Narcotráfico

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Publicado por astro 22/03/2009 @ 20:13

Tags : narcotráfico, criminalidad, sociedad

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Narcotráfico

Carguero capturado cerca de la costa de Panamá, mientras intentaba introducir 20 toneladas de cocaína a los Estados Unidos.

El narcotráfico es una industria ilegal mundial que consiste en el cultivo, manufactura, distribución y venta de drogas ilegales. Mientras que ciertas drogas son de venta y posesión legal, en la mayoría de las jurisdicciones la ley prohíbe el intercambio de algunos tipos de drogas.

El narcotráfico opera de manera similar a otros mercados subterráneos. Varios carteles de drogas se especializan en procesos separados a lo largo de la cadena de suministro, a menudo focalizados para maximizar su eficiencia. Dependiendo de la rentabilidad de cada parte del proceso, los carteles varían en tamaño, consistencia y organización. La cadena va de los traficantes callejeros de poca monta, quienes a veces son consumidores de drogas ellos mismos, las pandillas urbanas e intermediarios que puede asimilarse a contratistas, a los imperios multinacionales que rivalizan en tamaño con los gobiernos nacionales.

El narcotráfico se produce a escala global, desde el cultivo en países subdesarrollados hasta su consumo, principalmente en los países occidentales, en los que el producto final alcanza un gran valor en el mercado negro.

La drogadicción acarrea importantes consecuencias sociales: crimen, violencia, corrupción, marginación. Por ello, la mayoría de los países del mundo prohíben la producción, distribución y venta de esas sustancias. Como consecuencia, se ha formado un mercado ilegal de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, que produce enormes beneficios económicos.

Sin embargo, esto no ha sido un impedimento para que las personas que se dedican a este negocio, sigan traficando con las diversas drogas que se conocen (marihuana, cocaina, heroina, etc.) pues más de uno en las diferentes ciudades de los países se encarga de vincular a otras personas para que el negocio cada vez sea más grande y estas se perjudiquen de forma directa.

Por último, cabe mencionar, que muchos países Lationamericanos, se han visto perjudicados por esta situación, pero en realidad su verdadero origen proviene de la guerra, de los conflictos entre el ejército y los partidos políticos, quienes con sus agresiones frecuentes afectaron al mundo por completo.

La mayor parte de las sustancias estupefacientes producidas en el mundo se cultiva en países del tercer mundo (muchos países de Sudamérica, Sureste Asiático y Oriente Medio), y después se introduce de contrabando en los países consumidores. Tradicionalmente, Estados Unidos , México y Europa han tendido a imponer restrictivas políticas de "tolerancia cero" a los países productores. Sin embargo, los cultivos de coca, adormidera o cannabis son indispensables para la fabricación de alimentos, bebidas y medicamentos en todo el mundo, y un sosten economico para las regiones productoras. Por otro lado, sustancias psicotrópicas tales como la dietilamida del ácido lisérgico (LSD), cuyo consumo va en disminución; las anfetaminas y otras sustancias psicotrópicas de diseño y composición sintética o semisintética, como el "éxtasis" (MDMA),son producidas plenamente en laboratorios, principalmente en paises desarrollados, y están sustituyendo a las drogas tradicionales como la cocaina.

En jurisdicciones donde la legislación restringe o prohíbe la venta de ciertas drogas populares, es común que se desarrolle un mercado ilegal. Por ejemplo, el Congreso de los Estados Unidos ha identificado varias sustancias controladas.

La mayoría de las naciones considera al tráfico de droga un problema muy serio. En 1989, los Estados Unidos intervinieron en Panamá con el pretexto de romper el comercio de droga. El gobierno de la India ha realizado operaciones encubiertas en el Medio Este y el subcontinente indio para seguir el rastro de varios narcotraficantes. Algunas estimaciones del comercio global pusieron el valor de las drogas ilegales a alrededor de US$400 mil millones en el año 2000; que, sumado al mismo tiempo al valor del comercio global de drogas legales, corresponde a una cantidad superior al dinero gastado para la comida en el mismo periodo de tiempo. En el 2005 el "United Nations World Drug Report" informó el valor del mercado de droga ilícito global durante el año 2003 se estimó a US$13 mil millones al nivel de producción, a US$94 mil millones al nivel precio de mayoreo, y a billón de US$322 basado en los precios del menudeo y cogida tomando tamaños y otras pérdidas en la cuenta.

Los mayores países consumidores incluyen a los Estados Unidos y a las naciones europeas, aunque el consumo es mundial. Los mayores países productores incluyen a India (el opio) y a Colombia y a Peru (principalmente cocaína la cual disminuye en los últimos años; vea debajo para los detalles extensos).

La Primera Guerra del Opio era un esfuerzo por obligar a China a permitir a los comerciantes británicos comerciar opio entre la población general de China. Aunque era ilegal por decreto imperial, fumar opio era común en el siglo XIX y se creía que curaba muchos problemas de salud.

Las drogas legales como el tabaco y el alcohol pueden convertirse en mercancía de contrabando y comercio ilegal si la diferencia del precio entre el origen y el destino es lo suficientemente alto para hacerlo lucrativo. Con los impuestos en el tabaco, (mucho más alto en el Reino Unido que en el continente Europeo) éste es un problema considerable en el Reino Unido. También suele ser ilegal vender o proporcionar tabaco o alcohol a menores, lo cual es considerado como contrabando en la mayoría de los países.

Algunas drogas que se pueden adquirir legalmente con prescripción médica también están disponibles por medios ilegales, eliminando la necesidad para fabricar y procesar las drogas. Por ejemplo: Los opioides recetados a veces son mucho más fuerte que la heroína encontrada en la calle, por ejemplo el grupo de los análogos del fentanyl. Provienen de prescipciones médicas robadas o divididas, u ocasionalmente vendidas por internet. Sin embargo, es mucho más fácil controlar el tráfico de drogas prescriptas que de las drogas ilegales porque el fabricante normalmente es una empresa originalmente legal y así el problema puede encontrarse a menudo prontamente y neutralizarse. Podría haber también un riesgo reducido de contaminación o pobreza del producto respecto a los casos de fabricación en laboratorios clandestinos.

Existen sitios de internet que ofrecen vender las substancias controladas sin una prescripción válida. Dichos sitios fueron reconocidos primero por la Sección de Justicia estadounidense en 1999, indicando que tales sitios habían estado operando por lo menos a través de los últimos años de la década de 1990. Éstos permiten a distribuidores y usuarios completar las transacciones sin necesidad de mantener contacto directo. Mientras muchos aceptan las tarjetas de crédito, otros sólo aceptan dinero en efectivo para reducir la evidencia de la existencia de la operación. Muchos de estos sitios se organizan en países en los que las categorías específicas de substancias controladas son localmente legales (por ejemplo los opioides recetados en México), pero debido a la naturaleza global de internet, pueden negociar (principalmente en forma ilegal) con clientes alrededor del mundo. Además de los opioides de la regla, estimulantes, y sedativos, se distribuyen a menudo ampliamente los esteroides. Hasta la fecha, no se encontró ningún sitio que vendiera drogas ilegales como la heroína o los derivados ilegales de la anfetamina. La policía ha descubierto varios casos de circuitos de distribución que utilizan anuncios personales para solicitar negocios de droga, utilizando contraseñas o frases preformuladas.....

