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Publicado por grag 19/03/2009 @ 14:09

Tags : onu, organizaciones internacionales, internacional

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Resolución 3379 de la Asamblea General de la ONU

La resolución 3379 de la Asamblea General de la ONU, aprobada el 10 de noviembre de 1975 por 72 votos a favor, 35 en contra y 32 abstenciones, equiparó al sionismo con el racismo en general y con el apartheid sudafricano en particular, y llamó a su eliminación . La resolución —que era de carácter declarativo y no vinculante—, referencia frecuente en los debates sobre sionismo y racismo, fue anulada por la resolución 4686 del 16 de diciembre de 1991, una de las más cortas de la historia de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Tras la Guerra de los Seis Días, en la cual resultaron derrotados los Estados árabes, se inició una ofensiva diplomática en la ONU y en otras tribunas internacionales por parte de Egipto y Siria para recuperar los territorios perdidos, al tiempo que se aprovisionaban de armamento moderno proporcionado por la Unión Soviética. La Guerra de Yom Kipur fue el intento por recuperar esos territorios mediante el uso de la fuerza, ya que se negaban a toda negociación con la "entidad sionista". Israel logró conservar los territorios en disputa y, pese a ser el agredido en esa ocasión, no hizo sino agravar su aislamiento diplomático, mientras la causa palestina ganaba muchos enteros fuera también del área de influencia árabe, gracias a la presión petrolera que ejercían los países árabes pero también a la imagen de Israel como potencia invasora.

La resolución 3379 de la ONU sólo puede entenderse en el contexto de la aritmética de bloques de la Guerra Fría, con los países árabes, socialistas y no alineados votando juntos, conformando una mayoría automática en la ONU que condenó sistemáticamente a Israel en repetidas ocasiones. Esa situación dio como resultado más de veinte resoluciones de la ONU contrarias a Israel (3089, 3210, la 3236, la 32/40, etc.), sumadas a las que adoptaron agencias dependientes como la Unesco, la Organización Internacional del Trabajo o la Organización Mundial de la Salud, que no sólo exigían la retirada israelí de los territorios ocupados, sino que pusieron directamente en duda la legitimidad del Estado de Israel y sus fundamentos ideológicos. Es en ese contexto, como corolario a esa desigual ofensiva diplomática, donde se produjo la resolución 3379, que deslegitimó de raíz una de las bases de la existencia de Israel, el sionismo, al equipararlo al racismo.

Aunque la resolución 3379 fue derogada en 1991 por iniciativa estadounidense, cumplió el objetivo de sus promotores de proscribir internacionalmente a Israel.

Patrocinada por: (25 estados) Afganistán, Arabia Saudita, Argelia, Bahréin, Cuba, Dahomé, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Guinea, Iraq, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Mauritania, Marruecos, Omán, Qatar, República Árabe del Yemen, República Democrática Popular del Yemen, Somalía, Sudán, Siria y Túnez.

A favor: (72 estados, 47 más los 25 patrocinantes) Albania, Bangladesh, Brasil, Bulgaria, Burundi, Cabo Verde, Camboya, Camerún, Chad, Checoslovaquia, Chipre, Gambia, Granada, Guinea Bissau, Guinea Ecuatorial, Guyana, Hungría, India, Indonesia, Irán, Laos, Madagascar, Malasia, Maldivas, Malí, Malta, México, Mongolia, Mozambique, Níger, Nigeria, Paquistán, Polonia, Portugal, República Democrática Alemana, República del Congo, República Popular China, RSS de Bielorrusia, RSS de Ucrania, Ruanda, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Sri Lanka, Tanzania, Turquía, Uganda y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

En contra: (35) Australia, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Canadá, Costa de Marfil, Costa Rica, Dinamarca, El Salvador, Estados Unidos de América, Fiji, Finlandia, Francia, Haití, Honduras, Islandia, Irlanda, Israel, Italia, Liberia, Luxemburgo, Malawi, Nicaragua, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Panamá, Swazilandia, Suecia, Reino Unido, República Centroafricana, República Dominicana, República Federal Alemana y Uruguay.

