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Publicado por daryl 16/03/2009 @ 11:09

Tags : ongs, sociedad

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Libertad académica

Escudo de la Universidad de Leiden, pionera de la libertad académica.

Texto tomado, con modificaciones menores, de la "Recomendación relativa a la condición del personal docente de la enseñanza superior de 1997", que cuenta con el consenso de las 190 naciones que integran la UNESCO, recomendación abreviada de aquí en más como RRCPDES/97 .

La libertad académica o libertad de cátedra incluye la libertad de los profesores, estudiantes e instituciones académicas de tener como meta la búsqueda desinteresada de la verdad y del conocimiento, sin importar a dónde conduzca y sin una interferencia indebida o irrazonable.

La libertad académica es uno de los pocos derechos fundamentales o humanos restringidos a un ámbito específico: la educación superior (docencia e investigación).

Por su profunda influencia en la educación superior, el mantenimiento de este derecho humano es imprescindible para el desarrollo económico y social de un país.

Sin embargo, la libertad académica tiene límites. Por ejemplo, en los Estados Unidos, de acuerdo con la declaración de 1940 de la Asociación Americana de Profesores Universitarios <AAUP1940/>, los profesores tienen que tener cuidado de evitar tocar material controvertido que no está relacionado con el tema de enseñanza. Cuando hablan o escriben en los medios públicos de comunicación, tienen la libertad de expresar sus opiniones sin temor de censura o represión institucional, pero deben ser moderados e indicar claramente que no hablan en nombre de la institución que los alberga.

La titularidad (tenure, en inglés) o estabilidad en el cargo protege la libertad académica asegurando que los profesores puedan ser alejados de sus cargos solamente bajo debido proceso y por una causa justificada, como por ejemplo una evidente incompetencia profesional o por un comportamiento que evoque la condena de la comunidad académica por sí misma, es decir, que pueda ser demostrada ante terceros.

La libertad académica es un derecho necesario, porque las ideas originales, cuando nacen, son como capullos o cachorros; son débiles y no pueden sustentarse por sí mismas. Necesitan protección hasta que crecen, toman fuerza y son capaces de sostenerse por sí mismas. Frecuentemente las mentes mediocres, o aquellas con intereses particulares y mezquinos, consideran a las ideas originales como una amenaza, y dada la debilidad con que nacen, si no se las protege hasta que maduran, son fácilmente destruidas. Esta protección a las ideas recién concebidas la brinda precisamente la libertad académica. En ausencia de libertad académica, la sociedad y los individuos perderían con enorme facilidad algo tan valioso como una idea original.

Las naciones que componen la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) finalmente se pusieron de acuerdo sobre una definición de libertad académica, tanto teórica como operacional, en 1997, tras 40 años de deliberaciones. El documento correspondiente es la "Recomendación relativa a la condición del personal docente de la enseñanza superior de 1997" (RRCPDES/97).

En esta recomendación se definió el concepto básico (con las palabras indicadas en las primeras líneas de este artículo), y se proveyó además una definición práctica, que incluía en 77 artículos los distintos aspectos de este derecho humano y su modo de aplicación. Lo que es más importante, esta recomendación cuenta con el consenso de más de 190 naciones.

Los países que componen la UNESCO se comprometieron a incluir este principio en sus leyes y reglamentos institucionales (Universidades, Fundaciones, Centros de Investigación, etc.)(RRCPDES/97, Arts. 73-76). Hasta el momento ningún país ha cumplido con el compromiso asumido al aprobar la recomendación, y ninguna ley protege específicamente este principio de acuerdo con la definición de la UNESCO.

La libertad académica es un concepto mucho más amplio que la libertad de cátedra y la libertad de investigación. Y aunque la libertad académica está profundamente relacionada con la libertad de expresión (por ejemplo, en cuanto a la censura previa), tampoco son estos dos últimos conceptos equivalentes.

Las comunidades académicas son un frecuente blanco de represión debido a la posibilidad que tienen de manejar y controlar el flujo de información. Así, cuando intentan comunicar ideas o hechos que son inconvenientes a grupos políticos externos o autoridades, ellos se pueden convertir en el blanco de un ataque público, perder sus trabajos, su libertad, y hasta su vida. En los enlaces externos pueden encontrarse menciones de casos recientes de violaciones a la libertad académica.

La libertad de cátedra es un concepto que se originó en las universidades europeas medievales; fundamentalmente en los Países Bajos y Alemania. Las universidades, protegidas por Bulas Papales y Reales Ordenes, lograron una autonomía considerable, con libertad para administrar y crear sus propias facultades, y para determinar los programas de estudio. Sin embargo, durante los siglos XVIII y XIX, primero la presión de la Iglesia sobre ciertos temas y actitudes, y luego la de los gobernantes de las nuevas naciones o Estados emergentes, fue amenazando progresivamente la autonomía universitaria y la libertad académica. Se creó así un clima de tensión que perdura hasta nuestros días. Sin embargo, algunos estados fueron más flexibles e incluso impulsaron la libertad académica. Así, la Universidad de Leiden, en los Países Bajos, fundada en 1575, luego la Universidad de Göttingen en Alemania, fundada en 1737, y finalmente la Universidad de Berlín, fundada en 1811, sentaron las bases de la libertad académica. Se definieron así los conceptos de Lehrfreiheit (libertad de enseñar) y Lernfreiheit (libertad de aprender). Estos principios sirvieron de base para la estructura curricular de diversas universidades de Europa y de América, como la universidad de Harvard, en los Estados Unidos de América. Sin embargo, la trayectoria no ha sido fácil, con períodos de serias restricciones, sobre todo en los países bajo el régimen nazi (1933-1945) o comunista (1917-1991, y hasta la actualidad, en algunos casos aislados).

Las dificultades económicas de los países subdesarrollados o de aquellos bajo regímenes totalitarios, han sido probablemente un factor determinante para las serias restricciones a la libertad académica de los estudiantes, porque un programa de estudios que permita a los mismos elegir libremente diferentes materias, dentro de un gran abanico de posibilidades, es mucho más costoso que un programa fijo e igual para todos. Además, en general los regímenes más autoritarios no toleran la diversidad e individualidad, y consideran que todos los estudiantes tienen que graduarse con idéntica formación, algo que no ocurre si existe una variedad de materias optativas. Son dos criterios fácilmente distinguibles, como también lo es el éxito que ha tenido cada uno en lograr el objetivo fundamental de avanzar en el conocimiento.

La Constitución de los Estados Unidos ha servido de antecedente para las Constituciones de los países americanos y también de base para la Declaración de 1940 de la AAUP (véase más abajo). En dicha Constitución, la libertad de expresión está garantizada por la Primera Enmienda, que establece que "El Congreso no dictará ninguna ley ... que restrinja la libertad de expresión, o de prensa...".

Sin embargo, la libertad académica abarca una serie de derechos que no están contemplados en la libertad de expresión, como el derecho a elegir el tema que se dictará en clases, el derecho a la Titularidad, etc. Por lo tanto, la libertad de cátedra es cuando mucho parcialmente protegida por la Primera Enmienda. Algo similar ocurre con las Constituciones de los otros países americanos. En algunas Constituciones la libertad académica figura explícitamente como tal, pero no se encuentra definida, y como ya se explicó, no tiene sino un valor simbólico, porque ningún Juez defenderá un derecho que no está definido y menos si tiene que actuar en contra del poder de turno por defender a un individuo.

En la página " Academic Freedom" se indica que la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos protegería solamente a las Universidades públicas, pero no a los establecimientos privados o religiosos. Sin embargo, esto necesita verificación, porque en general los principios Constitucionales abarcan a todas las Instituciones de un país, sean públicas o privadas.

Más allá de las constituciones de cada país, la mayoría de los derechos que protege la libertad académica están garantizados por diversas Convenciones internacionales de la ONU, OEA, OIT y UNESCO, que se indican más abajo, en Leyes.

En ausencia de leyes que la garanticen en la práctica, la libertad académica está mejor protegida por los estatutos y reglamentos de las instituciones, cuando éstos la definen y salvaguardan, por los contratos individuales, por los cuadernos de los profesores, por los contratos gremiales y leyes laborales, y por el uso y costumbre en el ámbito académico. El problema surge cuando éstos no alcanzan, cuando el conflicto no puede resolverse dentro del ámbito académico y entonces se necesita la intervención de la justicia. En ausencia de leyes específicas, es poco lo que un juez puede hacer; mejor dicho, es poco lo que uno puede esperar de la justicia.

