Patxi Lopez

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Publicado por tornado 23/03/2009 @ 01:07

Tags : patxi lopez, psoe, partidos politicos, política

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Proceso de paz con ETA del Gobierno de la VIII Legislatura de España

Mariano Rajoy, líder del Partido Popular; principal opositor al diálogo entre el gobierno del PSOE y ETA.

El llamado «proceso de paz» se refiere al intento del gobierno de la VIII Legislatura de España de acabar con el terrorismo de ETA en España, mediante la negociación con la banda y su entorno.

La organización terrorista ETA ha anunciado hasta hoy al menos en diez ocasiones el cese de sus acciones violentas de forma total o parcialmente. Sin embargo, la tregua que entró en vigor el 18 de septiembre de 1998 fue la primera y única anunciada como "unilateral e indefinida", aunque ésta finalizó sólo catorce meses después. A estos anuncios hay que sumar hasta tres treguas de ámbito limitado, la primera de ellas el 20 de noviembre de 1997 cuando ETA suspendió todas las acciones previstas en "el frente de las cárceles".

Aunque las demandas de "alto el fuego" a ETA han sido constantes desde la que solicitó el Gobierno de Adolfo Suárez en diciembre de 1977 y para la que la banda exigió el reconocimiento de la alternativa KAS, lo cierto es que la primera tregua real no se produjo hasta días después del 23-F. En aquel momento, ETA-político-militar comunicó una tregua de un año que, finalmente se prolongó hasta agosto del año siguiente.

Ya con el PSOE en el Gobierno y en el marco de las denominadas conversaciones de Argel, el 5 de septiembre de 1987 ETA rechazó la tregua solicitada por el Ejecutivo, aunque el 29 de enero de 1988 la banda ofreció al gabinete de Felipe González una tregua de sesenta días para reanudar el diálogo. En febrero el Gobierno anunció la apertura de negociaciones, al comprobar que no había habido atentados desde que se produjo la oferta, pero el secuestro del empresario Emiliano Revilla junto a otras acciones acabó con el diálogo. Tras la liberación de Revilla, ETA hizo pública, el 2 de noviembre de 1988, una nueva oferta de interrupción de la violencia, condicionada nuevamente a la negociación de la "alternativa KAS".

El 8 de enero de 1989, la organización terrorista anunció una "tregua unilateral" de 15 días y, seis días más tarde, Rafael Vera y Eugenio Etxebeste "Antxón" volvieron a encontrarse en Argel. Este cese de la violencia fue prorrogado con el fin de continuar las conversaciones hasta el 24 de junio, pero no se llegó hasta esta fecha, ya que la banda terrorista lo dio por finalizado el 4 de abril de 1989, tras fracasar el diálogo.

En diciembre de 1991, ETA volvió a anunciar una tregua de dos meses para retomar el diálogo a cambio de ciertas condiciones y repitió su oferta en febrero y julio de 1992 para abrir "una negociación política con el Gobierno" y después de que hubiera sido detenida en Bidart (Francia) la dirección etarra.

La siguiente oferta de tregua se produjo el 23 de junio de 1996, en un momento en el que la banda mantenía secuestrado al funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara y tras la llegada del PP al Gobierno.

El 16 de septiembre de 1998, cuatro días después de que se firmara la Declaración de Lizarra, ETA anunció, por primera vez en su historia, un cese de la violencia total, "unilateral" e "indefinido". El Gobierno de José María Aznar mostró su disposición a dialogar y en mayo de 1999 se celebró un encuentro en Suiza en el que no se produjo acercamiento alguno. En agosto de ese año ETA señaló que el diálogo de paz se hallaba bloqueado y la comunicación con el Gobierno rota. Aunque en los tres meses posteriores se intercambiaron cartas, las partes no volvieron a entablar el diálogo y el 28 de noviembre ETA anunció que la tregua que había mantenido durante más de catorce meses finalizaría el 3 de diciembre de 1999. Esa ruptura de la tregua se materializó el 21 de enero del 2000 con el asesinato en Madrid del teniente coronel Pedro Antonio Blanco García.

Cuatro años después, el 18 de febrero de 2004 ETA anunció la suspensión de todas sus "acciones armadas" en Cataluña por el "empuje de las fuerzas independentistas" y la "concienciación sobre el derecho a la autodeterminación" en los últimos años en Cataluña.

Finalmente, el 18 de junio de 2005, en un comunicado publicado por los diarios Gara y Berria, la banda terrorista anunció que también excluía de entre sus potenciales objetivos a los cargos electos de los partidos políticos en España.

Desde el día 30 de mayo de 2003, la banda terrorista ETA no había cometido ningún atentado mortal en España.

A finales del año 2003, el presidente de Esquerra Republicana de Catalunya, Josep Lluis Carod Rovira, se entrevistó con la cúpula de ETA en la localidad francesa de Perpiñán. La noticia de esta entrevista fue filtrada desde una fuente del CNI al diario ABC, desatando un gran revuelo mediático. A causa del escándalo originado, Carod Rovira se vio obligado a dimitir de su cargo de Conseller en cap del gobierno tripartito Catalán, integrado por los partidos PSC, ERC e IC-V.

Consecuencia o no de esta reunión, la banda terrorista ETA anunció el 18 de febrero de 2004 una tregua por la que se comprometía a dejar de atentar en Cataluña, avivando aún más si cabe la polémica en los medios de comunicación.

Tras los Atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, cometidos por extremistas islámicos, ETA tardó cuatro meses en volver a atentar, posiblemente debido a la conmoción social provocada por la masacre de Madrid y consciente de que el retorno de la actividad terrorista le acarrearía una pérdida de sus apoyos.

El 21 de marzo de 2004, ETA emplazó al diálogo en un comunicado al presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, incidiendo en que la solución no está en manos de un agente, una persona o una organización. Sin embargo, no declaró la tregua, sino que se manifestó dispuesta a seguir luchando. Prueba de esta intención de continuar su autodenominada "lucha armada" es la reanudación de los atentados con bombas a partir de la segunda mitad de 2004. Desde entonces, y a pesar del retorno a la actividad terrorista con la colocación de explosivos, no se produjo ninguna víctima mortal a consecuencia de estos atentados.

El 22 de enero de 2005, el Partido Popular y la Asociación Víctimas del Terrorismo organizaron una manifestación conjunta que agrupó en Madrid a unas 110.000 personas según la Delegación del Gobierno en Madrid y a 1.400.000 según la Comunidad de Madrid, venidas de toda España en protesta contra la política antiterrorista del gobierno. Desde el gobierno se criticó el hecho de que no se respetase al estado en su autoridad en lo que concierne a la política antiterrorista tal y como viene escrito en el propio pacto que firmaron PP y PSOE. El entonces ministro de defensa José Bono, que asistió a la manifestación, fue agredido supuestamente en el transcurso de la misma. (Véase Caso Bono).

El 12 y 13 de mayo de 2005, durante el debate del estado de la nación, el presidente Rodríguez Zapatero anunció su intención de acabar con ETA mediante un final dialogado en esta legislatura, aunque sin pagar un precio político por ello. Mariano Rajoy, líder del Partido Popular en la oposición, acusó a Zapatero en el mismo debate de traicionar a los muertos, declaraciones que fueron duramente criticadas por varios medios.

El 4 de junio de 2005, en una nueva manifestación de la AVT y el PP, el presidente Rodríguez Zapatero fue acusado por los convocantes de romper el pacto antiterrorista. Desde estos sectores se criticó la iniciativa presentada en el Congreso de los Diputados de dialogar con ETA siempre y cuando la banda se comprometiera a dejar las armas. A su vez, desde el PSOE se acusó a varios líderes del PP de incumplir el pacto utilizando el terrorismo como tema de discusión partidista, afirmando además que era la primera vez que desde la oposición se atacaba la política antiterrorista del gobierno, considerada hasta entonces un tema de estado.

El 10 de febrero de 2006, el presidente del gobierno anunció su convicción de que el fin del terrorismo podría estar cerca, y el 22 de marzo siguiente la banda terrorista anunciaba un alto el fuego permanente.

El "proceso de paz" suscitó no poco debate dentro de la sociedad española, hasta el punto de que incluso la terminología del llamado "proceso de paz" fue objeto de debate entre políticos de todas las tendencias así como entre los diversos medios de comunicación.

Además del Partido Socialista Obrero Español, que sustenta al Gobierno, apoyaron el proceso el resto de grupos políticos representados en el Congreso de los Diputados y en el Senado de España a excepción del Partido Popular, a saber: Convergència i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya, el Partido Nacionalista Vasco, Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya Verds, Coalición Canaria, el Bloque Nacionalista Galego, Chunta Aragonesista, Eusko Alkartasuna y Nafarroa Bai.

El 25 de octubre de 2006, el Parlamento Europeo aprobó por 321 votos a favor y 311 en contra, además de veinticuatro abstenciones, una propuesta de resolución de apoyo al proceso presentada por los grupos parlamentarios del Partido Socialista Europeo, de la Alianza de Liberales y Demócratas por Europa, de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica y de los Verdes/Alianza Libre Europea. A pesar de ello, estos grupos matizaron su apoyo, ofreciéndolo a la "iniciativa de paz en el País Vasco emprendida por las instituciones democráticas españolas en el marco de sus competencias exclusivas", y no al "proceso de paz en el País Vasco en los términos fijados por el Congreso de los Diputados". Esta matización, ofrecida por los grupos de izquierda para obtener el apoyo del Partido Popular Europeo, no consiguió finalmente el apoyo de la derecha europea.

