y a los que se oponían al régimen, empleando la tortura, el secuestro, asesinatos políticos y el crecimiento de la corrupción.

Durante la guerra interna entre el movimiento subversivo Sendero Luminoso y el estado peruano, bajo la dictadura civil de Alberto Fujimori, el gobierno fue culpable de algunas muertes a ciudadanos inocentes presuntamente señalados como terroristas.

Durante la década de 1960 y 1970 en México se vivieron episodios de terrorismo de estado. La represión de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco México D.F. es una muestra de la actitud del gobierno en turno hacia las demandas de las clases obreras y estudiantiles. Oficialmente se habla de 70 muertos, pero las cifras extraoficiales los indican en miles. Además de que existieron desapariciones forzadas.

El gobierno creó agrupaciones paramilitares como el Batallón Olimpia, Los Halcones y la Brigada Blanca para "aplastar" a los guerrilleros o comunistas en México. La Brigada Especial, como se le llamó oficialmente a la Brigada Blanca, que integró en junio de 1976 un grupo con 240 elementos, entre policías del D.F. y del estado de México; militares y personal de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), así como de la Policía Judicial Federal, para “investigar y localizar por todos los medios a los miembros de la llamada Liga Comunista 23 de Septiembre. De acuerdo a afectados dejó un número de muertos supera los 500. La Brigada Blanca fue disuelta en 1983, pero a más de 25 años de su desaparición muchas de sus actividades e ilícitos siguen impunes, a pesar de la Fiscalía Especial (creada durante el sexenio de Vicente Fox, 2000-2006) para aclarar los delitos durante la "Guerra Sucia" en México.

Los diversos gobiernos mexicanos en esa etapa realizaron terrorismo de estado contra algunos sindicatos o personas de la población civil que no estaban de acuerdo con el régimen estatal. Nefastos personajes como Arturo "El Negro" Durazo o Miguel Názar Haro son muestra representativa de los excesos policiacos durante estos años.

Régimen de Pol Pot, responsable del genocidio camboyano: en abril de 1975, Phnom Penh es tomada por los comunistas, que toman el poder y renombran el país como «Kampuchea democrática». Una gran parte de la población (unos 2 millonesde personas, la quinta parte de la población de la época, aproximadamente) fue masacrada de acuerdo con las órdenes de Pol Pot.

Durante la Revolución China (1949-1976), finalizada la II Guerra Mundial, con su conductor Mao Tse-Tung al frente, se ha practicado el terrorismo de Estado, asesinando y torturando a millones de personas, por diferencias políticas, religiosas, etc. Hoy se sabe que millones de personas murieron durante su gobierno, y por eso Mao es considerado por muchos historiadores uno de los mayores tiranos del siglo XX. Sin contar con la invasión del Tíbet, cerca de 70 millones de personas murieron en consecuencia directa de sus políticas que condujeron al hambre de su pueblo, a la migración en masa de personas y a la persecución y ejecución de adversários políticos.

Una actividad del estado de Israel condenada repetidamente por la comunidad internacional son los llamados asesinatos selectivos o contraterrorismo: muertes decididas por el gobierno, las fuerzas armadas u otras instancias del estado israelí, en la que no se respetan ninguno de los pasos habituales en un sistema judicial (acusación, derecho a defensa, juicio y condena), y que suelen producir víctimas entre la población civil.

Según los detractores de la política de Israel, estos asesinatos son ilegales según el artículo 3 de la Convención de Ginebra que señala taxativamente en su punto 1d que están y se mantendrán prohibidos en cualquier tiempo y lugar las ejecuciones, sin previo juicio de una corte oficialmente constituida y asumiendo todas las garantías judiciales reconocidas como indispensables en los países civilizados.

Sin embargo, y dado que este artículo se aplica a toda persona que no tome parte activa en las hostilidades, incluyendo miembros de fuerzas armadas que hayan abandonado sus armas y aquellas personas fuera de combate por enfermedad, heridas, detención o cualquier otra causa... las "ejecuciones extrajudiciales" de los miembros de los llamados grupos terroristas palestinos, quedarían fuera del ámbito de la aplicación de dicho artículo, dado que según la Convención de Ginebra, estos son considerados como combatientes. Y la Convención de Ginebra no establece obligación alguna de juzgar a combatientes enemigos antes de ser abatidos.

La política de asesinatos extrajudiciales, o contraterrorismo, es presentada por las autoridades israelíes como acto de autodefensa frente al terrorismo, como una medida que se aplica para la eliminación miembros o líderes de organizaciones terroristas directamente involucrados en el planeamiento o ejecución de un atentado. El criterio más citado es el de bomba de tiempo, es decir, un terrorista involucrado en el planeamiento o ejecución de un atentado futuro, en cuyo caso la medida tiene un valor preventivo.

Los detractores de esta práctica denuncian la ilegalidad de estas eliminaciones puntuales o asesinatos selectivos, como son denominadas por Israel, al ser realizadas sin juicio previo, y al implicar habitualmente la muerte de civiles inocentes. Este hecho ha generado muchas protestas dentro de la propia sociedad israelí, en muchos casos provocando casos de desobediencia por motivos de conciencia entre los miembros del ejército involucrados en las acciones.

Según los datos propios del Centro Palestino de Derechos Humanos, desde el inicio de la segunda Intifada hasta el 3 de marzo de 2004 el ejército israelí y los colonos han causado la muerte a 2129 civiles palestinos, de los cuales 464 eran menores de 17 años.

Del total antes mencionado, 337 murieron en estas denominadas "ejecuciones extrajudiciales", de los que 134 eran personas que se encontraban accidentalmente en el lugar del ataque, 40 de ellos niños.

El dirigente palestino más destacado abatido por Israel fue el jeque Ahmed Yassin, fundador y «líder espiritual» de la organización terrorista Hamás, responsable o instigador de la muerte de cientos de civiles israelíes en atentados terroristas suicidas. Yassin, de 66 años, parapléjico y prácticamente ciego desde su niñez, murió al ser alcanzado por misiles disparados desde un helicóptero israelí; en el ataque murieron otros siete integrantes de Hamás, y quince personas más fueron heridas, entre ellos los propios hijos de Yassin.

Si bien las autoridades palestinas no gobiernan sobre un Estado, sino sobre un territorio que al día de hoy no es independiente, al poseer muchas de las atribuciones de un gobierno soberano, como autoridad sobre policía, educación, etc., las diversas acciones de violencia hacia su propio pueblo realizadas por las autoridades palestinas —las cuales apuntan, básicamente aunque no solamente, a quienes puedan ser sospechosos de cualquier tipo de colaboracionismo hacia Israel—, también puede ser considerado como Terrorismo de Estado.

Terrorismo de Estado se ha practicado durante la dictadura Sadam Husein. Ordenado, por parte del dictador, la muerte, en 1982, de casi 150 personas de la aldea chiita de Dujail y el encarcelamiento y tortura de al menos otras 1.500, después de que se produjera un intento fallido de asesinato contra el ex dictador y la aniquilación en 1988 de 7.000 kurdos en el Ataque químico a Halabja en la región del kurdistan iraquí.

Después de proclamar la República Islámica de Irán, en 1979, el Ayatolá Jomeini aprovechó las circunstancias creadas por la guerra contra Iraq (1980-88) para la eliminación progresiva y violenta de todos los actores no religiosos de la revolución: los liberales y los grupos de izquierdas, incluidos los comunistas del Tudeh. Se calcula en dos millones las muertes producidas por el régimen islamista. También en Irán hubo asesinatos de kurdos. A su vez, Irán financia a grupos terroristas como Hezbolá y Hamás mediante dinero, entrenamiento y armas, además de promover y alentar el terrorismo islamista internacional de corte fundamentalista chiíta (principalmente en Irak).

Genocidio armenio practicado por el gobierno de Turquía en el año 1915, masacrando 1.500.000 de personas.

En la Alemania del Tercer Reich se ha practicado el terrorismo de Estado, asesinando, primero en Alemania y luego en el resto de la Europa ocupada, a 6.000.000 de judíos, por teorías racistas y supremacistas (Holocausto), y otras 5.000.000 de personas por diferencias políticas, raciales, religiosas, etc. Sus sistemas de aniquilación son bien conocidos: cámaras de gas, exámenes científicos con seres humanos, campos de concentración, etc.

Durante la dictadura de Francisco Franco, a partir de 1939, se practicó el terrorismo de Estado, donde, entre otras atrocidades, se fusiló a más de 50.000 ciudadanos por diferencias políticas, etc. y encarcelaron otros cientos de miles.

Finalizada la dictadura se produjeron numerosos casos del denominado terrorismo tardofranquista hasta principios de los años 80. Operaron bajo diversos nombres como la Alianza Apostólica Anticomunista (AAA o "Triple A"), Antiterrorismo ETA (ATE), Grupos Armados Españoles (GAE), Guerrilleros de Cristo Rey, Batallón Vasco Español (BVE) y otros de menor resonancia, como los Comandos Antimarxistas, esencialmente dedicados a la violencia callejera contra personas de ideas contrarias. En palabras de un antiguo militar que formó parte de estos grupos, «eso sólo son siglas, nombres que van saliendo y que se van utilizando conforme se necesita». La tutela de los atentados la tenían agentes del servicio secreto SECED (Servicio Central de Documentación), con dinero y manos libres para actuar al margen de la ley. Como consecuencia de sus acciones resultaron muertas entre 15 y 40 personas, desde militantes de ETA hasta abogados laboralistas de izquierdas (la "matanza de Atocha"), pasando por los carlistas asesinados en 1976 durante los denominados sucesos de Montejurra, y ciudadanos que no tenían ninguna relación con la política.

Estos grupos estaban constituidos por elementos civiles, policías y militares, todos ellos afectos al régimen anterior. Los grupos tuvieron vínculos más o menos estrechos con organizaciones terroristas neofascistas europeas y americanas y también con grupos derechistas legales como Fuerza Nueva. Su objetivo era eliminar a quienes consideraban "enemigos de la Patria" y contribuir a la desestabilización de la naciente democracia. Conforme ésta fue consolidándose, y tras el fallido golpe de Estado del 23-F, fueron debilitándose. En 1982 se pueden considerar desaparecidos. Se cree que muchos de los antiguos militantes del terrorismo tardofranquista fueron utilizados para constituir los primeros Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), que actuaron durante los gobiernos de Felipe González.

Otros episodios de terrorismo de Estado tuvieron lugar el 15 de enero de 1978 en Barcelona. Ese día se produjo la muerte de 4 personas durante un incendio en una conocida discoteca de la ciudad, sucesos conocidos como Caso Scala, en el cual supuestamente el Estado lleva a cabo acciones para desestabilizar el creciente movimiento anarquista en Cataluña.

En 1978, Antonio Cubillo lider del MPAIC, organización terrorista independentista canaria, resultó gravemente herido en un atentado en su domicilio en Argel (lugar donde orquestaba todas las operaciones de la organización terrorista), la víspera de su cumbre en la ONU para hablar del "problema colonial canario". Las diligencias judiciales sobre dicho atentado consideraron probado fue organizado desde instancias del Ministerio del Interior español.

De 1983 a 1987, durante el gobierno socialista de Felipe González, se llamó guerra sucia en España a las acciones desarrolladas por los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), que asesinaron, secuestraron y torturaron a presuntos miembros de la organización terrorista ETA así como ciudadanos españoles y franceses sin ningún tipo de relación con la banda. Muchos de los mercenarios que habían formado parte de los escuadrones de la muerte tardofranquistas se integraron en estos grupos. El Tribunal Supremo, en Sentencia de julio de 1998, condenó por el caso del secuestro de Segundo Marey al ex ministro de Interior socialista José Barrionuevo, al secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera, y al gobernador civil de Vizcaya Julián Sancristóbal a diez años de cárcel; a Francisco Álvarez, Miguel Planchuelo y José Amedo a nueve años y seis meses; a Ricardo García Damborenea, Secretario General del PSOE en Vizcaya, a siete años; a los ex policías Julio Hierro y Francisco Saiz Ojeda a cinco años y seis meses; a los ex agentes José Ramón Corujo y Luis Hens a cinco años, y a Michel Domínguez a dos años y cuatro meses. En septiembre de 1998 ingresaron en la cárcel y tres meses después, Vera y Barrionuevo, condenados a diez años de prisión, fueron excarcelados gracias a un indulto parcial del Gobierno del Partido Popular.

Francia ha practicado el terrorismo de Estado en la entonces colonia francesa de Argelia. El 8 de mayo de 1945 hubo una masacre de 45.000 argelinos que tomaron las calles para demandar su independencia, mientras Europa celebraba la victoria sobre la Alemania nazi el 8 de mayo de 1945. Las fuerzas coloniales lanzaron una ofensiva terrestre y aérea contra varias ciudades del este, en particular Setif y Guelma, en respuesta a los disturbios antifranceses, en los que murieron más de 100 europeos. La ofensiva duró varios días y según el estado argelino dejó 45.000 muertos. Los historiadores europeos sitúan la cifra entre 6.000 y 20.000. Se trata de uno de los capítulos más oscuros en la historia de Argelia y Francia, que gobernó el país norteafricano con mano de hierro desde 1830 a 1962.

También ciertas acciones, como el atentado realizado en 1985 contra el buque "Rainbow Warrior" de Greenpeace realizado por los servicios secretos franceses en el que falleció el fotógrafo Fernando Pereira, han tenido esa consideración.

La represión stalinista fue responsable del asesinato de miles de personas por diferencias políticas, étnicas y religiosas. También se provocaron hambrunas organizadas desde la dictadura como el Holodomor. Por los registros de la URSS, se sabe que abrían sido unas 800.000 personas las víctimas del autoritarismo. Tras el fallecimiento de Stalin, disminuyó en gran medida la represión del régimen.

El patrocinio de grupos terroristas por los estados, también es considerado Terrorismo de Estado Internacional. De esto están acusados países como Irán, Siria, Libia, Sudán, Corea del Norte o Estados Unidos, entre otros, todos considerados por diversas organizaciones y países como estados que escogen albergar, entrenar, dar apoyo táctico-estratégico a terroristas, por lo que ha recibido diversas acusaciones de co-responsabilidad sobre las acciones terroristas de los grupos cobijados.

Al principio



Terrorismo

Coche bomba en Cali, Agosto de 2006

El terrorismo es el uso sistemático del terror, para coaccionar a sociedades o gobiernos, utilizado por una amplia gama de organizaciones políticas en la promoción de sus objetivos, tanto por partidos políticos nacionalistas y no nacionalistas, de derecha como de izquierda, así como también por grupos religiosos, racistas, colonialistas, independentistas, revolucionarios, conservadores, ecologistas y gobiernos en el poder.

El terrorismo, como táctica, es una forma de violencia política que se distingue del terrorismo de estado por el hecho de que en éste último caso sus autores pertenecen a entidades gubernamentales. Se distingue también de los actos de guerra y de los crímenes de guerra en que se produce en ausencia de guerra. La presencia de actores no estatales en conflictos armados ha creado controversia con respecto a la aplicación de las leyes de guerra.

La palabra "terrorismo" se encuentra política y emocionalmente cargada, y esto dificulta consensuar una definición precisa.

Es común el uso de la palabra por parte de gobiernos para acusar a sus opositores. También es común que las organizaciones e individuos que lo practican rechacen el termino por injusto o impreciso. Tanto los unos como los otros suelen mezclar el concepto con la legitimidad o ilegitimidad de los motivos propios o de su antagonista. A nivel académico se opta por atender exclusivamente a la naturaleza de los incidentes sin especular sobre los motivos ni juzgar a los autores.

Para acceder a una mayor comprensión de la naturaleza del terrorismo, es conveniente un análisis más detallado, de la evolución en el uso del término.

La palabra "terror" proviene del idioma latín terror o terroris, sinónimo de Deimos. En la Antigua Grecia, Ares, Dios de la Guerra, tenía dos hijos: Phobos y Deimos (Miedo y Terror).

Maquiavelo recomendaba en su clásico libro El Príncipe (1532) que «es más seguro ser temido que amado». Estas recomendaciones políticas de Maquiavelo, se relacionan con el concepto moderno de "terrorismo de Estado", aplicado a las autoridades públicas cuando buscan aterrorizar a la población.

El terrorismo, como acto realizado por los ciudadanos o los súbditos, encuentra sus antecedentes en las doctrinas del tiranicidio y el derecho a la resistencia, de antiguos orígenes (ej. sic semper tyrannis), pero que se consolidaron como tales en la Edad Moderna, como respuesta de los particulares a los abusos de poder del Estado.

El derecho al tiranicidio, es decir el que se le reconoce a cualquier persona para matar a un gobernante tirano, proviene de la Antigua Grecia, aunque su desarrollo como teoría comienza en la escolástica medieval europea, con los aportes de Tomás de Aquino (1225-1274) y sobre todo en la Edad Moderna, con las reflexiones del Padre Mariana (1536-1623). El derecho al tiranicidio es considerado también uno de los precedentes intelectuales de las revoluciones burguesas, al justificar moralmente la desobediencia contra un poder opresivo, y promover incluso el asesinato del rey.

La frase, atribuida a Thomas Jefferson, "el árbol de la libertad debe ser regado con la sangre de los patriotas y de los tiranos", se toma como una apología del tiranicidio y es uno de los tópicos de la Independencia de Estados Unidos (1776).

El derecho a la resistencia o derecho de rebelión, íntimamente relacionado con la justificación del tiranicidio, encuentra también sus primeras formulaciones teóricas en la escolástica europea, retomando las reflexiones de San Isidoro de Sevilla (560-636) y Santo Tomás de Aquino.

La palabra «terrorismo» (así como «terrorista» y «aterrorizar») apareció por primera vez en Francia durante la Revolución Francesa entre (1789-1799), cuando el gobierno jacobino encabezado por Robespierre ejecutaba o encarcelaba a los opositores, sin respetar las garantías del debido proceso. El término comenzó a ser utilizado por los monárquicos, como propaganda negativa aplicada al gobierno revolucionario. Al igual que los consejos de Maquiavelo en El Príncipe, el Reinado del Terror (1793-1794), es una manifestación del terrorismo de Estado, antes que del terrorismo de los ciudadanos.

Las primeras críticas teóricas elaboradas contra al terrorismo, y la distinción del concepto con los de derecho a la resistencia y tiranicidio, provienen del propio campo de los revolucionarios rusos antizaristas, como Georgi Plejánov en su libro Anarquismo y socialismo (1894), Lenin en el capítulo "¿Qué hay de común entre el economismo y el terrorismo?" incluido en su famoso libro ¿Qué hacer? (1902), y sobre todo León Trotsky, que publicó Terrorismo y comunismo en 1905.

En su sentido actual, el término fue acuñado extensivamente por la propaganda nazi para hacer referencia a los movimientos de Resistencia de los países ocupados por el ejército alemán y consolidado por las dictaduras latinomericanas de las décadas del 70 y del 80 y los Estados Unidos, en el marco de la Doctrina de la Seguridad Nacional desarrollada desde la Escuela de las Américas. En ambos casos se hizo patente que existen relaciones estrechas entre el terrorismo realizado por ciudadanos y el terrorismo de Estado, siendo aquel, muchas veces, la justificación de éste.

Un estudio de 2003 realizado por el ejército estadounidense afirma que existen más de 100 definiciones de terrorismo.

Por todos estos factores, muchos especialistas consideran la palabra terrorismo un término que en su uso ha devenido en un concepto meramente propagandístico para descalificar al enemigo más que definir un situación de forma objetiva.

En un informe a la ONU el especialista A.P Schmid propuso tomar como punto de partida el concepto de crimen de guerra, considerando que si su definición se extiende al tiempo de paz se alcanza una muy funcional definición de los actos de terrorismo como los «equivalentes en tiempo de paz a los crímenes de guerra».

Dentro de los instrumentos utilizados para implementar dicho mecanismo, o actos terroristas, se incluyen diversas formas de violencia física contra las personas, como el secuestro, la tortura o la ejecución extrajudicial; diversas formas de violencia moral, como la amenaza de las anteriores o la presión social; diversas formas de violencia contra los bienes privados y públicos, como la destrucción de los mismos con materiales explosivos o incendiarios. Finalmente, uno de los instrumentos más utilizados por los grupos terroristas es el atentado con explosivos contra blancos militares o civiles para provocar muertes indiscriminadas o no.

En el caso del terrorismo de estado, pueden citarse como ejemplo los bombardeos aéreos de ciudades. El Código Aéreo de La Haya de 1923 estableció que «está prohibido el bombardeo aéreo con el objeto de aterrorizar a la población civil...». Sin embargo esta regla y otras similares nunca fueron ratificadas por los países de mayor poder militar. En ese marco algunos autores han citado como ataques terroristas el bombardeo de Guernica en 1936, o el que realizara Estados Unidos con bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki en 1945 .

Terrorismo es un término que ha sufrido un abuso de lenguaje por parte de los estados que intencionadamente pretenden desacreditar a sus enemigos. Así los nazis llamaban terroristas a los judíos que se rebelaron en Varsovia; en la Sudáfrica del apartheid se decía que muchos negros hacían actividades terroristas; los franceses dijeron lo mismo de los argelinos que se opusieron a la dominación de Francia (y que en algunos casos utilizaron métodos terroristas). Durante el siglo XX se acusó indiscriminadamente de terroristas a múltiples guerrillas sudamericanas; incluso asociaciones no violentas, como las argentinas Madres de Plaza de Mayo y Abuelas de Plaza de Mayo, también fueron consideradas -y aún lo son por algunos sectores- como organizaciones terroristas. En la situación de ocupación de Iraq, iniciada por los Estados Unidos en 2003, es difícil trazar la línea divisoria entre terrorismo y resistencia.

En la actualidad la denominada guerra contra el terrorismo o lucha contra el terrorismo constituye un punto fundamental en la agenda de los gobiernos y principales partidos políticos de los países occidentales, tanto es así que una parte importante de la política gira en torno a dicha cuestión. Algunos puntos de vista sostienen que se le está dando una excesiva centralidad a la cuestión del terrorismo, mayor que la incidencia que este fenómeno tiene sobre la sociedad.