Sin duda esta declaración ha servido de punto de partida para otras declaraciones posteriores, como la “Declaración de Lima sobre libertad académica y autonomía de las instituciones de educación superior” Lima Declaration (English), aprobada por el Servicio Universitario Mundial (SUM) (World University Services (WUS)). También sirvió de base para la RRCPDES/97, esta última mucho más completa, documentada y con el consenso de todas las naciones que integran la UNESCO.

Sin embargo, el origen de este principio es muy anterior y se remonta a la Edad Media, en Alemania, los Países Bajos y Francia (véase Historia).

Un gran defensor de la libertad académica fue SS el Papa Juan Pablo II, como lo demuestra la “Constitución Apostólica del Sumo Pontífice Juan Pablo II sobre las Universidades Católicas”, denominada Ex Corde Ecclesiaey escrita en 1989. Este documento es anterior a la Recomendación de la UNESCO, RRCPDES/97, que es de 1997 y posterior a la de la AAUP, de 1940. Por esta Constitución deben regirse las Universidades Católicas Pontificias, es decir, aquellas que dependen directamente del Papa, del Vaticano.

Se indican aquí algunas leyes que defienden el principio de libertad académica, aunque en algunos casos sin una definición y en otros casos con una definición parcial y muy particular. Hasta ahora no existe ninguna Ley que defienda la libertad académica según ha sido definida por la UNESCO (docencia, investigación, estabilidad, resolución de conflictos, derechos, obligaciones, etc.).

Las ideas de la libertad académica como un derecho que asiste también a los estudiantes es de origen alemán, como ya se indicó. Es el concepto de Lernfreiheit o libertad de aprender. Implica que los estudiantes tienen la libertad de elegir su propio camino de estudio, tomando los cursos que ellos prefieran, en las universidades que ellos elijan. Estas ideas fueron trasportadas a los Estados Unidos en el siglo XIX por algunos alumnos que habían estudiado en universidades alemanas. Quien utilizó este método de manera más prominente fue Charles Eliot en la Universidad de Harvard, entre 1872 y 1897, cuando el único curso obligatorio era retórica.

En la actualidad, en la mayoría de las universidades de los Estados Unidos, este sistema de estudios tiene plena vigencia, con pocas materias obligatorias, muchas optativas, y con diferentes cátedras para elegir.

En ese país la libertad académica de los alumnos está regulada por la libertad de los Profesores de determinar qué puntos de vista son sustentados por los estándares de cada universidad, revisión de pares, y normas establecidas en sus disciplinas.

De acuerdo con una decisión de la Cámara de Apelaciones de los Estados Unidos, el derecho de los profesores a la libertad académica y libertad de expresión es fundamental en la vida académica. Por este motivo, los estudiantes en ese país no tienen el derecho a exigir que los tópicos contradictorios tengan el "mismo tiempo" de dedicación. Por otro lado, a un estudiante se le puede exigir que escriba un trabajo desde un punto de vista particular, aunque el estudiante no esté de acuerdo con ese punto de vista, siempre que ese requerimiento tenga exclusivamente un propósito pedagógico. Sin embargo, el derecho de los Profesores a determinar legítimamente los temas de estudio no puede llegar al punto de comprometer el derecho de los estudiantes a aprender en un ambiente libre de hostilidad. Asimismo, la palabra de un profesor está protegida solamente hasta el punto en que es pertinente al tema de estudio.

Esta política de los Estados Unidos encuentra bastante consenso en el resto del mundo. Sin embargo, en algunos países, la libertad académica de los estudiantes va más allá, llegando incluso al cogobierno universitario, un tema bastante conflictivo, sobre todo cuando la libertad académica de los estudiantes adquiere tal preponderancia que comienza a socavar la libertad académica de los Profesores de elegir los temas y los estándares de las materias.

El concepto de libertad académica como un derecho de los profesores (Lehrfreiheit, en alemán) ha sido generalizado en las culturas occidentales. En general, todos los países coinciden en el derecho de un profesor a investigar y publicar sus hallazgos sin restricciones, pero difieren con respecto a la libertad de un profesor en clase.

Bajo la tradición alemana, los profesores tienen la libertad de tratar de "convertir" a sus estudiantes a su sistema filosófico y punto de vista particular. De todos modos, los profesores no son estimulados o tiene prohibido expresar su punto de vista, particularmente si es político, fuera de clase. Con respecto a sus clases, no debe haber obligaciones particulares, ni contenidos predeterminados, y tampoco restricciones sobre un tema en particular.

En los Estados Unidos, la libertad académica es generalmente tomada como la noción de este concepto definida en la "Declaración de Principios sobre Libertad Académica y Estabilidad de 1940". Esta declaración fue hecha en conjunto por la Asociación Norteamericana de Profesores Universitarios (AAUP, en inglés) y la Asociación Norteamericana de Universidades (AAC). Esta declaración establece que los profesores tienen derecho a una total libertad para discutir su tema de enseñanza y estudio. . La AAUP trabaja en conjunto con colegios y universidades, incluidos los colegios privados y religiosos, para implementar estos principios como bases de los contratos con los profesores. Las casas de altos estudios que violan estos derechos quedan incluidas en una lista de instituciones censuradas.

En Francia, se espera que un profesor de una universidad pública francesa, o un investigador de un instituto público, como cualquier servidor público, se comporte de una manera neutral, y no favorezca en particular ningún punto de vista político o religioso durante el curso de sus obligaciones. Sin embargo, la libertad académica de los profesores universitarios es un principio fundamental reconocido por leyes de la República, como lo define el Consejo Constitucional de Francia (Constitutional Council. Más aún, la ley indica que los profesores-investigadores (profesores que se dedican principalmente a la investigación), los investigadores y los profesores son totalmente independientes y disfrutan de una total libertad de expresión en el curso de su trabajo de docencia e investigación, siempre que respeten, siguiendo las tradiciones universitarias y las disposiciones de la ley, los principios de tolerancia y objetividad. (Education Code, L952-2). La nominación y promoción de profesores se lleva a cabo sobre todo a través de un proceso de revisión por pares (peer review), en lugar de usar procesos administrativos directos.

La libertad académica de las instituciones se refiere fundamentalmente a su autonomía. En particular, a la libertad para nombrar los profesores, establecer los estándares, admitir los estudiantes y manejar el presupuesto y su balance entre docencia e investigación. Se distingue de cualquier otra libertad que se garantice a los estudiantes o profesores.

La titularidad (tenure) o estabilidad de los profesores en su cargo, o su equivalente funcional, es de primordial importancia para garantizar la libertad académica. Sin embargo, este derecho es un tema de discusión permanente, sobre todo en los ambientes más autoritarios.

La estabilidad, en general, se garantiza luego de un período de prueba, que en los países más desarrollados y con mayores garantías y libertades no excede de 3-5 años. Luego de ese período de prueba con pautas bien establecidas, el Profesor/ Investigador sólo puede ser removido por causa muy grave, que pueda demostrarse ante terceros.

La UNESCO, y por lo tanto la mayoría de las opiniones, sostiene que no puede existir libertad académica si el derecho a la estabilidad en el cargo no está garantizado. Quienes defienden este principio sostienen que, de lo contrario, un profesor/investigador podría ser alejado de la institución ante la menor crítica a una doctrina instituida (defendida por su institución o por terceros), o incluso ante la menor disputa con las autoridades institucionales o grupos antagónicos con poder y autoridad circunstanciales, cuyas decisiones nada tengan que ver con lo académico (grupos de poder, prebendas económicas o políticas, celos profesionales, administración fraudulenta, etc.).

La otra postura, contraria a la estabilidad en el cargo, sostiene que un profesor/investigador debería ser elegido con o sin demasiados requisitos previos; que eso no es importante, porque luego se lo evalúa periódicamente, y que, si no rinde lo esperado, se lo alejará del cargo. El problema con esta postura es determinar quién está realmente capacitado para hacer las evaluaciones y con qué criterios se harán. El gran dilema es saber si realmente es tan fácil juzgar la originalidad y valor de una idea. Ahora, precisamente por ser original, una idea o actitud podría superar la capacidad intelectual de los que pretenden ser sus jueces, quienes muy probablemente la interpretarían como una amenaza o como algo trivial. Evitar esto es precisamente uno de los objetivos de la libertad de cátedra. El riesgo en esta postura, contraria a la libertad académica y en general sostenida por grupos autoritarios que se consideran capaces de dirigir y administrar hasta las ideas originales, es que esa actitud puede generar un clima poco propicio para que las frágiles ideas originales maduren, se fortalezcan y prevalezcan.