El proceso cuenta además con el respaldo de los dos principales sindicatos de España, esto es, la Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras.

También han dado su apoyo al proceso de paz instituciones como la Iglesia Católica o la Organización de las Naciones Unidas.

La mayoría del PP y el presidente de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), Francisco José Alcaraz, no sólo se muestran en contra del proceso, sino del mismo término en sí, que consideran una concesión semántica a los terroristas, pues, según ellos, la necesidad de un proceso de paz implicaría la existencia de una situación previa de guerra. Para ellos, lo que ha existido ha sido el uso de la violencia de una parte de la sociedad vasca contra el resto de españoles. Prefieren hablar, por tanto, de proceso de negociación y de rendición o claudicación del Estado a las exigencias terroristas y reclaman la aplicación estricta de la Ley de Partidos. Desde el gobierno se reprocha al Partido Popular que éste intentó cuando estaba en el gobierno un proceso de paz durante la tregua de ETA de 1998-1999, mientras ahora, dicen, antepone el interés de partido a la razón de estado. Para mostrar este contraste, el PSOE publicó un vídeo titulado "La otra tregua". Por su parte, el PP publicó un documento titulado PSOE, mentiras y cintas de video, donde acusan al PSOE de mentir acerca del actual proceso.

También algunos miembros del PSOE se muestran contrarios al actual proceso de paz, como es el caso de la ex-eurodiputada Rosa Díez, a pesar de que en la anterior tregua de ETA de 1998-1999, la eurodiputada sí dio su apoyo activo al proceso emprendido entonces por el Partido Popular. La concejal de Guecho Gotzone Mora también ha expresado de forma vehemente su desacuerdo con el gobierno, hasta el punto de ser expulsada del Congreso de los Diputados por alterar el orden durante un pleno, desacuerdo expresado también por el anterior secretario general del PSE-EE, Nicolás Redondo Terreros, quien también durante la anterior tregua de ETA llegó a reunirse públicamente con dirigentes de la llamada izquierda abertzale. Aunque en un principio el PSOE manifestó que no se tomarían medidas disciplinarias contra estos afiliados, posteriormente el militante socialista y miembro del Foro de Ermua Antonio Aguirre y la ex-concejal Gotzone Mora fueron expulsados del PSOE el 27 de noviembre de 2007 y el 20 de marzo de 2008, respectivamente; la europarlamentaria Rosa Díez no fue expulsada, sino que renunció su escaño europeo y abandonó la militancia del PSOE por iniciativa propia el 29 de agosto de 2007 como consecuencia de la negociación con ETA emprendida por la dirección del PSOE.

El presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero negó, ante las acusaciones del portavoz del Partido Popular en el Senado Pío García-Escudero, que el PSOE mantuviera "ningún diálogo ni negociación" con Batasuna durante la anterior legislatura de gobierno del PP.

El 31 de mayo de 2006, el secretario general de los socialistas vascos, Patxi López, anunció que se reuniría con la ilegalizada Batasuna después de que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, hubiera comparecido en el Congreso con carácter previo al inicio de los contactos con ETA. Puesto que ocho dirigentes de esa formación política ilegalizada comparecían esos días en la Audiencia Nacional imputados por integración en banda armada y amenazas terroristas, López pidió a los jueces que tuvieran en cuenta "la actual situación del País Vasco". Añadió que se abrían dos escenarios "uno para el diálogo entre el Gobierno y ETA para hacer efectivo el abandono de las armas y la desaparición del terrorismo; y otro para el diálogo político en Euskadi", lo que desde el PP se tomó como asumir la propuesta de Anoeta que proponía dos mesas de diálogo, una entre el gobierno y ETA para hablar del alto el fuego, y otra entre todos los partidos, incluyendo entre ellos a la ilegal Batasuna, para hablar del futuro político del País Vasco.

El presidente del gobierno recordó que convocaría la Comisión de Seguimiento del pacto antiterrorista para informar del cumplimiento del alto del fuego de ETA, la comisión de secretos oficiales y posteriormente comparecería en el Congreso para informar sobre el inicio de las conversaciones con ETA.

El 10 de junio se produjo en Madrid una nueva manifestación convocada por la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) y respaldada por el Partido Popular en la que se rechazaba el diálogo del gobierno con ETA y se pedía saber "la verdad" acerca del 11-M.

El 21 de junio, el presidente del PNV, Josu Jon Imaz se reunió con dirigentes de la ilegalizada Batasuna para hablar de la metodología, los procedimientos y la agenda de una futura "mesa de partidos para la normalización política de Euskadi".

El 29 de junio, el Presidente del gobierno anunció la apertura de las conversaciones con ETA en una declaración institucional ante los periodistas.

El 5 de julio, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón autorizó judicialmente la reunión entre los dirigentes del PSE y Batasuna, anunciada para el día siguiente a las 11.00 horas. En esta reunión, el secretario general del PSE-EE instó a los dirigentes de Batasuna que se integraran en la vida democrática, rechazando el terrorismo.

En junio y julio de 2006, los interlocutores de ETA (José Antonio Urrotiokoetxea Bengoetxea, alias Josu Ternera) y del Gobierno (Jesús Eguiguren) se reunieron en la sede del Centro de Diálogo Henri Dunant en Ginebra. Algunos medios de comunicación informaron de otras reuniones los días 1 de septiembre y 31 de diciembre de 2005 en un chalé situado a las afueras de Oslo. Si bien, tanto el gobierno noruego como el español desmintieron rotundamente que estos últimos encuentros se hubieran producido.

El 25 de noviembre de 2006, la Asociación Víctimas del Terrorismo se manifestó por quinta vez contra la política antiterrorista del gobierno socialista. En esta manifestación, el Partido Popular apoyó de nuevo a la AVT con la presencia de sus principales líderes, como en anteriores manifestaciones.

Tras el atentado del 30 de diciembre de 2006 en el aeropuerto de Barajas de Madrid, el presidente Rodríguez Zapatero anunció por la tarde del mismo día que había ordenado supender todas las iniciativas para desarrollar el diálogo con ETA, con lo que consideraba roto el proceso de paz de forma inmediata. Según Zapatero, la violencia es incompatible con el diálogo, y por lo tanto, éste no puede desarrollarse mientras la banda terrorista no cumpla las condiciones que el gobierno exigió para el inicio del mismo.

El mismo día del atentado en el aeropuerto de Barajas, el secretario general y portavoz parlamentario de la federación nacionalista catalana Convergència i Unió, Josep Antoni Duran i Lleida, manifestó explícitamente que dado que no se daban las condiciones acordadas en el parlamento para que se dialogara con ETA, su formación retiraba el apoyo al gobierno para esta cuestión. Al día siguiente, el presidente de la formación nacionalista catalana, Artur Mas, matizaba estas declaraciones, asegurando que el gobierno contaba con el apoyo de CiU en la lucha antiterrorista. El PP reiteró en esa fecha su oposición al mantenimiento del diálogo.

El 31 de diciembre de 2006, un día después del atentado en el aeropuerto de Barajas, la Asociación Víctimas del Terrorismo, acompañados por altos dirigentes del Partido Popular en Madrid, se manifestaron en la Puerta del Sol, de nuevo contra la política antiterrorista del gobierno. En esta concentración se profirieron todo tipo de insultos contra el gobierno y el Partido Socialista Obrero Español. Varios periodistas de Televisión Española y Radio Nacional de España fueron también objeto de insultos por parte de algunos manifestantes, teniendo que ser escoltada por la Policía una periodista del ente público para evitar que fuera agredida.

El 9 de enero ETA hizo público un comunicado enviado al diario Gara donde reivindicó el atentado de barajas, aunque afirmando al mismo tiempo que el alto el fuego permanente continúa vigente. En el mismo culpabilizó al gobierno por no evacuar el aparcamiento correctamente, afirmando que el objetivo de esa acción armada no era causar víctimas.

A su vez el portavoz del gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba criticó con dureza la actitud de la banda terrorista y replicó que ETA debía ser consecuente con el atentado cometido en Barajas y asumir el riesgo enorme que supone poner una bomba como la que costó la vida a dos ciudadanos ecuatorianos. Cuando uno pone una bomba potente en la terminal de un aeropuerto, tiene que ser consecuente con sus acciones, declaró, tachando de sarcasmo que ETA pida ahora explicaciones de sus salvajadas al Gobierno de España. Manifestó que ETA ha roto el proceso de paz, ETA ha roto su tregua y que el gobierno no iba a mantener puentes tendidos a la banda aunque ésta dijera seguir estando en tregua.

La Federación Nacional de Asociaciones Ecuatorianas de España (FENADEE) convocó una manifestación en Madrid para el 13 de enero a las 17 horas, con el lema 'Por la Unidad y la Paz', anunciando la Asociación de Víctimas del Terrorismo su apoyo a la misma.

Posteriormente, Comisiones Obreras (CC.OO.) y UGT anuncaron otra manifestación en Madrid en repulsa por el atentado de ETA, con el lema 'Por la paz y contra el terrorismo' para el mismo día a las 18.00 horas, ante lo cual la FENADEE decidió desconvocar su manifestación y unirse a esta última.

