Partidos ilegalizados

3.3809523809622 (1512)
Publicado por daryl 31/03/2009 @ 08:10

Tags : partidos ilegalizados, partidos politicos, política

últimas noticias
No cuela el nuevo disfraz de Batasuna - Diario de Sevilla
La resolución judicial considera demostrado "sin fisuras" que Batasuna preparaba un subterfugio, un disfraz, para presentarse a las elecciones europeas, que los integrantes de la lista impugnada tenían una inequívoca relación con partidos ilegalizados...
El Supremo anula sin unanimidad la lista de la izquierda aberzale - El Periódico de Catalunya
Los tres "presentan vinculación personal" con dirigentes del entramado de ETA y Batasuna, al haber participado en reuniones con ellos, o al haber sido candidatos de partidos ilegalizados. El dramaturgo se presentó en las pasadas elecciones generales...
Interior confirma contactos en Villalar de Batasuna con la lista ... - El Norte de Castilla
La demanda aludirá a Doris Benegas, de quien se señala «una relación muy estrecha con diversos partidos ya ilegalizados». El Gobierno y la Fiscalía General del Estado impugnarán hoy ante la Sala Especial del artículo 61 del Tribunal Supremo la...
La Fiscalía destaca la “estrecha relación” de Doris Benegas con ... - Icalnews.com
La Fiscalía del Tribunal Supremo y la Abogacía del Estado presentaron esta mañana ante el Supremo una demanda para la ilegalización de la candidatura de la coalición electoral Iniciativa-Internacionalista-La Solidaridad entre los Pueblos (IISP),...
El Gobierno autoriza la impugnación de las listas europeas ... - elmundo.es
... de la "Sala del 61" del Tribunal Supremo de 27 de marzo de 2003, impidiendo que concurran a las elecciones partidos políticos y candidaturas que constituyan la continuación o sucesión de los partidos ilegalizados HB-EH-Batasuna, EHAK-PCTV o ANV....
La Junta Electoral Central acepta la lista de un ex candidato de ANV - elmundo.es
... de Seguridad del Estado recabaron informes sobre La Solidaridad entre los Pueblos, aunque fuentes fiscales y de la lucha antiterrorista señalaron que no había ningún otro indicio de vinculación de esta lista con partidos ilegalizados anteriormente....
El PNV considera que la anulación «cercena las esencias de la ... - Diario Vasco
El parlamentario Ricardo Gatxagaetxebarria opinó que la decisión es «una consecuencia más de la Ley de Partidos» que, en su opinión tiene «un gran fallo», ya que el derecho de participación de los ciudadanos «sólo se puede limitar por una sentencia...
Abortos políticos y culpables varios - Rebelión
Por último quería destacar una cosa, ¿Por qué no han ilegalizado al PP por apoyar una guerra terrorista en Irak, es que vale más la vida de una víctima de ETA que la de los Iraquíes?, permítanme que no acepte eso. ¿Por qué no han ilegalizado al PSOE...
ANV quema a los «asturchales» La breve alianza con HB en las ... - La Nueva España
El hecho de que esta formación haya sido avalada por 22 cargos de la ilegalizada Acción Nacionalista Vasca encendió todas las alarmas. Hizo temer que ETA estuviese utilizando a UNA como una «marca blanca» con la que sortear la ley de Partidos y que el...
Nueva prueba para el Supremo - El Correo Digital (Vizcaya)
... lista sucesora de la ilegalizada Batasuna, ponen de nuevo sobre la mesa las limitaciones intrínsecas con las que se enfrenta la estrategia de ilegalización de la llamada izquierda abertzale mediante la aplicación de la Ley de Partidos Políticos....

Partidos políticos de Alemania

Desde la fundación de la República Federal de Alemania en 1949, en Alemania (igual que en España o Italia) los partidos políticos están reconocidos en la Constitución alemana. De esta forma se refuerza a estas instituciones como garantes de la democracia.

En la actual legislatura 2005-09, existen cinco fuerzas políticas con representación en el parlamento alemán (Bundestag): la Unión —que incluye a la Unión Demócrata Cristiana (Christlich-Demokratische Union, CDU) y la Unión Social Cristiana (Christlich-Soziale Union, CSU, que sólo existe en Baviera)—, de centro-derecha; el Partido Socialdemócrata de Alemania (Sozialdemokratische Partei Deutschlands, SPD), de centro-izquierda; el Partido Democrático Libre (Freie Demokratische Partei, FDP), liberal; el partido La Izquierda (Die Linke), poscomunista; y Alianza 90/Los Verdes (Bündnis 90 / Die Grünen), ecologista y liberal de izquierdas.

El sistema electoral alemán, basado sobre todo en el escrutinio proporcional, sólo admite representación parlamentaria a los partidos que hayan obtenido al menos un 5% del total de los votos. Esto ha garantizado un notable grado de estabilidad en el sistema de partidos a lo largo de la historia de la República Federal, aunque también permitió el establecimiento de nuevas fuerzas políticas. Así, el sistema de tres partidos (los dos "grandes", CDU/CSU y SPD, y el "pequeño" FDP) existente desde inicios de los años 60, fue sustituido por uno de cuatro partidos (CDU/CSU, SPD, FDP, Verdes) desde los 80. Finalmente, desde las elecciones de 2005, el sistema de partidos volvió a ampliarse con la consolidación de La Izquierda como quinto partido.

Aparte de estas cinco formaciones, en la actualidad sólo unas pocas fuerzas más tienen una cierta relevancia en la política alemana, a través de su representación en los parlamentos regionales.

A causa del papel central de los partidos en la vida política, un partido político alemán sólo pueden ser prohibido si el Tribunal Constitucional Federal concluye que persigue la abolición del "orden fundamental liberal-democrático" de la República Federal. Desde 1949, sólo dos partidos alemanes fueron prohibidos: el Partido Socialista del Reich, de ideología nacionalsocialista, en 1952, y el Partido Comunista de Alemania en 1956.

Además de los partidos arriba mencionados, sólo algunos más tienen representación parlamentaria en algún estado federado. Aunque ocasionalmente estos partidos influyen en el debate público, ninguno de ellos desempeña un papel de mayor relevancia en la opinión pública alemana.

Al principio



Juventud Comunista de Venezuela

La Juventud Comunista de Venezuela es un movimiento venezolano que agrupa a la juventud del Partido Comunista de Venezuela (PCV). Fue fundado el 16 de septiembre de 1947, como organización para la formación de cuadros para el PCV.

Se autodefine como una organización amplia, guiada por los principios del marxismo-leninismo, que basa su plataforma en la gesta de la independencia latinoamericana, de sus líderes Bolívar y Sucre, así como en valores de la resistencia indígena. De acuerdo con sus estatutos en principios internacionalistas y lucha por la unlidad latinoamericana.

Forma parte de la Federación Mundial de la Juventud Democrática, de la cual es su organización coordinadora para América Latina y el Caribe.

El primer acto político público de la JCV fue la realización de una marcha por las calles de Caracas, el 18 de septiembre de 1947. La manifestación fue reprimida y los jóvenes dirigentes comunistas encarcelados.

En mayo de 1953, actuando en la clandestinidad, la JCV reúne su II Congreso. En éste se determina la urgencia de unir a las organizaciones juveniles de masas en contra de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, surgiendo posteriormente El Primer Festival Nacional de la Juventud Venezolana que moviliza a más de 30.000 jóvenes de todo el país.

La dictadura de Pérez Jiménez intenta destruir todo signo de resistencia reprimiendo a la oposición, en especial a los partidos ilegalizados como el PCV y Acción Democrática, arrestando y asesinando a los líderes políticos. Cecilio Pérez, miembro del Comité Central de la JCV, es sacado de su casa por la Seguridad Nacional, asesinado y su cadáver desaparece; Luis Lozada, también miembro del Comité Central, es torturado y luego asesinado en una cárcel en el Zulia.

Derrocado Pérez Jiménez el 23 de enero de 1958, la JCV inició un proceso de captación de cuadros, logrando presencia entre la juventud campesina, obrera y estudiantil.

Con él, Los partidos socialdemócratas (Acción Democrática y Unión Republicana Democrática) y socialcristiano (COPEI) firmaron un pacto (Pacto de Punto Fijo) para conformar gobiernos que excluyeran a los partidos de oposición. Esta situación, unida al frente control represivo ejercido por el gobierno de Rómulo Betancourt generó un clima de conflictividad en el país.

Este período significó un aumento importante en la militancia de la Juventud Comunista, pasando de tener 500 militantes en 1958 a 30.000 dos años después.

Tanto el triunfo de la Revolución Cubana como el aislamiento que producía el Pacto de Punto Fijo sirvieron para convencer al Partido Comunista de Venezuela y al Movimiento de Izquierda Revolucionaria de intentar hacer la revolución mediante la lucha armada. Empieza entoncers, a partir de 1961 una controvertida época en la política y la sociedad venezolana, la conformación de las guerrillas. En este escenario histórico la Juventud Comunista conformó principalmente la vanguardia de las células guerrilleras urbanas, conocidas como UTC (Unidades Tácticas de Combate), que sirvieron de apoyo a la guerrilla rural.

La Federación Mundial de la Juventud Democrática le designó a la Juventud Comunista la misión de ser la principal organizadora del XVI Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, (el cual fue todo un exito) siendo el presidente del Comité Nacional Preparatorio el para aquel entonces Secretario General de la JCV, David Velásquez Nieves, quien se convertiría a principios del 2007 en el primer ministro comunista en la historia de Venezuela al ser designado por el Presidente Hugo Chávez para el Ministerio del Poder Popular para la Participación y Protección Social.

Entre los fundadores de la JCV destacan: Guillermo García Ponce y Carlos DelVecchio.

Los símbolos de la Juventud Comunista son la hoz y el martillo y la estrella roja de 5 puntas, así como la bandera de color rojo.

La principal consigna de la JCV es Estudiar y Luchar, usada desde 1959. Han tenido otras consignas como Con Bolívar Luchamos, Por La Patria ¡¡¡Venceremos!!! y Unir, Estudiar y Organizar. ¡Por El Socialismo Creando El Poder Popular!

Al principio



Acción Nacionalista Vasca

Antigua sede de ANV en Baracaldo, incautada tras la ilegalización del partido durante la Guerra Civil y la toma por las tropas franquistas.

1 Escisión del Partido Nacionalista Vasco (PNV). 2 Ilegalizado por su vinculación con Batasuna y con ETA en 2008.

Acción Nacionalista Vasca (EAE-ANV), Eusko Abertzale Ekintza en euskera, es un partido político español fundado en 1930, de ideología nacionalismo vasca que se define como de izquierdas, republicano e independentista. Presente en el primer Gobierno vasco formado en la Segunda República, sus actividades fueron suspendidas por orden judicial por su relación con Batasuna y el entorno de ETA, y el 16 de septiembre de 2008 el Tribunal Supremo lo declaró ilegal, ordenando su disolución.

Fue fundado en 1930 como una escisión laica y progresista del Partido Nacionalista Vasco, cuando un pequeño grupo de militantes del partido Aberri, se opusieron a la fusión de este con los conservadores de Comunión Nacionalista Vasca (CNV). Esta fusión era en la práctica la reunificación del PNV, que años antes se había escindido en las dos tendencias que cristalizaron en Aberri y CNV.

Entre los fundadores de ANV destacaron Anacleto Ortueta, Tomás Bilbao y Justo Gárate.

ANV tenía un ideario nacionalista moderado, se definía como aconfesional (frente al carácter confesional católico del PNV de aquella época) y su carácter socialdemócrata y republicano le abría a alianzas con los partidos republicanos y socialistas. Fue el primer partido vasco de izquierda nacionalista.

El 19 de noviembre de 1933, día de elecciones legislativas, Hermenegildo Alvariño, militante de ANV, fue asesinado a manos de pistoleros socialistas en un bar cercano a la sede de ANV en Baracaldo.

En las elecciones de febrero de 1936 se integró en la candidatura del Frente Popular y, más tarde, fue miembro del gobierno de la República Española.

Sus órganos de prensa fueron el diario Acción Nacionalista, editado en Bilbao de 1932 a 1933, y posteriormente Tierra Vasca/Eusko Lurra editado entre 1933 y 1937.

Durante la Guerra Civil se organizaron varios batallones de voluntarios del ANV que combatieron en el bando republicano como parte del Ejército Vasco. Los batallones del ANV sufrieron una dura derrota en el frente del monte Albertia. ANV también participó activamente en el primer Gobierno Vasco (1936-37), donde tuvo un consejero, Gonzalo Nárdiz, al frente de la consejería de ganadería.

Proscrito por la dictadura franquista, el partido sobrevivió a duras penas en el exilio y en la clandestinidad durante casi cuarenta años. Su labor opositora se cristalizó principalmente en su permanencia en el gobierno vasco en el exilio (representado por Nardiz) y en la edición en el exilio de su publicación Eusko Lurra/Tierra Vasca, en Bayona (hasta 1940) y posteriormente en Buenos Aires (entre 1956 y 1976). El periodo de la dictadura supuso una radicalización en las posturas de ANV, que se volvió independentista y más izquierdista.

Tras el fin del régimen franquista, ANV salió de la clandestinidad y se registró como partido político en 1977, con su sede social establecida en la localidad costera vizcaína de Bermeo.

Se presentó en solitario a las primeras elecciones democráticas de 1977 en las circunscripciones de Guipúzcoa y Vizcaya cosechando unos pésimos resultados electorales (menos del 1% de los votos) y siendo una de las formaciones políticas menos votadas del panorama político vasco. En Navarra se había presentado en coalición con el Partido Nacionalista Vasco y Euskal Sozialista Biltzarrea (ESB) formando la Unión Autonomista de Navarra, la cual quedó en quinto lugar con poco más de un 6% de votos, sin obtener acta de diputado.

Los resultados electorales forzaron a ANV a buscar alianzas con otras formaciones nacionalistas de izquierdas, y así en 1978 se integró en la coalición electoral Herri Batasuna (HB). En 2007 se ha vuelto a presentar en solitario, dejando de ser parte de HB, ya ilegalizada.

En 1978, ANV se fusionó con ESB, otro de los partidos que formaban parte de la coalición Herri Batasuna, formando Euskal Sozialista Ekintza, pero esta formación tuvo una vida fugaz y ambas organizaciones volvieron a separarse, tras la crisis interna de ESB y la adopción por parte de esta de un ideario marxista.

Desde 1978 hasta la refundación de Herri Batasuna como Batasuna, Acción Nacionalista Vasca subsistió dentro de Herri Batasuna con personalidad propia independiente.

En los primeros años de existencia de la coalición HB se produjo una pugna entre tres de los partidos que la integraron, ANV, ESB y Langile Abertzaleen Iraultzarako Alderdia (LAIA), por un lado y los grupos e independientes partidarios de la Alternativa KAS, por otro. Este enfrentamiento se debía básicamente a discrepancias en la organización interna de la coalición y a la participación o no de la misma en las instituciones políticas españolas. No había en principio ningún tipo de discrepancia sobre el apoyo a la paralela actividad de ETA.

En las elecciones forales y municipales de 1979 HB obtuvo un importante apoyo electoral y eso desató un enfrentamiento abierto en el seno de la coalición. HB era, a efectos legales, una coalición electoral que agrupaba a ANV y ESB, los dos únicos partidos políticos legales que la formaban. LAIA y ESB trataron de obtener la adhesión de ANV a sus planes para quedarse con las siglas de HB y marginar a los partidarios de KAS, pero en el V Congreso de ANV se impuso la corriente interna favorable a KAS.

Poco antes de las elecciones autonómicas de 1980, LAIA y ESB abandonan HB, que quedó reducida a una coalición de ANV y HASI, controlado en la práctica por la organización alegal KAS.

La influencia y peso de ANV en el conjunto de la organización fue pequeño, ya que prácticamente se reducía al derecho de elegir a uno de los 24 miembros de la Mesa Nacional que dirigían la coalición. La importancia de ANV para Herri Batasuna consistía en que era un partido político legal con derecho a mantener las siglas de la coalición. También permitía mantener una ligazón histórico-sentimental entre la coalición abertzale y los nacionalistas que lucharon en la Segunda República y contra Franco.

Con la refundación de Herri Batasuna en el partido político Batasuna, los militantes de ANV no se integraron en el nuevo partido político, que poco más tarde sería ilegalizado en España. La no integración se debió a que la nueva formación en su congreso fundacional no admitía partidos en su seno, aunque sí corrientes.

Ante este hecho, los miembros de ANV deciden no integrarse en Batasuna. Esto ocurrió casi al mismo tiempo que la corriente Aralar de Patxi Zabaleta decidía también salir del proceso fundacional de la formación hoy ilegalizada y pasar a ser un partido político autónomo.

Con la llegada de la democracia, ANV reclamó bienes que habían pertenecido al partido o a algunos militantes durante el anterior periodo democrático y que habían sido incautados por el régimen franquista. A lo largo de largos procesos judiciales, ha conseguido indemnizaciones por algunos de ellos, incluso después de ilegalizada Batasuna.

El 1 de junio de 2002, en Baracaldo, EAE-ANV celebró su X congreso, eligiendo una dirección nacional de 29 miembros, entre ellos el presidente (Kepa Bereziartua) y el secretario general (Antxon Gómez). En julio de 2005, comenzó a publicar la revista Eusko Ekintza.

Tras décadas sin presentarse a unas elecciones (desde 1977), ANV presentó en 2003 representantes en las juntas electorales de cara a formar candidaturas para las elecciones municipales y forales de ese año, aunque al final no presentó listas.

El 12 de abril de 2007 presentó de nuevo a sus representantes ante las juntas electorales de Álava, Guipúzcoa y Navarra para concurrir en las elecciones municipales y forales del 27 de mayo, siendo investigada por si pudiera ser "heredera" de la ilegal Batasuna. El 28 de abril, el juez Garzón decidió que no había indicios suficientes acerca de la relación entre ANV y Batasuna, por lo que se presentó en las elecciones del 27 de mayo. El PP solicitó al Gobierno español que el Fiscal General del Estado impugnase de "todas las listas" de la izquierda abertzale.

Ante esta situación el Fiscal General del Estado Cándido Conde-Pumpido impugnó ante el Tribunal Supremo 110 candidaturas de ANV, y la fiscalía del estado 122, siendo ilegalizadas un total de 133, de acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley de Partidos. Finalmente, este tribunal anuló en la mañana del 6 de mayo de 2007 dichas listas, tras una deliberación que se prolongó desde las 18:30 del día anterior. La decisión fue avalada posteriormente por el Tribunal Constitucional. ANV llamó a una movilización para el día 12 de mayo en Bilbao contra esta decisión. Un día después el dirigente de Batasuna Pernando Barrena pidió el voto para ANV en las elecciones municipales del mismo mes. Esta acción fue valorada por el Gobierno español como un indicio más de la relación entre Batasuna y Acción Nacionalista Vasca pero no suficiente como para instar a su ilegalización ante los tribunales de justicia.

El 15 de junio de 2007, por medio de Marian Betialarrangoitia, alcaldesa de Hernani, ANV manifestó su negativa a condenar los actos de kale borroka acontencidos en aquellas fechas aduciendo que este hecho no aportaba "ninguna solución". El 13 de enero de 2008 la Fiscalía de la Audiencia Nacional denunció a Marian Beitialarragoitia por enaltecimiento del terrorismo, al pedir un aplauso para los terroristas de ETA Igor Portu y Martín Sarasola, autores del atentado de la T4 del Aeropuerto de Barajas, durante la presentación de sus candidaturas a las elecciones generales de 2008, petición que fue respondida con una ovación cerrada de los más de tres mil asistentes. Esta denuncia en un principio fue archivada por el juez Santiago Pedraz, pero posteriormente fue reabierta por Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. La alcaldesa de Hernani ha generado polémica debido a otros hechos, como la contratación como miembros de su equipo de dos antiguos miembros de Euskal Herritarok (precursor de Batasuna), la colocación de fotos de presos etarras en algunas calles del municipio, o la creación de una comisión de ayuda a los presos de ETA oriundos de Hernani.

En el XI congreso del partido independentista, celebrado el 27 de octubre de 2007, se consideró la creación de un Consejo Nacional Vasco (CNV), formado por todos los partidos nacionalistas vascos que realmente apoyen la independencia de Euskal-Herria. Este nuevo estado se llamaría República de Navarra, con capital en Pamplona. EAE-ANV se reafirmó en la organización federada de ese nuevo estado vasco, y recordó que a su modo de ver, hay algunos territorios fuera de los actuales País Vasco Francés, Euskadi y Navarra que también pertenecerían a la nación vasca. Entre ellos destacó Treviño, La Puebla de Arganzón y Miranda de Ebro en la provincia de Burgos, Castro Urdiales y Valle de Villaverde en Cantabria, Ejea de los Caballeros en Zaragoza y algunas partes de La Rioja. Estas pretensiones han suscitado rechazo en algunos territorios afectados, mientras que en algunas localidades como en Treviño y La Puebla de Arganzón tienen representación en los respectivos consistorios.

Se criticó también a otras organizaciones como Aralar, a la que se negó su condición de independentista y se eligió a un nuevo secretario general, Juan Carlos González Lorente, en sustitución de Antxon Gómez.

El 8 de febrero de 2008 ANV, al igual que el Partido Comunista de las Tierras Vascas, fue suspendida de actividad durante tres años por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón con lo que no pudo presentarse a las elecciones de 2008. Días antes el mismo juez había imputado a a tres de sus dirigentes (Kepa Mirena Bereziartua, Alazne Arozena y Antxon Gómez Lorente) por colaboración con ETA. También prohibió la concurrencia a las elecciones generales el Tribunal Supremo en un procedimiento distinto instado por la Fiscalía General del Estado, aunque decidió no suspender sus actividades.

Pocos días después, el 14 de febrero de 2008, los jugadores de la Real Sociedad hicieron público un manifiesto, respaldado por el 70% de la plantilla, en el que definían la ilegalización de ANV y el PCTV como una decisión política y abogaban "el diálogo entre todas las partes como solución al conflicto vasco".