La otra postura, la de la UNESCO, generalmente aceptada pero no suficientemente implementada, es que se pase en primer lugar por un riguroso examen de admisión, basado en los antecedentes del postulante, y luego por un período de prueba establecido de antemano, no muy extenso (3-5 años) y con pautas muy claras, cumplido el cual se le concede la estabilidad de por vida (frecuentemente hasta la jubilación, que es por cierto otro tema controvertido). Su implementación y aceptación no ha sido aún generalizada, debido precisamente a la oposición de los sectores más autoritarios. La Universidad de Harvard es una de las universidades de mayor prestigio con titularidad de por vida.

Quienes defienden una postura contraria a la estabilidad en los cargos, sostienen que ella constituye un problema serio, porque no es posible remover a los profesores/investigadores que no alcanzan un mínimo de "producción". Quienes defienden la estabilidad, en cambio, sostienen que éste es precisamente el precio de la libertad y que es un precio mínimo comparado con los beneficios de una libertad académica plena. Sostienen que es preferible tener algunos profesores/investigadores venidos a menos, que iniciar una casería de brujas en busca de estándares cientificistas que difícilmente se pueden evaluar ecuánimemente, y peor aún, bajo el riesgo de dejar sin protección o incluso de acallar las ideas más originales.

El enemigo más acérrimo de la libertad académica es sin duda el autoritarismo. Las sociedades donde prevalecen el autoritarismo o el corporativismo profesional, no toleran este derecho humano. Se lo ve como una amenaza inmediata a la autoridad, al poder, tal como ocurre con la libertad de prensa en las democracias débiles. Este es uno de los motivos por el que costó nada menos que 40 años lograr un consenso en la Unesco sobre lo que significa la libertad académica, sobre los diversos derechos y obligaciones que conlleva, y sobre los métodos adecuados para su aplicación, todos ellos incluidos dentro de la mencionada Recomendación relativa a la condición del personal docente de la enseñanza superior. El hecho de que finalmente se haya logrado un acuerdo nos muestra cuanto ha mejorado la relación entre las distintas culturas, ideas políticas y creencias, aunque aún falta mucho camino por recorrer. Nos muestra que vamos por buen camino, aunque algunas veces tengamos retrocesos alarmantes.

El derecho a la propiedad intelectual está también incluido dentro del marco de la libertad académica.

Véase La propiedad intelectual como derecho humano Boletín de Derecho de Autor, Vol. XXXV, no. 3, jul-sep 2001, UNESCO.

Otro derecho intrínseco a la libertad académica, y del que poco se habla, es el derecho de los profesores/investigadores a la exclusividad en el uso de los equipos o instrumentos adquiridos con subsidios propios gracias al producto de su labor intelectual, mientras dura el proyecto, y a la primera prioridad en su uso cuando el proyecto culmina (pero con obligación de compartirlos con sus colegas). Asimismo, el derecho a su traslado a otras instituciones cuando se traslada el profesor/investigador. Estos derechos y obligaciones no fueron considerados en la Recomendación de la UNESCO de 1997 y el debate en los organismos internacionales u ONGs al respecto ha sido nulo. En realidad, la propiedad es compartida entre la persona o institución que otorga los fondos, la institución que lo alberga y el investigador; pero nadie debería tener más derecho y es más idóneo para el uso de los equipos que el investigador que propuso la idea, el proyecto, que permitió hacer realidad su adquisición.

Hay que tener en cuenta que los equipos e instrumentos son al investigador como la pluma y el papel al escritor. Sin ellos es imposible elaborar y transmitir nuevos conocimientos. Son las herramientas básicas de un Investigador.

Uno de los derechos humanos menos reconocidos aún es el derecho a no ser discriminado por edad avanzada. Pocas constituciones defienden este derecho.

En los Estados Unidos, el "Acta contra la Discriminación por edad" (Age Discrimination Act) de 1975 protege este derecho para todas las reparticiones públicas y programas que reciban asistencia financiera federal. Pero no en muchos países existe una ley similar.

Por lo general, los profesores tienen la obligación de jubilarse después de los 60-65 años. Ellos son alejados compulsivamente de sus cátedras y laboratorios, sin importar si su capacidad física e intelectual están aún intactas, sin importar lo que aún puedan aportar a la sociedad. Sin duda la capacidad de producción disminuye paulatinamente con la edad, pero otras capacidades se incrementan, como la experiencia y la sabiduría. La literatura está llena de ejemplos de importantes aportes al conocimiento realizados por mujeres u hombres de edad avanzada.

Esta tendencia, común en la década de 1990, incluso en las empresas, comienza lentamente a revertirse en algunos países. Algunos profesores han comenzado a reclamar judicialmente su derecho constitucional (cuando éste existe) a no ser discriminados por edad (en Canadá, por ahora).

Están en juego aquí diversos valores, como la dignidad, la gratitud, y el reconocimiento a quienes nos precedieron. No se pretende que conserven el mismo espacio y recursos que tenían cuando estaban en la plenitud de sus carreras, pero al menos merecen, si desean continuar realizando su trabajo de docencia y/o investigación, un espacio digno, el espacio mínimo necesario para llevar a cabo esas actividades.

La solución a la falta de espacio y de recursos no es la discriminación por edad, sino la creatividad para lograr mayores recursos materiales y presupuesto.

La libertad académica establece que los profesores tienen libertad de enseñar y que los alumnos libertad de aprender. ¿Qué pasa cuando estas libertades se encuentran supuestamente en conflicto?

La Asociación Estudiantes por la Libertad Académica (Students for Academic Freddom o SAF), fue fundada para proteger a los estudiantes de una tendencia hacia una desviación liberal (de centro izquierda) en colegios (universitarios) y universidades. La organización alega haber recolectado numerosas declaraciones de estudiantes que aseguran que algunos de sus profesores hicieron caso omiso a su responsabilidad de mantener los temas controvertidos fuera de clase, y que en cambio enseñaron los temas desde un punto de vista ideológico. Como muchos de estos reclamos y derechos no están regulados, la organización realizó un anteproyecto de Ley llamado "Ley de Derechos Académicos" (Academic Bill of Rights), que fue presentado en muchas legislaturas estatales y en la Cámara de Diputados. Muchos ven a este preproyecto como un medio para instalar una tendencia conservadora en lugar de un punto de vista neutral.

La ironía, según muchos reclaman, es que dicha ley en realidad restringiría la libertad académica, y dejaría la educación en manos de legisladores y jueces motivados ideológicamente, en lugar de permanecer bajo la responsabilidad de los profesores.

De acuerdo con la AAUP, la propuesta "Ley de Derechos Académicos", más allá de su título, es un ataque a la libertad académica en sí misma: "Una premisa fundamental de la libertad académica es que las decisiones concernientes a la calidad de la educación superior deben ser hechas tomando como referencias los estándares de la profesión académica, e interpretada y aplicada por la comunidad de educadores que, por su experiencia y conocimiento, son los calificados para establecer dichos estándares".

La Ley de Derechos Académicos obligaría, según la AAUP, a las universidades a implementar el principio de neutralidad requiriendo el nombramiento de profesores "con un punto de vista hacia el refuerzo de la pluralidad de metodologías y perspectivas", un intento que reclaman como problemático porque "invita a que la diversidad sea medida por estándares políticos que difieren de los criterios académicos".

Esto es importante, porque ilustra la complejidad del tema. Por un lado, sin una ley específica, es muy difícil que la justicia pueda ser de ayuda alguna (véase la sección Leyes). Por otro lado, con una ley, de acuerdo con la forma en que sea dictada, se corre el riesgo de que, en lugar de los profesores, sean los políticos y los jueces los que terminen decidiendo qué debe enseñarse, algo que de por sí violaría la libertad académica. Quizá mejor que una ley para cada país sea una Convención de la ONU, ya que contaría con un gran consenso y quizá se evitaría la influencia del gobierno de turno en cada país. Sin duda, no es un tema simple.