Ya que no pueden resolverse las disputas a través de los medios legales, los participantes de cada nivel de la industria de la droga se inclinan a competir entre sí mediante métodos violentos. Al final de la década de los 90, en los Estados Unidos, el FBI estimaba que el 5% de los asesinatos eran relacionados con el consumo o venta de droga.

Muchos han argumentado que la arbitrariedad de las leyes de prohibición de droga desde el punto de vista médico, sobre todo la teoría de reducción de daño, empeora los problemas alrededor de estas substancias.

El precio por el gramo de heroína en Estados Unidos es entre unas 8 o 10 veces más caro que el gramo de cocaína. Generalmente en Europa (excepto los países de tránsito, Portugal y los Países Bajos). Un gramo de heroína vendida en la calle, que normalmente está entre 0.7 y 0.8 gramos de heroína, contiene habitualmente entre un 5-10 % de heroína pura, como mucho un 20%. Por tanto, si un gramo de heroína adulterada está entre 30 y 70 euros el precio efectivo de la heroína pura por gramo será de entre 300 y 2000 euros.

La pureza de la cocaína callejera en Europa normalmente está en el mismo rango que el de la heroína, el ser el precio entre 50 y 100 euros por entre 0.7 y 1.0 gramos. Esto suma a un rango de precio de cocaína entre 500 y 2000 euros.

Los esteroides anabolizantes se emplean como un método para incrementar el anabolismo. Su efecto principal es el crecimiento del músculo esquelético, así como el desarrollo de características sexuales masculinas. Los anabolizantes tienen además graves efectos secundarios si se usan de forma prolongada. Estas sustancias están reguladas de forma legal para su empleo con fines medicinales en muchos países, si bien en otros son totalmente legales. En la práctica del deporte de competición el consumo de anabolizantes está considerado un forma de dopaje.

La producción de anabolizantes requiere complicados procesos químicos y equipamiento sofisticado, por lo que se fabrica sobre todo por la industria farmacéutica legal (con fines medicinales y veterinarios) y en laboratorios clandestinos. México y Tailandia son exportadores de esteroides ya que en estos países son sustancias completamente legales.

El cannabis es una sustancia estupefaciente que se obtiene a partir de la planta cannabis sativa, y que se consume principalmente en forma de hojas (marihuana) o resina (hachís). Sus efectos perjudiciales para la salud son menores que los de otras drogas, e incluso en algunos casos aislados se recomienda su uso con fines medicinales.

El cannabis fue prohibido en casi todo el mundo a principios del siglo XX. Sin embargo, en la actualidad está permitido o tolerado en muchos países. Es habitual en los países desarrollados el cultivo de esta planta para su autoconsumo mezclada con tabaco.

En el año 2005 existían en todo el mundo 530.000 ha de cultivos destinados a la hoja del cannabis, que produjeron 42.000 toneladas de esta sustancia. Los mayores productores del mundo fueron Estados Unidos y México, aunque la producción está muy repartida. El principal país productor de resina de cannabis es Marruecos, seguido de cerca por Afganistán. El 70% de esta resina se consume en Europa occidental.

Los hongos de Psilocybe crecen naturalmente en la mayoría de los climas, por lo que este mercado de droga es financieramente menos lucrativo. Aun así, se puede detectar un crecimiento comercial del Psilocybe, semi-legalmente en los los Países Bajos e ilegalmente de las fases diferentes de madurez de tejido en forma de hongo secado masticable. Los psiconautas suelen cultivar o recolectar estos hongos por sí mismos, ya que son comunes a lo largo del mundo.

En algunas áreas del mundo, particularmente en y alrededor de la península arábica, se prohíbe estrictamente el comercio de alcohol. Por ejemplo, Pakistán prohíbe el comercio debido a que su población musulmana es grande. Similarmente, Arabia Saudita prohíbe la importación de alcohol en su reino, aunque el mismo se pasa por contrabando en altas cantidades. En otras áreas es considerado como cualquier otra bebida, y es legal. En otras áreas más, hay un límite de edad para los consumidores, y es necesaria una licencia para vender alcohol, así como también pueden existir otras restricciones a su comercio que afecten su publicidad, el horario de venta, los sitios, etc.

El comercio de tabaco, si bien es legal, está gravado en la mayoría de los países con fuertes impuestos, que buscan por un lado reducir el consumo, y por otro, cubrir los gastos sanitarios derivados de las enfermedades causadas por el tabaquismo. En la Unión Europea, los impuestos representan al menos el 70% del precio de venta del tabaco, subiendo hasta el 80% en el Reino Unido. Es por ello que el contrabando ofrece un alto margen de beneficios.

En Estados Unidos los impuestos del tabaco varían enormemente entre los diferentes estados, lo que favorece el contrabando interno a través de las fronteras estatales. Por otra parte, estos impuestos son más bajos que en Canadá, lo que ha generado un flujo de mercancías ilegales en dicha frontera. El reino de Bhután prohibió la venta de tabaco en 2004, lo que provocó la aparición de un lucrativo mercado negro.

Se estima que un tercio de la producción global de tabaco acaba en el mercado negro. En muchos casos son las propias tabacaleras las que se benefician: Altadis, British American Tobacco, Philip Morris se han visto involucradas en casos de contrabando.

La heroína ingresa mediante contrabando a los Estados Unidos y Europa. Los niveles de purezas varían enormemente por la región con, por la mayor parte, ciudades Nororientales que tienen la más pura heroína en Estados Unidos (según un informe recientemente emitido por el DEA, Elizabeth y Newark (Nueva Jersey) tiene la heroína de calidad más pura en las calles en dicho país). La heroína es una droga fácil de contrabandear porque una pequeña probeta puede contener centenares de dosis. La heroína también es ampliamente (y normalmente en forma ilegal) usada como una droga poderosa y adictiva que produce intensa euforia que a menudo desaparece con la creciente tolerancia. Est "golpe" viene de su alta solubilidad proporcionada por los dos grupos de acetato, mientras que produce una penetración muy rápida en la barrera del fluido sanguíneo al cerebro después de su uso. Una vez en el torrente sanguíneo, la heroína se convierte rápidamente en morfina. La morfina une entonces a los receptores del opioide en el cerebro y el cordón espinal, mientras causando los efectos subjetivos. Pueden tomarse heroína y morfina o administrarla de varias maneras, incluyendo resoplado e inyección. Estos también pueden fumarse inhalando los vapores producidos cuando son recalentados (conocido como "cazando el dragón"). Las penalidades por contrabandear heroína y/o morfina son a menudo ásperas en la mayoría de los países. Algunos países pasarán prontamente internacionalmente una pena de muerte para el contrabando ilegal de heroína o morfina, que son ambos parte de la Convención Única sobre Estupefacientes. En los varios países asiáticos, incluso Singapur y Malasia, la heroína y morfina se clasifican por sí mismas y las penalidades para su uso, posesión, y/o trafico son más severas que todas las otras drogas, incluyendo otros opioides y la cocaína.

En algunas áreas de los Estados Unidos, el comercio de metanfetaminas es desenfrenado. Debido a la facilidad en la producción y su grado de adicción, las metanfetaminas son un favorito entre muchos distribuidores de droga.

