Sistema bancario

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Publicado por daryl 01/04/2009 @ 16:07

Tags : sistema bancario, economía

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Patrón oro

Certificado estadounidense en oro

El patrón oro era el respaldo de los billetes en determinada cantidad de oro. En muchos países hubo bimetalismo, es decir, los billetes (moneda fiduciaria) estaban respaldados por una parte de oro y otra de plata. Su abandono comenzó durante la primera guerra mundial, puesto que los gobiernos beligerantes necesitaban imprimir moneda sin tener la capacidad de redimirla en metal. Después de la segunda guerra mundial, fue sustituido por el patrón cambio oro.

El patrón cambio oro es un sistema monetario por el cual se fija el valor de una divisa en términos de una determinada cantidad de oro. El emisor de la divisa garantiza poder devolver al poseedor de sus billetes, la cantidad de oro en ellos representada. Este sistema se implantó en Bretton Woods, cuando surgió el Fondo Monetario Internacional (FMI). Las divisas que garantizaban el cambio al oro fueron el dólar y la libra esterlina. Este sistema dio lugar a una estabilidad relativa y duradera, de 1944 a 1971. La mayoría de las economías del mundo se desarrollaron, por lo que esa etapa se conoce en la historia como la "Edad de oro".

La vigencia del patrón oro, que imperó durante el siglo XIX como base del sistema financiero internacional, terminó a raíz de la Primera Guerra Mundial, de forma que ya no se utiliza en ningún lugar del mundo. Suiza fue el último país en abandonarlo en 1998.

Sistema monetario bajo el cual el valor de la moneda de un país es legalmente definido como una cantidad fija de oro. La moneda en circulación está constituida por piezas de oro, o por billetes de banco (papel moneda) que las autoridades monetarias están obligadas a convertir, si así se las demanda, por una cantidad determinada de oro. Además, los individuos tienen la posibilidad de exportar e importar oro libremente. El patrón oro estuvo en vigencia, con diversas variaciones, hasta bien entrado el siglo pasado: Inglaterra lo abolió, por ejemplo, en 1931.

Cuando se usa el patrón oro se estabilizan, dentro de una estrecha franja, los valores de las diferentes monedas que aceptan el mismo. Un déficit en la balanza de pagos produce un flujo de salida de oro el cual, si no se toman medidas compensatorias por parte del banco central del país, causa una contracción en la oferta monetaria; esto, a su vez, lleva a la disminución de los precios interiores con respecto a los de otros países, lo cual alienta las exportaciones y reduce las importaciones, posibilitando así un flujo de oro en sentido inverso (entrante al país). Se genera de este modo, mediante el patrón oro, una compensación automática que lleva al equilibrio, al cual ayudan además los flujos de capital que actúan, en definitiva, del mismo modo.

A pesar de las ventajas del sistema, éste fue abandonado durante los primeros años de la crisis de la década de los treinta porque los precios y los salarios no descendieron en respuesta a una bajada de la demanda global, de modo que los ajustes recayeron sobre la cantidad de empleo total; en estas condiciones se consideró menos doloroso, en lo inmediato, la depreciación del tipo de cambio para abaratar las exportaciones que la reducción de los salarios, especialmente porque la presión de los sindicatos impuso en buena medida este tipo de política.

El patrón oro era un sistema monetario internacional que no podía funcionar sin la cooperación de los países que lo adoptaban. Mientras funcionó impidió que las naciones llevasen a cabo las políticas aislacionistas que disminuyen el comercio mundial y tienden a producir un estancamiento riguroso. Después de su colapso surgieron rápidamente políticas nacionalistas discriminatorias, en particular devaluaciones recurrentes, que restringieron el comercio multilateral y ahondaron la crisis de los años treinta. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial se ha intentado restaurar la coordinación entre las políticas monetarias de los diversos países y la libertad de comercio internacional, mediante la creación de organismos como el FMI y el GATT.

Desde las sociedades más primitivas, el hombre ha necesitado intercambiar los bienes obtenidos como fruto de su esfuerzo por otros. De ese modo, el que había recolectado manzanas podía desear cambiar parte de ellas por pieles en un momento dado. Así surgió el trueque. El problema es que, en ese momento, es posible que el cazador que tenía las pieles no desease manzanas sino puntas de flecha. La tarea podía resultar ardua, ya que requeriría encontrar a alguien dispuesto a cambiar las frutas por flechas, para ir posteriormente a cambiar estas por las pieles.Lo que ocurrio fue que el recolector de manzanas, le dejo las manzanas al que poseia las puntas de flechas y le pidio una nota equivalente al valor de las manzanas, luego se fue con esta nota y le dijo al dueño de las pieles que si le cambiaba esa nota (la cual tenia un valor en flechas) por pieles, luego podria reclamarla por flechas donde el emisor de la nota(el fabricante de flechas). Probablemente el poseedor de las pieles recibio la nota y no fue a comprar flechas sino que se la dio a otra persona en cambio por alguno otro bien o servicio, dando origen al papel moneda..

Al final, acaban apareciendo ciertos bienes que son más fácilmente intercambiables que otros, de forma que los individuos los demandan, no por su utilidad en si, sino por su especial capacidad para circular por el mercado, para servir de moneda de cambio. En definitiva, por su liquidez. Un claro ejemplo serían los cigarrillos en el ambiente carcelario, que serían utilizados incluso por los no fumadores para cambiar por otros bienes.

A lo largo de la geografía y de la historia se han usado muchos bienes como dinero; conchas, vacas, sal, cigarrillos, etc. pero el que acabó triunfando fue el oro. Sus características como bien duradero, divisible, homogéneo y difícil de falsificar lo convirtieron en el bien líquido por excelencia, por lo que fue bendecido por el mercado para servir de moneda de cambio.

De todas formas, en la práctica, la moneda fraccionaria más utilizada a lo largo de la historia ha sido la plata, aunque el verdadero valor residiera en el oro. Por eso, cuando se habla de patrón oro no quiere decir que se esté hablando necesariamente de monedas circulantes de oro físico o de pagarés respaldados contra reservas de oro disponibles en el acto; sino de un sístema monetario respaldado por un bien tangible con valor en sí mismo.

Uno de los problemas que se le puede poner a los metales como moneda es su peso, por lo que pronto se hicieron comunes los billetes, que no son otra cosa que promesas firmadas de entregar a su portador la cantidad en oro que en ellos se representa. Los bancos emitían estos billetes cuidándose de mantener una relación sensata entre el dinero que habían emitido y las reservas de oro que custodiaban en sus cajas fuertes, dado que, en caso contrario, perderían la confianza de sus clientes.

Posteriormente, se han ido descubriendo problemas más serios debidos al uso de un patrón oro. Así sus contrarios aducen que su suministro (relacionado con la actividad minera) es insuficiente al no estar relacionado con el suministro global de bienes (relacionado con la actividad económica en general y no sólo con la minería), que las reservas de oro están mal repartidas en proporción al peso real de la actividad económica de cada país en el mundo (el ejemplo más extremo es el de la segunda economía del mundo, la japonesa, con unos recursos auríferos escasos), que el uso del patrón oro es inestable frente a cualquier decisión gubernamental que en un momento dado decida suspenderlo (como hicieron las naciones beligerantes durante la Primera Guerra Mundial) y que, como resultado de todo ello, es un sistema monetario ineficaz. Las críticas más fuertes contra el patrón oro proceden del keynesianismo ya que lo acusan de haber sido el principal responsable de la gran depresión económica que siguió al crack de 1929. Aunque modernamente este punto de vista se ha suavizado y, de acuerdo a la teoría macroeconómica moderna, la verdadera responsabilidad hay que buscarla más bien en los repetidos fracasos para poder restaurar un patrón oro tan estable como el que existía antes de la Primera Guerra Mundial, así como en los problemas estructurales del sistema bancario y la falta de flexibilidad en la política monetaria seguida por los bancos centrales. En la visión general de los economistas, la objeción más fuerte contra el patrón oro se deriva de las consideraciones previamente citadas en torno a su ineficacia y a razones de índole social más que puramente económicas: el uso de un patrón oro da lugar a etapas largas de fuerte crecimiento económico separadas por depresiones severas e intensas que dan lugar a miseria y empobrecimiento generalizados durante periodos cortos de tiempo, ciclos que ocurrieron repetidas veces entre 1880 y 1913 (el periodo del esplendor del patrón oro clásico). Se considera que un modelo de crecimiento económico similar sería socialmente inaceptable en la actualidad.

No obstante, sigue teniendo sus defensores, principalmente en el campo de la escuela austríaca de economía que abogan por la supresión de los bancos centrales y del monopolio de los gobiernos como organismos encargados de acuñar la moneda en oro. Lógicamente, la interpretación de las razones de la gran depresión por parte de esta escuela es radicalmente distinta y aducen que fue, en realidad, el alejamiento de la reserva federal con respecto a un patrón oro estricto el que la causó. Según esta escuela de pensamiento, cualquier inflación acaba conduciendo a una asignación errónea de los recursos que, cuando intentan recolocarse de una forma más productiva, dan lugar a un estallido económico.

Ha quedado establecido que el mercado, necesitado de un bien líquido que ejerciese de moneda de cambio, de forma natural seleccionó al oro para cumplir ese cometido.