El 20 de febrero de 2008 se presentaron por parte de la Abogacía del Estado ante la Sala del 61 del Tribunal Supremo, basándose en dos informes de la Policía Nacional entregados por el juez Baltasar Garzón tras presentarse la demanda de ilegalización de ambos partidos, nuevas pruebas que vinculaban al Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) y a Acción Nacionalista Vasca (ANV) con la ilegalizada Batasuna. Dichas pruebas consistían en el uso de las sedes de ANV como bases de actividad al servicio de Batasuna y el PCTV, puestas de manifiesto al encontrarse un registro de la sede de Pamplona y no encontrarse documentos sobre la actividad de ANV sino de Batasuna, de Segi y de las agrupaciones de electores Sozialista Abertzaleak, así como el control de las comunicaciones y la dirección y de la presentación de las listas de ANV a las elecciones por parte de Iñigo Balda Calonge, miembro de la Mesa Nacional de Batasuna.

Tras el asesinato el 7 de marzo de 2008 del ex-concejal del PSOE en Mondragón Isaías Carrasco por parte de la banda terrorista ETA en dicha localidad, todos los grupos políticos del ayuntamiento condenaron dicho atentado a excepción de ANV, partido que ocupaba la alcadia de Mondragón, lo que llevó posteriormente a que sus socios de gobierno en el ayuntamiento Ezker Batua-Berdeak-Zutik dieran por roto dicho pacto, y a la presentación de los demás grupos políticos (PP, PSE-EE, PNV, EA y Aralar) de diversas mociónes de censura contra la alcadesa; finalmente la llamada 'moción ética' (una petición para que los concejales de ANV que dimitan si no condenan la violencia) presentada el 25 de abril de 2008 para desalojar a ANV de la alcaldía presentada por PNV y PSE-EE fracasó debido a la abstención de los concejales del Partido Popular (uno), Eusko Alkartasuna (uno) y Ezker Batua-Berdeak (dos) (en los dos últimos casos en contra de la opinión de sus partidos), en tanto que los de Aralar y Zutik votaban en contra. Al día siguiente, en Hernani, gobernada igualmente por ANV, la moción de PSE-EE y PNV volvió a fracasar, al abstenerse de nuevo los representantes de EB-B (los de EA y PP apoyaron esta vez la moción). Estas dos localidades fueron las primeras en la que se presentaron estas 'mociones éticas' para expulsar a ANV por su negativa a condenar la violencia etarra, siguiéndolas Vergara (donde el 29 de abril de igual modo fracasó, con el voto en contra de Aralar, la abstención de EA y la ausencia de dos concejales del PNV ), Escoriaza (donde también fracasa, con los votos favorables de PNV, PSE y EB-B ), Villava (dónde sale adelante ), Berriozar (dónde no sale adelante ), Elorrio, Villabona (que fracasa), Legazpia, Ibarranguelua y Soraluce (dónde, en los tres casos, salió adelante, en Azpeitia y Anzuola (donde no sale adelante ) y en Pasajes (donde sale adelante, y donde posteriormente fue agredido por parte de los simpatizantes de ANV un concejal del PSE) y en Villareal de Urrechu (donde también sale adelante.

Asimismo, el 6 de junio de 2008, el PSE anunció que en adelante las mociones éticas pasarían a ser mociones de censura.

El día 30 de abril de 2008 el juez Baltasar Garzón envió a prisión a la alcadesa de Mondragón Inocencia Galparsoro, de ANV, por los delitos de colaboración con banda armada y quebrantamiento de la suspensión de actividades. Asimismo el juez advirtió que no excluye imputarle también un delito de integración en organización terrorista, ni actuar contra otros miembros de ANV. Además, la policía registró y se llevó documentos del ayuntamiento para la investigación. Asimismo, el 5 de mayo, tras un registro policial, el mismo juez ordenó la clausura y precinto de la sede de ANV en Portugalete, dentro del sumario genérico por la suspensión de actividades de la formación.

En cumplimiento del auto de suspensión de actividades de la formación, el 6 de mayo de 2008 las Juntas Generales de Álava acordaron disolver el grupo de ANV en la Cámara.

El Tribunal Supremo resolvió, en sentencia del 16 de septiembre de 2008, la ilegalización de la formación política y su disolución. La causa arrancó a iniciativa de la abogacía del Estado y el Ministerio Fiscal el 20 de febrero de 2008, -al mismo tiempo que se actuaba contra el Partido Comunista de las Tierras Vascas por los mismos motivos-, argumentando la vinculación de ANV con la ilegalizada Batasuna y la organización terrorista ETA, y que la formación era un instrumento de ambas organizaciones. La disolución del partido conlleva la liquidación y puesta a disposición de todos los bienes al erario público. La sentencia estableció que ANV colaboraba de manera reiterada con Batasuna, dando apoyo político complementario a ETA. Para el tribunal fueron claves los comportamientos en sintonía de ANV, ETA y Batasuna durante las elecciones municipales de 2007. Dos días despúes, el Tribunal Supremo ilegalizó también al Partido Comunista de las Tierras Vascas.

En las elecciones municipales, forales y autonómicas de 2007, ANV obtuvo casi 95.000 votos en las candidaturas que no fueron impugnadas (73.000 en el País Vasco y 22.000 en Navarra). ANV ganó en 31 municipios de los 97 que pudo presentarse y obtuvo representación en otros 62. De esta manera, la formación abertzale sumó 337 concejales en el País Vasco y 100 en Navarra, siendo la cuarta fuerza política en votos, con un 6,77% (tercera en número de concejales), en el País Vasco y cuarta (3,29%) en Navarra. ANV obtuvo también un concejal en Treviño y otro en La Puebla de Arganzón, los municipios que forman el enclave burgalés en Álava del Condado de Treviño.

Atribuyéndose todos los votos declarados nulos, ANV reclamó como propios 92.000 votos más en el País Vasco y Navarra; afirmando ser la fuerza mayoritaria en un total de 55 alcaldías de estos territorios.

En otras localidades donde las listas de ANV fueron ilegalizadas, se presentaron otras listas consideradas afines a la izquierda abertzale, como en Leaburu -Bide Berriak-, en Hernialde -Herritarrak- o en Amézqueta -Kimu Berri Taldea.

ANV pudo presentar listas a las Juntas Generales de Álava y Vizcaya, no así en Guipúzcoa, consiguiendo en total 28.128 votos. De ellos, 13.113 en Álava, lo que se tradujo en 4 junteros, y 15.015 en Vizcaya, con un juntero, ya que solo pudo presentarse en las Encartaciones.

Atribuyéndose del mismo modo todos los votos nulos, ANV reivindicó un juntero más en Álava (de la circunscripción de Ayala, dónde su lista había sido ilegalizada); y otros cuatro en Vizcaya. En Guipúzcoa el voto nulo fue del 21,6%, y ANV reivindicó 12 junteros.

En el Parlamento de Navarra, los votos nulos fueron 18.285, que la formación reivindicó como propios, correspondiéndola según esta interpretación 2 diputados electos.

Al principio



Partido Comunista de Venezuela

Pcv logo.png

El Partido Comunista de Venezuela (PCV) es un partido político venezolano de ideología marxista-leninista que nace el 5 de marzo de 1931, siendo el partido contemporáneo más antiguo en Venezuela.

El Partido Comunista de Venezuela fue fundado el 5 de marzo de 1931 por Juan Bautista Fuenmayor, Pío Tamayo, Rodolfo Quintero y otros revolucionarios, durante la dictadura del general Juan Vicente Gómez. Su nacimiento se produjo en la clandestinidad, tomando como antecedente la fundación del Partido Revolucionario Venezolano que había sido fundado en México en 1927 por un grupo de exiliados venezolanos como Gustavo Machado, Eduardo Machado y Salvador de la Plaza. Desde su fundación el PCV basó su directriz ideológica en el pensamiento marxista-leninista alimentándose con las directrices de PCUS hasta que se disolvió la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas a finales del año 1990.

La actividad del partido estuvo limitada desde su fundación, por varias razones, la imposibilidad de oposición al gobierno gomecista, la ilegalidad de las acciones comunistas en Venezuela y la política dirigida desde el PCUS en la URSS que sugería la militancia de comunistas dentro de partidos democráticos. Por todas esas situaciones se hacía imposible el establecimiento del partido, al punto que para 1936 el Partido Comunista como tal no existía, porque además muchos de sus líderes habían sido enviados al exilio o se encontraban presos. Ese mismo año comienzan a retornar los exiliados, muchos de ellos se establecen en Maracaibo para intentar formar los sindicatos obreros petroleros, ese hecho representó una fractura entre los comunistas venezolanos, que si bien no se encontraban agrupados bajo una organización hace que se funden dos partidos comunistas, el Partido Republicano Progresista en Caracas y el Bloque Popular en Maracaibo; el primero concentrado en un medio urbano, de clase media, comerciantes, estudiantes, mientras que los segundos se encontraban en zonas de actividad petrolera y orientados hacia los obreros.

El 28 de octubre de 1936 ambas organizaciones comunistas se fusionan en el Partido Democrático Nacional (PDN), que agrupaba los partidos de la izquierda venezolana y que se autodefinía como una partido antiimperialista, de liberación nacional y democrático. Sin embargo, debido al rechazo que dentro del PDN recibían los comunistas, éstos deciden separarse un año después de fundada la nueva organización.

En 1937 comienzan a agruparse los cuadros comunistas por iniciativa de Juan Bautista Fuenmayor y Kotepa Delgado. Dando como resultado la Primera Conferencia Nacional del PCV realizada en Maracay donde se estableció la Dirección Nacional del partido y se ordenaron ciertas líneas de acción políticas entre las que destaca el abandono de la militancia comunista en partidos democráticos. En octubre de ese año se celebra en Caracas el Primer Pleno del Comité Central donde se fijaron las bases ideológicas del partido, quedando constituido formalmente, aunque no legalmente.

Tras la muerte del presidente Juan Vicente Gómez en 1935 se inicia un proceso conocido en Venezuela como la "transición democrática" con la designación de Eleazar López Contreras como presidente en 1936 y de Isaías Medina Angarita en 1941, que si bien no fueron electos de forma directa, se trataba de una elección de segundo grado y un sistema político donde se permitía la disidencia política.

A partir de 1938 el PCV comienza a apoyar al gobierno de López Contreras por considerar que se estaba trabajando para solucionar las necesidades de los venezolanos, pero a partir de 1940 comienzan las divergencias del PCV con el gobierno por la supuesta debilidad de éste sobre el manejo petrolero frente a Estados Unidos. Ese año el partido decide darle su apoyo a la candidatura presidencial de Rómulo Gallegos del partido del cual se habían separado poco tiempo atrás, el PDN. Pero en esas elecciones es elegido presidente de la República el general Medina Angarita, que el PCV había tachado de facista, aunque poco después de instalado el nuevo gobierno lo apoyarían. Para esa fecha todavía estaban prohibidas las actividades comunistas en Venezuela y el gobierno de Medina comenzó la legalización de partidos, en 1943 la Unión Popular Venezolana (UPV) serviría como la fachada legal del Partido Comunista durante ese gobierno y participarían luego en la coalición del partido de gobierno Partido Democrático Venezolano (PDV) en las elecciones municipales del año siguiente. Los comunistas comenzaron a crecer dentro de los sindicatos venezolanos a tal medida que para 1944 controlaban 109 de los 150 formalmente constituidos, su principal rival era AD, los cuales hacen que a través del Congreso de la República se desarticulase UPV por estar prohibidas constitucionalmente las actividades comunistas y de manera indirecta obtener el control de los sindicatos.

El 9 de octubre de 1945 cuando es reformada la constitución venezolana, aceptando las ideologías comunistas, se adopta nuevamente y de manera formal el nombre de Partido Comunista de Venezuela cuando estaba dirigido por Juan Bautista Fuenmayor. El PCV pasaría a controlar nuevamente los sindicatos que había perdido un año antes tras la iniciativa de AD.

El 18 de octubre de 1945 el gobierno de Medina Angarita es derrocado en un Golpe de Estado donde participan parte de las Fuerzas Armadas de Venezuela con el respaldo político del partido Acción Democrática, desde entonces se ha conocido esta etapa como el trienio adeco, porque los presidentes que gobernaron hasta 1948 fueron Rómulo Betancourt y Rómulo Gallegos, ambos de Acción Democrática (AD). Esos tres años se caracterizaron políticamente por la hegemonía del partido gobernante sobre los otros tres partidos opositores.

El PCV durante esos años participó primero en la Asamblea Constituyente de 1946, al resultar electos dos constituyentistas, Gustavo Machado y Juan Bautista Fuenmayor, el primero por el antiguo Distrito Federal y el segundo por el Estado Zulia. La fracción parlamentaria del partido junto con AD, Copei y Unión Republicana Democrática (URD) firmaron la nueva constitución. Luego en las elecciones presidenciales de 1947 el partido decidió participar con candidato propio, pero en ambos comicios la votación para el partido fue muy baja rondando el 3%.

En el campo político luchó principalmente con el oficialista Acción Democrática por el control de los sindicatos obreros.

En 1948 un nuevo Golpe de Estado en Venezuela despoja del poder a un presidente, ésta insurrección estaba compuesta por el mismo grupo de militares que habían participado en el golpe de 1945, sólo que en esta oportunidad decidieron no buscar el apoyo de partido político alguno, pese a ello todos los partidos aceptaron el nuevo régimen en un principio con cierta cautela, con excepción de AD y el PCV que se opusieron desde el principio, los primeros por haber sido depuestos e ilegalizados y los segundos porque sabían que los militares golpistas pertenecían a una corriente anticomunista. Para los comunistas se ponía fin a la hegemonía partidista y el sectarismo de Acción Democrática en la vida política general y el control de los sindicatos, pero si bien no se habían ilegalizado tampoco se le permitían actividades a ninguna organización política.

En mayo de 1950 el PCV organiza una huelga petrolera que tendría una duración de 48 horas, pero ésta acabó extendiéndose, haciendo que el gobierno decretara la ilegalización del PCV y su órgano de publicación Tribuna Popular, así se da inicio a una escalada de persecución, encarcelamiento y asesinatos de varios de los dirigentes del PCV y AD principalmente. Si bien para 1952 el PCV se encontraba ilegalizado, éstos llamaron a apoyar al partido URD en las elecciones de la Asamblea Constituyente, esos comicios fueron acusados de fraudulentos luego que Pérez Jiménez ordenara la suspensión del conteo de votos que le daban la victoria parcial a URD. En 1957 el PCV se une a un grupo denominado Junta Patriótica que planificaba un Golpe de Estado contra Pérez Jiménez y que estaba integrada por AD, Copei y URD.

El 23 de enero de 1958 es derrocado Pérez Jiménez, restaurando el sistema democrático representativo de Venezuela que se había perdido en 1948, así se inicia el período conocido como etapa democrática venezolana, puntofijismo o Sistema Populista de Conciliación de Élites que culmina en febrero de 1999 con el ascenso de Hugo Chávez a la presidencia de la República.

Poco después de instalado el régimen democrático se convoca a elecciones generales para elegir presidente y parlamentarios (Senadores y Diputados) y antes de llevarse a cabo esas elecciones se firma el 31 de octubre de 1958 un documento conocido como el Pacto de Punto Fijo entre AD, Copei y URD, según el cual estos partidos se comprometerían a respetar los resultados electorales y a crear un Gobierno de Unidad donde se estableciera un programa mínimo común para ello. El PCV fue excluido de dicho acuerdo por la resistencia de Rómulo Betancourt por su línea anticomunista y el rechazo de Copei y la Iglesia Católica por la misma causa. Para esa elección de diciembre el Partido Comunista decidió apoyar al candidato de URD Wolfgang Larrazábal el cual alcanzó cerca del 35% de los votos, en esa elección resultó electo Rómulo Betancourt de AD, el cual tendrá que enfrentar dos posiciones que se enfrentan al nuevo gobierno, la derecha militar que planifica el derrocamiento de su gobierno y la extrema izquierda que pretende iniciar la lucha armada siguiendo los pasos de la Revolución Cubana.

En marzo de 1961 el III Congreso del Partido Comunista de Venezuela decide aprobar la lucha armada como medio para acceder al poder, aunque de igual forma el PCV estuvo activo. El 4 de mayo de 1962 un grupo de oficiales del ejército venezolano y algunos dirigentes del PCV y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) se alzan en armas contra el gobierno de Betancourt, la Insurrección de Carúpano mejor conocida como "El Carupanazo" no contó con el respaldo popular y logró ser controlada en menos de 24 horas, deteniendo a los conspiradores y a un diputado del PCV, Eloy Torres. Con esta acción se da inicio a la lucha armada en Venezuela, por lo que el presidente Betancourt expidió el decreto número 752, en el que suspendía el funcionamiento del PCV y del MIR en todo el territorio nacional y detenía a sus principales dirigentes.

Las acciones armadas continuaron y un mes después en Puerto Cabello ocurre otra acción militar cuando el batallón de la Infantería de Marina se alza nuevamente contra el gobierno, entre los dirigentes del PCV que participaron en el hecho destacaba Teodoro Petkoff, en esa intentona murieron unas 400 personas. Después de estos fracasos militares el PCV y el MIR decidieron trabajar de manera separada bajo la fórmula de guerrillas urbanas en un principio y que luego luego se trasladaron al campo, por el poco márgen de acción que se les permitió. Con el cambio de gobierno en 1964 tras la elección de Raúl Leoni la situación se mantiene similar, comienzan a ser encarcelados los líderes comunistas y otros son enviados al exilio, pero en 1965 el peso del PCV dentro de las acciones guerrilleras comienzan a perder fuerza por la participación de otros actores, entre ellos el MIR y Bandera Roja a los que luego se le sumaría el Partido de la Revolución Venezolana, proveniente de una escisión del PCV en 1966.

En febrero de 1967 los dirigentes del PCV Teodoro Petkoff, Pompeyo Márquez y Guillermo García Ponce se fugan del cuartel de Cuartel de San Carlos y poco después en abril de ese año el VIII pleno del Partido Comunista decide abandonar la lucha armada para presentarse en las elecciones generales de 1968.

Para esas elecciones se le permitió participar al Partido Comunista bajo el nombre de Unión para Avanzar (UPA) quienes decidieron no presentar candidato presidencial, pero sí para el Congreso Nacional en donde consiguen representación.

A raíz de la amnistía general que decreto el gobierno de Rafael Caldera fue nuevamente legalizado en 1969 el PCV, aunque su apoyo en las urnas se vio muy mermado al quedar constituido, de facto, un régimen bipartidista entre los dos grandes partidos del momento, AD y Copei. En este tiempo se adopta el símbolo del Gallo Rojo.

En 1993 la situación política y comercial de Venezuela cambio radicalmente y los partidos hegemónicos perdieron intenciones de votos. En la confrontación electoral de aquel año, el PCV decidió apoyar a Rafael Caldera, proveniente de la derecha tradicional pero que encabezó un movimiento izquierdista constituido por diversas organizaciones de dicho espectro político. Caldera, candidato presidencial de esa coalición, ganó aquellos comicios. A los pocos meses de instalado este nuevo gobierno, el PCV anunció su ruptura con el Presidente Caldera por diferencias irreconciliables con la orientación económica y la dirección política general de éste.

En 1998 la mayoría de los partidos que componían la coalición que apoyó a Caldera en 1993, el PCV entre ellos, apoyan a Hugo Chávez en su apuesta por la presidencia formando la plataforma electoral Polo Patriótico. Los resultados fueron favorables a Chávez, que obtuvo una arrolladora mayoría.

Desde 1998 brinda apoyo a Hugo Chávez, en las Elecciones Presidenciales de diciembre de 2006 obtuvo 340.499 votos lo que representa un 2,95% de los sufragios emitidos y colocan al PCV como el cuarto partido oficialista más votado.

Desde 1999 el Partido Comunista de Venezuela ha venido apoyando a Chávez y al programa construir un socialismo del siglo XXI.

En las Elecciones Presidenciales de Diciembre de 2006 obtuvo 340.499 votos para su Candidato Hugo Chávez, lo que lo convierte el cuarto partido oficialista más votado.

Aun así el resultado fue que no se fusionarían en el PSUV, pero reconocieron que es necesario crear un movimiento que agrupe los partidos de la Revolución Bolivariana.

En noviembre de 2007 se presenta como uno de los partidos para promover la opción del Sí para aprobar el Proyecto de Reforma Constitucional porpuesta por Hugo Chávez y la Asamblea Nacional.

Desde su fundación y hasta finales del siglo XX el PCV ha sufrido diversas escisiones de las cuales han surgido diferentes partidos políticos relevantes, algunos izquierdistas, como Movimiento al Socialismo (MAS), y otros situados en un estadio del espectro ideológico más centrista, como Acción Democrática (AD) algunos de cuyos dirigentes estaban junto al PCV en el PDN.

Al principio



Batasuna

El Tribunal Supremo ilegalizó Batasuna por considerarla parte de ETA.

1 A partir de Herri Batasuna. 2 Ilegalización en España por su vinculación con la banda terrorista ETA.

Batasuna (Unidad en euskera; pronunciado Batásuná) es un partido político español de ideología nacionalista e independentista vasco, que mantiene también presencia en Francia, en donde no es un partido político, sino una asociación. Está activo en las comunidades autónomas españolas del País Vasco y Navarra, y cuenta con una presencia testimonial en el País Vasco francés (departamento de Pirineos Atlánticos). En España se encuentra ilegalizado aunque no en Francia. Se autodenomina independentista, socialista, feminista y ecologista. Entre sus objetivos prioritarios se encuentra la creación de un estado socialista tras conseguir la autodeterminación y posterior independencia de Euskal Herria respecto a los estados español y francés.

Forma parte de la izquierda abertzale, del Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV) y es considerada el brazo político de Euskadi Ta Askatasuna (ETA) por la justicia española y la Unión Europea.

En 2007 concurrió a las elecciones legislativas francesas formando parte de la coalición Euskal Herria Bai (EHBai) junto a Abertzaleen Batasuna y Eusko Alkartasuna.

Desde el año 2003 es ilegal en España en aplicación de la Ley de Partidos, tras considerar probado según el Tribunal Supremo que la creación de este partido político fue "un hecho instrumental por parte de la organización terrorista ETA, que forma parte de ella y que es incompatible el ejercicio de la política con la invocación, defensa o justificación de la violencia como método válido para su ejercicio". Como justificación, Batasuna alega que existe un conflicto entre dos bandos, y no pueden condenarse las acciones de una de las partes mientras se ignoran las de la otra facción, refiriéndose al Estado Español.

