Terrorismo

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Publicado por grag 03/03/2009 @ 16:07

Tags : terrorismo, sociedad

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Asociación Víctimas del Terrorismo

La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) es una asociación española formada en 1981 por víctimas de atentados terroristas. Sus miembros incluyen a heridos y a familiares de víctimas de atentados de la banda terrorista ETA, del GRAPO, del IRA y de Al Qaeda. La organización atiende a más de 6.000 personas.

Su objetivo principal es auxiliar y apoyar a todas las víctimas del terrorismo, así como sensibilizar sobre sus problemas y posturas a la sociedad española. Ha sido destacado su papel en la consecución de importantes medidas que han permitido mejorar sustancialmente la situación de las víctimas españolas.

Los socios que aglutina la AVT son heridos que han sobrevivido a los atentados, o en caso de muerte, su viudo o viuda o los familiares más inmediatos en el supuesto de que la víctima fuese soltero: padres, hermanos, etc.

Actualmente, la AVT ayuda a más de 6.000 personas. Para atender mejor las necesidades de las víctimas, dado el incremento de asociados, la asociación dispone de delegaciones territoriales en Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Comunidad Valenciana, Navarra y País Vasco.

Respecto al número de afiliados, algunos citan unos 3000 afiliados de 18.000 censados en España como víctimas del terrorismo , mientras que desde la propia Asociación , declaran tener como miembros, al 90 % de las víctimas de terrorismo asociadas (compatible con la primera cifra, ya que no todas las víctimas están asociadas). En cualquier caso, estas cifras la conviertirían en la asociación de víctimas del terrorismo más importante de España y una de las más numerosas del mundo.

A finales del 2002, miembros de la AVT, habrían participado en la fundación de otras asociaciones de víctimas, como la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT) presidida por Santos Santamaría.

Su actual presidente es Juan Antonio García Casquero, con Ángeles Pedraza como vicepresidenta y Carmen Miranda como secretaria general.

La asociación fue constituida en el año 1981 por víctimas y familiares de víctimas de atentados de ETA.

Durante toda la legislatura 2004-2008, la AVT se ha opuesto a las medidas del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en materia antiterrorista, en especial al proceso fallido de negociación con la banda terrorista ETA. La AVT insiste también en el cumplimiento íntegro de las penas de los condenados por terrorismo, y la negativa a cualquier tipo de diálogo o negociación con la banda terrorista ETA. Debido a estas posturas, la AVT ha recibido la crítica de varios partidos políticos de izquierda y nacionalistas. La propia Asociación 11-M Afectados del Terrorismo acusa a la AVT de querer arrogarse la representación de las víctimas en materia antiterrorista. Se les acusa también de obedecer a los dictados del PP debido al apoyo que les presta este partido en sus denuncias y protestas, señalando por ejemplo que cuando José María Aznar intentó pactar un final dialogado con la banda, tras una tregua anunciada por ETA en 1998, no levantaron las mismas críticas.

Desde dichos sectores críticos con la AVT también se critica su empeño, según ellos, en sembrar la duda sobre la autoría de los atentados del 11M, algo que la AVT argumenta como petición de que se aclaren al máximo las circunstancias de dichos atentados. Las acusaciones desde la izquierda hacia la AVT se basan también en el posicionamiento político que la Asociación ha manifestado ante temas políticos concretos, como su defensa de la unidad de España y la asistencia y apoyo de partidos de extrema derecha en sus manifestaciones, con la exhibición por parte de éstos de símbolos franquistas, sin que jamás haya mostrado rechazo alguno a sus presencia, hecho que reprochan a la AVT sus detractores.

El 12 de junio de 2004 fue elegido presidente de la AVT Francisco José Alcaraz y vicepresidenta María Jesús Gónzalez (madre de Irene Villa), siendo reelegido el el cargo de presidente el 13 de mayo de 2006. Desde el acceso al cargo de Francisco José Alcaraz, se la ha acusado de estar alineada con la política del Partido Popular.

En abril de 2008 Francisco José Alcaraz dimitió del cargo alegando "motivos personales" después de cuatro años de enfrentamientos con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, dando proceso a la renovación de toda la Junta Directiva, formada por él, Gabriel Moris, Carmen Miranda, Ana María Carro y Carlos Ábalos.