Bajo el punto de vista metodológico, se puede considerar terrorista al grupo que perpetre secuestros, atentados con bombas, asesinatos, amenazas y coacciones de manera sistemática. Técnicamente, esos actos están destinados a producir terror en la población enemiga y se definen sin duda como terroristas. En sentido neutro, el término es empleado a menudo por la prensa para designar a los grupos que ejecutan esa metodología.

Aunque prácticamente cualquier cosa puede ser considerada un arma (desde una cerilla y un palo de escoba hasta una bomba atómica), los terroristas han utilizado habitualmente armas cortas o semiautomáticas. Algunos grupos integristas como Hezbolá han llegado a tener misiles antiaéreos. También es muy común el uso de bombas caseras de potencia variable, llegando a usar en algunos casos el propio cuerpo de los terroristas como vector de aproximación de la bomba. Cuando lo que se ha pretendido es un magnicidio a una distancia segura de su dispositivo de seguridad se suelen utilizar rifles con mira telescópica.

En general, los grupos terroristas tienden a utilizar cualquier elemento que les permita lograr sus objetivos con la mayor resonancia mediática posible, ya sean esos elementos armas procedentes de los ejércitos regulares o adquiridas en el mercado internacional de tráfico de armas o se trate de medios improvisados. Especial relevancia tiene el atentado del World Trade Center del 11 de septiembre de 2001, en el que se utilizaron aviones de pasajeros secuestrados.

Hay varios precedentes de ataques con armas de destrucción masiva. Uno en el que se utilizaron agentes químicos (gas sarín), fue el del grupo sectario Verdad Suprema, que colocó en un par de ocasiones (en 1994 y en 1995) un pequeño dispositivo en el metro de Tokio. Un atentado realizado con agentes biológicos (salmonella) fue el ocurrido en el condado de Wasco, en el que los ultraderechistas intentaron utilizar el atentado con fines políticos, aunque finalmente lograron el resultado contrario al ser descubiertos.

La complejidad del fenómeno terrorista impide su aprehensión desde una única concepción psicológica. Por lo demás, la bibliografía especializada presenta un exceso de teorías frente al número de estudios empíricos realizados, en parte debido a la dificultad de acceder a la psique de los terroristas para analizarla.

Entre las experiencias internacionales más destacadas para reprimir acciones calificadas como terroristas se encuentran las que realizaron los gobiernos militares argentino y chileno en la década de 1970, el gobierno italiano frente a las Brigadas Rojas, el gobierno español frente a la ETA y el gobierno de los Estados Unidos en la llamada Guerra contra el terrorismo. Las prácticas, tácticas, y estrategias de gobiernos, ejércitos y otros grupos especializados contra el terrorismo, se denomina contraterrorismo.

Para la represión del terrorismo es habitual que el debate se centre en la necesidad de optar entre el respeto a los derechos humanos y la seguridad nacional. Muchas veces las medidas represivas incluyen la suspensión de los derechos constitucionales.

El 3 de junio de 2002 la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó la Convención Interamericana contra el Terrorismo. La misma tiene como objetivo obligar a todos los estados americanos a sancionar leyes antiterroristas y establecer un sistema continental de represión del terrorismo, que no encuentre limitaciones para actuar derivadas de ciertas garantías legales, como el secreto bancario, traslado de personas detenidas entre países, la invocación del "delito político" o condición de refugiado, el derecho de asilo. Luego del proceso de ratificaciones, la misma entró en vigor el 7 de octubre de 2003.

Entre los elementos notables de la sanción de la convención se destaca la imposibilidad final de tipificar el delito de terrorismo, así como la falta de consenso para calificarlo como delito de lesa humanidad. También se ha cuestionado la afectación del derecho de asilo que establece la convención, al punto que Chile, Costa Rica y México hicieron reserva de no acatarla en este aspecto.

Al principio



Augusto Pinochet

Firma de Augusto Pinochet

Augusto José Ramón Pinochet Ugarte (Valparaíso, 25 de noviembre de 1915 - Santiago, 10 de diciembre de 2006) fue un militar y dictador chileno.

Pinochet asumió en 1973 el cargo de Comandante en Jefe del Ejército de Chile. El 11 de septiembre de ese año, se unió a un golpe de Estado que derrocó al gobierno de Salvador Allende. Desde ese momento, Pinochet asumió el gobierno del país, primero bajo el cargo de Presidente de la Junta Militar de Gobierno (que ostentó hasta 1981), al que se sumó el título de Jefe Supremo de la Nación el 27 de junio de 1974, que le confería el poder ejecutivo.

El 16 de diciembre del mismo año, asumió el cargo de Presidente de la República, que sería ratificado al promulgarse la Constitución de 1980. Su gobierno terminaría tras la derrota en el Plebiscito Nacional de 1988 y su sustitución por Patricio Aylwin en 1990. Pinochet se mantendría como Comandante en Jefe del Ejército hasta el 10 de marzo de 1998, y al día siguiente asumiría el cargo de senador vitalicio, que ejercería efectivamente por un par de meses.

La dictadura de Pinochet ha sido ampliamente criticada tanto en el país como en el resto del mundo por las graves y diversas violaciones a los derechos humanos cometidas en el período denominado como Régimen Militar, por lo que Pinochet debió enfrentar diversos juicios hasta la fecha de su muerte. Sus simpatizantes, lo califican como un héroe que ellos consideran "salvó el país" de un supuesto régimen comunista que hubiese instaurado Salvador Allende, y de una posible guerra civil.

Su padre fue Augusto Alejandro Pinochet Vera, nacido en Valparaíso en 1891, a sus catorce años trabajó para la firma comercial Williamson Balfour, luego fue funcionario en una sociedad aduanera y además se desempeñó como bombero. Su madre fue Avelina Ugarte Martínez, santiaguina, quien estudió en un colegio de monjas desde los nueve años, la que tras perder a su padre y casarse de nuevo su madre, se trasladó a Valparaíso.

Pinochet realizó sus estudios en su ciudad natal, primero en el Seminario San Rafael, luego en el Instituto Rafael Ariztía de Quillota, en el Colegio de los Sagrados Corazones de Valparaíso y finalmente en la Escuela Militar del Libertador Bernardo O'Higgins. Su ingreso a esta institución no le fue fácil, fue rechazado dos veces; la primera por su corta edad y la segunda por no cumplir con los requisitos mínimos. A pesar de no tener ancestros militares, su vocación lo llevó a postular por tercera vez, siendo finalmente admitido e ingresando el 11 de marzo de 1933, a los 17 años de edad.

El 30 de enero de 1943, Pinochet contrajo matrimonio con la joven Lucía Hiriart Rodríguez quien era hija de Osvaldo Hiriart Corvalán, abogado, senador, político radical y ministro del Interior en 1943, y de Lucía Rodríguez.

El padre en un principio se opuso al matrimonio por considerar que eran muy jóvenes y que la casta militar (mal vista socialmente en esa época) no pertenecía a las elevadas esferas sociales a la que pertenecía dicha familia, sin embargo, se impuso finalmente la voluntad de Lucía Hiriart. Ellos darían origen a una familia de cinco hijos, tres mujeres y dos hombres: Lucía, Jacqueline, Verónica, Augusto y Marco Antonio.

El curso de su ascendente carrera tuvo diferentes destinaciones. Como alférez estuvo en Concepción, subteniente y teniente en la Escuela de Infantería en San Bernardo en Santiago y recién ascendido al grado de capitán, fue destinado a Iquique por un período prolongado, durante el cual estuvo a cargo del campo de detención de Pisagua en la época de vigencia de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia.

Viajó a Ecuador en una misión militar que tenía por objetivo organizar la Academia de Guerra de aquel país, llevó consigo a su familia. Al volver a Chile, después de tres años de permanencia, Ecuador entregó al mayor Pinochet y los demás integrantes de la misión la condecoración Abdón Calderón.

Tras una destacada carrera en el arma de Infantería del Ejército, alcanzó el grado de general de Brigada y se desempeñó como comandante en jefe de la Sexta División. En 1970 fue promovido a general de División.

Tras el asesinato del comandante René Schneider por sectores vinculados a la CIA estadounidense para evitar la llegada al gobierno de Salvador Allende, el general Carlos Prats fue designado al mando de la comandancia en jefe del Ejército de Chile. Con Carlos Prats, Pinochet llegaría a establecer una relación muy cercana. Prats lo consideraba un soldado ciento por ciento, apolítico y profesional, por lo que fue uno de sus más cercanos colaboradores, siendo considerado por varios generales como el segundo de Prats.

Fidel Castro visitó Chile durante veintitrés días a partir de noviembre de 1971 y Pinochet fue designado como representante del ejército durante la prolongada visita del mandatario cubano. La visita de Castro a Chile provocó que la CIA incrementara sus acciones para desestabilizar económicamente al gobierno de Allende.

En enero de 1972 fue jefe del estado mayor del ejército, que era el segundo cargo en importancia en la institución. La oposición al gobierno de la Unidad Popular, más los propios desaciertos de éste, condujeron a una extrema polarización política de la sociedad, también dada por el auge del comunismo de la época, llegando a su punto culminante en 1973. Prats apoyaba la legalidad constitucional, y por lo tanto sostenía al gobierno de Salvador Allende. Pero esa opinión no era compartida por muchos militares, desarrollándose el 29 de junio el llamado «tanquetazo», protagonizado por el Regimiento Blindado N° 2, al mando del coronel Roberto Souper. Este intento de sublevación fue sofocado por Prats y sus generales más cercanos, Pickering, Sepúlveda y Pinochet.

El 21 de agosto una manifestación de esposas de generales se inició frente a la casa del general Prats, a la que llegaron también varios oficiales de civil a protestar contra él. Fue insultado y apedreado, y al deshacer la manifestación Carabineros, ésta se volvió a organizar. Llegaron al lugar Pinochet, Allende y sus ministros. Todos fueron abucheados. Deprimido y desilusionado, Prats pidió, primero por intermedio de Pinochet, luego directamente, que los generales reafirmen su lealtad hacia él; como sólo unos pocos lo hicieron, resolvió renunciar a la comandancia en jefe.

Para su sucesión, el comandante le recomendó al presidente a Pinochet, decisión que fue aceptada por el mandatario.

El día 23 de agosto, a las 17:00 h, se reunieron Allende, Prats y Pinochet en el Palacio de la Moneda. Al finalizar ésta, Pinochet fue nombrado comandante en jefe.

Para esa fecha, varios miembros de las Fuerzas Armadas preparaban un golpe de Estado. Los líderes del movimiento eran el comandante de la Fuerza Aérea Gustavo Leigh y el vicealmirante José Toribio Merino, este último amigo de la infancia de Pinochet. Además contaban con el apoyo de la CIA y el gobierno de Richard Nixon.

El golpe tenía como base los planes de contrainsurgencia, para el caso de que una subversión sobrepasase a las fuerzas de orden (Carabineros). Este plan consistía en que el país estaba dividido en diferentes secciones, y para cada una se establecía un plan para actuar contra la posible insurgencia. Este plan sería la base prima para los golpistas, que sólo tuvieron que adaptarlo a las nuevas circunstancias.

El problema central en el momento era el Ejército, pues si bien la mayoría de los generales prestaban su apoyo, el tanquetazo demostró que era necesario el apoyo del comandante en jefe del ejército, y nadie sabía con certeza cuál era el pensamiento de Pinochet, pues jamás se le había visto inclinación política (excepto el tradicional anticomunismo de guerra fría).

El 7 de septiembre los generales fijaron la fecha del golpe para ese mes, el 19 de septiembre era la fecha propicia, pues en Chile se celebran las glorias del ejército, y éste se halla concentrado en Santiago.

Al día siguiente fue enviado el general Arellano para hablar con Pinochet, quien al enterarse de la situación manifestó su descontento con el Gobierno, mas no declaró su apoyo al golpe.

La mañana del 9 de septiembre Allende se reunió con el comandante en jefe y otros generales. Allí les explicó que pretendía anunciar un plebiscito para salir de la situación. Debido a este hecho se adelantó la fecha del Golpe de Estado para el 11 de septiembre a las 6:30 en Valparaíso (8:30 en el resto del país), con el fin de que no saliera a la luz el anuncio de plebiscito del entonces presidente Allende.

Fue la última vez que se vieron los dos protagonistas del golpe. Ése mismo día, Pinochet se reunió con Leigh, el contralmirante Sergio Huidobro y el capitán de navío Ariel González para averiguar la posición del ejército. Finalmente, el en un principio vacilante Pinochet finalmente se sumó al complot. Pinochet se hizo inubicable para el gobierno y envió a su familia a un recinto militar a modo de protección en caso de algo marchara mal durante el golpe.

El día 10 de septiembre Pinochet mandó a su esposa y a sus hijos más pequeños a la Escuela de Alta Montaña, en Río Blanco, Los Andes, dirigida por uno de sus amigos.

Al día siguiente Pinochet llegó a las 7:40 al Comando de Telecomunicaciones del Ejército, en el que se mantuvo durante el resto del golpe. Allí se organizaron las redes de comunicaciones con las demás ramas de las Fuerzas Armadas, especialmente con Leigh, que se encontró en la Academia de Guerra Aérea, y con Patricio Carvajal, que fue el coordinador de todo el golpe.

Durante el acontecimiento, Pinochet, que se mantuvo en contacto radial con Carvajal, se mostró autoritario. Tanto Leigh como Carvajal pretendían apresar a Allende, pero la intención de Pinochet era desterrarlo de inmediato. No aceptó retrasos ni dilataciones. Sin embargo, retrasó el bombardeo a la Moneda para sacar a las mujeres, en contra de lo que deseaba el general Leigh.

Tras horas de enfrentamientos y bombardeos, La Moneda fue finalmente asaltada y ocupada por el Ejército, momento en el que falleció Salvador Allende. De acuerdo a diversos testigos presenciales, Allende se habría suicidado con el fusil AK-47 que le había regalado Fidel Castro. Esta versión ha sido aceptada mayoritariamente, incluyendo a sus familiares, descartando la teoría de que los golpistas habrían cometido magnicidio.

A las 18, los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y de Orden se reunieron por primera vez en la Escuela Militar para realizar el juramento que dio inicio a 17 años de régimen dictatorial militar.

Pinochet, en su calidad de presidente de la Junta Militar de Gobierno (formada por: él mismo en calidad de comandante en jefe del Ejército; el almirante José Toribio Merino, comandante en jefe de la Armada; por el general Gustavo Leigh, comandante en jefe de la Fuerza Aérea y por el director general de Carabineros César Mendoza) asumió el poder. A partir de órdenes dictadas a través de cadena nacional de radio y televisión proscribió los partidos políticos, disolvió el Congreso, restringió los derechos civiles y políticos y ordenó la detención de los máximos líderes de la Unidad Popular, declarándola ilegal. Pinochet fue nombrado presidente de la República por los demás integrantes de la Junta de Gobierno el 17 de diciembre de 1974. Inmediatamente Pinochet llamó al general Manuel Contreras para que organizara la Dirección de Inteligencia Nacional(DINA), organismo represivo del Estado que violará sistemáticamente los Derechos Humanos durante su existencia.

A diferencia de la mayor parte de las naciones latinoamericanas, antes del golpe de estado de 1973 Chile había tenido una larga tradición de civilidad democrática y apego al estado de Derecho. Las intervenciones militares en asuntos de política eran muy escasas (por ejemplo, el llamado «ruido de sables» de 1924), pero de todos modos existentes. Se podría decir que las Fuerzas Armadas, hasta esa fecha, actuaron con debida obediencia, y no deliberantes.

La oposición de la ciudadanía al gobierno se iba haciendo cada vez más notoria. Debido a lo cual algunos sectores políticos aprovechando la situación, y junto con la voluntad y apoyo financiero de Estados Unidos, buscaron en los militares chilenos una salida a los problemas causados por las políticas socio-económicas del gobierno de Allende, consideradas negligentes y populistas, cuyo plan de Gobierno incluía medidas de redistribución de bienes y servicios, que resultaron tanto ineficientes en su propósito como poco convenientes para los sectores económicos, ya que además lograron desabastecer al país. Allende había triunfado con el 36% de los votos frente al casi 35% del candidato de derecha Jorge Alessandri (aunque contaría con el apoyo para su elección de la Democracia Cristiana con el 28%, en su ratificación en el Congreso). La política económica del gobierno de Allende, que apuntaba hacia una planificación central, involucraba el traspaso a manos del Estado chileno de la propiedad de muchas compañías claves, especialmente las mineras, de capitales estadounidenses. La respuesta del gobierno de Pinochet fue promover el desarrollo de un mercado menos protegido, según sus propias palabras «...tratar de hacer de Chile un país de propietarios y no de proletario».

Una de las características del gobierno del Presidente Pinochet es el apoyo que le brinda su esposa y Primera Dama de la Nación, Lucía Hiriart Rodríguez de Pinochet quien hace constantes apariciones públicas y además crea las llamadas Damas de color que son agrupaciones de mujeres de sociedad que realizan labores benéficas mediáticas a sectores de escasos recursos. Se crean infinidades de centros benéficos con mujeres uniformadas de un solo color. Lucía Hiriart es reconocida internamente como una mujer de carácter fuerte y dominante y muy temida en los círculos internos del gobierno por la influencia y poder que logra desde las espaldas de su marido. En los colegios y liceos del país se instaura la Canción Nacional con la restitución de los antiguos versos militares, presentes en su composición original, "Vuestros nombres valientes soldados....." y se asignan horas en los recreos para enseñar a los alumnos a hacer marchas militares al son de himnos militares.

La violencia del golpe continuó durante el gobierno de del Presidente Pinochet, admirador del dictador español Francisco Franco (a cuyo entierro asistió en noviembre de 1975). Una vez que alcanzó el poder, los partidarios del gobierno derrocado fueron declarados «enemigos del Estado».

Gracias a la DINA, se introdujo como política de Estado la detención, tortura, asesinato, desaparición o exilio de quienes se hubiesen involucrado con el gobierno anterior, configurando el concepto de «terrorismo de Estado».

El general Sergio Arellano Stark realiza la llamada Caravana de la Muerte al recorrer el país en un helicóptero Puma para ordenar las ejecuciones sumarias a los detenidos políticos de alta connotación en los recintos militares. Se ejecutan a detenidos en Pisagua, La Serena, Cauquenes y otros lugares en el país. Sus restos son lanzados al mar o enterrados en lugares solo conocidos por los militares.

Se estableció una red de informantes para obtener datos que condujeran a la detención de comunistas y socialistas que hubiesen mostrado actividad en el gobierno derrocado.

También se hicieron llamados a través de bandos y comunicados conminando a aquellos que hubieren pertenecido al gobierno de la UP o estuvieran enlistados en los proscritos partidos Comunista y Socialista a que se entregaran voluntariamente a las comisarías y cantones del ejército a objeto de regularizar su situación, muchos detenidos desaparecidos creyendo en que no les iba a pasar nada, usaron esta vía.

Se estableció el toque de queda que perduraría hasta el 2 de enero de 1987, confinando primero a partir de las 21 horas y luego a partir de las 2 de la mañana, a los chilenos a quedarse en sus hogares. La generación de los años 1980 pasaría su juventud en las llamadas fiestas de Toque a Toque y la restricción de pensamiento político. La polarización introducida por el terrorismo de Estado en la sociedad chilena llevó a que el vecino denunciara a su vecino por actividades subversivas o ser simplemente simpatizante de la UP (Unidad Popular) y se les llamaba despectivamente Upelientos o Rojelios; a los simpatizantes pro-gobierno se les siguió llamando Momios o se acuñó el nombre de pinochetistas.

Las detenciones eran el pan diario y las redadas a poblaciones populares como La Victoria, San Ramón, La Legua en el sector sur de la ciudad (Santiago de Chile) concluían en masivos allanamientos, fusilamientos in situ, detenciones y enfrentamientos armados. Las fuerzas armadas como el ejército actuaban en los allanamientos de gran envergadura, para aquellos movimientos menores fue la rama de Carabineros asimilada al Ministerio de Defensa quienes mayoritariamente realizaron la mayor cantidad de operativos.

En sectores más acomodados como La Reina y Ñuñoa, las detenciones solo se llevaron por medio de la delación. La DINA disfrazó muchas ejecuciones de activistas antigobiernistas como enfrentamientos armados (Operación Albania, por ejemplo). El Estadio Nacional, el Estadio Víctor Jara (ex Estadio Chile), Peldehue, el bergantín goleta Esmeralda, Tejas Verdes y otros lugares sería conocidos como Centros de Detención.

El gobierno militar además adoptó como medio de deshacerse de aquellos personajes indeseables la expulsión, el exilio obligado y el asesinato de Letelier y Prats.

La Comisión de Verdad y Reconciliación (conocida también como Comisión Rettig) mencionó 2.095 muertos y 1.102 «detenidos desaparecidos». Se estimuló la xenofobia para evitar ayuda exterior a los movimientos subversivos. La tortura fue también una herramienta común usada para combatir a los no partidarios del nuevo gobierno, como queda consignado en el Informe Valech sobre Prisión Política y Tortura (2005). Cientos de miles de chilenos abandonaron el país para escapar del régimen. En 1994 todavía permanecían en el exterior sobre 700.000 personas según la Oficina Nacional del Retorno.

Ambos dictadores tuvieron un rol clave en la Operación Cóndor. A pesar de su afinidad, el Conflicto del Beagle que enfrentó a ambos países estuvo a minutos de llevarlos a una guerra. La policía secreta, la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) (1974-77), fue otra de las herramientas de la dictadura. Fueron asesinados el general Prats el 30 de septiembre de 1974 en Buenos Aires y el ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Allende Orlando Letelier, el 21 de septiembre de 1976 en Washington, agriando las relaciones con el presidente estadounidense Jimmy Carter. También se organizó la conocida como Operación Cóndor, un plan para la cooperación mutua entre organismos de espionaje de diferentes dictaduras militares de Latinoamérica, para de esta forma continuar persiguiendo y asesinando a exiliados en Argentina o Paraguay.