Según el "Community Epidemiology Work Group", los números de incidentes de laboratorios clandestinos de metanfetaminas informados al "National Clandestine Laboratory Database" disminuyó de 1999 a 2004. Durante este mismo periodo, incidentes similares aumentaron en el Illinois, Michigan, Ohio y Pennsylvania. En 2004, se informaron más incidentes en Illinois (926) que en California (673). En 2003, los incidentes de laboratorio de metanfetamina alcanzaron un nuevo récord en Georgia (250), Minnesota (309), y Texas (677). Hubo sólo siete incidentes de laboratorio de metanfetaminas informadas en Hawaii en 2004.

El gobierno federal estadounidense es un antagonista muy enérgico de la industria de droga, y se rige de acuerdo a las normas internacionales con respecto a la legalidad e ilegalidad de las drogas. Las leyes particulares de los estados varían mucho entre sí, y en algunos casos contradicen las leyes federales. A pesar de la posición oficial del gobierno estadounidense contra el comercio de droga, agentes gubernamentales estadounidenses y sus diversos recursos se han visto implicados en el comercio de droga.

El veterano de Fuerzas Especiales, el militar coronel Bo Gritz (jubilado), ha acusado a su país de colaborar con Manuel Noriega en el narcotráfico. En su libro Called to Serve (Llamados para servir, aún no publicado en español), Gritz detalla su papel como un importante empleado del Gobierno estadounidense atareado con proteger la relación de EE.UU. con Noriega.

Contrariamente a sus metas oficiales, se sabe que el gobierno de los Estados Unidos ha intentado suspender las investigaciones científicas acerca de las consecuencias del consumo de sustancias adictivas. Por ejemplo, en 1995 la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute (Instituto de las Naciones Unidas de Investigaciones Interregionales sobre Crimen y Justicia) (UNICRI) anunciaron, en una conferencia de prensa, la publicación de los resultados del estudio global más grande sobre el consumo de sustancias adictivas. Sin embargo, una decisión de la Asamblea Mundial de la Salud prohibió la publicación del estudio. En la sexta reunión del comité B, el representante estadounidense amenazó que "Si las actividades de la OMS relacionadas con las drogas no logran reforzar los métodos de control de droga probados, deberán retirarse los fondos para los programas pertinentes". Esto llevó a la decisión de interrumpir la publicación. Hasta ahora se ha logrado recuperar sólo una parte de ese estudio. Se encuentran disponibles los perfiles de consumo de la cocaína en 20 países.

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Narcotráfico en Colombia

Miguel Rodriguez Orejuela escoltado por agentes de la DEA antes de ser extraditado a los Estados Unidos.

Narcotráfico en Colombia se refiere a la evolución histórica de la producción y distribución de drogas ilícitas de efectos psicotrópicos en Colombia, desde sus inicios hasta la actualidad.

Colombia ha tenido cuatro de los carteles de narcotráfico más poderosos del mundo, que en algunos lugares crearon una nueva clase social e influenciaron grandemente la cultura colombiana. El uso de la hoja de coca, la marihuana y otras plantas, había sido parte del estilo de vida de algunas comunidades indígenas a lo largo de América del Sur, pero la demanda mundial de drogas psicoactivas durante las décadas de 1960 y 1970 incrementaron la producción y procesamiento de estas en Colombia. Se implementaron leyes de prohibición en Estados Unidos y en Colombia para sofocar el efecto negativo de las drogas en la sociedad y castigar a quienes las cultivaran, poseyeran, comercializaran o distribuyeran.

Desde el establecimiento de la guerra contra las drogas, los Estados Unidos y algunos países europeos han proveído al gobierno colombiano ayuda logística y financiera para implementar planes que permitan combatir el tráfico de drogas. El programa más notable ha sido el polémico Plan Colombia, el cual también está destinado a combatir los grupos armados ilegales calificados por estos países como terroristas, entre ellos paramilitares y guerrillas, que en la década de 1980 empezaron a financiar sus actividades con esta actividad ilícita.

A pesar de estos programas Colombia sigue siendo el líder mundial en producción de cocaína con aproximadamente el 70% del total de distribución a nivel mundial y el 90% del procesamiento, según un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos en 2004.

En junio de 2008 se reveló un informe de las Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, en el que alertaba del crecimiento de cultivos de cocaína en el país durante 2007. Mientras que en 2006 los cultivos comprendían 78.000 hectáreas sembradas, en 2007 aumentaron a 99.000.

Con la prohibición, productores y traficantes formaron carteles clandestinos armados. Durante la década de 1980, al incrementarse la demanda, los carteles se expandieron y se organizaron en grupos criminales de mayor envergadura usualmente liderados por uno o más capos como fue el caso del Cartel de Medellín o con un liderazgo confederado tal como sucedió con el Cartel de Cali o el Cartel del Norte del Valle. Algunas de estas organizaciones criminales emprendieron guerras contra el Estado al tratar de evitar los tratados de extradición con Estados Unidos y cometieron actos terroristas contra la población civil, actos que se extendieron con la guerra entre carteles. Ya en las décadas de 1990 y 2000 varios de estos carteles consolidaron una infiltración en las instituciones del Estado al tiempo que consolidaban igualmente las alianzas con grupos al margen de la ley incluidas guerrillas y paramilitares.

Existió desde la década de 1970 y desapareció alrededor de 1993 con la persecución y muerte de Pablo Escobar . Sus miembros principales fueron Pablo Escobar como jefe máximo, Gonzalo Rodríguez Gacha (alias "El Mexicano"), Carlos Lehder y los Hermanos Ochoa (Fabio, Jorge Luis y Juan David).

Surgió de la mano de los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela. En su época dorada, el Cartel de Cali fue señalado por las autoridades estadounidenses de ser el responsable del envío del 80% de la cocaína que llegaban a las calles de ese país, razón por la cual llegó a ser catalogado como la organización criminal más peligrosa del planeta. Existió desde la década de 1970 hasta 1995, cuando fueron capturados los hermanos Rodríguez Orejuela.

El Cartel del Norte del Valle, operó principalmente en el Norte del Valle del Cauca, al Suroeste de Colombia, tuvo un importante crecimiento a mediados de los años 1990, después de que los carteles de Medellín y Cali se fragmentaran. Éste desapareció finalmente cuando en el año 2008 su jefe Wílber Varela alias Jabón fuera asesinado el 28 de enero y sus otros dos líderes Juan Carlos Ramírez Abadía alias Chupeta y Diego León Montoya Sánchez alias Don Diego fueran extraditados a Estados Unidos.

El Cartel de la Costa o Cartel de la Costa Atlántica fue una agrupación dedicada a la fabricación y tráfico de droga que funcionaba en la ciudad de Barranquilla y en la Región Caribe en el norte de Colombia, controlaba el comercio de droga con otras regiones del país y con países limítrofes además de la producción local. El jefe del Cartel de la Costa era Alberto Orlandez Gamboa alias "Caracol" quien fue extraditado a Estados Unidos en el año 2000 y condenado a 40 años de prisión en 2005.

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Guerra contra el narcotráfico en México

Fuerza del Estado Michoacán.jpg

Se le conoce como Guerra contra el narcotráfico en México al conflicto armado que se desarrolla presentemente entre los principales cárteles mexicanos de tráfico de drogas ilícitas y las fuerzas armadas de México.