El 9 de enero el Foro de Ermua le solicitó a los convocantes que incluyeran la palabra libertad en el lema de la marcha. Según ellos no es un problema de falta de paz sino de falta de libertad: 'España no está en guerra y que, por tanto, ya tenemos paz', pero sería una 'grave carencia' olvidar en el mismo la palabra libertad, entendiendo que la defensa de la libertad es 'el valor básico puesto en peligro por ETA'.

La FENADEE y CCOO se mostraron conformes a agregar la palabra libertad al lema de la marcha, pero UGT rechazó la iniciativa debido a que las pancartas ya estaban realizándose. El foro de Ermua entonces anunció que acudiría con su propia pancarta, con el lema 'Por la Libertad. Derrotemos a ETA'. La AVT anunció que no acudiría a la manifestación del sábado por tratarse de "un acto de apoyo a la negociación con los terroristas de cara a un futuro inmediato". El Partido Popular (PP) decidió no respaldar la manifestación puesto que según ellos no se buscó el consenso, rechazando sugerencias tanto del lema como del manifiesto. "Una manifestación que tendría que haber servido para unir a la sociedad contra el terrorismo, ha generado disenso y división, incluso entre los propios colectivos convocantes".

A última hora del 10 de enero, la Federación de Ecuatorianos de Madrid (FEM), mayoritaria en el conjunto de España, decidió desvincularse de la marcha, considerando "incomprensible e inaceptable" la no inclusión en el manifiesto de una mención al rechazo al diálogo con los terroristas ni tampoco la palabra "libertad" en la pancarta, cuando el propósito de la convocatoria debía expresar la "solidaridad" con las víctimas del atentado, y al no entender que no se haga mención al principal objetivo, que es "la derrota definitiva de los terroristas".

El 11 de enero el Foro de Ermua decidió no sumarse a la manifestación al considerar que "ha dejado de ser el lugar de encuentro de todos los ciudadanos que deseamos solidarizarnos con Diego Armando Estacio y Carlos Alonso Palate, asesinados en el brutal atentado cometido por ETA en Barajas, y con sus familiares y amigos", criticando a UGT, a quien acusó de mamporrero del Gobierno de Rodríguez Zapatero al negarse a incluir en el lema la palabra "libertad", denunciando que la UGT ha actuado "al servicio" del Ejecutivo al intentar "avalar" con la manifestación "una política de diálogo y cesión permanente al terrorismo que ha provocado el fortalecimiento de la banda y la división en la lucha antiterrorista". y acusándolo de hacer "de correa de transmisión del Gobierno, para generar un clima de desunión y desconfianza entre las fuerzas democráticas con el fin de propiciar una política favorable a la negociación con ETA". La Confederación Española de Policía (CEP), la Asociación Independiente de la Guardia Civil (ASIGC), la patronal CEOE y otras seis asociaciones de inmigrantes ecuatorianos (sin contar la FEM) que también iban a participar, se echaron asimismo hacia atrás.

Finalmente el día 12 de enero UGT consintió en cambiar el lema de la marcha para sí incluir la palabra libertad: "Por la paz, la vida, la libertad y contra el terrorismo". No obstante, debido a lo tardío de la decisión, sólo unas pocas pancartas pudieron ser cambiadas para tener el nuevo lema. El Foro de Ermua declaró que no iba a participar, ante la dificultad de tener que reconvocar de nuevo a la gente. Por su parte el PP afirmó que "existe una confusión generalizada, que se ha trasladado al ámbito de las manifestaciones. Se han generado polémicas en torno a los lemas y a los contenidos de los manifiestos" y para no producir más confusión decidió no apoyarla. Solicitó asimismo su desconvocatoria.

Ángel Acebes, por el Partido Popular, declaró que la manifestación, «no es contra ETA sino contra el PP».

La manifestación contó con la presencia de ministros del gobierno, socialistas, Gaspar Llamazares y a personajes del mundo de la cultura y del espectáculo, que también habían participado en las manifestaciones contra la invasión de Iraq de 2003.

La AVT preguntó a los participantes dónde estaban en las manifestaciones contra el atentado que había convocado ella.

La delegación del Gobierno cifró la asistencia en 174.824 personas y la Comunidad de Madrid en 210.000.

El mismo día tuvo lugar otra manifestación en Bilbao convocada por el lehendakari del gobierno Vasco, Juan José Ibarretxe, con el lema «Por la paz y el diálogo. Exigimos a ETA el fin de la violencia», y a la que se adhirieron todos los partidos políticos vascos con excepción del Partido Popular y la ilegalizada Batasuna. El número de asistentes fue de 80.000 según la policía. La manifestación finalizó con un minuto de silencio por las víctimas del atentado y unas palabras del lehendakari que hizo un llamamiento al diálogo.

Ha habido una gran polémica en torno a la condena al etarra Iñaki de Juana Chaos. El 10 de noviembre de 2006, en Palma, Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales se pusieron de acuerdo para difundir un comunicado conjunto en el que critican las "continuas declaraciones públicas que pretenden presionar a jueces y fiscales".

El 22 de marzo de 2006 ETA declaró un alto el fuego permanente, que entró en vigor a las cero horas del 24 de marzo del mismo año. A pesar de que el alto el fuego fue respetado por ETA durante los primeros meses, en el tercer y cuarto trimestre de 2006 se ha visto cómo la banda lo rompía con extorsiones a empresarios, violencia callejera o la apropiación de más de 350 pistolas robadas en un almacén de Vauvert (Francia) el 23 de octubre de 2006 . La gendarmería francesa informó de la localización en ese mismo mes de un escondrijo con armas y materiales para la fabricación de explosivos en la localidad de Saint-Etienne-de-Baigorry.

El día 23 de diciembre de 2006, la Ertzaintza localizaba en la localidad de Amorebieta un "zulo" de ETA donde se hallaron sustancias para la fabricación de explosivos, lo que, unido al anterior robo de armas en Francia, era otra señal de que la banda terrorista se estaba rearmando. La reacción política a estos hallazgos fue muy negativa, reconociendo el secretario general del PSE-EE Patxi López que Batasuna había endurecido sus posiciones negociadoras.

El día 30 de diciembre de 2006, ETA hizo explosionar una furgoneta-bomba en el aparcamiento de vehículos de la terminal T4 del aeropuerto de Barajas en Madrid, con un resultado de dos personas fallecidas (ambas de nacionalidad ecuatoriana), una veintena de heridos leves y graves daños materiales. El ministro del interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, dijo en comparecencia ante la prensa que este atentado terrorista señalaba con claridad el fin abrupto del alto el fuego permanente anunciado por ETA. Esa misma tarde, mientras el presidente del gobierno Rodríguez Zapatero daba por concluido el proceso de diálogo con ETA, el líder de la ilegalizada Batasuna, Arnaldo Otegi, culpabilizaba al gobierno del atentado, negándose a condenarlo.

Al principio



Maite Pagazaurtundua

María Teresa "Maite" Pagazaurtundua Ruiz (Hernani, 1965) es una activista y política española.

Nació en Hernani en 1965 y está licenciada en Filología Hispánica y en Filología Vasca por la Universidad de Deusto.

Fue parlamentaria vasca de 1993 a 1998 por el PSE-EE y asesora de Política Lingüística de Fernando Buesa en el Departamento de Educación del Gobierno Vasco, así como secretaria de Educación y Cultura del PSE-EE desde 1993 a 1997. Desde 1999 hasta 2007 fue concejal y portavoz municipal del PSE-EE en Urnieta. Asimismo trabaja como traductora de lenguaje jurídico-administrativo euskera-castellano.

También en 1999 participó en la fundación de la plataforma ¡Basta Ya!. En 2003 fue asesinado por la banda terrorista ETA su hermano, Joseba Pagazaurtundua militante del PSE y miembro fundador de la plataforma ¡Basta Ya! al igual que ella. También es presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo y colabora con la Fundación Fernando Buesa.

En los últimos tiempos se ha mostrado crítica con la política antiterrorista emprendida por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y por el PSOE, así como por las relaciones de Patxi López y el PSE-EE con el entorno nacionalista vasco y abertzale, mostrado sus reticencias hacia los contactos mantenidos con Batasuna y hacia el proceso de paz abierto tras el alto el fuego permanente decretado por ETA, llamando a "la unidad de los demócratas y a la acción de la justicia contra los terroristas y todos aquellos que los amparan, justifican y respaldan". En mayo de 2005 protagonizó junto a la viuda de su hermano Joseba Pagazaurtundua, Estibaliz Garmendia, el también concejal socialista en Ugao Miraballes, Nicolás Gutiérrez, la entonces eurodiputada del PSOE Rosa Díez, el filósofo Fernando Savater y el profesor Mikel Iriondo una carta abierta a Patxi López reprochándole el trato menos cortés dado a María San Gil, del Partido Popular, frente a las parlamentarias del PCTV, en su ronda de contactos parlamentarios.

Ha escrito dos libros: Los Pagaza (Temas de Hoy, 2004), un libro biográfico en el que cuenta la historia de su familia, el asesinato de su hermano y en el que hace un retrato de la situación de la sociedad vasca; y El viudo sensible y otros secretos (Seix Barral, 2005), un libro de relatos.

Está casada y tiene dos hijos.