Abstención: (32) Alto Volta, Argentina, Bolivia, Birmania, Botswana, Bután, Chile, Colombia, Ecuador, Etiopía, Filipinas, Gabón, Ghana, Grecia, Guatemala, Jamaica, Japón, Kenia, Lesotho, Mauricio, Nepal, Papúa Nueva Guinea, Paraguay, Perú, Sierra Leona, Singapur, Tailandia, Togo, Trinidad y Tobago, Venezuela, Zaire y Zambia.

La resolución 46/86 de la Asamblea General de la ONU revocó la determinación que figuraba en la resolución 3379 del 10 de diciembre de 1975, la cual, a pesar de que era sólo de carácter declarativo y no vinculante, significaba una dura condena al sionismo al considerarlo tan racista como el apartheid, además de abogar por su eliminación. Carece de considerandos y es una de las más cortas de la historia de las Naciones Unidas. Resultó aprobada el 16 de diciembre de 1991 con un total de 111 votos a favor, 25 en contra y 13 abstenciones.

Al principio



Resoluciones de la ONU sobre el conflicto árabe-israelí

Son numerosas las resoluciones de Naciones Unidas que afectan al conflicto árabe-israelí, emitidas tanto por el Consejo de Seguridad como por la Asamblea General. Las resoluciones de la Asamblea son no vinculantes; las resoluciones del Consejo de Seguridad se han dictado en virtud del Capítulo VI de la Carta de las Naciones Unidas, siendo el Capítulo VII prácticamente el único que permite la adopción de resoluciones vinculantes, en interpretación literal de la Carta. La Corte Internacional de Justicia, en una opinión consultiva no vinculante (pero que, como todas las resoluciones de la CIJ, es jurisprudencia internacional ) acerca de Namibia, de 21 de junio de 1971, interpretó que, en base a los artículos 24,2 y 25 de la Carta, el Consejo de Seguridad tiene poderes generales, por lo que éste puede adoptar decisiones obligatorias al margen del Capítulo VII (véanse párrafos 108 y ss. de la opinión, especialmente el 113). Sin embargo, muchos expertos legales y diferentes personas y organismos, interpretando literalmente la Carta, tienen la opinión, de nulo valor jurídico, de que estas resoluciones del Consejo de Seguridad, al adoptarse al margen del Capítulo VII, no tienen carácter vinculante.

La resolución 181 de la Asamblea General de Naciones Unidas, votada el 29 de noviembre de 1947, recomienda la partición de Palestina en un Estado judío, un Estado árabe y una zona bajo régimen internacional particular. 14.000 km², con 558.000 judíos y 405.000 árabes para el Estado judío, 11.500 km², con 804.000 árabes y 10.000 judíos para el Estado árabe, 106.000 árabes y 100.000 judíos para la zona bajo control internacional que comprende los Santos Lugares, Jerusalén y Belén. Entre los dos estados se debe establecer una unión económica, aduanera y monetaria. Aprobada por 33 votos (incluidos los Estados Unidos y la URSS), frente a 13 votos en contra y 10 abstenciones (incluido Gran Bretaña que espera tras la resolución de los problemas mantener su influencia), esta resolución fue rechazada por los árabes y criticada por los sionistas, que a pesar de todo se adhirieron a ella. La resolución jamás será aplicada y seis meses después de su aprobación, el 15 de mayo de 1948, el mismo día en que finalizó el mandato Británico de Palestina y fue proclamado el Estado de Israel, comienza la primera guerra árabe-israelí.

La resolución 194 fue adoptada el 11 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de Naciones Unidas. La Asamblea decidió, a consecuencia de la expulsión forzada de centenares de miles de palestinos: "que hay lugar para permitir a los refugiados que lo deseen regresar a sus hogares lo más pronto posible y vivir en paz con sus vecinos, y que se deben pagar indemnizaciones a título de compensación por los bienes de aquellos que decidan no regresar a sus hogares y por todos los bienes que hayan sido perdidos o dañado, en virtud de los principios del derecho internacional o en equidad, esta pérdida o este daño debe ser reparado por los gobiernos o autoridades responsables".