La realidad es que a menudo se habla de libertad académica, sin siquiera saber de qué se habla. A tal punto, que Universidades de prestigio ni siquiera nombran la libertad académica en sus estatutos. En el mejor de los casos, se habla de libertad de cátedra y libertad de investigación, pero no de libertad académica. Esto parecería ser un resabio de otros tiempos, en el que el autoritarismo era la norma.

Algunas instituciones de diversos países, sí mencionan a la libertad académica en sus estatutos, pero aun así no la definen, que cómo ya se dijo, es equivalente o no mencionarla, ya que nadie puede aplicar lo que no conoce.

La ausencia de leyes específicas que defiendan la libertad académica crea enormes dificultades a los individuos que ven afectados sus derechos. Cuando esto ocurre, se ven obligados a acudir a jueces y tribunales que no tienen la menor idea del tema y actúan en el mejor de los casos sin criterio alguno. Asimismo, la lentitud del sistema judicial en casos como estos, no bien definidos, determina que la justicia llegue tarde, cuando el daño ya es irreversible. Y si el afectado acude a ONGs nacionales o internacionales, es poca la ayuda que puede lograr. En el primer caso, porque en general no interesan los casos individuales, sino aquellos resonantes, que pudieran tener alguna connotación política. En el caso del las organizaciones internacionales es aún más complicado, porque no pueden actuar hasta que no se hayan agotado todas las instancias en la justicia local. Por otro lado, los organismos internacionales como la OEA, la ONU y la Unesco, solamente atienden casos en que los Estados están involucrados y no casos individuales (y los que sí los atienden, lo hacen cuando la justicia del país ya ha fallado en contra del afectado, y están agotadas todas las instancias judiciales). Además, no intervienen contra quién violó el derecho fundamental, sino contra el Estado que no fue capaz de protegerlo. Sin embargo, estos mecanismos son costosos y aún más lentos. La lentitud e ineficiencia determina que en la mayoría de los casos el afectado, agotado moral y económicamente, y probablemente enfermo síquica y físicamente, opte por renunciar a la defensa de sus derechos afectados y se resigne a sufrir los daños sin reparo alguno. De ahí la urgente necesidad de la sanción de leyes que específicamente defiendan la libertad académica, y fundamentalmente la de los más desprotegidos: los individuos.

Algunos artículos de la Recomendación de la UNESCO han sido criticados por su contenido o limitaciones . Evidentemente la discusión sobre el tema no está terminada y el debate continúa, aunque sin duda se ha avanzado mucho en este terreno.

Un avance ha sido también la formación del CEART, el Comité mixto OIT/UNESCO de expertos sobre la aplicación de las Recomendaciones relativas al personal docente.

Lamentablemente, la Recomendación de la UNESCO de 1997 es por ahora sólo eso, una recomendación, y no se ha podido avanzar aún hacia una Convención de la , u , que le daría fuerza de ley en los países que la suscribiesen. Tampoco se ha podido avanzar hacia la sanción de leyes que específicamente protejan la libertad académica en cada país. Es mucho el camino que queda por recorrer.

En este tema hay que ser muy realistas. Es importante que el lector no se haga la falsa ilusión de que sus derechos, tan bien defendidos por la Recomendación de la UNESCO de 1997 y por las distintas convenciones y declaraciones de la ONU, la OEA, la OIT, u otros organismos internacionales, serán fácilmente atendidos y defendidos por la justicia y por toda la comunidad. La realidad es precisamente todo lo opuesto.

Por su parte, la mayor parte de los organismos internacionales y ONGs prestan poca o nula atención a los individuos (a lo sumo recibirá una carta de apoyo, que no ayudará demasiado), ya que regulan primordialmente a los Estados y a los intereses de grupos, y difícilmente se ocupan de derechos individuales; con menos razón si la persona afectad no ha agotado todos los recursos locales (por el principio de no invervención en asuntos internos).

Esta es objetivamente la realidad, y es importante que se mencione, para que la persona afectada en su libertad académica no se haga falsas ilusiones y crea que el camino de la defensa de sus derechos es fácil y que a la larga logrará su meta de justicia. No es así, salvo en contados casos excepcionales y resonantes. Y es inútil que intente consultar a los organismos internacionales utilizando las páginas de web o el email, porque aunque éstas tengan páginas dedicadas aparentemente a ese fin, tampoco contestarán las consultas, a menos que se trate de denuncias formales, una vez agotadas todas las instancias locales. Es decir, actuarán cuando la persona interesada esté destruida y sin más recursos.

De ahí la gran importancia de la sanción de leyes específicas que defiendan la libertad académica en cada país, y preferiblemente según la definición de la UNESCO (que cuenta con un consenso internacional). La mejor forma de defender este derecho fundamental es lograr dicha meta. Hasta entonces, el otro camino disponible hasta ahora, el de la acción individual y directa, es sumamente difícil.

Y otras declaraciones o convenios suscritos más recientemente (consultar a los organismos correspondientes).

Al principio



Agua potable y saneamiento en Honduras

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La cobertura de servicios de abastecimiento de agua y saneamiento en Honduras ha aumentado significativamente durante las últimas décadas. Sin embargo los servicios evidencian deficiencias en cuanto a su calidad y eficiencia, y todavía persisten las brechas en cobertura, en especial en las zonas rurales.

En 2003 se aprobó una nueva Ley Marco del Sector de Agua Potable y Saneamiento. Esta ley prevé la descentralización de los servicios de la empresa nacional Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) a los municipios. También crea un ente rector y un regulador del sector. Sin embargo, las nuevas instituciones no son aún lo suficientemente fuertes y la descentralización ha sido un proceso lento. Hace falta también una política de financiamiento en el sector.

Los datos sobre el acceso a agua y saneamiento en Honduras varían mucho según la fuente de información. Por ejemplo, según la encuesta permanente de hogares del 2006, 81% de las viviendas tenían acceso a agua y 86% de las viviendas tenían acceso a saneamiento. En esta estimación las cifras sobre el acceso a saneamiento son mucho más altas que las cifras manejadas por el Joint Monitoring Program de la OMS y UNICEF en la tabla abajo.

Fuente: Programa de Monitoreo Conjunto OMS/UNICEF(JMP/2006). Datos para agua y saneamiento basados en la Encuesta Nacional de Salud Masculina (2001).

La calidad del servicio, comparada a la de otros países de América Latina, es baja.

En áreas urbanas, en 2006 el agua potable era desinfectada en el 75% de los sistemas y sólo se daba tratamiento al 10% del agua residual recolectada en 2006. En general el servicio de agua es racionado, evidenciando falta de capacidad de las fuentes de suministro, un consumo excesivo, o ambos. No hay datos recientes sobre la continuidad del servicio, pero la OMS señala que en el año 2000, el 98% de los sistemas urbanos de agua de Honduras trabajaban intermitentemente durante un promedio de 6 horas al día.

En areas rurales, se estima que en el 2004 un tercio de los sistemas prestaban un servicio continuo de 24 horas diarias, siete días de la semana. El 80% brindaba más de diez horas diarias de servicio. El 57% de los usuarios afirman tener racionamientos en epóca seca. El 88% de los sistemas no contaban con un hipocloardor funcional y solamente el 12% de los sistemas suministraban agua desinfectada.

El país tiene un potencial hídrico de 1,542 m³/s, pero en 2006 usó solamente 88.5 m³/s (6%) para consumo, incluidos 75 m³/s para el riego y 13.5 m³/s para el uso doméstico e industrial. Existen altos niveles de contaminación.

El caudal de las fuentes en El Picacho ha disminuido a causa de la deforestación en el parque nacional La Tigra. En el caso de la represa Los Laureles, la deforestación en la cuenca del Río Guacerique ha aumentado la sedimentación del reservorio, disminuyendo su capacidad de abastecimiento. Además de esto la urbanización de la cuenca ha aumentado la polución del agua en el reservorio.

Se estimó en un estudio de 1998 que la demanda para abastecer Tegucigalpa en el año 2010 sería aproximadamente entre 78 y 102 millones m³, si no se toman medidas para el ahorro de agua. Según información del SANAA se requiere la construcción de dos represas adicionales con una capacidad de 100 millones de metros cúbicos cada una para abastecer la capital. El déficit de agua en la ciudad seria del 50 por ciento.