Al principio



Partido Socialista de Euskadi - Euskadiko Ezkerra

Patxi López

1 Como PSE-PSOE. 2 Fusión con Euskadiko Ezkerra.

El Partido Socialista de Euskadi - Euskadiko Ezkerra (PSE-EE) es la federación en el País Vasco (España) del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Surgido en 1993 tras la fusión del PSE-PSOE y el partido nacionalista Euskadiko Ezkerra (EE).

La denominación PSE adopta en su denominación el término Euskadi, acuñado por el nacionalismo vasco y ajeno a la tradición del partido hasta la Guerra Civil de 1936. Aún así fue el socialista Santiago Aznar, consejero del primer Gobierno Vasco, quien propuso como una de las primeras medidas la adopción de la Ikurriña como enseña oficial vasca, bandera que también procedía de la tradición nacionalista.

A pesar de que la denominación habitual de los militantes del PSE es la de socialistas vascos, no hay que confundir al PSE con el Partido Socialista Vasco, un pequeño partido integrante de la izquierda abertzale, de finales de los años 70 y principios de los 80. Tampoco confundir con el PSE, Partido Socialista Europeo.

El socialismo vasco, surgió en las últimas décadas del siglo XIX, en la etapa de la Restauración monárquica y tuvo en sus comienzos dos etapas diferenciadas, encarnadas por sus líderes más significativos: Facundo Perezagua e Indalecio Prieto. Facundo Perezagua fundó la primera organización socialista vasca en 1886: la Agrupación Socialista de Bilbao se constituyó el 11 de julio de 1886 con alrededor de 20 militantes. Rápidamente el PSOE fue expandiéndose por la cuenca minera de Las Encartaciones y la Margen Izquierda del Nervión y en el año 1900, la Federación Socialista de Vizcaya contaba con 10 agrupaciones.

El liderazgo de Perezagua supuso una actitud política basada en el radicalismo, que tuvo su máxima expresión en la huelga de Mayo de 1890 en la que 30.000 trabajadores de la margen izquierda fueron a la huelga durante una semana, convirtiéndose el PSOE en la referencia política y sindical de miles de trabajadores industriales de Vizcaya, expandiéndose muy pronto el movimiento obrero hacia otras zonas del País Vasco como Éibar, Tolosa, San Sebastián, Irún, etc.

Durante esta época, el organismo de expresión de los socialistas vascos fue el semanario La Lucha de Clases, en el cual escribían importantes intelectuales de la sociedad vizcaína como Miguel de Unamuno, que fue militante de la Agrupación Socialista de Bilbao. En el 1904, un joven de una familia de origen nacionalista, Tomás Meabe, fundaba en Bilbao las Juventudes Socialistas de España.

El liderazgo de Perezagua se mantuvo hasta 1910, al variar el PSOE su estrategia política aliándose con los republicanos, gracias a lo cual consiguió su primer diputado en las Cortes en la persona de Pablo Iglesias. En 1911, el fracaso de la huelga convocada para ese año, acabó con el liderazgo de Perezagua. El líder del sector moderado del partido, Indalecio Prieto, se convirtió en diputado provincial de Vizcaya por la Coalición Republicano-Socialista.

El enfrentamiento entre ambos sectores duró hasta 1915 con la expulsión de Perezagua del partido y el ascenso de Prieto al liderazgo, imponiendo un fuerte antinacionalismo, una tendencia liberal y regeneracionista, que se sustanciaba en su alianza con los republicanos. El movimiento obrero socialista se expandió de manera importante durante los años del liderazgo de Prieto, con la fundación de la sección minera y metalúrgica en la pujante UGT de Vizcaya.

Sin embargo, el debate abierto en el seno del PSOE en torno a la Revolución Rusa de 1917, hace que Prieto se sitúe en contra de la adhesión de los socialistas españoles a la Tercera Internacional. Esta situación, provocó que en 1922, la mayoría del sector minero del partido y la UGT diera el salto al comunismo fundando el incipiente PCE, que consiguió algún respaldo en la margen izquierda, aunque la mayoría de las agrupaciones del PSOE se mantuvieran fieles al partido. En 1920, Rufino Laiseca se convirtió en el primer alcalde de Bilbao del PSOE.

La primera estructura socialista en Guipúzcoa fue la Agrupación Socialista de Éibar fundada en 1897. En 1901 se crearon las Agrupaciones de Irún y Placencia de las Armas y más tarde, las de Pasajes, Rentería, Beasáin, Vergara y otras localidades.

La Agrupación Socialista de Éibar se convirtió en el referente del movimiento obrero guipuzcoano contando con una afiliación importante, y con su propio órgano de expresión en la revista ¡Adelante!. El socialismo eibarrés actuó de manera más moderada que el socialismo vizcaíno, defendiendo la industria local y mostrando una facultad más negociadora con los patronos industriales. Por otra parte, la actitud del socialismo guipuzcoano se mostró menos antinacionalista que la del socialismo vizcaíno, ya que el nacionalismo en Guipúzcoa apenas había tenido implantación en la provincia en esa época, mostrando estos una actitud mas decantada al vasquismo, que se sustanciaba en la utilización intensiva del euskera, en los intentos de extender la acción política por el medio rural, en la defensa de la reintegración foral desde el Ayuntamiento, etc. En ese sentido tuvo una gran influencia el militante Toribio Echeverría.

En Álava, la implantación del socialismo fue más dificultosa, habida cuenta de la escasa industrialización de la provincia, aunque esta situación irá evolucionando hacia una implantación mayor hacia la II República, bajo el liderazgo de Antonio Amat.

El líder de los socialistas vascos, Indalecio Prieto, participó el 17 de agosto de 1930 en el Pacto de San Sebastián, que consumaba una alianza entre fuerzas republicanas y catalanistas para forzar la implantación de un régimen republicano y autonómico en España, consiguiendo atraer este a la mayoría de la ejecutiva del PSOE hacia el republicanismo. En las elecciones municipales de 1931, que supusieron la victoria republicana en las grandes urbes y por tanto la caída de la monarquía de Alfonso XIII, la primera localidad española en proclamar la II República fue Éibar, debido a que la opción del Bloque Antimonárquico había triunfado en la mayoría de las grandes áreas urbanas de Vizcaya y Guipúzcoa.

Al igual que en Cataluña, en el País Vasco pronto se iniciaron los intentos por conseguir la autonomía. Aunque esta no fuera una prioridad para el socialismo vasco, el liderazgo de Prieto llevo al partido a intentar buscar acuerdos con el PNV. Y sobre todo, después del fracaso de la intentona autonomista del Estatuto de Estella, alianza entre carlistas y PNV, tras la cual este último partido decidió aliarse con las izquierdas para llevar a efecto el llamado Estatuto de las Gestoras, que fracasó por la victoria de la CEDA en las elecciones generales de 1933. La victoria del Frente Popular en 1936, posibilitó un acuerdo entre el líder nacionalista José Antonio Aguirre y el líder socialista, Indalecio Prieto, para llevar a efecto un Estatuto mas simplificado que pusiera en marcha la autonomía vasca. Este pacto con el Frente Popular dotaba con la mayoría parlamentaria suficiente en las Cortes, siendo aprobado el Estatuto de Autonomí­a del País Vasco de 1936 comenzada ya la Guerra civil Española. Este Estatuto, el primero en entrar en vigor en la historia vasca, sirvió para poner en marcha el primer Gobierno Vasco en coalición entre el PNV y el Frente Popular, presidido por José Antonio Aguirre. Este ejecutivo contó con destacados socialistas vascos como Santiago Aznar, Consejero de Industria; Juan de los Toyos, Consejero de Trabajo, Previsión y Comunicación y Juan Gracia, Consejero de Asistencia Social.

Durante la dictadura de Franco, los socialistas vascos en el interior del país intentaron reorganizar el partido para fomentar la oposición al régimen, liderados fundamentalmente por Ramón Rubial, Antonio Amat y Eduardo López Albizu, sufriendo condenas y cárcel. Mientras en el exterior, los socialistas intentaron mantener la cohesión del Gobierno Vasco en el exilio hasta los años sesenta, en los cuales el modelo autonómico en el exilio entró en profunda crisis.

El Partido Socialista de Euskadi (PSE-PSOE), como empezó a denominarse, participó activamente en el proceso de recuperación democrática y autonómica.

El 4 de enero de 1978 se publicó el decreto por el cual se constituía el Consejo General Vasco bajo la presidencia del socialista Ramón Rubial, que se impuso tras varias votaciones al candidato nacionalista Juan de Ajuriaguerra. Por este motivo, los socialistas vascos han considerado a Ramón Rubial el primer Lehendakari (presidente del Gobierno) socialista vasco. Este organismo tenía por fin buscar el acuerdo para llevar la autonomía de nuevo al País Vasco, que llegaría el 25 de octubre de 1979 con el Estatuto de Guernica.

Hasta 1982, el PSE-PSOE incluía no sólo a las Agrupaciones Provinciales de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, sino también a la Agrupación Socialista de Navarra que en junio de 1982 se separó para conformar el Partido Socialista de Navarra, PSN-PSOE. Así, el navarro Carlos Solchaga, fue miembro del órgano preautonómico vasco Consejo General Vasco en representación de Álava durante toda la etapa de la transición democrática.