El 19 de abril de 2008 fue elegido como nuevo presidente de la AVT Juan Antonio García Casquero (víctima el 24 de mayo de 1992 de un atentado de la banda terrorista ETA al hacer estallar un coche bomba contra una patrulla de la Policía Nacional que se dirigía al Estadio Vicente Calderón, resultando heridos dos civiles y siete policías, asociándose a la AVT el García 6 de noviembre de 1992), como vicepresidenta Ángeles Pedraza (cuya hija Miriam fue asesinada en los brutales atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid), como secretaria general Carmen Miranda (mujer de Ramón Carlos Navia, capitán artillería del Ejército de Tierra, asesinado por ETA, el 6 de febrero de 1992, en un atentado contra una furgoneta militar en la plaza de la Cruz Verde de Madrid, en el que murieron otras cuatro personas y doce resultaron heridas), y como miembros de la junta Antonio Muñoz (víctima de un coche bomba de ETA el 19 de agosto de 1988 en Guipúzcoa en el que resultaron heridos cinco guardias civiles y un civil) y Manuela Lancharro (hermana de Antonio Lancharro, guardia civil asesinado por ETA el 14 de julio de 1986 en la Plaza de la República Dominicana de Madrid, en el que murieron otros 11 guardias civiles y resultaron heridas 77 personas, y perpetrado por Iñaki de Juana Chaos).

De ellos, la única que pertenecía a la anterior Junta Directiva es Carmen Miranda.

La Asociación recibe subvenciones anuales de los Ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales, y de Defensa, de la Comunidad de Madrid, de la Obra Social de Caja de Madrid, y desde su creación, de la Fundación Víctimas del Terrorismo (FVT). Además, la AVT cuenta con las subvenciones que cada tres años ha venido concediendo el Ministerio del Interior.

Otras ayudas provienen de donativos de instituciones como ayuntamientos y diputaciones, entidades privadas, y particulares.

La AVT, ha protestado por las cantidades que, afirman, reciben las otras asociaciones de víctimas. y a su vez, otras asociaciones han denunciado que la AVT percibe superiores cantidades concedidas "a dedo", por ejemplo, por la Comunidad de Madrid.

El 22 de enero de 2005, una manifestación convocada por la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) con el lema Por la memoria, dignidad y justicia de las víctimas deriva en críticas e insultos a una hipotética negociación del Gobierno con ETA. Tras la misma, el ministro de Defensa, José Bono, que había asistido a la manifestación, denunció haber sido agredido, lo que se tradujo en la detención de dos militantes del Partido Popular por haber participado supuestamente en la agresión, un hecho que derivó en una gran polémica política, mediática y judicial (el conocido como «caso Bono»).

El 4 de junio de 2005, convocó una manifestación en Madrid a la que acudieron 250.000 personas (según Policía Nacional) y 850.000 (según la Policía Municipal de Madrid), siendo una de las manifestaciones más numerosas realizadas. A la convocatoria sólo se sumó el Partido Popular. La AVT y el PP acusaron al gobierno de romper el Pacto Antiterrorista. Se le criticó la iniciativa presentada en el Congreso de los Diputados de dialogar con ETA siempre y cuando la banda se comprometa a dejar las armas. Desde el gobierno se criticó el hecho de que no se respetase uno de los puntos del propio pacto, que establecía que es responsabilidad del gobierno dirigir la política antiterrorista.

El 21 de septiembre, Zapatero se reunió con la AVT y otras cinco asociaciones de víctimas del terrorismo de ámbito autonómico. Allí, José Alcaraz rechazó el diálogo con ETA y el cierre de la comisión parlamentaria que investiga el 11-M. Ese mismo mes, la AVT denunció que el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, había denegado la subvención correspondiente a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. No obstante, el ministro denegó esta imputación, indicando que la AVT recibiría del IRPF ayudas "iguales" a su media histórica. Algunos medios conservadores como la revista Época o la cadena radiofónica COPE abrieron cuestaciones para que la AVT pudiese mantener los ingresos que el gobierno supuestamente le negaba.

El 25 de febrero de 2006, convoca una manifestación en Madrid bajo el lema "en mi nombre no" para pedir al gobierno que no negocie con los terroristas y que sí debe haber vencedores (los españoles) y vencidos (los terroristas), en referencia a una declaración aprobada por el Parlamento Vasco que pide "un final sin vencedores ni vencidos". Según la Delegación del Gobierno en Madrid acudieron 110.000 personas, 1.400.000 según Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid y 1.750.000 según los convocantes.