En 1977, la DINA fue disuelta y se creó la Central Nacional de Informaciones (CNI), para reemplazarla en sus funciones. Su primer director fue el general Odlanier Mena. El actuar de la CNI como organismo represivo fue notoriamente menos violento, aun cuando agentes suyos figuran involucrados en casos emblemáticos, como el asesinato del líder sindical, y presidente de la ANEF (Agrupación Nacional de Empleados Fiscales), Tucapel Jiménez, en 1982.

La represión y asesinatos internacionales no fueron sólo contra personas chilenas, sino que pueden incluir personalidades de la política internacional como el Presidente del Gobierno Sueco en 1986, Olof Palme, quien podría haber sido asesinado siguiendo la orden personal del dictador Pinochet, según apunta desde el diario "La Cuarta", en su edición de 7 de marzo de 2008, donde se dio a conocer que el periodista sueco Anders Leopold señala como supuesto autor del asesinato de Olof Palme a Roberto Thieme, ex dirigente del grupo paramilitar chileno de ideología nacionalista-fascista Patria y Libertad. Según Leopold, Thieme fue enviado por el que fue su suegro, Augusto Pinochet, para cometer el asesinato aún impune.

Paralelamente a la represión política, existieron profundas reformas económicas el cual condujo a la transformación económica del país, cuyo inicial éxito llevó a hablar de un «milagro económico chileno», eliminándose el grave problema de la hiperinflación.

Para formular su política de estabilización económica, Pinochet confió en los llamados Chicago boys, economistas neoliberales con postgrados en la Universidad de Chicago, fuertemente influenciados por las políticas monetarias de Milton Friedman.

Se aplicó el shock que consistía en reducir el gasto público en un 20%, despedir al 30% de los empleados públicos, aumentar el IVA (impuesto a la transferencia comercial de bienes muebles y activos M1 y M2), privatizar la mayor parte de las empresas estatales y liquidar los sistemas de ahorro y de préstamos de vivienda.

Los efectos iniciales fueron terribles: cayó el PGB en un 12%, la tasa de desempleo creció hasta al 16% en la llamada Recesión de los 80(1980-1985)y el valor de las exportaciones se redujo en un 40%. La carestía, la emigración de personal calificado, la falta de circulante, empresas pequeñas y medianas quebradas o endeudadas insanamente desaparecieron y las grandes masas de desempleados pululando en las plazas, fueron la característica de este periodo.

Las grandes empresas subsistieron gracias a la reducción de sus planillas de trabajo y la rebaja de salarios, muchas de estas situaciones se prestaron para abusos de empresarios inescrupulosos.

El sistema monetario fue cambiado a la moneda Peso, desvalorizando el anterior Escudo (Eº). En aquella época, el valor de la UF se reajustaba el primer día de cada trimestre según la variación del IPC del trimestre anterior.

La Junta de Gobierno mediante el Decreto Supremo Nº 280 del 12 de mayo de 1975 estableció que la UF o Unidad de Fomento creada en el Decreto Supremo nº 40 del fecha 2 de enero de 1967, pasaría a reajustarse en forma mensual.

Por su parte, el Decreto Supremo Nº 613 del 14 de julio de 1977 estableció que su valor se reajustaría en forma diaria a partir del 1º de Agosto de dicho año. Esta operación de reajustabilidad sería una de las bases de la transformación económica.

Dicha medida favoreció en un comienzo a la construcción que se encontraba paralizada y a la clase media quienes adquirieron viviendas con un valor de UF de apenas $5.000, pero que cinco años más tarde subiría a más de cinco veces su valor inicial dejando una estela de deudores hipotecarios en la ruina y descrédito al no poder pagar los elevados dividendos. Para las clases más pobres se creó la vivienda básica y la cuota Serviu.

Para paliar la gran cesantía se crearon los puestos temporales municipalizados de trabajo llamados Programas de Empleo PEM y POJH, donde desde obreros a ingenieros, arquitectos y técnicos hacían labores hermoseando plazas o limpiando calles con un mínimo sueldo de supervivencia.

Aquellos que conservaron sus empleos debieron soportar rebajas de sus sueldos, los sueldos descendieron bruscamente y el abuso empresarial fueron la tónica de este periodo.

Tanto en el sector público como en el privado, los altos puestos claves fueron ocupados por oficiales del ejército, aviación o marina.

Una de sus consecuencias fue un brusco deterioro social, las clases medias y bajas se empobrecieron tras un progresivo descenso de su poder adquisitivo, lo que provocaría una gran brecha en la distribución del ingreso, que se mantiene hasta el día de hoy.

La clase alta pudiente se fortaleció y se enriqueció gracias a las franquicias otorgadas por el gobierno militar.

Las poblaciones más afectadas empezaron a protestar desde sus casas organizándose los llamados cacerolazos, a determinada hora después del Toque de Queda, los pobladores de las clases bajas y los de la clase media organizaban ruidos de bocinas y golpes de cacerolas desde sus viviendas unidas a apagones o cortes de energía eléctrica o derribos de torres de alta tensión. Famosos fueron los apagones que duraban horas o día y medio por atentados a la Red Interconectada Central.

Ocurrieron también los llamados robos de camiones, camiones de abastecimiento de supermercados eran secuestrados y llevados a las poblaciones para su desvalijamiento.

Pero el sistema se empezó a afianzar a partir de 1977, iniciándose lo que se ha llamado el boom, con cifras positivas en todos los ámbitos. Uno de los indicadores más simbólicos, el precio del dólar, fue establecido a tasa de cambio fija, en 39 pesos, y se mantuvo estable hasta iniciada la década de 1980. Una excepción a esta bonanza fue la tasa de desempleo, siempre alta (alrededor del 20%) debido principalmente a los despidos masivos en las empresas privatizadas.

A aquellos que protagonizaran protestas o reivindicaciones, o intentaran organizar huelgas o mitines eran detenidos y encauzados bajo la aplicación del artículo transitorio nº24 de la Constitución respecto de la Ley de Seguridad Interior del estado.

En 1982 se produjo la mayor crisis económica desde los años 1930, consecuencia en parte de la recesión mundial de 1980 (de la cual Chile estaba desprotegido por su excesiva dependencia del mercado externo), el excesivo endeudamiento privado y la fijación del dólar a 39 pesos. Uno de los primeros síntomas fue la quiebra del sistema bancario y financiero nacional, que obligó al Gobierno a intervenir numerosos bancos. Simultáneamente, se tomó la decisión de devaluar el dólar, el cual, una semana más tarde, alcanzaba al doble de su valor.

Ante la llegada de la crisis, Pinochet abandonó las tesis de los Chicago Boys, regresando momentáneamente al keynesianismo. Sin embargo, pasada la parte más cruda de la crisis, volvió al sistema neoliberal con el nuevo ministro de Hacienda, Hernán Büchi en 1985, el cual, con reformas menos ortodoxas que sus predecesores, lograría revitalizar la economía. Esto es nombrado como el «segundo milagro de Chile».

El resultado de su gestión fue el retorno al liberalismo económico que implantaron los Chicago Boys, pero de una forma mucho más controlada sin el dogmatismo que le imprimieron sus antecesores, y un crecimiento económico sorprendente que llevaría a Chile a duplicar su PGB en el lapso de diez años.

Por otra parte, comenzó la privatización de la industria del cobre a partir de la década de 1980 (aunque manteniendo Codelco), otorgándoles el control de yacimientos cupríferos a empresas mineras extranjeras a bajo costo, que pasaría a ser lo contrario a la nacionalización y estatización de la gran minería del cobre durante el gobierno de Salvador Allende.

El 11 de mayo de 1983, la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC) presidió la primera protesta nacional, y el 22 de agosto se organizó el primer frente de oposición multipartidista que englobaba a todo un arco político a excepción de los extremos, la Alianza Democrática.

En 1985 la oposición democrática adoptó el Acuerdo Nacional para la Transición de la Plena Democracia.

Para fines de los 80 y comienzo de los años 90, la distribución del ingreso llegó en cierto modo a las clases más bajas, restableciendo la sufrida clase media, por primera vez la televisión a color llegó a las clases marginadas, el automóvil se hizo más asequible y la calidad de las viviendas sociales aumentaron.

Los cacerolazos declinaron y se hicieron más escasos y con menos convocatoria. Pero el cansancio por el regimén de dictadura impuesto, alimentado por los largos años de carestía y cesantía se hicieron cada vez más notorio en la población que anhelaba el retorno a la Democracia.

El gobierno militar entregó muchas poblaciones populares a la gente de escasos recursos formándose las llamadas villas o poblaciones DFL-2.

Por cada 10 hogares, 6 tenía teléfono, 7 poseían un automóvil y 9 poseían un televisor a color o en blanco y negro.

Se otorgaron muchos títulos de propietarios a sectores marginados de la sociedad, desaparecieron los campamentos y las llamadas poblaciones callampas, las tomas fueron regularizadas.

Una de las características sociales de este periodo fueron las reubicaciones a la fuerza de grandes masas de personas de escasos recursos que fueron desarraigadas desde los barrios exclusivos y trasladadas a barrios populares del sector sur, pero en viviendas económicas, en mejores condiciones de habitabilidad.

La reducción de la pobreza dura o extrema resultó en un logro en el gobierno militar. A pesar de los cambios de los 80 y 90 la brecha entre la riqueza y la pobreza, y el cisma entre la clase media y alta además de los bajos niveles de sueldos para los obreros y técnicos se mantiene hasta el día de hoy.

El 21 de octubre de 1980, tras un plebiscito realizado un mes antes, que fue apoyado por el 67% de la población (según cifras del Gobierno) se aprobó una nueva Constitución elaborada sobre la base de un anteproyecto preparado por una Comisión nombrada por la misma Junta de Gobierno. Éste plebiscito fue bastante cuestionado, tanto por sus opositores como por la comunidad internacional, bajo acusaciones de fraude electoral y violar principios básicos de cualquier elección democrática (voto libre, informado y secreto). Entre las disposiciones transitorias de la nueva carta fundamental, se estableció el período presidencial de Pinochet por ocho años, a partir del 11 de marzo del año siguiente.

En los años 1980, con el rápido deterioro de la economía (uno de los pilares del Régimen Militar), se sucedieron constantes protestas y manifestaciones organizadas por la oposición y movimientos laborales, provocando violentas contrarreacciones de las fuerzas de seguridad.

Un mes después del descubrimiento de la internación de armas de Carrizal Bajo, el 7 de septiembre de 1986, Augusto Pinochet fue objeto de un atentado por parte de células paramilitares del FPMR (Frente Patriótico Manuel Rodríguez). En el atentado a Pinochet murieron 5 escoltas armados y el mismo estuvo a punto de ser eliminado junto a su nieto, con quien iba en esa ocasión. Pinochet sólo sufrió heridas leves. El atentado fracasó debido al fuerte blindaje del vehículo de Pinochet y a que los atacantes usaron cohetes a una distancia menor que la de activación.

La represión por parte del gobierno como venganza por el atentado concluyó con tres civiles muertos y cientos de detenidos. Los autores intelectuales y materiales del atentado lograron salir del país. La respuesta represiva del Gobierno concluyó con la llamada «operación Albania» (también conocida como la «matanza de Corpus Christi») en 1987, donde fueron asesinados 12 miembros del FPMR.

El Régimen Militar esperó los aplausos del mundo occidental por derrocar a un gobierno marxista, pero fue recibido por estupor y rechazado por la sociedad internacional, con la excepción del secretario de Estado Norteamericano Henry Kissinger, principalmente por la imagen exterior idealizada del gobierno de Allende y su elevación al status de mártir.

La violencia mostrada durante el golpe de estado fue otro de los elementos negativos que construyeron una imagen dura del gobierno militar en el exterior. Una vez que alcanzó el poder, los partidarios del gobierno derrocado fueron brutalmente perseguidos como «enemigos del Estado». Los exiliados en masa, en diferentes países, colaboraron con boicotear la imagen que Pinochet pretendía mostrar, como un adalid anti-marxista.

Esto implicó un aislamiento político internacional del gobierno muy severo e impediría a Pinochet viajar oficialmente al extranjero. Esto quedó demostrado tras el bochorno del Filipinazo, en que por presiones del presidente de EEUU el gobernante de Filipinas, Ferdinand Marcos, supendió la visita de Pinochet a su país, cuando este último se encontraba en pleno vuelo hacia Filipinas. La excepción fue un viaje secreto a Bolivia en 1988, en donde se reunió con Víctor Paz Estenssoro.

Con Estados Unidos las relaciones se empeoraron gravemente tras el atentado a Orlando Letelier del Solar, aumentando su aislamiento, pero como contraparte se mantenían las relaciones comerciales, en particular tras la consolidación el modelo neoliberal. Los asesinatos de Prats y otros ex-uniformados solo empeoraron la situación.

Chile además estuvo en una situación peligrosa con sus países limítrofes, especialmente con Argentina, país con el cual en 1978 casi se llega a una guerra por las islas del canal de Beagle (Conflicto del Beagle), eventualidad evitada gracias a la intervención papal. En esto, cabe destacar el excelente manejo que la Junta Militar hizo en el tema, utilizando muchos datos de Inteligencia para mantener a raya la situación.

Durante la Guerra de las Malvinas (1982), en que Argentina disputó las islas Malvinas al Reino Unido, Chile se mostró abierto partidario del Reino Unido y en especial del gobierno de Margaret Thatcher, y prestó especial apoyo logístico e inteligencia a unidades británicas.

Durante todo el gobierno militar, el aislamiento internacional se hizo sentir, salvo la visita en 1987 del Papa Juan Pablo II, considerada como respaldo al itinerario institucional del régimen para su termino legal, pre fijado en la Constitución de 1980. Pinochet nunca pudo salir del país en calidad de gobernante invitado o en misión diplomática.

El 7 de marzo de 2008, se dio a conocer a través del diario "La Cuarta", que el periodista sueco Anders Leopold señala como supuesto autor del asesinato de Olof Palme a Roberto Thieme, ex dirigente del grupo paramilitar chileno de ideología nacionalista-fascista Patria y Libertad. Según Leopold, Thieme fue enviado por el que fue su suegro, Augusto Pinochet, a cometer el asesinato. Las razones que tendría Pinochet serían la oposición de Olof Palme a su régimen dictatorial y el apoyo a ideología y sistemas contrarios al defendido por el dictador.

De acuerdo a las disposiciones transitorias de la Constitución de 1980, un plebiscito debía ser llevado a cabo en 1988 para aprobar o rechazar al candidato que los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y el General Director de Carabineros propusieran al país.

Durante el año 1985 se suscitó un importante debate acerca de las condiciones en que se realizaría el plebiscito, de acuerdo a las normas transitorias de la Constitución. De la letra de la norma transitoria decimoprimera resultaba que la consulta plebiscitaria podría efectuarse antes que entrara en funcionamiento el Tribunal Calificador de Elecciones, establecido en las normas permanentes del texto constitucional, puesto que el plebiscito debía realizarse antes de la primera elección parlamentaria. Ello implicaba que este tribunal, aparentemente, no estaba llamado a controlar el referéndum y tendría que crearse un órgano gubernamental ad-hoc para su calificación. De ese modo, eventualmente, sería el mismo gobierno el que propondría un candidato, organizaría el plebiscito y controlaría los escrutinios.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional, en ese entonces afín a Pinochet, pronunciándose sobre el proyecto de ley orgánica constitucional sobre el Tribunal Calificador de Elecciones, que estipulaba el inicio de sus funciones para la primera elección parlamentaria, esto es, con posteridad al plebiscito de 1988, determinó que sólo una interpretación literal, y con prescindencia del resto de las disposiciones de la Carta Fundamental, conduciría a pensar "que el artículo 84° de la Constitución y las normas legales que lo complementan entrarán a regir, sin excepciones ni limitaciones de ninguna especie, en la fecha que señale la ley orgánica constitucional respectiva, con motivo de la primera elección de diputados y senadores" y que dicha "rígida interpretación del texto constitucional resulta inadmisible, porque ella está en pugna o contradice el artículo permanente y las disposiciones transitorias de la Carta Fundamental". El Tribunal Constitucional consideró que el plebiscito era equivalente a una elección presidencial, por lo que debía regirse por las normas permanentes de la Constitución en materia electoral. Ésta es considerada la primera derrota de Pinochet, motivada aparentemente por un cierto pudor democrático de algunos de sus partidarios, que resultó clave, años más tarde, al realizarse el plebiscito.

Pinochet fue oficialmente designado por los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y el General Director de Carabineros como candidato único a la Presidencia para el plebiscito que se llevaría a cabo el 5 de octubre de ese año, por el que se proponía su mantenimiento en el poder desde 1989 hasta diciembre de 1997, es decir, por un nuevo período de ocho años.

La apuesta de Pinochet se basó en un control total de los medios de comunicación y el temor de la población a manifestarse contra él. Gran parte de su propaganda consistió en amenazar con el regreso del comunismo y del desorden previo a la dictadura si el mismo Pinochet no vencía. Sin embargo una oposición sorprendentemente organizada en una sola gran coalición, la Concertación de Partidos por el NO, decidió actuar dentro del marco legal que la Constitución le otorgaba, y aprovechar al máximo, en forma muy inteligente, todos los espacios disponibles para la democratización, como, por ejemplo, los escasos minutos de televisión que le fueron concedidos (que se conoció como la franja). Cada noche millones de chilenos se agolpaban frente a la TV a ver con asombro que era posible hablar en contra del férreo régimen de Pinochet.

El 5 de octubre una extensa red de apoderados vigiló lo que sucedía en cada mesa de votación y los dirigentes opositores instalaron un completo sistema de conteo de votos paralelo al oficial.

A tempranas horas de la tarde ya se suponía que Pinochet había sido derrotado pero ni el Gobierno de Chile, a través de su vocero, Alberto Cardemil, ni los medios de comunicación entregaron información alguna, sin embargo, en un programa televisivo en directo, el presidente del oficialista partido Renovación Nacional, Sergio Onofre Jarpa felicitó a los dirigentes opositores por el triunfo, pese a esto el Gobierno seguía manipulando la entrega de resultados hasta la madrugada, cuando finalmente el General del Aire, Fernando Matthei, miembro de la Junta Militar (poder legislativo), reconoció la derrota. Tras bambalinas se filtró a la opinión pública que Pinochet intentó dar un autogolpe de Estado pero el general Fernando Matthei se opuso tenazmente a este intento.

Los resultados oficiales de la consulta arrojaron un 52,2% de votos a favor de la opción No frente al 47% de la opción Sí. Durante el año, tras un acuerdo entre la Concertación y el Gobierno, se prebiscitaron reformas para democratizar la Constitución. Tiempo más tarde, se llamó a la primeras elecciones democráticas desde el golpe de Estado, el 14 de diciembre de 1989, en las que resultó elegido el demócratacristiano Patricio Aylwin al frente de la coalición opositora Concertación de Partidos por la Democracia, derrotando al candidato oficialista Hernán Büchi y al 'centrista' Francisco Javier Errázuriz Talavera; Ese día se eligió también la totalidad del Parlamento, disuelto al comienzo de la dictadura.

Con la atención internacional centrada en el especial caso chileno de transición pacífica a la democracia, Pinochet entregó la presidencia de la nación a Aylwin el 11 de marzo de 1990, aunque siguió en el puesto de comandante en jefe del Ejército hasta marzo de 1998, fecha en la que pasó a retiro.

Según las disposiciones transitorias de la Constitución de 1980, Pinochet debería seguir ocho años más en el puesto de comandante en jefe del Ejército, en caso que perdiera el plebiscito.

Aylwin, a pesar de la opinión de muchos en contra, decidió abordar el tema de los Derechos Humanos, encargándole un informe sobre la situación a una comisión de personas cuya integridad no cupiera duda. La presidió Raúl Rettig, entejando el informe en febrero de 1991. El Informe Rettig, como se le llamó, detalló caso a caso 1.151 muertes, y 979 detenidos desaparecidos. El impacto del informe en la sociedad fue muy fuerte, lo que preparó el ambiente para el inicio de los juicios por estos crímenes.

Existía la Ley de Amnistía para todos los crímenes políticos cometidos antes de 1978, por lo que la Corte Suprema podía amnistiar inmediatamente a cualquier militar acusado de estos delitos, sin investigar. El presidente Aylwin instó a la Corte Suprema a una nueva fórmula (la llamada «doctrina Aylwin» ) en la que debía investigarse primeros los hechos ocurridos, y sólo después correspondía aplicar la amnistía. La Corte Suprema no lo hizo en aquel momento, pero sí lo harían varios jueces y la Corte de Apelaciones de Santiago.

La Corte Suprema marcó un precedente en 1992, por los casos de «detenidos desaparecidos». Se aplicaría en estos casos la figura del «secuestro permanente», delito que continúa en el tiempo y por lo tanto es inamnistiable, siendo la única causa para conceder la amnistía la aparición de los cadáveres. Así, se empezó a tramitar juicios contra ex militares de la desaparecida DINA.

Entre todos los casos, el más emblemático fue el de Manuel Contreras, antiguo director del organismo de inteligencia, el cual estaba siendo procesado por el homicidio de Orlando Letelier en Washington, que la amnistía explícitamente no incluía. Se le condenó, junto a su segundo el ex brigadier general Pedro Espinoza, a 7 y 6 años de condena, respectivamente, en noviembre de 1993. Le correspondería al gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle seguir el juicio de Contreras y su resistencia al arresto.