Adoptada por unanimidad en el Consejo de Seguridad el 22 de noviembre de 1967, seis meses después de la guerra de los seis días, la resolución “exige la instauración de una paz justa y perdurable en Oriente Medio”, que pasa por “la retirada del ejército israelí de los territorios ocupados durante el reciente conflicto” y el “respeto y reconocimiento de la soberanía y la integridad territorial y la independencia política de cada Estado de la región, y su derecho a vivir en paz en el interior de fronteras reconocidas y seguras, al abrigo de amenazas y actos de fuerza”. La versión inglesa es más ambigua, habla de los “territorios” lo que probablemente podemos traducir como “el territorio”. Esta resolución, permanece en todas las negociaciones posteriores, sentando las bases de la paz en el Oriente Medio: la evacuación de Israel de los territorios ocupados y el reconocimiento por los Estados árabes del derecho de Israel a la paz dentro de unas fronteras estables.

Adoptada por el Consejo de Seguridad el 22 de octubre de 1973, durante la guerra del Yom Kippur, la resolución confirma la validez de la resolución 242 y recomienda el alto al fuego y el inicio de las negociaciones en vista de “instaurar una paz justa y duradera en el Oriente Medio”.

Adoptada por el Consejo de Seguridad el 22 de marzo de 1979, esta resolución declara que la creación de asentamientos por parte de Israel en los territorios árabes ocupados desde 1967 no tiene validez legal y constituye un serio obstáculo para el logro de una paz completa, justa y duradera en el Oriente Medio. Además, exhorta a Israel para que, como potencia ocupante, respete escrupulosamente el Convenio de Ginebra relativo a la protección de personas civiles en tiempo de guerra, rescinda sus medidas anteriores y "desista de adoptar medida alguna que ocasione el cambio del estatuto jurídico y la naturaleza geográfica y que afecte apreciablemente la composición demográfica de los territorios árabes ocupados desde 1967, incluso Jerusalén, y, en particular, que no traslade partes de su propia población civil a los territorios árabes ocupados".

Fue adoptada, con la única abstención de los Estados Unidos, por el Consejo de Seguridad el 20 de agosto de 1980, tras la aprobación de la Ley de Jerusalén por el Parlamento israelí el 30 de julio de 1980, que proclamó a la ciudad de Jerusalén, "entera y unificada", como capital de Israel. La resolución "censura en los términos más enérgicos" la Ley de Jerusalén y afirma que esta ley es una violación del derecho internacional y no afecta a la continua aplicabilidad en Jerusalén del Convenio de Ginebra relativo a la protección de personas civiles en tiempo de guerra. Además, determina que la Ley de Jerusalén y todas las demás medidas y actos legislativos y administrativos adoptados por Israel, la potencia ocupante, que han alterado o pretendan alterar el carácter y el estatuto de Jerusalén "son nulos y carentes de valor y deben dejarse sin efecto inmediatamente". La resolución "no reconoce" la Ley de Jerusalén y demás medidas de Israel y hace un llamamiento a todos los miembros de la ONU para que acaten esta decisión y para que retiren las representaciones diplomáticas que hayan establecido en Jerusalén. La resolución también afirma que la Ley de Jerusalén es un serio obstáculo para el logro de una paz completa, justa y duradera en el Oriente Medio.

Aprobada por unanimidad por el Consejo de Seguridad el 17 de diciembre de 1981, tras la anexión de facto de los Altos del Golán por Israel, la resolución resuelve que "la decisión israelí de imponer sus leyes, su jurisdicción y su administración al territorio sirio ocupado de los Altos del Golán es nula y sin valor y no tiene efecto alguno desde el punto de vista del derecho internacional". Además, se exige que Israel revoque su decisión de inmediato.

Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas del 22 de noviembre de 1974 que reafirma el “derecho inalienable de los palestinos a regresar a sus hogares y recuperar sus bienes desde donde quiera que se encuentren desplazados y desarraigados y pide su retorno” y el derecho de la autodeterminación del pueblo palestino.

La resolución del Consejo de Seguridad del 7 de octubre de 2000, aprobada por 14 votos a favor y 1 abstención (Estados Unidos) "condena los actos de violencia, particularmente el recurso al uso excesivo de la fuerza contra los palestinos, que han provocado heridos y la pérdida de vidas humanas" y "deplora el acto de provocación cometido el 28 de septiembre del 2000 en el Haram al-Charif de Jerusalem, del mismo modo la violencia que ha tenido lugar a continuación tanto aquí como en otros Santos Lugares".

La resolución 1559 fue adoptada por el Consejo de Seguridad el 2 de septiembre de 2004. Hace un "llamamiento para que se respete estrictamente en todo el Líbano la soberanía, la integridad territorial, la unidad y la independencia política del Líbano bajo la autoridad única y exclusiva del Gobierno del Líbano". Para ello, pide que todas las fuerzas extranjeras restantes se retiren del Líbano (en ese momento, Siria ocupaba militarmente el Líbano, por lo que criticó la resolución ) y exhorta a que "se disuelvan y desarmen todas las milicias libanesas y no libanesas". En 2006, la resolución sigue sin ser cumplida, dado que la milicia chií pro-iraní Hezbolá no se ha disuelto y sigue controlando militarmente buena parte del sur del Líbano.

Al principio



Cúpula de la Sala de los Derechos Humanos de la ONU

La Cúpula de la Sala XX de los Derechos Humanos y de la Alianza de Civilizaciones de la ONU, también conocida como La Capilla Sixtina de la ONU o La Capilla Sixtina del siglo XXI, es una obra pictórica desarrollada por el artista Miquel Barceló que decora el techo de la Sala de los Derechos Humanos de la ONU en el Palacio de las Naciones de Ginebra, en Suiza.

Los trabajos comenzaron el 10 de septiembre de 2007, en lo que anteriormente era la cúpula blanca de la sala de la ONU y finalizaron nueve meses después, el 10 de junio de 2008, día en el que Barceló puso su firma en el centro de la cúpula considerándola terminada. La obra, de 1.400 m², fue inaugurada el 18 de noviembre de 2008 por el rey Juan Carlos I de España, el presidente de gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero y el secretario general de la ONU Ban Ki-moon. El escritor Rodrigo Rey Rosa, es autor de un libro donde se cuentan los nueve meses de trabajos de la cúpula.

La obra fue concebida como "una metáfora de lo que representa Naciones Unidas", en opinión del Miquel Barceló. La cúpula representa una cueva que es barrida por olas y con miles de afiladas estalactitas que resume su idea del mundo: un planeta-cueva que reúne a los hombres y que viaja al futuro. Ocupa 1.400 metros cuadrados y fueron necesarios 35.000 kilos de pintura. De ellos, 22.000 kilos fueron de color verde base, azules y grises para la preparación del gran lienzo y otros 13.000 de amarillos, lapislázuli y rojos que cubren las estalactitas, algunas de ellas de más de 50 kilos de peso, y las olas que arrancan de los distintos puntos cardinales. Para su ejecución, además de Barceló, fue necesario un equipo de quince personas.

Para modernizar el Palacio de Naciones se pidieron donaciones a los países miembros, ya que es un edificio viejo que necesita una gran renovación. España fue de los primeros en contribuir con una sala multifuncional, a la vez que simbólica y artística. Tras la renovación, la Sala XX tendrá un aforo de 750 personas, además de un diseño flexible para organizar diferentes tipos de reuniones. Un 10% de los asientos está dedicado a sillas de ruedas de minusválidos. El 60% del costo sería aportado por empresas privadas y el Estado español el 40% restante de los 20 millones de presupuesto. De ellos, Miquel Barceló cobrará en torno a seis millones de euros.