El 10 de junio de 2006 la AVT vuelve a convocar una nueva manifestación de repulsa con la política antiterrorista del gobierno con los lemas "Queremos saber la verdad" y Negociación en mi nombre no el primero hacía referencia a las dudas que sobre la autoría aun mantiene dicha organización. Una buena parte de las pancartas y lemas coreados aludían a esta postura. Acuden 185.000 personas según el Manifestómetro, 200.000 personas según El País, 216.000 según El Mundo, 243.000 según la delegación del gobierno y en torno a un millón según la Comunidad de Madrid. Esta última cifra fue presentada sin información sobre la realización del conteo haciendo imposible contrastarla.

El 25 de noviembre de 2006 la AVT convoca de nuevo una manifestación en Madrid bajo el lema la rebelión cívica. Congrega a 130.000 personas según cálculos de la dirección general de la policía y facilitados por la delegación del gobierno. El País cifra la asistencia en 120.000 personas según cálculos propios. La Comunidad de Madrid por su parte da la cifra de 1.300.000 asistentes aunque nuevamente la Comunidad sigue sin ofrecer información contrastable sobre la realización del conteo.

El 31 de diciembre de 2006 tras el atentado de ETA en Barajas, la AVT convocó una manifestaciones en las que se registraron diversos incidentes ; hubo enfrentamientos con otras concentraciones de distinta ideología, una periodista de TVE debió ser escoltada de nuevo y se produjeron insultos y calumnias contra otros informadores, contra el Gobierno y contra el presidente Rodríguez Zapatero; tras la manifestación de Madrid, varios grupos de manifestantes se dirigieron a la sede del PSOE para pedir la dimisión del presidente del Gobierno. En Salamanca también se produjeron algunos incidentes.

Contra el grupo vasco Soziedad Alkoholika presentaron en el 2004 varias querellas ante la Audiencia Nacional, acusándoles de incumplir el artículo 578 del Código Penal que castiga con pena de uno o dos años de cárcel a quienes lleven a cabo el "enaltecimiento o justificación" del terrorismo, así como a los que lleven a cabo acciones que supongan "descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares".

La Audiencia Nacional finalmente dicto sentencia absolutoria para todos los miembros de Soziedad Alkoholika.

La AVT fue criticada por omitir, junto con el Mº Fiscal, la aportación una prueba incriminatoria esencial en el juicio por el secuestro de José María Aldaya, dando como resultado la absolución, por falta de pruebas del secuestrador Gregorio Vicario Setién.

Haciendo referencia a otra sentencia posterior en la que Vicario fue condenado, la AVT mostró su "preocupación" por la manera en que se está juzgando a los terroristas y alertó sobre el desconcierto "que supone considerar válidas las mismas pruebas en algunos casos y en otros no". El Tribunal por su parte consideró en esta segunda sentencia que, las pruebas aportadas eran totalmente diferentes, haciendo distinción entre las declaraciones testificales realizadas como coimputados y las realizadas por testigos ya sentenciados.

El 22 de enero de 2007 la AVT anunció que se querellaba contra Javier Marías y el diario El País por "falsa y un presunto delito de injurias", a raíz de la publicación de un artículo del escritor donde se lamentaba por la deriva de la AVT y por utilizar a la AVT como «"brazo manifestante" de la extrema derecha mediática», bajo la dirección de Alcaraz, su actual presidente, y acusaba a presuntos miembros que acudían a una concentración de la AVT (a los que tildó de "energúmenos" y de "guerracivilistas"), en la que se proferían gritos como «¡Hay que fusilar a Zapatero!¡Hay que fusilarlos a todos con una Parabellum!», de hostigar a personas en virtud de su pretendida ideología.

Al principio



Terrorismo de Estado

Edificios en los que funcionó la Escuela de las Américas en Panamá

El terrorismo de Estado consiste en la utilización, por parte de un Gobierno, de métodos ilegítimos orientados a inducir el miedo en una población civil determinada para alcanzar sus objetivos sociales, políticos o militares, o fomentar comportamientos que de otra forma no se producirían. Dichas actuaciones se suelen justificar por la "Razón de Estado".

En el ámbito de la filosofía política existe polémica con respecto a lo que constituye actos de terrorismo de Estado o no. Por ejemplo, se ha argumentado que los bombardeos sistemáticos "de alfombra" sobre ciudades alemanas y japonesas durante la II Guerra Mundial de parte de la aviación británica y norteamericana, al igual que los bombardeos alemanes contra Londres y otras ciudades, podrían caber dentro de la definición de terrorismo de Estado, pero no suelen ser considerados como tales.