En las Elecciones al Parlamento Vasco de 1986 el PSE(PSOE) ganó las elecciones bajo el liderazgo de Txiki Benegas, convirtiéndose en la primera fuerza política del País Vasco. A pesar de ello, el PSE volvió a asumir responsabilidades de Gobierno en el País Vasco en coalición con el PNV, cediendo la presidencia del Gobierno Vasco al nacionalista José Antonio Ardanza (el PSE ganó en escaños, pero no en votos).El principal objetivo del Gobierno de coalición PNV-PSE fue el de acabar con la actividad terrorista de ETA, que se sustanció en 1988 en el Pacto de Ajuria-Enea, un acuerdo de colaboración entre todas las fuerzas políticas vascas, nacionalistas o no, para llevar a cabo el fín de la violencia.

En 1997, Ramón Jáuregui fue sustituido por Nicolás Redondo Terreros al frente del partido. El Gobierno de coalición duró hasta 1998, cuando el entonces líder de los socialistas vascos, Nicolás Redondo Terreros, decidió la salida del partido del Gobierno Vasco, lo que provocó entre otras cosas, la caída del Gobierno de Ardanza un año después. En 1998 se llevó a efecto la tendencia a la concentración de fuerzas nacionalistas con la firma del Pacto de Estella, tras el fracaso del Pacto de Ajuria-Enea. Tras el recrudecimiento de la política de agresión de ETA contra el PSE-EE y el PP (no nacionalistas) con asesinatos y secuestros a cargos públicos, estas fuerzas iniciaron una política de colaboración que condujo a la división de la sociedad vasca entre dos frentes, nacionalistas y no nacionalistas, que tuvo su culminación en las Elecciones al Parlamento Vasco de 2001.

La victoria del frente nacionalista liderado por Juan José Ibarretxe y el varapalo sufrido por el PSE-EE en 2001 por su colaboración con los conservadores del PP, supusieron la dimisión del Secretario General del partido, Nicolás Redondo Terreros. Se constituyó entonces una Comisión Gestora dirigida por Ramón Jáuregui, que gestionó el partido hasta que Patxi López fue elegido Secretario General en el IV Congreso del PSE-EE, el 22 de marzo de 2002 y reelegido en 2005 hasta hoy.

Durante esta época, el socialismo vasco buscó la fusión de la izquierda vasca en torno a sus siglas, lo que provocó la unión del PSE-PSOE con el Partido de los Trabajadores de Euskadi, en 1991 y con posterioridad, en marzo de 1993, con la convergencia entre el Partido Socialista de Euskadi y Euskadiko Ezkerra. La fusión PSE-EE pretendía crear un nuevo partido socialista vasco que aglutinara en una única formación política a gentes provenientes de tradiciones nacionalistas y obreras, superando sus diferencias y quedando unidas por un ideario autonomista, vasquista y socialdemócrata. El modelo que se quería recrear era el del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC). Una de las figuras más prominentes de Euskadiko Ezkerra que propiciaron esta unión fue Mario Onaindia.

Sin embargo, previa a la fusión una escisión interna de Euskadiko Ezkerra, Euskal Ezkerra, se coaligo con Eusko Alkartasuna y numerosos cuadros se integraron en EAJ/PNV; además hubo gentes que se integraron en EPK-PCE y otros posteriormente en Aralar, pero la inmensa mayoria fue a parar al PSN-PSOE y PSE-EE. Sin negar la aportación de EE al PSE, para algunos la fusión de ambos partidos fue en la práctica una absorción de EE por parte del PSE. Quince años después dentro del PSE-EE de EE queda algo más que las siglas, ya que su ideología ha ido empapando y contribuyendo a la ampliación del ideario socialista y de su espectro político. Antiguos militantes de dicha formación ocupan puestos relevantes tanto de carácter orgánico como público.

Durente las negociaciones emprendidas durante la VIII Legislatura por el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero con el fin de acabar con el terrorismo de ETA en España, con la banda y su entorno, el PSE jugó un papel destacado.

El 31 de mayo de 2006 Patxi López anunció que se reuniría con la ilegalizada Batasuna después de que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, hubiera comparecido en el Congreso con carácter previo al inicio de los contactos con ETA. Puesto que ocho dirigentes de esa formación política ilegalizada comparecían esos días en la Audiencia Nacional imputados por integración en banda armada y amenazas terroristas, López pidió a los jueces que tuvieran en cuenta "la actual situación del País Vasco". Añadió que se abrían dos escenarios "uno para el diálogo entre el Gobierno y ETA para hacer efectivo el abandono de las armas y la desaparición del terrorismo; y otro para el diálogo político en Euskadi", lo que desde el PP se tomó como asumir la propuesta de Anoeta que proponía dos mesas de diálogo, una entre el gobierno y ETA para hablar del alto el fuego, y otra entre todos los partidos, incluyendo entre ellos a la ilegal Batasuna, para hablar del futuro político del País Vasco.

El 6 de julio de 2006 su Secretario General Patxi López y el dirigente socialista Rodolfo Ares se reunieron con los miembros de la ilegalizada Batasuna (acusada de ser parte del entramado político de ETA) Arnaldo Otegi, su líder, y Rufi Etxeberria y Olatz Dañobeitia con el fin de pedir al entorno de la izquierda aberzale que abandonaran vía violenta para adoptar la política, y así poder estar dentro de la legalidad de cara a ser tenido en cuenta en futuros diálogos políticos. Posteriormente, en octubre de 2007, junto al Presidente del Gobierno Vasco, Juan José Ibarretxe, a ambos les fue abierto juicio oral por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en contra de la opinión del Ministerio Fiscal, acusados de un delito de desobediencia en virtud de los establecido en el artículo 556 del Código Penal, al haberse reunido con la organización ilegal Batasuna.

En una entrevista al diario El País concedida el 6 de abril de 2008 el presidente del PSE-EE Jesús Eguiguren admitió que antes de la tregua de ETA de 2006 el PSE-EE ya había mantenido contactos previos con el entorno de ETA de cara a la futura negociación, que se llevó a cabo entre el Gobierno de España presidido por José Luis Rodríguez Zapatero y la banda ETA.

El 22 de mayo de 2008 su Secretario General Patxi López anunció una propuesta para el futuro del País Vasco alternativa a la Propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi (conocida como Plan Ibarretxe) que propuso el lehendakari Juan José Ibarretxe en 2003. La propuesta del PSE-EE incluye el rechazo y la deslegitimación de todo tipo de violencia, un pacto político entre los partidos vascos y un referendum de autodeterminación. Al día siguiente el Gobierno de España, presidido por el PSOE, manifestó su respaldo a esta iniciativa.

El PSE-EE es actualmente la segunda fuerza política en el Parlamento Vasco, por detrás del Partido Nacionalista Vasco (PNV). A lo largo de su historia ha sido en una ocasión la fuerza con más escaños (en las elecciones autonómicas de 1986), en otras la segunda la mayoría de veces (por detrás Partido Nacionalista Vasco), en una ocasion la tercera (por detrás de PNV y Partido Popular), y en una ocasión (1998) la cuarta por detrás de PNV, Euskal Herritarrok y el Partido Popular.

En las elecciones municipales del 27 de mayo de 2007 fue el segundo partido más votado del País Vasco por detrás del PNV, siendo el partido más votado en las elecciones forales de Guipúzcoa y el segundo en las elecciones forales de Álava con una diferencia de 165 votos sobre el primero (PP). No obstante, fue desbancado por el PNV con la ayuda de Eusko Alkartasuna (EA) y Ezker Batua - Berdeak (EB) en Guipúzcoa y por PNV, EA y Aralar en Álava, en los cuales, al igual que en Vizcaya, el Diputado General es del PNV.

En cuanto a concejales, consiguió 339 concejales en los ayuntamientos vascos, siendo la segunda fuerza política en número de ediles por detrás del PNV, con 1.024 concejales y superando a Acción Nacionalista Vasca por 2 ediles (ANV obtuvo 337, al no contarse los votos recibidos por las candidaturas impugnadas).

Cabe destacar el caso de la localidad guipuzcoana de Zarauz, donde en las elecciones municipales de 2007 empataron en número de ediles 3 partidos (EA, PNV y PSE-EE) y tras las duras negociaciones para formar gobierno, se unieron todas las formaciones presentes en el Consistorio formando Eusko Alkartasuna un gobierno de concentración -único en Euskadi- junto el PSE-EE, PNV, EB-Aralar con la colaboración del PP. El alcalde de dicha localidad es de EA (Jon Urien Crespo), siendo el segundo teniente de alcalde del PSE-EE.

En las elecciones generales del 9 de Marzo de 2008, el PSE-EE se convirtió en la primera fuerza política del País Vasco, obteniendo 9 escaños del total de 18 que elige en total el País Vasco para el congreso de los diputados. En estas elecciónes, el PSE-EE obtuvo 9 escaños, el PNV 6 y el PP 3. Por provincias, en Vizcaya obtuvo 4 diputados de 8, en Guipúzcoa obtuvo 3 de 6 y en Álava 2 de 4.

En las elecciones al Parlamento Vasco de 2009, el PSE-EE fue la segunda fuerza en votos y escaños, tras el Partido Nacionalis Vasco, obteniendo el 30,71% de los votos válidos y 24 escaños (resultados provisionales), abriendo la posibilidad de recabar los apoyos suficientes para acceder a la lehendakaritza en la persona de su candidato, Patxi López. El partido obtuvo 8 diputados en cada una de las provincias vascas, alzándose con la victoria en Álava y siendo segundo en Guipúzcoa y Vizcaya.