Los sistemas de abastecimiento de agua por gravedad representan el 93 % del número total de sistemas construidos. Los sistemas por bombeo y mixtos representan un 4.5 % en total. La población rural dispersa depende en gran medida de pozos excavados, estimados aproximadamente en 15,000. en base a datos del Sistema de Información de Agua Rural (SIAR) del SANAA.

Actualmente se esta planificando una Ley General de Aguas para mejorar la gestión integrada de los recursos hídricos.

El consumo de agua per cápita en Honduras experimenta grandes fluctuaciones de una localidad a otra, y entre estaciones. Por ejemplo, en Tegucigalpa – que enfrenta grandes problemas de abastecimiento - el consumo asciende a 172 L/por persona/día, mientras que en los sistemas municipales pequeños es de 545 litros/por persona/día. Al menos en las zonas urbanas, el consumo es mucho mayor que, por ejemplo, en Europa Central, donde asciende a 135-200 litros/por persona/día.

De acuerdo con la Ley Marco del Sector Agua del 2003, las políticas sectoriales son definidas por el Consejo Nacional de Agua Potable y Saneamiento (CONASA), el cual es presidido por el Ministro de Salud. La regulación es responsabilidad del Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento (ERSAPS).

Antes de promulgarse la Ley del Sector de Agua y Saneamiento no existía el marco regulatorio para su aplicación en procesos descentralizados como los desarrollados en las ciudades de San Pedro Sula y Puerto Cortés. Con el propósito de crear un proceso sostenible, se constituyeron localmente instancias reguladoras de los contratos de concesión de los servicios de agua potable y saneamiento, tal como sucedió en la ciudad de Puerto Cortés donde se creó un ente regulador a nivel municipal que incluye representantes de la sociedad civil seleccionados por sus respectivos colegios profesionales (médicos, ingenieros y abogados).

Según la Ley Marco del Sector de Agua Potable y Saneamiento aprobada en 2003, y su subsiguiente reforma del 2008 el SANAA tendrá que transferir la administración de sus sistemas a los municipios al 2013.

Todos los sistemas urbanos de agua son públicos, salvo en San Pedro Sula, donde la ciudad ha suscrito en el 2000 un contrato de concesión para 30 años con un concesionario privado, y en Puerto Cortés en 1999 y en Choloma, donde los gobiernos locales han creados empresas mixtas.

El Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) desempeña un rol importante en el sector, puesto que una gran proporción de los fondos nacionales y de donantes destinados a Agua y Saneamiento se canalizan a través de esta entidad.

Las Juntas administradoras de agua rurales de Honduras han creado en 1990 una asociación nacional - la Asociación Hondureña de Juntas Administradoras de Agua, AHJASA - para proteger sus intereses. En 2004 contaba con una membresía de 500 Juntas en 8 departamentos, representando 380,000 usuarios. Las Juntas pagan 10-15% de los ingresos de tarifas a la asociación.

Así existen 50 Asociaciones de Juntas de Agua Municipales (AJAMs). Algunas AJAMs también reciben una parte de los ingresos tarifarios de las Juntas locales miembros de la AJAM, corespondiende a aproximadamente 5% de los ingresos. Algunas Asociaciones operan bancos de cloro para sus miembros.

Además, la mayoría de las municipalidades están asociadas en Mancomunidades, muchas de las cuales han formado unidades técnicas intermunicipales (UTIs) encargadas de la administración de proyectos de inversión. El Proyecto de Infraestructura Rural (PIR) del FHIS da apoyo a seis de estas Mancomunidades.

La Fundación Agua para Todos (FUNDAPAT), creada en 1992 en base de una inciativa de UNICEF, SANAA, la Cámara de Comercio y de Indústria de Tegucigalpa y de la Asociación de Medios de Comunicación (AMC). FUNDAPAT ha logrado extender servicios de agua potable a 105,000 personas en 104 comunidades, principalmente en el área metropolitana de Tegucigalpa. Las comunidades pagan la inversión sin intereses en un fondo rotatorio para mantener el capital de la Fundación y permitir la extensión del servicio a otros barrios. SANAA ha creado una unidad especial para apoyar estos proyectos en barrios pobres.

Desde hace más de cinco años, Geólogos del Mundo, contando como contraparte con la Agrupación de Suministros Industriales de España (ASIDE), está llevando a cabo estudios hidrogeológicos en varias zonas del país (Valle de Sula, Cordillera de mico Quemado, Valle de Jamastrán, Siguatepeque, etc) y abastecimientos de agua a varias poblaciones del Valle de Sula, Danlí y Siguatepeque.

Agua Para el Pueblo es una Organización No Gubernamental Hondureña que lleva 20 años desarrollando trabajos en agua y saneamiento. Sus variados aportes en términos de tecnologías, metodologías de abordaje y de fines conceptuales han sido importantes en el desarrollo del sub sector de agua y saneamiento del país. En la actualidad, APP como se conoce por sus siglas, está inmersa en un proyecto de renovación y de proyección de cara al nuevo marco jurídico sectorial (Ley Marco del Sub Sector de Agua y Saneamiento), donde se incluye el ensayo de nuevos enfoques de descentralización y participación de las municipalidades y el nivel local en la gestión para la construcción, administración y sostenibilidad de los sistemas de agua y saneamiento ambiental.

Las pérdidas de agua o, en términos más precisos, el agua no facturada, se estima en un 50% en la capital, Tegucigalpa, y en 43% en San Pedro Sula, muy por encima de lo que se estima como un nivel eficiente. El sistema de agua potable de Tegucigalpa tiene más de 9 empleados por cada 1,000 conexiones, unas tres veces más de lo que se considera un nivel eficiente.

Areas urbanas. La OMS estima que en el año 2000, la tarifa promedio de abastecimiento urbano de agua ascendía al equivalente de US$ 0.13 / m³ . Una familia residente en Tegucigalpa, con conexión domiciliaria, pagaba solamente US$2.45 al mes por el servicio de agua y US$ 0.50 al mes por el de saneamiento. La mayoría de los usuarios tienen una cuota fija por falta de micromedición o por falta de lectura de los medidores.

Es infrecuente que se autoricen alzas tarifarias y éstas son insuficientes para compensar la inflación, por lo que se genera una erosión de los niveles tarifarios reales. Las tarifas de los sistemas municipales tienden a ser aún más bajas que las de los sistemas operados por el SANAA. Según un estudio del Banco Mundial eso sugiere que en Honduras, el proceso de fijación de tarifas en el ámbito municipal puede ser más susceptible a las presiones políticas que en el ámbito nacional. El SANAA tiene una tarifa de alcantarillado sanitario que coresponde a 25% de la tarifa de agua.

Areas rurales. En areas rurales son las Juntas de Agua las que fijan el nivel de tarifas. La gran mayoría de las tarifas están concebidas como una cuota fija. La tarifa promedio en 2007 equivalía a 13.15 Lempiras (US$ 0.68) por mes y siendo entonces mucho menor que la tarifa de agua en Tegucigalpa.

En muchos municipios urbanos y localidades rurales los ingresos tarifarios no son suficientes para recuperar los gastos de operación y mantenimiento, sin hablar de los gastos de inversión.

En areas rurales, según un estudio realizado en el año 2004, 70% de las JAAS cobraban tarifas que cubrían gastos básicos de operación y mantenimiento del sistema. No obstante, la capacidad de acumulación de reservas es baja. El 80% de las JAAS reportaron dificultades en cobrar las tarifas.

No hay datos fiables sobre las inversiones en el sector de AYS en Honduras, ya que no existe una institución que recoja sistemáticamente las inversiones hechas por varias instituciones.

Según la Secretaría de Finanzas (SEFIN), se inviertieron US$ 262 millones en el sector de agua potable y saneamiento entre 1997 y 2006. Es probable que estas cifras sean una subestimación. Sin embargo, según estas cifras se invertieron en promedio US$ 4 per cápita por año. La inversión oscilaba entre US$ 1.1 y US$ 4.6, excepto en 2001 que fue excepcionalmente alto, llegando a US$ 16.9 per cápita. Este nivel muy alto se debió a las inversiones después del Huracán Mitch. Por otra parte, en el 2006 fue sólo de US$ 0.2 per cápita según SEFIN. Es posible que esta última cifra sea preliminar y no incluya todas las fuentes de inversión. El nivel promedio de inversión anual es parecido al de Costa Rica y México, pero más bajo que en Argentina, Perú y Colombia.