También se ha llegado a considerar que las organizaciones secretas financiadas por el estado y sin control democrático de los ciudadanos, entre ellas la CIA, el KGB, el Mosad, el MI5 y MI6 de Inglaterra, el Grupo COLINA del Perú, el DGSE de Francia, el BND de Alemania, el SIS de Portugal, el SISMI de Italia y otras, han participado o participan de sabotajes, asesinatos extrajudiciales, atentados y inclusive en la financiación y entrenamiento de grupos que se disponen a hacer dichas actividades. Se ha argumentado que ese fue el tipo de apoyo que se le prestó durante la guerra soviética en Afganistán a grupos islámicos (incluyendo a personalidades como bin Laden) y a la Contra nicaragüense. Según ese razonamiento, muchos de los organismos y agencias de inteligencia serían, pues, organizaciones terroristas dirigidas por el estado.

Durante la dictadura de Idi Amin también sa ha practicado el terrorismo de Estado, gobernando el país con los militares durante una década (1972-1979). Su gobierno se cobró las vidas de entre 300.000 y 500.000 ugandeses, e hizo desaparecer la minoría empresarial indo-oriental de Uganda. Solía alimentar a sus cocodrilos con la carne de sus enemigos políticos. El mismo tirano solía también alimentarse con la carne de sus opositores.

La Guerra sucia terminó hace años, y la situación de los derechos humanos en Argentina ha mejorado mucho. Al abrirse la posibilidad de condenar por "genocidio" los crímenes de Estado durante ese período, se ha comenzado a juzgar a militares, curas y policías. Sin Embargo, el destino de muchos de los 30.000 desaparecidos durante la guerra sucia sigue siendo un enigma. Por muchos años, leyes concilitatorias evitaron la investigación y el castigo, habiéndose condenado sólo a los jefes de las cúpulas militares, indultados años después. Finalmente han sido anuladas y algunas investigaciones comienzan a reactivarse. Niños, ahora adolescentes y jóvenes, que fueron arrancados de los brazos de sus madres desaparecidas, siguen viviendo con sus familias adoptivas (muchas veces parientes o amigos de los mismos asesinos de sus padres), sin saber cual es su verdadera identidad. Sus abuelos y familiares los siguen buscando.

Según la Comisión Valech durante el régimen militar de Augusto Pinochet se violaron los derechos humanos de cerca de 30 mil personas, de las cuales unas 3 mil resultaron fallecidas. Con la vuelta a la Democracia en 1990, han sido condenados gran parte de los involucrados en diversos actos realizados por medio de la Dirección de Inteligencia Nacional, conocida por el acrónimo DINA. Si bien ya no existen instituciones de represión política por parte del Estado, ni actos terroristas por parte de grupos extremos, algunos sectores califican como Terrorismo de Estado el trato dado al pueblo Mapuche.

Genocidio de población maya durante la guerra de 1960-1996, acciones de terrorismo de estado acompañaron la violencia política contra sindicatos, organizaciones estudiantiles, obreras, campesinas y eclesiásticas. Estrategia de tierra arrazada en territorios con presencia guerrillera implicaron el exterminio de comunidades rurales enteras con actos como violaciones sistemáticas, asesinato de mujeres embarazadas, dejando vivos algunos testigos para que difundieran el terror vivido.

La Habana también mantiene lazos con insurrectos latinoamericanos. Las dos organizaciones de izquierda más grandes de Colombia, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, mantienen presencia permanente en la isla.

Los Estados Unidos han brindado ayuda en armamentos, recursos y capital financiero a UNITA en Angola, a Escuadrones de la Muerte en El Salvador, los Contra de Nicaragua y a futuros miembros de Al Qaeda contra los soviéticos en Afganistán. El gobierno de los Estados Unidos apoyó a regímenes dictatoriales que tenían una política de Terrorismo de Estado como el régimen de Augusto Pinochet en Chile y en especial la Operación Cóndor, y a los gobiernos centroamericanos acusados de cometer genocidios hacia etnias y comunidades indígenas en los 80s (Gobierno de Efraín Ríos Montt en Guatemala, entre otros), así mismo se recuerda el apoyo al régimen totalitario de Suharto en Indonesia y su invasión a Timor Oriental en los años 70s. También ha patrocinado y permitido que algunos grupos favorables a su política exterior y acusados de terrorismo operen y residan dentro de su territorio, ejemplos de ello serían la Fundación Nacional Cubano Americana, Alpha66 y Hermanos al Rescate.