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Mariano Fernández Bermejo

Mariano Fernández Bermejo (nacido en Arenas de San Pedro, Ávila, el 10 de febrero de 1948) es un fiscal y político español. Desde el 12 de febrero de 2007 hasta el 23 de febrero de 2009 fue Ministro de Justicia de España. En las anteriores elecciones fue elegido Diputado por Murcia, donde encabezaba las listas, logrando conservar los tres escaños que el PSOE había logrado en 2004. Es licenciado en Derecho y experto en Derecho Comunitario por la Universidad Complutense de Madrid y uno de los cofundadores de la Unión Progresista de Fiscales (UPF).

Sustituyó en el Ministerio a Juan Fernando López Aguilar el cual dejó la cartera para dedicarse a la candidatura por el PSOE en las autonómicas canarias. Anteriormente, desde 15 de junio de 2004 hasta su nombramiento como ministro, fue el fiscal jefe de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

Su primer contacto con la política se produce en 1986 en Madrid, fecha en la que comienza como asesor del ministro socialista de justicia, Fernando Ledesma. Allí conoció a María Teresa Fernández de la Vega, que trabajaba en el mismo equipo. Permanecería en esta función hasta 1989. En este tiempo participó en la reforma de la legislación de menores y de la ley de Enjuiciamiento criminal, así como en la elaboración del decreto regulador de la policía judicial.

Tras esta etapa fue nombrado fiscal del Tribunal Supremo y en 1992 fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Cargo que desempeñaría hasta 2003, año en que mantuvo una polémica con el entonces ministro de Justicia, José María Michavila, a raíz de unas críticas sobre los nuevos 'juicios rápidos'.

En los años 60 era el bajista del grupo Los Cirros con el que llegó a actuar en televisión e incluso a editar dos discos.

Dimitió de su cargo como Ministro el 23 de febrero de 2009, semanas después de que primera huelga de Jueces de la historia, huelga que el ministro pretendió prohibir, pero que de hecho se produjo, con un seguimiento mayoritario durante un dia. El final lo provocaron las numerosas críticas (incluido desde dentro de su partido por parte de Patxi López) por participar sin disponer de la licencia necesaria en una cacería en el coto de "Cabeza Prieta" en Torres (Jaén), organizada por Bartolomé Molina, secretario general del Partido Popular en dicho municipio junto a otras 50 personas, entre las que se encontraba el Juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, que en ese momento instruía la causa del caso "Gürtel" de supuesta financiación ilegal en el Partido Popular y el Comisario General de la Policía Judicial, Juan Antonio González, responsable del servicio que está investigando la supuesta trama de espionaje en el seno del PP de Madrid.

Mariano Fernández Bermejo nació en Arenas de San Pedro (Ávila), en 1948, en el seno de una familia acomodada. Su padre, el segoviano Mariano Fernández Alonso era empresario maderero y jefe local del Movimiento Nacional de dicho pueblo, del que también sería Teniente de Alcalde. La familia siguió acrecentando su patrimonio en Arenas de San Pedro al obtener la concesión de dos gasolineras, que todavía están hoy en manos de la familia.

Hasta el momento de ser nombrado ministro de Justicia y desde el 1 de julio de 2004, venía desempeñando el cargo de fiscal Jefe de la Sala de la Sección Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

También ha firmado numerosos artículos en publicaciones jurídicas, revistas especializadas y en la Memoria Fiscal correspondiente a distintos años.

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Juan José Ibarretxe

Ibarretxe en la tribuna durante el discurso pronunciado en el Alderdi Eguna del 2007

Juan José Ibarretxe Markuartu (Llodio, 15 de marzo de 1957) es un político español, de orientación nacionalista vasca. Pertenece al Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV).

Desde 1999 y hasta la actualidad (2009), es el Lehendakari del Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco, siendo el tercer lehendakari vasco de la democracia y quinto de la historia del gobierno autónomo de Euskadi. Ha sido Lehendakari durante dos legislaturas y lo que lleva transcurrida la actual, siempre encabezando gobiernos de coalición.

Nació en la localidad vasca de Llodio (Álava), el 15 de marzo de 1957, en el seno de una familia obrera. Fueron determinantes para su compromiso político las características de su pueblo natal: antaño una pequeña localidad característica de la sociedad rural vasca, que alcanzó rápidamente un gran nivel de industrialización a partir de la década de 1960 y que se convirtió en la segunda localidad en población de Álava.

Estudió el Bachillerato en su localidad natal y posteriormente Ciencias Económicas y Empresariales en la Facultad de Sarriko (Bilbao), perteneciente entonces a la Universidad de Bilbao (la cual se transformó en 1980 en la Universidad del País Vasco), siendo una de las primeras promociones de la UPV-EHU.

Tras licenciarse, trabajó brevemente en la empresa privada (entre ellas, una naviera de bandera soviética que operaba en el puerto de Bilbao, antes de dedicarse a tiempo completo a la política, como alcalde de su localidad natal. Trabajó también en la Comisión de Economía y Presupuestos del Parlamento Vasco, a donde volvería posteriormente, ya como parlamentario, y posteriormente como presidente.

Ibarretxe comenzó su carrera política en 1979 afiliándose al Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV). Tras cuatro años de militancia, su partido le presentó como candidato a la alcaldía de Llodio en las elecciones municipales de 1983, las segundas de la democracia. Obtuvo un 31,5% de los votos y siete concejales (frente a un 23% del PNV en las anteriores elecciones de 1979) y accedió a la alcaldía, aún sin disponer su partido de mayoría absoluta (7 concejales de 21 miembros de la corporación municipal), cargo que ocupó hasta 1987.

Ibarretxe compaginó su cargo de alcalde con su presencia en las Juntas Generales de Álava (donde fue procurador entre 1983 y 1994, y presidente entre el 30 de septiembre de 1986 y el 26 de junio de 1991 ) y en el Parlamento Vasco, para el que fue elegido miembro en 1984 (II Legislatura).

Dos años después de su acceso al Parlamento Vasco, fue nombrado presidente de la Comisión de Economía y Presupuestos, responsabilidad que desempeñó durante tres legislaturas (II, III y IV), hasta el 4 de enero de 1995, cuando, tras las elecciones autonómicas, el Lehendakari José Antonio Ardanza le nombró vicelehendakari de su gobierno y consejero de Hacienda y Administración Pública (V Legislatura).

El gobierno presidido por Ardanza en la V Legislatura estaba sustentado por un acuerdo de coalición entre el PNV, Eusko Alkartasuna y el PSE-EE (PSOE) (que duraría hasta el verano de 1998 ). Ibarretxe fue vicelehendakari hasta el final de la legislatura, en 1999. Desde 1994 había venido ocupando la presidencia de la Comisión Económica y Financiera del Consejo de la Universidad del País Vasco, a la vez que era también coordinador del seminario Euzkadi en la Unión Europea de la Fundación Sabino Arana, vinculada al PNV.

Como Consejero de Hacienda y Administración Pública, Ibarretxe fue el jefe de la delegación del Gobierno Vasco en la negociación para la renovación del Concierto Económico vasco y el cálculo del Cupo correspondiente (la cantidad que anualmente devuelven las Haciendas vascas a la Hacienda central para contribuir a los gastos generados por las competencias no transferidas desde el Estado y los servicios comunes, ya que la mayor parte de lo que las Haciendas vascas recaudan, la integridad de los impuestos, la destinan a financiar las competencias asumidas), entre marzo y mayo de 1997. Esta negociación, de gran dificultad, en la que tuvo enfrente al entonces vicepresidente segundo del Gobierno, Rodrigo Rato, estuvo enmarcada dentro del acuerdo entre el Partido Popular y el PNV para la investidura de José María Aznar como presidente del Gobierno en 1996. Como resultado, las Haciendas de los territorios históricos consiguieron una capacidad normativa y recaudatoria prácticamente plena sobre todos los impuestos, salvo el IVA.

Ha sido Lehendakari durante dos legislaturas y lo que lleva transcurrida la actual, siempre encabezando gobiernos de coalición.

La V Legislatura fue la última presidida por José Antonio Ardanza, ya que decidió dejar la primera línea política y no presentarse a la reelección.

Gracias a su éxito como negociador en la renovación del Concierto Económico vasco y al apoyo de Xabier Arzalluz, máximo dirigente del PNV como presidente del Euzkadi Buru Batzar, la Asamblea Nacional del PNV designó a Juan José Ibarretxe como candidato a Lehendakari en las elecciones autonómicas del 25 de octubre de 1998, siguiendo la tradición del PNV en el que la presidencia del partido y la máxima representación institucional están separadas. Las elecciones se celebraron poco después de que ETA declarase una tregua «total e indefinida» (18 de septiembre de 1998), paralelamente a la firma, seis días antes, del Pacto de Estella, acordado por diversas organizaciones políticas y sociales del País Vasco, Navarra y el País Vasco francés, entre los que se encontraban todos los partidos y sindicatos nacionalistas vascos y también Izquierda Unida (IU). En esas elecciones su partido obtuvo el 27,28% de los votos emitidos y 21 escaños.