Además de los temas de los juicios, las relaciones entre el Gobierno y Pinochet serían tensas y difíciles. Pinochet tenía pésimas relaciones con el ministro de Defensa, Patricio Rojas, que en varias oportunidades lo instó a renunciar a su puesto de comandante en jefe. Pinochet evito en lo posible establecer contacto con él, tocando los temas importantes directamente con el presidente, sin siquiera consultar al ministro. Por otra parte, Pinochet se entendía bien con el Gobierno por medio de Enrique Correa Ríos, secretario general de Gobierno, a tal punto que Pinochet dijo que si lo hubiera conocido durante su mandato lo tendría en el mismo puesto donde estaba.

La antipatía entre Pinochet y Rojas trascendía el tema de la renuncia y eran también fuente de conflicto el ascenso de los generales, pues el Gobierno decidió tratar de sacar del Ejército a los individuos más involucrados con el régimen anterior. De esta forma se seleccionaba también a las cinco primeras antigüedades del ejército, entre las que se nombraría al sucesor de Pinochet.

En 1984, mediante un convenio secreto, compró usando los nombres de dos conocidos una pequeña empresa metalúrgica que tiempo después pasó a llamarse PSP, y que recibía contratos de empresas estatales y también de las FF.AA. Sin que su nombre figurase en la transacción, PSP compró en 1987 una empresa en quiebra llamada Valmoval, que había intentado producir fusiles y cuyo principal acreedor era el Ejército. Estuvo involucrado en el escándalo de los "Pinocheques" a principios de la Transición a la democracia. En dicho caso fue cuestionado por unos pagos que en 1988 le hizo el Ejército, mediante unos cheques a su nombre, por un total de US$ 3 millones aproximadamente, tras un supuesto negocio con la empresa Valmoval, de propiedad del mismo Pinochet Hiriart. Tras volver a Valmoval otra vez operativa, Pinochet Hiriart se las arregló tiempo después para venderla de vuelta al Ejército por US$ 3 millones, que recibió mediante tres cheques emitidos a su nombre y cobrados en el Banco del Estado.

El año 1988, se realizó una transacción comercial entre la sociedad anónima P.S.P. (Proyectos Integrados de Producción) y el ejército por medio del CMI (Comando de Industria Militar e Ingeniería), que poseía antes el 49% de las acciones. La sociedad era productora de armas, pero hacia años que no estaba en funcionamiento, siendo virtualmente una empresa de papel. La transacción comercial consistió en la compra del 51% restante de las acciones de parte del Ejército, por un valor cercano a los tres millones de dólares. Se pagaron en cheques nominativos, a nombre de Augusto Pinochet Hiriart. El memorándum del Ejército decía que el 43% de las acciones correspondían a Pinochet Hiriart, el que negó los cargos, pues aseguró se había separado de la firma años atrás. Por estos motivos este suceso se conoció popularmente con el nombre de los «pinocheques».

Fotocopias de los cheques llegaron al Gobierno, pasando por las manos de Rojas, quien vio en éste escándalo una forma de provocar la renuncia de Pinochet. La noticia llegó a la prensa y estalló un escándalo a nivel nacional, exigiéndose la creación de una comisión investigadora en el Congreso.

El ministro se movilizó y se empezaron conversaciones sobre la posible renuncia de Pinochet. Ballerino, su interlocutor con Rojas, le propuso que éste renuncie en 1995, pero le pareció un plazo excesivo. En adelante las versiones discrepan, Ballerino le informó a Pinochet que en la reunión siguiente Rojas supuestamente le dio un ultimátum: 15 de abril de 1991 para su renuncia, a contestar en un plazo de 8 horas, lo que fue negado tajantemente por el ministro.

Pinochet reaccionó acuartelando a todo el Ejército, bajo la excusa de realizar «ejercicios de seguridad, alistamiento y enlace», justificación nunca antes usada.

El Gobierno cedió y Rojas reiteró que nunca hubo ultimátum. La Comisión investigadora, después de largos meses sólo llegó a conclusiones ambiguas, y declaró que no existe ninguna responsabilidad del comandante en jefe. Pero el caso de los Pinocheques aún no se cerró.

La paralización del caso Pinocheques duró hasta 1993. Ese año, el Consejo de Defensa del Estado decidió emprender una denuncia contra los culpables de este delito (el Ejército perdió 3 millones de dólares al comprar acciones en una empresa de papel, por lo que se considera una estafa).

El presidente Aylwin partió de viaje a una gira internacional, dejando a cargo a Enrique Krauss, ministro del interior, como vicepresidente. La denuncia marchaba por buen camino, sin sobresaltos, hasta que en una de las ediciones del diario La Nación (de tendencia gobernista) publicó en primera plana la citación al juzgado de ocho oficiales.

Pinochet nuevamente reaccionó rápidamente, convocó a los generales al edificio de Defensa, todos vistiendo ropas de combate. Tropas del Ejército vigilaron el edificio y patrullaron la zona, usando en su traje una boina negra, por lo que el movimiento que vendría a ser conocido como el «boinazo».

Se entablaron rápidamente las conversaciones, Ballerino nuevamente por el Ejército y Krauss y Correa por el Gobierno. El Ejército solicitó el fin del desfile y el reemplazo de Rojas. El ambiente se enfrió y se puso fin al asunto.

El Gobierno cesó en sus funciones al subsecretario Marcos Sánchez, molesto para el oficialismo, pero no se obtuvo nada más. Los «pinocheques» seguirían congelados, hasta que Frei decidió terminar con el asunto instando al Consejo de Defensa del Estado a no proseguir el tema, aduciendo «razones de Estado».

Durante el gobierno de Frei se continuaron los juicios a los violadores a los derechos humanos. Pinochet, ya cercano a los ochenta años y con varias enfermedades, se mostraba menos duro con el desfile de sus ex colaboradores.

La Corte Suprema adoptó ahora como oficial la doctrina albín, y los procesamientos por el caso Degollados, y la «operación Albania» (ambos fuera de la amnistía) avanzaban rápidamente, y empezaron a aparecer los primeros culpables.

El gobierno construyó una cárcel especial para los militares encontrados culpables por la justicia, Punta Peuco. Sus primeros convictos fueron Manuel Contreras y Pedro Espinoza. Pero Contreras no estaba dispuesto a entrar a la cárcel y se refugió durante dos meses en su parcela, con guardias privados protegiéndolos día y noche, hasta que finalmente, por medio de toda una maraña de artimañas para evitar la vejación de Contreras por sus opositores, que incluía un avión y dobles, se le encerró en octubre de 1995.

Mientras, Pinochet preparó su sucesión realizando conversaciones con el ministro de Defensa Edmundo Pérez Yoma, quienes se entendieron bien. Designaron a Ricardo Izurieta, militar totalmente profesional y sin relaciones con violaciones a los Derechos Humanos.

El 10 de marzo de 1998 el capitán general Pinochet hizo entrega del mando del Ejército a Ricardo Izurieta, finalizando así su época como militar.

El tráfico ilegal de armas es descubierto en diciembre de 1991, cuando el carguero que llevaba las armas , etiquetada como "ayuda humanitaria" desde el Hospital Militar de Santiago , fue descubierta en Budapest. El 7 de diciembre de 1991, un periódico húngaro descubre la noticia , y el 2 de enero de 1992, el Brigadier-General Guillermo Letelier, director de Famae, fue forzado a renunciar. Dos días después , por requerimiento del Ministro de Defensa Patricio Rojas, la Corte Suprema de Chile nominó al Magistrado Hernán Correa de la Cerda como responsable para investigar el tráfico de armas . El magistrado llama a Gerardo Huber como testigo, el cual declara que seguía órdenes del General Krumm, a cargo de Logística . El 29 de enero de 1992, Huber, quien estaba descansando en San Alfonso, Cajón del Maipo, "desapareció". Su cuerpo fue encontrado el 20 de febrero de 1992, con el cráneo despedazado .

El General Pinochet fue implicado finalmente en este caso.

Al día siguiente de entregar el mando se dirigió a Valparaíso, para ocupar su asiento de senador vitalicio. Este puesto le correspondía según la Constitución. Sus opositores, a pesar de que se llegó a un acuerdo según el cual el día anterior expresarían sus molestias, se manifestaron en contra de Pinochet cuando este hizo su juramento, colocándose máscaras de calavera y mostrando pancartas y fotos de los «detenidos desaparecidos», además de las manifestaciones en el exterior del Congreso. Al final se mantuvo al margen de la política activa y no se le vio mucho por el Congreso. Su acción más destacada durante su periodo parlamentario fue el acuerdo con el presidente de la Cámara Andrés Zaldívar para eliminar el día 11 de septiembre como feriado legal (Día de la Liberación Nacional), y reemplazarlo por el Día de la Unidad Nacional.

En septiembre de ese año, Pinochet viajó a Londres (Inglaterra) junto a su nieto, para realizarse una operación. Aparte de su enfermedad, Pinochet amaba los viajes, pero durante su gobierno no realizó ninguno más desde el «filipinazo» y Londres era para entonces su ciudad favorita.

El Ejército y el Gobierno lo advirtieron de que no fuera, pues existían demandas contra él en el extranjero, pero no les prestó atención, ya que poseía el fuero de senador de la República. El vuelo salió el 21 de septiembre llegando el día siguiente a Londres.

En España, el conocido juez Baltasar Garzón reclamó su detención para juzgarlo por las muertes de ciudadanos españoles ocurridas en Chile durante la Dictadura. Dictó una orden de detención contra el senador, resolución que hizo llegar a Inglaterra.

Para entonces, Pinochet se había internado en una clínica privada, la London Clinic, el 8 de octubre, para operarse de una hernia.

El día 16, estando en cama, fue informado de la aceptación del país al pedido de Garzón y su orden de arresto, determinado por el juez metropolitano de Londres, Nicholas Evans, todo en inglés, idioma que no entendía. La noticia se transmitió de inmediato a todo el mundo, produciéndose en el extranjero un repudio casi unánime a la figura de Pinochet, mientras que en Chile se presentaban opiniones encontradas.

El gobierno recibió la noticia como «un bochorno internacional para Chile», por lo que Frei, junto a sus sucesivos cancilleres José Miguel Insulza y (desde mayo de 1999) Juan Gabriel Valdés iniciaron acciones para lograr su extradición. Su argumento era que los crímenes del Régimen Militar se habían cometido en Chile, y por lo tanto correspondía a este país juzgarlo y a nadie más. Esta política no fue respaldada por todos los miembros de la Concertación, especialmente ciertos sectores del Partido Socialista y el PPD, que manifestaban su apoyo a la detención del dictador.

La defensa de Pinochet apeló a la decisión de arresto, pues se aducía que tenía inmunidad diplomática como ex presidente y senador, apelación que fue recibida por un primer Tribunal, que aceptó la inmunidad de Pinochet.

A su vez, esta resolución fue apelada, por lo que se recurrió a un Comité Judicial integrado por cinco miembros de la Cámara de los Lores, que invalidó en noviembre la inmunidad diplomática de Pinochet. Entre las pocas figuras destacadas que apoyaron a Pinochet destaca Margaret Thatcher, quien reveló que Pinochet había cooperado con Inglaterra durante la Guerra de las Malvinas.

Sin embargo, la defensa del senador vitalicio descubrió que uno de los Lores era miembro de Amnistía internacional, por lo que habría tenido un obvio interés en que se juzgara a Pinochet. Por lo tanto, un nuevo Comité de Lores tuvo que anular la sentencia anterior y formar un tercer Comité.

Éste emitiría su fallo el 24 de marzo de 1999, reduciendo los cargos contra Pinochet, considerando fuera de inmunidad los actos cometidos después del 8 de diciembre de 1988. Sólo había un delito cometido después de esa fecha en demanda, relacionado con un joven al que se acusó de robo y que amaneció muerto en su celda. Pero pronto el ministro del interior Jack Straw logró reunir más casos, llegando a unos 60.

Mientras se encontraba bajo arresto domiciliario, Pinochet residía en una casa particular en Virginia Waters; mientras tanto, su salud se deterioraba cada vez más, ya que tenía diabetes e hipertensión, a lo que se sumaban microinfartos cerebrales.

Esto empezó a preocupar a los dirigentes británicos y españoles. Si se seguía con el proceso, Pinochet podría morir en Gran Bretaña, cosa que no favorecía al gobierno laborista dirigido por Tony Blair, especialmente considerando la proximidad de las elecciones, y la incertidumbre de cómo el caso Pinochet les afectaría.

Los gobiernos buscaron otras soluciones, y una de ellas se presentó cuando la defensa del general argumentó razones de salud para eximirlo del juicio. El ministro del Interior británico Jack Straw, dictaminó el 22 de diciembre que se le realizaran exámenes médicos. Se sometió el 5 de enero a exámenes neurológicos y geriátricos, los que revelaron su deteriorado estado de salud.

Considerando el informe y la edad, Straw decidió liberar a Pinochet por razones humanitarias el 2 de marzo. Ese mismo día regresó a Chile, aterrizando el día 3 en Pudahuel, siendo recibido por el comandante en jefe Ricardo Izurieta. Ahí se levantó de su silla de ruedas, caminó triunfante y saludó con el bastón en alto a sus partidarios que fueron a recibirlo.

Pero ese no sería el fin de las querellas en su contra. Mientras estaba en Londres, en Chile se sumaban querellas en contra de Pinochet, por delitos como la «operación Caravana de la Muerte», siendo el encargado de recoger todas estas demandas el juez Juan Guzmán Tapia; asimismo, sus querellantes presentaban una solicitud de desafuero en su contra. Era el comienzo de los juicios de Pinochet en Chile.

De regreso a Chile, Pinochet se encontró con que el juez Guzmán había iniciado su proceso de desafuero, por considerar que existían suficientes pruebas en su contra para investigar su presunta responsabilidad en el secuestro de 18 personas, durante el viaje aéreo que realizó la comitiva militar por el norte del país, dejando a su paso esta estela de crímenes, siendo conocida como la operación Caravana de la Muerte.

El 3 de mayo el pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago decidió proceder con su desafuero, por 13 votos contra 9, por lo que la defensa de Pinochet apeló ante la Corte Suprema, la que decidió por 14 votos contra 6 que el senador vitalicio era privado de su fuero. La defensa de Pinochet intentó que se sobreseyera al general por razones médicas, de la misma forma que en el extranjero. Se decidió realizarle exámenes de salud, que revelaron que sufría de demencia vascular subcortical, siendo sobreseído en julio de 2002.

Después de la resolución judicial, Pinochet renunció a su puesto senatorial, y se retiró a la vida privada, no volviendo a realizar apariciones públicas. Dos años después de estos sucesos, el 28 de mayo de 2004, la Corte de Apelaciones de Santiago revocó el sobreseimiento por demencia, y la Corte Suprema confirmó este fallo por 9 votos contra 8 el 26 de agosto, dejándolo en posición de ser juzgado por su eventual participación en la denominada «operación Cóndor». Sin embargo, al analizarse el fondo del asunto, el procesamiento dictado contra Pinochet fue dejado sin efecto el 7 de junio de 2005.

Con todo, el 6 de julio de 2005 la Corte de Santiago abrió la puerta a una nueva fuente de conflictos legales, al desaforar a Pinochet, posibilitando determinar su responsabilidad en el caso «operación Colombo», por la desaparición de 15 opositores a su régimen.

A estos problemas legales se le agregó el descubrimiento, por parte del Senado de los Estados Unidos, de cuentas secretas que Pinochet tuvo durante el proceso en Londres en el Banco Riggs, lo que vino a poner en tela de juicio el origen de su actual fortuna, ya que el Banco Riggs ha sido conocido por verse envuelto en problemas por lavado de dinero. Por estos motivos el Consejo de Defensa del Estado presentó una querella criminal en contra de Pinochet, por evasión tributaria, causa que está actualmente en manos del juez Sergio Muñoz. Esta situación ha provocado un alejamiento de sectores de la derecha chilena de la figura de Pinochet.

Su Abogado, el derechista Pablo Rodríguez Grez, le aconsejó guardar un estricto silencio, por las implicaciones graves de sus declaraciones.

A principios de 2006, esta investigación llevó a que se procesara como cómplices de delitos tributarios a su hijo, Marco Antonio Pinochet, y a su esposa, María Lucía Hiriart de Pinochet, lo que llevó a que Marco Antonio fuera sometido a prisión preventiva, en tanto que Hiriart tuvo que ser internada en el Hospital Militar.

Esto último fue considerado una estratagema para evitar la cárcel por muchos medios de comunicación, pero otros aseguran que realmente sufrió un ataque y tuvo que ser hospitalizada.

El 4 de octubre de 2007, los cinco hijos del fallecido general Augusto Pinochet, su viuda Lucía Hiriart, y el que fuera su círculo más cercano, integran la lista de 23 personas que hoy fueron procesadas -y la mayoría detenidos- por decisión del juez Carlos Cerda, como autores del delito de malversación de caudales públicos en el marco del caso Riggs.

El General Juan Emilio Cheyre declaró el 16 de agosto del 2005 que el caso Riggs era asunto “personal” de la familia Pinochet, agregando que ...."El tráfico de armas a Croacia en 1991 y la vinculación que pueda tener este ilícito con la muerte del coronel Gerardo Huber, son temas en que “nos interesa, valga la redundancia, la verdad verdadera”.

Tras la retirada de la inmunidad para establecer la responsabilidad de Pinochet en la matanza de opositores izquierdistas («operación Colombo»), el juez Víctor Montiglio ordenó una serie de exámenes psicológicos, neurológicos y psiquiátricos.

Según las conclusiones de seis peritos del Servicio Médico Legal que se encargaron de los exámenes, entregadas a las partes el 16 de noviembre de 2005, Pinochet estaría en condiciones psiquiátricas de afrontar un juicio. Aunque desde el punto de vista neurológico se mantiene el diagnóstico de demencia subcortical, este hecho no le impide participar en un proceso. Según Hernán Quezada, abogado querellante, «hubo de parte de Pinochet una sobresimulación para tratar de hacer parecer más grave los síntomas de la enfermedad que él padece».

El 23 de noviembre de 2005 fue ordenado el procesamiento de Pinochet por enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos. La cifra ocultada al Fisco podría ascender a los 25 millones de dólares, en su mayoría procedentes del cobro de comisiones sobre las compras de armas realizadas en su dictadura. Al día siguiente, el ministro Montiglio dictó el procesamiento de Pinochet por tres delitos de secuestro calificado en el marco de la «operación Colombo».

El 20 de enero de 2006 la Corte de Apelaciones de Santiago lo desaforó por 13 votos contra 5. Este desafuero es el cuarto que se dicta contra él, pero el primero que recibe por torturas a las víctimas de la dictadura.

El 25 de octubre de 2006 los diarios El Mercurio y La Nación publicaron que Augusto Pinochet mantendría ocultos en un banco de Hong Kong unos 9.500 kilos de oro en lingotes, valorados de forma preliminar en unos 160 millones de dólares. Fue el comerciante de oro Al H. Landry el que envió los documentos, que les fueron entregados un tal Ken Shari, del que sólo tuvo contacto por mail, informando después la existencia de estos a Chile, por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores. Sin embargo, el banco HSBC (Hong Kong & Shanghai Banking), presunto depositario de los fondos, emitió un comunicado indicando que los documentos que pretenden acreditar esos fondos en dicha entidad «son falsos». La entidad alemana Schell Security gmbH comprobó que existe un depósito por el importe indicado, pero vinculado a un número, no un apellido. La defensa del General argumento que toda la polémica es una farsa y un intento de difamación realizada por el gobierno de Michelle Bachelet para desviar la atención del país tras el descubrimiento de una serie de irregularidades en Chiledeportes.

La justicia chilena dispuso el envío de exhortos dirigidos tanto a las autoridades de Hong Kong como de Alemania para solicitar información sobre los supuestos lingotes. Tras haber avalado los documentos como procedentes de “fuentes fidedignas”, el canciller debió retractarse el viernes 26, diciendo que nunca avaló la denuncia, y que los antecedentes y credibilidad de quienes los enviaron nadie había verificado, quedando desacreditada la acusación de los depósitos de oro.

El 3 de diciembre de 2006 fue internado en el Hospital Militar de Santiago, después de sufrir un infarto de miocardio y presentar un edema pulmonar que obligó a someterlo a una angioplastia, presentando una leve mejoría con el transcurso de los días.

Una semana después, el 10 de diciembre de 2006, se informó de una posible alta médica, incluso recibió la que sería su última visita política, la del diputado Ivan Moreira, y la de su nieto Rodrigo García Pinochet, pero como a las 13:30 horas sufrió una repentina descompensación cardíaca que agravó su estado, haciendo imposible al equipo médico su estabilización, falleciendo a las 14:15 hora local (17:15 UTC). Su delicado estado de salud fue blanco de críticas por considerar que se trataba de una estrategia para evadir la Justicia, según el periodista chileno Alejandro Guillier. Paradójicamente, en un informe médico entregado a las 10 de la mañana de ese mismo día por la dirección del centro hospitalario, la salud de Pinochet parecía estable y presentaba una mejora progresiva, se pensaba en un alta a los 4 días.

Murió junto a sus familiares después de permanecer una semana internado en el recinto hospitalario (cuando contaba con 91 años), el mismo día en que su esposa Lucía Hiriart cumplía 84 años de edad y, paradójicamente, el Día de los Derechos Humanos. Sus últimas palabras fueron dirigidas a su esposa Lucía Hiriart.

Con el correr de las horas y ya conocida la noticia en todo el país, se evidenció elocuentemente el grado de polarización de los chilenos. Hasta el lugar llegaron personeros políticos de derecha, ex colaboradores y autoridades militares, además de cientos de partidarios del fallecido, quienes se apostaron en calles aledañas al hospital, ubicado en la comuna de Providencia. Al mismo tiempo, una manifestación espontánea de detractores reunió a varios miles de personas en Plaza Baquedano, quienes celebraban la muerte de Pinochet.

Ambas concentraciones se desplazarían a puntos diferentes de la capital: mientras los partidarios llegaron hasta la Escuela Militar, ubicada en Las Condes, los detractores avanzaron por la Alameda Bernardo O'Higgins hasta la Plaza de la Ciudadanía, ubicada frente al Palacio de La Moneda. En dicho lugar, luego de ser dispersada duramente por Carabineros, se produjeron incidentes que duraron hasta pasada la medianoche.