Las confrontaciones entre cárteles rivales empezaron de lleno después del arresto de Miguel Ángel Félix Gallardo en 1989, quien controlaba el negocio de la cocaína en México. Hubo una disminución en la intensidad de la violencia durante el final de la década de 1990 pero la violencia ha empeorado de manera consistente desde el año 2000. El ex presidente Vicente Fox envió durante su mandato pequeños números de tropas a Nuevo Laredo, en la frontera de México con Estados Unidos, para pelear contra los cárteles; pero la incursión probó ser infructuosa.

En 2005 hubo un aumento de la violencia al tratarse de establecer un cártel en Michoacán. En 2006 cerca de 500 personas fueron asesinadas en Michoacán como resultado de disputas por el control del territorio libradas entre cárteles rivales. Se estima que cerca de 110 personas murieron en Nuevo Laredo, tan sólo durante el lapso de agosto a septiembre de 2005, como resultado de los enfrentamientos entre los cárteles del Golfo y Sinaloa.

Se ha reportado que los cárteles usan armas como metralletas de alto poder, bazookas e incluso granadas de fragmentación. Tanto autoridades estadounidenses como mexicanas reconocen que México es la ruta principal por la que transita la cocaína y otras drogas que tienen como destino Estados Unidos, y que Colombia es donde crecen la mayoría de las plantas de coca para ser éstas procesadas y enviadas a México a través de Centroamérica.

El 12 de diciembre de 2006, por órdenes del presidente Felipe Calderón, fueron despachadas 6,500 tropas a Michoacán para retomar el territorio controlado por los distintos cárteles. El ejército mexicano está usando puntos de revisión, vehículos armados y blindados, helicópteros armados y navíos en su operativo, denominado Operativo Conjunto Michoacán. La ofensiva militar ofuscada por Calderón ha sido la más grande desde inicios del conflicto.

Del 2 de diciembre de 2006 al 2 de diciembre de 2008, la violencia resultante de este conflicto arrojó 7,882 muertes, de las cuales 68 fueron de militares. Sólo en el 2008, sumaron 5,630 muertes, de las cuales más de 800 fueron de policías. Durante el 2009, suman ya 1361 muertes.

Muchas personas en México han sufrido la violencia del conflicto, sin embargo, éste no está presente de manera generalizada en todo el país. Los estados que más han sufrido son: Baja California, Guerrero, Chihuahua, Michoacán, Tamaulipas, Nuevo León y Sinaloa. Felipe Calderón y su gobierno dicen estar combatiendo fuertemente al narcotráfico especialmente en el estado de Michoacán, pero también hay operativos puestos en marcha en Jalisco y Guerrero.

El 14 de diciembre de 2006, Eugenio Elorduy, gobernador de Baja California, anunció un operativo similar en su estado con la cooperación entre el gobierno federal y el estatal. Este operativo comenzó en diciembre de 2006 en la ciudad fronteriza de Tijuana. Al comienzo de 2007, estos operativos se extendieron a los estados que conforman el triángulo dorado: Chihuahua, Durango y Sinaloa.

En febrero de 2007, el gobierno federal extendió estos operativos a dos estados más: Nuevo León y Tamaulipas. En respuesta a estos operativos, el crimen organizado trató de asesinar al diputado federal de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Resultados actualizados a la fecha: 7 de julio, 2008.

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Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia

Bandera de las FARC-EP

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo o FARC-EP son un grupo guerrillero que se autoproclama marxista-leninista. Opera en Colombia y en las regiones fronterizas de Venezuela, Ecuador, Panamá y Perú. Son partícipes del conflicto armado colombiano desde su conformación en 1964 y son dirigidas por un secretariado de siete miembros que estuvo bajo el comando de Pedro Antonio Marín, conocido por los alias de Manuel Marulanda o Tirofijo hasta su fallecimiento en marzo de 2008, desde entonces su comandante en jefe es 'Alfonso Cano'.

Las FARC son consideradas como una agrupación terrorista por 31 Estados (Colombia, Perú, Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea ). Los gobiernos de otros países latinoamericanos como Ecuador, Brasil, Argentina y Chile no le aplican esta calificación. El Gobierno de Venezuela ha solicitado que se le otorgue un estatus de grupo beligerante a las FARC y no las considera terroristas.

Hacen presencia en 24 de los 32 departamentos de Colombia sobre todo al sur y oriente del país, concretamente en Putumayo, Huila, Nariño, Cauca y Valle del Cauca. Se ha reportado la existencia de operaciones militares y campamentos en los países que tienen frontera con Colombia, como Venezuela, Ecuador, Panamá y Brasil.

Sus acciones consisten en guerra de guerrillas y combate regular convencional así como técnicas terroristas, como el asesinato de civiles, miembros del gobierno y militares, el secuestro con fines políticos (como el de Íngrid Betancourt) o extorsivos, atentados con bombas o cilindros de gas, y actos que han provocado desplazamientos forzados de civiles violando así el Derecho Internacional Humanitario.

Según un informe del Gobierno de Colombia, esta organización obtiene del narcotráfico más de $1.000 millones de doláres al año (el 78% de su presupuesto). Según esas mismas fuentes, la extorsión (a través de vacunas) les significan a las FARC más de 600 millones de dólares, mientras que el robo de ganado ocupa el tercer de sus métodos de financiamiento.

Su número de efectivos varía según las fuentes, desde 6.000 hasta 16.000. Según un informe de Human Rights Watch, aproximadamente el 20-30% son menores de 18 años, muchos reclutados forzosamente, de igual forma se acusa a las FARC de torturar y abusar sexualmente de estos menores.

Las FARC-EP son la guerrilla más antigua y numerosa de América Latina. Fundada después de la ofensiva que, "con el fin de reafirmar la autoridad del llamado Frente Nacional", el ejército colombiano realizó en 1964 contra la "República de Marquetalia", una de las comunidades autónomas creada por grupos armados comunistas y liberales radicales a finales de la época de la violencia que siguió al Bogotazo en 1948.

En 1953 el General Gustavo Rojas Pinilla llegó al poder luego de un golpe de estado y buscó llevar a su fin la época de La Violencia. Por medio de las amnistías, cerca de 5.000 guerrilleros liberales dejaron las armas.

El Partido Comunista Colombiano (PCC) desconfió de la amnistía de Rojas Pinilla y se negó a entregar las armas, si bien hubo grupos que se declararon conformes con la amnistía. Durante las negociaciones varios de los grupos comunistas que seguían en armas se concentraron en Sumapaz donde, según su versión de los hechos, fueron atacados por fuerzas militares que usaron helicópteros y Napalm provisto por el gobierno de los Estados Unidos a través de la CIA.

Estas guerrillas comunistas y varios liberales radicales de los cuales hacía parte el actual comandante de las FARC Manuel Marulanda, también conocido como "Tirofijo", se retiraron hacia el sur, en la región de Marquetalia, donde establecieron lo que llamaron una "zona liberada".

Luego crearon zonas similares en El Pato Caquetá, Riochiquito Cauca, Guayabero y el sudoeste de Tolima. Campesinos acosados por bandoleros y en algunos casos por el ejército colombiano se establecen en las llamada "zonas liberadas", por lo que surgió una administración civil además de la armada. Surgen discrepancias teóricas y algunos grupos tratan de establecer una estrategia guerrillera ofensiva. Hecho por el cual fracasan el MOEC (Movimiento de Obreros, Estudiantes y Campesinos), el FUAR (Frente Unido de Acción Revolucionaria) y el Movimiento Vichada. El PCC asienta su estrategia basada en la autodefensa armada y el ejemplo de las "zonas liberadas".