Al tratarse de un partido político ilegal, no puede concurrir a procesos electorales celebrados en territorio español, del mismo modo que tampoco puede convocar actos institucionales, aunque no ha dejado de ser formación política y tampoco ha dejado de tener apoyo en la sociedad vasca. Ha sido incluida por la UE en la lista europea de organizaciones terroristas, decisión que el consejo europeo de ministros de justicia e interior adoptó por unanimidad en junio de 2003. Por el contrario, en Francia es una organización política legal con capacidad para presentarse a las elecciones aunque su apoyo electoral es testimonial.

Batasuna fue creada como una refundación de la coalición Euskal Herritarrok (EH). Sus componentes eran principalmente por miembros de Herri Batasuna (HB) a los que se unió un grupo minoritario de militantes de Abertzaleen Batasuna (AB), la coalición independentista del País Vasco francés, contrarios a la decisión de aquella de no integrarse en Batasuna.

Según algunas opiniones en la refundación y cambio de nombre influyó, además de la ampliación del ámbito de actuación, la amenaza de ilegalización pendiente sobre HB y EH. La razón expresada por Batasuna era la intención de crear un partido político a nivel nacional, ya que tanto HB como EH eran coaliciones que sólo actuaban en España y pretendían ampliar su margen de actuación al País Vasco francés.

En ese proceso de refundación se descolgaron la corriente Aralar (por sus discrepancias con la línea oficial de no rechazo a la violencia de la banda terrorista ETA), ANV (porque, aunque seguía apoyando el proyecto, quería seguir manteniendo su histórica forma de partido autónomo), y el ya citado AB.

El 26 de febrero de 2002, el gobierno de los Estados Unidos emitió una orden por la que se añadía a ETA (y con ella a Euskal Herritarrok, Herri Batasuna, Jarrai-Haika-Segi y Gestoras Pro Amnistía) a su lista de terroristas y organizaciones terroristas, así como a algunos miembros de esta organización.

La Guardia Civil ha recogido los nombres de los incluidos en esta lista para especificar algunas acciones terroristas que han llevado a cabo.

El 19 de abril de 2002, el Consejo de Ministros aprobó la remisión a las Cortes Generales de un proyecto de Ley Orgánica de Partidos Políticos, tras los informes favorables del Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado.

Para algunos sectores —el nacionalismo vasco o el partido Ezker Batua Berdeak—, la aplicación que se está haciendo de esta ley supone privar de derechos civiles a una parte de la población y prolongar medidas propias de un estado de excepción.

Tras la aprobación de la Ley de partidos políticos, las instituciones judiciales hicieron cumplir la nueva norma. Así, el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón decretaba en un auto con fecha 26 de agosto de 2002 la suspensión total de actividades de Batasuna, así como la clausura de sus sedes y su página web, con la prohibición expresa de efectuar ningún acto político o de propaganda.

Con la aprobación de la ley y esta suspensión, el Gobierno de la Nación, a través de Abogado del Estado y con la aprobación e impulso de una declaración aprobada por mayoría en el Congreso de los Diputados, presentó ante el Tribunal Supremo la demanda para la ilegalización del Batasuna. Del mismo modo obró la Fiscalía General del Estado, por medio de otra demanda.

Después de estudiar estas dos demandas, el 27 de marzo de 2003 la Sala Especial del Tribunal Supremo resolvió unánimemente dictar sentencia por la que declaró haber lugar a las demandas y se ilegalizó y disolvió, tras considerar probado que la creación de este partido político fue un hecho instrumental por parte de la banda terrorista ETA, y que forma parte de ella.

En la reunión del Consejo de Europa del 5 de junio de 2003, se acordó la ampliación de la lista de personas y organizaciones terroristas. En esta ampliación, se incluyó a Batasuna y algunas otras organizaciones presuntamente satélites de ETA.

Ante esta situación se crearon plataformas electorales locales para presentarse a las elecciones municipales de 2003 y una plataforma por la autodeterminación Autodeterminazioaren Bilgunea (AuB) para las elecciones a las Diputaciones provinciales.

Casi todas las plataformas fueron consideradas por los Tribunales como una continuación de Batasuna, y por lo tanto se les impidió inscribir en las listas electorales a los miembros que anteriormente habían pertenecido a Herri Batasuna, Euskal Herritarrok, Batasuna o Sozialista Abertzaleak. En tales elecciones estas asociaciones llamaron al voto nulo a sus simpatizantes, e interpretaron el aumento del voto nulo como la muestra de su peso electoral. El número de votos nulos fue de 126.000, representando el 10% de los emitidos. En algunos municipios consiguió presentarse de manera legal, obteniendo cerca de 20 alcaldías.

En las elecciones al parlamento europeo de 2004, a la lista electoral Herritarren Zerrenda también se le impidió presentarse por las relaciones de varios de sus miembros con Batasuna, aunque pudo presentarse legalmente en Francia. Batasuna pidió a los votantes de ambos estados que utilizasen la papeleta francesa. Los votos nulos en España sufrieron un significativo aumento aunque muy lejos de los votos de Euskal Herritarrok en las mismas elecciones de 1999.

En las elecciones al parlamento vasco del año 2005 Batasuna no pudo presentarse como partido político. No se permitió tampoco a Aukera Guztiak presentar candidatos por las supuestas relaciones de varios de sus miembros con Batasuna.

El Partido Comunista de las Tierras Vascas, un partido político legal escasamente conocido, fundado y registrado en 2002 por miembros del sindicato LAB y que no había conseguido representación parlamentaria hasta entonces, anunció su disposición a representar los programas de Batasuna y Aukera Guztiak. Miembros de Batasuna como Arnaldo Otegi pidieron el voto para el PCTV, que obtuvo el 12,44% de los votos (150.644), consiguiendo nueve escaños en el Parlamento Autonómico Vasco.

El 14 de noviembre de 2004, Batasuna organizó un acto político multitudinario (15.000 personas ) en el Velódromo de Anoeta, que su portavoz, Arnaldo Otegi, presentó como «un acto ilegal de una organización ilegal». En ese acto se formalizó su propuesta, que sería apoyada también por ETA y por otros partidos y sindicatos, para la «superación del conflicto». Esta propuesta se basaba en el establecimiento de dos mesas de diálogo. La primera entre el gobierno y ETA para tratar el tema del cese de las actividades armadas, y la segunda mesa, constituida por todos los partidos políticos sin excepción, pero al margen del Parlamento vasco y navarro, para debatir el tema político.

Muchos sectores de la política, avalaron esta propuesta positivamente como paso adelante hacia la paz aunque los dos principales partidos españoles, PP y PSOE, la calificaron de «insuficiente».

En 2006 se han intensificado los procesos judiciales contra dirigentes de Batasuna que han enaltecido a miembros de ETA, lo que ha supuesto una condena a Arnaldo Otegi por «apología del terrorismo» que se suma a la de noviembre del año anterior por injurias al Rey.

En 2004, representantes de Herri Batasuna y Batasuna presentaron un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, planteando que la ilegalización y la Ley de Partidos vulneraban derechos humanos como el derecho a la libertad de expresión, de reunión y de asociación, así como una presunta vulneración de su derecho a la defensa. También presentaron recursos similares Herritarren Zerrenda, Autodeterminaziorako Bilgunea (AuB) y diversas plataformas locales. El Tribunal anunció el 12 de diciembre de 2007 la admisión parcial de dichos recursos, no admitiendo los relativos a la vulneración del derecho a la defensa.

A pesar de las sucesivas ilegalizaciones en España de Batasuna y sus sucesoras, aquella seguía siendo legal en Francia. El 24 de septiembre de 2008 la policía de ese país arrestó a doce dirigentes de la formación, entre otros a su portavoz en el país galo, Xabi Larralde. La detención tuvo lugar un día después de que fueran detenidos también en Francia los miembros de ETA Unai Fano y María Lizarraga, y mientras se celebraba una cumbre en París entre el ministro del Interior español, Alfredo Pérez Rubalcaba, y su homólogo francés. Las detenciones tuvieron lugar en distintos puntos del país, y también se registró la sede de Batasuna en Bayona y los domicilios de varios detenidos. Tres días después, todos los detenidos fueron puestos en libertad sin cargos.

Al principio



Partido Socialista Unido de Venezuela

Logo psuv probable.png

El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) es el nombre de un partido político venezolano donde se fusionan algunas de las fuerzas políticas y sociales que apoyan a la Revolución Bolivariana impulsada por el presidente Hugo Chávez.

En un primer momento Chávez se dio a la tarea de convencer a los diversos partidos políticos que lo apoyaban para que se disolvieran e ingresaran en el PSUV. Esta tarea tuvo un éxito moderado, con la aceptación de partidos políticos como el mayoritario Movimiento Quinta República y partidos menores como el Movimiento Electoral del Pueblo, el Movimiento Independiente Ganamos Todos, Unidad Popular Venezolana, el Movimiento Tupamaro y la Liga Socialista, entre otros, quienes juntos sumaron un 45,99% de los votos obtenidos por Chávez durante la elección presidencial del 2006. Otros partidos como Patria Para Todos, Por la Democracia Social y el Partido Comunista de Venezuela —los cuales obtuvieron un 14,6% en el sufragio anteriormente mencionado — se negaron a ingresar inmediatamente al PSUV aduciendo diversas razones. Posteriormente Chávez buscó fortalecer la naciente organización política mediante un llamado a las bases para que se inscribieran como aspirantes a militantes del Partido Socialista Unido, inscripción que se inició el 29 de abril y finalizó el 10 de junio de 2007 con un total de 5.669.305 aspirantes, cifra que alcanzó un 80% del voto chavista del 2006.

La propuesta del Partido Socialista Unido recibió múltiples críticas, tanto a lo interno de los simpatizantes de Chávez como entre sus opositores, basadas principalmente en la consideración de que una propuesta para fusionar partidos políticos con diversas ideologías sería antidemocrática y buscaría imponer un pensamiento único. Esto fue negado tajantemente por aquellos que apoyaron la propuesta del PSUV.

Los promotores de la construcción del nuevo partido diseñaron una serie de fases para la fundación del mismo: la toma de juramento de los primeros militantes —conocidos como propulsores—, la creación de unidades de base y finalmente la realización de un Congreso Fundacional al cual asistieron voceros elegidos en las unidades de base, cuya función fue la de debatir y diseñar las bases del PSUV.

La creación de este partido para unir a la izquierda venezolana fue una de las propuestas realizadas por Hugo Chávez durante la campaña electoral para la elección presidencial del 2006. Fue conocida como la propuesta del Partido único pero posteriormente el director general del Comando Táctico Nacional del partido MVR, Willian Lara, aclaró que no era "un partido único sino unido" para así intentar no generar confusiones con los sistemas unipartidistas.

La primera mención pública sobre un probable nombre para el partido unitario ocurrió el día 16 de diciembre de 2006, cuando el mismo Chávez lo anunció en un acto de reconocimiento a su comando de campaña, el Comando Miranda, tras la victoria obtenida en la elección presidencial de ese año. Advirtió en esa ocasión que aquellos partidos que decidieran no integrarse en la propuesta saldrían de la coalición oficialista, además de expresar que los votos en la mencionada elección presidencial no eran de los partidos sino del pueblo.

Chávez propuso también un esquema organizativo para el nuevo partido similar al que tuvo el Comando Miranda durante la campaña electoral de 2006, conocido como «de batallones, pelotones y escuadras». El mismo consiste en un sistema de militantes de base organizados en agrupaciones que, a su vez, están integradas dentro de otras mayores. Además pidió que el PSUV terminara con las asignaciones de puestos gubernamentales y candidaturas a dedo para empezar a radicar el poder directamente en la base del partido y las masas.

El proceso para registrar a la militancia del PSUV comenzó el día 18 de enero de 2007 con la elaboración de las planillas de inscripción. El día 15 de febrero se conformó una Comisión Promotora con el objeto de coordinar con los sectores políticos el método para crear el nuevo partido. La Comisión estuvo conformada por Titina Aguaje, Francisco Arias Cárdenas, Freddy Bernal, Diosdado Cabello, Pedro Carreño, Hugo Chávez, David Colmenares, William Farina, Guillermo García Ponce, Roberto Hernández, Alberto Müller Rojas, Héctor Navarro, Jesús Paz Galárraga, Luis Reyes Reyes, Alí Rodríguez Araque, Jorge Rodríguez Gómez y José Vicente Rangel.

El anuncio de la conformación del PSUV produjo una serie de opiniones y reacciones tanto entre los partidos simpatizantes con el proyecto del presidente Chávez como en aquellos que formaban parte de la oposición.

Varios partidos revolucionarios —autodenominados así por su respaldo hacia la llamada Revolución Bolivariana— dieron desde el comienzo total apoyo a la creación del Partido Socialista Unido, anunciando su disolución como partidos independientes.

El Movimiento Quinta República (MVR), partido fundado por Chávez en 1997 para servir como su plataforma electoral, fue el primero en dar el paso adelante al anunciar extraoficialmente el 18 de diciembre de 2006 su disolución como partido político, la migración de su militancia al PSUV y el traspaso de todos sus bienes al nuevo partido. El mismo se realizará mediante un acto público cuando éste obtenga personalidad jurídica. Además el MVR pretende ejercer medidas legales para reservar sus símbolos y así "ahorrarse situaciones incómodas en el futuro".

Al día siguiente la Unidad Popular Venezolana (UPV) también decidió unirse al Partido Unido. La principal dirigente del UPV, Lina Ron, anunció el inicio de las gestiones legales ante el Consejo Nacional Electoral para disolver su partido. Lina Ron aprovechó el anuncio para pedirle a los partidos oficialistas que se apresuraran en unirse al PSUV, sobre esto declaró: "Apúrense muchachos que les pueden cerrar la puerta". Por su lado el Secretario General del Movimiento Electoral del Pueblo (MEP), Eustoquio Contreras, aceptó la propuesta del Presidente Chávez e indicó la donación por parte de su partido de un total de 17 casas distribuidas en todo el país.

La Liga Socialista, mediante su Secretario de Organización Nacional, Wilfredo Jiménez, declaró la adhesión al partido unitario y la realización de una consulta popular en enero de 2007 para rendir cuentas sobre los 33 años que se mantuvo en pie la organización. Para Jiménez el partido naciente garantizaría la democracia interna, el debate de ideas y la unidad en la lucha contra el imperialismo.

Tanto la Dirección Nacional del Movimiento por la Democracia Directa como el director del Frente Cívico-Militar Bolivariano, Héctor Herrera, se pronunciaron en total apoyo a la propuesta de integrarse al PSUV. El Frente Cívico-Militar Bolivariano anunció la celebración de una Plenaria Nacional en Caracas el día 17 de enero para realizar el pronunciamiento de la dirigencia del movimiento, mientras que el MDD realizaría jornadas de debate entre el 17 de diciembre de 2006 y 7 de enero de 2007. En una rueda de prensa realizada el 24 de enero de 2007, el Secretario General de Independientes por la Comunidad Nacional (IPCN), Eddi Mavárez, informó sobre la aceptación de su partido y el envío de un comunicado al Consejo Nacional Electoral pidiendo la disolución de IPCN.

El Movimiento Tupamaro de Venezuela acordó en una reunión realizada el día 27 de enero de 2007 en el estado Aragua, la disolución del partido y su ingreso a las filas del PSUV con la condición de poder mantener su identidad y de que se le permitiese crear una tendencia dentro del partido unido. Esta postura fue reafirmada por el Secretario General de los Tupamaros, José Pinto, cuando el 14 de marzo anunció la desaparición del Movimiento Tupamaro como partido político. Por su parte, el 30 de enero el Movimiento Cívico Militante envió un comunicado a medios de izquierda indicando que estaban dispuestos a disolverse, aunque en él no otorgaron una respuesta oficial.

El partido Unión, por medio de su presidente Francisco Arias Cárdenas, anunció el 28 de enero de 2007 su disolución como organización y el ingreso de sus militantes a la propuesta del partido unido, Arias Cárdenas expresó: "Unión se disuelve no para desaparecer, sino para crecer dentro de este concepto de unidad con nuestros hermanos del proceso revolucionario" y recordó la Última Proclama de Simón Bolívar donde éste pedía que cesaran los partidos y se consolidara la unión. El día 15 de febrero, el Movimiento Independiente Ganamos Todos (Migato) se unió a los partidos que aceptaron su fusión dentro del PSUV.

Los partidos regionales Abrebrecha, FIORP, LAGO, Mi Gente y Unidos Por Portuguesa Independiente, todos con representación parlamentaria, anunciaron conjuntamente su fusión en el partido socialista en una rueda de prensa realizada el 8 de marzo donde fungieron como voceros los diputados a la Asamblea Nacional Lizardo Cabello, Enrique González, Zar Lara, Dennis Peraza y Loa Tamaronis. La incorporación de estos partidos regionales se suman a la del partido Por Maracaibo, que fue el primer partido regional en aceptar su ingreso en el PSUV al hacerlo el día 21 de diciembre de 2006.

Algunos partidos de izquierda como el Partido Comunista de Venezuela, Patria Para Todos y Por la Democracia Social demostraron dudas sobre su inclusión en el proyecto PSUV negando su ingreso por diversos motivos, aunque los tres partidos coincidieron en la necesidad de conocer concretamente el futuro desarrollo organizacional, programático e ideológico del PSUV.

Cuando estos partidos decidieron no ingresar al PSUV en su fundación, Hugo Chávez comentó: "Aquellos movimientos que no asuman el esfuerzo unitario, tendrán el derecho de mantener siglas, espacios, símbolos, las puertas seguirán abiertas pero yo sigo adelante".

Algunos militantes del PCV, como su Presidente Gerónimo Carrera, indicaron que hubiera sido irónico que un partido que sobrevivió ante la persecución de dictadores como Marcos Pérez Jiménez y Juan Vicente Gómez, y la exclusión política por el llamado Pacto de Punto Fijo, haya podido estar por un instante en un riesgo claro de desaparecer bajo un gobierno de carácter socialista como el de Chávez.

A pesar de no ingresar al PSUV, el XIII Congreso Extraordinario decidió dar su apoyo a la construcción del nuevo partido y esperaba que esta organización se encontrara "nutrida de la ideología marxista-leninista y el pensamiento bolivariano".

El 21 de diciembre de 2006, el partido Patria Para Todos (PPT) anunció una Asamblea Nacional a realizarse los días 12, 13 y 14 de enero de 2007 para decidir su postura ante la propuesta del PSUV, sin producirse ésta en los días pautados. El 15 de enero de 2007, el Secretario Nacional del PPT, Rafael Uzcátegui, explicó que esta organización sería paciente para decidir sobre la propuesta de Chávez pues para el partido azul existían puntos más urgentes que discutir. El 29 de enero de 2007, la dirección nacional del PPT dio muestras de aceptar su ingreso en el PSUV, aunque habían decidido no disolverse hasta después de ser realizado un Congreso constituyente que definiera las bases fundamentales del nuevo partido.

El día 5 de marzo la dirigencia del PPT reafirmó que no se disolverían por el momento indicando además que no se trataba de un fracaso de la propuesta del Presidente Chávez pues, en su opinión, todos los simpatizantes de la Revolución Bolivariana coinciden en que es necesaria la existencia de una "organización superior revolucionaria que dote a esta revolución de una dirección revolucionaria". Esta posición fue interpretada por diversos medios de comunicación como una negativa a la propuesta del PSUV, pero el 8 de marzo el Secretario General del PPT, José Albornoz, aclaró que en ningún momento se habían negado a fusionarse y esperarían los resultados de las reuniones entre la Comisión Promotora y los sectores políticos para tomar una decisión definitiva.

El 26 de marzo de 2007 la dirigencia del PPT anunció la realización de una asamblea nacional para el 9 y 10 de abril en donde decidirían finalmente si continuar o no como partido político independiente.

Apenas tres días después, un grupo de dirigentes del PPT, conformado por miembros de la alta dirigencia partidista a nivel nacional y regional, diputados a la Asamblea Nacional, fundadores del partido y alcaldes, anunciaron su decisión de ingresar al PSUV sin importar la postura final del partido. A esta postura se sumaron siete alcaldes del estado Guárico y el gobernador de la misma entidad, Eduardo Manuitt, siendo precisamente ese estado donde el PPT tenía mayor fuerza.

Se realizó la Asamblea Nacional del PPT, con la asistencia de más de 500 delegados, en la ciudad de Villa de Cura. En ella decidieron continuar la existencia del PPT como partido independiente pero ratificaron su apoyo a Chávez. Aunque en el comunicado oficial indicaban que la decisión había sido alcanzada mediante consenso, luego de hacerse pública la posición del PPT un grupo de sus dirigentes anunciaron su renuncia al partido azul y su disposición de ingresar al PSUV, entre ellos Aristóbulo Istúriz y Alí Rodríguez Araque.

El partido Por la Democracia Social (Podemos) mediante su Secretario General, Ismael García, respaldó la propuesta del partido unitario pero exigiendo un trato respetuoso e igualitario, advirtiendo que "En este diálogo no puede haber parientes pobres o huérfanos", y pidiendo "una integración democrática, sin excluidos ni desplazados"; además, dirigentes regionales de este partido anunciaron una consulta a los militantes en marzo de 2007 aunque sin determinar si ésta sería vinculante.

Podemos dio señales de la aceptación a la propuesta del PSUV cuando el 16 de enero de 2007 su Secretario General propuso la creación de una Asamblea Constituyente para discutir las normas por las cuales se regiría el nuevo partido, explicando también que se iniciaba el proceso de transición hacia la creación del partido unido. García posteriormente comentó que para esa Asamblea constituyente debía recogerse no solamente la opinión de los partidos políticos sino también a las fuerzas sociales; en este sentido propuso que la Asamblea constituyente fuera constituida con unos 1500 asambleístas elegidos en una votación organizada por el CNE, de los cuales un 50% serían elegidos en circunscripciones municipales, otro 30% en circunscripciones estadales y el 20% restante sería elegido en una única circunscripción nacional.

El 3 de marzo de 2007, se celebró un acto denominado "Quién dijo miedo" en el Hotel Caracas Hilton donde asistieron los dirigentes de Podemos. El Secretario General aprovechó la ocasión para dar a conocer la posición oficial del partido: "no participamos ni participaremos jamás de pensamientos únicos porque Venezuela es una sociedad diversa, plural", rechazando de esa manera la propuesta del partido unido añadiendo que esa decisión no significaba un retiro del apoyo hacia el Presidente Chávez y la Revolución Bolivariana, pues "el pensamiento de Chávez sí es pluralista" y precisamente en el marco de ese pensamiento es que llegaban a la conclusión de no fusionarse con los demás partidos. Por último indicó que luego de realizarse una Asamblea constituyente que formule las bases del PSUV, ellos decidirían si finalmente ingresan a la controvertida propuesta.