El 2 de enero de 1999 fue investido Lehendakari (el tercero de la democracia, tras Carlos Garaikoetxea y José Antonio Ardanza). Fue el primer Lehendakari alavés y el más joven elegido hasta la fecha (41 años). Contó con el apoyo de las formaciones de adscripción nacionalista: el propio PNV, Eusko Alkartasuna (EA) y Euskal Herritarrok (EH) (plataforma electoral constituida el 25 de octubre de 1998 por Herri Batasuna y otras organizaciones de la izquierda abertzale). En marzo se llegaba a un pacto de gobierno entre las tres fuerzas nacionalistas, formándose un gobierno de coalición entre el PNV y EA. Posteriormente, en mayo se firmó un acuerdo de legislatura con EH. En dicho acuerdo EH afirmaba renunciar a la vía armada en beneficio de la política, lo cual suponía, para algunos dirigentes políticos, como Javier Jimeno Torres, miembro de Izquierda Unida de Navarra, que por medio de ese pacto "los dirigentes abertzales quedan atados de pies y manos a la política del PNV".

El apoyo abertzale a la investidura y el posterior acuerdo de legislatura fueron posibles gracias al Pacto de Estella, que habían firmado los tres partidos. Sin embargo, ETA rompió su alto el fuego el 27 de noviembre de 1999, acusando al PNV y a EA de haber incumplido un supuesto acuerdo, negado por los responsables del PNV y EA, al que habrían llegado en junio de 1998, antes de la firma del Pacto de Estella. El 21 de enero de 2000, ETA hizo explotar un coche bomba cargado de 20 kilos de dinamita en el barrio de Virgen del Puerto de Madrid, atentado en el cual fue asesinado el Teniente Coronel de Intendencia Pedro Antonio Blanco. Ello obligó a Ibarretxe a dejar en suspenso su pacto de legislatura con EH. No fue, sin embargo, hasta después del asesinato por parte de ETA del dirigente socialista alavés Fernando Buesa y su escolta, el ertzaina Jorge Díez (22 de febrero de 2000), cuando el pacto se rompió definitivamente.

La ruptura del acuerdo parlamentario y el subsiguiente abandono de la cámara por parte de EH en septiembre (que anunció que sólo volvería al Parlamento vasco de Vitoria en «ocasiones puntuales») dejó al gobierno PNV-EA en minoría parlamentaria. Tras varios meses de precariedad parlamentaria, debido a la activa oposición de socialistas y populares y a la imposibilidad de aprobar leyes por la ausencia de apoyos parlamentarios (los presupuestos del año 2001 no pudieron aprobarse y debieron prorrogarse los del año anterior, anunció elecciones anticipadas para el 13 de mayo del 2001. La legislatura finalizada había sido la más corta del Parlamento vasco desde la llegada de la democracia, y finalizaba con altos grados de crispación política y una renovada ofensiva de la organización terrorista ETA, que sólo en 2000 asesinó a 23 personas.

La campaña electoral de 2001 fue la más dura de la historia del País Vasco, enfrentándose dos bloques políticos con propuestas claramente diferenciadas. Por un lado, la coalición nacionalista PNV-EA, con Ibarretxe como candidato a Lehendakari, presentaba un programa abiertamente soberanista de superación de los marcos estatutario y constitucional y favorable a la autodeterminación. Del otro, el Partido Popular (PP) (liderado por Jaime Mayor Oreja) en colaboración con el PSE-EE (PSOE) (liderado por Nicolás Redondo Terreros) propusieron un discurso común en defensa de la Constitución y del Estatuto como marco insustituible para acabar con el problema terrorista, en la creencia de que podían desalojar al nacionalismo de la presidencia del País Vasco.

En los comicios de mayo, el PNV y Eusko Alkartasuna se presentaron en coalición y obtuvieron el 42,7% de los votos y 33 escaños (26 escaños el PNV y 7 escaños EA). El Partido Popular y el PSE-EE (PSOE) sumaron 32 escaños. Tras la ruptura de la tregua de ETA, la izquierda abertzale, representada por Euskal Herritarrok, perdió 7 de sus 14 escaños. Ezker Batua (EB) obtuvo tres escaños.

Ibarretxe fue investido Lehandakari el 12 de junio de 2001, en segunda votación, con el apoyo de 35 parlamentarios (32 de la coalición PNV-EA —un diputado de EA llegó tarde a la sesión y no pudo votar— y los tres de EB). El gobierno, que comenzó con consejeros únicamente del PNV y de EA fue ampliado con un consejero de EB, Javier Madrazo, en septiembre de 2001.

La ilegalización de Batasuna (organización en la que se había refundado EH en junio de 2001) y las presiones del gobierno central en manos del PP hicieron que los últimos años de ese gobierno fueran difíciles ya que aún siendo mayoritario (alcanzaba los 36 escaños) no tenía la mayoría absoluta (38 escaños) del Parlamento. Así, los presupuestos de 2002 no pudieron aprobarse hasta el 23 de enero de ese mismo año y sólo gracias a la abstención de Batasuna (que había adoptado la denominación de Sozialista Abertzaleak en la Cámara de Vitoria). Aún así, las partidas presupuestarias se votaron una por una y los presupuestos de más de la mitad de los departamentos se rechazaron, lo que significó que se prorrogaban las del año anterior. Los presupuestos del año siguiente se salvaron de la prórroga debido al retraso del líder popular, Jaime Mayor Oreja, en llegar a la votación. Para 2004, se volvieron a prorrogar los presupuestos, al votar toda la oposición en contra, en tanto que para 2005, una equivocación de un parlamentario socialista permitió aprobar finalmente los presupuestos.

En cumplimiento de su programa electoral, el Gobierno Vasco propuso una reforma del estatuto de autonomía del País Vasco, con el nombre de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi, más conocido por el nombre de su promotor: Plan Ibarretxe.

El Plan Ibarretxe, con una propuesta soberanista basada en la «libre asociación» entre el País Vasco y España, la soberanía compartida y el derecho de autodeterminación, se presentaba como una tercera vía entre las posturas denominadas constitucionalistas del PP y el PSE-EE (PSOE) y el independentismo de EH y ETA. La propuesta se definía como una «propuesta de pacto político que se materializa en un nuevo modelo de relación con el Estado español, basado en la libre asociación y compatible con las posibilidades de desarrollo de un estado compuesto, plurinacional y asimétrico», la cual desbordaba el marco constitucional tal como existía en ese momento, al plantear la creación de un nuevo marco jurídico en el que la práctica totalidad de las competencias estarían en manos de las instituciones del País Vasco, dejando al Estado español unas funciones meramente residuales. Las principales fuerzas políticas españolas consideraron que el plan violaba tanto en los procedimientos, como en los contenidos, el marco de la Constitución Española. Para poder entrar en vigor, la propuesta, al ser una reforma de un estatuto de autonomía, debía ser aprobada por mayoría absoluta en el Parlamento Vasco y posteriormente ser admitida a trámite en el Congreso de los Diputados de España, para luego ser tramitado en el propio Congreso y en el Senado mediante ley orgánica. Ibarretxe también declaró que, en caso de que la propuesta fuese paralizada en las Cortes españolas, convocaría un referéndum en el País Vasco para que los vascos pudieran decidir su futuro.

Como respuesta, el 28 de noviembre de 2003, el gobierno de José María Aznar aprobó añadir al Código Penal un artículo por el que se consideraba un delito castigado con penas de entre tres a cinco años de prisión y entre seis a diez años de inhabilitación absoluta el que un cargo público convocase elecciones o referendos sin la autorización de las Cortes. La reforma fue tramitada rápidamente y aprobada como una enmienda del Partido Popular a la Ley Orgánica de Arbitraje, con los únicos votos a favor del PP. El resto del grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados hizo un plante y se abstuvo de votar. La reforma entró en vigor el 23 de diciembre.

El Plan Ibarretxe pasó el primer trámite, siendo aprobado por mayoría absoluta (39 votos de 75) en el Parlamento Vasco el 30 de diciembre de 2004, con los votos a favor de los partidos que componían el gobierno tripartito (36 escaños) y 3 de los 6 parlamentarios de Sozialista Abertzaleak (SA), los herederos de la ilegalizada Batasuna (los otros tres votaron en contra, el séptimo, Josu Ternera, se hallaba huido de la justicia). Los votos favorables de SA, así como su aceptación por parte de Ibarretxe fueron muy criticados, puesto que el propio Lehendakari había expresado anteriormente que prescindiría de los votos de SA para la aprobación del Plan.

Superado el trámite en el Parlamento Vasco, la propuesta fue enviada al Congreso de los Diputados para ser admitida a trámite, enfrentándose allí a la oposición tanto del nuevo gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero como a la del Partido Popular. El propio Ibarretxe defendió la propuesta en el Congreso, sin conseguir que en la votación realizada el 1 de febrero de 2005, la propuesta fuese ampliamente derrotada, por 313 votos en contra (PSOE, PP, Izquierda Unida, Coalición Canaria y Chunta Aragonesista), 29 a favor (PNV, EA, Nafarroa Bai, CiU, ERC y BNG) y 2 abstenciones (IC-V).

El rechazo del Congreso de Diputados llevó al Lehendakari Ibarretxe a convocar elecciones para el 17 de abril de 2005, con la intención de que se tratase de un voto plebiscitario en relación a la propuesta.