Entre 1956 y 1958 liberales y conservadores llegan a un acuerdo de reparto del poder con la intención de frenar La Violencia bipartidista después del Bogotazo de 1948, y se crea el Frente Nacional. El nuevo régimen, en medio de la Guerra Fría, considera que se debe poner fin al experimento comunista y califica a las zonas liberadas de "repúblicas independientes", al estar fuera del control y jurisdicción de la administración nacional.

Las «Repúblicas Independientes» Las guerrillas comunistas consideran que esta expresión fue elegida por el gobierno para acusarlos de separatismo y apelar al patriotismo de los colombianos en su contra. En la década del 1960 se articula el Plan LASO con ayuda de Estados Unidos, cuyo desarrollo comienza en 1962, pero a pesar de varios avances fracasa en Marquetalia (el mayor de los establecimientos de los comunistas). En 1964 se inicia la segunda ofensiva contra El Pato. Miles de soldados del gobierno (según fuentes militares participaron 1.600), consiguen entrar en las zonas.

Durante sus primeros años de existencia, las FARC-EP tenían un carácter exclusivamente rural y limitado a acciones relativamente esporádicas en pequeñas zonas de influencia, primando todavía el componente de autodefensa campesina. El gobierno colombiano intentó varios operativos militares para acabar con el grupo guerrillero, que al final no lograron su fin.

En junio de 1964, Marulanda y unas docenas de hombres, dispersados por la acción militar, se internaron en la selva y el 20 de julio de 1964 se reunieron para crear oficialmente el llamado Bloque Sur, la primera insurgencia guerrillera del Partido Comunista en Colombia, de donde nacerían las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del pueblo). El 5 de mayo de 1966, la Segunda Conferencia del Bloque Sur oficializa la conformación de las FARC-EP como brazo armado del partido comunista.

Así, la guerrilla de las FARC-EP ha mantenido hasta la actualidad una insurgencia armada contra el Estado colombiano (El conflicto colombiano es calificado por varios analistas como guerra civil, sin existir consenso al respecto ni en Colombia, ni en el mundo) . Es probablemente el conflicto bélico más prolongado del mundo junto con los desarrollados en Birmania y Cachemira.

Hasta la década de 1980, las FARC crecieron de manera relativamente lenta; además de sufrir una escisión por parte de Javier Delgado y Hernando Pizarro Leongómez, antiguos comandantes de las FARC, formando aparte una guerrilla llamada Comando Ricardo Franco Frente-Sur. Las FARC contaban entonces con entre 1.000 y 3.000 hombres. En la Séptima Conferencia del 4 al 14 de mayo de 1982, bajo el mando del líder político «Jacobo Arenas», se plantearon varias directrices estratégicas nuevas y se reafirmó el principio de la «combinación de todas las formas de lucha», la lucha política y la armada.

A partir de ese momento las FARC se nombran «Ejército del Pueblo» (FARC-EP) y se plantea la política del desdoblamiento de frentes, con objetivo duplicar el número de integrantes y se fijan fechas para una futura toma efectiva del poder en los años noventa.

Se produce también un rechazo a toda relación con el emergente fenómeno del narcotráfico y de sus cultivos, pero gradualmente durante los años 80 se termina aceptando porque en los campos se constituye en una actividad creciente. Se establece gradualmente el cobro de impuestos a productores y a narcotraficantes como fuente de financiación, mediante el llamado «gramaje».

El 28 de mayo de 1984, tras una reunión de los líderes de los 27 frentes y del Estado Mayor, se establece un alto el fuego, como parte de los acuerdos firmados con el gobierno de Belisario Betancourt («Acuerdos de Cese al Fuego, Tregua y Paz», conocidos como los Acuerdos de la Uribe). Las FARC formaron la Unión Patriótica (UP) para liderar el movimiento político.

Este intento de negociación fracasó debido en gran medida a dos elementos: las violaciones del cese de hostilidades por las dos partes, y la violencia política de sectores de la extrema derecha, entre ellos líderes políticos locales y varios miembros de las Fuerzas Armadas, así como actores de izquierda (entre ellos sectores de las FARC), incluyendo entre ambas partes (derecha e izquierda) algunos mandos importantes y narcotraficantes..

A pesar de un intento inicial de miembros de las diferentes guerrillas por llegar a un acuerdo con Pablo Escobar, entre otros narcotraficantes, eventualmente se rompen los contactos formales debido a los secuestros de familiares y amigos de los mismos por parte de los insurgentes.

El narcotráfico, posteriormente también en guerra frontal contra el estado para impedir el inicio de la posible extradición de sus miembros a Estados Unidos, decide tomar venganza contra la guerrilla y los campesinos simpatizantes, financiando escuadrones privados a partir de sus propios grupos de sicarios, incluyendo también la participación de asociaciones de ganaderos y propietarios rurales (terratenientes), contando además con la colaboración de varios militares del Ejército colombiano, tanto directa o indirectamente, constituyendo los inicios de los grupos conocidos actualmente como autodefensas o paramilitares (que, desde 1997, se unirían en torno a las AUC).

En septiembre de 1987 todos los grupos guerrilleros operativos (el EPL, las FARC-EP y el ELN) se constituyeron en la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB), que sería el resultado del ingreso de los anteriores grupos armados a la ya existente Coordinadora Nacional Guerrillera (CNG) en asocio con el Comando Ricardo Franco Frente-Sur (el cual luego seria declarado enemigo de las FARC-EP y expulsado de la CGSB por los sucesos de Tacueyó) y el Movimiento Armado Quintín Lamé; buscando coordinar tanto las acciones armadas como las negociaciones de paz hacia el futuro. Este intento tuvo muy poca eficacia y eventualmente se dividió. El M-19 acabó firmando la paz, y las FARC y el ELN actuaron completamente separados, si bien posteriormente se realizaron acciones conjuntas en casos específicos.

La violencia cobró las vidas de importantes políticos tanto del establecimiento legal tradicional opuesto al narcotráfico, entre ellos el ministro Rodrigo Lara Bonilla, como de numerosos miembros de la izquierda legal en particular del entonces recientemente fundado partido legal de las FARC-EP: la Unión Patriótica. Este movimiento, a pesar de las intenciones iniciales de incluirlo dentro del estrategia de la «combinación de todas las formas de lucha», no fue exclusivamente un órgano de las FARC-EP, pues con el contó con participaciones de movimientos civiles, sindicales y obreros con diferentes intenciones. Varios dirigentes de la UP llegaron a no estar de acuerdo con el accionar armado de las FARC-EP y pedían mantener la vía política a pesar de la nueva ola de violencia desatada, criticando tanto al gobierno como a las FARC-EP por no hacer más intentos de controlar la situación.

La UP como tal siguió insistiendo en seguir con la vía política, hasta prácticamente su exterminio, del cual se dan diversas cifras, de entre 2.000 a 4.000 militantes asesinados o desaparecidos.

El 9 de diciembre de 1990, día de las elecciones para la Asamblea Constituyente, el ejército, sin previa declaratoria expresa de guerra y cuando informalmente todavía se continuaba el proceso de diálogo, lanzó una ofensiva contra Casa Verde, sede del Secretariado Nacional de las FARC-EP, pero fracasó y obtuvo pocos resultados. El gobierno colombiano argumentó que se tomó esa medida porque las FARC-EP no habían cumplido con sus compromisos, ya que todavía realizaban actividades delictivas y no se habían acogido a vía negociada.