Varios partidos oficialistas recibieron con desagrado la decisión de Podemos de no ingresar al PSUV especialmente por las razones expresadas para no fusionarse. El Movimiento Tupamaro calificó la posición de Podemos como "socialdemócrata, antirrevolucionaria y entreguista"; el Gobernador del estado Miranda y dirigente del MVR, Diosdado Cabello, expresó "Allá cada quien que decida darle la espalda al pueblo en alguna circunstancia, porque bien claro está que los votos aquí son del Presidente y los partidos han sido accesorios." mientras el Ministro de Comunicación Willian Lara indicó que existía cierta confusión pues en ningún momento la propuesta significaba la imposición de un pensamiento único sino la creación de un partido unido, expresando también: "Por ningún lado se habla de pensamiento único, el presidente Chávez ha exhortado al debate de ideas". El Presidente Chávez en el Aló Presidente número 272, aceptó la decisión de Podemos pero criticó duramente las razones que los llevaron a no fusionarse: "algunos están enarbolando las banderas de la derecha. Aseguran que no están de acuerdo con un pensamiento único. ¡El capitalismo es quien promulga el pensamiento único! (...) Digan la verdad, tienen miedo de perder su espacio" y pidió que explicaran las verdaderas razones de su postura.

La decisión de la alta dirigencia de Podemos produjo importantes reacciones a lo interno del partido. El diputado a la Asamblea Nacional por el estado Zulia Libes González, junto a diversos miembros de su partido, indicó el 6 de marzo de 2007 que un 80% de la militancia en el Zulia y la dirigencia en Falcón, Sucre, Yaracuy y el Distrito Capital se encontraban enguerrillados contra Ismael García y la alta dirigencia partidista quienes, según González, no representaban los intereses de la militancia y habían traicionado al partido tomando decisiones desde la cúpula sin consultar a las bases. Arnoldo Oliveres, Secretario General de Podemos en el Zulia, calificó las declaraciones de Libes Gonzáles como oportunistas y aseguró que González no tenía "ni el 8% de respaldo". El 8 de marzo de 2007, un grupo de dirigentes de Amazonas, Caracas, Apure, Guárico, Miranda y Nueva Esparta anunciaron en una rueda de prensa su incorporación en el PSUV a pesar de las declaraciones de Ismael García, explicando que en una reunión del Comité Nacional Ampliado celebrada el 15 de enero de 2007 la dirigencia de Podemos decidió fusionarse con el PSUV y debía respetarse esa decisión.

El 8 de marzo de 2007, luego de una reunión con la Comisión Promotora del PSUV, el Secretario General de Podemos comentó que no estaba descartado por completo el ingreso de su organización en el Partido Socialista mostrando así una actitud conciliadora muy distinta a la que mantuvo durante el acto "Quién dijo miedo" del 3 de marzo. García explicó que ese cambio de actitud se debió a una mejora considerable en el panorama político y por recibir receptividad para sus planteamientos, por ello declaró: "Creemos que no es lo mismo lo que está planteado hoy a lo que existía unos días atrás, creo que las reglas del juego están aclarándose y que vamos en el camino de poder lograr que nuestra propuesta democrática sea tomada en cuenta".

La polémica se reavivó después de unas declaraciones emitidas por el gobernador del estado Aragua y militante de Podemos Didalco Bolívar, quien el 16 de marzo de 2007 atacó severamente al Consejo Nacional Electoral por activar un referéndum revocatorio hacia él, lo cual calificó como una intimidación por criticar la creación del PSUV — al cual calificó como una imposición de un pensamiento único — expresando que sólo podía estar de acuerdo con un socialismo democrático que proteja los intereses de la propiedad privada. Un par de días después Hugo Chávez expresó su descontento ante las declaraciones del Gobernador de Aragua a quien acusó de haber satanizado su propuesta: "oí al gobernador Didalco Bolívar en un discurso, por demás violento. Ojalá hubiese sido así el 12 y 13 de abril —durante el Golpe de Estado de 2002—, eso hubiese sido bien bueno en aquel momento" y le mandó un mensaje: "no me parece noble. Sencillamente diga que no está de acuerdo con el socialismo y que quizás nunca fue socialista y retírese, así quedamos como amigos. Yo no los estoy corriendo, sólo quiero que hagamos una buena y real revolución. Quiero dejar de lado el sectarismo y el clientelismo". Además le pidió que no regresara para buscar una alianza ante los procesos electorales.

Este hecho político produjo una nueva ola de renuncias dentro de Podemos cuando el 20 de marzo el Gobernador del estado Yaracuy Carlos Giménez y los Diputados a la Asamblea Nacional Jenny Cedeño, Dennys Peraza y Tomás Sánchez anunciaron su retiro del partido vinotinto y su intención de ingresar al PSUV. A éstos se le sumaron un día después el alcalde de Maracaibo Gian Carlo di Martino, el alcalde de Porlamar Eligio Hernández y la dirección regional en el estado Miranda que estaba conformada por 3 alcaldes, 18 concejales y miembros de las juntas parroquiales mirandinas. La estampida continuó el 22 y 23 de marzo con la renuncia de 70 dirigentes de Podemos en el estado Aragua —incluyendo a Ramón García, el hermano del secretario general de Podemos— y la dirección regional en Yaracuy.

Ramón Martínez, presidente de Podemos y gobernador del estado Sucre, calificó al PSUV de mamotreto sectario durante un acto realizado en Cumaná el 17 de abril de 2007. Dos días después Hugo Chávez criticó a Martínez por sus declaraciones, indicó que lo consideraba parte de la oposición, que no deseaba recibir su apoyo y que los sectarios eran Ramón Martínez y su partido, finalmente instó a los chavistas a que trabajaran para revocar a Martínez y Didalco Bolívar, pues "ellos están allí por lo votos de Chávez, no por los votos de ellos". Los diputados podemistas Bernardo Jiménez y Arcadio Montiel rechazaron las declaraciones de Chávez y las calificaron de "ácidas, desconsideradas y agresivas", apoyaron la tesis de Martínez sobre el sectarismo en la formación del PSUV pero ratificaron su apoyo a Hugo Chávez a la vez que pedían no ser tildados de opositores.

El principal dirigente opositor, ex-candidato a la elección presidencial del 2006 y gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, consideró como "antidemocrática" la propuesta del Partido Socialista Unido pues, en su opinión, sólo una persona tendría voz y voto en ese partido: el Presidente Hugo Chávez. Además opinó que el proceso de integración de los partidos oficialistas era una bomba de tiempo pues suponía un descontento en partidos como el PPT y Podemos donde los dirigentes se verían forzados a disolver sus partidos para unirse al PSUV. En respuesta, Calixto Ortega, diputado a la Asamblea Nacional por el MVR, expuso que no se trata de un proceso antidemocrático pues no se estaba obligando a ningún partido a fusionarse y que cada organización tenía plena libertad de decidir.

Otro dirigente opositor, Teodoro Petkoff, también mostró preocupación por la democracia venezolana pues, según él, en ese partido sólo estarían los revolucionarios que decida Chávez para luego decretar que ése es el único partido que representa los intereses de Venezuela y por lo tanto los partidos opositores serían ilegalizados como en los sistemas unipartidistas. El portavoz del MVR, William Lara, desestimó por completo los comentarios de Petkoff al indicar que con la propuesta del PSUV sólo se trataba de unir a los revolucionarios y que en ningún momento tenía que ver con la oposición ni sus partidos.

Chávez estimó que ese proceso, iniciado el 5 de marzo, debería concluir en aproximadamente nueve meses.

En la oportunidad, Rodríguez agregó que estas comisiones cesarían en sus funciones al ser instalado el Congreso Fundacional.

La primera fase de la formación del partido consistió en la designación y juramentación de los propulsores del partido unido y se inició el 5 de marzo de 2007 con el anuncio del cronograma oficial.

El 24 de marzo de 2007 se realizó el primer acto público para la formación del PSUV, donde se les prestó juramento como propulsores a 2.398 personas en cuya escogencia se exigió el no poseer militancia política previa para, según el miembro de la Comisión Promotora Alberto Müller, "impedir la burocratización temprana". Al acto asistieron múltiples personalidades del ámbito político incluyendo al presidente, ministros, gobernadores, diputados, alcaldes, dirigentes sindicales y representantes de diversos institutos gubernamentales. Durante el II encuentro del PSUV, realizado en el Poliedro de Caracas el día 19 de abril de 2007, se juramentó a un segundo grupo de propulsores compuesto por 16.786 personas.

El 29 de abril se inició el proceso de inscripción de los aspirantes a militantes, empezando en el estado Lara y en el Distrito Capital, para luego ir iniciando progresivamente en el resto de los estados. La inscripción recibió el apoyo técnico del Consejo Nacional Electoral mediante la instalación de más de 10.000 máquinas en unos 3.700 centros distribuidos en toda Venezuela, lo cual produjo críticas en sectores opositores quienes demandaron al CNE ante la Fiscalía General de la República por malversación de fondos. Según Enrique Naime, secretario de Asuntos Electorales del partido socialcristiano COPEI, "solamente en gastos operativos del Consejo Nacional Electoral para la constitución del juguete que se denomina Partido Socialista se han gastado en dinero de los venezolanos la cantidad de 47 mil millones de bolívares (21 millones de dólares)". Sandra Oblitas, rectora del Consejo Nacional Electoral, recordó que el apoyo prestado por el CNE a la formación del PSUV fue por un mandato constitucional tal como lo indica el artículo 293 de la constitución venezolana en sus numerales 6 y 8.

Oblitas también mencionó que la participación del CNE "no compromete en absoluto la imparcialidad del organismo, porque la asistencia es brindada a solicitud de las partes. Estamos obligados y estamos en la disposición de apoyar. Para nosotros es absolutamente favorable porque de esa manera el Poder Electoral va consolidando sus funciones y sus competencias establecidas en la Constitución".

Otra críticas realizadas al proceso de registro fueron las denuncias sobre supuestas presiones ejercidas sobre empleados públicos para inscribirse en el PSUV, tesis negada por el canciller Nicolás Maduro y el diputado Darío Vivas, y la inscripción del general de división Alberto Müller Rojas, jefe del Estado Mayor y militar activo, por lo cual dirigentes del partido Un Nuevo Tiempo introdujeron un recurso de interpretación ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia — el cual sería declarado inadmisible — para clarificar si la inscripción de militares activos violaría o no los artículos 328 y 330 de la constitución.

El proceso culminó el 10 de junio, lográndose inscribir a 5.669.305 aspirantes a militantes, cifra cercana al 80% de los votos obtenidos por Chávez en la elección presidencial del 2006.

La segunda fase inició el 21 de julio de 2007 — luego de un receso de más de un mes a causa de la realización de la Copa América en Venezuela — con la conformación de unas 22 mil unidades de base, conocidas como batallones socialistas. Cada batallón socialista debía estar compuesto por 300 aspirantes a militantes, y realizar tres asambleas de batallón para discutir todos los aspectos relacionados con la fundación del partido, eligiéndose en la última de las asambleas a un vocero quien participaría en una elección por parroquia para elegir a los representantes al Congreso Fundacional del PSUV.

Alberto Müller Rojas, miembro de la Comisión Promotora, explicó que los aspirantes a militantes realizarían cursos de formación ideológica, en donde se discutirían temas como "organización económica, política, del Estado, las problemáticas de la geometría del poder, su significado". También comentó que aquellos aspirantes a militantes que no contaran con la voluntad o el tiempo para asistir a las asambleas y demás actividades del partido, no podrían ser militantes y quedarían como simpatizantes del PSUV.

El 29 de septiembre de 2007 se realizó a nivel nacional la elección de voceros y comisionados, eligiéndose un vocero, su suplente y cinco comisionados en cada batallón. Posteriormente se formaron las circunscripciones socialistas, conformadas cada una por entre 8 a 12 batallones socialistas para representar el área de una parroquia o un estado. Cada circunscripción socialista eligió a un delegado que la representara en el Congreso Fundacional, siendo electores aquellos voceros y comisionados elegidos en los batallones.

El 12 de enero de 2008 se instaló el Congreso Fundacional en el Cuartel San Carlos de Caracas, en un acto al que asistieron los diversos delegados y el cual fue encabezado por Hugo Chávez.

La fecha original en la que se estimó realizar el Congreso Fundacional fue el 15 de agosto de 2007 Se planteó inicialmente realizar el Congreso Fundacional el 15 de agosto de 2007, luego se pospuso para el 8 de septiembre por motivos técnicos, después sufrió un nuevo aplazamiento hasta el 20 de octubre, para ser instalado finalmente en enero de 2008.

Durante los días 26 y 27 de enero se realizó en el Domo Bolivariano de Barquisimeto la segunda jornada de trabajo a la cual asistieron 1.564 delegados — un 93% del total de delegados electos — que debatieron el contenido del programa del partido y temas como: la construcción del socialismo y del poder popular, la defensa de la revolución, la naturaleza y la soberanía, el internacionalismo y la socialización del poder. Durante este periodo el Presidente Chávez le solicitó al Congreso Fundacional sancionar a aquellos aspirantes a militantes que, sin esperar a que se desarrollara el reglamento para las primarias partidistas, hubieran iniciado campañas políticas prematuras con vista a las elecciones regionales de 2008.

La tercera jornada de trabajo del Congreso Fundacional se realizó el 9 y 10 de febrero en el estadio Cachamay de Ciudad Guayana. En ella se dejó a un lado la discusión de las bases programáticas del partido para debatir y redactar una protesta — la cual llamaron Declaración de Bolívar — en contra de "los últimos actos del imperio contra Venezuela, el Presidente y el pueblo venezolano y el eco que hacen los medios privados del país de esas actuaciones" refiriéndose a la demanda que realizó la Exxon Mobil contra PDVSA por supuesto incumplimiento de contrato.

La cuarta jornada se realizó los días 16 y 17 de febrero en el teatro Teresa Carreño de Caracas con la asistencia de 1.676 delegados. Durante esta jornada el CF decidió por unanimidad el expulsar a Luis Tascón por falta de disciplina. Días antes Tascón había denunciado por corrupción al hermano de Diosdado Cabello, José David Cabello, por un presunto sobreprecio en la compra de unos automóviles. Durante la celebración de esta jornada también se crearon siete comisiones encargadas de dar seguimiento a temas de interés nacional.

La quinta jornada se llevó a cabo durante los días 23 y 24 de febrero en el Complejo Polideportivo Simón Bolívar de Puerto La Cruz. Durante esta jornada se eligió como presidente del PSUV a Hugo Chávez, se decidió que la asamblea de delegados y delegadas — conformada por los 1.681 integrantes del Congreso Fundacional — sería la máxima autoridad del partido y se definió la forma de elegir a las autoridades transitorias del partido para lo cual cada delegación estadal presentó a tres candidatos, sumándose así 69 candidatos entre los cuales sería elegida la directiva transitoria.

La sexta y última jornada del Congreso Fundacional se realizó en la ciudad de Maracaibo el 1 y 2 de marzo de 2008. En esta última jornada se aprobaron los estatutos del partido y se estableció la elección de la Junta Directiva Nacional para el 9 de marzo.

La tercera y última fase para la conformación del partido consistió en la elección de las autoridades transitorias del PSUV. Durante las últimas jornadas del Congreso Fundacional se realizó una lista de posibles candidatos a ser autoridades, lista que fue depurada por Chávez hasta ser sólo 69 candidatos de los cuales serían elegidos quince. Se instalaron 600 mesas electorales en todo el país vigiladas por el Consejo Nacional Electoral. En esta elección tuvieron derecho a votar todos los voceros, comisionados y directivos de cada uno de los 14 mil batallones socialistas para un total de 94 mil electores.

La elección se realizó el 9 de marzo con una participación superior al 90% según Jorge Rodríguez. Los quince candidatos con mayor cantidad de votos, elegidos para ser autoridades transitorias durante un año, fueron: Adán Chávez, Vanesa Davies, Carlos Escarrá, Erika Farías, Cilia Flores, María Cristina Iglesias, Aristóbulo Istúriz, Elías Jaua, María León, Antonia Muñoz, Nohelí Pocaterra, Alí Rodríguez Araque, Héctor Rodríguez, Jorge Rodríguez y Mario Silva.

La primera prueba eleccionaria que debió atravesar el PSUV llegó incluso antes de que éste fuera legalizado. Para la realización del referéndum constitucional de Venezuela de 2007, los aspirantes a militantes del PSUV formaron e inscribieron ante el Consejo Nacional Electoral como adherentes al Bloque del Sí a un conjunto de organizaciones de base llamadas Batallones Socialistas por la Reforma Constitucional, divididas en BataSos — batallones socialistas — de vanguardia y apoyo, gran BataSos y barre bases.

Este referéndum fue ganado por la opción del No — apoyado por la oposición venezolana — 50,7% contra 49,29% en el bloque A y 51,05% a 48,94% en el bloque B, siendo la primera derrota electoral de Hugo Chávez y convirtiéndose en un bautizo negativo para el entonces gestante partido que incluso ocasionó múltiples críticas de la izquierda venezolana hacia el PSUV.

El PSUV obtuvo la victoria en 17 de los 22 estados en disputa (77% de las gobernaciones) (Aragua, Sucre, Yaracuy, Delta Amacuro, Vargas, Apure, Bolívar, Cojedes, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Monagas, Portuguesa, Trujillo, Anzoátegui, Barinas) además de vencer en el Municipio Libertador del Distrito Capital lo que lo consolidó como el partido más votado a nivel nacional. Tomando en cuenta los resultados individuales de los partidos, el PSUV fue la organización con más votos en todos los estados del país exceptuando Zulia, donde Un Nuevo Tiempo fue el más votado.

Con este resultado del 23 de noviembre el partido de gobierno controla 19 entidades federales (17 estados de esta contienda + Amazonas y el Distrito Capital) de las 24 en las que se divide político-administrativamente Venezuela.

Los rivales del PSUV obtuvieron la victoria en Zulia, Miranda, Nueva Esparta, Carabobo, Táchira y la Alcaldía Mayor de Caracas.

De las 24 capitales de estado el PSUV obtuvo 18 de ellas, ganando en el municipio más poblado del país (el Municipio Libertador de Caracas) y sede del poder central. La abstención de las elecciones regionales de 2008 fue de 34,55%, la menor desde que se comenzaron a disputar este tipo de elección en Venezuela.

Al principio



Revolución argentina

Generales Juan Carlos Onganía, Marcelo Levingston y Alejandro Lanusse, los tres dictadores sucesivos de la "Revolución Argentina"

La autodenominada Revolución Argentina fue la dictadura militar que en la Argentina derrocó al presidente Arturo Illia (Unión Cívica Radical del Pueblo), mediante un golpe de Estado llevado a cabo el 28 de junio de 1966. La Revolución Argentina no se presentó a sí misma como "provisional", como en todos los golpes anteriores, sino que pretendió establecerse como un nuevo sistema dictatorial de tipo permanente, posteriormente denominado Estado burocrático autoritario (EBA).

La alta conflictividad política y social generada durante la «Revolución Argentina» y las luchas entre los diversos sectores militares produjeron dos golpes internos, sucediéndose en el poder tres dictadores militares: Juan Carlos Onganía (1966-1970), Marcelo Levingston (1970-1971) y Alejandro Agustín Lanusse (1971-1973). Acosada por una insurrección popular creciente y generalizada, la dictadura organizó una salida electoral con participación del peronismo (aunque impidiendo la candidatura de Juan Domingo Perón), en 1973, en la que triunfó precisamente el candidato peronista Héctor J. Cámpora, con el 49,53% de los votos, quien a su vez renunció para permitir nuevas elecciones libres, en las que triunfaría Perón con el 62% de los votos.

El gobierno de Arturo Illia debió afrontar la debilidad derivada de haber sido elegido en elecciones en las que el peronismo estuvo proscrito, por lo cual una gran parte del electorado votó en blanco. La falta de reconocimiento de legitimidad al gobierno de Illia por parte de los simpatizantes peronistas se vio agravada por un plan de lucha del movimiento obrero, afectado por la decisión del gobierno de sancionar modificaciones a la legislación sindical sin consultar a los sindicatos.

En el año 1965 el gobierno convocó a elecciones legislativas eliminando todas las restricciones que pesaban sobre el peronismo en la etapa previa. El peronismo presentó sus propias listas de candidatos y triunfó ampliamente en las elecciones con 3.278.434 votos contra 2.734.970 de la Unión Cívica Radical del Pueblo. El triunfo del peronismo agitó la situación interna de las Fuerzas Armadas. El descontento militar se combinó con una fuerte campaña de desprestigio, impulsada por sectores económicos conservadores que criticaban duramente ciertas políticas del gobierno radical, como la Ley de Medicamentos (Ley Oñativia), la política petrolera y cierta autonomía respecto a la posición de los Estados Unidos en política internacional.

La campaña de desprestigio contra Illia se realizó de manera sistemática, utilizando ciertos periodistas y medios de prensa, como Mariano Grondona en Primera Plana (autor luego de los primeros comunicados militares golpistas), Bernardo Neustadt en la Revista Todo y finalmente, las de Mariano Montemayor. Para ello se recurrió a la imagen de una tortuga para caracterizar la gestión del Presidente como timorata y falta de energía. Simultáneamente se resaltaba la personalidad de los militares, especialmente del general Juan Carlos Onganía, contraponiéndolo con la imagen de los políticos, alentándolos a intervenir como "salvaguarda de la Patria".

Finalmente para entonces, Estados Unidos, en el marco de la Guerra Fría, ya comenzaba a promover abiertamente la guerra sucia y la instalación de dictaduras militares permanentes en América Latina, impulsadas desde la Escuela de las Américas instalada en Panamá, dentro de la llamada Doctrina de la Seguridad Nacional. Como primer paso de ese camino, las Fuerzas Armadas habían instalado en 1964 un gobierno militar permanente en Brasil al derrocar al presidente João Goulart (Jango).