Posteriormente los gobernantes acuñaron monedas con sus efigies y se hicieron con el monopolio de la distribución del dinero. La tentación de fijar la paridad del dinero acuñado por encima del valor real del oro que contenían fue demasiado fuerte para los poderes públicos, que pronto rebajaron la riqueza de las aleaciones que componían la moneda. Esta verdadera alquimia legal permitió a los soberanos de la época comprar cobre para transformarlo en monedas que vendían a precio de oro. Los mecanismos del mercado no tardaron en advertir el engaño de forma automática, por lo que cada vez nos pedían un mayor número de estas monedas legalmente falsificadas al ir a adquirir un bien. El vendedor tiende a querer, a cambio de su producto, la misma cantidad de oro de siempre, independientemente del número de monedas con la efigie del monarca grabada que fueran necesarias. A esta subida que hace que se inflen los precios se le llamó inflación.

Aunque existieron muchas ocasiones a lo largo de la historia en que el oro fue dinero, cuando hablamos del patrón oro nos estamos refiriendo al imperio de este sistema que tuvo lugar en occidente durante el siglo XIX.

Algunos historiadores fijan la aparición del patrón oro en Inglaterra, cuando Sir Isaac Newton en 1717 incluyó, en un ensayo sobre el sistema monetario, una ratio de oro a plata que definía una relación entre las monedas de oro y el penique de plata que iba a ser la unidad de cuenta estándar en la Ley de la reina Ana de Gran Bretaña. De todas formas, es más comúnmente aceptado que un verdadero patrón oro requiere que haya una fuente de billetes y moneda de curso legal, y que esa fuente esté respaldada por la convertibilidad al oro. Dado que ese no era el caso durante el siglo XVIII, el punto de vista generalmente aceptado es que Inglaterra no estaba bajo el patrón oro en ese momento.

La adopción internacional del sistema fue gradual, y aportó una gran estabilidad a la situación financiera mundial debido a que proporcionaba una inflación insignificante y un tipo de cambio estable que era una bendición para el comercio internacional. En ese clima de tranquilidad, la prosperidad generalizada es casi inevitable, y así se mantuvo durante el siglo XIX, desde las Guerras Napoleónicas hasta la Primera Guerra Mundial.

En el siglo XIX, muchos países tenían un patrón bimetálico. Gran Bretaña tenía un patrón desde principios de siglo mientras que el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Ruso, Escandinavia y el Lejano Oriente tenían patrón plata.

Durante el tercer cuarto del siglo XIX, el sistema bimetálico se vio sometido a crecientes presiones. Portugal que tenía fuertes relaciones comerciales con Gran Bretañas adoptó el patrón oro en 1854. Además, el continente europeo tenía problemas para gestionar el patrón bimetálico. El crecimiento de las transacciones internacionales y la reducción de los costes de transporte provocaron el aumento de la circulación de monedas extranjeras en muchos países. La mayoría de ellas ya eran monedas financieras.

Italia empezó a emitir monedas de pequeña denominación de 0,835 de ley. Como las monedas francesas eran más valiosas —0,9 de ley—, los individuos intercambiaban monedas italianas y guardaban las francesas. Francia redujo la ley de sus monedas a 0,835. Entonces Suiza redujo la ley de sus monedas a 0,8.

Conscientes de su interdependencia se reunieron estos países y Bélgica en 1865, acordando acuñar monedas de 0,835 de ley. El estallido de la guerra franco-prusiana obligó a Francia, Rusia, Italia y al Imperio Austrohúngaro a suspender la convertibilidad.

Al acabar la guerra franco-prusiana, Alemania se pasó al patrón oro, al abolir la acuñación ilimitada de plata. Con la indemnización de 5000 millones de francos que Francia debía pagar, Alemania acuñó monedas de oro y vendió plata a cambio de oro en los mercados mundiales. La liquidación de plata por parte de Alemania, unida al descubrimiento de nuevas minas de plata en Nevada y otros lugares durante la década de 1850, provocaron la reducción de su precio obligando a otros países a admitir las importaciones inflacionarias de plata o a abandonar el bimetalismo a favor del patrón oro.

Al adoptar Gran Bretaña y Alemania el patrón oro, las externalidades de red llevaron a los otros países a seguir su camino. Dinamarca, Holanda, Noruega, Suecia y los países de la Unión Monetaria Latina se sumaron al patrón oro. A finales del siglo XIX España era el único país europeo que seguía teniendo papel inconvertible.

Sin embargo, la existencia del patrón oro provocaba inflación —teoría cuantitativa del dinero— lo que provocó que EE.UU., donde la agricultura y los dueños de minas de plata presionaban, celebrara una conferencia en 1878 para volver al bimetalismo. Dada la oposición de Gran Bretaña y Alemania que no asistió, este intento no tuvo éxito.

A comienzos del siglo XX, todo el sistema internacional se basaba en el oro. Sin embargo, sólo Inglaterra, Alemania, Francia y EE. UU. mantenían un patrón oro puro. Circulaban monedas de oro papel — monedas y monedas fraccionarias que podían cambiarse por el oro que poseían los Bancos Centrales en sus cajas fuertes o en sus tesoros nacionales. Aún así, en Francia había un patrón oro «renqueante», ya que aunque no se acuñaba plata libremente, ésta seguía siendo de curso legal. Además, los residentes y los extranjeros podían convertir los billetes del Banco de Francia en monedas de oro o de plata a criterio de las autoridades. En Holanda, Bélgica y Suiza la convertibilidad era decidida por las autoridades.

Además, existían otros mecanismos para fomentar la entrada de oro y dificultar su salida. Los Bancos Centrales concedían créditos libres de intereses a los importadores de oro. Podían reducir los incentivos para comprar oro cambiando billetes sólo en la oficina central. Podían elevar el precio de compraventa de barras de oro o cambiar billetes sólo por monedas de oro desgastadas. En EE.UU., el patrón estuvo limitado hasta 1900, porque las leyes obligaban al Banco central a comprar plata. A partir de 1900 se aprobó la Ley de patrón oro, que establecía que el dólar contenía 25,8 granos de oro y 0,9 de ley y no se preveía la acuñación o compra de plata.

En otros países, el dinero consistía en plata, papel oro y monedas fiduciarias pero el Banco Central se comprometía a convertir su dinero en oro a un precio a la vista. Los Bancos centrales a excepción del Riksbank sueco, el Banco de Finlandia y el Banco Estatal ruso eran por entonces entidades privadas, que a cambio del derecho a emitir billetes, prestaban servicios al gobierno. La Bank Charter Act inglesa, por la que se guiaron la mayoría de las legislaciones, establecía la coexistencia de dos departamentos independientes de emisión y banca.

La composición de las reservas internacionales variaba de un país a otro. La libra esterlina era la principal moneda de divisas y al final el período representaba el 40% de las reservas totales de divisas. La cantidad de reservas que debía tener un Banco central variaba de un país a otro. En los países que tenían sistemas fiduciarios, el banco estaba autorizado a emitir una cantidad de monedas no respaldadas por oro.

Los países con sistemas proporcionales no podrían tener unas reservas inferiores a una determinada proporción de dinero en circulación. Además, había países con sistemas híbridos. Aún así, en todos sistemas bajo ciertos supuestos estas normas podían incumplirse.

La formalización del mecanismo del patrón oro es el modelo de los flujos de oro y los precios de David Hume. A partir de un mundo donde sólo circulaban monedas de oro y donde el papel de los Bancos centrales era insignificante. Cada vez que exportaba oro, el exportador recibía oro, que llevaba a la casa de la moneda para que lo acuñase. En los países con déficit comercial, si bajaba la cantidad de dinero en circulación, sus precios bajaban. Lo contrario sucedía en el país con superávit. Por lo tanto, el flujo de oro alteraba los precios relativos.

Posteriormente, en los modelos se incluirían los Bancos centrales. Estos usaban los tipos de descuento para variar la oferta monetaria. Sin embargo, cuando se hicieron estudios empíricos se descubrió que esto no ocurría. Uno de los motivos era que si el tipo de descuento era superior al de interés, podía quedarse sin actividad.

Además, la subida de tipo de interés para frenar las salidas de oro podía deprimir la economía. Por último, la subida de los tipos de interés incrementaba el coste de pagar la deuda para el estado. Sin embargo, el equilibrio se mantenía. Ello se debía a que no había ninguna duda de que los países intentarían mantener la vinculación de su moneda al patrón. Los otros objetivos estaban subordinados a éste.

Cuando las monedas fluctuaban, los inversores reaccionaban de manera estabilizadora. Si el tipo de cambio bajaba acercándose al punto de exportación de oro, el Banco central perdía divisas. Entonces entraban los inversores previendo el beneficio que tendrían al intentar el Banco Central fortalecer el tipo de cambio. Como el capital entraba en grandes cantidades, el tipo de cambio subía solo, haciendo innecesaria la intervención del Banco central.

Los Bancos Centrales del mundo seguían al Banco de Inglaterra. Los bancos centrales coordinaban los ajustes de las condiciones crediticias mundiales. Esto podía ser complicado en épocas de recesión siendo a veces necesario que los bancos centrales extranjeros tomaran medidas para ayudar al que se encontraba en dificultades. Incluso podía recurrir a las reservas de otros países que tuvieran patrón oro.

Sin embargo, en la periferia, donde no se amenazaba la estabilidad del sistema, los Bancos centrales europeos eran los menos proclives a ayudar. De hecho, algunos países incluso carecían de Banco central. En EE.UU., la Reserva Federal se creó en 1913. Muchos países de Latinoamérica no lo harían hasta el decenio de 1920.

Había otros factores, como la inestabilidad de los países productores de materias primas. Al estar especializados en un reducido número de bienes, su relación real de intercambio podía sufrir grandes oscilaciones. A esto se le unía que las perturbaciones de cuenta corriente y capital se producían al unísono.