El gobierno colombiano no sólo negociaba con las FARC en aquel entonces, también sostenían negociaciones con otros grupos armados, lográndose por acuerdos políticos y contactos con otras guerrillas la desmovilización de varios grupos armados en 1991 (proceso en el que no participaron las FARC-EP). La gran mayoría de los desmovilizados, si bien no recibieron contrapartidas específicas, fueron indultados, se incorporaron a la vida civil y no se les siguieron procesos legales. Bajo la firma de la paz se desmovilizaron algunos grupos (EPL, ERP, Movimiento Armado Quintín Lame, M-19), y pronto lo que quedaba de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar comenzó una serie de negociaciones con el estado.

Durante ese mismo año murió el jefe guerrillero Jacobo Arenas.

El 3 de junio de 1991 se reinició el diálogo entre la Coordinadora y el gobierno, en territorio venezolano (Caracas) y luego mexicano (Tlaxcala). La guerra no se detuvo y continuaron las acciones armadas por ambas partes. El proceso de negociación se rompió en 1993 al no llegarse a un acuerdo. La Coordinadora como tal desapareció no mucho después de ese momento, y los grupos guerrilleros siguieron sus actividades independientemente.

Antes de dicho rompimiento, se dio a conocer una carta escrita por un grupo de intelectuales colombianos (entre los cuales se incluía el Nobel de Literatura Gabriel García Márquez) dirigida a la Coordinadora Guerrilla Simón Bolívar, donde se les reclamaba acerca de la forma en que están llevando a cabo su lucha y las consecuencias nefastas que ésta estaba dejando en el país.

A inicios de los años noventa, las FARC-EP disponían de entre 7.000 y 10.000 combatientes, organizados en 70 frentes distribuidos en todo el país. En los años 1996 a 1998 las FARC-EP le propinaron al Ejército Colombiano una serie de golpes, incluyendo una toma de tres días a Mitú en el departamento de Vaupés. De esta última, resultaron un gran número de soldados prisioneros.

Por este mismo periodo en Colombia se expandían los cultivos de las diferentes drogas y se organizaron amplias marchas de campesinos cocaleros que paralizaron varias vías del sur de Colombia, en las cuales, según el gobierno de este país, las FARC-EP tuvieron influencia. No se ha investigado a fondo cuál sería o no su responsabilidad específica en dicha situación.

En 1998, mediante acuerdos con el gobierno del recién elegido presidente Andrés Pastrana Arango, se creó la Zona de distensión, una zona desmilitarizada que se extendidaa en 40.000 km², aproximadamente el tamaño de Dinamarca, entre los municipios de Mesetas, La Uribe, La Macarena, Villahermosa y San Vicente del Caguán, con el fin de llevar a cabo un proceso de paz con este grupo armado. En dicha zona las FARC-EP hicieron presencia en cascos urbanos y se les acusa de asumir de hecho, en algunos de éstos, la administración armada contra la población civil (a pesar de que esto último no estaba contemplado en los acuerdos).

Al mismo tiempo, en los corregimientos como el Caguán se siguieron desarrollando las actividades propias al estado democrático en cabeza del alcalde y diputados elegidos mediante sufragio secreto y universal. El "proceso de paz" duró entre 1998 y 2002, pero a pesar de varios avances teóricos y documentales, las tensiones y polémicas alrededor de la negociación no permitieron que se concretara el proceso.

El 20 de febrero de 2002, la columna móvil de las FARC-EP Teófilo Forero, secuestró un avión de la aerolínea Aires en el que viajaba el senador Jorge Gechem. La guerrilla liberó ese mismo día a todos los pasajeros excepto al senador. Este episodio y los profundos desacuerdos entre el Gobierno Colombiano y la guerrilla en relación a los controles aéreos, terrestres y fluviales en la zona desmilitarizada, llevaron al gobierno de Pastrana a dar por terminadas las negociaciones con las FARC-EP.

La llegada a la presidencia de la República de Colombia de Álvaro Uribe, quien inicia la implementación del Plan Patriota, implicó la intensificación de la guerra contra las guerrillas, sosteniendo la tesis de que en Colombia no existe un conflicto armado sino una amenaza terrorista. Por su parte las FARC decidieron promover un regreso a la estrategia de guerra de guerrillas, para de esta manera conservar su estructura, a pesar de estar sometidos a un alto grado de presión y de sufrir en el camino varias deserciones e incautaciones de material logístico.

Hacia el año 2002, según cifras del gobierno, el número de guerrilleros de las FARC-EP solía estimarse en 18.000 hombres, y a inicios del 2005, según estas mismas cifras, entre 12.000 y 13.000. Las FARC-EP no suelen mencionar cifras específicas, pero estiman que tendrían más de 20.000 hombres.

Durante el primer periodo presidencial de Álvaro Uribe, no hubo contactos serios entre las FARC-EP y la administración para hablar de paz. Posteriormente, continuaron algunas esporádicas gestiones diplomáticas en pro de la realización de un acuerdo humanitario, conocido también como intercambio de prisioneros o canje, entre las FARC y el gobierno colombiano.

Hasta la fecha, las dos partes no han conseguido ponerse de acuerdo. Las FARC-EP piden que se liberen todos sus guerrilleros presos, incluidos alias «Simon Trinidad» y alias «Sonia» (quienes fueron extraditados a Estados Unidos acusados de tráfico de drogas y terrorismo) y después de ser reintegrados a la organización, Las FARC-EP liberarían un pequeño grupo de 44 secuestrados, los denominados «canjeables». Para que dicho cambio se haga realidad, las FARC-EP han pedido como requisito la desmilitarización de dos municipios (Pradera y Florida) Para varios observadores, ambas partes aprovechan la situación para promover sus intereses políticos o militares, ante lo cual las partes en conflicto han recibido numerosas críticas de la población civil nacional e internacional.

El 1 de Marzo del 2008 las FARC sufren uno de los más duros golpes de toda su historia, al morir Luis Edgar Devia Silva alias Raúl Reyes durante un bombardeo por parte de las fuerzas militares colombianas a su campamento guerrillero ubicado en Ecuador, cerca de la frontera colombiana. A su vez, esta incursión desencadena una crisis diplomática entre los países de la región.

El 7 de marzo de 2008 se anuncia que otro miembro del secretariado de las FARC: Iván Ríos fue asesinado por su guardia personal, quienes huyeron entregándose al gobierno Colombiano.

31 países del mundo, entre ellos todos los miembros de la Unión Europea Colombia, Perú, Estados Unidos, y Canadá consideran a las FARC como una organización terrorista.

Los gobiernos de Ecuador Bolivia y Brasil no lo hacen y no intervienen en el conflicto, pues lo consideran un asunto interno de Colombia.

El gobierno de Venezuela no considera como terroristas a las FARC. Su presidente, Hugo Chávez, solicitó un estatus de beligerancia para dicho grupo y que fuesen excludidas de las listas de organizaciones terroristas de los gobiernos latinoamericanos y de la Unión Europea. También ha dicho que las FARC tienen un «proyecto político bolivariano» que en su opinión es respetado en Venezuela. Dos años atrás había afirmado estar en contra de las FARC y no tener el más mínimo vínculo con las mismas. A este respecto, el Gobierno de Venezuela solicitó a la Unión Europea, por un lado retirar al grupo de la lista de grupos terroristas y por otro otorgarles el estatus de «grupo beligerante».