La planificación del golpe que luego llevaría al poder a Onganía corrió por cuenta del Comandante del Primer Cuerpo del Ejército, general Julio Alsogaray, con la anuencia del por entonces Comandante en Jefe Pascual Pistarini. Existía fuerte apoyo al golpe desde sectores de la prensa conservadora y del poder económico, así como desde partidos políticos como la Unión Cívica Radical Intransigente liderada por Oscar Alende y el Movimiento de Integración y Desarrollo liderado por el derrocado ex-presidente Arturo Frondizi, sin olvidar un considerable sector del movimiento sindical.

El 28 de junio de 1966 se produjo el golpe militar en medio de la indiferencia de la ciudadanía. El general Alsogaray se presentó a las 5 de ese día en el despacho presidencial e "invitó a retirarse" al Presidente. Éste se negó inicialmente, pero a las 19:20, al ver el despacho invadido por efectivos policiales con pistolas lanzagases y rodeada la Casa Rosada por las tropas, Illia optó por abandonar el sitio. Al día siguiente asumió Onganía.

Durante estos años el país se rigió por el Estatuto de la Revolución Argentina, colocado al mismo nivel jurídico que la Constitución Nacional. Las expectativas de un prolongado gobierno de los militares golpistas estaban reflejadas en una de sus más repetidas consignas, al afirmar que la Revolución Argentina tiene objetivos pero no plazos. Se prohibieron los partidos políticos, así como todo tipo de participación política por parte de la ciudadanía; rigió en forma casi permanente el estado de sitio y se vieron cortados derechos civiles, sociales y políticos.

Tres gestiones se repartieron en este período. La primera fue conocida como el Onganiato, presidida por el general Juan Carlos Onganía, cabeza del golpe y representante de la vieja facción azul del Ejército. Onganía gobernó desde junio de 1966 a junio de 1970, cuando tuvo que entregar el poder debilitado por el Cordobazo y la marcha de la economía.

Su gobierno se caracterizó por un inicial período de estabilidad y crecimiento económico del 5% acompañado por una baja inflación, que fue alcanzado gracias al plan económico impulsado por Adalbert Krieger Vasena. Este plan se valía de una gran cantidad de medidas económicas tendientes a liberar los mercados y facilitar el camino para la llegada de importantes inversiones extranjeras. Sin embargo, fueron suprimidos los derechos gremiales y reprimidas las huelgas y actividades obreras. Del mismo modo el gobierno de Onganía fue caracterizado por una marcada intolerancia hacia las universidades argentinas, consideradas desde el gobierno como cunas de la subversión y el comunismo, llegándose a censurar las actividades de los centros de estudiantes. Una de las acciones más famosas de su presidencia se conoció como la Noche de los bastones largos, ocurrida el 29 de julio de 1966, operativo en el cual fuerzas policiales irrumpieron en las universidades desalojando tanto a profesores como alumnos; lo que provocó que numerosos docentes, intelectuales e investigadores de las universidades nacionales se exiliaran del país.

En junio de 1970 el presidente militar Onganía fue reemplazado por la Junta de Comandantes en Jefe de las tres fuerzas armadas, designando en su lugar al general Roberto Marcelo Levingston, un desconocido militar de inteligencia que por entonces desempeñaba ignotas funciones en los Estados Unidos, y quién gobernó hasta marzo de 1971.

El general Levingston expresaba a un sector nacionalista-desarrollista de las Fuerzas Armadas apoyado por los radicales intransigentes, que designó al economista radical Aldo Ferrer como Ministro de Economía. Presionado a convocar a elecciones por los partidos políticos que comenzaban a reorganizarse en La Hora del Pueblo se produjo un golpe interno mediante el cual Levingston fue derrocado por el propio Comandante en Jefe del Ejército y hombre fuerte de la Revolución Argentina, el general Alejandro Agustín Lanusse.

Este nuevo presidente de facto gobernó desde marzo de 1971 a mayo de 1973, y al igual que sus predecesores, su período de gobierno fue visto asimismo con gran antipatía y rechazo de parte de la población. Pese a ello su gestión se caracterizó por una gran inversión en importantes obras de infraestructura nacional (rutas, puentes, represas, etc.).

En un clima de creciente inestabilidad política en el que ocurrieron hechos de sangre como la Masacre de Trelew, se profundizó el accionar de organizaciones armadas clandestinas tales como el Ejército Revolucionario del Pueblo, Montoneros, Fuerzas Armadas Revolucionarias, y ante la creciente presión tanto de los simpatizantes peronistas como del propio Perón desde su exilio en Madrid.

En 1972 el gobierno militar convocó a elecciones generales ante las exigencias de los ilegalizados partidos políticos, quienes en oposición al GAN habían confeccionado y consensuado por su parte el documento La Hora del Pueblo. Lanusse Levantó la proscripción al Partido Justicialista pero la mantuvo sobre Juan Domingo Perón, al elevar la cantidad de años de residencia necesarios para ser electo Presidente, requisito que Perón no cumplía por haber estado exiliado 18 años en España. En las elecciones resultó electo Héctor José Cámpora por el FREJULI (Frente Justicialista de Liberación), nombre que en aquella instancia usó el Partido Justicialista bajo la tutela del propio Perón, junto a otros partidos menores y ocasionales aliados políticos. La consigna publicitaria más elocuente y recordada del FreJuLi era "Cámpora al Gobierno, Perón al poder".

Al principio



Suazilandia

Bandera de Suazilandia

¹Es la capital administrativa, pero la capital real y legislativa es Lobamba.

El Reino de Suazilandia o de Swazilandia es un pequeño país sin salida al mar en el sur de África (uno de los más pequeños del continente), situado en las oscilaciones orientales de los Montes Drakensberg, entre Sudáfrica al oeste y Mozambique al este. Recibe su nombre de la tribu swazi, una etnia bantú.

El 30% de su población padece de VIH, esto, unido a la alta tasa de infección que tiene el virus en este país hace que a Swazilandia se le adjudique actualmente la esperanza de vida más baja del mundo, con tan solo 32,62 años.

Se han encontrado en territorio swazi yacimientos de hace más de 100.000 años. Las evidencias de una agricultura y del uso del hierro datan del siglo IV. Los pueblos Nguni comenzaron a colonizar esta tierra desde mediados del siglo XV, quienes en el proceso migratorio que realizaron desde África Central hacia el sur fueron dividiéndose en tribus, asentándose en distintos territorios y evolucionando en diferentes direcciones, dando origen a sus diferentes culturas, Zulú, Xhosa, Swazi y Ndebele.

Los swazis se separaron de los nguni en el sur de la actual provincia sudafricana de KwaZulu-Natal, donde se establecieron hasta que las luchas con los Zulúes (liderados por el rey Shaka) los forzaron a huir hacia el noreste. Sobhuza I, jefe del clan Dlamini, reunió los restos de las tribus que Shaka había desestructurado —incluyendo desertores zulúes y los remanentes regionales de los bosquimanos—, y se estableció en el área central de la Suazilandia actual. Aquí los swazis continuaron con el proceso de expansión conquistando pequeñas tribus de habla Sotho y Nguni para aumentar el estado hoy llamado Suazilandia, situado en el nordeste de KwaZulu-Natal. Sobhuza I, muerto poco después de la derrota zulú por los Bóers (1839), legó a su hijo Mswati II la tarea de mantener unido a su pueblo, frente a la amenaza afrikaaner.

En el transcurso de casi treinta años de resistencia, el pueblo tomó como propio el nombre de su rey, que instituyó un ejército permanente y estableció buenas relaciones con los colonos blancos, otorgándoles concesiones.

En un principio el país estuvo bajo el protectorado de Transvaal y, tras la guerra de los bóers, en 1906, del de Gran Bretaña, bajo el Alto Comisariado de África del Sur. A partir de 1961 el cargo de Alto Comisario de África del Sur estuvo ejercido por el Embajador del Reino Unido en la República de Sudáfrica.

Existían dos consejos: uno que representaba los intereses de los europeos atraídos por las minas de oro, estaño y de diamantes del país; y el Consejo Nacional Swazi que defendía los de la población nativa. En 1963 se instituyó un consejo legislativo electivo que obtuvo la autonomía interna en 1967. El partido monárquico, Movimiento Nacional Imbokodvo ganó todos los escaños y su líder, Makhosini fue nombrado Primer Ministro.

El 6 de septiembre de 1968, Sobhuza II, proclamó la independencia de Suazilandia. En las elecciones de 1972, el Movimiento Nacional Imbokodvo ganó por mayoría perdiendo sólo tres escaños frente al Congreso de Liberación Nacional Ngwane, principal partido de la oposición.

En abril de 1973, Sobhuza II abolió la Constitución, prohibió los partidos políticos y disolvió el Parlamento, reemplazándolo, en 1978, por una serie de asambleas tribales o Tinkhundla, un nuevo Parlamento, el Libandla, y un Liqoqo o Consejo Supremo.

Firmó un tratado de no agresión con Sudáfrica en febrero de 1982, llegando, Suazilandia, a defender públicamente a este país y a encarcelar a miembros del Congreso Nacional Africano.

Murió en agosto de ese mismo año, dejando al frente del país al Príncipe Makhosetive y a su madrastra la Reina Regente Dzeliwe. Bhekimpi Dlamini, representante de los tradicionalistas, fue nombrado Primer Ministro e hizo sustituir a la regente por Ntombi, viuda de Sobhuza y madre del Príncipe heredero.

Makhosetive fue coronado el 26 de abril de 1986 como Mswati III. Eliminó el Liqoqo, destituyó a Bhekimpi Dlamini y disolvió el Parlamento convocando nuevas elecciones, estando únicamente legalizado el Movimiento Nacional Imbokodvo. Nombró un nuevo Primer Ministro, Sotsha Dlamini, en 1987 y otro, Obed Dlamini en 1989.

Tras los cambios políticos en Sudáfrica, las demandas de libertades democráticas hacia el régimen cobraron nueva fuerza, hasta que, en 1992, el Movimiento Popular Democrático Unido fue legalizado, y posteriormente en 1993 se celebraron elecciones nacionales.

Sin embargo, en las últimas elecciones legislativas en Suazilandia del 21 de octubre de 2003, los partidos políticos habían sido nuevamente ilegalizados, pudiendo solo ser elegidos aquellos ciudadanos no relacionados con ningún partido político.

A raíz de presiones internacionales, en 2001 se creó una Comisión para dotar al país de una constitución tras la de 1968 que fue abolida en 1973. En mayo de 2003 y noviembre de 2004 fueron publicados los esbozos a fin de que se debatieran públicamente. Sin embargo, fueron seriamente criticados por organizaciones sociales civiles en Suazilandia y organizaciones de derechos humanos en el exterior. En julio de 2005 la nueva constitución fue aprobada y en febrero de 2006 entró en vigencia, a pesar de que aun sigue existiendo en el país un intenso debate sobre el tema.

Suazilandia sigue manteniendo disputas territoriales por la provincia sudafricana de KwaZulu-Natal.

El sistema de gobierno de Suazilandia consiste en una monarquía absoluta. El Rey (Mswati III desde 1986) es el Jefe de Estado y quien nombra a los ministros (incluyendo al Primer Ministro —Jefe de Gobierno—). Ejerce simultáneamente tanto el poder ejecutivo como el legislativo. Tradicionalmente el Rey gobierna junto a la Reina Madre o Indovuzaki (lit. Gran Elefanta), la cual es vista como una líder espiritual.

El Parlamento (Libandla) se limita a debatir las propuestas del Gobierno y a aconsejar al Rey. Consta de una Cámara Alta o Senado (compuesto por 20 miembros nombrados por el Rey y otros 10 elegidos por la Asamblea) y una Cámara Baja o Asamblea (compuesta por 10 miembros nombrados por el Rey y otros 55 elegidos). Existen 55 Tinkhundla que son una serie de circunscripciones electorales que nombran cada una, un miembro de la Asamblea. Las elecciones se celebran cada cinco años en noviembre.

Los jueces del Tribunal Supremo y del Tribunal de Apelaciones son también nombrados por el Rey.

Debido al régimen absolutista, la actividad de los partidos políticos se encuentra altamente limitada. Actualmente, la mayoría de los partidos políticos de Suazilandia se encuentran legalizados, tras una prohibición absoluta de actividad política desde 1973 hasta 1992. Sin embargo, las elecciones de 2003 se realizaron sin la presencia de ningún partido debido a un decreto real. A pesar de la aparente apertura política impulsada por el rey debido principalmente a presiones internacionales, varios partidos políticos todavía se encuentran ilegalizados, existiendo incluso persecuciones políticas a aquellos miembros de los partídos antimonárquicos. Recientemente Amnistía Internacional ha denunciado fuertes torturas por parte de la policía, llegando incluso a la muerte de uno de los detenidos. Algunos de los principales partidos políticos con sus dirigentes son: Partido Comunista de Suazilandia (SWACOPA), Mphandlana Shongwe; Frente de Liberación de Suazilandia (FROLISA); Convención para la Completa Democracia en Suazilandia (COFUDESWA), Sabelo Dlamini; Frente Nacional de Suazilandia (SWANAFRO); Partido Revolucionario Socialista Ngwane (NGWASOREP); Movimiento Nacional Imbokodvo (INM); Alianza Democrática de Suazilandia (SDA), Jerry Nxumalo.

La constitución de 1968 estuvo abolida desde 1973. Sin embargo, en julio de 2005 una nueva constitución fue aprobada, aunque su texto generó grandes protestas por parte de grupos de derechos humanos.

El Rey Mswati III es frecuentemente criticado por vivir tan lujosamente en una nación afligida por la tasa de infección de VIH más alta del mundo. Su multitud de coches de lujo, los millones gastados en restaurar las ostentosas mansiones de sus numerosas mujeres, no es acorde a la realidad de un país en el cual aproximadamente el 34 por ciento de la población activa se encuentra desempleada, de los cuales casi el 70 por ciento vive con menos de un dólar al día, y alrededor del 39 por ciento de los adultos se encuentran infectados por el VIH.

Los ríos más importantes que riegan el país son: el Usutu, el Ingwavuma y el Komati. La cota más alta es el monte Emlembe con 1.862 metros y la más baja se encuentra en el río Usutu a 21 metros sobre el nivel del mar.

Con 70.000 habitantes, la capital Mbabane, es la ciudad más grande. Otras ciudades importantes son: Manzini, Lobamba (capital administrativa), Siteki, Nhlangano y Piggs Peak.

A pesar de ser un país muy pequeño tiene una gran variedad climática. Al oeste, el Highveld tiene un clima subtropical con precipitaciones que superan los 1000 mm anuales. Hacia el este tiene un clima tropical semiárido. La región centrooriental, el Lowveld, es la zona más seca con unos 600 mm al año de lluvia.

La balanza comercial de Suazilandia es deficitaria, exporta principalmente productos agrícolas (85% de las ventas totales): azúcar, madera y productos derivados, cítricos, algodón y carne.

Tras la independencia del país se ha realizado una renovación agraria dentro del marco tradicional sin intensificar la explotación del suelo o introducir cultivos nuevos, ya que no obliga a ello la presión demográfica y debido al aporte en la renta nacional de las emigraciones estacionales a Sudáfrica.

Dentro del sector industrial destacan las plantaciones azucareras, las fábricas madereras. Se calculan unas reservas de 250 millones de toneladas de hulla. Existen yacimientos de diamantes en el noreste del país que se exportan desde 1984.

Económicamente cabe destacar una dependencia de Sudáfrica, que es destino del 85% de las exportaciones y origen del 35% de las importaciones, proporciona el 66% de la energía eléctrica y fuertes entradas de divisas gracias al turismo y a un acuerdo aduanero (véase también:Área Monetaria Común).

El 84,3% de la población swazilandesa son bantúes y otro 10% zulúes lo que implica un país étnicamente muy homogéneo. Hay también europeos (3% del total) y refugiados mozambiqueños.

Tradicionalmente los bantúes han tenido una economía de subsistencia, cultivando y criando sus propios animales para consumo. Algunos trabajan en las minas de Sudáfrica.

Los idiomas oficiales son el Swati o Swazi (una lengua bantú) y el inglés. Los asuntos gubernamentales y el comercio son llevados adelante en inglés en su gran mayoría.

La religión principal es el Cristianismo a veces mezclada con otras creencias indígenas. Gran parte de los habitantes le atribuyen un rol espiritual especial al monarca. Existen comunidades judías y musulmanas.

La población de Suazilandia (según estimaciones para 2004) era de 1.169.241 habitantes. La capital administrativa y ciudad más importante es Mbabane (que tiene una población de 73.000 habitantes). Lobamba es la capital real y legislativa de Swazilandia. Manzini es la ciudad más poblada del país: su área metropolitana supera los 100.000 habitantes. Siteki es otra de las grandes urbes y es la capital de uno de los 4 distritos en que se organiza el país.

Una buena parte de las tierras está en posesión de los europeos o de compañías extranjeras, pero aproximadamente el 55% lo posee en depósito el rey para que sean utilizadas de forma exclusiva por los suazis.

En 2000, 216.977 niños asistieron a las escuelas primarias y 60.830 estaban inscritos en los institutos de enseñanza secundaria. La Universidad de Swazilandia (1964) se encuentra en Kwaluseni.

La población rural de Suazilandia supone el 73% (2002), y el país presenta una tasa de crecimiento demográfico del 0,55%, cifra muy variable debido al SIDA. Las presiones que genera la población rural se dejan sentir en los recursos edafológicos: la creciente demanda de tierra cultivable y el exceso de pastoreo en las tierras comunales conducen a la erosión del suelo. La erosión y las deficientes prácticas en la eliminación de aguas residuales contribuyen a aumentar las ya elevadas tasas de enfermedades transmitidas por el agua. Sólo el 59% (1990–1998) de la población tiene acceso a unas adecuadas instalaciones sanitarias, y el 50% al agua potable segura.

Actualmente Suazilandia posee la Esperanza de vida más baja del mundo, con sólo 31,99 años en promedio. 31,69 para los hombres y 32,3 para las mujeres.

Al principio



Euskadi Ta Askatasuna

Miembros de Euskadi Ta Askatasuna (ETA) disparan salvas al aire en el Gudari Eguna de Aritxulegi, Oiartzun, Guipúzcoa, el 25 de septiembre de 2006.

Euskadi Ta Askatasuna (en español: País Vasco y Libertad), conocida por sus siglas ETA, es una organización terrorista, autodeclarada independentista y nacionalista vasca, de ideología marxista-leninista, que invoca la lucha armada como método para obtener sus objetivos fundamentales en los que se encuentra de manera prioritaria la independencia de lo que el nacionalismo vasco denomina Euskal Herria de los estados de España y Francia. Para ello utiliza el asesinato, el secuestro, la extorsión económica tanto en España como, ocasionalmente, en Francia.

Fundada en 1959 durante la dictadura franquista tras la expulsión de miembros de las juventudes del Partido Nacionalista Vasco, cometió su primera acción violenta en julio de 1961 e, inicialmente, contó con el apoyo de una parte significativa de la población al ser considerada una más de las organizaciones opuestas al régimen, si bien tras el proceso democratizador iniciado en 1977, al cual no se incorporó, fue perdiendo apoyos públicos, siendo condenados sus actos y calificados de terroristas por la inmensa mayoría de las fuerzas políticas y sociales desde la aprobación del Estatuto de Gernika en 1979 hasta la actualidad en la que su condición terrorista es plenamente admitida por la inmensa mayoría de los estados, entre ellos; España, Francia, Estados Unidos, las organizaciones internacionales tales como el Consejo de Europa, las Naciones Unidas o la Europol, así como las organizaciones defensoras de los derechos humanos más prestigiosas.

Desde el 2002, diversos partidos políticos y organizaciones sociales han sido ilegalizados por su vinculación a ETA.

Los integrantes de ETA suelen ser llamados «etarras», un neologismo creado por la prensa española a partir del nombre de la organización y el sufijo vasco con el que se forman los gentilicios en euskera (en un primer momento, se les llamó «etistas»). En vasco, la denominación es etakideak, plural de etakide («miembro de ETA»), si bien tal denominación no se usa en castellano.

Los miembros y partidarios de la organización frecuentemente utilizan asimismo el término «gudaris» (gudariak en euskera), que significa guerrero, combatiente, etc. Era el nombre que recibían los combatientes nacionalistas vascos que lucharon contra el alzamiento de los nacionales durante la Guerra Civil de 1936 a 1939. El romanticismo de ese término proviene de que en la guerra civil, por medio de la prensa afín, se difundió que aquellos combatientes luchaban por Euskadi.

En los años cincuenta, la dictadura franquista empieza a ser reconocida internacionalmente; así el PNV es desalojado de su céntrica sede en París en 1951 y Franco firma un Concordato con la Iglesia católica en 1953, fallando la estrategia occidentalista por vias diplomáticas que durante esos años había desarrolado el PNV.

En 1952 se organiza un grupo de estudio universitario con el nombre Ekin (hacer en euskera) en Bilbao. A partir de 1953, y a través del Partido Nacionalista Vasco, el grupo toma contacto con la organización juvenil del PNV, Euzko Gaztedi (EGI). Es en 1956 cuando ambas asociaciones se funden, redactando una ponencia conjunta en el primer Congreso de mundial vasco celebrado ese mismo año en París en el que apostando por el relevo generacional, difieren de las directrices del partido. En 1958 se empiezan a vislumbrar tensiones en el interior de la asociación en confrontación con los altos dirigentes del PNV , que llevan a la expulsión de dirigentes de EKIN y que motivo la posterior escisión en el mes de mayo de ambos grupos puesto que EKIN propugnaba una estrategia de «acción directa» y actuar así como un movimiento de resistencia vasco, en una época en que abundaban las luchas de liberación nacional en el tercer mundo, como la descolonización de Argelia.

EKIN se convierte en ETA el 31 de julio de 1959 , constituyéndose la organización por una junta directiva colegiada formada por Eneko Irigaray, López Dorronsoro, Álvarez Emparanza "Txillardegi", Benito del Valle, J. Manuel Agirre, Julen Madariaga y Patxi Iturrioz.

En 1964, el ilegalizado PNV muestra su desvinculación con ETA y para ello, con el fin de desmentir ciertos rumores, declara públicamente "que la organización conocida con las siglas E.T.A. ni es nucleo activista, ni sección terrorista de nuestro partido, ni tiene con éste ningún lazo de disciplina", rechazándo sus metodos violentos .