Finalmente, hay que tener en cuenta las presiones ejercidas por la población, sobre todo en EE.UU. El sufragio universal masculino aumentó la influencia del pequeño campesino, crítico con la inflación. Con el apoyo de la minería de plata lograron durante un breve período que se pudieran emitir monedas de plata —Sherman Silver Purchase Act—. No obstante, la huida de capitales provocó que se derogara esa ley el 1 de noviembre de 1893. Finalmente, los descubrimientos de oro en Australia, Suráfica y Alaska provocaron la subida de los precios.

El patrón oro fue el mecanismo por el que se reguló el sistema monetario internacional entre 1870 y 1913. Hay razones para pensar que este equilibrio no se hubiera mantenido durante mucho más tiempo. El declive relativo de Gran Bretaña, al ser sustituido por EE. UU. como primera economía del mundo, unido a la extensión del sufragio universal, hacía complicado seguir con el sistema vigente hasta entonces.

Al principio



NESARA

NESARA es un acrónimo que hace referencia a una supuesta ley estadounidense conocida como National Economic Security and Reformation Act (Ley Nacional de Reforma y Seguridad Económica). La ley habría sido aprobada durante una sesión secreta del Congreso de los Estados Unidos y ratificada por Bill Clinton antes de dejar su cargo. Los defensores de la existencia de esta ley afirman que contiene disposiciones que reorganizarían por completo la economía y el gobierno de Estados Unidos. Sus detractores afirman que la ley no existe, y que estamos ante un ejemplo de teoría de la conspiración propagada por internet.

Lo que sigue a continuación es una exposición de lo sostenido por los defensores de la teoría.

La teoría afirma que, a principios de 1993, la Corte Suprema de los Estados Unidos falló a favor de la Unión de Granjeros, que denunciaron los embargos fraudulentos que los bancos estaban realizando coludidos con el gobierno de los Estados Unidos. Los testimonios y pruebas presentados ante la corte por un agente retirado de la CIA habría ayudado a demostrar que la demanda de los granjeros era legítima. También a demostrar que el impuesto estadounidense sobre la renta no fue ratificado por el número requerido de Estados y, por lo tanto, era ilegal.

Casi unánimemente, los jueces de la Corte Suprema de Justicia fallaron a favor de la Unión de Granjeros. Los jueces reconocieron que existían evidencias claras que probaban que el gobierno de los Estados Unidos y el sistema bancario de la Reserva Federal estaban perpetrando fraudes contra los ciudadanos de muchas maneras. Los jueces reconocieron que para remediar esta situación se requerirían reformas masivas..

Cuando la Corte Suprema de Justicia emite una sentencia, uno o más jueces son asignados para controlar el proceso de ejecución de la misma. En este caso, cinco jueces habrían sido asignados a un Comité para desarrollar los pasos para implementar las reformas requeridas al sistema bancario y al gobierno. Para desarrollar dichas reformas, recabaron la ayuda de expertos en economía, sistemas monetarios, banca, gobierno constitucional y Derecho, así como muchas otras áreas.

Los jueces constituyeron redes de apoyo formadas por miles de personas en todo el mundo, personas denominadas "Caballeros Blancos" (White Knights), término procedente del Wall Street Journal y el mundo de los grandes negocios: hace referencia a la persona que salva a una compañía vulnerable de una oferta de compra hostil.

La teoría afirma que, debido a los profundos cambios que la aplicación de la sentencia requiere, se habría impuesto una ley mordaza que afectaría a todos los que estén directamente involucrados: cualquiera directamente involucrado habría sido forzado a firmar un acuerdo para mantener en secreto el proceso, y de violarlo, enfrentarían cargos de traición y la pena de muerte. Se dice que los archivos del caso están sellados hasta después de que las reformas hubieran sido cumplidas. Para mantener el secreto, el número asignado al caso de la Unión de Granjeros fue cambiado, así que relizar una búsqueda sólo mostraría información incorrecta, hasta después de que las reformas hayan sido publicadas.

Para implementar las reformas requeridas, los cinco jueces pasaron años acordando cómo ocurrirían las reformas, mediante negociaciones con el gobierno de los Estados Unidos, con los dueños de la Reserva Federal, con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial y con numerosos países, incluido el Reino Unido y otros más de la Unión Europea, ya que las reformas tendrían efectos de alcance mundial. Las reformas al sistema bancario de Estados Unidos requieren que la Reserva Federal sea absorbida por el Departamento del Tesoro, que se detengan todas las actividades fraudulentas de los bancos y que se compense a los ciudadanos estadounidenses el daño hecho por los fraudes.

Debido a que las negociaciones para implementar las reformas no prosperaron, los jueces autorizaron a que las reformas se implementaran como ley, bajo del nombre de Ley de Reforma Nacional y Seguridad Económica (NESARA). Esta ley, se afirma, fue aprobada secretamente por el Congreso el 9 de marzo del 2000. De nuevo, el secreto fue impuesto modificando los registros oficiales: los detalles del número asignado a la Ley NESARA fueron alterados para que hicieran referencia a una moneda conmemorativa, y revisados nuevamente hace poco. La Corte Suprema ha ordenado a los miembros del Congreso negar la existencia de NESARA.

No obstante, las teorías de la conspiración sostienen que muchos presidentes de bancos y socios de casas de bolsa han confirmado a amigos personales cercanos que se les ha avisado de las reformas. En junio de 2000, llegaron noticias de la aprobación secreta de NESARA desde contactos en la inteligencia naval, donde habría algunos Caballeros Blancos.

Al principio



Democracia económica

Democracia económica es un movimiento socio-filosófico que sugiere la transferencia del poder de decisiones desde una minoría de accionistas (stockholders en inglés) a la mayoría mucho mayor de partes interesadas (stakeholders en inglés). Mientras no hay una propuesta definitiva de como lograrlo, todas las propuestas de implementación y ejemplos concretos están basadas en un conjunto central de asunciones fundamentales. Alternativamente, la Democracia Económica es un componente integral del proyecto libertario de la Democracia Inclusiva .

El término fue popularizado por el economista estadunidense J. W. Smith, quien formó el "Instituto por la Democracia Económica" Sin embargo, sus ideas se basan en otras anteriores, tales como las de C.H. Douglas, Karl Polanyi, Henry George e incluso las de Adam Smith y las de Karl Marx. Otros teóricos modernos de la democracia económica incluyen David Schweickart y Richard C. Cook. Además, una variedad de autores y posiciones que se pueden en general definir como partidarias de la economía sostenible tienen visiones congruentes con la propuesta.

Los proponentes de la teoría generalmente están de acuerdo en que las condiciones actuales de inestabilidad o inseguridad económica (ver precarización) tiende a dificultar o incluso a prevenir la sociedad en general de obtener los ingresos suficientes para como consumir la producción total de esa sociedad. El creciente control monopólico por parte ya sea de las empresas o el Estado sobre los bienes comunes típicamente produce una situación de "escasez artificial", resultando en un desbalance socio-económico que restringe el acceso de la mayoría a oportunidades económicas y disminuye el poder adquisitivo de los ingresos en general conduciendo así a una situación de inestabilidad política y económica.

Asumiendo además que los derechos políticos o constitucionales no pueden ser obtenidos en su totalidad sin derecho a la propiedad las propuestas de la democracia económica sugieren una variedad de modelos, algunos basados en ejemplos concretos, para resolver los problemas de esa inestabilidad o inseguridad y deficiencia de la demanda efectiva. En general, se promueve acceso general a los bienes comunes que hayan sido privatizados o estén controlados por el estado. Propuestas secundarias, de apoyo, incluyen la promoción de cooperativas, comercio justo, renta básica universal o crédito social (no confundir con microcrédito o banca social, a pesar que los incluye); y promoción de desarrollo a través de iniciativas a nivel local o regional.

Mientras sociedades y economías balanceadas han existido a través de la historia, hay un acuerdo general que los sistemas económicos del presente tienden a dominar las sociedades. Además, en la medida que los recursos económicos (ya sea los naturales o hechos o modificados por el hombre) son monopolizados por centros "imperiales", condiciones de escasez artificial son impuestas sobre las grandes mayorías, resultando en desbalances socio-económicos de gran escala.

Mientras la oferta y la demanda son funciones de mercado generalmente aceptadas para el establecimiento de precios, se alega que el sistema económico presente no es "autoliquidizante" Eso se debe -de acuerdo a analistas favorables a esta opinión- a una contradicción central del sistema: los salarios son tanto un costo de producción como una fuente esencial de la demanda. Dado que "aquellos que producen tanto los bienes como los servicios en la sociedad son pagados menos que su contribución efectiva a la producción. se produce un imbalance entre lo producido y el dinero necesario para comprarlo . Pero cuando los consumidores no pueden comprar los bienes que están siendo producidos, la "confianza de los inversionistas" tiende a decaer, provocando declinaciones tanto en la producción como en el empleo, generando así una crisis o inestabilidad.

En la práctica, lo anterior significa que, a fin de que lo que se produce de manera global sea comprado, el sistema depende de un sector de la población contrayendo deudas.

En general lo anterior significa que la economía moderna ya sea sobreproduce o no utiliza plenamente los recursos disponibles, especialmente el trabajo. En la práctica, se produce una mezcla de ambas situaciones: ciertos bienes (especialmente aquellos que se intenta vender a los sectores con ingresos) son sobreproducidos mientras al mismo tiempo millones de individuos y países enteros no disponen de los ingresos necesarios para un nivel de vida aceptable.