Se espera que el nivel de inversión en el sector aumente en la medida en que varios proyectos aprobados en los últimos años empiecen a desembolsar, tal como PROMOSAS y el Proyecto OBA financiados por el Banco Mundial.

Las necesidades de inversiones para lograr los Objetivos del Milenio para agua potable y saneamiento superan las inversiones históricas. Únicamente para lograr ofrecer un servicio a nivel de los 850 barrios con que cuenta el Distrito Central de Tegucigalpa, es necesario contar con más de 365 millones de dólares (Unos 6,935 millones de lempiras), de acuerdo a la Unidad Ejecutora en Barrios en Desarrollo del Sanaa.

La gran mayoría de las inversiones en el sector son financiadas por donantes externos. Sin embargo, en áreas rurales las comunidades contribuyen con un mínimo del 30% de la inversión en forma de mano de obra no calificada, materiales locales y en algunos casos en efectivo. A veces los municipios contribuyen también con recursos en efectivo para financiar estas inversiones.

El SANAA ha establecido una Unidad Ejecutora de Barrios en Desarrollo (UEBD) para mejorar el servicio a los barrios en desarrollo al margén de la capital con el apoyo de UNICEF y de otras agencias de apoyo externo.

Entre otros, el SANAA ha promovido desde 1995 la instalación de alcantarillado simplificado para reducir significativamente (más de 30%) los costos de inversión en estos barrios. Las comunidades han contribuido con un 50% de los costos. La inversión no es donada completamente a la comunidad, ya que la misma se devuelve parcialmente a un fondo rotatorio que es usado para reparaciones mayores. Se han construido alcantarillados sanitarios en 56 barrios, atendiendo una población de 47,550 habitantes.

El sector de agua y saneamiento en Honduras recibe un apoyo significativo en términos de financiamiento y de asistencia técnica de una gran variedad de donantes. La cooperación externa gubernamental y multilateral se describe en orden alfabético a continuación. El apoyo de ONGs se describe arriba en la sección sobre ONGs.

Alemania está apoyando al sector de agua a través de un programa multisectorial de desarrollo local en áreas rurales llamado Programa FHIS-KfW VI y VII del KfW (Kreditanstalt fuer Wiederaufbau), ejecutado por el FHIS. El proyecto transfiere recursos financieros directamente a comunidades para que ellos ejecuten subproyectos que escogen ellos mismos, bajo una modalidad llamada Proyecto de Ejecución Comunitaria (PEC). Esta modalidad se usa también en proyectos financiados por el BM y el USAID.

El proyecto interviene en las mancomunidades MANCURISJ en la Cuenca del Río San Juan en el departamento de Intibucá; COLOSUCA y CAFEG en el departamento de Lempira; y Río Higuito en Copán.

El Proyecto de Modernización des Sector de Agua y Saneamiento (PROMOSAS) es un proyecto de US$ 35 millones (con US$ 30 milliones a ser financiados por el Banco) aprobado en junio de 2007 y ejecutado por la Unidad Administradora de Proyectos (UAP) en la Secretaría de Finanzas. El proyecto apoya a la implementación del Plan Estratégico de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento, creando o fortaleziendo entes prestadores municipales de agua y saneamiento, particularmente en ciudades donde los servicios van a ser transferidos del SANAA a los municipios. Son eligibles para el componente de inversiones y de asistencia técnica los siguientes municipios:(Choloma, Choluteca, Comayagua, Danlí, El Progreso, La Ceiba, La Lima, Puerto Cortés, Siguatepeque, y otros municipios más pequeños que decidan de agruparse para formar una empresa de servicios públicos común. El proyecto busca también a reducir las perdidas de agua en Tegucigalpa y a fortalecer las instituciones del sector creados por la Ley Marco, tal como el ERSAPS y el CONASA.

El Proyecto de Infraestructura Rural (PIR) es un proyecto de US$ 47 millones aprobado en 2005 y ejecutado por el FHIS. Aproximadamente US$ 10 millones son previstos para inversiones de agua y saneamiento en seis mancomunidades del país: CRA en Santa Bárbara, Chortí en Copán, MANCEPAZ en La Paz, MAMNO en Olancho, Mambocaure en Choluteca y Guisayote en Ocotepeque.

El proyecto Barrio Ciudad es un proyecto de US$ 16.5 millones (con US$ 15 millones financiados por el Banco) aprobado por el Banco en julio de 2005 y ejecutado por el FHIS. Interviene en barrios marginales de las ciudades intermedianas del país, incluyendo Comayagua, Danlí, Santa Rosa de Copán, El Progreso, Villanueva y Choloma.

El Global Partnership on Output Based Aid (GPOBA) del Banco Mundial esta financiando un Proyecto de Ayuda en Función de Resultados (Proyecto OBA) de US$ 4.6 millones para la extensión de servicios de agua y saneamiento a 40,000 personas en áreas pobres. Es ejecutado por el FHIS y fue aprobado en junio de 2006. Mediante el proyecto OBA se transfieren recursos que son aplicados a subsidios directos a las tarifas o que subsidian las inversiones de capital requeridas para mejorar la prestación del servicio. Estos fondos son otorgados a proyectos de agua y saneamiento, que han resultado exitosos en la ejecución del programa de inversión y que han aplicado las reformas institucionales establecidas en la Ley Marco de Agua y Saneamiento.

El Programa de Agua y Saneamiento (PAS) del Banco Mundial brinda apoyo a Honduras a través de asistencia técnica y estudios.

En estos tres proyectos, agua potable y saneamiento van a figurar como uno de los usos principales del agua y va a tener un componente fuerte de inversión en el sector. Adicionalmente, se ve la disponibilidad de agua para el desarrollo económico sostenible como un elemento fundamental para la programación. En la región sur este puede incluir captación de agua de lluvia.

En el pasado, con el programa Pro-Mesas (2002-2008), Canadá apoyó la construcción de sistemas de agua potable y saneamiento en la Costa Norte (Tela, Tocoa, Río San Juan) y en Olancho (Río Telica). Además, se apoyan los procesos de declaratoria de microcuencas abastecedoras de agua, para asegurar la seguridad de las fuentes tanto en términos de calidad como cantidad.

Desde La Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Oviedo, la ONGD Geólogos del Mundo con ASIDE como contraparte hondureña, lleva cinco años desarrollando proyectos de abastecimento de agua en tres zonas del país, así como estudios hidrogeológicos .Al día de hoy (abril de 2008) más de 10.000 personas del Valle de Sula, Jamastrán y Siguatepeque, se han beneficiado directamente de estos proyectos.

Geólogos del Mundo tiene suscritos convenios con ESNACIFOR (Escuela Nacional de Ciencias Forestales), La Municipalidad de Siguatepeque y ECO-REDES (Fundación para la Restauración Ecológica y Desarrollo de Siguatepeque) para llevar a cabo un estudio hidrogeológico de Siguatepeque que ayude a un traspaso ordenado de las competencias del agua y saneamiento desde el SANAA (Servicio autónomo nacional de acueductos y alcantarillados) a la municipalidad y al COMAS (Comité de Agua y Saneamiento).

USAID ha apoyado el sector de agua y saneamiento en Honduras desde 1960. Ha sido particularmente activo en áreas rurales desde hace 1980. Entre 1980 y 2006 se han invertido aproximadamente US$ 56 millones. Con estos recursos se han construido o reconstruido 3,469 sistemas de agua potable en todos los departamentos de Honduras. Las principales contrapartes han sido el SANAA y la Dirección de Infraestructura Mayor del FHIS. Participaron también numerosas ONGs tal como la FUNDAPAT, Save the Children, PLAN de Honduras, Catholic Relief Services (CRS), Visión Mundial (World Vision), Proyecto Aldea Global (Global Village) y Water for the People. A través de la DIM-FHIS se construyerón una serie de proyectos especialmente alcantarillados sanitarios. Los sistemas de agua potable se construyeron por parte de las comunidades mismas que contribuyeron con su mano de obra, y ejecutados con materiales comprados y suministrados por parte del SANAA, con diseños hechos por ingenieros del SANAA. El personal del SANAA u ONGs supervisaron la ejecución de las obras, llevaron a cabo la educación sanitaria y organizaron las Juntas de Agua. Un elemento clave de este método de intervención son los Técnicos de Operación y de Mantenimiento (TOM) y los Técnicos de Agua y Saneamiento (TAS) que brindan apoyo a las Juntas. El modelo desarrollado con el apoyo del USAID ha sido adoptado también en otras operaciones del SANAA.