Los elementos izquierdistas, que alejan a ETA de la tradición conservadora y católica del PNV, quedan más definidos a partir de la II Asamblea, en la que se constatan afinidades entre el ideario de ETA y el comunismo. Esta asamblea se celebró en Bayona en la primavera de 1963.

En la III Asamblea, que se reunió aproximadamente entre abril y mayo de 1964, se tomó la decisión de que la lucha armada era el mejor modo de conseguir los fines propuestos. La ponencia se publicó más tarde con el título La insurrección en Euskadi. En esta asamblea, además se decidió unánimemente la ruptura con el PNV, cuya labor ETA consideraba «contraria a los intereses de la liberación nacional».

Resulta difícil precisar cuál fue el primer atentado de ETA, ya que la autoría de los primeros que se atribuyen a esta organización no está clara. Hay fuentes que señalan que el primero fue el asesinato de la niña de 22 meses Begoña Urroz Ibarrola el 27 de junio de 1960, a causa de la colocación de una bomba en San Sebastián, y otras que fue un intento fallido de descarrilar un tren de veteranos de guerra en 1961. En todo caso, el primer ataque reivindicado fue la muerte del guardia civil José Ángel Pardines Arcay el 7 de junio de 1968. Donde sí parece haber más unanimidad es que fue en 1968 cuando cometieron su primer atentado de gran repercusión: el asesinato de Melitón Manzanas, jefe de la policía secreta de San Sebastián y represor de la oposición a la dictadura franquista. En 1970, varios miembros de ETA son juzgados y condenados a muerte en el proceso de Burgos, pero la presión internacional hace que se conmute la pena, que ya había sido aplicada a otros miembros de ETA con anterioridad. El atentado de mayor repercusión durante la dictadura fue en diciembre de 1973, cuando asesinaron al almirante y presidente de gobierno Luis Carrero Blanco en Madrid, acción que fue aplaudida por muchos exiliados políticos.

En esta asamblea se aprobó definitivamente el uso de la violencia armada como una de las formas de acción habituales de la organización. También se aprobó el uso de la violencia para conseguir fondos económicos (el primer atraco a mano armada tuvo lugar en Vergara (Guipúzcoa) el 24 de septiembre de 1965).

La V Asamblea da lugar a la primera escisión. Se realizó en dos fases, la primera en diciembre de 1966 en la casa parroquial de Gaztelu (Guipúzcoa). La segunda se celebró en marzo de 1967 en la casa de ejercicios espirituales de la Compañía de Jesús de Guetaria (Guipúzcoa). En la asamblea estallaron las divergencias entre obreristas y los dos sectores nacionalistas formados en la IV Asamblea. Los obreristas, tachados de «españolistas» por su pretensión de priorizar la alianza con grupos de izquierdas de todo el territorio español, se escindieron en una organización que llamaron ETA Berri (Nueva ETA), mientras que los otros dos sectores quedaron encuadrados en la llamada ETA Zaharra (Vieja ETA), que pronto volvería a ser ETA a secas. ETA Berri contribuyó a crear y acabó por disolverse en un partido político de ámbito español llamado Movimiento Comunista (MC). En ETA Zaharra el sector tercermundista arrinconó y apartó del poder al sector culturalista de Txillardegi, que formó un grupo interno llamado Branka. En la V Asamblea se decide también la creación de los cuatro frentes o grupos de trabajo interno que mantendrá la organización a lo largo de los años: político, militar, económico y cultural.

En la VI Asamblea, celebrada en el verano de 1970 en Bayona, resurgen con fuerza las tensiones, esta vez entre militaristas (partidarios de la preeminencia de la actividad terrorista), y un sector llamado otra vez «obrerista», que aboga por la supeditación de la lucha armada a la lucha política realizada en alianza con las organizaciones obreras. Este último sector es mayoritario durante la celebración de la asamblea, y su decisión de poner coto a la actividad armada hace que el sector militarista se niegue a aceptar las resoluciones de la asamblea, creando una escisión que llamarán ETA V Asamblea Askatasuna ala hil (Libertad o muerte) o ETA-V. El sector mayoritario emplea la denominación ETA VI Asamblea Iraultza ala hil (Revolución o muerte) o, abreviadamente, ETA-VI. Sin embargo, ETA-V logra hacerse con el control de la organización, en la que se integra un sector de EGI, las juventudes del PNV, partidario de la lucha armada. ETA-VI, por su parte, se divide en dos grupos, el mayoritario (llamado de los mayos) y el minoritario (minos). El primero aprueba en 1973 integrarse en la Liga Comunista Revolucionaria (LCR, partido de ámbito español que muchos años después se unificará con el MC). El otro sector, el de los minos, se disolverá al integrarse sus miembros en otras organizaciones como la Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT) y el PCE, o incluso en la propia ETA-V (nuevamente ETA a secas).

La VI Asamblea de 1973 (recordemos que quien se queda con el nombre de ETA no reconoce la anterior VI Asamblea) es la que provoca las últimas y más importantes escisiones hasta la fecha. Se celebra en dos partes, la primera en la localidad vascofrancesa de Hasparren en agosto de 1973, y la segunda tras el atentado de la calle Correo de Madrid. En la primera parte resurgen las tensiones entre militaristas y obreristas, que se plasman en dos sectores enfrentados y con poca comunicación entre ellos. Son los militaristas quienes deciden unilateralmente atentar contra Carrero Blanco en diciembre de 1973, provocando la escisión del sector obrerista, que se constituirá en el Partido Revolucionario de los Trabajadores Vascos (PRTV), abandonando ETA.

Tras el atentado indiscriminado de la calle Correo resurge, durante la celebración de la segunda parte de la asamblea, la antigua discrepancia entre los que abogan por la prioridad absoluta de la actividad terrorista y quienes desean su supeditación a las luchas políticas. Así surgen los «militares» (milis, esencialmente provenientes del Frente Militar) y los «político-militares» (poli-milis, procedentes del Frente Obrero), que se escindirán en dos organizaciones: ETA Militar (ETAm, ETA (m) o ETA mili) y ETA Político-Militar (ETApm, ETA (pm) o ETA poli-mili). Esta última es mayoritaria.

Cuando se inicia la llamada transición a la democracia española, por tanto, no hay una ETA sino dos. ETApm apoyó la fundación de un partido político que representara el ideario de la organización ante las elecciones generales de 1977, el Euskal Iraultzarako Alderdia (Partido para la Revolución Vasca, EIA). Más tarde ETApm aceptó la amnistía concedida por el gobierno español a todos los presos etarras aunque tuvieran delitos de sangre, abandonando la violencia e integrándose en el partido político Euskadiko Ezkerra («izquierda del País Vasco», que luego se fusionaría con el PSE-PSOE). El abandono de la violencia, decidido en la VII Asamblea de ETA (pm), fue contestado por buena parte de su militancia, que se integró en ETAm (que en adelante, volvió a ser conocida simplemente como ETA), en especial los llamados comandos bereziak (especiales), comandos dedicados a las acciones violentas más importantes. Algunos de los dirigentes de lo que en adelante sería ya la única ETA proceden de ETApm, como Antxon o Pakito, y se debe a personas de esta procedencia también la llamada Alternativa KAS.

ETA, por su parte, consideraba que con el sistema constitucional posterior a 1978 las cosas no habían cambiado sustancialmente en lo que al derecho de autodeterminación se refería, y decidió continuar su actividad terrorista sin cambios, es decir, de acuerdo con la idea que venía defendiendo de preeminencia de la lucha armada sobre la política y de los aspectos nacionalistas sobre los obreristas o revolucionarios. Los atentados aumentaron en número e intensidad. Destacan el secuestro y asesinato de José María Ryan, ingeniero-jefe de la central nuclear de Lemóniz en 1981, el primer atentado con coche bomba en Madrid, en septiembre de 1985, con un muerto y 16 heridos; la bomba que mató a 12 guardias civiles e hirió a 50 en julio de 1986; o el atentado de Hipercor, el 19 de junio de 1987, cuando pusieron una bomba en un centro comercial de Barcelona, que causó la muerte de 21 personas e hirió a 45. ETA explicó en un comunicado que había avisado previamente de la colocación de la bomba y que la policía no desalojó el local.

Durante la dictadura franquista, y gran parte de la democracia, ETA disfrutó de la tolerancia del gobierno francés, que permitía a sus integrantes moverse libremente por su territorio, creyendo así contribuir al fin del régimen franquista. Se hablaba entonces del «santuario francés» de ETA. Actualmente, Francia colabora intensamente con las autoridades españolas en la lucha contra ETA.

Desde 1975 a 1980 (Véase: Terrorismo tardofranquista) operaron diversos grupos como Alianza Apostólica Anticomunista (AAA o "Triple A"), Antiterrorismo ETA (ATE), Grupos Armados Españoles (GAE), Guerrilleros de Cristo Rey, Batallón Vasco Español (BVE) y otros de menor resonancia, como los Comandos Antimarxistas, todos ellos afines a la dictadura franquista y a los que se les atribuye entre 15 y 40 asesinatos.

Tras la victoria electoral socialista de 1982 surgen los grupos Antiterrorista de Liberación (G.A.L.) que en 1983, y hasta 1989, iniciaron sus acciones terroristas de "guerra sucia" contra ETA. Se les atribuye el asesinato de 27 personas. Dichos atentados y secuestros fueron perpetrados en su mayoría por mercenarios franceses contratados por policías españoles, financiados con fondos reservados, y organizados desde el propio ministerio del Interior, a través de responsables de la lucha antiterrorista del País Vasco.

En julio de 1983, el CESID elabora la llamada "acta fundacional" de los GAL en la que se examinaba la posibilidad de llevar a cabo acciones de "guerra sucia" en el sur de Francia ante la falta de colaboración en la lucha antiterrorista y se afirma su viabilidad y conveniencia.

Por el secuestro en 1983 de Segundo Marey, un vendededor de mobiliario de oficinas al que confundieron con Mikel Lujúa, por entonces dirigente de ETA, el Tribunal Supremo condenó condenó en julio de 1998 a penas de cárcel a José Barrionuevo, Ministro de Interior, Rafael Vera, Secretario de Estado para la Seguridad, Ricardo García Damborenea, Secretario general del PSOE en Vizcaya, Francisco Álvarez, Jefe de la Lucha Antiterrorista, Miguel Planchuelo, Jefe de la Brigada de Información de Bilbao, José Amedo, Subcomisario de la policía, Julián Sancristóbal, Gobernador civil de Vizcaya, por secuestro y malversación de caudales públicos, y a Michel Domínguez, Policía. En septiembre de 1998 ingresaron en la cárcel y tres meses después, Vera y Barrionuevo, condenados a diez años de prisión, fueron excarcelados gracias a un indulto parcial del Gobierno popular .

En marzo de 1999, la Audiencia Nacional dictó auto de procesamiento por secuestro, lesiones y asesinato en relación con dos miembros de ETA, José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, secuestrados en Bayona (Francia) en 1983 y cuyos cadáveres torturados fueron descubiertos cerca de Alicante, en el sureste español, en marzo de 1995.

En 2000, el ex general de la Guardia Civil, Enrique Rodríguez Galindo, fue condenado por el Tribunal Supremo a 75 años de cárcel. También se condenó por este caso al ex gobernador civil de Guipúzcoa, José Julián Elgorriaga Goyeneche, y a los ex mandos de la Guardia Civil, Ángel Vaquero Hernández, Enrique Dorado Villalobos y Felipe Bayo Leal, como autores, cada uno de ellos, de dos delitos de detención ilegal y dos delitos de asesinato. Rodríguez Galindo estuvo solo tres años en prisión y cumplió el resto de la condena en su casa debido a una supuesta enfermedad cardiaca.

Durante los años de "guerra sucia" además de los atentados y secuestros se vivió una tensión sin precedentes en el País Vasco y Navarra y el entorno de ETA se vio impulsado, junto con la crisis derivada de la reconversión industrial, el paro..., por lo que consideraban una evidencia, entonces siempre negada por las autoridades, de que el gobierno socialista estaba detrás de los incidentes, para estos sectores ETA pasaba a ser una víctima y sus atentados una respuesta a las acciones del Gobierno.

Durante esa época surge el llamado "rock radical vasco", movimiento musical que denunciaba en muchas de sus canciones la situación de acoso ilegal al que se veía sometido el llamado M.L.N.V.. Algunas de las situaciones que denunciaban fueron posteriormente avaladas por las Sentencias condenatorias de los Tribunales.

En 1986 se fundó la Coordinadora Gesto por la paz, que comenzó a convocar manifestaciones silenciosas en todos los pueblos al día siguiente de cada muerte causada por la violencia política relativa al País Vasco, ya fuera de ETA o del GAL, en lo que fueron las primeras manifestaciones contra la violencia terrorista. Ese mismo año, ETA asesinó en Ordicia a María Dolores González Katarain, Yoyes, antigua dirigente de la organización, que había decidido dejar la lucha armada y ya se había reinsertado en la sociedad, acusándola de «desertora».

En junio de 1987 ETA comete el atentado más sangriento contra poblacion civil; una bomba explota en un centro comercial "Hipercor" de Cataluña en el que mueren de 21 personas y hay 45 heridos. Generalmente avisa con antelación de los atentados con bomba contra objetivos civiles, no haciéndolo en el caso de objetivos militares. En algunas ocasiones, se han producido fallos en el sistema de avisos empleado ocasionando numerosas víctimas, como en el caso del atentado contra el citado centro comercial en el que finalmente, por sentencia judicial, se reconoció la responsabilidad del Estado por la tardanza en evacuar dicho centro al considerarse una falsa alarma, habiendo avisado ETA 35 minutos antes de producirse la trágica explosión.

En el atentado de contra casa-cuartel de Vic en mayo de 1991 ETA asesina a nueve personas.

En 1992, la cúpula dirigente de ETA al completo (Pakito, Txelis y Fiti) es detenida en Bidart (en Labort, Francia), lo que forzó el cambio de dirección. Tras una tregua de dos meses, adoptan postulados más radicales, siendo la principal consecuencia de este cambio de rumbo la supuesta creación de los «comandos Y», formados por jóvenes (generalmente menores de edad) dedicados a la llamada kale borroka («lucha callejera» en vasco), cuyas actividades incluirían la quema de autobuses y mobiliario urbano, y el lanzamiento de cócteles molotov. Su aparición se atribuyó a una hipotética debilidad de ETA, que les obligaría a recurrir a menores para mantener o aumentar su impacto en la sociedad tras importantes detenciones de sus militantes, incluida su cúpula militar. También empezaron a ser amenazados los concejales de partidos políticos no nacionalistas vascos. Sin embargo, dentro del llamado Movimiento de Liberación Nacional Vasco se niega la existencia de los Comandos Y, y se afirma que su descripción es una maniobra para imponer una mayor pena de prisión a quien realiza estas acciones. El papel de ETA como organizador de la kale borroka ha sido considerado probado por la Audiencia Nacional; por otro lado, desde distintos sectores políticos de izquierda (principalmente de la izquierda abertzale) se niega este papel.

En 1995, la organización lanzó una serie de exigencias al gobierno español como condición para el cese de la violencia. La llamada Alternativa Democrática actualizaba y venía a sustituir a la alternativa KAS como propuesta de mínimos para el reconocimiento de Euskal Herria. A partir del reconocimiento por parte del Gobierno Español de la territorialidad vasca, de que la soberanía reside en el pueblo vasco y de que éste tiene el derecho de autodeterminarse, se derivaría el cese total de las actividades armadas de ETA. El gobierno español rechazó las exigencias de ETA, intentó silenciar su difusión y los tribunales procesaron a la mesa nacional de HB por aprovechar los espacios gratuitos de publicidad electoral para difundir las exigencias, añadiendo a su anuncio algunas imágenes extraídas de un vídeo de ETA.

El 19 de abril de 1995 fracasó un atentado con coche bomba contra el entonces principal líder de la oposición José María Aznar, que pronto sería elegido Presidente de Gobierno con el apoyo del PNV; también, según las fuerzas de seguridad, fue abortado el asesinato del rey Juan Carlos I.

ETA comienza una táctica de "socialización de la violencia" realizando acciones de gran impacto mediático y crueldad. El 30 de junio de 1997, la Guardia Civil liberó al funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, que llevaba secuestrado 532 días. Un día después, ETA libera al empresario Cosme Delclaux (232 días). El 10 de julio de 1997 ETA secuestró al concejal del Partido Popular de Ermua (Vizcaya) Miguel Ángel Blanco, amenazando con matarlo si el gobierno español no cedía a sus exigencias. Se llevaron a cabo multitudinarias manifestaciones de solidaridad para exigir su liberación, pero, al cabo de dos días ETA cumplió su amenaza asesinando al concejal, lo que desencadenó nuevamente manifestaciones masivas de rechazo. A esta reacción ciudadana se le denominó el «espíritu de Ermua».

En enero de 1998, llega a oídos de la banda que la policía francesa tiene todo preparado para realizar una muy importante operación policial contra la organización.

Por orden del juez Garzón se cierra el periódico "Egin". Ante la posibilidad de verse envuelta en un proceso judicial, Herri Batasuna pasa a denominarse Euskal Herritarrok (EH).

Esta tregua estuvo precedida por un acuerdo firmado un mes antes por la propia organización terrorista ETA, el Partido Nacionalista Vasco y Eusko Alkartasuna, en el que todas las partes se comprometían a buscar la integración de los seis territorios en una institución única y soberana, y los partidos políticos PNV y EA se comprometían a "dejar sus acuerdos con los partidos que tienen como objetivo la destrucción de Euskal Herria y la construcción de España (PP y PSOE)". Por su parte, ETA se obligaba a anunciar el "alto el fuego indefinido".

Este pacto es muy posteriormente mencionado por ETA en una carta al PNV, en el que ETA muestra su desacuerdo con la contrapropuesta realizada por el PNV, acusándole de haber mostrado más interés por la paz que por la soberanía, al tiempo que califican el acuerdo como apropiado e importante por ser un paso en búsqueda de la soberanía de Euskal Herria.

El 12 de septiembre de ese mismo 1998, cuatro días antes del anuncio oficial de tregua por parte de ETA, se firmó en la localidad navarra de Estella un pacto entre el Partido Nacionalista Vasco, Herri Batasuna, Eusko Alkartasuna, Ezker Batua-Berdeak, el sindicato LAB, y otras organizaciones en el que se analizaba la situación de Irlanda del Norte y se trataba de proyectar el proceso de paz allí seguido para el caso del País Vasco. Declaraban los firmantes el proceso que debía seguirse para la "resolución política del conflicto". Este método se basaba en la negociación política, en ausencia de violencia, para dar respuesta "a la tradición y aspiraciones de soberanía de las ciudadadanas y ciudadanos de Euskal Herria". El acuerdo se conoció como Pacto de Estella.

Según Vázquez Montalbán los firmantes de Estella estaban "Convencidos de la parálisis política que afectaba al PP y al PSOE en el tratamiento del problema vasco y de que el PP dependía de las ayudas del PNV en el Parlamento español, los firmantes de Lizarra forzaron la tuerca del soberanismo y plantearon con toda claridad el objetivo de la autodeterminación y de una negociación política con ETA”.

El 16 de septiembre de 1998, ETA declaraba una "tregua indefinida y sin condiciones" que entraría en vigor dos días después de su anuncio. ETA decía en su comunicado que "Los ciudadanos vascos estamos sojuzgados bajo dos Estados fuertes. Ambos Estados utilizan todos sus instrumentos armados, políticos, económicos y culturales para evitar las posibilidades que tenía Euskal Herria, un pueblo libre en el futuro". Pero advertía ETA que el objetivo de este paso no era la "pacificación", y que sería un engaño a la sociedad decir que este paso lleva a la "normalización", "la consolidación del marco actual y una paz sin que nada cambie.". Respecto a las instituciones, recordaban su objetivo de crear una institución única y soberana que integre todos los territorios que reclaman, y que era la hora "de acabar con los partidos, estructuras institucionales y represoras que tienen por objetivo la construcción de España y Francia, y la desaparición de Euskal Herria.".

Su comunicado, por último, matizaba la suspensión de sus actividades, reconociendo que seguiría desarrollando las labores de suministro, mantenimiento de sus estructuras y su "derecho de defensa en hipotéticos enfrentamientos", y advertía de la posibilidad de revocación de la tregua indefinida, condicionándola a los acontecimientos futuros.

Poco después de la tregua y en una teórica situación de "ausencia de violencia", aunque la violencia denominada "de baja intensidad" acosaba y atacaba a todos los partidos políticos y en mayor medida a PP y PSOE, se celebraron elecciones autonómicas en la Comunidad Autónoma Vasca en las que nuevamente ganó en votos el PNV aunque los extremos políticos PP y EH lograron un considerable aumento de sus sufragios; el Partido Popular venció en Alava y ganó 100.000 votos convirtiéndose en la segunda fuerza desplazando al PSOE y “Euskal Herritarrok” (E.H.) venció en Guipuzkoa y logró 223.264 votos y en San Sebastián el PP fue el partido más votado (25,7%) y EH fue el segundo (19,3%).

Ya iniciada la tregua , ese mismo mes de septiembre, comenzaron los contactos entre el Gobierno del Partido Popular y el entorno etarra; tres miembros del Gobierno de José María Aznar se entrevistaron de manera secreta con Arnaldo Otegi y otros dirigentes de Herri Batasuna en un chalé de la comarca de Juarros, en Burgos Durante ese periodo, el Partido Popular mostró signos de buena voluntad, suavizando su postura y sus declaraciones y acercando a 135 presos etarras a cárceles próximas al País Vasco , todo ello en cumplimiento de lo dispuesto por el Congreso de los Diputados español que aprobó en noviembre de 1998 una moción de IU a la que se sumó el PP, y fue aprobada unánimemente, sobre el acercamiento de los presos por la que se instaba al gobierno español a poner en práctica «una nueva orientación, consensuada, dinámica y flexible, de la política penitenciaria en la forma que mejor propicie el final de la violencia.

Ello suponía suponiá para algunos dirigentes políticos, que por medio de ese pacto "los dirigentes abertzales quedan atados de pies y manos a la política del PNV".

Dichos acuerdos culminaron en una reunión secreta entre PP y ETA en Zúrich en el mes de mayo de 1999. Esa reunión pretendía ser para ETA un primer contacto para una serie de reuniones en las que se abordasen cuestiones políticas. Para el gobierno pretendía ser un modo de tratar de verificar de primera mano si la banda estaba dispuesta a cesar de un modo definitivo sus actividades criminales. La reunión no fructificó.