El gobierno, presidido por Michelle Bachelet, decidió que no se le efectuaría un funeral de Estado, como ex Presidente de la República, ni se decretaría duelo oficial, pues nunca fue electo democráticamente como primer mandatario. Sólo se le rendirían honores fúnebres como ex Comandante en Jefe del Ejército, conforme a la ordenanza de esta institución, que dispone entre otras medidas, bandera a media asta en dependencias militares. En declaraciones efectuadas durante la campaña presidencial del año 2005 ella ya había señalado que le "chocaría profundamente tener que realizar dichos honores en eventual caso". La presidenta Michelle Bachelet rompería al día siguiente el silencio que venía manteniendo en torno a la muerte de Augusto Pinochet, para afirmar que era "un referente de división, odio y violencia". Al momento de fallecer, Augusto Pinochet contaba con más de 400 querellas en su contra, por violaciones a los derechos humanos, tales como tortura, desapariciones, apropiación de niños, asesinatos de sacerdotes y periodistas extranjeros; algunas de ellas interpuestas por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y por estados extranjeros, y estaba en curso una orden de detención.

En el velatorio del féretro de Pinochet acudieron no menos de 60.000 personas; entre ellas Francisco Cuadrado Prats, nieto del asesinado general Carlos Prats, que escupió sobre el vidrio que cubría el rostro de Pinochet, como acto de repudio en memoria del general Prats, mandado asesinar por Pinochet en Buenos Aires (posteriormente el nieto de Prats fue despedido de su empleo por ello. ). El 12 de diciembre de 2006 el féretro fue despedido con la participación de más de 50.000 personas.

Durante la ceremonia, su nieto Augusto Pinochet Molina, oficial activo del Ejército con rango de capitán, realizó un polémico discurso que fue calificado "de naturaleza política" por autoridades militares y civiles, en el cual afirmó que su abuelo "derrotó en plena Guerra Fría al modelo marxista, que pretendió imponer su modelo totalitario, no mediante el voto, sino más bien derechamente por el medio armado" y criticó a los jueces nacionales al decir que con sus actividades "buscaban más renombre que justicia". Tras dichas declaraciones, el gobierno mostró su repudio a la intervención no autorizada en un recinto estatal y en uniforme militar, razones por las cuales fue dado de baja.

Pinochet había dado instrucciones al general Luis Cortés Villa para que diera a conocer una carta luego de su muerte.

Los restos de Augusto Pinochet Ugarte fueron cremados en un cementerio de Concón (Región de Valparaíso), y sus cenizas están en alguna de sus residencias de descanso. Esta decisión según la familia, fue tomada por el mismo general para evitar eventuales profanaciones de su lugar de entierro. Las Fuerzas Armadas, por otra parte, impidieron que sus cenizas fueran depositadas en algún recinto de la institución castrense.

En diciembre de 2006, Manuel Contreras, ex director de la DINA, la policía secreta de la dictadura, acusó a Augusto de Pinochet de enriquecerse ilícitamente en base al narcotráfico, basándose en las relaciones que su hijo Marco Antonio Pinochet Hiriart, habría tenido con Edgardo Bathich, empresario de San Vicente de Tagua Tagua y narcotraficante. Contreras afirmó a los medios de comunicación que Pinochet había usado el Complejo Químico del Ejército de Talagante para producir cocaína. El encargado de distribuir dicha droga producida por miembros del Ejército de Chile habría sido Monzer Al Kassar. Marco Antonio Pinochet señaló, en respuesta, que "los dichos de Contreras sólo se explican porque él es "un mentiroso, un canalla, que se escuda en mentiras para decir cosas", anunciando que se reuniría con sus abogados para analizar las acciones legales a seguir, y agregando que "Este individuo , no puedo tener otra expresión, está mintiendo para mi esta persona esta enferma de maldad". El general Contreras insinúa en sus declaraciones que toda la familia (sus hijos varones) estaban involucrados desde 1983, cuando Augusto Pinochet Hiriart estaba en Los Ángeles (Estados Unidos); asimismo, declaró ante los tribunales que la mayor parte de los fondos que Augusto Pinochet no puede justificar serían producto del narcotráfico.

El 4 de octubre de 2007, los cinco hijos del fallecido general Augusto Pinochet, su viuda Lucía Hiriart, y el que fuera su círculo más cercano, integraron una lista de 23 personas que fueron procesadas —y la mayoría detenidos— por decisión del juez Carlos Cerda, como autores del delito de malversación de caudales públicos en el marco del Caso Riggs. Fueron liberados y sus procesamientos dejados sin efectos a los pocos días por la Corte de Apelaciones de Santiago. Se descubrió que Pinochet llegó a tener 125 cuentas bancarias fuera de Chile y las precauciones que habían adoptado el acusado y su familia para esconder una fortuna estimada en 27 millones de dólares. Según estableció la investigación, el Banco Riggs ocultó cuentas de Pinochet mucho tiempo después de su detención en Londres en 1998, ordenada por el juez español Baltasar Garzón por el delito de genocidio, y de la subsiguiente orden internacional para la congelación de sus fondos. Para impedir su localización, el banco cambió la titularidad de las cuentas de "Augusto Pinochet Ugarte" a "A.P.Ugarte", entre otros nombres.Pero en 2002, los organismos reguladores estadounidenses las descubrieron y, tras intentar ocultar información, el banco "cerró las cuentas y envió los fondos no a los tribunales, sino al propio señor Pinochet para que lo depositara en otra entidad", según el senador estadounidense Carl Levin. Entre 1990 y 2002 el banco le giró entre cuatro y ocho millones de dólares.

Al principio



Guerra Sucia en la Argentina

Bombardeo de Plaza de Mayo, 16 de junio de 1955

Con el término Guerra Sucia en la Argentina se designa internacionalmente de modo habitual al régimen de violencia indiscriminada, persecuciones, represión ilegal, tortura sistematizada, desaparición forzada de personas, manipulación de la información y terrorismo de Estado que caracterizó a la dictadura militar autodenominada Proceso de Reorganización Nacional, la cual gobernó al país entre los años 1976 y 1983.

La denominación alude al carácter informal e irreglamentado del enfrentamiento entre el poder militar —desligado de la autoridad civil—, contra la misma población civil y las organizaciones guerrilleras, que no obtuvo en ningún momento la consideración explícita de guerra civil. El uso sistemático de la violencia y su extensión contra objetivos civiles en el marco de la toma del poder político y burocrático por las Fuerzas Armadas, determinó la inmediata suspensión de los derechos y garantías constitucionales y propició la aplicación de tácticas y procedimientos bélicos irregulares a toda la población.

No obstante, la denominación como "guerra" es objetada por algunas organizaciones políticas y de derechos humanos, sosteniendo que se trata de un argumento esgrimido originariamente por la dictadura militar para justificar la represión indiscriminada. Una de las consideraciones tenidas en cuenta es la disparidad de víctimas de ambos lados, que hace inadecuada la definición de "guerra"; en su lugar, la moderna jurisprudencia argentina la ha definido como "genocidio".

Antes de 1976, la violencia política en Argentina había ido escalando en un contexto internacional que la retroalimentaba (guerra fría, anticomunismo, movimientos de liberación nacional, foquismo, auge de la guerrilla).

Pocos meses antes del derrocamiento de Juan Domingo Perón, en junio de 1955, aviadores militares de la Marina de Guerra bombardearon Plaza de Mayo causando más de 300 muertos. En 1956, ya producido el golpe militar, una sublevación peronista fue reprimida con el fusilamiento del General Juan José Valle y otros participantes, incluyendo un episodio de fusilamientos clandestinos en la localidad de José León Suárez (Buenos Aires).

En 1959 se produjo la Revolución Cubana, que tendría una fuerte influencia, sobre todo entre los jóvenes y a través de la figura del Che Guevara, en la promoción de la guerrilla urbana en América Latina, también llamada por entonces "la vía armada". Ese mismo año aparecio la primera fuerza guerrillera a mediados de 1959 con el nombre de Uturuncos en la provincia de Tucuman.

En 1963 fue secuestrado y hecho desaparecer, el activista sindical Felipe Vallese, perteneciente a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM-CGT) a quien se considera generalmente el primer desaparecido de la historia argentina contemporánea en tanto otros reivindican como primer desaparecido a Juan Ingallinela, dirigente comunista detenido el 17 de junio de 1955 durante la segunda presidencia de Juan Domingo Perón y luego de los bombardeos a Plaza de Mayo. El cuerpo de Ingallinela nunca fue encontrado, aunque posteriormente el oficial Tixie reconoció su tortura y posterior asesinato. Fueron juzgados y condenados por ese hecho los comisarios Félix Monzón y Francisco Lozón y sus ayudantes Luis Tixie, Fortunato Desimone, Arturo Lleonart y Santos Barrera.

Ese año el Ejercito Guerrillero del Pueblo (EGP) compuesto inicialemente por unos 12 guerrilleros y al mando del Comandante Segundo Jorge Masetti estableció una zona de operaciones en la provincia de Salta, por ordenes de Ernesto Che Guevarra. En mayo de 1964 una patrulla de la Gendarmería descubre uno de sus campamentos, que terminará con la derrota del grupo.

En 1964 se produjo en Brasil el primero de una serie de golpes de estado de nuevo tipo que tenían como fin establecer dictaduras militares permanentes, categorizadas por el politólogo Guillermo O'Donnell como Estado burocrático-autoritario. El modelo se extendería a todo el Cono Sur, promovido desde la Escuela de las Américas de los Estados Unidos en Panamá, bajo la llamada Doctrina de la Seguridad Nacional en el marco de la Guerra Fría.

En 1966 se instaló la primera dictadura militar de tipo permanente en Argentina: la Revolución Argentina (1966-1973). Durante su curso la violencia política se dispararía. En las manifestaciones callejeras comenzaron a ser asesinados manifestantes al azar cuyos nombres (Santiago Pampillón, Juan José Cabral, Máximo Mena, Adolfo Ramón Bello, Luis Norberto Blanco, Hilda Guerrero de Molina, etc.) fueron enarbolados bajo lemas como "la sangre derramada no será negociada". Comenzaron a sucederse una serie de asesinatos de líderes sindicales, militares, políticos y empresariales de primer nivel, de alto impacto en la opinión pública (Vandor, Aramburu, José Alonso, Sallustro, Juan Carlos Sánchez, Roberto Mario Uzal, Emilio Berisso). Estallaron hechos insurreccionales urbanos masivos que adoptaron nombres como Cordobazo, Rosariazo, Mendozazo, Correntinazo, Tucumanazo, Choconazo, Rocazo, Vivorazo. Se formaron las organizaciones guerrilleras Ejército de Liberación Nacional (ELN), FAR, FAP, Montoneros, ERP, que realizaron operaciones, copamientos, atentados y asesinatos de alto impacto. Entre 1971 y 1972 las organizaciones guerrilleras mataron a 95 policías y algunos militares.

El 22 de agosto de 1972 un grupo de guerrilleros detenidos fueron fusilados clandestinamente en una base militar de Trelew. Este hecho en particular fue luego considerado como la primera acción concreta del terrorismo de estado en la Argentina.

En esas condiciones el gobierno militar decidió convocar a elecciones el 11 de marzo de 1973, donde ganó con el 50% de los votos el candidato presentado por el peronismo, Héctor Cámpora, ante la proscripción de Juan Domingo Perón. Pocos días después Cámpora renunció para permitir nuevas elecciones libres, en la que triunfó la fórmula Juan Domingo Perón - María Estela Martínez de Perón, con el 62% de los votos. Menos de un año después, el 1 de julio de 1974, Perón falleció y debió asumir la presidencia su esposa, María Estela Martínez de Perón, que sería derrocada el 24 de marzo de 1976. En este período inmediatamente anterior al golpe militar de 1976, la violencia política agravó su escalada.

La organización guerrillera ERP permaneció militarmente activa luego de las elecciones de 1973, lanzando una audaz incursion contra la planta nuclear Aler Atucha el 25 de marzo de 1973. Montoneros afirmó que suspendía sus operaciones militares aceptando la amnistía propuesta por Cámpora. Pocos días antes de asumir el presidente Cámpora, fueron asesinados el Almirante Hermes Quijada por el ERP-22 de Agosto, y el dirigente sindical Dirk Henry Kloosterman, secretario general del Sindicato de Trabajadores Mecánicos (SMATA), por las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP). El 20 de junio de 1973, en ocasión del regreso definitivo de Perón al país, y ante una movilización de millones de personas jamás vista en la historia argentina, se produjo un enfrentamiento armado de enormes proporciones entre Montoneros y otros grupos de civiles armados, de tendencias peronistas antagónicas, en el cual murieron entre 13 y 25 personas y 365 heridos: el hecho es conocido como la Masacre de Ezeiza.

Durante todo 1973 se sucedieron atentados, secuestros y asesinatos. Entre ellos se destacó el sufrido el 25 de septiembre de 1973 que causó la muerte de José Ignacio Rucci, secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), realizado por Montoneros. Poco después, el 21 de noviembre de 1973 realizó su primer atentado la Triple A, una organización parapolicial de tendencia derechista, dirigida desde el gobierno por el Ministro de Bienestar Social, José López Rega.

Simultáneamente Uruguay y Chile, dos países reconocidos por el respeto de la institucionalidad democrática, sobre todo el primero, sufrieron golpes de estado, conformando una situación subregional en el Cono Sur, donde Argentina aparecía como el único país en el que persistían las instituciones democráticas. Primero, el 27 de junio, se instaló una dictadura cívico-militar en Uruguay que permanecería en el poder hasta 1985. Luego, el 11 de setiembre de 1973 se produjo un sangriento golpe militar en Chile en el cual asumiría el poder el General Augusto Pinochet, quien se mantendría en el poder hasta 1990. Existieron conexiones estrechas entre las dictaduras militares establecidas en aquellos años en el Cono Sur, que se expresaron en el llamado Plan Cóndor y que en 1974 se manifestaron con el asesinato en Buenos Aires del ex Vicepresidente de Chile y ex Comandante en Jefe del Ejército chileno, General Carlos Prats, por haber sido colaborador del derrocado Presidente Salvador Allende.

En enero de 1974 el ERP atacó la guarnición militar de Azul, donde fueron muertos el jefe del Regimiento de Caballerí­a de Tanques 10 “Húsares de Pueyrredón”, coronel Camilo Gay y su esposa, y secuestrado el jefe del Grupo de Artillería Blindado 1, teniente coronel Jorge Ibarzábal. Los guerrilleros atacaron vestidos en uniformes de soldados y en la acción que dura siete horas muere también el Soldado Gonzáles y son heridos cinco soldados de la guarnicion.

Ese año fueron también asesinados, entre otros, el dirigente sindical Rogelio Coria, secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA); el alto dirigente radical Arturo Mor Roig; el director del diario El Día de La Plata, David Kraiselburd; el dirigente sindical petrolero Carlos Pierini; el dirigente sindical y ex-gobernador justicialista de Córdoba, Atilio López; el abogado Silvio Frondizi; el jefe de la Policía Federal Alberto Villar y su esposa; el Capitán Humberto Viola y su pequeña hija; el sacerdote Carlos Mugica; el abogado Rodolfo Ortega Peña.

En agosto de 1974, el ERP atacó la Fábrica Militar de Villa María (Córdoba) y, simultáneamente, el Regimiento 17 de Infantería Aerotransportado de Catamarca en una acción en que murieron alrededor de 20 guerrilleros y tres miembros de las fuerzas de seguridad. El 6 de setiembre Montoneros pasó a la clandestinidad, y el 19 de setiembre conmovió al país con el secuestro de los hermanos Juan y Jorge Born, dueños del poderoso grupo empresarial Bunge & Born que es considerado el secuestro y extorsión más grande de la historia, estimado en 60 millones de dólares. En 1974 murieron asesinadas 187 personas a causa de la violencia política.

El año 1975 registró una extremadamente alta violencia política agravada por un serio vacío de poder. En ese año de 1975 las organizaciones armadas irregulares concretaron acciones de muy alto impacto. Montoneros incursionó por primera vez en el copamiento de una unidad militar, asaltando a la guarnacion militar de Formosa el 5 de octubre. Por su parte el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) trató de tomar el cuartel militar de Monte Chingolo (Provincia de Buenos Aires) el 23 de diciembre, y en el hecho perdieron la vida gran cantidad de sus combatientes.

En 1975 la cantidad de asesinatos de impacto público disminuyeron (John Patrick Egan, cónsul de los Estados Unidos en Córdoba; el General Jorge Cáceres Monié y su esposa), pero se multiplicó la cantidad total, alcanzando el punto más alto de las últimas dos décadas: 490 asesinatos, contra 187 que se habían registrado el año anterior.

Históricamente," el hecho más importante fue el llamado Operativo Independencia, autorizado por la presidenta María Estela Martínez de Perón en acuerdo de ministros, mediante el famoso Decreto 261/75 del 5 de febrero en el que se ordenó al Ejército intervenir y "aniquilar el accionar de elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán" (art. 1). El uso del término "aniquilar" ha dado lugar a fuertes discusiones sobre el significado y alcance del mismo, en referencia directa al concepto de guerra sucia.

Esa metodología fundada en la intervención de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior, basadas en el aniquilamiento, sería extendida a todo el país mediante los Decretos 2770, 2771, y 2772 de octubre de 1975. El 28 de octubre mediante la Directiva del Comandante General del Ejército 404/75 (Lucha contra la subversión), se dispuso la zonificación militar del país en 5 zonas, divididas a su vez en subzonas y áreas, con sus correspondientes responsables militares.

La intervención militar en Tucumán estuvo motivada en el control alcanzado por el ERP en esa provincia, que alcanzó a un tercio de la misma, hecho que llevó a Mario Santucho -lider de la organización- a declarar una "zona liberada", para pedir apoyo y reconocimiento de los paises comunistas como bando "beligerante". Los enfrentamientos y acciones represivas en Tucumán, causaron la muerte de una considerable cantidad de militares, guerrilleros y ciudadanos que no formaban parte de ninguno de los dos bandos. Entre los hechos bélicos se destacan el derribamiento de un avión de transporte del Ejército, la emboscada en la que resulta muerto el capitán Héctor Cáceres, el ataque de la "Compañía Combate de San Lorenzo" del ERP al Batallón de Arsenales 121 de Rosario, el combate de Manchalá y la explosión de una bomba bajo un avión Hércules que salía de Tucumán en operación conjunta del ERP y Montoneros.

En la segunda mitad del año se producen otros enfrentamientos fuera de Tucumán, como un ataque al destructor misilistico ARA Santísima Trinidad y otro al Regimiento 29 de Infantería Montaña, en Formosa. En noviembre aviones A-4B Skyhawk de la Fuerza Aérea entran en acción con bombas napalm prohibidas por la Convención de Ginebra, en apoyo del Ejército.

El 23 de diciembre el Batallón urbano “José de San Martín” del ERP realizó con gran cantidad de combatientes un asalto al Batallón de Arsenales 601 "Domingo Viejobueno" del Ejército ubicado en Monte Chingolo y el 30 de diciembre hizo explotar una bomba adentro del Edificio Cóndor de la Fuerza Aérea.

Los primeros meses de 1976 se caracterizaron por la continuidad del alto nivel de violencia política, combinada con un casi completo vacío de poder y descontrol institucional. El 22 de marzo fue asesinado el dirigente sindical Atilio Santillán (FOTIA-CGT). En Tucumán el Ejército venció el 13 de febrero a la Fuerza de Monte del Ejercito Montonero. El 23 de marzo el diario La Opinión de Buenos Aires tituló: "Argentina inerme ante la matanza". El 24 de marzo se produjo el previsible golpe de Estado, apoyado por algunos sectores, rechazado por otros, y ante la pasividad de la mayor parte de la población, dando así inicio a un gobierno militar que se autodenominó Proceso de Reorganización Nacional, caracterizado por implementar una política represiva en la línea del terrorismo de estado, luego conocida también como Guerra Sucia.

Luego de instalada la dictadura militar Montoneros realizó una serie de ataques con bombas, en una de las cuales resultó muerto el general Cesáreo Cardozo, al mando de la Policía Federal. Al año siguiente, el 18 de febrero de 1977, el ERP ejecutó un atentado fallido contra la cabeza de la Junta Militar, Jorge Rafael Videla, que recibió el nombre de Operación Gaviota.

En ese período Montoneros contraatacó contra el régimen militar. El 2 de julio de 1976 detonaron una bomba en el comedor de la Superintendencia de Coordinación de la Policía Federal, en la ciudad de Buenos Aires, en momentos del almuerzo de los oficiales, causando la muerte de 23 policías y un civil, resultando también heridos 60 oficiales; en el lugar funcionaba un centro clandestino de detención. Como represalia, esa noche y los días subsiguientes fueron asesinados entre 46 y 76 detenidos-desaparecidos.

El 12 de setiembre Montoneros destruyó un bus policial en Rosario con un coche bomba, matando a 9 policías y dos civiles, e hiriendo gravemente a por lo menos 50, Durante el 8 de octubre fueron atacados con bombas las oficinas de las compañías Fiat, Mercedes Benz y Chevrolet. Finalmente el 16 de diciembre hicieron estallar otra bomba en sala de películas del Ministerio de Defensa, matando a por lo menos 14 personas y resultando heridos 30 oficiales y miembros de familia.

El 24 de marzo de 1976 asumió el poder, como "órgano supremo de la Nación", una Junta de Comandantes de las tres fuerzas armadas integrada por el General Jorge Rafael Videla, el Almirante Emilio Eduardo Massera y el Brigadier general Orlando Ramón Agosti. El primero a su vez, fue designado con el título de presidente con la mayor parte de las funciones de los poderes ejecutivo y legislativo. "En ejercicio del poder constituyente" la junta estableció un Estatuto al que deberían someterse todas las otras leyes incluida la Constitución.