Históricamente, el acceso a los bienes naturales fue considerado como un derecho comunal, a ser ejercido por aquellos que los usaban mientras los usaban. La transformación de ese sistema en el presente ha sido estudiada y descrita por, entre otros, Marx y Polianyi.

En la práctica, ese proceso ha tenido dos consecuencias de gran significancia. Internamente a países o sociedades especificas, ha significado la transformación de los bienes comunes (ver, como ejemplos, dehesa y ejidos) en bienes privados, creando así una situación de control monopólico sobre los recursos necesarios para la actividad económica. Entre países, la reproducción de tal sistema ha significado la conquista y despoliacion de unos por otros.

La economía, como disciplina académica, se refiere en general al estudio de como confrontar situaciones de escasez. Central a las propuestas de la Democracia Económica es la percepción que en muchos casos tal escasez es un fenómeno artificial. Aunque no necesariamente originado en un acto voluntario intencional, esa escasez se mantiene de manera deliberada por empresas y corporaciones que confinan la riqueza a algunos sectores debido a su acceso monopólico a bienes comunes.

En esta visión, la escasez no resulta de una falla en el manejo de recursos limitados sino en el mal manejo institucional o del sistema sobre recursos virtualmente libres, que podrían, siendo bien controlados, producir una situación virtualmente universal de abundancia y prosperidad.

En su "Prefacio a la Democracia Económica" Robert A. Dahl dice que una sociedad agraria en los EEUU sufrió "una transformación revolucionaria a un sistema nuevo de capitalismo comercial e industrial que genero automáticamente profundas desigualdades de riqueza, ingreso, estatus y poder." Dahl agrega que tales desigualdades resultan de "la libertad para acumular recursos económicos de manera ilimitada y para organizar la actividad económica en empresas controladas jerárquicamente".

Desde la perspectiva de la democracia económica, el fin específico del imperialismo -ya sea clásico o moderno- es forzar a otros países a absorber el exceso de producción del país central, traspasando así la deuda, producto del desbalance entre producción y demanda, a otras sociedades. Ese traspaso genera el dinero, la liquidez necesaria, para mantener en funcionamiento la economía dominante.

De acuerdo a analistas que simpatizan con este punto de vista, EEUUU ha mantenido una medida de estabilidad económica interna a través de la dominación imperial del resto del mundo a fin de solventar el déficit entre su producción y su consumo. Comenzando con los préstamos masivos a Europa durante las guerras, esa dominación alcanzo su máximo a mitad del siglo XX, cuando el dólar se estableció como moneda "de reserva" o estándar internacional de valor, pero empezó a declinar a partir de la década de los 70 de ese siglo, cuando EEUU empezó a implementar la política conocida como "la hegemonía del dolar" (ver "antecedentes" en guerra de divisas), política que significo la "inundación" del mundo con dólares.

A partir de entonces, EEUU ha demostrado una balanza comercial negativa (es decir, empieza a importar mas que lo que exporta) Eso ocasiona el crecimiento masivo de la deuda en todos los sectores de su economía.

A fin de mantener su situación hegemónica, se alega, EEUU recurre desde esa fecha a una seria de medidas que buscan propiciar el consumo por otros países del exceso de producción interna de EEUU. Esas medidas incluyen, en la actualidad, la devaluación del dolar y la promoción de tensiones que justifican el consumo por terceros de armamentos producidos en EEUU. Adicionalmente, se promueven -a través del FMI, etc- políticas que buscan apoyar las prácticas económicas de ese país.

A) El pensador húngaro Karl Polanyi sugirió que la fuerza motivadora de la economía debe estar subordinada a las necesidades sociales. El afirma que los seres humanos, la fuente del trabajo, no se reproducen con el solo objetivo de proveer el mercado con trabajadores. En su “Gran Transformación” Polanyi dice que, mientras los estados modernos y la economía del mercado crecen bajo el capitalismo, ambos son mutuamente dependientes entre sí para su desarrollo funcional. Para que el mercado sea realmente efectivo, construcciones sociales deben jugar un papel central.

Algunos consideran que tanto el pleno empleo como un ingreso mínimo garantido son imposibles bajo las restricciones del presente sistema económico, por dos motivos principales. Primero: porque el desempleo es una característica central del capitalismo, no una indicación de una falla temporal Segundo: que mientras el capitalismo funciona muy bien bajo lo que ellos llaman una "poliarquía" -es decir, un sistema que admite la existencia simultanea de centros de poder alternativos y alguna medida de participación popular en el gobiernno- no es compatible con una democracia genuina. Sugeriendo que esos “décits democráticos” tienen una gran influencia en la manera que se administra tanto los lugares de trabajo como inversiones nuevas, algunos proponentes de la democracia económica favorecen la creación de un nuevo modelo de relaciones económicas más bien que la reformación del presente.

Schweickart concede que este modelo básico aparece sobre simplificado. En el mundo real, la democracia económica será más compleja y menos pura que esta abstracción. Sin embargo, es conveniente tener una idea clara de la estructura a fin de visualizar la naturaleza básica de la propuesta.

En esta sección nos concentraremos en la propuesta de David Schweickart. A pesar de no ser la única ni ser generalmente aceptada por los proponentes de la Democracia Económica (ver por ejemplo, control obrero y empresa de autogestión) es la menos conocida, por ende, la más novedosa.

Si una empresa es incapaz de generar por lo menos los ingresos necesarios para pagar los sueldos mínimos establecidos por ley, se debe declarar en quiebra. El capital disponible será vendido a otras empresas a fin de pagar cualquiera deuda que exista y los trabajadores deberán buscar empleo en otras partes -si es que son incapaces de reorganizar la existente- En el caso que hayan excedentes de tal venta ese seria destinado a Fondo Social de Inversión.

Sin embargo el mercado no es percibido como el mejor o incluso como aceptable para determinar directamente ya sea los salarios o el precio del capital financiero. A pesar de ser Factores de producción tanto el capital como el trabajo no son regulados por el mercado libre sino que están sometidos a consideraciones sociales. Para la democracia económica, la única fuente de capital financiero es el Banco (o bancos) Social de Inversión. Y su "precio" no es el interés sino tanto los impuestos como la depreciación. En la medida que ese capital se invierte a fin de producir ganancia y esa ganancia depende del mercado, el resultado es que "el precio" del capital es variable, dependiendo de las condiciones del mercado para los bienes o servicios producidos. Pero no hay ni mercado de capitales ni bolsa de valores como tal. En esa situación seria posible -tal como lo es en cualquier sociedad capitalista- que el estado busque favorecer inversiones de ciertos tipo (por ejemplo, lo que se considera de interés nacional o tecnologías de punta) a través de la reducción de impuestos a ciertos productos, etc.

El mecanismo de determinación de salarios es profundamente diferente al actual. En el presente sistema (incluso en empresas cooperativas) el objetivo de la empresa es maximizar la diferencia entre los costes y lo producido. Desde ese punto de vista, los salarios son un costo, y por ende, algo a disminuir. Desde el punto de vista de la democracia económica, no hay "salario" como tal (que puedan o no ocasionalmente ser suplementado con ciertos bonos) el remanente completo después de que se paguen los costes (incluyendo impuestos y gastos de depreciación) - el "ingreso residual" de la empresa- pertenece a los trabajadores. Adicionalmente ese residuo -dividido entre los trabajadores- no puede ser inferior al ingreso ingreso mínimo determinado por ley, Alternativamente, la empresa no se considera viable y por lo tanto es declarada en quiebra.

Se sugiere que la implementación de ese sistema tendría varias repercusiones adicionales: no sólo no habría mercados de capitales sino que tampoco habría flujos internacionales de capitales, o empresas cuyas sedes estuvieran fuera de un país. Además, se sugiere, el comercio internacional tendería hacia el comercio justo.

Finalmente, en este sistema el estado tiene generalmente el rol de empleador de último recurso. Es decir. el estado tiene la obligación de proveer empleos o ingresos a la población que no pueda encontrar trabajo en el resto de la economía. Ese empleo podría consistir en ingreso mínimo garantido, con o sin obligación de efectuar trabajo social.

El sistema económico de la Democracia Económica no depende de fondos o bancos privados para generar capitales. A pesar que en no todos los modelos de democracia económica los bancos son publicos, los bancos que proveen fondos de inversión lo son, generando los fondos exclusivamente de impuestos o creación de dinero. En general, esos bancos proveen "becas de inversión", no préstamos. Tales becas de inversión se pueden considerar préstamos que requieren pago por el uso (a través de los impuestos) pero no repago de la deuda misma (o principal).

Para algunos tales impuestos se calcularían sobre el capital invertido, en la forma de una tasa fija a tales inversiones Para otros, los impuestos se calcularían sobre lo producido o vendido. Este sistema tendría la ventaja que seria fácil promover o premiar actividades que requieren mayor esfuerzo o implican mayores riesgos.

La organización del sistema de Bancos de Inversión también varia entre la diferentes propuestas. Para algunos, la red de bancos se basaría en un banco nacional, con subsidiaria regionales y locales. Los fondos disponibles pero no usados a nivel nacional serían distribuidos a las regiones, las cuales repartirían sus excedentes a las localidades. Alternativamente, esas cantidades podrían ser determinadas por ley. A todo nivel parte de la función de esa red de bancos seria promover la creación y expansión de empresas. La asignación de fondos seria sobre la base comerciales normales pero se daría preferencia a proyectos que promovieran máximo de empleos.