Sin embargo las conversaciones no tuvieron éxito y se contabilizaron 390 acciones de terrorismo callejero durante 1999. Un sector del PP, encabezado por Mayor Oreja, presidente del PP vasco, receló de la tregua, considerándola una estrategia de ETA para reorganizarse y rearmarse, denominándola “tregua-trampa”, interpretando el contenido de una comunicación interna de ETA interceptada al responsable de los comandos José Javier Arizkuren Ruiz, Kantauri, en la que se le comunica que habría una tregua, pero que sería cosa de poco tiempo.

Poco después del encuentro con el Gobierno, dos de los interlocutores fueron detenidos. El parlamento nunca llevó a efecto la moción sobre el acercamiento de 1998.

En agosto de 1999, ETA propuso a PNV y EA suscribir una actualización del compromiso adquirido el año anterior, en el que buscaban la materialización de los objetivos fijados, mediante la celebración de unas elecciones en toda Euskal Herría (tanto la parte española como francesa) que eligiese un parlamento encargado de redactar una Constitución para el nuevo Estado. ETA condicionaba el cese definitivo de sus actividades terroristas a la "fortaleza y estabilidad" del nuevo parlamento. Este nuevo acuerdo fue rechazado por los firmantes del pacto anterior y por tanto no llegó a formalizarse.

El 28 de noviembre ETA anunciaba la ruptura de la tregua mantenida durante un año. En su comunicado, recordaba el pacto firmado con PNV y EA y los planteamientos del Pacto de Estella, y aludía como razones para la reanudación de sus actividades criminales, la presión ejercida por los gobiernos de España y Francia y la pretensión del gobierno español de "que de ser un proceso de construcción nacional pasara a ser un proceso de paz sin contenido, intentando ahogar a la izquierda abertzale en la «normalidad» política y con la intención obstinada y maligna de que la interrupción «provisional» de las acciones de ETA pasara a ser «definitiva» e irreversible.". También se quejaba de que PNV y EA no habían respondido a su propuesta de actualización de pacto. Se anunciaba la fecha del 3 de diciembre como la escogida para la vuelta a la violencia.

ETA declaró el fin del alto el fuego el 2 de diciembre de 1999, cometiendo un nuevo asesinato el 21 de enero de 2000, finalizando ese año con 23 asesinatos más, entre ellos el de uno de los fundadores del Foro de Ermua, incluyendo entre sus víctimas a jueces y periodistas.

El PNV realizó una declación institucional ese mismo día en el que reprochaba a ETA su actitud de intentar tutelar el proceso, le acusaba de perjudicar al nacionalismo vasco y, a su vez, animaba a HB a defender democráticamente sus propuestas invitándola al diálogo. La ruptura de la tregua por parte de ETA supuso el fin del acuerdo parlamentario con EH que no condenó el posterior atentado y abandonó la cámara vasca en septiembre de 2000 anunciando que sólo volvería al Parlamento de Vitoria en "ocasiones puntuales" y dejando al gobierno PNV-EA en minoría parlamentaria.

Por su parte ETA dio a conocer a la opinión pública el 30 de abril de 2000 los textos hasta entonces secretos de las negociaciones de 1998 y 1999 entre PNV y ETA, mediante su publicación en el periódico “Gara”. y reconoció que la tregua en realidad había sido una “tregua-trampa”. En el año 2000 ETA acabó con la vida de 23 personas.

También se produjeron importantes escisiones en la "izquierda abertzale" formando Aralar y Batzarre grupos políticos independientes contrarios a la via armada. Patxi Zabaleta, miembro fundador y ex dirigente de HB y EH, encabezaba ya desde finales de los años ochenta una postura critica que había condenado el asesinato de Miguel Angel Blanco y exigía la desaparición de ETA y se convirtió en el coordinador de Aralar.

El 8 de octubre de 1999 se aprobaba en España la Ley de Solidaridad con las víctimas del terrorismo, que tiene como objetivo "rendir testimonio de honor y reconocimiento a quienes han sufrido actos terroristas y, en consideración a ello, asumir el pago de las indemnizaciones que le son debidas por los autores y demás responsables de tales actos". Dos meses después, el 23 de diciembre, se aprobaba otro Real Decreto en el que se aprobaba el reglamento de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las víctimas del terrorismo.

Tras la ruptura de las negociaciones, el Gobierno del Partido Popular, con el apoyo del partido socialista, continuó el acoso que ya se había iniciado en 1998, no solo a ETA, si no además a su entorno, por todas las vías democráticas posibles, perdurando casi todas ellas en la actualidad. Además se reanudó la ofensiva a nivel judicial y policial.

Las elecciones generales del 12 de marzo de 2000 otorgaron la mayoría absoluta al Gobierno e Aznar por lo que los pactos con los nacionalistas de la anterior legislatura ya no eran necesarios y podía desarrollar una política antiterrorista sin ataduras.

El 21 de enero de 2000, ETA hizo explotar un coche bomba cargado de 20 kg de dinamita en el barrio de Virgen del Puerto de Madrid, muriendo el Teniente Coronel de Intendencia Pedro Antonio Blanco. Este asesinato obligó a Ibarretxe a dejar en suspenso su pacto de legislatura con EH. No fue, sin embargo, hasta después del asesinato por parte de ETA del dirigente socialista alavés Fernando Buesa y su escolta, el ertzaina Jorge Díez (22 de febrero de 2000), cuando el pacto se rompió definitivamente. La ruptura del acuerdo parlamentario y el subsiguiente abandono de la Cámara por parte de EH en septiembre (que anunció que sólo volvería al Parlamento de Vitoria en «ocasiones puntuales») dejaron al gobierno PNV-EA en minoría parlamentaria.

Las elecciones generales en el año 2000 renuevan a Aznar como presidente, pero esta vez por mayoría absoluta, por lo que ya no necesita el apoyo parlamentario del PNV y se inicia una seria confrontación entre PP y PNV.

El 12 de diciembre de 2000, los dos principales partidos políticos españoles, Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español, suscribieron el llamado Acuerdo por las libertades y contra el Terrorismo tras el abandono de ETA de la "tregua" de 1998 y una vez puesto de manifiesto, según el propio texto del acuerdo, "el fracaso de la estrategia del PNV y Eusko Alkartasuna, que abandonaron el Pacto de Ajuria Enea para, de acuerdo con ETA y EH, poner un precio político al abandono de la violencia. Ese precio consistía en la imposición de la autodeterminación para llegar a la independencia del País Vasco.".

En este acuerdo, PP y PSOE convenían en que correspondía al Gobierno dirigir la lucha antiterrorista y se comprometían a abandonar del ámbito de la legítima confrontación política o electoral, las políticas para acabar con el terrorismo. Se comprometían también a trabajar para que desapareciera cualquier intento de legitimación política de la violencia y afirmaban públicamente que de la violencia terrorista no se extraerá, en ningún caso, ventaja o rédito político alguno.

La política penitenciaria asimismo, se decía que se aplicaría asegurando el más completo y severo castigo a los condenados por actos terroristas, aunque contemplaría las formas de reinserción de aquellos que abandonen la organización y muestren actitudes inequívocas de arrepentimiento y voluntad de resocialización.

Las víctimas se convierten, tras este acuerdo, en la principal preocupación, e instan a los jóvenes a que se rebelen contra la violencia.

El objetivo del pacto es impulsar conjuntamente las libertades y la política contra el terrorismo, y requiere, según sus firmantes, una colaboración permanente entre el PP y el PSOE que implica el intercambio de información, la actualización concertada en las reformas legislativas, política penitenciaria, cooperación internacional, movilización ciudadana e instituciones, y la búsqueda de posiciones comunes en este tema.

Tras varios meses de precariedad parlamentaria vasca, debido a la activa oposición de socialistas y populares y a la imposibilidad de aprobar leyes por la ausencia de apoyos parlamentarios (los presupuestos del año 2001 no pudieron aprobarse y debieron prorrogarse los del año anterior, anunció elecciones anticipadas para el 13 de mayo del 2001. La legislatura finalizada había sido la más corta del Parlamento Vasco desde la llegada de la democracia, y finalizaba con altos grados de crispación política y una renovada ofensiva de la organización terrorista ETA, que sólo en el 2000 acabó con la vida de 23 personas.

En ese escenario se celebraron unas duras elecciones vascas, planteadas como un plebiscito entre "nacionalismo" y "constitucionalismo" en las que la coalición PNV-EA casi triplicó el aumento de votos del PP. Pero el aspecto más sobresaliente fue el serio descalabro que sufrió el nacionalismo radical violento representado por Euskal Herritarrok (EH), que, tras la ruptura de la tregua de ETA, perdió la mitad de sus 14 escaños, pasando del 17,9% de 1998 al 10,1%, perdiendo casi 80.000 votos.

El día después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobaba una resolución en la que, además de condenarlos inequívocamente, exhortaba a la comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos por prevenir y reprimir los actos de terrorismo cumpliendo plenamente los convenios internacionales.

El 28 de septiembre de 2001 el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobaba su resolución 1373 decidiendo que todos los estados miembros debían congelar los fondos y los demás recursos financieron de las personas y grupos terroristas, así como que debían abstenerse de proporcionarles todo tipo de apoyo, activo o pasivo y denegarles refugio. También obligaba a asegurar el enjuiciamiento de toda persona que participe en la financiación, planificación o comisión de actos de terrorismo o preste apoyo a estos actos. Se creó un Comité específico en el seno del Consejo para el seguimiento del cumplimiento de esta resolución.

Esta resolución del Consejo inspiró muchas de las políticas que se tomaron en las más diversas instituciones públicas de cara a combatir todos los tipos de terrorismo. Muchos países miembros, así como organismos supranacionales como la Unión Europea, tomaron nota de esta resolución para endurecer las medidas de la lucha antiterrorista, especialmente en lo que a la financiación se refiere.

De este modo, el 27 de diciembre de 2001 el Consejo Europeo modificó la anterior lista de medidas específicas con el fin de luchar contra el terrorismo. En la posición común del Consejo se definía a las personas o grupos terroristas de tal forma que se entendía por acto terrorista «el acto intencionado que, por su naturaleza o su contexto, pueda perjudicar gravemente a un país o a una organización internacional tipificado como delito según el Derecho nacional», y cometido con el fin de, entre otras cosas, intimidar gravemente a una población, obligar a Gobiernos a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, desestabilizar gravemente o destruir las estructuras políticas fundamentales, atentados contra la vida o la integridad física, la toma de rehenes, causar destrucciones masivas a instalaciones públicas, la dirección o financiación de grupos terroristas, etc.

En esta Posición común se adjuntaba una lista de personas y organizaciones terroristas entre las que figuraban muchos miembros de ETA y la organización ETA como tal.

Condena internacional a ETA : El 26 de febrero de 2002, el gobierno de los Estados Unidos emitió una orden por la que se añadía a ETA (y con ella a Euskal Herritarrok, Herri Batasuna, Jarrai-Haika-Segi, Gestoras Pro amnistía) a su lista de terroristas y organizaciones terroristas, así como a algunos terroristas de esta organización.

La Guardia Civil ha recogido los nombres de los incluidos en esta lista para especificar algunas acciones terroristas que han llevado a cabo.

El 19 de abril de 2002, el Consejo de Ministros aprobó la remisión a las Cortes del proyecto de nueva Ley de Partidos Políticos, tras los informes favorables del Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado.

Tras la aprobación de la Ley de Partidos políticos, las instituciones judiciales trataron de hacer cumplir la nueva norma. Así, el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón decretaba en un auto con fecha 26 de agosto de 2002 la suspensión total de actividades de Batasuna, así como la clausura de sus sedes y su página web, con la prohibición expresa de efectuar ningún acto político o de propaganda.

Con la aprobación de la ley y esta suspensión, el gobierno, a través de Abogado del Estado presentaba una demanda ante el Tribunal Supremo para la ilegalización del Batasuna. Asimismo, la fiscalía presentaba también una demanda ante la justicia motivando una petición igual.

Después de estudiar estas dos demandas, el 27 de marzo de 2003 el Tribunal Supremo en una sentencia resolvió ilegalizar Batasuna tras considerar probado que la creación de este partido político fue un hecho instrumental por parte de la banda terrorista ETA, y que forma parte de ella.

En la reunión del Consejo Europeo del 5 de junio de 2003, se acordó la ampliación de la lista de personas y organizaciones terroristas. En esta ampliación, se incluyó a Batasuna (y como alias de ella a Herri Batasuna y Euskal Herritarrok), y a Jarrai-Haika-Segi, consideradas como un bloque común, y algunas otras organizaciones de la izquierda abertzale, todas ellas consideradas por la UE parte "del grupo terrorista ETA".

El 26 de enero de 2004, el diario ABC desvelaba que el entonces primer consejero de la Generalidad de Cataluña, Josep-Lluís Carod-Rovira se había entrevistado los días 3 y 4 de enero en la localidad francesa de Perpiñán con dirigentes de ETA y que supuestamente ultimaba un pacto con la banda terrorista según el cual ésta se habría comprometido a no atentar en Cataluña a cambio de que el líder de Esquerra Republicana de Cataluña proclamara una declaración independentista en favor del derecho de autodeterminación de los pueblos. El mismo día, y tras la publicación de la información en ABC, el propio Carod-Rovira confirmó la reunión, aunque aseguró que, pese a haber hablado de política, no había llegado a ningún "pacto, ni ningún acuerdo ni ninguna contraprestación, porque no hablaba en nombre de ningún gobierno". Pidió disculpas a la Generalidad por no haber informado y por hacerlo cuando era el número dos de la misma, tras lo cual presentó su dimisión, que fue aceptada por el presidente de la Generalidad, Pasqual Maragall, permaneciendo como consejero sin cartera hasta el día 3 de febrero de 2004.

El 18 de febrero, ETA anunciaba una tregua únicamente para el territorio de Cataluña con el "deseo de unir los lazos entre el pueblo vasco y el catalán". El entonces presidente del gobierno, José María Aznar, declaró que este anuncio era la contribución de ETA a "esta estrategia repulsiva, promovida por Esquerra Republicana de Catalunya". El líder del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, opinaría que "el contenido del comunicado de establecer una tregua en Cataluña es absolutamente rechazable e inadmisible y, desde luego, debe tener consecuencias políticas". El presidente de la Generalidad, Pasqual Maragall diría "Que digan que no matarán en Catalunya nos indigna más todavía por lo que tiene de perversión. No queremos el perdón de ETA. Nos repugna". Por su parte, Carod-Rovira, insitió en que en su reunión no se llegó a ninguna clase de pacto a la vez que pidió su extensión al resto del Estado español, el abandono de las armas y que dejara de matar.

El 11 de marzo de 2004 se produjeron en Madrid atentados mediante diez explosiones de bombas en trenes de pasajeros. En un primer momento se atribuyó el atentado a ETA, debido a que el día de Nochebuena de 2003 la Policía Nacional detuvo en San Sebastián y Hernani a dos etarras que habían dejado dinamita en un vagón presuntamente preparado para estallar en la estación de Chamartín de Madrid; y el día 1 de marzo de 2004, la Guardia Civil detuvo en la provincia de Cuenca una furgoneta con 536 kg de explosivos, impidiendo un atentado en la capital española.

Los representantes de Batasuna negaron esta hipótesis; asimismo, una persona que hablaba en nombre de ETA llamó a la televisión pública vasca (ETB) y negó toda responsabilidad por los atentados del 11-M, este comunicado tuvo credibilidad ya que la voz del interlocutor era muy similar a la que anunció la tregua de ETA en Cataluña.

El mismo día de los atentados del 11 de marzo de 2004, cuando el gobierno español del Partido Popular señalaba como segura la autoría de ETA (ver Reacciones políticas a los atentados del 11 de marzo de 2004), en la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se aprobó una resolución en la que se condenaba en los términos más enérgicos los atentados. Ante las presiones del representante español, se accedió a atribuir los atentados al grupo terrorista ETA.

Los atentados del 11-M tuvieron gran repercusión dentro y fuera de España, afectando a varias políticas contra el terrorismo.

En la declaración de solidaridad adjunta se establece que los Estados miembros actuarán en un espíritu de solidaridad en el caso de que uno de ellos sea víctima de un atentado terrorista, movilizando todos los instrumentos de que dispongan, incluidos los medios militares para prevenir la amenaza terrorista, proteger las instituciones democráticas y la población civil, y aportar asistencia al Estado si sus autoridades políticas así lo solicitan.

El 8 de octubre de 2004 el Consejo de Seguridad recordaba que "los actos criminales, inclusive contra civiles, cometidos con la intención de causar la muerte o lesiones corporales graves o de tomar rehenes con el propósito de provocar un estado de terror en la población en general, en un grupo de personas o en determinada persona, intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto, o a abstenerse de realizarlo, que constituyen delitos definidos en los convenios, las convenciones y los protocolos internacionales relativos al terrorismo y comprendidos en su ámbito, no admiten justificación en circunstancia alguna por consideraciones de índole política, filosófica, ideológica, racial, étnica, religiosa u otra similar e insta a todos los Estados a prevenirlos y, si ocurren, a cerciorarse de que sean sancionados con penas compatibles con su grave naturaleza".

El juez instructor acerca de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, Juan del Olmo, sin embargo, no ha encontrado indicio alguno sobre la supuesta participación de ETA en los mismos.

Un sector ideológico, vinculado principalmente al Partido Popular, sostuvo la participación, ya sea logística o directa, de ETA en el 11-M y su decisiva influencia en el resultado de las posteriores elecciones que dieron la presidencia del Gobierno al PSOE. dicha hipótesis fue largamente apoyada por parte de algunos medios de comunicación como El Mundo o Libertad Digital y el periodista Luis del Pino.

El juez Javier Gómez Bermúdez en su sentencia sobre el atentado negó cualquier tipo de vinculación entre el 11-M y ETA.

En las elecciones del 14 de marzo de 2004, tras los atentados del 11 de marzo en Madrid, contrapronóstico y debido en parte a la sensación de que el gobierno popular había gestionado mal la crisis posterior a los atentados, el Partido Socialista alcanzó el Gobierno y su presidente, Rodríguez Zapatero anunció un nuevo "talante" en su política y especialmente en materia antiterrorista. La activa oposición realizada por el Partido Popular acosó continuamente al Gobierno por lo que el PSOE y el PNV recuperaron la sintonía de finales de los años 80, basando su política antiterrorista en el diálogo pero sin anular las medidas adoptadas anteriormente por los populares.

El 4 de octubre de 2004 la policía francesa lanzó una operación contra el aparato logístico de ETA en la que se realizaron 20 detenciones. Entre ellos estaban Mikel Albizu Iriarte, Mikel Antza, y su compañera sentimental, Soledad Iparragirre, Anboto, máximos responsables de la banda, junto con otros dirigentes destacados. Se descubrieron cuatro zulos con una gran cantidad de armamento, muy superior a la que se estimaba en su poder; también se intervino material con información sobre ETA y se requisó la imprenta con la que se editaba el boletín interno, aunque no se localizó ninguna suma importante de dinero. La operación fue calificada como la más importante desde las detenciones en Bidart en 1992. En medios afines a ETA se restó importancia a los hechos, señalando que la dirección de ETA tendría en breve nuevos responsables. España solicitó la extradición de Mikel Antza y Anboto mediante una euroorden.

ETA no cometió asesinatos desde el 30 de mayo de 2003 hasta el 30 de diciembre de 2006, aunque durante ese periodo se sucedieron infinidad de actos de "violencia de baja intensidad". Durante el 2004 se detuvieron entre España y Francia a más de 130 personas por su vinculación con ETA y la organización parecía dar síntomas de estar en sus momentos más bajos, teniendo en cuenta además el rechazo internacional propiciado por los atentados de los grupos islamistas radicales. La masacre de Madrid y la repulsa nacional e internacional a los atentados islamistas de Londres o Nueva York hicieron surgir ciertas voces en el entorno de la organización que se oponían a continuar con unas prácticas terroristas tan denostadas aa nivel mundial.

El 14 de noviembre de 2004, Batasuna organizó un acto político multitudinario en el Velódromo de Anoeta, que su portavoz, Arnaldo Otegui, presentó como "un acto ilegal de una organización ilegal". En ese acto se formalizó su propuesta para la "superación del conflicto", que sería asumida también por ETA y gran parte de la izquierda abertzale, en la que se apostaba “por la paz” y “por la utilización de vías exclusivamente políticas y democráticas” para resolver “el conflicto vasco”. Esta propuesta se basaba en el establecimiento de dos mesas de diálogo. La primera entre el gobierno y ETA para tratar el tema del cese de las actividades terroristas, y la segunda mesa, constituida por todos los partidos políticos, pero al margen del Parlamento vasco, para debatir el tema político.

Solo pocas horas después hacían explosión dos bombas en Navarra a las que siguieron otras más que no causaron víctimas y Batasuna no condenó los atentados.

Después de múltiples intentos de atentados frustrados por la policía y la guardia civil, la banda ETA propuso una tregua poco antes de las elecciones del 17 de abril de 2005 al Parlamento Vasco. La respuesta del gobierno fue una petición a ETA para que abandonase las armas como condición de cualquier negociación. Entre todas las fuerzas políticas españolas de las Cortes (partidos políticos vascos incluidos) había consenso en que el Estado no haría concesiones de tipo político a la banda terrorista.

Un mes después, el 19 de junio, ETA anunciaba que suspendía desde el 1 de junio sus acciones terroristas contra cargos políticos electos, teniendo en cuenta lo que, en su opinión, había sido el fracaso del pacto antiterrorista. Esta tregua fue matizada unos días después para aclarar que las Autoridades del Estado y quienes tienen responsabilidades de gobierno están excluidos de esta medida y por tanto sí pueden sufrir atentados.

Hasta marzo de 2006, ETA continuó colocando bombas en instalaciones de entidades públicas, de empresas del País Vasco, y en vías de comunicación. Sin embargo, señalizó la mayor parte de las bombas colocadas a lo largo de 2005 y 2006 con avisos como "Peligro bomba".

En 22 de marzo de 2006 ETA anuncia mediante un comunicado remitido a Euskal Irrati Telebista (EITB), la Radio Televisión Vasca, y al diario en euskera Berria un alto el fuego permanente a partir del día 24 de marzo de 2006 con la intención de impulsar un proceso que culminase con un nuevo marco político. En este comunicado instaba a España y Francia a que cesasen lo que consideran la represión hacia ellos.