Las intervenciones también utilizaron y mejoraron el Sistema de Información de Acueductos Rurales (SIAR), en uso desde hace 1986. El SIAR clasifica a los sistemas de agua potable en cuatro categorías (A, B, C y D) según su grado de funcionamiento. El SIAR es una herramienta importante para la planificación de inversiones y el monitoreo de la calidad de los servicios. Sigue funcionando y recibió recientemente el apoyo del Banco Mundial, para su actualización a través del Proyecto de Infraestructura Rural (PIR) ejecutado por el FHIS.

La cobertura de agua potable en áreas rurales se incrementó de 21% en 1974 a 71% en 2001, en gran medida debido a los programas apoyados por el USAID. En el periodo 1988-1999 80% del incremento en la cobertura fue debido al apoyo del USAID.

Los Países Bajos apoyan al sector a través del Centro Internacional de Agua y Saneamiento, IRC. El IRC, a través de su programa RCD (siglas en inglés), impulsa el desarrollo del Centro Hondureño de Recursos en Conocimiento e Información en Agua y Saneamiento (CHRECIAS) de la RASHON. Según su sitio web, el RCD "constituye un intento excepcional de promover la gestión del conocimiento en el sector". CHRECIAS facilita procesos de aprendizaje en la búsqueda de asegurar las capacidades necesarias para una mayor gobernabilidad local en el sector y por ende mayores niveles de sostenibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento. Las actividades que CHRECIAS dessarolla contemplan el desarrollo de conocimientos sobre nuevos temas (investigación aplicada) con activa participación de los principales actores en el sector (SANAA, FHIS y algunos ONG's); la elaboración y diseminación de productos de información como son las hojas de campo, la revista CHAC e informes técnicos; el intercambio de experiencias a nivel nacional y con otras partes del mundo; la implementación de talleres de capacitación, y la influencia en las políticas del sector por ejemplo mediante la organización de seminarios, reuniones de trabajo y mediante su participación directa en el desarrollo del plan nacional de saneamiento.

La Cooperación Italiana interviene conjuntamente con la Unión Europea para financiar el mejoramiento del tratamiento de las aguas servidas de Tegucigalpa.

La Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) apoya al Programa Agua y Saneamiento en Honduras que se encuentra en su IV Fase (2008-2011). Esa fase tiene un presupuesto de 5,76 millones de dólares. El proyecto trata de mejorar el acceso al agua potable limpia y al saneamiento en el sector rural, por medio de actividades directas de apoyo así como la participación en diálogos políticos del sector.

UNICEF ha apoyado al SANAA desde hace muchos años. UNICEF va a apoyar al SANAA y varios municipios en la elaboración de Planes Municipales de Agua.

Los dos principales proyectos de la UE en el sector de agua potable y saneamiento en Honduras son el Programa Regional de Reconstrucción para América Central (PRRAC) y el Proyecto Fortalecimiento de la Gestión Local de los Recursos Naturales en las Cuencas de los Ríos Patuca, Choluteca y Negro (FORCUENCAS). La UE financió también un proyecto para el desarrollo local y la descentralización. Este proyecto brinda apoyo presupuestario directamente a municipios.

Programa Regional de Reconstrucción para América Central (PRRAC). La Unión Europea apoyo el sector de agua y saneamiento en Honduras a través de varios proyectos. El Programa Regional de Reconstrucción para América Central (PRRAC) ha sido dotado de un presupuesto de 250 millones de Euros a nivel regional, de los cuales, 119 millones han sido atribuidos a Honduras. Su objetivo principal ha sido la construcción de obras de infraestructura en las áreas de educación, salud y agua y saneamiento. La inversión prevista solamente en el sector de agua y saneamiento es de 64 millones de euros. El proyecto esta a punto de terminarse.

El PRRAC AGUA asistió a la rehabilitación de acueductos, pozos y saneamiento básico a nivel rural de Honduras, por 26.3 millones de Euros. Se han construido 34,419 letrinas, 2,333 pozos y 567 acueductos, permitiendo a la fecha servir y educar en higiene sanitaria a 56,702 familias y fortalecer las juntas de agua en 1364 comunidades rurales de los Departamentos de Gracias a Dios, Colón, El Paraíso, Francisco Morazán y Valle.

En el marco del PRRAC Saneamiento Líquido y Sólido en Ciudades Intermedias, por 11 millones de Euros, se realizó la construcción y el equipamiento de un moderno relleno sanitario en Talanga y se está terminando la rehabilitación, ampliación y/o construcción se seis sistemas de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales en seis ciudades intermedias del país: Talanga, Tocoa, Catacamas, Puerto Lempira, Paraíso y Nacaome. Se han fortalecido las estructuras municipales de servicios de agua y saneamiento en estas mismas ciudades.

En el marco del PRRAC ASAN, Proyecto de agua potable y saneamiento en Barrios Marginales de Tegucigalpa, con 26.7 millones de Euros, se instalaron sistemas de agua potable para el sector noroeste de la capital (capacidad para 108.000 habitantes); se realizó también la instalación de colectores de aguas negras en los barrios de la zona sur este de Tegucigalpa (cuenca hidrográfica de agua salada-capacidad para 360.000 habitantes) los cuales serán conducidos a una moderna planta depuradora que contribuye al saneamiento del Río Choluteca.

Proyecto Fortalecimiento de la Gestión Local de los Recursos Naturales en las Cuencas de los Ríos Patuca, Choluteca y Negro (FORCUENCAS). El Proyecto Fortalecimiento de la Gestión Local de los Recursos Naturales en las Cuencas de los Ríos Patuca, Choluteca y Negro (FORCUENCAS), es resultado de un acuerdo entre el Gobierno de Honduras y la Unión Europea suscrito en 1999. Su objetivo es el de contribuir a conservar, recuperar y aprovechar racionalmente el patrimonio ambiental de Honduras, con vista a permitir el mejoramiento sostenido de las condiciones de vida de la población y la reducción de la pobreza. Busca además fortalecer la gestión local de los recursos naturales en un marco de desarrollo sostenible con base en el ordenamiento territorial y el manejo integral de cuencas hidrográficas bajo un enfoque de descentralización y amplia participación comunitaria. El monto total del proyecto es de 40,721,000 Euros, destinado exclusivamente para obras la cantidad de 21,250,000 Euros.

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Elías Meana Díaz

Elías Meana Díaz (Salamanca, 1 de junio de 1946) es un escritor español.

Cursó sus estudios en la Facultad de Náutica de Barcelona y ejerció su profesión de marino durante siete años, tras los cuáles se incorporó al Servicio marítimo de Telefónica.

En 1983, y a bordo de la goleta Idus de Marzo, participó como tripulante en la primera Expedición española a la Antártida. Más adelante, formó parte del equipo técnico que, en 1986, construyó la base antártica Juan Carlos I, y al año siguiente fue nombrado jefe de la misma, y durante varios años siguió colaborando en tareas logísticas con el Programa Nacional Antártico.

En los últimos años, con el patrocinio de Telefónica, y con el fin de dotar a Misioneros y a otras Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) de un medio de comunicación, ha desarrollado y llevado a efecto varios proyectos de radiocomunicaciones en el África Central.

Desde hace unos años vive en Molina de Segura, Murcia.

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John Blankenstein

John Blankenstein (De Bilt, 12 de febrero de 1949 – La Haya, 25 de agosto de 2006) fue un árbitro de fútbol neerlandés, conocido por ser uno de los primeros atletas homosexuales en salir del armario en los Países Bajos.

Tras jugar como amateur, arbitró juegos de 1966 a 1995, al nivel más alto de la FIFA. Los momentos más importantes de su carrera fueron la final de la Copa de la UEFA en 1993 y estar entre los árbitros elegidos para la Eurocopa de 1992.

Blankenstein estuvo activo en varias ONGs que luchaban en contra de la discriminación y permaneció como una celebridad en los Países Bajos.

El viernes, 25 de agosto de 2006 Blankenstein murió en el hospital de Leyenburg, en La Haya debido a una rara enfermedad del riñón.