Dictadura en el Paraguay de Alfredo Stroessner: durante su régimen (1954-1989) fueron eliminadas entre 3.000 y 4.000 personas, debido a sus tácticas de mano dura contra los comunistas y a los que se oponían al régimen, empleando la tortura, el secuestro, asesinatos políticos y el crecimiento de la corrupción.

Durante la guerra interna entre el movimiento subversivo Sendero Luminoso y el estado peruano, bajo la dictadura civil de Alberto Fujimori, el gobierno fue culpable de algunas muertes a ciudadanos inocente presuntamente señalados como terroristas.

Durante la década de 1960 y 1970 en México se vivieron episodios de terrorismo de estado. La represión de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas en Tlahtelolco México D.F. es una muestra de la actitud del gobierno en turno hacia las demandas de las clases obreras y estudiantiles. Oficialmente se habla de 70 muertos, pero las cifras extraoficiales los indican en miles. Además de que existieron desapariciones forzadas.

El gobierno creó agrupaciones paramilitares como el Batallón Olimpia, Los Halcones y la Brigada Blanca para "aplastar" a los guerrilleros o comunistas en México. La Brigada Especial, como se le llamó oficialmente a la Brigada Blanca, que integró en junio de 1976 un grupo con 240 elementos, entre policías del D.F. y del estado de México; militares y personal de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), así como de la Policía Judicial Federal, para “investigar y localizar por todos los medios a los miembros de la llamada Liga Comunista 23 de Septiembre. De acuerdo a afectados dejó un número de muertos supera los 500. La Brigada Blanca fue disuelta en 1983, pero a más de 25 años de su desaparición muchas de sus actividades e ilícitos siguen impunes, a pesar de la Fiscalía Especial (creada durante el sexenio de Vicente Fox, 2000-2006) para aclarar los delitos durante la "Guerra Sucia" en México.

Los diversos gobiernos mexicanos en esa etapa realizaron terrorismo de estado contra algunos sindicatos o personas de la población civil que no estaban de acuerdo con el régimen estatal. Nefastos personajes como Arturo "El Negro" Durazo o Miguel Názar Haro son muestra representativa de los excesos policiacos durante estos años.

El gobierno del presidente Hugo Chávez utiliza las fuerzas policiales, paramilitares y un sector reconocible del estamento militar, para defender lo que llama Revolución Bolivariana contra la Oposición a su gobierno.

Régimen de Pol Pot, responsable del genocidio camboyano: en abril de 1975, Phnom Penh es tomada por los comunistas, que toman el poder y renombran el país como «Kampuchea democrática». Una gran parte de la población (unos 2 millonesde personas, la quinta parte de la población de la época, aproximadamente) fue masacrada de acuerdo con las órdenes de Pol Pot.

Durante la Revolución China (1949-1976), finalizada la II Guerra Mundial, con su conductor Mao Tse-Tung al frente, se ha practicado el terrorismo de Estado, asesinando y torturando a millones de personas, por diferencias políticas, religiosas, etc. Hoy se sabe que millones de personas murieron durante su gobierno, y por eso Mao es considerado por muchos historiadores uno de los mayores tiranos del siglo XX. Sin contar con la invasión del Tíbet, cerca de 70 millones de personas murieron en consecuencia directa de sus políticas que condujeron al hambre de su pueblo, a la migración en masa de personas y a la persecución y ejecución de adversários políticos.

Una actividad del estado de Israel condenada repetidamente por la comunidad internacional son los llamados asesinatos selectivos o contraterrorismo: ejecuciones extrajudiciales decididas por el gobierno, las fuerzas armadas u otras instancias del estado israelí, en la que no se respetan ninguno de los pasos habituales en un sistema judicial (acusación, derecho a defensa, juicio y condena), y que suelen producir víctimas entre la población civil.

Según los detractores de la política de Israel, estos asesinatos son ilegales según el artículo 3 de la Convención de Ginebra que señala taxativamente en su punto 1d que están y se mantendrán prohibidos en cualquier tiempo y lugar las ejecuciones, sin previo juicio de una corte oficialmente constituida y asumiendo todas las garantías judiciales reconocidas como indispensables en los países civilizados.