El estado de sitio, con la suspensión de las garantías constitucionales, ya había sido declarado durante el Gobierno de María Estela Martínez de Perón, por Decreto 1368/1974. Pocos días después el gobierno militar sancionó la Ley 21.275 suspendiendo el derecho constitucional de opción a salir del país (Constitución Nacional, art 23).

Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA el gobierno militar explicó que era necesario vincular "el tema de los derechos humanos con la necesidad de reprimir el terrorismo y la subversión como medio para preservar la seguridad nacional".

La directiva de operaciones represivas 504/77 establecía que la detención de los obreros sospechosos "se efectuará con el método que más convenga fuera de las fábricas y de manera velada".

Los procedimientos represivos que caracterizaron la guerra sucia en Argentina escandalizaron a la opinión pública mundial y causaron un gran desprestigio internacional de los militares argentinos.

En realidad se estableció un sistema descentralizado de represión, a cargo de las zonas y áreas militares, en el que cada jefe militar tenía carta blanca para ejecutar el plan represivo (Balza,2005 ).

La desaparición forzada fue el régimen que caracterizó al Proceso de Reorganización Nacional. Más del 95% de los asesinatos y detenciones fueron intencionalmente ocultados.

En Argentina, durante la guerra sucia, la práctica habitual era detener ilegalmente y en secreto, a través de equipos militares especiales (GT: Grupos de Tareas), a los opositores y enviarlos a centros clandestinos de detención (CCD) donde inevitablemente eran torturados. Luego de un tiempo el prisionero o prisionera, o bien era asesinado, también en forma clandestina y sin guardar registros del momento y lugar, o bien era "blanqueado" y pasaba a una cárcel legal haciéndose pública su situación, o directamente liberado.

Un caso especial son los hijos de desaparecidos, hijos pequeños de los opositores secuestrados, respecto de los cuales se sabe que la mayoría no fueron asesinados, y fueron entregados clandestinamente a padres adoptivos, suprimiéndoles su identidad. La mayor parte de esos niños aún continúan desaparecidos; se estima su número en unos 500. Las Abuelas de Plaza de Mayo han encontrado hasta septiembre de 2006, 85 niños desaparecidos.

One hundred thousand disappeared lost in the jails of South America Cuddle up baby Cuddle up tight Cuddle up baby keep it all out of sight undercover Keep it all out of sight Undercover of the night ............................................. Cien mil desaparecidos, Perdidos en las cárceles de Sudamérica. Acurrúcate, cariño, Acurrúcate fuerte. Acurrúcate, cariño, Mantén todo fuera de la vista Encubierto Mantén todo fuera de la vista Encubierto de la noche.

La desaparición forzada de personas y su impacto en la sociedad argentina fue reflejada en una exitosa canción de Charly García titulada "Dinosaurios", del año 1983.

Para implementar la táctica de desaparición forzada de personas el gobierno militar creó cientos de centros clandestinos de detención (CCD).

Los primeros CCD fueron instalados en 1975, antes del golpe militar del 24 de marzo de 1976. En ese año ya estaban en funcionamiento la Escuelita en Faimallá (Tucumán) y el Campito (Provincia de Buenos Aires). También en 1975 funcionó un CCD en la planta de la empresa Acindar en Villa Constitución, presidida por Martínez de Hoz, como parte de la estructura represiva organizada para reprimir la huelga declarada por el sindicato (UOM) en mayo de ese año.

En el año 1976 llegaron a existir 610 CCD, pero muchos de ellos fueron temporarios y circunstanciales. Luego de los primeros meses posteriores al golpe de estado, la cifra se estabilizó en 364 CCD. En 1977 la cantidad se redujo a 60. En 1978 había 45 y en 1979 7 CCD. En 1980 quedaban dos: la ESMA y el Campito (Campo de Mayo). En 1982 y 1983 la ESMA era el único campo de concentración que seguía siendo utilizado.

En Buenos Aires hubo 60 centros, en la provincia de Córdoba 59 y en Santa Fe 22.

Cinco grandes centros fueron el eje de todo el sistema: la ESMA y Club Atlético en la Ciudad de Buenos Aires; el Campito (Campo de Mayo) y el Vesubio en el Gran Buenos Aires (Provincia de Buenos Aires); y la Perla en Córdoba.

A pesar de sus diferencias los CCD fueron organizados con una estructura y un régimen de funcionamiento similar. Todos los CCD contaban con una o más salas de torturas, amplios espacios para mantener a los desaparecidos siempre en condiciones de gran precariedad, y un centro de viviendas para los torturadores y guardias. Casi todos tenían algún tipo de servicio médico. En algunos casos hubo servicios religiosos permanentes para el personal militar.

Durante su permanencia en el CCD se procedía sistemáticamente a la deshumanización de los detenidos-desaparecidos mediante diversos procedimientos: sustitución del nombre por un número, violaciones, animalización, humillación, hacinamiento, condiciones intolerables de alojamiento, desnudez forzada, racismo, antisemitismo, homofobia, etc.

También existió una política y un procedimiento común para las detenidas-desaparecidas que se encontraban embarazadas. En ese caso se postergaba el asesinato y se producía un parto clandestino con supresión de la identidad del bebé quien era entregado para su crianza a personas íntimamente vinculadas al sistema represivo, y en algunos casos partícipes del asesinato de los padres y/o madres biológicos.

La tortura fue un componente central del plan represivo del gobierno militar. Los centros clandestinos de detención (CCD) fueron creados y diseñados para poder practicarla ilimitadamente. Al redactar el famoso informe "Nunca Más" en 1984, los miembros de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP) no pudieron evitar sobrecogerse ante el "inmenso muestrario de las más graves e incalificables perversiones" que tenían ante sus ojos, y debatieron el modo de evitar que ese capítulo del informe se convirtiera en una enciclopedia del horror.

El Capítulo V (Derecho a la seguridad e integridad personal), punto D (Apremios ilegales y torturas), del Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del 14 de diciembre de 1979, está dedicado precisamente a registrar los casos de tortura que le fueron denunciados. El mismo puede leerse aquí.

Por su parte, el título C, del primer capítulo del Informe Nunca Más de la CONADEP está dedicado las torturas que se practicaban en los CCD, en tanto que se incluye un título especial para referirse a las torturas en el domicilio de las víctimas.

No es posible separar las torturas de todo el resto de análisis del terrorismo de Estado en Argentina. La tortura es un elemento omnipresente de la llamada guerra sucia en Argentina. La tortura y sus imágenes se establecieron como el eje del terror, para las víctimas directas, y más allá para los familiares, conocidos y la población en general. Aún años después, décadas después, esas imágenes conmueven hasta lo insoportable a los adultos, y angustian a los niños de las nuevas generaciones.

La picana eléctrica es el instrumento de tortura alrededor del cual se diseñaron y construyeron las salas de tormentos, a las que en todos los CCD llamaban "quirófanos". La picana era denominada "máquina"; en La Perla le llaman "Margarita". En La Perla, la sala de torturas tenía un cartel que decía: "Sala de terapia intensiva - No se admiten enfermos", mientras que en la de El Vesubio estaba colocado un cartel que decía «si lo sabe cante, si no aguante».

Era habitual combinar violación y tortura. Más allá de la tortura eléctrica y la violación, los instrumentos, métodos y grado de crueldad de los tormentos, excede la comprensión de una persona promedio: simulacros de fusilamiento, el submarino, estiletes, pinzas, drogas, el cubo (inmersión prolongada de los pies en agua fría/caliente), quemaduras, suspensión de barras o del techo, fracturas de huesos, cadenazos, latigazos, sal sobre las heridas, supresión de comida y agua, ataque con perros, rotura de órganos internos, empalamiento, castramientos, sufrir tortura ante o presenciar la tortura de familiares y a veces niños, mantener las heridas abiertas, permitir las infecciones masivas, cosido de la boca...

El sadismo de los torturadores es un dato común. Todos los detenidos-desaparecidos eran torturados: hombres, mujeres, ancianos, ancianas, adolescentes, discapacitados, mujeres embarazadas y niños (hay varios casos de niños menores de 12 años torturados frente a sus padres).

El informe de la CONADEP define lo que debieron padecer los desaparecidos como un "descenso al infierno".

Los "vuelos de la muerte" fueron un sello atroz de la guerra sucia en Argentina. Mediante los "vuelos de la muerte" miles de detenidos-desaparecidos fueron tirados al mar vivos y drogados, desde aviones militares.

En 1995, un marino de la ESMA, Adolfo Scilingo, se quebró emocionalmente y le relató extensamente al periodista Horacio Verbitsky, el modo como se aplicaba una metodología de exterminio denominada por sus propios autores como vuelos. Su relato fue publicado como libro, con el título de “El vuelo”. Debido a estas confesiones Scilingo resultó condenado a 640 años de prisión, en España, donde se encuentra cumpliendo su pena.

Scilingo, en sus testimonios, detalla el procedimiento, la autorización de la Iglesia Católica, la utilización de inyecciones, el tipo de aviones (Electra, Skyvan ), la amplia participación de los oficiales, la utilización del aeropuerto militar que se encuentra en Aeroparque (ciudad de Buenos Aires), entre otros detalles.

Sin bien existen pocos datos, la desaparición de los cadáveres de los detenidos-desaparecidos arrojándolos al mar desde aviones, parece haber sido un método generalizado, además de las tumbas clandestinas. La Fuerza Aérea uruguaya reconoció en 2005 que se realizaban vuelos de la muerte en combinación con las Fuerzas Armadas argentinas (Operación Cóndor).

En 2005 se probó por primera vez el itinerario seguido por un grupo de víctimas asesinadas mediante vuelos de la muerte. El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) identificó los restos de las madres de Plaza de Mayo, Esther Ballestrino, María Eugenia Ponce, Azucena Villaflor, la militante Ángela Auad , y la monja francesa Léonie Duquet determinando que las mismas habían sido secuestradas en Buenos Aires, detenidas y torturadas en la ESMA y arrojadas vivas al mar desde un avión frente a las playas de Mar del Tuyú.

Un trailer del film "Garaje Olimpo", relacionado con los vuelos de la muerte, puede ser visto en este sitio.

La Guerra Sucia en Argentina fue parte de una operación continental. La Operación Cóndor fue el nombre con el que se designó el plan de inteligencia y coordinación entre los servicios de seguridad de los regímenes militares del Cono Sur (Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia), con conexiones con las fuerzas militares de Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela, y cooperación y apoyo operativo de los Estados Unidos. La Operación Cóndor constituyó una organización clandestina internacional para la práctica del terrorismo de Estado a escala continental.

La Operación Cóndor ha podido ser descubierta básicamente a partir de los documentos secretos del gobierno estadounidense desclasificados en época del presidente Bill Clinton.

Fue concebida y diseñada por el entonces Coronel chileno Manuel Contreras quien en 1975, redactó un extenso documento con las proposiciones para su funcionamiento. El primer paso hacia la organización se produjo a mediados de 1975 cuando el Coronel chileno Mario Jahn, viajó a Paraguay y entregó al Coronel paraguayo Benito Guanes, el documento de organización del mecanismo y lo invitó a participar en la Primera Reunión de Trabajo de Inteligencia Nacional, realizada en Santiago de Chile entre el 25 de noviembre y el 1 de diciembre de 1975. En esa reunión se decidió organizar la Operación Cóndor entre los seis países del Cono Sur (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Luego se sumarían, con distintos grados de compromiso, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. Tuvo su centro de operaciones en Santiago de Chile y su principal coordinador fue Manuel Contreras, quien era conocido como "Cóndor Uno".

El 26 de abril de 2000 el ex gobernador de Río de Janeiro Leonel Brizola sostuvo que los ex presidentes del Brasil, João Goulart y Juscelino Kubitschek, fueron asesinados en el marco del Plan Cóndor, simulándose un ataque cardíaco y un accidente, respectivamente y que ello debía ser investigado.

La Fuerza Aérea uruguaya ha reconocido oficialmente la realización de vuelos de la muerte conjuntos con el régimen militar argentino.

Orgánicamente, la Operación Cóndor comenzó a ser desmontada cuando cayó la dictadura argentina en 1983. Sin embargo, los contactos y los asesinatos coordinados continuaron. En abril de 1991, se puso en marcha la Operación Silencio para impedir el enjuiciamiento de los responsables.

El 31 de mayo de 2001, mientras Henry Kissinger se encontraba en París, fue notificado por el juez Roger Le Loire que debía presentarse a declarar sobre su participación en la Operación Cóndor, lo que provocó la inmediata salida del ex secretario norteamericano, de Francia. Pocos meses después, Kissinger debió cancelar una visita a Brasil, porque el gobierno no podía garantizarle inmunidad judicial.

El 22 de diciembre de 1992, se descubrió en una estación de policía de Lambaré, Asunción (Paraguay), los llamados archivos del terror, expedientes en los que existen constancias documentales sobre el terrorismo de estado en el Cono Sur. Según los archivos descubiertos en Lambaré (Asunción) en 1992, el plan Cóndor causó 50.000 muertos, 30.000 desaparecidos y 400.000 presos..

En febrero de 2004, el periodista estadounidense John Dinges, publicó Operación Cóndor: una década de terrorismo internacional en el Cono Sur, donde entre otras cosas revela que los militares uruguayos intentaron asesinar al diputado estadounidense Edward Koch en 1976.

A partir de 1979 el régimen militar argentino se comprometió activamente en desarrollar la guerra sucia en Centroamérica, capacitando a fuerzas militares y paramilitares de contrainsurgencia en Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, y exportando la experiencia argentina.

Los militares argentinos comenzaron a realizar operaciones encubiertas que la CIA ya no podía realizar bajo la administración demócrata del presidente James E. Carter y en sintonía con los grupos más conservadores norteamericanos, comenzaron a proclamar que Estados Unidos había dejado inerme al hemisferio frente al comunismo y que ellos debían cumplir ese papel.

En 1979, se produjo el triunfo del Frente Sandinista en Nicaragua y ese mismo año el presidente de la Junta Militar argentina, el general Viola, expuso ante la XIII Conferencia de Ejércitos Americanos realizada en Bogotá, un plan de latinoamericanización del modelo terrorista estatal.

Pero será fundamentalmente el general Galtieri quien, en consonancia con el triunfo de Ronald Reagan en Estados Unidos, llevaría a la Argentina a comprometerse plenamente en la Guerra Sucia Centroamericana, bajo los lineamientos estratégicos norteamericanos. Galtieri presentaba como un valor su capacidad para llevar la guerra sucia hasta las últimas consecuencias tanto militar, como política y culturalmente.

A principios de 1982 Estados Unidos y la dictadura argentina planearon la creación de un gran ejército latinoamericano, que sería liderado por un militar argentino, con el objetivo de invadir Nicaragua y aniquilar a los sandinistas. Paradójicamente, la invasión de las Malvinas decidida por el propio Galtieri puso fin a la intervención argentina en Centroamérica, pero la Guerra Sucia en la región continuó hasta bien entrados los años '90 con un saldo de cientos de miles de desaparecidos.

Las personas que fueron asesinadas, desaparecidas o torturadas, así como las que debieron exiliarse provenían de todos los sectores y estratos de la población; una parte importante aunque no bien determinada estaba integrada por combatientes, pertenecientes mayoritariamente a las organizaciones guerrilleras y también, aunque en menor número, a las fuerzas militares y policiales.

El gobierno militar proclamó que el blanco de la represión era el terrorismo, pero dándole un alcance por el cual virtualmente podía comprender a cualquier persona. El general Videla declaraba en 1978 al Times de Londres que "un terrorista no es solamente alguien con un arma de fuego o una bomba, sino también alguien que difunde ideas contrarias a la civilización occidental y cristiana".

El informe Nunca Más contiene una descripción de los desaparecidos por su grupo de referencia; más de la mitad eran trabajadores; en especial fueron asesinados los sindicalistas pertenecientes a comisiones internas de fábricas, como en los casos emblemáticos de Ford y Mercedes Benz. Entre los desaparecidos y asesinados existe una importante cantidad de adolescentes; en este caso es emblemático el secuestro y desaparición del grupo de adolescentes conocido como la Noche de los lápices. También fueron detenidos-desaparecidos y asesinados personas discapacitadas, ancianas, sacerdotes y monjas (como la Masacre de San Patricio de los padres palotinos, o de las Monjas Francesas Léonie Duquet y Alice Domon ), periodistas (como Julián Delgado o Rafael Perrota), artistas (como Héctor Oesterheld o Haroldo Conti), deportistas, abogados (como el laboralista Norberto Centeno o de derechos humanos, como Sergio Karakachoff ), etc. En algunos casos se trataban de familiares o simplemente personas nombradas por otros detenidos sometidos a tortura; en algunos casos se trató de funcionarios que simpatizaban con el régimen militar como Elena Holmberg o Héctor Hidalgo Solá; en otros casos se trató de simples casos de robo y extorsión como con Fernando Branca, o de intentos de ocultar errores como en el caso de la adolescente sueca Dagmar Hagelin y del pianista brasileño Francisco Tenório Júnior. Entre las víctimas notables también se encuentran las madres fundadoras de la Asociación Madres de Plaza de Mayo Azucena Villaflor, Esther Ballestrino y María Ponce.

Un caso especial de víctimas son los niños desaparecidos-secuestrados, entregados a familias que, con o sin conocimiento de esa circunstancia, sirvieron para convalidar la sustracción de identidad, y que en algunos casos fueron cómplices del asesinato de sus padres. Existe la certeza de que la mayoría de esos niños siguen con vida y para encontrarlos un grupo de abuelas y abuelos de detenidos-desaparecidos crearon la organización Abuelas de Plaza de Mayo, dirigida por Estela de Carlotto. Desde que se estableció la democracia en 1983 y hasta el 13 de febrero de 2009, las Abuelas habían encontrado a 97 de esos niños. Las Abuelas de Plaza de Mayo estiman que fueron secuestrados y privados de su identidad alrededor de 500 niños que hoy ya son jóvenes y enfrentan dificultades psicológicas sumamente complejas debido a que las personas a quienes consideraban sus padres, en quienes naturalmente confiaban, les habían negado su identidad y origen, y en algunos casos fueron cómplices o conocieron a los asesinos de sus padres biológicos.

La conocida banda de rock argentina, Bersuit Vergarabat, realizó a pedido de las Abuelas de Plaza de Mayo una canción que refleja el drama de estos jóvenes. La canción se denomina Victoria Clara, carece de copyright y puede ser libremente bajada de este sitio: Victoria Clara.mp3.

Existe un debate distorsionado por fuertes argumentos ideológicos sobre la cantidad de desaparecidos entre 1976 y 1983.

En la cultura popular se ha establecido el número de 30.000 desaparecidos, suma que es sostenida por las organizaciones de derechos humanos, las fuerzas políticas de izquierda y centro-izquierda, las organizaciones estudiantiles y los sindicatos, a las que pertenecían la mayor parte de las víctimas.

La Secretaría de Derechos Humanos de Argentina, sobre la base de las personas que percibieron indemnizaciones del Estado hasta 2003, tiene registrados 13.000 desaparecidos. La CONADEP en 1984 registró 9.089 casos de desapariciones forzadas.

La violación de derechos humanos en Argentina entre 1976 y 1983 fue parte de un plan de represión sistemática decidido en los más altos niveles del gobierno militar.

La estructura para la ejecución directa de la represión ilegal se organizó fundamentalmente a través de "grupos de tareas", "centros clandestinos de detención", equipos de interrogación y tortura, y equipos de exterminio y desaparición de cadáveres. Estos equipos a menudo estaban vinculados y actuaban en el ámbito de las zonas y subzonas militares y bajo órdenes de sus respectivos jefes.

Los equipos de represión ilegal estaban integrados por personal de las tres fuerzas armadas, policía, prefectura, médicos, sacerdotes y en algunos casos personal paramilitar. Adicionalmente altos directivos de empresas privadas y dependencias públicas, así como directores y profesores de colegios y universidades, colaboraron activamente con los mecanismos ilegales de represión.

En algunas zonas y subzonas militares, paradigmáticamente en Córdoba y Tucumán, los jefes militares dieron la orden de que todo el personal militar se viera comprometido directamente en la violación de derechos humanos.

En Argentina, como en otros casos de violaciones masivas de derechos humanos, se produjo un debate sobre el alcance y gravedad de la responsabilidad penal para los autores directos, en relación al lugar que cada uno ocupaba en la cadena de mando. En total se calcula que 1180 policías, militares y civiles fueron autores directos de crímenes de lesa humanidad.

El Proceso de Reorganización Nacional era conducido por una Junta de Comandantes de la que dependía un presidente. En los siete años que duró se sucedieron cuatro juntas; solo en la última el presidente no perteneció nunca a la Junta.

Una vez establecida la democracia el presidente Raúl Alfonsín ordenó el Juicio a las tres primeras Juntas, que se realizó en 1985, en el que resultaron condenados Videla, Massera, Agosti, Viola y Lambruschini. Luego fueron indultados por el presidente Carlos Menem en 1990.

Con posterioridad han sido nuevamente enjuiciados por otros delitos como los relacionados con los robos de bebés, delito no alcanzado por los indultos. Algunos de ellos también han sido procesados en España por delitos de terrorismo y genocidio; en 2006 su extradición aún estaba pendiente.

Los miembros de la última junta y el último presidente han sido procesados por la redacción del llamado Documento Final sobre la Lucha contra la Subversión y el Terrorismo y la sanción de una ley de autoamnistía, debido a que ello ha encubierto el secuestro de niños.

El país se había dividido en 5 zonas militares, correspondientes a los cinco cuerpos en que se dividía el ejército. Al comandante de cada cuerpo del Ejército le correspondía hacerse cargo de la zona. Cada zona estaba dividida a su vez en subzonas y áreas. Cada uno de los jefes de zona, subzona y área tenía mando directo para la represión ilegal en su jurisdicción. Por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires era una subzona, ubicada dentro de la Zona 1; a su vez la subzona Ciudad de Buenos Aires, estaba dividida en 6 áreas.