La obra ha levantado polémicas, en especial por su coste. El representante permanente de España para la sede europea de la ONU, Javier Garrigues, ante las presiones recibidas de los medios de comunicación y del propio artista, tuvo que hacer público su coste. El presupuesto global para la renovación de la cúpula fue de 18,5 millones de euros, más una derivación del 10%. En total, 20,35 millones de euros. Confirmó, además, que se utilizó una partida de 500.000 euros de los Fondos de Ayuda al Desarrollo (FAD), lo que justificó por la contribución de esta obra de arte a la promoción de los derechos humanos y el multilateralismo.

Barceló declaró que la fundación ONUART está obligada "a dar todas las cifras y que sean públicas" y advirtió de que, si no se hacía así, él mismo lo exigiría. La ONUART, está amparada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Además, cuenta con la financiación de empresas privadas. Fue creada para patrocinar la obra de Barceló en Ginebra, con motivo del 70 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos.

El Partido Popular calificó de "irregular, inmoral e ilegal" emplear el Fondo de Ayuda al Desarrollo para costear la obra de arte. Por ello, el Partido Popular quiso reprobar al ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, por usar medio millón de euros del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) para costear la bóveda. La solicitud no tuvo exito.

También ha habido polémica sobre la calidad de la construcción. Según La Tribuna de los Derechos Humanos, que se edita en Ginebra, parte de la cúpula de Barceló se ha deteriorado e incluso amenza con desprenderse parte de ella. Según esta fuente, la ONU intenta ocultarlo.

Al principio



Plan de la ONU para la partición de Palestina de 1947

El 29 de noviembre de 1947 la Asamblea General de las Naciones Unidas, reunida en Nueva York, aprobó la Resolución 181, la cual recomendaba un plan para resolver el conflicto entre judíos y árabes en la región de Palestina, que se encontraba en esos momentos bajo administración británica. El plan de la ONU proponía dividir la parte occidental del Mandato en dos Estados, uno judío y otro árabe, con un área, que incluía Jerusalén y Belén, bajo control internacional. La incapacidad del gobierno británico para llevar a cabo este plan, junto con la negativa de los países árabes de la región a aceptarlo, tuvo como consecuencia la guerra árabe-israelí de 1948.

La Organización de las Naciones Unidas nombró un Comité Especial para Palestina con la misión de resolver la disputa entre judíos y árabes de Palestina, la UNSCOP, compuesto por representantes de once países. Para garantizar la neutralidad de este comité, se decidió que ninguna de las grandes potencias estuviera representada. Después de varios meses de auditorías y encuestas sobre la situación en Palestina, la UNSCOP emitió un informe oficial el 31 de agosto de 1947. La mayoría de los países de la comisión (Canadá, Checoslovaquia, Guatemala, Holanda, Perú, Suecia y Uruguay) recomendó la creación de dos estados separados, uno árabe y otro judío, con Jerusalén bajo administración internacional. Australia se abstuvo, y el resto de los países de la comisión (India, Irán y Yugoslavia) apoyó la creación de un único estado que incluyera ambos pueblos.

El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea Plenaria de la ONU votó el plan de partición recomendado por la UNSCOP, siendo el resultado final de 33 votos a favor, 13 en contra y 10 abstenciones, a la vez que hizo ajustes en los límites propuestos entre los dos estados. La partición tendría efecto a partir de la retirada de los británicos. La resolución no contemplaba ninguna disposición para ejecutar el Plan, lo cual tuvo consencuencias a la larga, ya que no fue posible aplicarla. Los Estados Unidos y la Unión Soviética estuvieron entre quienes votaron en favor de la resolución.

Los 33 países (58%) que votaron a favor de la resolución 181 fueron: Australia, Bélgica, Bielorrusia, Bolivia, Brasil, Canadá, Checoslovaquia, Costa Rica, Dinamarca, República Dominicana, Ecuador, Estados Unidos, Filipinas, Francia, Guatemala, Haití, Holanda, Islandia, Liberia, Luxemburgo, Nueva Zelandia, Nicaragua, Noruega, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Suecia, Sudáfrica, URSS, Ucrania, Uruguay y Venezuela.