Para otros el sistema bancario de inversión debe ser una mezcla de lo internacional y lo local. Para ese autor, naciones pequeñas o regiones aisladas están condenadas sino al fracaso por lo menos a trabajar bajo la desigualdad de carecer de acceso a recursos naturales variados y mercados amplios. Sin embargo, las inversiones realizadas a nivel general, con decisiones tomadas cientos o miles de kilómetros fuera de un área tienen la desventaja de despojar a las comunidades de su poder de decisión Para Smith, el nivel nacional debería ser poco mas que un arbitro o regulador a cargo de supervisar que las regiones y localidades actúen dentro de los parámetros acordados y legales. En sus palabras: "los banqueros locales son quienes conocen mejor las necesidades y la capacidad de los ciudadanos locales que recurren al crédito para construir y producir en esa sociedad. De otra manera, no deberían ser banqueros".

Otros autores (por ejemplo: | Smaïn Laacher) proponen diversas formas de cooperativas; sistema de cambio local, y mutualismo como complementando o contribuyendo al control social sobre la inversiones. Dentro de estas visiones algunos van tan lejos como a invertir el orden sugerido por Schweickar: asignación de fondos debería ser en todo caso a nivel local. A pesar que la recolección de impuestos es una tarea estatal, la distribución se basa en las localidades, En esta visión, los remanentes no usados después de un cierto tiempo se entregan al nivel regional y, si no son usados a ese nivel, al nacional.

La visión de Mahatma Gandhi -una todavía mantenida por los proponentes de la democracia económica- era "construir una nueva sociedad en el esqueleto de la antigua". Principio proveniente del anarquismo clásico y denominado política prefigurativa. Asumiendo que los requerimientos más elementales para el bienestar social es una población en buen estado de salud, educada y con interés y capacidad de actuar las propuestas de esta vision buscan eliminar la diferencia entre lo producido y el poder de compra comunal: mientras propuestas reformistas tienden a criticar los sistemas que existen y proponen medidas de corrección, no siempre sugieren modelos alternativos que busquen reemplazar las estructuras fundamentales del sistema económico que conocemos.

La democracia económica sugiere que el problema central de las economías modernas es la diferencia entre los precios agregados de lo producido y el valor agregado de los ingresos. Tal diferencia fuerza tanto a los productores como a los consumidores a recurrir al crédito a fin de producir y consumir. Esa situación es generalmente considerada como representando "escasez": ya sea la sociedad (o algunos de sus miembros) no tienen los ingresos suficientes como para comprar lo que se ha producido o lo que se produce no es suficiente para abastecer la necesidad de la población en su conjunto, así, los precios suben. de acuerdo a la ley de la oferta y la demanda, a un nivel tal que se vende lo producido al máximo de ganancia.

Desde el punto de vista de la democracia económica, mas que una escasez. la diferencia entre lo producido y el poder de compra de la sociedad, representa un " dividendo social" que no se ha pagado. Ese concepto lleva al de crédito social que, como propuesta, intenta hacer el mejoramiento de la sociedad el propósito del sistema financiero. Desde este punto de vista, el crédito debería ser un servicio publico en lugar de una deuda a centros financieros. El plusvalor social o común, reinvertido en el desarrollo del potencial humano, podría actualmente aumentar el producto nacional bruto en lugar de estrangularlo, resultando en una economía más eficiente.

Lo anterior se basa en la visión de Douglas de lo que el crédito es y como debería funcionar. Para el, hay dos tipos de "crédito" (creación de dinero) el "real", que corresponde a la capacidad total de una economía para producir bienes y servicios. El otro tipo es el "financiero", que simplemente corresponde a la habilidad del sistema financiero para crear dinero a conveniencia. En el primer sistema, de "crédito real", la creación de dinero corresponde a la diferencia entre los ingresos de la población y los costos de venta de lo producido. Las diferencias entre los dos tipos de crédito incluyen elementos tales como que el crédito financiero es creado sin límites, por lo tanto es inflacionario, mientras el real corresponde exactamente a la producción de la sociedad, en otras palabras, seria dinero "real", respaldado por los bienes y servicios que realmente existen en la sociedad. Adicionalmente, el crédito social, en la medida que corresponde al esfuerzo social, pertenece legítimamente a los miembros de esa sociedad, El estado solo tiene el papel de calculador e impresor del circulante. Por lo tanto el crédito social no es un préstamo que debe ser repagado o incurra precio (interés).

Como ejemplo, Cook calcula que en EE.UU. en el 2006. el producto nacional bruto fue 12 billones 980 mil millones de dólares y el ingreso nacional solo 10 billones 230 mil millones de dólares, Calculando un cierto porcentaje para inversiones, etc, eso dejo solo 9 billones 210 mil millones para el consumo. Si esa diferencia fuera la base del crédito social, correspondería a un valor aproximado para de 12 mil dólares anuales por habitante.

Mientras Cook evita cualquier sugerencia de soluciones colectivistas en general, prefiriendo en su lugar el "capitalismo democrático" no vacila -junto a otros partidarios de la democracia económica- en combinar ese con un sistema de control publico del crédito. Para el, la solución es simplemente financiar directamente el gasto fiscal. En otras palabras, que el fisco cree dinero de la nada. Esto tendría el efecto inmediato -en su opinión- de eliminar el 90% de los impuestos -manteniéndose solo los debidos a emergencias y los necesarios para infraestructuras de interés común. A su ves significaría que los bancos perderían su papel en la creación de dinero o otorgamiento de créditos industriales (a pesar de lo cual la democracia económica sugiere que la banca privada continuaría existiendo) En su lugar, se crearía un Banco Nacional de la Infraestructura, prestando a cero interés, etc.

En general, esos créditos serían "becas de inversión", no préstamos. Tales becas de inversión se pueden considerar préstamos que requieren pago por el uso (a través de los impuestos) pero no repago de la deuda misma (o principal).

Para algunos tales impuestos se calcularían sobre el capital invertido, en la forma de una tasa fija a tales inversiones Para otros, los impuestos se calcularían sobre lo producido o vendido. Este sistema tendría la ventaja que seria fácil promover o premiar actividades que requieren mayor esfuerzo o implican mayores riesgos.

La organización del sistema de Bancos de Inversión también varia entre la diferentes propuestas. Para algunos, la red de bancos se basaría en un banco nacional, con subsidiaria regionales y locales. Los fondos disponibles pero no usados a nivel nacional serían distribuidos a las regiones, las cuales a su ves repartirían sus excedentes a las localidades. Alternativamente, esas cantidades podrían ser determinadas por ley. A todo nivel parte de la función de esa red de bancos seria promover la creación y expansión de empresas. La asignación de fondos seria sobre la base comerciales normales pero se daría preferencia a proyectos que promovieran máximo de empleos.

Para otros el sistema bancario de inversión debe ser una mezcla de lo internacional y lo local. Para ese autor, naciones pequeñas o regiones aisladas están condenadas sino al fracaso por lo menos a trabajar bajo la dificultad de carecer de acceso a recursos naturales variados y mercados amplios. Sin embargo, las inversiones realizadas a nivel general, con decisiones tomadas cientos o miles de kilómetros fuera de un área tienen la desventaja de despojar a las comunidades de su poder de decision Para Smith, el nivel nacional debería ser poco mas que un arbitro o regulador a cargo de supervisar que las regiones y localidades actúen dentro de los parámetros acordados y legales. En sus palabras: "los banqueros locales son quienes conocen mejor las necesidades y la capacidad de los ciudadanos locales que recurren al crédito para construir y producir en esa sociedad. De otra manera, no deberían ser banqueros".

Otros autores (por ejemplo: | Smaïn Laacher) proponen diversas formas de mutualismo o sistema de cambio local, tales como las cooperativas, etc , como central al control social sobre la inversiones. Dentro de estas visiones algunos van tan lejos como a invertir el orden sugerido por Schweickar: alocacion de fondos debería ser en todo caso a nivel local. A pesar que la recolección de impuestos es una tarea estatal, la distribución se basa en las localidades, En esta visión, los remanentes no usados después de un cierto tiempo se entregan al nivel regional y, si no son usados a ese nivel, al nacional.

Para la democracia económica el crédito individual o de consumo se diferencia del crédito de inversiones. Para empezar se aduce que la mayor parte de la deuda individual (o de consumo) se deriva de la escasez artificial producto de la falta de ingresos equivalentes al producto común. Eso, en general, se resolvería, en la opinión de los adherentes de la propuesta, a través del crédito social.

Propuestas adicionales o congruentes con lo anterior incluyen las que bordean o se inspiran en conceptos tales como la economía social; sistema de cambio local; libre economía; economía de planificación comunitaria; banca ética y economía ambiental .

Todo lo anterior levanta un problema controversial: el donde esta -o como se establece- la diferencia entre lo local y lo general.

Considérese el siguiente ejemplo: en un lugar particular -con economía deprimida o altos niveles de pobreza- existen, una al lado de la otra- dos empresas: la primera produce un producto que "se exporta" a alguna otra región -por ejemplo, un componente para automóviles o algún tipo de maquinaria o materia prima- La otra es una lechera que produce no solo leche pero productos derivados para venta primariamente a nivel local. La primera requiere un sistema financiero que le permita operar con moneda "internacional" o regional (o que considere tal moneda como "local" tanto para ella como para la zona a la que exporta). La segunda, sufriendo de un mercado reducido, se beneficiaria de un sistema financiero que facilitara el consumo de productos locales, es decir, una moneda que restrinja el consumo de productos de otras áreas. Es difícil ver es posible conciliar ambos puntos de vista con un solo sistema monetario. En consecuencia, algunas propuestas sugieren el uso de un sistema monetario doble.