El General Balza ha declarado que estos militares “son de los pocos que pueden saberlo todo”.

Alfredo Astiz es el caso más emblemático de la represión ilegal. Era capitán de la Marina de Guerra y perteneció al Grupo de Tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada. Se infiltró entre las Madres de Plaza de Mayo simulando ser familiar de desaparecidos. Actuó como secuestrador de las Madres de Plaza de Mayo, de las monjas francesas Léonie Duquet y Alice Domon, de la adolescente argentino-sueca Dagmar Hagelin, entre otros casos de trascendencia mundial. Se vio beneficiado por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Luego de anuladas, en 2003, fue procesado y detenido en 2006. En Francia fue condenado en ausencia a prisión perpetua.

Miguel Etchecolatz es un ex policía que fue la mano derecha del ex General Ramón Camps, Jefe de Policía de la Provincia de Buenos Aires. Fue el responsable directo del operativo de la Noche de los lápices. Inicialmente fue condenado a 23 años de prisión como responsable de haber ejecutado 91 tormentos pero la Corte Suprema anuló la sentencia por aplicación de la Ley Obediencia Debida. Fue condenado y cumplió una condena de siete años por la supresión de identidad de un hijo de desaparecidos. En 2006 fue enjuiciado nuevamente y condenado a reclusión perpetua.

Jorge Eduardo Acosta, conocido como "el Tigre", era un capitán de corbeta jefe del Grupo de Tareas 3.3.2 basado en la ESMA y de ese centro clandestino de detención. Era quien tomaba las decisiones sobre tortura y muerte en la ESMA. En particular fue quien tomó la decisión de arrojar al río al grupo de monjas francesas Duquet y Domon y las madres de Plaza de Mayo Villaflor, Ballestrino y Ponce , así como la muerte de Dagmar Hagelin. Está procesado por delitos contra la humanidad en Italia y España. Con la anulación de la Ley de Obediencia Debida se reabrieron las causas en las que está involucrado.

Julio Simón, conocido como "el Turco Julián", fue un integrante de la Policía Federal Argentina que actuaba como torturador en el CCD el Olimpo. Llevaba una cruz svástica como llavero. Está condenado por el secuestro de niños y torturas.

El General Ramón Camps estuvo a cargo de la Policía de la provincia de Buenos Aires. Tuvo bajo su dirección varios de los centros clandestinos de detención (CCD) ubicados en la provincia. Entre los casos en los que intervino se encuentran el Caso Timerman y la Noche de los lápices. Se caracterizó por su antisemitismo acérrimo. Fue condenado a la pena de 25 años de prisión hasta que fue indultado en 1990. Murió en 1994.

Raúl Guglielminetti, alias "Mayor Guastavino", fue un agente de inteligencia perteneciente al batallón 601 que ha sido relacionado con múltiples actividades criminales clandestinas. A partir de 1978 condujo el Grupo de Tareas Exterior (GTE) que organizó la colaboración del régimen militar argentino con la guerra sucia en Centroamérica, conocida como Operación Charlie. Fue integrante de la denominada "Banda de Aníbal Gordon", fue relacionado con el secuestro del empresario Osvaldo Sivak en 1985, y ha sido vinculado al tráfico de armas y de drogas.

Este represor argentino, prófugo de la justicia, llegó a México, ocupando el cargo de director general de Registro Nacional de Vehículos. En el año 2000, fue detenido en el aeropuerto internacional de la ciudad de Cancún, Quintana Roo, y permaneció en prisión hasta que fue autorizado su traslado a España. Actualmente, se encuentra extraditado, de regreso a Buenos Aires, Argentina, donde sigue su proceso judicial.

Numerosas empresas y empresarios fueron autores directos de crímenes de lesa humanidad. Existen pruebas directas de la participación de altos directivos de las siguientes empresas en crímenes de lesa humanidad: Ford, Mercedes Benz, Acindar, Dálmine Siderca, Ingenio Ledesma, y Astarsa.

En todas esas empresas fueron secuestrados y torturados decenas de representantes sindicales, muchas veces señalados por los propios empresarios, detenidos dentro de las empresas y trasladados a centros clandestinos de detención (CCD) en vehículos provistos por las empresas. En el caso de Dálmine Siderca, se había instalado un CCD al lado de la fábrica, a la que se comunicaba por una puerta. En el caso de Acindar en 1975 se instaló dentro mismo de la empresa el primer centro clandestino de detención.

José Alfredo Martínez de Hoz, presidente de la empresa metalúrgica Acindar, quien fuera Ministro de Economía entre 1976 y 1980, fue enjuiciado penalmente en un caso en el que existe evidencia de haber participado activamente en el secuestro de los empresarios Federico y Miguel Gutheim, propietarios de la algodonera SADECO. Martínez de Hoz había viajado a a Filipinas donde un grupo chino le habría solicitado intervenir para que los empresarios argentinos cumplieran un contrato comercial de dos millones y medio de dólares. Los Gutheim (padre e hijo) fueron secuestrados poco después de que Martínez de Hoz volviera de Filipinas, y durante su secuestro fueron llevados en dos oportunidades a negociar con los acreedores chinos y en una oportunidad a reunirse con el ministro. En 1990 Martínez de Hoz fue indultado por el presidente Carlos Menem. El 4 de septiembre de 2006 un juez declaró la nulidad del indulto y reabrió el caso.

Se encuentra probada la participación directa de religiosos católicos en la comisión de crímenes de lesa humanidad. La periodista Miriam Lewin testimonió que mientras era trasladada encadenada y encapuchada en la ESMA, donde se encontraba detenida-desaparecida, pudo ver fugazmente a una persona con ropa de obispo o arzobispo.

Uno de los campos de concentración de la Marina era una Casa de Ejercicio Espirituales de la Iglesia Católica en el Delta del Paraná. La Iglesia ha sostenido que no conocía lo que allí sucedía porque le habían vendido el inmueble a la Marina.

El día 9 de octubre de 2007 fue condenado a cadena perpetua al ser encontrado culpable de 7 homicidios, 42 privaciones ilegítimas de la libertad y en 32 casos de torturas. Los jueces también concluyeron que los crímenes se realizaron en el marco de un genocidio cometido entre 1976 y 1983.

Documentos secretos desclasificados del gobierno de los Estados Unidos han revelado que Henry Kissinger sabía de los crímenes de lesa humanidad que se cometían en Argentina, que amparó deliberadamente a la dictadura militar para evitar que la presión internacional pudiera evitar las violaciones de derechos humanos, y que le recomendó al gobierno argentino asesinar a los opositores antes de que asumiera el presidente James Carter.

A partir de la Segunda Guerra Mundial se ha definido como colaboracionistas a aquellas personas que colaboran con las fuerzas de ocupación que cometen crímenes de lesa humanidad, los justifican y comparten su ideología.

En esta situación se encuentran varias personas y organizaciones que colaboraron activamente con el gobierno militar aún sin cometer ellos mismos crímenes de lesa humanidad.

La participación del sector empresario en el Proceso de Reorganización Nacional fue amplia y protagónica al punto de co-organizar el golpe de estado y el gobierno. En algunos casos participaron directamente en la violación de derechos humanos (ver Autores: Empresarios y empresas). En otros casos muchos empresarios simplemente aprovecharon la ausencia de estado de derecho para desconocer los derechos laborales. Muchos empresarios y empresas colaboraron más activamente con la dictadura, justificando y dando apoyo técnico al gobierno, y haciendo caso omiso de las violaciones de derechos humanos, aún conociendo su existencia.

En primer lugar, la colaboración empresaria con el golpe de estado se organizó a través de la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias (APEGE). La APEGE fue fundada en agosto de 1975, pocos meses antes del golpe, por las principales asociaciones empresariales, con un fin claramente desestabilizador del gobierno democrático y de creación de una instancia única de diálogo con las Fuerzas Armadas. El 16 de febrero de 1976 organizó una huelga empresaria que es considerada como el inicio de la cuenta regresiva del golpe.

La APEGE estaba integrada por el Consejo Empresario Argentino(CEA), la Sociedad Rural Argentina, la Cámara Argentina de Comercio, la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), y la mayoría de las cámaras patronales sectoriales.

Las organizaciones empresariales apoyaron abierta y explícitamente al gobierno militar. José Alfredo Martínez de Hoz, presidente del Consejo Empresario Argentino (CEA), fue ministro de Economía. El gobierno militar le entregó la Secretaría de Ganadería a la Sociedad Rural Argentina, representada por Jorge Zorreguieta (el padre de Máxima Zorreguieta) activo lobista de la SRA y activista de la APEGE.

El amplio apoyo que el sector empresario brindó al golpe de estado se vio claramente en la reacción del mercado financiero. La Bolsa reabrió sus actividades el 5 de abril de 1976 con un aumento de las acciones de 250% en una sola jornada.

Entre los colaboradores civiles se encuentran los funcionarios civiles del gobierno militar que no cometieron ellos mismos crímenes de lesa humanidad. Algunos de esos funcionarios han sido muy conocidos como Domingo Cavallo, Roberto Alemann, Oscar Camilión, Alberto Natale, Américo Ghioldi, etc.

Un caso paradigmático de "condena social" es el de Jorge Zorreguieta, padre de la princesa Máxima de Holanda lobista empresario de la Sociedad Rural Argentina quien llegó a ser Secretario de Agricultura después de la dictadura, a quien el gobierno holandés le impuso restricciones para estar presente en actos públicos debido a su condición de ex funcionario del régimen militar.

Se ha discutido hasta que punto funcionarios de menor jerarquía pueden ser considerados colaboracionistas. Entre las personas cuestionadas se encuentran la dirigente del ARI Elisa Carrió, que se desempeñó como asesora de la fiscalía de Estado y secretaria de la Procuración del Superior Tribunal en la provincia del Chaco, Eugenio Zaffaroni quien continuó desempeñándose como juez durante el gobierno militar, y el dirigente del PJ Juan José Álvarez quien se desempeñó en la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) entre 1981 y 1984.

En términos generales, y con muy contadas excepciones entre las que se destaca el periodista británico Robert Cox, puede decirse que la prensa argentina colaboró ampliamente con el régimen militar, encubriendo los crímenes y justificando su proceder. Los grandes periódicos como Clarín y La Nación colaboraron abiertamente. Lo mismo puede decirse de conductores y periodistas televisivos o radiales como Mirtha Legrand, José María Muñoz, Bernardo Neustadt o Mariano Grondona. Aquí debe destacarse la valiente posición de dos diarios conservadores, La Prensa y Buenos Aires Herald que denunciaron desde sus páginas la situación de violación masiva de derechos humanos.

En los partidos políticos existieron dirigentes que colaboraron abiertamente con el gobierno militar y en muchos casos fueron funcionarios. En la Unión Cívica Radical Ricardo Balbín realizó declaraciones apoyando al dictador Videla y desmintiendo la existencia de detenidos-desaparecidos. En el Partido Socialista Democrático su secretario general Américo Ghioldi fue embajador en Portugal. El Partido Comunista Argentino tuvo una posición de apoyo a los gobiernos de Videla y Viola a quienes propusieron un gobierno de convergencia cívico-militar. El actual dirigente macrista Santiago de Estrada fue Subsecretario de Seguridad Social. Alberto Natale, diputado nacional del Partido Demócrata Progresista, fue intendente de Rosario entre 1981-1983, mientras que Rafael Martínez Raymonda, presidente del PDP se desempeñó como embajador en Italia. Por su parte, la Fuerza Federalista Popular (FUFEPO) intentó presentarse como partido del Proceso de Reorganización Nacional, hecho que resultó en la designación de Horacio Guzmán como gobernador de Jujuy.

El 1 de diciembre de 1978, un grupo de ex-legisladores realizó una cena de homenaje al general Videla. Mientras que el peronismo con la firma de su presidente Deolindo F. Bittel rechazó el evento, la dirección del radicalismo asistió en pleno: Ricardo Balbín, Juan Carlos Pugliese, Rodolfo García Leyenda, Rubén Rabanal, Antonio Tróccoli, Francisco Rabanal, Carlos Raúl Contín, Juan Trilla, Cándido Tello Rojas y Aldo Tessio. A la reunión también asistió oficialmente el Partido Comunista representado por Fernando Nadra, miembro del Comité Central, y Juan Carlos Comínguez, ex-diputado nacional, y algunos peronistas como Luis Rubeo en contra de la resolución de su partido. En cambio no concurrieron Luis León, Fernando de la Rúa, Carlos Perette y Raúl Alfonsín.

La Iglesia Católica Argentina brindó un importante apoyo al gobierno militar y a la preparación del golpe de estado, y en algunos casos religiosos participaron directamente en los crímenes de lesa humanidad. En 2002 la Iglesia Católica pidió perdón por los pecados cometidos durante la dictadura militar de 1976-1983. Sin embargo hasta 2006 la Iglesia Católica Argentina se ha negado a abrir sus archivos, entre los que se encuentran los informes de los capellanes militares que podrían brindar información sobre las personas desaparecidas.

La comunidad internacional como tal fue incapaz de detener o condenar la violación masiva de derechos humanos en la Argentina, Chile, Uruguay y Bolivia. Esa incapacidad se debió en gran medida al bloqueo sistemático de todo intento de sancionar a la Argentina que realizaron tanto Estados Unidos como la Unión Soviética.

En el caso de Estados Unidos, su participación en el golpe de estado y el encubrimiento de los crímenes de lesa humanidad fue una política consciente propuesta por Henry Kissinger. Los documentos secretos del gobierno norteamericano desclasificados no dejan lugar a dudas sobre la complicidad directa de Estados Unidos y Kissinger personalmente en la violación masiva de derechos humanos.

La actitud de los Estados Unidos cambió completamente cuando James Carter fue elegido presidente especialmente a través de la acción de Patricia Derian, Subsecretaria de Derechos Humanos, condecorada en 2006 por el gobierno argentino en reconocimiento a su desempeño durante la dictadura. Durante su gestión (1977-1981) se desarrolló una intensa política de derechos humanos que se concretó en la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA a la Argentina en 1979, de gran importancia para limitar las violaciones de derechos humanos. Con la elección de Ronald Reagan EEUU estableció una política de renovado apoyo a la dictadura militar organizando en forma conjunta la guerra sucia en Centroamérica (Operación Charlie), hasta que decidiera invadir Gran Bretaña en las Islas Malvinas.

La Unión Soviética por su parte estableció una estrecha relación comercial con la dictadura militar durante los gobiernos de Videla y Viola. A raíz de ello, el Partido Comunista Argentino defendió el carácter progresista de estos militares y la URSS bloqueó las sanciones que se solicitaban contra la Argentina en los foros internacionales.

Cuba también mantuvo una posición tolerante frente a la violación de derechos humanos en Argentina actuando como interlocutor del gobierno militar tanto ante los países del bloque soviético como el Movimiento de Países No Alineados.

En varios países de Europa, principalmente Francia, se apoyaron actividades de denuncia de las violaciones de derechos humanos en la Argentina. En 1978, el famoso futbolista holandés Johan Cruyff tomó la decisión de no participar en la Copa del Mundo realizada en la Argentina como una forma de protesta.

En 1980, la Academia Sueca le concedió el Premio Nobel de la Paz a Adolfo Pérez Esquivel, un luchador por los derechos humanos, que constituyó una importante medida para poner en evidencia la situación.

En 1981 el grupo musical Queen realizó cuatro recitales en Buenos Aires, Mar del Plata y Rosario, en el que criticaron abiertamente a la dictadura militar y pronosticaron su caída, que tuvo gran impacto en la juventud.

Varios países tuvieron una actitud de recepción y protección de los exiliados argentinos. Entre ellas se destacaron México, Costa Rica, Venezuela, España, Francia, y Suecia.

A pesar de las condiciones extremas de represión varios grupos políticos, sindicales, de derechos humanos, mantuvieron una actividad de resistencia y oposición a la dictadura militar dentro del país.

En primer lugar se destacaron los organismos de derechos humanos como las Madres de Plaza de Mayo, las Abuelas de Plaza de Mayo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el Servicio de Paz y Justicia, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), entre otros.

Varios sindicatos de la Confederación General del Trabajo (CGT) mantuvieron también una activa posición opositora, declarando decenas de huelgas. En 1979 la Comisión de los 25 declaró la primera huelga general y en septiembre de 1981 la CGT convocó a la primera manifestación abierta contra la dictadura militar. Aún antes, con las huelgas prohibidas, se buscaron distintas formas de lucha como el "trabajo a tristeza" que desarrollaron militantes gremiales en Luz y Fuerza, ferroviarios y automotrices, que motivaron una ola de secuestros, entre ellos Víctor Vázquez del segundo, y Mario Marrero, joven comunista obrero de General Motors.

Entre los partidos políticos, mantuvieron una activa oposición varios grupos del Partido Justicialista, Franja Morada y el Movimiento de Renovación y Cambio pertenecientes a la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista Popular, el Movimiento al Socialismo, el Partido Intransigente, el Partido Comunista Revolucionario, entre otros. En 1980 las juventudes de estos partidos reorganizaron las Juventudes Políticas como instancia de acción conjunta, participando de las mismas las juventudes radical, peronista, socialista, comunista e intransigente. En 1981 cinco partidos (Justicialista, Radical, Intransigente, MID y demócrata-cristiano) con el apoyo del Partido Socialista Popular, organizaron la Multipartidaria para presionar al gobierno militar a retirarse y establecer un régimen democrático.

El movimiento estudiantil también mantuvo una precaria organización clandestina fundamentalmente a través de la Federación Universitaria Argentina. Una investigación más seria del período permite ubicar en los primeros años del golpe esfuerzos importantes por parte de los secundarios, principalmente las prohibidas y perseguidas revistas estudiantiles, que llegaron a más de un centenar en todo el país, y fueron base de la reorganización de los prohibidos centros estudiantiles. En el caso universitario el motivo movilizador fue la lucha contra el arancelamiento que impulsó el ministro Moyano LLerena, llegándose en 1980 a juntar 20.000 firmas en petitorios. En ambos casos, secundarios y universitarios, la coordinación entre las juventudes políticas fue decisiva, y aún más cuando se tomó la decisión de volver a ganar las calles, con movilizaciones de las agrupaciones en Rosario y Capital que fueron violentamente reprimidas.

En la Iglesia Católica Argentina, a pesar de la pasividad general de sus autoridades, existieron varios grupos y personas que adoptaron una activa posición de defensa de los derechos humanos. Entre ellos pueden destarcarse las monjas francesas Léonie Duquet y Alice Domon, los padres palotinos de Belgrano, el obispo de La Rioja Monseñor Enrique Angelelli, entre muchos otros.

En el exterior se organizaron grupos de exiliados entre los que se destacaron la Casa Argentina en México y Madrid, así como los grupos organizados en París.

Las organizaciones guerrilleras Montoneros y ERP fueron perdiendo presencia hasta quedar sumamente debilitadas.

El 30 de marzo de 1982 las fuerzas opositoras, con el liderazgo de la CGT y la Multipartidaria, organizaron una gran manifestación popular contra la dictadura que produjo la primera gran fisura del régimen.

Luego de la derrota en la Guerra de las Malvinas el gobierno militar se vio debilitado hasta el punto de tener que llamar a elecciones democráticas sin condicionamiento alguno para el 30 de octubre de 1983. Pocos meses antes el gobierno militar dictó la Ley 22.924 conocida como Ley de Autoamnistía. Esta ley fue un acto desesperado del gobierno militar en retirada y fue reiteradamente declarada inconstitucional incluso durante los meses finales del Proceso de Reorganización Nacional. El 15 de diciembre de 1983, cinco días después de asumir, el presidente Alfonsín envió al Congreso un proyecto de ley declarando nula la ley de auto-amnistía y una semana después el proyecto fue sancionado como Ley Nº 23.040, la primera ley de la nueva etapa democrática.

También el 15 de diciembre de 1983 el presidente Alfonsín creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), integrada por personalidades independientes como Ernesto Sábato, Magdalena Ruiz Guiñazú, Graciela Fernández Meijide, entre otros, con la misión de relevar, documentar y registrar casos y pruebas de violaciones de derechos humanos, para fundar el juicio a las juntas militares.

En 20 de septiembre de 1984 la CONADEP produjo su famoso informe titulado “Nunca Más” y sus miembros concurrieron a entregarlo al presidente Alfonsín acompañados de una multitud de 70.000 personas.

Finalmente el mismo 15 de diciembre de 1983 Alfonsín sancionó los decretos 157/83 y 158/83. Por el primero se ordenaba enjuiciar a los dirigentes de las organizaciones guerrilleras ERP y Montoneros; por el segundo se ordenaba procesar a las tres primeras juntas militares que dirigieron el país desde el golpe militar del 24 de marzo de 1976 hasta la Guerra de las Malvinas de 1982, excluyendo así a la última junta que decidió entregar el poder a un gobierno elegido democráticamente sin condicionamientos.

El 4 de octubre de 1984 la Cámara Federal de la Capital Federal (tribunal civil) tomó la decisión de desplazar al tribunal militar que estaba enjuiciando a las juntas para hacerse cargo directamente del juicio.

El fiscal fue Julio César Strassera y el fiscal adjunto Luis Gabriel Moreno Ocampo. El juicio se realizó entre el 22 de abril y el 14 de agosto de 1985. Se trataron 281 casos.

Los integrantes de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal que juzgó a las Juntas Militares fueron Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, León Carlos Arslanián, Jorge Valerga Araoz, Guillermo Ledesma y Andrés J. D’Alessio.

El 9 de diciembre de 1985 se dictó la sentencia condenando a Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera a reclusión perpetua, a Roberto Eduardo Viola a 17 años de prisión, a Armando Lambruschini a 8 años de prisión y a Orlando Ramón Agosti a 4 años de prisión. En cambio fueron absueltos Omar Domingo Rubens Graffigna, Leopoldo Fortunato Galtieri, Basilio Lamí Dozo y Jorge Isaac Anaya.