Sin embargo, y dado que este artículo se aplica a toda persona que no tome parte activa en las hostilidades, incluyendo miembros de fuerzas armadas que hayan abandonado sus armas y aquellas personas fuera de combate por enfermedad, heridas, detención o cualquier otra causa... las "ejecuciones extrajudiciales" de los miembros de los llamados grupos terroristas palestinos, quedarían fuera del ámbito de la aplicación de dicho artículo, dado que según la Convención de Ginebra, estos son considerados como combatientes. Y la Convención de Ginebra no establece obligación alguna de juzgar a combatientes enemigos antes de ser abatidos.

La política de asesinatos extrajudiciales, o contraterrorismo, es presentada por las autoridades israelíes como acto de autodefensa frente al terrorismo, como una medida que se aplica para la eliminación miembros o líderes de organizaciones terroristas directamente involucrados en el planeamiento o ejecución de un atentado. El criterio más citado es el de bomba de tiempo, es decir, un terrorista involucrado en el planeamiento o ejecución de un atentado futuro, en cuyo caso la medida tiene un valor preventivo.

Los detractores de esta práctica denuncian la ilegalidad de estas eliminaciones puntuales o asesinatos selectivos, como son denominadas por Israel, al ser realizadas sin juicio previo, y al implicar habitualmente la muerte de civiles inocentes. Este hecho ha generado muchas protestas dentro de la propia sociedad israelí, en muchos casos provocando casos de desobediencia por motivos de conciencia entre los miembros del ejército involucrados en las acciones.

Según los datos propios del Centro Palestino de Derechos Humanos, desde el inicio de la segunda Intifada hasta el 3 de marzo de 2004 el ejército israelí y los colonos han causado la muerte a 2129 civiles palestinos, de los cuales 464 eran menores de 17 años.

Del total antes mencionado, 337 murieron en estas denominadas "ejecuciones extrajudiciales", de los que 134 eran personas que se encontraban accidentalmente en el lugar del ataque, 40 de ellos niños.

El dirigente palestino más destacado abatido por Israel fue el jeque Ahmed Yassin, fundador y «líder espiritual» de la organización terrorista Hamás, responsable o instigador de la muerte de cientos de civiles israelíes en atentados terroristas suicidas. Yassin, de 66 años, parapléjico y prácticamente ciego desde su niñez, murió al ser alcanzado por misiles disparados desde un helicóptero israelí; en el ataque murieron otros siete integrantes de Hamás, y quince personas más fueron heridas, entre ellos los propios hijos de Yassin.

Si bien las autoridades palestinas no gobiernan sobre un Estado, sino sobre un territorio que al día de hoy no es independiente, al poseer muchas de las atribuciones de un gobierno soberano, como autoridad sobre policía, educación, etc., las diversas acciones de violencia hacia su propio pueblo realizadas por las autoridades palestinas —las cuales apuntan, básicamente aunque no solamente, a quienes puedan ser sospechosos de cualquier tipo de colaboracionismo hacia Israel—, también puede ser considerado como Terrorismo de Estado.

Terrorismo de Estado se ha practicado durante la dictadura Sadam Husein. Ordenado, por parte del dictador, la muerte, en 1982, de casi 150 personas de la aldea chiita de Dujail y el encarcelamiento y tortura de al menos otras 1.500, después de que se produjera un intento fallido de asesinato contra el ex dictador y la aniquilación en 1988 de 7.000 kurdos en el Ataque químico a Halabja en la región del kurdistan iraquí.

Después de proclamar la República Islámica de Irán, en 1979, el Ayatolá Jomeini aprovechó las circunstancias creadas por la guerra contra Iraq (1980-88) para la eliminación progresiva y violenta de todos los actores no religiosos de la revolución: los liberales y los grupos de izquierdas, incluidos los comunistas del Tudeh. Se calcula en dos millones las muertes producidas por el régimen islamista. También en Irán hubo asesinatos de kurdos. A su vez, Irán financia a grupos terroristas como Hezbolá y Hamás mediante dinero, entrenamiento y armas, además de promover y alentar el terrorismo islamista internacional de corte fundamentalista chiíta (principalmente en Irak).

Genocidio armenio practicado por el gobierno de Turquía en el año 1915, masacrando 1.500.000 de personas.