Incluso propuestas que no se relacionan directa o indirectamente con esta visión enfrentan ese problema entre lo local y lo regional o externo. Por ejemplo, el Banco Mundial de Desarrollo y. De hechos esto se ha transformado en uno de los temas mas debatidos en programas de desarrollo.

Al principio



Banco de la República de Colombia

Logo Banco de la República.

Después de varios intentos, en junio de 1880 el Gobierno creó el Banco Nacional, para que actuara como su banquero y promoviera el crédito público. La función de banquero consistía en prestar al Gobierno los servicios de consignación de los fondos públicos o de Tesorería, crédito, colaboración en la contratación de préstamos internos y externos y la administración de los títulos de deuda pública. También había sido encargado de la emisión de billetes. Pero en 1894 debió ser liquidado por el Congreso, debido a excesos registrados en la capacidad de emisión. Años más tarde fue creado el Banco Central de Colombia, el cual funcionó de 1905 a 1909, y luego fue liquidado por idénticas razones que el anterior. La Primera Guerra Mundial trajo a Colombia graves dificultades económicas y financieras que no mejoraron con el advenimiento de la paz. Las perspectivas de las entidades bancarias durante las dos primeras décadas del siglo XX no eran halagüeñas por el desorden monetario existente: se emitía dinero sin control y las reservas de los bancos estaban dispersas. Además se carecía de un sistema formal de garantías y respaldo gubernamental para los bancos.

La anterior situación precipitó la crisis de los años 1922 y 1923 que evidenció la escasez de medio circulante. Se hacía apremiante la necesidad de dar solidez y estabilidad a la moneda y al crédito mediante un banco central sólido y consistente.

En marzo de 1923, el presidente Pedro Nel Ospina contrató un grupo de expertos presidido por el profesor Edwin Walter Kemmerer, que más tarde se llamó la Misión Kemmerer. La primera actividad de esta misión fue el estudio de nuestra realidad económica mediante el contacto y discusión con cámaras de comercio, sociedades de agricultores y agentes oficiosos regionales. Luego, sin que se tratara de un trasplante de normas y organización vigentes en otras economías ni de innovación total, la misión condujo al ordenamiento de lo aprovechable en las leyes dictadas el año anterior, como base para la elaboración del estatuto orgánico de la entidad que iba a nacer.

Mediante la Ley 25 de julio de 1923 se creó el Banco de la República, como banco central colombiano. Se organizó como sociedad anónima con un capital original de $10 millones oro, de los cuales un 50% lo aportó el Gobierno y la diferencia los bancos comerciales nacionales, extranjeros y algunos particulares. A esta entidad se le confió, en forma exclusiva, la facultad de emitir la moneda legal colombiana, se le autorizó para actuar como prestamista de última instancia, administrar las reservas internacionales del país, y actuar como banquero del Gobierno. La Junta Directiva del Banco, conformada por 10 miembros, representantes del sector privado y del Gobierno, fue encargada por la misma Ley, de ejercer las funciones de regulación y control monetario bajo estrictos parámetros de ortodoxia financiera. Se le encomendó, además, fijar la tasa de descuento y la intervención para controlar las tasas de interés.

La creación del Banco de la República constituye un elemento fundamental en la organización económica e institucional del país. Con el paso de los años, esta institución ha experimentado cambios importantes que han buscado adecuarla a una economía en permanente proceso de crecimiento y actualización.

Segunda Misión Kemmerer. Mediante la Ley 82 de 1931, se modificó la composición de la Junta Directiva del Banco, en la cual se incorporaron representantes de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y de las Cámaras de Comercio, y se formalizó la inclusión del Ministro de Hacienda. Se estableció un control de cambios para regular las operaciones con el resto del mundo. Específicamente se reguló el cambio de moneda nacional a extranjera y se determinó que todo pago al exterior debía tener la autorización del Banco Emisor. Ello condujo a intensificar la actividad del Banco como regulador de las operaciones monetarias tanto de moneda doméstica como en divisas.

En septiembre de 1931 Inglaterra desmontó el patrón oro asociado con la libra esterlina, que era la moneda internacional de referencia. Para evitar la disminución de las reservas de oro, el Gobierno suspendió temporalmente el comercio de este metal y la convertibilidad de la moneda y estableció el control de las operaciones con el resto del mundo. También, se asignó al Banco el monopolio de la compra y venta de oro y moneda extranjera, función relacionada con el manejo de las reservas internacionales del país.

La Misión Grove. En este año, el Gobierno invitó a una misión de la Reserva Federal de Nueva York, dirigida por Daniel Grove, a fin de que realizara un diagnóstico del sistema bancario colombiano. Esta misión recomendó dotar al Banco de la República de más instrumentos para regular la oferta monetaria y la canalización del crédito con el objeto de incentivar el desarrollo económico. En tal sentido, se facultó a la Junta Directiva del Banco, con el voto favorable del Ministro de Hacienda, para fijar cupos de crédito ordinario, especial o de fomento, y de emergencia, para fijar y variar las tasas de interés y descuento a las operaciones de préstamo, descuento y redescuento, y para señalar y modificar el encaje legal de los establecimientos bancarios, entre otras funciones.

Adicionalmente, se prorrogó el término de duración del Banco y se le extendió la exclusividad de la emisión de billetes por 20 años más, a partir del 20 de julio de 1953. La composición de la Junta Directiva se modificó al permitir una mayor participación de los gremios, para conocer más a fondo los distintos sectores de la economía.

En este año se tomaron las primeras medidas para que el Banco asumiera la función de crédito de fomento. El Gobierno decidió orientar los créditos de mediano y largo plazo hacia las actividades productivas. Esta política de fomento fue reforzada, durante la década de los setenta, con la creación de varios fondos financieros adscritos al Banco de la República, como el Agropecuario, el de Inversiones Privadas, Industrial, Promoción de Exportaciones y Desarrollo Urbano.

Desde finales de los años 40 se venían adoptando decisiones encaminadas a ampliar las funciones del Banco en materia de regulación y ejecución de la política monetaria y crediticia. Tales medidas se concretaron mediante el Decreto legislativo 756 de 1951, el cual le otorgó al Banco atribuciones para diseñar políticas monetaria, crediticia y cambiaria, a fin de crear condiciones propicias para el desarrollo ordenado de la economía colombiana. Para ello se hicieron flexibles algunas de las facultades que el Banco tenía, y se le asignaron nuevas funciones sobre la fijación de los cupos de crédito, la determinación del descuento y de las tasas de interés, los porcentajes de encaje legal y las condiciones de elegibilidad de las obligaciones bancarias. Mediante estas atribuciones se consolidó su función como banco central, con amplias facultades para el diseño y ejecución de la política monetaria y crediticia del país.

En los años 60, se consideró conveniente que el Estado delegara la función reguladora de los flujos monetarios en una corporación pública distinta de la Junta Directiva del Banco de la República.

Se creó la Junta Monetaria, constituida por los siguientes miembros: el Ministro de Hacienda y Crédito Público, quien la presidía, el Ministro de Desarrollo, el Ministro de Agricultura, el jefe del Departamento Nacional de Planeación y el Gerente del Banco de la República. En 1976 se incorporó al Director del Instituto Colombiano de Comercio Exterior - INCOMEX. Con voz pero sin voto, asistían el Secretario Económico de la Presidencia de la República y el Superintendente Bancario, además de dos asesores técnicos.

Con la creación de la Junta Monetaria, retornaron al Estado las funciones que antes eran de responsabilidad exclusiva de la Junta Directiva del Banco, de carácter privado. De esta forma, se asignó al Estado el estudio y la adopción de las políticas cambiaria, monetaria y crediticia, dejando a la Junta del Banco sólo la ejecución de dichas políticas. El Banco conservó el monopolio de la emisión y las demás funciones ya comentadas.

Las decisiones de la Junta Monetaria estaban respaldadas por los conceptos técnicos emitidos por dos asesores permanentes dedicados exclusivamente a la investigación en los campos monetario, cambiario y crediticio. Esta asumió, así, la formulación de las políticas en los citados campos, en tanto que el Banco de la República se constituyó en ejecutor de estas políticas y en asesor técnico del Gobierno en materia económica.

El Decreto 444 puso en vigencia un nuevo sistema cambiario que intensificó la actividad del Banco en el control de los movimientos cambiarios, fundamentalmente en lo referente al manejo de los presupuestos de divisas y a la regulación de la oferta y la demanda de cambio extranjero.

Nacionalización del Banco de la República. En esta época el Gobierno se reincorporó como accionista del Banco de la República, del que se había retirado en 1951. Adquirió todas las acciones, dejando sólo una por cada banco accionista.

Las reformas al sistema monetario y al Banco Emisor, contenidas en la Ley 7 y el Decreto 2617, culminaron con la oficialización del capital del Banco de la República, ya que el Estado pasó a ser propietario de la casi totalidad de sus acciones. Así mismo, se transformó en entidad de derecho público económico cuyas funciones no son delegables. Sin embargo, se mantuvo la participación de los diferentes sectores en su Junta Directiva incluyendo representantes del Gobierno y de los sectores exportador, consumidor, bancario y de la producción y distribución.

A pesar de la nacionalización del Banco y de la naturaleza esencialmente pública de sus funciones, se preservó su autonomía especial frente a otras instituciones de la administración pública, como una prolongación de la independencia que quiso dársele desde su fundación.

Hacia finales de 1980 se empezó a discutir la necesidad de una Junta más independiente del Gobierno, ya que la Junta Monetaria no lo era, por cuanto la mayoría de sus miembros eran ministros y funcionarios del ejecutivo, con responsabilidades e intereses en diversos frentes de la economía. En consecuencia, se venían planteando algunos proyectos de reforma que se cristalizaron con la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente en 1991, en la cual se incluyó el sistema monetario del país dentro de los temas que, en el ámbito económico, debían ser objeto de regulación constitucional.