En cambio, el bloque de la Unión Europea por intermedio de su presidente José Manuel Durao Barroso, rechazó esta propuesta y reafirmó la posición de la Comunidad Europea respecto al calificativo de terroristas para las FARC.

La organización defensora de los derechos humanos Amnistía Internacional, al responder a una crítica del gobierno colombiano por no considerar a las FARC como una organización terrorista, ha afirmado que «en lugar de detenerse en un debate semántico sobre cómo calificar a las FARC, el gobierno colombiano debería preocuparse por el hecho de que las partes en conflicto, sea la guerrilla, los paramilitares o las fuerzas de seguridad, siguen ignorando los derechos humanos y la legislación humanitaria internacional». Amnistía Internacional también ha afirmado que el Comité internacional de la Cruz Roja y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos rechazan la interpretación de que en Colombia no exista un conflicto armado sino que existe una guerra contra el terror.

En agosto de 2007, Uribe designa a la senadora del Partido Liberal y opositora del gobierno Piedad Córdoba como facilitadora para el Acuerdo Humanitario de prisioneros y rehenes. Posteriormente se autoriza también la participación del Presidente de Venezuela Hugo Chávez en la facilitación. Los sujetos del eventual acuerdo incluían, entre otros, a Íngrid Betancourt, tres ciudadanos estadounidense, prisioneros de las FARC así como a alias «Simón Trinidad» y alias «Sonia», dos integrantes de FARC extraditados a los EEUU.

Las gestiones de Córdoba y de Chávez lograron que se aceptara la ciudad de Caracas como territorio neutral para las conversaciones. Los gobiernos de EEUU, Francia, España y Suiza demostraron gran interés en el proceso iniciado. El Movimiento de Países No Alineados, Brasil, Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y el partido gobernante en Uruguay también respaldaron las gestiones.

Durante su gestión la senadora Córdoba logró que tanto «Sonia» como «Trinidad» manifestaran el hacerse a un lado para evitar que el canje no se lograra. Durante el mes de noviembre, en medio de la visita de Chávez a París, el gobierno Uribe estableció como límite de las gestiones el 31 de diciembre de 2007 para lograr el intercambio. Según el gobierno, este plazo era motivado por el hecho de que se trataba de un proceso puntual que no debía dilatarse excesivamente en el tiempo.

El 21 de noviembre de 2007 el gobierno colombiano decidió terminar con la mediación del presidente Chávez. El gobierno mencionó que tuvo lugar una conversación telefónica entre el presidente venezolano y el Comandante del Ejército Colombiano General Mario Montoya, añadiendo que Uribe le había dicho a Chávez con anterioridad que «no estaba de acuerdo con que el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela se comunicara directamente con el Alto Mando institucional de Colombia».

Organizaciones de apoyo a los secuestrados y la familia de Betancourt expresaron su desacuerdo con esta decisión y pidieron que se reiniciaran las gestiones. El presidente francés Nicolas Sarkozy expresó que seguía apoyando la gestión realizada por Chávez. El martes 20 de noviembre, Chávez le había dicho al presidente francés que Betancourt estaba viva sin aportar pruebas de supervivencia, según dijo porque estas no habían podido llegar a sus manos debido a operativos militares en Colombia.

El 29 de noviembre, el ejército colombiano incautó a milicianos urbanos de las FARC en Bogotá unas grabaciones en vídeo donde se muestran con vida y en precarias condiciones a varios rehenes, entre ellos la ex candidata presidencial. Según Córdoba, esta era la prueba de que la gestión de Chávez y de ella iban por buen camino. La interrupción de la gestión de Chávez causó un incidente diplomático entre los dos países.

Tanto «Iván Márquez», representante las FARC, como Uribe expresaron su confianza en la mediación de Sarkozy para que el proceso de canje de rehenes siguiera adelante.

La financiación para sus actividades tiene múltiples orígenes.

Según un estudio realizado por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Ministerio de Hacienda de Colombia, en el año 2003 la principal fuente de ingresos de las FARC fue el cobro de rescates por secuestros y el robo de ganado, obteniendo ganancias de 37,32 y 22,19 millones de dólares estadounidenses, respectivamente. Las ganancias obtenidas del narcotráfico son el 30% del total, y la mayor parte del dinero que obtienen por este delito es por el «Impuesto al gramaje», el cual es pagado por cada gramo producido por los campesinos cocaleros y grupos narcotraficantes. Según algunos expertos, la extensión de los campos de coca (algo muy necesario para la economía de las FARC), causa daños irreparables en el medio ambiente.

En un informe de circulación restringida elaborado por el gobierno de Colombia se afirma que las FARC obtienen el 78% de sus recursos del narcotráfico, obteniendo más 1000 millones de doláres al año sólo por venta de droga.

Sus métodos de combate incluyen la guerra de guerrillas y combate regular convencional. Sus actividades también incluyen los secuestros, actos terroristas y la utilización de armas no convencionales como cilindros bombas.

Organismos defensores de derechos humanos como Human Rights Watch, entre otros, le han solicitado a las FARC que deje de usar armas no convencionales, pues según el organismo internacional "El continuo uso de cilindros de gas por las Farc-Ep muestra un flagrante desprecio por la vida de los civiles por parte de estos grupos armados".

Según la "ley 002" del 2000 anunciada públicamente por el "Mono Jojoy" de las FARC durante las conversaciones de paz en el Caguán, cualquier directivo de empresa o persona natural con un patrimonio mayor a un millón de dolares deberá pagar un equivalente al 10% de dicho patrimonio bajo la amenaza de secuestro. Esta amenaza provocó en su momento un éxodo de colombianos hacia el exterior.

Se ha denunciado que las FARC utilizan armas químicas que violan el Derecho Internacional Humanitario, con serias repercusiones contra la población civil.

Según estadísticas de la Campaña Internacional contra las Minas Antipersonales, las FARC son los mayores sembradores de minas antipersonales en Colombia y el mundo.

La Unión Europea y el gobierno de Estados Unidos de América incluyeron en 2001 a las FARC-EP en la lista de organizaciones terroristas, al igual que a la guerrilla del ELN y las AUC. Organizaciones de Derechos Humanos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional los consideran, al igual que a otros grupos ilegales, culpables de violar los derechos humanos, de atacar y perjudicar indiscriminadamente a civiles.

Según Human Rights Watch, las FARC han reclutado a niños, incluyendo a menores de 18 y 15 años.

Las FARC han utilizado carros o vehículos bomba en diferentes oportunidades, ocultando los explosivos dentro de un vehículo posteriormente abandonado o engañando al conductor del mismo para que lo transporte al lugar del atentado. En algunos casos han hecho explotar dichos vehículos remotamente, matando al conductor y provocando la muerte o heridas a transeúntes que se encuentren alrededor.

Entre las variantes de este tipo de atentados se incluyen los animales bomba, carretillas bomba y según el Comandante de la Policía del Departamento de Arauca, coronel Luis Alcides Morales, también bicicletas bomba. El gobierno colombiano, y algunos países de la comunidad internacional, considera estos actos como atentados terroristas.

En la masacre de Bojayá murieron 74 personas a causa de una bomba lanzada por las FARC contra una iglesia, en medio de un combate contra paramilitares de las AUC, según un informe de las Naciones Unidas.