En la Alemania del Tercer Reich se ha practicado el terrorismo de Estado, asesinando, primero en Alemania y luego en el resto de la Europa ocupada, a 6.000.000 de judíos, por teorías racistas y supremacistas (Holocausto), y otras 5.000.000 de personas por diferencias políticas, raciales, religiosas, etc. Sus sistemas de aniquilación son bien conocidos: cámaras de gas , exámenes científicos con seres humanos, campos de concentración, etc.

Durante la dictadura de Francisco Franco, a partir de 1939, se practicó el terrorismo de Estado, donde, entre otras atrocidades, se fusiló a más de 50.000 ciudadanos por diferencias políticas, etc. y encarcelaron otros cientos de miles.

Finalizada la dictadura se dieron ciertos casos de Terrorismo de Estado (Terrorismo tardofranquista).

El 15 de enero de 1978 en Barcelona se producen la muerte de 4 personas durante un incendio en una conocida discoteca de la ciudad, sucesos conocidos como Caso Scala, en el cual supuestamente el Estado lleva a cabo acciones para desestabilizar el creciente movimiento anarquista en Cataluña.

De 1983 a 1987, durante el gobierno socialista de Felipe González, se llamó guerra sucia en España a las acciones desarrolladas por los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), que asesinaron, secuestraron y torturaron a presuntos miembros de la organización terrorista ETA así como ciudadanos españoles y franceses sin ningún tipo de relación con la banda. El Tribunal Supremo, en Sentencia de julio de 1998, condenó por el caso del secuestro de Segundo Marey al ex-ministro socialista José Barrionuevo, al Secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera, y al Gobernador Civil de Vizcaya Julián Sancristóbal a diez años de cárcel; a Francisco Álvarez, Miguel Planchuelo y José Amedo a nueve años y seis meses; a Ricardo García Damborenea, Secretario General del PSOE en Vizcaya, a siete años; a los ex policías Julio Hierro y Francisco Saiz Ojeda a cinco años y seis meses; a los ex agentes José Ramón Corujo y Luis Hens a cinco años, y a Michel Domínguez a dos años y cuatro meses. En septiembre de 1998 ingresaron en la cárcel y tres meses después, Vera y Barrionuevo, condenados a diez años de prisión, fueron excarcelados gracias a un indulto parcial del Gobierno Popular.

Francia ha practicado el terrorismo de Estado en la entonces colonia francesa de Argelia. El 8 de mayo de 1945 hubo una masacre de 45.000 argelinos que tomaron las calles para demandar su independencia, mientras Europa celebraba la victoria sobre la Alemania nazi el 8 de mayo de 1945. Las fuerzas coloniales lanzaron una ofensiva terrestre y aérea contra varias ciudades del este, en particular Setif y Guelma, en respuesta a los disturbios antifranceses, en los que murieron más de 100 europeos. La ofensiva duró varios días y según el estado argelino dejó 45.000 muertos. Los historiadores europeos sitúan la cifra entre 6.000 y 20.000. Se trata de uno de los capítulos más oscuros en la historia de Argelia y Francia, que gobernó el país norteafricano con mano de hierro desde 1830 a 1962.

También ciertas acciones, como el atentado realizado en 1985 contra el buque "Rainbow Warrior" de Greenpeace realizado por los servicios secretos franceses en el que falleció el fotógrafo Fernando Pereira, han tenido esa consideración.

La represión stalinista fue responsable del asesinato de millones de personas por diferencias políticas, étnicas y religiosas. También se provocaron hambrunas organizadas desde el gobierno comunista para acabar con la resistencia ucraniana (Holodomor). Después de la época de Stalin, disminuyó en gran medida la cantidad de asesinatos perpetrados por las autoridades comunistas. Como mínimo, unos 15 millones de personas.

El patrocinio de grupos terroristas por los estados, también es considerado Terrorismo de Estado Internacional. De esto están acusados países como Irán, Siria, Libia, Sudán, Corea del Norte o Estados Unidos, entre otros, todos considerados por diversas organizaciones y países como estados que escogen albergar, entrenar, dar apoyo táctico-estratégico a terroristas, por lo que ha recibido diversas acusaciones de co-responsabilidad sobre las acciones terroristas de los grupos cobijados.