Con la Constitución de 1991, la Asamblea Nacional Constituyente introdujo varias reformas al sistema de banca central que existía en Colombia.

El Ministro de Hacienda, quien la preside, el Gerente General del Banco y cinco miembros permanentes de dedicación exclusiva, nombrados por el Presidente de la República para un período de cuatro años, al término del cual el siguiente Presidente podrá cambiar sólo a dos de ellos, mientras que los restantes podrán continuar en sus funciones. Sin embargo, ninguno de los miembros podrá permanecer más de tres períodos consecutivos. Este sistema garantiza la continuidad en las políticas del Banco y evita que éstas se vean influenciadas por los ciclos políticos, lo cual asegura una planeación de más largo plazo y una mayor credibilidad para el público.

Así mismo, se eliminaron funciones como la de otorgar crédito al sector privado (crédito de fomento) o al Gobierno, a menos que se presenten las circunstancias especiales ya previstas. En situaciones normales, el Banco sólo podrá otorgar créditos a los intermediarios financieros ante problemas temporales de iliquidez o escasez de recursos.

La innovación más importante fue la decisión de darle rango constitucional a la búsqueda del mantenimiento del poder adquisitivo de la moneda como objetivo principal del Banco. Ello significa que una prioridad de la Junta Directiva es el control de la inflación, pero en coordinación con la política económica general. La armonía entre las políticas del Banco y las del Gobierno es motivo de la presencia del Ministro de Hacienda como presidente de la Junta. La razón que motivó concederle alta importancia al control de la inflación es el alto costo para la sociedad; una tarea apremiante es pues, reducirla, de modo que se fomente el ahorro y la inversión en el país.

La Constitución y la Ley otorgan autonomía al Banco de la República como banco central de Colombia, es decir, que el Banco no forma parte de las ramas del Poder Público (Ejecutivo, Legislativo, Jurisdiccional), de los organismos de control o fiscalización ni del poder electoral, sino que es una entidad del Estado, de naturaleza única, dotada de una organización propia adaptada a las funciones que debe desempeñar. En términos técnicos, la autonomía consiste en la capacidad del Banco para el libre análisis de los fenómenos monetarios y para diseñar y aplicar la política a su cargo, sin sujeción a otras instancias del Estado.

Legalmente, la jerarquía constitucional otorgada al Banco permite su estabilidad institucional y sustenta la sana permanencia de sus tradiciones y criterios, ajenos al devenir o a las influencias políticas. No obstante, es importante anotar que autonomía no significa aislamiento y es claro que las políticas monetaria, crediticia y cambiaria deben guardar armonía con la política económica general del Gobierno. Para facilitar esta coordinación, el Ministro de Hacienda es quien preside la Junta Directiva del Banco. Adicionalmente, para el diseño de la política en los ámbitos a su cargo, la Junta debe consultar el programa macroeconómico del Gobierno, cuidándose sin embargo de no comprometer el cumplimiento del objetivo fundamental que le ha sido encomendado: la preservación de la estabilidad de precios. En tal sentido, el Banco puede negarse a atender requerimientos que eventualmente pudiera formular el Gobierno para cubrir faltantes fiscales. La independencia de la autoridad monetaria es un factor de significativa importancia para la credibilidad de las medidas que se adopten, lo cual redunda en un aumento de su efectividad.

La Ley 31 ratificó el precepto constitucional de otorgar a la Junta Directiva del Banco la autoridad en materia monetaria, cambiaria y crediticia, y confirmó la composición de siete miembros que deben reunir ciertas calidades y requisitos, incluyendo las inhabilidades señaladas para antes del ejercicio del cargo y después de él, con el fin de garantizar elevada idoneidad profesional y ética, por cuanto ellos deben representar exclusivamente el interés general de la Nación.La Ley 31 dispuso la renovación periódica de la Junta, como se mencionó anteriormente. En cuanto al Gerente General, es elegido por los restantes miembros de la Junta para un período de cuatro años y podrá ser reelegido hasta por dos períodos adicionales.

Por mandato constitucional y legal el Banco de la República recibe la responsabilidad esencial de velar por el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda. Es decir, el control de la inflación es objetivo principal de la política monetaria. De esta forma se reconoce que la estabilidad de precios es necesaria para el progreso económico y por lo tanto, el Banco debe ajustar el crecimiento global del dinero y del crédito con miras a lograr este objetivo. Aún más, la Ley 31 ordena a la Junta Directiva del Banco que al comenzar cada año fije metas de inflación que deben ser siempre inferiores a los resultados de la inflación del año precedente.

Además de sus funciones económicas, el Banco de la República ha dado un gran apoyo a la cultura. En 1939 creó el Museo del Oro, y en 1958 la Biblioteca Luis Ángel Arango, que siguen siendo parte del Banco. Actualmente, cuenta con varias Bibliotecas y Áreas Culturales en 27 ciudades del país, así como Centros de Documentación Regionales, y Museos. De esta forma posee la colección de oro precolombino más grande del mundo (que supera las 33.000 piezas), y una basta colección de arte con pinturas y esculturas de artistas de la talla de Fernando Botero, Claude Monet, entre otros; que están en exposición en las diferentes sedes culturales del banco.

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Banco de Guatemala

El Banco de Guatemala (BANGUAT) es el banco central de la República de Guatemala encargado de centralizar los fondos de los otros bancos del Sistema Bancario Nacional. El Banco de Guatemala es una entidad con patrimonio propio, que se regirá por su Ley Orgánica y la Ley Monetaria. El Banco de Guatemala depende de la Junta Monetaria, cuyo Presidente y Vicepresidente son también el Presidente del Banco de Guatemala y el Vicepresidente del Banco de Guatemala. También el Banco de Guatemala es el encargado de la impresión y distribución de la moneda nacional el Quetzal. El Banco de Guatemala influye en gran manera en la política cambiaría y financiera de Guatemala. La actual Presidenta del Banco de Guatemala es la Lic. María Antonieta Del Cid Navas de Bonilla y el actual Vicepresidente del Banco de Guatemala es el Lic. Julio Roberto Suárez Guerra.

Las reservas monetarias internacionales son inembargables y no podrán ser objeto de medidas precautorias, administrativas, ni judiciales. Tampoco estarán sujetas al pago de impuestos, tributos o contribución especial alguna.

Los orígenes legales e institucionales del actual sistema de banca central en Guatemala se remontan al período de la reforma monetaria y financiera de 1924-1926. Entonces, fue creado el Banco Central de Guatemala como establecimiento de emisión, giro y descuento, de carácter privado y con participación del Estado como accionista. Esta reforma culminó durante el mandato del General José María Orellana (1921-1926), y fue conducida en su etapa final por un equipo bajo el liderazgo del Licenciado Carlos O. Zachrisson (entonces Ministro de Hacienda), que trabajó sobre la base de los estudios técnicos elaborados por el profesor EdwinWalter Kemmerer, de la Universidad de Princeton.

El origen de esta reforma se vincula a los graves desequilibrios monetarios y financieros que ocasionó el régimen monetario anterior, basado en la existencia legal de un oligopolio de bancos emisores reglado por el gobierno de Manuel Estrada Cabrera, que generó una gigantesca deuda del gobierno para con esos bancos. En 1919, el propio gobierno de Estrada Cabrera invitó al profesor Kemmerer para estudiar las condiciones monetarias del país y hacer las recomendaciones que el caso ameritara para emprender la reforma. Kemmerer recomendó, entre otras medidas, el establecimiento de un banco central que sería el agente fiscal del gobierno y que tendría el derecho exclusivo de emitir billetes.

Ese intento de reforma se vio frustrado por una serie de eventos políticos y económicos (como los derrocamientos de los presidentes Estrada Cabrera y Manuel Herrera). No fue sino hasta en 1924 cuando el presidente Orellana invitó de nuevo al profesor Kemmerer a visitar el país y proponer un plan de reforma financiera. Antes de ello, en 1923, Orellana había promulgado un decreto que establecía una "Caja Reguladora" para estabilizar los tipos de cambio, la cual se convertiría en el embrión del Banco Central de Guatemala. En noviembre de 1924 fue promulgada la Ley Monetaria de la República de Guatemala, que daba vida a la nueva unidad monetaria, el Quetzal, bajo el régimen del patrón oro clásico. En 1925, el gobierno publicó las bases de lo que debería ser el banco central y solicitó propuestas de redacción de la ley correspondiente a los diferentes sectores interesados. Finalmente, mediante Acuerdo Gubernativo del 30 de junio de 1926, se fundó el Banco Central de Guatemala, que coronó la obra de la reforma económica del Gobierno de Orellana.

La Gran Depresión mundial (1929-1933) afectó gravemente a la economía guatemalteca, y sometió a una difícil prueba al Banco Central y su política monetaria basada en el patrón oro clásico. Dado que dicho patrón no daba cabida a una política monetaria anticíclica, se hizo necesario impulsar la reforma monetaria y bancaria de 1944-1946, mediante la cual se creó el Banco de Guatemala como heredero del antiguo Banco Central de Guatemala. Esta reforma se culminó durante el gobierno revolucionario del Doctor Juan José Arévalo, y fue conducida bajo el liderazgo del Doctor Manuel Noriega Morales (Ministro de Economía y, posteriormente, primer presidente del Banco de Guatemala), cuyo equipo de trabajo contó con la asesoría del Doctor Robert Triffin2 y de David L. Grove, economistas del sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos de América.