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Gehitu

Gehitu es una asociación de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales del País Vasco, sin ánimo de lucro, independiente, plural y democrática, inscrita legalmente, que colabora con las instituciones públicas y con otras ONGs en la gestión de programas y actividades que tengan como fin conseguir el reconocimiento pleno de los derechos fundamentales a la dignidad, a la igualdad y al libre desarrollo de nuestra sexoafectividad para las personas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales, así como el fin de toda discriminación legal y social por razón de la orientación sexual o de la identidad transexual.

Nacida en 1997 en San Sebastián es la máxima representante del movimiento asociativo LGTB en la comunidad autónoma del País Vasco.

Gehitu es miembro de la FELGTB (Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales), de la ILGA (International Lesbian and Gay Association) y de la EGK (Euskadiko Gazte Kontseilua/Consejo Vasco de la Juventud).

Gehitu significa sumar en euskera, pero ese nombre constituye también un juego semántico bilingüe, ya que evoca en castellano la palabra gay y al pronombre tu (Inicialmente Gehitu nació como asociación de gays, aunque rápidamente se convirtió en asociación mixta).

Todo ello añadido al hecho de que el logo contiene el símbolo + y un tu, representa la vocación integradora de las distintas sensibilidades de quienes conformamos el colectivo LGBT, que motivó la creación de Gehitu, y que sigue siendo su seña de identidad.

El Consejo de Coordinación, que acoge a las personas que coordinan las distintas comisiones y áreas de trabajo.

La Comisión Ejecutiva, un órgano paritario que gestiona el día a día de la asociación, integrada por 8 personas. Entre ellas se encuentran los dos copresidentes.

La presidencia también es paritaria en Gehitu. Desde que se fundara en 1997 Gehitu ha elegido tres presidencias. El primer presidente, Iñigo Lamarca, dejó su cargo al ser elegido Ararteko (Defensor del Pueblo Vasco) por el Parlamento Vasco.

La Asamblea General de Socias y Socios es el máximo órgano de decisión de la asociación, y reúne a las más de 300 personas que son socias de Gehitu.

Gehitu, desde su creación como asociación, gestiona su Servicio InfAsis, que ofrece Información y Asistencia para Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, así como para familiares y amigos, a través del teléfono 943451722, de la dirección infasis@gehitu.net, y mediante atención personalizada en su sede central.

Gehitu cuenta con un grupo federado de montaña (Gehitu Mendi Kirol Elkartea), una agrupación coral (Gehitu Abesbatza) integrada por lesbianas, gays, bisexuales y heterosexuales, un grupo de teatro amateur, y un servicio de documentación LGTB.

Gehitu participa activamente de la vida social y cultural de su entorno, con estas actividades, entre otras: su propia comparsa de Caldereros en Donostia (que reúne anualmente a un centenar de miembros), la Noche Roja (un gran evento anual dirigido al gran público, para recaudar fondos para proyectos asistenciales de VIH-SIDA en África), las Jornadas Temáticas anuales sobre temática LGTB, o las cuatro fiestas que anualmente organiza en Donostia con motivo del Carnaval, del 28 de Junio, del Festival de Cine / Zinemaldia, y de la Nochevieja, y que acogen a un público de más de 700 personas en cada una de ellas.

Mensualmente edita el Gehitu Magazine, una publicación gratuita realizada íntegramente por personas voluntarias, que tiene una tirada de 3.000 ejemplares, que se distribuye también en formato digital. Se trata de la única publicación mensual y gratuita de una asociación de estas caracteríscas en todo el Estato español.

Se distribuye gratuitamente en todas las casas de cultura de Gipuzkoa y Navarra, entre asociaciones LGTB de todo el estado, en ayuntamientos de Gipuzkoa, y en más de 100 puntos de Donostia y alrededores, incluyendo bibliotecas, campus universitarios, comercios, oficinas de turismo, y por su puesto, entre las más de 300 personas asociadas a Gehitu.

Gehitu ha creado el programa HdH (Hablemos de Homosexualidad / Hitz egin dezagun Homosexualitateaz), que desarrolla desde hace años en los centros escolares vascos, y con el que ha llegado a miles de escolares.

Asimismo, su exposición Homosexuales en la Historia, ha recorrido gran parte de la geografía vasca, mostrando los referentes que lesbianas y gays tienen entre los personajes históricos.

Gehitu viene organizando desde noviembre de 2008 la exposición de las fotografías de la retratista francesa Joëlle Dollé, Positiboa ala negatiboa? Uno de los dos es seropositivo, que recoge las fotografías de dos/tres personas, entre las que sabemos que una de ellas es seropositiva, pero no de quién se trata. A los centros escolares Gehitu les oferta la posibilidad de realizar visitas en grupo, para trabajar con el personal contratado por Gehitu la reflexión sobre los procesos sociales de estigmatización.

El Gobierno Vasco reconoció a Gehitu como asociación de utilidad pública en el año 2006 (Decreto 88/2006 de 2 de mayo), el Ayuntamiento de Donostia /San Sebastián le concedió la Medalla al Mérito Ciudadano en el 2004, y en 2007 recibió de mano de la asociación LGTB Hegoak de Bilbao su Elkartasun Saria.

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Política estadounidense respecto al aborto en la ciudad de México

La llamada Mexico City Policy (que lleva el nombre de la ciudad de México por ser el nombre del lugar donde fue anunciada, y que también se conoce con el nombre de Global Gag Rule ) es una política gubernamental de los Estados Unidos que estipula que todas las organizaciones no gubernamentales (ONGs) que reciben fondos federales deberán abstenerse de promover o realizar servicios relacionados con el aborto en otros países. Esta política fue reinstaurada en 2001 después de haber estado en uso anteriormente de 1984 a 1993.

Su nombre surge de la cede de la Conferencia Internacional sobre la población de las Naciones Unidas , que fue la Ciudad de México , y en la cual esta política fue dada a conocer. La "Mexico City policy" fue instaurada el los Estados Unidos por el presidente Ronald Reagan en 1984. Sus aspectos finales fueron negociados por Alan Keyes, quien en ese tiempo era asistente del secretario de estado.

Después que la Mexico City Policy fuera instituida, les fue requerido a las organizaciones que adoptaran sus condiciones específicas para que de esta forma pudieran aspirar a recibir fondos federales de los Estados Unidos, y, como resultado varias agencias internacionales de aborción no pudieron seguir recibiendo una porción de su financiamiento. La Federación Internacional de Paternidad Planificada (IPPF por sus siglas en inglés) no alteró sus operaciones y perdió más del 20% del total de su presupuesto. Otras organizaciones de planificación familiar, como la Asociación de Guía Familiar de Etiopía no hicieron los cambios requeridos por la "mexico city policy" y sus recursos les fueron cortados.

El Presidente Bill Clinton anuló esta política el 22 de Enero de 1993. El se refirió a la política como "excesivamente amplia" y dijo que tenía "esfuerzos socavados para promover programas de planificación familiar seguros y eficaces en naciones extranjeras".

En enero 22 de 2001, el Presidente George Bush reinstituyó esta política por orden ejecutiva diciendo: " Es mi convicción que el dinero de las personas que pagan impuestos no sea usado para pagar abortos ,advocar o promoverlos tanto aquí como en el extranjero. Por lo tanto, yo creo que la "Mexico City Policy" debe ser reinstaurada".

En septiembre de 2007, Barbara Boxer, Senadora por el estado de California, creó una enmienda diseñada para levantar las condiciones de financiamiento impuestas por la Mexico City Policy. Esta enmienda pasó con una votación de 53 a 41. El presidente George Bush ha dicho que vetará cualquier legislación que pueda eliminar la Mexico City Policy.

La naturaleza de esta política ha tenido implicaciones para organizaciones en ciertos países como por ejemplo Sudáfrica. Incluso si estas mismas organizaciones apoyan la política, es ilegal para estas no informar de sus derechos a una mujer que busca un aborto.

Esta política estipula, como requisito para las organizaciones no gubernamentales, que "acepten, como condición para recibir financiamiento del gobierno federal de los Estados Unidos, no realizar ni tampoco promover activamente el aborto como método de planificación familiar en otros países". Esta política tiene excepciones para aquellos abortos realizados en casos de violación, incesto o en condiciones tales que se ponga en riesgo la vida.

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