Al día siguiente ETA difundió otro comunicado aclarando que el cambio político busca la superación del marco actual, que es de "negación, partición e imposición".

El 29 de junio de 2006, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, informó a los medios de comunicación, en una declaración institucional en el vestíbulo del Congreso de los Diputados, del inicio del diálogo con ETA, tras el alto el fuego.

Durante la tregua se iniciaron contactos entre representantes del Gobierno socialista y el entorno de ETA, pero ese verano surgieron diferencias irreconciliables que tuvieron como consecuencia el bloqueo de la situación y, por parte de ETA, el 18 de agosto de 2006 se realizó un comunicado en tal sentido. Ambas partes se comprometieron a dar un giro a la situación invitando a participar en dichos contactos al PNV.

Finalmente el acuerdo se rompió, culpándose mutuamente los intervinientes por ello según el rotativo abertzale Gara, y el 5 de junio de 2007 ETA anunció mediante un comunicado enviado a dicho diario y a Berria que daba por finalizado el alto el fuego iniciado el 22 de marzo de 2006 y que la vuelta a las armas se hará efectiva a partir de las 0:00 del 6 de junio.

El presidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero dijo en comparecencia en el Palacio de la Moncloa que "ETA vuelve a equivocarse" y solicitó el "apoyo unánime de los demócratas al gobierno" mientras que el líder de la oposición Mariano Rajoy le solicitó al gobierno una rectificación en su política antiterrorista. ETA deja atrás con este comunicado 439 días de tregua.

El 30 de diciembre de 2006 la explosión de una furgoneta bomba en el Aeropuerto de Barajas supone el fin del alto el fuego permanente. En este atentado murieron dos ecuatorianos (Diego Armado Estacio, de 19 años, y Carlos Alonso Palate, de 35).

Desde ese momento ha asesinado a varias personas más: los dos guardias civiles Fernando Trapero, de 24 años, y Raúl Centeno, de 23 (1 de diciembre de 2007); el ex-concejal socialista de Mondragón Isaías Carrasco (7 de marzo de 2008, dos días antes de las elecciones generales); el guardia civil Juan Manuel Piñuel, el día 14 de mayo de 2008, en un atentado perpetrado en la casa-cuartel de Villarreal de Álava (Legutiano) (Álava).

El 20 de mayo de 2008 cae la cúpula de ETA con la detención de Thierry.

A mediados del mes de septiembre de 2008, fueron consideradas terroristas diversas organizaciones como "Gestoras Pro Amnistía" y su sucesora "Askatasuna", por su vinculación con ETA; en el fin de semana siguiente, ETA atentó con tres coches bomba contra la sede de la policía autonómica vasca (Ertzaintza) en Ondárroa, la nueva sede de la Caja Vital en Vitoria y el Patronato Militar Virgen del Puerto de Santoña, en Cantabria, asesinando en este último atentado al brigada de artillería Luis Conde de la Cruz.

A finales de 2008 la cúpula de ETA cae dos veces en tan sólo tres semanas: el 17 de noviembre detienen a Txeroki y el 8 de diciembre hacen lo propio con Aitzol Iriondo. Esta detención fue seguida por otros dos etarras que iban a acompañarle; Eneko Zarrabeitia y Aitor Artetxe. En la localidad guipuzcoana de Irún, ese mismo día son detenidos otros tres etarras, que fueron quienes llevaron a Eneko Zarrabeitia y Aitor Artetxe a entrevistarse con Aitzol Iriondo; se realizaron varios registros en Getxo, dando como resultado la detención de dos presuntas terroristas en Getxo y Berango. La madrugada del 15 al 16 de diciembre, se detienen cuatro miembros "legales" de ETA en Guipúzcoa, tres en San Sebastián y otro en Pasaia; Arkaitz Landaberea, June Villarrubia, Julen Etxaniz y Saioa Urbistazu.

El 31 de diciembre de 2008, ETA colocó una bomba en la Sede Central de la cadena pública de radio y televisión Euskal Irrati Telebista en Bilbao, en un edificio que EiTB comparte con la Hacienda Foral de Vizcaya, la aseguradora Lagun Aro y otros medios de comunicación como Antena 3, Onda Cero, Deia, El Mundo, Marca y Expansión.

El lema de ETA es bietan jarrai («adelante con las dos», es decir, con la contundencia del hacha y la fuerza de la serpiente, en la lucha militar y en la política). Su emblema consiste en una serpiente envolviendo un hacha, y fue creado por Félix Likiniano, veterano antifranquista exiliado en Francia. Este emblema inspiró un símbolo utilizado en el sello de los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación): un hacha y una serpiente con la cabeza cortada.

Con frecuencia a ETA se la vincula con el llamado Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV), formado por distintas organizaciones independentistas vascas, como los partidos y agrupaciones electorales Batasuna, Euskal Herritarrok y Herri Batasuna (ilegalizados en España), el movimiento juvenil Segi (antes Haika, antes Jarrai y Gazteria, también ilegalizados), el sindicato LAB, Gestoras Pro Amnistía (también ilegalizada) y otras, que asumen unos principios comunes, dentro de lo que llaman izquierda abertzale (ezker abertzalea en euskera, que se traduciría como izquierda patriótica o izquierda nacionalista). Sus postulados ideológicos se resumen en la alternativa KAS. Aunque muchos miembros de organizaciones consideradas afines al MLNV no apoyan la lucha armada, la banda terrorista ejerce una influencia central como principal organización y referencia del Movimiento. En instrucciones de procesos del juez Baltasar Garzón se considera a varias de estas organizaciones y sociedades como parte de ETA. En 2005 comenzó el juicio contra varios representantes de este tipo de organizaciones, dentro del proceso 18/98 y siguientes.

Se organiza en distintos «comandos», cuyo objetivo es atentar en una zona geográfica determinada, coordinados por una dirección o «cúpula militar». Además, suelen tener redes de refugios o «casas seguras», y zulos («agujero», en vasco), lugares ocultos donde suelen esconder armas y explosivos. Además, varios ex-militantes viven en países latinoamericanos autodenominándose como refugiados políticos. Entre sus miembros se distingue entre los «legales», o miembros no fichados por la policía; los «liberados», o refugiados en Francia; o los «quemados», que son los que están libres tras ser detenidos.

Muchos miembros de la organización han fallecido por diversas circunstancias, principalmente en enfrentamientos armados con la policía.

Lleva a cabo gran parte de sus atentados en el País Vasco español y Navarra, aunque frecuentemente su actividad se extiende a otras zonas de España. En el pasado ha tenido contactos con grupos como las FARC y, especialmente, el Ejército Republicano Irlandés Provisional (IRA), y sus miembros han recibido entrenamiento en Argelia, Libia, el Líbano y Nicaragua.

Desde su creación en 1968 ETA ha asesinado a 839 personas, de las cuales 353 eran civiles (el 42%) y 486 policías o militares (el 58%). Asimismo desde 1978, año de aprobación de la actual Constitución española, y 1995, de las 623 víctimas de ese periodo únicamente 10 eran políticos (el 1,6%). Sin embargo, desde 1995 de los 93 asesinatos perpetrados 26 eran personalidades políticas (el 27,96%), de los cuales 16 eran concejales, 5 dirigentes o ex-dirigentes de partidos no nacionalistas y 5 cargos institucionales. De esto se observa que ETA desde mediados de los noventa apostó fuertemente por el asesinato de personajes de la vida política frente a otros sectores.

En la siguiente gráfica se observa la evolución del número de asesinatos por año desde 1968.

En atentados indiscriminados con bomba, ETA ha matado también a niños y ancianos (atentado contra el centro comercial "Hipercor" en junio de 1987 con muerte de 21 personas y 45 heridos), turistas extranjeros y familiares de objetivos terroristas, principalmente a familiares de guardias civiles que se encontraban en las casas cuartel contra las que ha atentado (cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza el 11 de diciembre de 1987 que causó 12 víctimas o casa-cuartel de Vic en mayo de 1991 que causó la muerte de nueve personas). Generalmente avisa con antelación de los atentados con bomba contra objetivos civiles, no haciéndolo en el caso de objetivos militares. En algunas ocasiones, se han producido fallos en el sistema de avisos empleado ocasionando numerosas víctimas, como en el caso del atentado contra el citado centro comercial en el que finalmente, por sentencia judicial, se reconoció la responsabilidad del Estado por la tardanza en evacuar dicho centro al considerarse una falsa alarma, habiendo avisado ETA 35 minutos antes de producirse la trágica explosión.

ETA ha secuestrado a 77 personas y 1980 fue su año con más víctimas sumando un total de 99 asesinados. Se calcula que el perjuicio ocasionado por ETA solo en el País Vasco podría ascender entre 9.000 y 12.000 millones de euros, según estimaciones realizadas por Mikel Buesa, profesor de la Universidad Complutense, y Baltasar Garzón, juez de la Audiencia Nacional .

Se estimaba en 2002 que el presupuesto anual de ETA era de unos dos millones de euros y disponía en esa fecha de unos 500 militantes activos.

Una de sus vías de financiación más conocidas, y que en 2002 podía llegar a suponer el 75% de los ingresos de la banda, es el llamado «impuesto revolucionario», por el que ETA obliga a pagar a empresarios y profesionales cualificados de Euskal Herria (especialmente del País Vasco español, pero en ocasiones también del País Vasco francés) bajo amenazas de asesinato, secuestros y daños contra propiedades. También ha cobrado rescates por secuestros. Parte del material empleado lo consiguen mediante robos. Han sido frecuentes los robos de automóviles que luego eran utilizados como coches-bomba o para huir del lugar de un atentado. También cometía de vez en cuando robos en almacenes de explosivos. Menos frecuentemente, robaban dinero en metálico, troqueladoras y material para falsificar placas de matrícula. En sus primeros años, robaban también material de imprenta para difundir sus escritos.

Entre 2004 y 2007 se realizaron investigaciones de posibles 296 operaciones financieras vinculadas financiación de ETA.

Durante la dictadura franquista, los presos de ETA permanecían en prisiones militares. Desde la transición, se les recluye en centros penitenciarios civiles.

Alegando la necesidad de evitar que ETA impidiera mediante coacción la reinserción de sus presos, anteriormente agrupados en cárceles del País Vasco y Navarra, el gobierno del PSOE decidió la dispersión de los presos de ETA por las cárceles de todo el país. Esta medida antiterrorista fuera del ordenamiento penitenciario se justifica políticamente en intentar que los presos etarras no formen un grupo de presión en las cárceles vascas y ha provocado rechazo, especialmente desde sectores nacionalistas, que proclaman su ilegalidad. . En un estudio sociológico llevado a cabo por la Universidad del País Vasco en 1999, el 80% de los encuestados se mostraba favorable a que dicho acercamiento se llevara a cabo y un 9% en contra, considerando en parecido porcentaje que dicha medida facilitaría la pacificación, al igual que la desaparición del "terrorismo callejero" y las amenazas .

A mediados de 2005, la Dirección de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior español cifraba en 544 los miembros o colaboradores de ETA en prisiones españolas, de los que 24 se encontrarían en el País Vasco. La asociación de familiares de presos de ETA, "Etxerat", reducía a 507 la cifra de miembros de ETA encarcelados en España, de los que sólo 14 se hallarían en centros del País Vasco. Una parte importante de los reclusos de ETA se encuentran en las seis prisiones de la Comunidad de Madrid, entre ellos, la mayoría de los que tienen juicios pendientes, ya que los procesos por terrorismo se celebran en la Audiencia Nacional. Según Etxerat había unos 110 miembros de ETA en estas seis prisiones. El resto estaban repartidos por otras cárceles de España.

En Francia, según Etxerat, había 153 miembros de ETA encarcelados, repartidos por 30 centros penitenciarios, 109 de los cuales se encontraban en las nueve cárceles del distrito de París, debido en parte a que es allí donde se sitúan los tribunales centrales que juzgan este tipo de causas. Ningún miembro de ETA se encuentra encarcelado en prisiones del País Vasco francés; además había cinco presos de ETA en dos cárceles de México y uno en el Reino Unido.

En 2008 con 670 se alcanzó la cifra más alta de presos encarcelados de ETA (lo que suponía un incremento del 35% respecto del 2006) de los que 413 cumplían condena y 201 se hallaban en prisión preventiva, el resto se encontraba en prisiones fuera de España. José María Sagardui "Gatza", encarcelado en 1980, es el preso que llevaba más tiempo encarcelado.

Según la citada organización Etxerat el número ascendía a 762 presos repartidos en 85 centros de reclusión que estaban alejados de sus domicilios una media de 630 kilómetros, encontrándose 14 de ellos en las cárceles del País Vasco y Navarra. 157 estarían repartidos en 33 centros franceses.

En 2008 la Audiencia Nacional, órgano judicial con sede en Madrid encargado del procesamiento de delitos de terrorismo en España, juzgó a 81 etarras en 45 juicios, en los que 21 acusados resultaron absueltos.

En la siguiente gráfica se observa la evolución del número de presos del Movimiento de Liberación Nacional Vasco desde 1978.

La cuestión de los presos de ETA ha sido motivo de negociación en la decena de veces que ETA ha decidido supender sus acciones y las negociaciones con el gobierno español , así durante la tregua de 1999 el Gobierno del Partido Popular presidido por José María Aznar acercó a 135 presos etarras a cárceles próximas al País Vasco y Navarra y concedió 42 terceros grados en cumplimiento de lo dispuesto por el Congreso de los Diputados español que aprobó en noviembre de 1998 una moción de IU a la que se sumó el PP, y fue aprobada unánimemente, sobre el acercamiento de los presos por la que se instaba al gobierno español a poner en práctica "una nueva orientación, consensuada, dinámica y flexible, de la política penitenciaria en la forma que mejor propicie el final de la violencia" aunque tras la ruptura de las negociaciones esta política jamás se llevó a cabo. La única oposición a esta medida partió de la "Asociación de Víctimas del Terrorismo" (AVT) que criticó duramente la postura del Partido Popular, considerando la dispersión como la mejor medida antiterrorista .

A finales del 2008 el Gobierno socialista, en respuesta a una información publicada en prensa, manifestó que algunos presos de la banda habían sido acercados a sus domicilios y otros alejados solicitando discreción por motivos de seguridad y Rubalcaba reclacando que la política penitenciaria era "un instrumento más en la lucha antiterrorista".

En el mismo sentido, durante el 2009, dirigentes históricos de ETA como "Santi Potros" (Santiago Arrospide Sarasola), con pena de prisión hasta el 2030 al ser condenado por el ya citado atentado contra Hipercor y que rechazaba la lucha armada fue acercado desde Cádiz a Zaragoza, mientras que otros presos de ETA y sus organizaciones satélites fueron alejados al sur de la península .

Así mismo, mediáticamente se ha utilizado a los presos reinsertados o que condenan la violencia para erosionar a ETA y por su parte la organización ha realizado grandes esfuerzos para controlar y aunar las opiniones de este colectivo .

ETA disponía de un considerable apoyo social durante el franquismo, periodo en que asesinó a Luis Carrero Blanco, pero la transición a la democracia y su progresiva radicalización le hicieron ir perdiendo apoyos, lo cual se hizo especialmente patente con el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, que generaría un gran rechazo en la sociedad. Su pérdida de simpatizantes fue tan grande que la plataforma Euskal Herritarrok perdió la mitad de sus votantes tras la ruptura de la tregua.

Actualmente, su apoyo social es minoritario. Según el Euskobarómetro (estudio sociológico realizado por un equipo de profesores de la Universidad del País Vasco) de noviembre de 2005, más del 60% de los vascos rechazaba totalmente a ETA. Un 17% opinaba que en el pasado su violencia había estado justificada, pero en el momento de la encuesta no. Un 12% compartía sus fines, pero no sus métodos violentos. Un 3% justificaba parcialmente la acción ETA, criticando sus errores, mientras que sólo un 0,4% la apoyaba totalmente.

El debate sobre la tortura en España está profundamente ligado a la historia de ETA. Las torturas que algunos detenidos han sufrido por parte de las fuerzas policiales españolas, fundamentalmente durante la dictadura franquista, han contribuido al deterioro de la imagen de la administración española, a la radicalización de ETA, y a su captación de miembros. Y, a la inversa, la escalada en la adopción por ETA y otros grupos de métodos violentos permite que aún después de la transición, se mantengan medidas como los interrogatorios sin abogado, o la potestad de retener a un detenido incomunicado durante cinco días sin permitirle contactar con su defensa o su familia. Precisamente, uno de los primeros asesinados por ETA fue Melitón Manzanas quien, como jefe de la Brigada Político-Social de San Sebastián, había torturado a numerosos opositores al régimen franquista.

Las denuncias por torturas no cesaron con la Constitución de 1978, desde el Gobierno español se afirma que las denuncias son falsas y que se deben a una consigna de ETA a sus militantes. Fuentes próximas a la organización denuncian la muerte de varios de sus militantes de ETA debido a las torturas recibidas bajo régimen de incomunicación . Los detenidos acusados de pertenecer a ETA alegan en muchos casos haber recibido torturas que no dejarían lesiones duraderas (asfixia, agresiones sexuales, golpes o presión en los genitales, golpes con objetos romos, descargas eléctricas, exposición al frío, amenazas). Cuando los acusados presentan marcas de lesiones al acabar la incomunicación, las fuerzas de seguridad alegan que se las han autoinfligido los propios detenidos a sí mismos o bien que son resultado de caídas o de forcejeos en los que los agentes se han limitado a defenderse. .

Las asociaciones de la llamada izquierda abertzale suelen ser las más activas en la denuncia de la práctica de torturas contra sus simpatizantes, dando crédito a todas las denuncias. Por el contrario, PP, PSOE y los sindicatos policiales niegan que la tortura sea una práctica extendida, reconociendo sólo los casos confirmados por sentencia judicial.

Por parte de éstos últimos se señala que las denuncias de torturas son una estrategia de ETA al haberse encontrado a manuales de instrucción etarras, intervenidos por la policía durante determinadas detenciones, en los que se aconseja a sus miembros denunciar torturas si son detenidos; así, en enero de 2008 fueron incautados a los etarras Igor Portu y Martin Sarasola, el primero, ingresado en la UCI al dia siguiente de su detención , un manual titulado Atxiloketari Aurre Eginez, 2º zkia (Haciendo frente a la detención, segundo volumen), en el que se informa a los miembros de la banda terrorista: "Sé listo, no vas a ser devuelto otra vez a comisaría (...) Lo peor ya ha pasado. Por tanto, decirle al forense que escriba que te han torturado tanto física como psicológicamente". Tras abandonar las dependencias policiales y ser conducidos a la Audiencia Nacional, "la pesadilla ha terminado", no van a ser devueltos a "manos del enemigo". En ese momento deben comunicar que: "Todo lo declarado en dependencias policiales es mentira. Son declaraciones hechas bajo tortura" Aun conociendo de antemano esas instrucciones, el ministro de interior Alfredo Pérez Rubalcaba ha subrayado que se investigan todas las denuncias, ya que "los primeros interesados en que esas investigaciones se lleven a cabo" son el Gobierno y la Guardia Civil .

La Organización de las Naciones Unidas ha enviado en varias ocasiones a España a Theo van Boven y Martin Scheinin, en función de relatores contra la tortura. Durante su última visita (en mayo de 2008), Scheinin (en sus valoraciones provisionales) solicitó a las autoridades españolas la derogación del régimen de incomunicación de los detenidos y que se reforme el régimen especial de la Audiencia Nacional ya que, a su juicio «se conculcan derechos y crea deficiencias estructurales –no permite la posibilidad de recurrir ante un tribunal superior– en el funcionamiento democrático de la Justicia». Además, Scheinin alertó sobre la tendencia del sistema judicial español a calificar como «terrorismo» delitos que no lo son, manifestando que «cuando se empieza a caer por esa pendiente se corre el riesgo de conculcar muchos derechos».

Otras entidades, como Human Rights Watch no confirman la tortura aunque creen que se podría mejorar las garantías para evitarla. Amnistía Internacional, por su parte, afirma en su informe «Sal en la herida», que aunque "no cree que los malos tratos a manos de funcionarios españoles encargados de hacer cumplir la ley sean algo habitual, basándose en sus investigaciones la organización no está de acuerdo con la afirmación de que constituyen hechos aislados, de cuya comisión sólo cabe responsabilizar a unos cuantos agentes de policía deshonestos." En el mismo informe "Amnistía Internacional presenta algunas recomendaciones a las autoridades españolas que la organización considera que contribuirían a prevenir los malos tratos y a poner fin a la impunidad de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley responsables de tales actos". Gesto por la Paz de Euskal Herria, y partidos políticos como IU, PNV o EA mantienen sus reservas sobre la mayoría de las denuncias, aunque dan credibilidad a algunos casos, aun sin sentencia firme, cuando el detenido sale del periodo de incomunicación con lesiones que ha sido fuente de gran controversia para la opinión pública (como en el caso de Unai Romano ) o cuando la víctima tiene un amplio prestigio social (como en el caso de Martxelo Otamendi, director de Egunkaria).

En este sentido, en 2006 el Gobierno Vasco accedió a las peticiones de Amnistía Internacional y anunció que la Ertzaintza grabaría en vídeo los periodos de incomunicación de los detenidos. Tras tres años sin ninguna denuncia de tortura hacía este organismo, en el 2009 la Ertzaintza aplicó la incomunicación por primera vez en ese periodo al detenido Manex Castro, quién denunció torturas, la familia además, al no recibir información sobre el estado y paradero del detenido denunció que la Ertzaintza no había cumplido su propio protocolo. La portavoz del gobierno vasco Miren Azkarate confirmó que se había grabado el periodo de incomunicación, sin embargo, estas grabaciones no se han hecho públicas.

El tema de ETA ha sido tratado en novelas como Gálvez en Euskadi y Gudari Gálvez de Jorge Martínez Reverte, Operación Ogro de Eva Forest, Esos cielos de Bernardo Atxaga o Exkixu, novela del ex-militante de ETA José Luis Álvarez Enparantza Txillardegi. También es tocado en forma tangencial por Manuel Vázquez Montalbán en el primer capitulo de su obra Galíndez, sobre el exilado vasco asesinado por el dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo.

Al principio



Source : Wikipedia