La reforma, impulsada por los aires renovadores de la Revolución de Octubre de 1944, consistió en otorgarle al Banco de Guatemala la calidad de banco estatal y la facultad de realizar una política monetaria, cambiaria y crediticia encaminada a crear las condiciones propicias para el crecimiento ordenado de la economía nacional. Para ello se dotó al Banco Central de instrumentos que le daban un mayor control sobre la oferta de dinero (manejo de las tasas de interés y descuento, y facultad para establecer encajes), así como una participación en el crédito de fomento (designación de cupos de crédito en determinadas actividades sectoriales), acorde esta última función a la tesis prevaleciente de basar el desarrollo en el modelo de sustitución de importaciones. Como uno de los grandes legados de la Revolución de Octubre, la Ley Orgánica del Banco de Guatemala (Decreto 215 del Congreso de la República, del 11 de diciembre de 1945) le confería a éste la calidad de entidad autónoma dotada de amplias facultades en el uso de instrumentos de política para contrarrestar los vaivenes cíclicos de la economía.

Conjuntamente con la Ley Monetaria (Decreto 203) y la Ley de Bancos (Decreto 315 del Congreso de la República), la Ley Orgánica del Banco de Guatemala conformaba un cuerpo armonioso de legislación financiera que dotaba al país de un marco legal a la altura de las que entonces eran las más modernas teorías y técnicas financieras, tal como fue el caso en muchos países de Latinoamérica que alrededor de esas épocas adoptaron también regímenes legales similares al guatemalteco, inspirados en las nuevas tendencias provenientes de Bretton Woods.

El proceso de concepción y redacción de las mismas fue arduo y no estuvo exento de obstáculos. De hecho, desde los albores de la Revolución, la Junta Revolucionaria emprendió la tarea de reformar el sistema financiero, emitiendo a principios de 1945 una Ley Monetaria y una Ley del Banco Central; la vida de estas dos leyes fue muy breve, dado que el equipo técnico dirigido por el Doctor Noriega Morales consideró que las mismas no habían sido elaboradas con el cuidado debido ni contenían los preceptos adecuados que, finalmente, fueron incorporados en las nuevas leyes redactadas con la asesoría de los expertos internacionales, las que, con diversos cambios a través del tiempo, regularon al sistema de banca central durante más de cincuenta cinco años.

La estructura básica de la legislación financiera guatemalteca emitida en 1945 y 1946 permitió el ordenado funcionamiento del sistema en sus primeros cuarenta años de vigencia, unas veces a pesar y otras veces en virtud de los cambios legislativos que se les introdujeron en diversas ocasiones . Sin embargo, al concluir la década de los años ochenta resultó evidente que tanto las crisis económicas regionales, como la liberalización de la banca y de los mercados financieros internacionales, los avances en materia electrónica, de computación y de las telecomunicaciones, la internacionalización de los mercados de valores y de capitales, así como la mayor interdependencia en el mercado internacional, rebasaron la concepción que de tales mercados tuvieron los legisladores de los años cuarenta.

Como reacción a ese proceso de obsolescencia de la legislación financiera, en 1993 la Junta Monetaria aprobó el Programa de Modernización del Sistema Financiero Nacional. Mediante dicho programa se propuso actualizar el marco regulatorio vigente, buscando reformas que favorecieran la estabilidad macroeconómica y que propiciaran una mayor apertura del mercado financiero, así como un mayor papel de las señales del mercado como asignadoras de los flujos financieros; todo ello mediante el impulso de modificaciones reglamentarias y legales, las cuales no pretendían la derogación completa de las leyes vigentes sino, más bien, su adecuación a los nuevos tiempos.

De hecho, el programa había dado inicio en 1989 con la adopción, por parte de la Junta Monetaria, de la liberalización de las tasas de interés para los intermediarios financieros regulados y de la eliminación del tipo de cambio de carácter regulado. Estas medidas estaban contempladas como una posibilidad dentro de la Ley Orgánica del Banco de Guatemala, pero lo estaban como situaciones de carácter excepcional respecto de la regla general.

Del proceso de reflexión y análisis generado en torno a la implementación del Programa de Modernización a lo largo de la década de los noventa resultó evidente que, para consolidar los logros obtenidos y profundizar la modernización completa del marco regulatorio del sistema financiero nacional, era necesaria una reforma aún más profunda de la legislación vigente, la cual debería tener un carácter integral. Lo anterior implicaba reformar todo el conjunto de normas y leyes que regían al sistema de banca central y a la intermediación financiera.

El proceso de reforma integral no se limitaría a una reforma puntual de algunos artículos de las leyes existentes. Por el contrario, comprendería la sustitución completa de las leyes del Banco Central, monetaria, de bancos y otras. Al contrario del Programa de Modernización de la década de los noventa, el cual pretendía una modernización o actualización parcial de la normativa vigente para hacerla compatible con la evolución de los mercados financieros, el nuevo proceso de reforma integral habría de implicar un cambio en la concepción del papel de la banca central y en la orientación de la regulación financiera.

Los lineamientos de la reforma integral se formalizaron el 1 de junio de 2000, cuando la Junta Monetaria, en Resolución JM-235-2000 emitió la Matriz del Programa de Fortalecimiento del Sistema Financiero Nacional, la cual contenía una serie de medidas clasificadas en tres grandes áreas de acción: a) Bases para la reforma integral (programa de corto plazo). En este componente se consideró la elaboración de un diagnóstico de la situación del sector financiero que permitiera preparar las bases para las reformas legales estructurales. b) Reforma integral a las leyes financieras. c) Modificaciones reglamentarias que comprendieran la normativa que desarrollaría el contenido de la reforma integral de las leyes financieras.

La primera de esas áreas de acción fue crucial para orientar apropiadamente el diseño de la reforma legal. Para ello se llevó a cabo un diagnóstico profundo de la situación del sistema financiero, en general, y del sistema de banca central, en particular. Este se formalizó en el marco del Programa de Evaluación del Sistema Financiero -PESF- ejecutado conjuntamente por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en la segunda mitad del año 2000 . Uno de los principales resultados del PESF fue un análisis de las debilidades y fortalezas de la legislación financiera y la identificación de los principales aspectos de las mismas que podían ser objeto de reforma.

En tal sentido, es fácil inferir que las cuatro leyes financieras fundamentales se enfocan a regular lo relativo a la circulación del dinero; es decir, a la creación de dinero primario por parte del Banco Central, y a la creación de dinero secundario por parte de los bancos del sistema.

Facilitar el control de la inflación a fin de que se reduzca a niveles similares a los de países industrializados. Crear las condiciones para que las tasas de interés, en un mercado competitivo y con el apoyo de la política fiscal, converjan a niveles internacionales favorables al crecimiento económico. Fortalecer el sistema bancario en su liquidez, solidez y solvencia. Evitar malas prácticas bancarias por parte de personas carentes de conocimientos bancarios y de solvencia moral. Fortalecer la supervisión financiera, en congruencia con las mejores prácticas internacionales, lo cual no sólo permitirá proteger el ahorro nacional, sino que redundará en la atracción de flujos financieros hacia el país.

La Junta Monetaria, integrada conforme los artículos 132 de la Constitución Política de la República de Guatemala y 13 del Decreto Número 16-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Banco de Guatemala, ejerce la dirección suprema del Banco de Guatemala.

La Presidencia del Banco de Guatemala está conformada por el Presidente y el Vicepresidente, quienes a su vez también lo son de la Junta Monetaria. Entre las atribuciones del Presidente están la de proponer a la Junta Monetaria la política monetaria, cambiaria y crediticia, incluyendo las metas programadas; y, velar por la correcta ejecución de la política referida.

Esta Secretaría tiene bajo su responsabilidad la convocatoria de las sesiones del Comité, la preparación de documentos y elaboración de las actas, en las cuales se hará constar las actuaciones del Comité de Ejecución, derivado de las reuniones que el mismo lleve a cabo para el cumplimiento de su función principal que se concentra en la ejecución de la política monetaria, cambiaria y crediticia.

Su misión es ejecutar las actividades que le correspondan al Banco de Guatemala de su participación y relación con organismos monetarios y financieros internacionales, bancos centrales y otras instituciones de carácter internacional y asesorar a las Autoridades de la Institución en aspectos técnicos internacionales.

Su misión es desarrollar investigación económica, análisis económico y estudio sistemático, acerca de la evolución y tendencia de los fenómenos económicos y financieros, tanto internos como externos, con el propósito de asesorar a la autoridad monetaria en el proceso de formulación y evaluación de la Política Monetaria, mediante la elaboración de modelos macroeconómicos y econométricos relevantes.

Su misión es asesorar y apoyar a la Administración del Banco Central en la gestión de las Reservas Monetarias Internacionales, mediante la evaluación del riesgo y desempeño financiero de los portafolios de inversión y contribuir a la formulación de la política de inversiones con base en el diseño, desarrollo e implementación de herramientas analíticas apropiadas.

Su misión es asesorar en materia legal a la Junta Monetaria, Autoridades y Funcionarios del Banco de Guatemala y hacerse cargo de los aspectos técnicos y administrativos de la Asesoría Jurídica.

Su misión es preparar, convocar y atender las sesiones de Junta Monetaria, elaborar los documentos que se deriven de dichas sesiones, servir de enlace entre la Junta Monetaria, las Autoridades y Funcionarios del Banco de Guatemala, el sistema financiero y público en general, en los aspectos relacionados con las decisiones que emanen de dicha Junta y, comunicar en forma oportuna las resoluciones que se hayan adoptado.

Al principio



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