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Asociación 11-M Afectados del Terrorismo

La Asociación 11-M Afectados del Terrorismo es una asociación formada por víctimas o familiares de víctimas de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, aunque acepta también la figura del "asociado solidario", que no son víctimas directas del terrorismo. Su actual presidenta es Pilar Manjón, miembro del sindicato Comisiones Obreras (CCOO).

La asociación fue constituida en el 2004 por afectados (familiares y víctimas) de los atentados islamistas del 11 de marzo de 2004 en Madrid que quisieron integrarse en una asociación y también por algunos afectados que no estaban satisfechos con el asesoramiento y apoyo recibido hasta el momento, acogiendo a un importante número de familiares y víctimas. Otros prefirieron afiliarse a la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) o, posteriormente, a la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M.

La Asociación 11-M Afectados del Terrorismo ha recibido las críticas del PP y de sus medios afines, que la acusan de dejarse llevar por deseos de venganza contra Aznar y de obedecer a los dictados del PSOE. Por el contrario, la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M pertenece a una esfera más próxima al PP y a las teorías de la conspiración del 11M defendidas desde la COPE y Libertad Digital. Comparativamente, la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo tiene 1.035 víctimas de los atentados entre sus socios, la AVT cuenta con unos 300 socios víctimas del 11-M, mientras que la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M asegura tener unos 500 afiliados .

En marzo del 2005 la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo anuncia que va a emprender acciones judiciales contra el juez de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo, al no permitir éste la personación como acusación particular a un importante número de afectados por el atentado. Manjón afirmó después que su asociación era la única que podía demostrar que todos sus miembros eran víctimas reconocidas por el Estado, porque su libro de socios fue auditado para poder personarse como parte en el juicio del atentado del 11-M.

La asociación presidida por Pilar Manjón insistió en la responsabilidad de José María Aznar y de su gobierno por haber implicado a España en la Guerra de Irak, siendo los atentados del 11 de marzo de 2004 consecuencia directa de este hecho.

En septiembre de 2006 recibió en Zaragoza el premio anual a la "Entidad asociativa" que celebra anualmente la Fundación Lola Soler.

Desde este mismo mes de septiembre de 2006 es miembro fundador, junto con otras 19 asociaciones de todo el mundo, de la Red Internacional por la Paz (International Network for Peace ). La INP es una red global de organizaciones compuestas por personas que han perdido a sus seres queridos o han sido afectados directos de guerras, armas nucleares, terrorismo, genocidio, crimen organizado y violencia política. Su misión consiste en trabajar conjuntamente para romper las espirales de violencia y venganza, el compromiso de honrar las memorias de las víctimas y la dignidad de los supervivientes y tiene como tarea transformar el dolor y la pérdida de los afectados por violencia política en acciones por la paz.

La Asociación 11-M Afectados del Terrorismo actuó como acusación popular, independiente de otras acusaciones, en el Juicio por los atentados del 11 de marzo de 2004 celebrado entre febrero y octubre de 2007 contra los 29 imputados por el atentado.

Desde su fundación la financiación pública de la asociación ha tenido un claro cariz político. Las distintas instancias de la administración le han dado o no subvenciones según el color del partido en el poder.

En marzo de 2006 la asociación denuncia la indiferencia que con ellos está teniendo la Comunidad de Madrid presidida por Esperanza Aguirre. Afirman que otras asociaciones, como la AVT o la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, sí han recibido subvenciones e incluso se las ha dotado de más y mejores medios mientras que a ellos se les ha ignorado por completo . La Comunidad Autónoma contesta diciendo que la Asociación de Pilar Manjón se ha visto favorecida por el Gobierno Central, beneficiándose del 71,4% de lo recaudado para las víctimas del 11-M, por el Organismo Nacional de Loterías entre sus trabajadores y administraciones asociadas (el resto fue a parar a la Fundación de Víctimas del Terrorismo, dependiente del Ministerio del Interior español) .

En diciembre de 2007, por cuarto año consecutivo, los presupuestos de la Comunidad de Madrid no incluyen subvenciones a la Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo , pese a residir casi todos sus miembros en dicha comunidad. Como en años anteriores, la Comunidad de Madrid indica que "la Administración regional da subvenciones a todas las asociaciones de víctimas que han presentado proyectos pero cuando no se presentan proyectos y no hay ningún otro tipo de petición es imposible financiarlos". La Comunidad recoge en su presupuesto "todos los proyectos que se han presentado, sin distinción de que vayan dirigidos a víctimas de los atentados del 11 de marzo o de ETA".

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Source : Wikipedia