Los 13 países (23%) que votaron contra la Resolución 181 fueron: Afganistán, Arabia Saudí, Cuba, Egipto, Grecia, India, Irán, Iraq, Líbano, Pakistán, Siria, Turquía y Yemen.

Los países que se abstuvieron fueron 10 (el 18%): Argentina, Colombia, Chile, China, El Salvador, Etiopía, Honduras, México, Reino Unido y Yugoslavia. Tailandia estuvo ausente en la sesión plenaria.

En ese entonces 57 estados eran los miembros de las Naciones Unidas, (hoy son 192). El mayor bloque lo constituían los 20 estados latinoamericanos (35% del total). Los países árabes e islámicos eran diez. Los países de Europa Occidental eran ocho. Los países comunistas eran seis. Los 14 estados restantes los constituían Estados Unidos, Canadá, China, Sudáfrica, Etiopía, entre otros.

La mayoría (13) de los 20 países latinoamericanos votó a favor de la partición. Seis países se abstuvieron y solo uno (Cuba, bajo la presidencia de Ramón Grau San Martín) votó en contra.

Los diez países árabes o islámicos votaron unánimemente en contra.

Cinco estados comunistas votaron a favor de la partición, con la abstención de Yugoslavia.

La mayoría de los habitantes judíos celebraron el plan para la creación de un estado judío, pero criticaron la falta de continuidad territorial del mismo, dividido en tres zonas separadas por vértices que lo hacían muy poco viable (y difícil de defender), al igual que el territorio asignado a los árabes. Los líderes árabes se opusieron al plan argumentando que violaba los derechos de la población árabe, la cual en ese momento representaba el 67% de la población total (1.237.000 habitantes), criticando además que la mayor parte de la tierra (el 54%, incluyendo el desierto del Néguev, que suponía el 45% de la superficie de todo el país) se adjudicaba al Estado judío, que consistía en el 33% de la población.

Apenas dos semanas después de aprobarse la resolución de la ONU, en una reunión pública celebrada el 17 de diciembre, la Liga Árabe aprobó otra resolución que rechazaba frontalmente la de la ONU y en la que advertía que, para evitar la ejecución del plan de partición, emplearía todos los medios a su alcance, incluyendo la intervención armada. La amenaza árabe, que finalmente cumplió, no tuvo ninguna respuesta por parte de Naciones Unidas.

El Reino Unido se negó a aplicar el plan de partición, argumentado que era inaceptable para las dos partes implicadas. Además rechazó compartir la administración de Palestina con las Naciones Unidas durante el periodo de transición recomendado por el plan, y abandonó Palestina el 15 de mayo de 1948, fecha en que expiraba el mandato británico y un día después de que Ben Gurión leyese la Declaración de Independencia en el museo de Tel Aviv (declaración que se adelantó un día a la salida del alto comisario británico para que no coincidiese con el shabat). En esa misma sesión del Consejo del Pueblo se aprovechó para derogar las leyes represivas y antiinmigratorias del Mandato Británico.

Fuera de Palestina y del mundo árabe, el nacimiento del Estado judío encontró un apoyo universalmente favorable, tanto en Occidente como en el bloque del Este. La Liga Árabe, sin embargo, a través de su secretario general, Azzam Pachá, lanzó esta advertencia anunciando la inminente invasión árabe: «Será una guerra de exterminio, una terrible matanza, comparable a los estragos de los mongoles y a las Cruzadas.» El futuro jefe de la resistencia palestina, Ahmed Chukeiry, afirma que la invasión tiene como objetivo «la eliminación del Estado hebreo» y la universidad islámica de El Cairo proclama la guerra santa contra el sionismo. En la noche del 15 de mayo de 1948, los ejércitos de Egipto, Transjordania, Siria, Líbano e Iraq cruzaron las fronteras y comenzaron la invasión del flamante Estado de Israel. La primera guerra árabe-israelí había comenzado.

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Source : Wikipedia