Por las características que tuvo, la condena a las juntas militares realizada por un gobierno democrático constituyó un hecho sin precedentes en el mundo, que contrastó fuertemente con las transiciones negociadas que tuvieron lugar en aquellos años en Uruguay, Chile, Brasil, España, Portugal y Sudáfrica.

Durante esos años la democracia estuvo permanentemente amenazada por sectores de las Fuerzas Armadas que se negaban a aceptar el enjuiciamiento por violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar anterior. Para intentar mantener bajo control el descontento en las Fuerzas Armadas, en 1986 el Congreso sancionó la Ley de Punto Final imponiendo un plazo de 60 días para procesar a acusados de delitos de lesa humanidad cometidos durante el gobierno militar.

La Ley de Punto Final no fue suficiente y en la Semana Santa de 1987 se produjo una gran rebelión militar encabezada por jóvenes oficiales del ejército argentino que se denominaron “carapintadas”. Al mismo tiempo que los jefes militares demostraban que no estaban dispuestos a obedecer las órdenes del presidente Alfonsín y reprimir la insurrección, millones de personas salieron a las calles para oponerse al alzamiento militar y la CGT declaró la huelga general en defensa del gobierno constitucional. Durante varios días el país estuvo a borde de la guerra civil. La rebelion fue sofocada por una rama del ejército leal al presidente Alfonsin.

La crisis se consideró superada el sábado 30 de abril cuando Alfonsín así lo comunicó en un discurso a la población congregada en Plaza de Mayo donde utilizó dos frases que se hicieron históricas con sentido negativo: "Felices Pascuas" y "la casa está en orden". Alfonsín, sin poder militar para detener el golpe de estado, negoció con los líderes militares "carapintadas" la garantía de que no habría nuevos juicios contra militares por violación de derechos humanos. Esas medidas se concretaron con la ley de Obediencia Debida y el reemplazo del general Héctor Ríos Ereñú por el general José Dante Caridi, al mando del Ejército. Este último, desde su cargo, defendió públicamente la dictadura y la guerra sucia. Desde entonces hubo otras dos insurrecciones militares durante 1988 (18 de enero y 1 de diciembre) y un permanente estado de insubordinación de las Fuerzas Armadas.

Las leyes de Punto Final y Obediencia Debida fueron objetos de fuertes cuestionamientos por parte de las organizaciones de derechos humanos, el movimiento estudiantil, y las fuerzas políticas progresistas.

El presidente Carlos Menem dictó varios decretos el 7 de octubre de 1989 y el 30 de diciembre de 1990, indultando entre otros a todos los autores de crímenes de lesa humanidad no beneficiados por las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida, incluidos los miembros de las juntas condenados y el ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz.

Las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y los indultos a los jefes militares y guerrilleros ya condenados, concedidos por el presidente Carlos Menem en 1989, fueron conocidas como las leyes de impunidad.

A partir de 2004 gran cantidad de jueces comenzaron a declarar la inconstitucionalidad de los indultos de delitos de lesa humanidad, reabriéndose así las causas contra los indultados por esos crímenes. El 6 de septiembre de 2006, la Corte de Casación, máximo tribunal argentino en materia penal declaró por primera vez la inconstitucionalidad de un indulto .

El 21 de agosto de 2003 el Congreso sancionó la ley 25.779 declarando insanablemente nulas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

Poco después se reabrieron las causas por delitos de lesa humanidad cerradas en la década del '80. El 3 de agosto de 2006 se habían reabierto 959 causas penales en las que 211 acusados se encontraban con prisión preventiva.

Previamente se había dictado la primera sentencia contra el ex policía Julio Simón, conocido como "El Turco Julián", condenándolo a 25 años de prisión por violaciones de los derechos humanos.

Los miembros de la última junta y el último presidente fueron procesados por la redacción del llamado Documento Final sobre la Lucha contra la Subversión y el Terrorismo y la sanción de una ley de autoamnistía. La razón jurídica utilizada para abrir este juicio fue que con ese acto se encubrió el secuestro de niños.

Como consecuencia de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, y los indultos decretado por el presidente Menem prácticamente cesaron todas las investigaciones sobre delito cometidos durante el gobierno militar. Ello no solo dejó impunes esos delitos, sino que también cerró la posibilidad de conocer lo que había sucedido con las víctimas, y en muchos casos incluso con los niños que aún continúan en poder de sus captores desconociendo su identidad.

Varios tribunales aceptaron la procedencia de estos juicios que se caracterizaron por no buscar culpables sino por averiguar la verdad.

De gran trascendencia fue la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Lapacó (1999), impulsado por las organizaciones de derechos humanos argentinas, que reabrió un caso cerrado por la Corte Suprema y obligó al Estado argentino a seguir investigando.

En los Juicios por la Verdad se descubrió, entre otras cosas, la existencia de redes de apropiación y tráfico de bebés a cuyas madres se ejecutaba.

Los delitos de lesa humanidad cometidos en el marco de la Operación Cóndor no resultaron alcanzados por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida ni por los indultos del presidente Menem.

Por esa razón, en 1999 se abrió una causa para investigar esos crímenes, en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Perú y Uruguay. Están procesados 16 jefes militares por el secuestro y desaparición de 110 personas. En la causa se había pedido la extradición del ex dictador chileno Augusto Pinochet, fallecido en 2007.

La idea de enjuiciar represores argentinos fuera del país se originó en Italia. En 1983 familiares de 100 italianos desaparecidos durante la dictadura argentina presentaron la primera denuncia en Roma.

En 1985 se inició un primer juicio que concluyó el 6 de diciembre del 2000 con la condena a cadena perpetua de los generales Guillermo Suárez Mason y Santiago Omar Riveros, y a 24 años de cárcel a Juan Carlos Gerardi, José Luis Porchetto, Alejandro Puertas, Héctor Oscar Maldonado y Roberto Julio Rossin.

En 2006 junio de este año, la justicia italiana inició otro juicio conocido como causa ESMA donde están acusados Jorge Eduardo Acosta, Alfredo Astiz, Antonio Bañen, y Emilio Massera.

En Francia en 1990 el capitán Alfredo Astiz fue condenado a cadena perpetua por la Corte de Apelaciones de París por la muerte de las monjas francesas Léonie Duquet y Alice Domon.

En 1996 el Juzgado nº 5 de la Audiencia Nacional española inició una investigación por los delitos de terrorismo y genocidio contra españoles durante la dictadura militar en Argentina. En estas causas se encuentran imputados decenas de represores argentinos para los que se ha solicitado extradición. En ese marco en 2005 fue condenado el represor Adolfo Scilingo a 640 años de presión.

En 1997 el juez español Baltasar Garzón solicitó la detención y extradición de 45 militares argentinos y un civil a quienes procesó por genocidio, terrorismo de Estado y someter a torturas a presos políticos durante el régimen de facto que gobernó en Argentina entre 1976 y 1983. Entre ellos se encuentra Jorge Anaya. El pedido fue rechazado varias veces por el gobierno argentino alegando el principio de territorialidad.

El 27 de julio de 2003 el presidente Néstor Kirchner mediante el Decreto 420/03 modificó el criterio de rechazo de las extradiciones sustentado hasta ese momento ordenando "obligatoriedad del trámite judicial" solicitado por la Justicia española, y abriendo así el camino a la extradición efectiva de los militares requeridos.

En agosto de 2003 el entonces presidente de España José María Aznar ordenó no continuar con el proceso de extradición de los solicitados por crímenes durante el gobierno de facto en Argentina. Esta decisión fue anulada por la Corte Suprema de España en 2005, ordenando continuar adelante con las extradiciones solicitadas por Garzón.

En España también se encuentra detenido el ex militar (marino) Ricardo Miguel Cavallo quien se desempeñó en la ESMA. Durante varios años se desarrolló una fuerte lucha judicial para evitar que pueda ser juzgado en España, sosteniendo la defensa que debía ser enjuiciado en Argentina. En diciembre de 2005 la justicia española decidió que Cavallo será enjuiciado en ese país, pero el tribunal supremo revocó su regreso en julio de 2007. En enero de 2006 la Fiscalía pidió una pena mínima de 13.332 años de cárcel para Cavallo por genocidio.

En 1983 un grupo de familiares de los desaparecidos alemanes o descendientes de alemanes en Argentina presentó en Argentina un habeas corpus conjunto por la desaparición de 48 alemanes y de origen alemán que nunca tuvo respuesta por parte de las autoridades judiciales del país.

El 31 de enero de 1983, algunos de los familiares de los desaparecidos alemanes, como Idalina R. de Tatter y María Christina Bogado Tatter, denunciaron al Ministro alemán de Relaciones Exteriores, Hans Dietrich Genscher, por denegación de auxilio solicitado en caso de necesidad urgente. Ellas fundamentaron la denuncia presentando como ejemplo los secuestros y desaparición forzada de Jorge Federico Tatter, secuestrado de su domicilio el 15.10.1976 y de Claudio Manfredo Zieschank, secuestrado de su centro de prácticas pre-profesionales en Buenos Aires el 26 de marzo de 1976. Los familiares de los desaparecidos explicaron el desinterés del gobierno federal alemán de Relaciones Exteriores en prestar ayuda a los secuestrados por la dictadura militar Argentina. Esta denuncia fue archivada muy pronto por la Fiscalía de Bonn. En mayo de 1998, los familiares de los desaparecidos alemanes volvieron a realizar en Alemania una denuncia penal por los secuestros o desaparición forzada de Betina Ehrenhaus, Marcelo Weisz, Jorge Federico Tatter y Gerardo Coltzau, durante los años de la última dictadura militar Argentina. Más tarde denunciaron los secuestros y homicidios de Elisabeth Kaesemann y Claus Zieschank, contando para esto con el apoyo de la Coalición contra la Impunidad.

En el 2006 algunas de las causas denunciadas se encontraban en investigación, sin condenados. La Fiscalía y el Tribunal de Núremberg solicitaron la captura y extradición de seis altos oficiales argentinos, entre ellos el ex presidente de facto Jorge Rafael Videla, así como el ex almirante Emilio Eduardo Massera, los generales Juan Bautista Sasiain y Franco Luque, y el coronel Pedro Alberto Duran Saenz.

El 30 de abril de 1977 las Madres de Plaza de Mayo realizaron la primera ronda alrededor de la Pirámide de Mayo en Plaza de Mayo, frente a la Casa de Gobierno. La costumbre de realizar una ronda se originó en la orden de las fuerzas policiales de que debían "circular". A partir de ese día las rondas se realizan cada jueves.

Desde los últimos años del gobierno militar las marchas convocadas por las organizaciones de derechos humanos comenzaron a convocar a grandes cantidades de personas, entre las que se destacan los jóvenes. Estas marchas multitudinarias han desempeñado un papel muy importante en el desarrollo de una conciencia favorable hacia los derechos humanos y la memoria.

Entre las grandes marchas pueden destacarse la 1ª Marcha de la Resistencia el 10 y 11 de diciembre de 1981, la Marcha por la Vida el 5 de octubre de 1982, la 2ª Marcha de la Resistencia, el 9 y 10 de diciembre de 1982, la del 20 de septiembre de 1984 acompañando a la CONADEP para entregar el Informe “Nunca Más” al presidente Alfonsín, la del 26 de abril de 1985 cuando se inició el Juicio a las Juntas, la del 20º Aniversario del golpe militar el 23 y 24 de marzo de 1996, la del 24 de marzo de 2006 (30º Aniversario del golpe).

Inmediatamente después de recuperada la democracia y que entrara en funcionamiento la CONADEP comenzaron a realizarse exhumaciones porque se sospechaba que muchas de las tumbas NN podrían estar ocultando desaparecidos asesinados sin identificar. Pronto fue evidente que se necesitaban métodos científicos para reconstruir la memoria. La CONADEP y las Abuelas de Plaza de Mayo tomaron la iniciativa y viajaron a Estados Unidos donde recibieron el decisivo apoyo de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia. Se creó una base de datos genéticos en el Hospital Durand de Buenos Aires, y un equipo de antropólogos forenses organizados por Clyde Snow con gran audacia. Sobre esta base en 1986 se creó el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), como una organización no gubernamental y sin fines de lucro.

Hasta el 2000 el EAAF había logrado identificar los restos de 60 personas, mientras que había otros 300 casos que se continuaban investigando.

Algunos de los miembros del EAAF son: Luis Fondebrider, Darío Olmo, Silvina Turner, Patricia Bernardi, Anahí Ginarte, Rafael Mazzella, Daniel Bustamante, Carlos Somigliana, Miguel Nieva, Sofía Egaña, Cecilia Ayerdi, Andrea del Río.

Desde 1984 existieron varios proyectos para crear instituciones, casas o museos en los que se pudiera organizar la memoria de la guerra sucia en Argentina, pero por más de una década los mismos fracasaron o no se consolidaron.

En Rosario la Municipalidad creó el Museo de la Memoria, dependiente de la Secretaría de Cultura, por ordenanza el 26 de febrero de 1998. Inició sus actividades el 30 de marzo del año 2001. El museo dedica una atención especial al accionar del II Cuerpo de Ejército, que tuvo su sede en la ciudad de Rosario desde donde se diseñó el plan represivo sobre seis provincias. Es el primero de Argentina.

En el año 2000 se sancionó la Ley 392/2000 de la Ciudad de Buenos Aires que estableció que el edificio de la ESMA fueran destinados a la sede de un futuro museo. El 24 de marzo de 2004 se firmó un convenio entre el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Estado Nacional para trabajar conjuntamente en la construcción de un “Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos”, que funcionaría en el predio de la ESMA. finalmente este proyecto se concretó el 20 de noviembre del 2007, cuando el Gobierno nacional inauguró oficialmente el predio. Asimismo, el 22 de agosto del 2007 se inauguró en la ciudad de Trelew, provincia de Chubut, el "Centro Cultural por la Memoria" en el predio conocido como "Aeropuerto Viejo de Trelew", donde el 15 de agosto de 1972 depusieron las armas 19 militantes de distintas organizaciones armadas (FAR, ERP y Montoneros), luego de la fuga del penal de Rawson, y que fueron fusilados por la Armada Argentina en la Base Almirante Zar el 22 del mismo mes, en la denominada "Masacre de Trelew".

Otros centros clandestinos de detención también han sido expropiados o propuestos para constituirse en espacios de memoria, como el sitio donde estaba el Club Atlético, el Olimpo, el CCD ubicado en la calle Virrey Cevallos 630 de Buenos Aires, la ex Jefatura de Policía en Rosario, la Mansión Seré en Morón (Gran Buenos Aires), etc.

También en la Ciudad de Buenos Aires se decidió construir el Parque de la Memoria frente al Aeroparque. En 2006 estaba parcialmente construida. En Córdoba, el 24 de marzo de 2007 el gobierno nacional entregó el CCD «La Perla» para crear un espacio para la memoria.

A partir de la recuperación de la democracia el 10 de diciembre de 1983, comenzó a hablarse de la necesidad que las Fuerzas Armadas rechazaran los métodos criminales de acción. El hecho tenía importancia para que las Fuerzas Armadas pudieran integrarse como parte del Estado de derecho.

El primer acto en ese sentido fue realizado en diciembre de 1985 por el entonces Jefe del Estado Mayor Conjunto, Brigadier general Teodoro Waldner (Fuerza Aérea), en el Colegio Militar en ocasión del egreso de los nuevos oficiales, con la presencia del presidente Raúl Alfonsín.

La autocrítica del Brigadier general Waldner fue elogiada por diversos sectores de la vida nacional, pero al mismo tiempo otros altos mandos de las Fuerzas Armadas reivindicaban la legitimidad del accionar durante la guerra sucia.

La sucesión de presiones, planteos y levantamientos militares desde 1985, que lograron frenar el enjuiciamiento de los responsables de crímenes de lesa humanidad y luego indultar a los condenados, abrió nuevamente sospechas sobre el verdadero pensamiento de las Fuerzas Armadas respecto a los derechos humanos.

Con posterioridad el propio General Balza realizó varias ampliaciones de la autocrítica del Ejército en 1998 y 1999. Como consecuencia de ello fue expulsado del Círculo Militar, la asociación civil más importante con las que cuentan los militares en Argentina.

La autocrítica militar abrió paso también para las autocríticas de otros sectores de la sociedad argentina respecto de su conducta durante la guerra sucia como las organizaciones guerrilleras ERP y Montoneros.

La Ley 25.653 del 22 de agosto de 2002 estableció que el 24 de marzo sería considerado el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, para conmemoración de las víctimas de la última dictadura militar.

En 2006 la Ley 26.085 declaró el día 24 de marzo feriado nacional. La intención de la ley es crear un día de memoria y reconocerlo como día tradicional de movilización por los derechos humanos. La medida generó apoyos y críticas entre los partidos políticos y las organizaciones de derechos humanos.

En general las organizaciones de derechos humanos y los partidos progresistas, de izquierda y de centro izquierda, sostienen que se trató lisa y llanamente de un proceso represivo de opositores ejecutado mediante un plan sistemático y prediseñado de terrorismo de Estado. Dentro de este enfoque algunos sostienen que el golpe militar de 1976 tienen una continuidad de creciente violencia represiva con los golpes militares de 1930, 1955, 1962 y 1966 contra las fuerzas democráticas.

Otros sectores más relacionados con las ideas de centro, sostienen que las Fuerzas Armadas, por un lado, y las organizaciones guerrilleras, por el otro, ejercieron actos de violencia terrorista, que no solo afectaron al bando al que decían combatir, sino a decenas de miles de ciudadanos que no hacían uso de la violencia. Esta interpretación ha sido denominada por sus críticos en forma despectiva como "teoría de los dos demonios".

Los sectores que defienden el accionar de las Fuerzas Armadas durante entre 1976 y 1983, sostienen que se trataba de una guerra, que no obedecía a las reglas de la guerra tradicional. Dentro de esta concepción las violaciones de derechos humanos son consideradas como excesos habituales en toda guerra, pasibles de ser amnistiados. Dentro de esta interpretación algunos sectores sostienen que las Fuerzas Armadas combatían una agresión marxista-leninista en el contexto de la Guerra Fría, mientras que otros sectores sostienen que simplemente se combatía al terrorismo.

Los sectores vinculados con las organizaciones guerrilleras suelen sostener también que se trató de una guerra civil revolucionaria. En mucho casos cuestionan la comisión de crímenes de guerra por parte de las Fuerzas Armadas y de delitos de lesa humanidad contra combatientes y no combatientes.

El impacto de la guerra sucia en Argentina sobre la cultura ha sido considerable, tanto dentro como fuera del país.

Por una parte la población en líneas generales y la juventud en particular, se sintió fuertemente afectada por los horrores revelados por las investigaciones realizadas una vez caído el gobierno militar. Los derechos humanos, la paz y la democracia, como ideales sociales, adquirieron una valoración máxima en la sociedad argentina. Los programas educativos, en escuelas, colegios y universidades incluyeron la enseñanza de las violaciones de derechos humanos durante la dictadura militar, denominada explícitamente con ese término.

En el campo artístico puede decirse que la guerra sucia ha impactado todas las áreas y prácticamente a todos los artistas de un modo u otro.

Durante la dictadura militar muchos artistas estuvieron prohibidos e incluidos en listas negras. Luego de la derrota en la Guerra de las Malvinas y la apertura del proceso electoral, los artistas censurados comenzaron a retornar a los escenarios. Muchos de esos recitales se convirtieron en acontecimientos culturales como los de Mercedes Sosa en el Teatro Opera en 1982, Joan Manuel Serrat en el Luna Park en 1983, y los de Silvio Rodríguez y Pablo Milanés en Obras en 1984.

También existen emotivas esculturas populares, anónimas o colectivas, que en general han sido colocadas en los centros clandestinos de detención. Entre ellas se destacan la columna rodeada de cuerpos que emerge de las profundidades del CCD Club Atlético, o las esculturas colocadas en las rejas de la ESMA.

Entre las obras artísticas relacionadas con la guerra sucia se destaca "Identidad" un complejo de fotos y espejos realizado por trece artistas argentinos a pedido de las Abuelas de Plaza de Mayo. Entre los artistas se encuentran Carlos Alonso, Nora Aslan, Mireya Baglietto, Remo Bianchedi, Diana Dowek, León Ferrari, Rosana Fuertes, Carlos Gorriarena, Adolfo Nigro, Luis Felipe Noé, Daniel Ontiveros, Juan Carlos Romero y Marcia Schvartz.

En 1981 se produjo el Movimiento del Teatro Abierto, una reacción cultural contra la dictadura militar que tuvo una amplia influencia en la población. Teatro Abierto fue organizado por un grupo de gente del teatro integrado por Osvaldo Dragún, Roberto Cossa, Jorge Rivera López, Luis Brandoni y Pepe Soriano, apoyados por Adolfo Pérez Esquivel, recién elegido Premio Nobel de la Paz y Ernesto Sábato. El movimiento se inició en el Teatro Picadero ubicado en la cortada Rauch de la ciudad de Buenos Aires, que por esa razón fue mandado a quemar obviamente por el gobierno militar. Teatro Abierto se movió entonces al Teatro Tabaris.

El ciclo se repitió en 1982, en 1983 (con el lema de "ganar la calle"), y en 1984 (el "teatrazo"). Entre las obras de aquellos ciclos pueden mencionarse Gris de Ausencia (1981) de Roberto Cossa, Tercero Incluido (1981) de Eduardo Pavlovsky, Oficial Primero (1982) de Carlos Somigliana.

Teatro Abierto influyó en el resto de las actividades artísticas organizándose actividades similares en otrosn campos como Danza Abierta, Música Siempre, Libro Abierto, Poesía Abierta, Tango Abierto o Folclore Abierto, tanto en la capital como en algunas provincias.

Algunos artistas en los cuales la guerra sucia ha impactado especialmente son Mercedes Sosa, Víctor Heredia, Charly García, Juan Carlos Distéfano, Juan Gelman, León Ferrari, etc.

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