El cambio en el gobierno central debido al triunfo electoral del PSOE el 14 de marzo de 2004 y el establecimiento de una política más conciliadora por parte del nuevo gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, permitieron que estas elecciones se llevaran a cabo en un ambiente menos enrarecido que las anteriores. Por otra parte, a pesar de que Batasuna y las diferentes agrupaciones electorales que había intentado crear seguían fuera de la ley, la izquierda abertzale pudo conseguir que sus votantes tuvieran representación, al utilizar el ofrecimiento del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV-EHAK), un partido de reciente creación al que, a pesar de las peticiones del Partido Popular, la justicia no encontró ninguna relación con ETA o Batasuna.

Las previsiones de la coalición nacionalista entre PNV y Eusko Alkartasuna, formada en torno a la figura de Ibarretxe, eran las de obtener unos resultados que les permitieran la formación de un gobierno con mayoría absoluta, considerando el apoyo de los partidos con los que había formado el gobierno anterior, pero el resultado de las urnas fue adverso, puesto que la coalición sólo obtuvo 29 escaños (22 PNV y 7 EA) correspondientes al 38,67% de los votos emitidos, mientras que la izquierda abertzale, representada por el PCTV-EHAK, obtenía 9 escaños (12,44%) y el PSE-EE (PSOE) 18 escaños (22,68%). Este resultado fue interpretado como un rechazo de la ciudadanía a la política del Lehendakari y en especial al llamado Plan Ibarretxe, si bien el rechazo fue explicado de forma diferente por los diferentes actores políticos. Unos hicieron la lectura de que la ciudadanía rechazaba dicho plan por ser «demasiado nacionalista», fijándose en el crecimiento que había obtenido el PSE-EE (PSOE), en tanto que otros afirmaban que la ciudadanía vasca quería más que dicho plan al obtener la izquierda abertzale, representada por el Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK) unos excelentes resultados después de un período preelectoral y una campaña electoral muy complicada y la entrada de Aralar en el Parlamento. Todo ello redundó en que no se alterara significativamente la relación de fuerzas en el Parlamento Vasco (los escaños que perdió la coalición nacionalista fueron los que ganaron PCTV-EHAK y Aralar, con posturas, en principio, más radicales e independentistas).

Ibarretxe fue investido Lehendakari el 23 de junio de 2005, con los 32 votos de los partidos con los que renovaría el tripartito (PNV, EA y EB) y 2 del Partido Comunista de las Tierras Vascas. El nuevo gobierno se constituyó con las fuerzas que habían mantenido el anterior (32 escaños) y busco los apoyos del PSE-EE (PSOE) y de la nueva formación en la cámara, Aralar que había obtenido un escaño.

La VII Legislatura ha estado marcada, sin embargo, por el proceso de negociación entre el Gobierno español y ETA para conseguir el fin de la violencia y la disolución de la organización terrorista. El PNV ha adoptado un perfil discreto de apoyo al Gobierno español, en el que el protagonismo ha recaído fundamentalmente en el presidente del Euzkadi Buru Batzar, Josu Jon Imaz y no en el Lehendakari Ibarretxe.

Tras la declaración de tregua por parte de ETA, Juan José Ibarretxe pidió la derogación de la Ley de Partidos, al tiempo que llevó a cabo una rueda de contactos con todos los partidos vascos (incluyendo a la ilegalizada Batasuna, con cuyos representantes Arnaldo Otegi, Juan José Petrikorena y Pernando Barrena se reunió el 19 de abril en el Palacio de Ajuria Enea, sede del Gobierno Vasco). Por ello, el Foro de Ermua presentó una querella y el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco le imputó un presunto delito de desobediencia al reunirse con la ilegalizada Batasuna.

El 31 de enero de 2007 fue llamado por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) para declarar en el caso de la entrevista con el portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegui, realizada el 19 de abril de 2006, justo 4 años después de que la Audiencia Nacional ilegalizase la formación. En octubre de 2007, junto al Secretario General del Partido Socialista de Euskadi, Patxi López y al dirigente socialista Rodolfo Ares, le fue abierto juicio oral por dicho tribunal, en contra de la opinión del Ministerio Fiscal, acusado de un delito de desobediencia en virtud de los establecido en el artículo 556 del Código Penal, al haberse reunidó el 19 de abril de 2006 y 22 de enero de 2007, durante la tregua de ETA, con la organización ilegal Batasuna.

Si la Cámara vasca rechazara ese proyecto se convocarían elecciones anticipadas a finales de 2008.

El proyecto se convirtió en Ley y se fijó el texto de las dos cuestiones a realizar a la ciudadanía con carácter no vinculante.

Por parte del Ejecutivo español se interpuso recurso ante el Tribunal Constitucional alegando que dicha consulta no contaba con la autorización del Gobierno para su realización, la cual es necesaria legalmente para llevar a cabo un referéndum.

El 11 de septiembre de 2008, el Tribunal Constitucional declaró por unanimidad inconstitucional la ley impulsada por el lehendakari y aprobada por el Parlamento Vasco sobre consultas populares, por vulnerar el artículo 149 de la ley fundamental al invadir competencias estatales.

El 25 de octubre de 2008, aniversario aprobación en referéndum del "Estatuto de Gernika" y día en el que estaba prevista la celebración de la consulta, los partidos PNV, EA, IU y Aralar, realizaron simbólicamente un acto de unión entre Guernica y Vitoria en el que numerosos afiliados formaron una frase en las localidades existentes entre ambos lugares con el texto "Euskal Herria Bai, Bakea Bai, Erabakia Bai" (traducido como "Si a Euskal Herria. Si a la Paz. Si a decidir."), tras lo que por parte de representantes de los cuatro partidos, se realizó un comunicado en euskera, francés, inglés y castellano.

Durante la celebración del Alderdi Eguna el 28 de septiembre de 2008, el Presidente del PNV, Iñigo Urkullu, anunció que el máximo organo interno de PNV (EBB) proponía a Juan José Ibarretxe como candidato en el proceso electoral interno que celebraría el partido para las elecciones al parlamento vasco a celebrar en 2009, al que podrían concurrir otros candidatos. (los estatutos del partido disponen que, en dicho proceso electoral interno, el EBB puede proponer un candidato sin que tal proposición constituya ninguna ventaja formal frente a otros candidatos que pudiera proponer la militancia).

En las elecciones al Parlamento Vasco de 2009, el PNV, con Juan José Ibarretxe de nuevo como candidato a lehendakari, obtuvo un total de 30 diputados (resultados provisionales), con cerca de 400.000 votos (38,56%). Pese a ser el partido más votado y con mayor número de escaños, este resultado deja la puerta abierta a un cambio en la lehendakaritza, puesto que los socios de gobierno de la anterior legislatura (PNV, EBB y EA) no tendrían apoyos suficientes para formar gobierno.

Tras sufrir una enfermedad, tomó la costumbre de seguir una dieta rigurosa, consecuencia de la cual está bastante delgado. Practica deporte con asiduidad y el ciclismo es su preferido. Afirma que, cuando va en bicicleta, medita los asuntos que tiene pendientes. De hecho, cuando fue alcalde de su localidad natal, presidió la "Sociedad Ciclista Llodiana". Es también aficionado al atletismo y a la montaña. Ibarretxe creció hablando únicamente castellano, pero al ser nombrado candidato a Lehendakari, dedicó un gran esfuerzo a perfeccionar el euskera, lengua que domina en la actualidad. Se declara católico no practicante.

Ibarretxe se presenta en su biografía de campaña como negociador tenaz (él mismo reconoce que negociando puede llegar a ser un «pelma») y trabajador infatigable (una de sus frases favoritas es «vamos a trabajar, que se nos va a hacer de noche»), virtudes de las que hizo gala en la negociación de la renovación del Concierto Económico vasco en 1997, y que le permitieron ser el candidato de su partido a Lehendakari. También se afirma que parece tímido y reservado, aunque afable y siempre atento, y que raramente se sincera.

Sin embargo, el modo en el que llevó personalmente el trámite del Plan Ibarretxe le ha acarreado críticas: se le reprocha el poseer un discurso voluntarista, presentado como firme y también de tozudo y rígido.

En la presentación del libro "Ibarretxe" (2002), el periodista Javier Ortiz describe a Ibarretxe como alguien bastante despegado del poder, considerado con sus semejantes, extremadamente trabajador, sencillo y honrado. Respecto a sus ideas políticas, Ortiz afirma que Ibarretxe pertenece a una categoría de nacionalistas que, a diferencia de los nacionalistas mesiánicos, se preocupa por su pueblo como un ente concreto y realmente existente.

Medios contrarios al nacionalismo vasco han acusado a Ibarretxe de ser «el verdadero motor del pulso político, judicial y personal contra la legalidad en España». Medios extranjeros como The Economist han identificado a Ibarretxe como el líder tras el giro soberanista del PNV.

Las críticas por parte de estos medios contrasta con la alta valoración de Juan José Ibarretxe por parte de la ciudadanía vasca, obteniendo habitualmente altas valoraciones en las encuestas periódicas del Observatorio Político Autonómico de la Universidad del País Vasco dentro del País Vasco.

Aparte de multitud de libros sobre el Plan Ibarretxe, el único libro que biografía a Juan José Ibarretxe es Ibarretxe (La Esfera de los Libros, Madrid, 2002, ISBN 978-84-9734-022-9), escrito por Javier Ortiz, periodista vasco que fue el primer subdirector de la edición de El Mundo en el País Vasco y es actualmente columnista del diario Público.

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