El 14 de Abril de 2005, La guerrilla realizó una incursión armada a Toribío, lanzando cilindros-bomba en su enfrentamiento con las fuerzas públicas. Tres policías y un niño murieron en el ataque dejando y más de 30 heridos entre civiles y militares. La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en un comunicado manifestó "La Oficina condena los injustificables actos de violencia cometidos por las FARC-EP en Toribio, con los cuales se han infringido en forma grave los principios y las normas del derecho internacional humanitario, y se ha demostrado nuevamente un total menosprecio por la vida, la integridad y la seguridad de los civiles".

En algunos de los casos existen dudas sobre los responsables de los atentados. En varias ocasiones se ha llegado a acusarse inmediatamente a las FARC-EP, sin que se haya comprobado plenamente su responsabilidad. Esto se debe en gran parte a que el ELN no ha cometido atentados terroristas desde hace mucho tiempo. A finales del 2006 se presentaron casos donde militares colombianos fueron investigados por la justicia colombiana por su presunta participación en el montaje de falsos atentados en la ciudad de Bogotá durante ese año, originalmente atribuidos a las FARC, la mayoría de los cuales habrían sido desactivados presuntamente para presentarlos como "falsos positivos" en beneficio de los involucrados.

Originalmente, los guerrilleros de las FARC se oponían al cultivo de la coca. Durante los años 80 lo aceptaron, participando en el narcotráfico a través de la creación de un «impuesto» (el llamado gramaje) sobre los cultivos ilícitos, aplicable a los campesinos cultivadores. Al mismo tiempo, presentaron propuestas para una posible sustitución de cultivos. Posteriormente las FARC diversificarían su activad más allá de la regulación de los cultivos, cobrando «impuestos» a las actividades de los cárteles de la droga, incluyendo a los laboratorios y las pistas de aterrizaje clandestinas.

Para el 2005, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Ministerio de Hacienda de Colombia, estimaba que el porcentaje del dinero embolsado por las FARC procedente de los «impuestos sobre el gramaje» era alrededor de un 30% de sus ingresos totales, siendo estos de unos $600 millones de dólares durante el año 2003. Según los estimativos de la UIAF, el secuestro y la extorsión ganadera constituyen todavía las principales fuentes de financiación de las FARC.

La relación de las FARC con los cárteles de la droga ha sido controvertida. El grupo guerrillero niega rotundamente que participen en el negocio de las drogas más allá del «impuesto de gramaje» a la cultivación. Tanto el Gobierno de Colombia como el de EE.UU. afirman que las FARC actúan como un gran cártel. Existen analistas políticos que niegan que las FARC sean un grupo de narcotraficantes propiamente dicho, aún si existen relaciones entre el grupo guerrillero y las actividades del narcotráfico. El politólogo León Valencia ha afirmado que «hasta ahora ninguna de las personas que han estudiado este fenómeno han encontrado que las Farc trafican con drogas a EE.UU., o que directamente las introduzcan».

En Colombia y en EE.UU. se han iniciado procesos penales acusando a miembros de las FARC de delitos relacionados con el narcotráfico, basándose en testimonios de personas identificadas como reinsertados y colaboradores, interceptaciones de radio grabadas y documentos emitidos por las FARC.

En febrero de 2007, la extraditada Nayibe Rojas, conocida como «Sonia» en las FARC, y otras dos personas fueron declaradas culpables de narcotráfico por un jurado en una corte de los Estados Unidos. «Sonia» había sido acusada por los fiscales estadounidenses por cargos relacionados con el tráfico de drogas hacia ese país. La defensa de «Sonia» insistió en que ni ella ni las FARC participan en el tráfico de drogas, afirmando en cambio que le cobran un impuesto a la producción de coca. Existen analistas que consideran a estos juicios como una estrategia de presión para forzar a las FARC a negociar un proceso de paz con el Gobierno Colombiano.

El secuestro es una de las principales actividades de las FARC, ya sea por fines económicos, políticos (como el de Íngrid Betancourt) o simplemente mediante pescas milagrosas no-selectivas en las carreteras del país. Terratenientes, comerciantes, campesinos, empresarios, turistas niños, políticos, militares y policías se encuentran entre sus víctimas.

Las FARC secuestran a personas de diversos sectores de la población colombiana, incluyendo a terratenientes, comerciantes, campesinos, empresarios, turistas, niños, políticos, militares y policías, de entre éstos últimos, algunos ya llevan alrededor de 10 años de cautiverio. Uno de los casos más conocidos es el secuestro de la ex candidata presidencial colombiana Íngrid Betancourt, quien fue secuestrada por los mismos insurgentes cuando se dirigía a dialogar con ellos (en medio de su campaña presidencial).

Cada secuestrado en poder de las FARC es encadenado durante varias horas al día y supervisado por un guerrillero de la misma, con la orden de asesinarlo en el caso de un intento de rescate por parte las fuerzas militares colombianas como ejemplo de ello se tiene el caso del intento de rescate del asesor de paz de Antioquía Gilberto Echeverry Mejía, el Gobernador de Antioquía Guillermo Gaviria y varios soldados colombianos secuestrados, al percatarse de la operación de rescate las FARC les dispararon y asesinaron antes de huir de la presión del ejército, según relataron sobrevivientes.

En aras de negociar el intercambio humanitario o de prisioneros, varios analistas han empezado a diferenciar a los secuestrados, dándoles el estatus de secuestrados políticos o secuestrados extorsivos, ya que en dicho intercambio lo más probable es que sólo los primeros sean incluidos en un intercambio humanitario.

El día 18 de junio de 2007, las FARC reportaron la muerte de 11 de 12 diputados del Valle del Cauca, luego de haberlos tenido secuestrados durante 5 años. Según el grupo guerrillero, los diputados murieron durante el fuego cruzado que se habría presentado en medio de un combate con un «grupo militar no identificado». La guerrilla culpó a la «intransigencia» del gobierno de Álvaro Uribe. Human Rights Watch responsabilizó de manera directa a las FARC por la muerte de los secuestrados. Amnistía Internacional y ONGs de derechos humanos, repudiaron la muerte de los diputados y responsabilizaron a las FARC por mantenerlos en cautiverio y ponerlos en peligro. Ángela Giraldo, hermana del diputado Francisco Giraldo, le exigió al gobierno acceder al despeje de Pradera y Florida. El presidente colombiano acusó a las FARC de asesinar a los diputados y negó cualquier participación de las fuerzas militares en los hechos. Posteriormente fue demostrado que los diputados no murieron en combate. Por el contrario, la mayoría de ellos fueron asesinados por disparos en sus espaldas, algunos de ellos con disparos ejecutados a menos de un metro de distancia y con fusiles AK-47 arma utilizada por la guerrilla de las FARC.

En comunicados a la opinión publica las FARC-EP afirman que su objetivo es acabar con las desigualdades sociales, políticas y económicas, la intervención militar y de capitales estadounidenses en Colombia, mediante el establecimiento de un Estado marxista-leninista y bolivariano, lo que es desestimado por el gobierno y también por gran parte del pueblo colombiano, ya que Colombia tiene el mayor número de víctimas de minas antipersonales. Además de que el grupo esta involucrado en negocios considerados ilegales como el robo, la extorsión, el secuestro y trafico de armas y droga.

Sus operaciones, intermitentes, abarcan parte del territorio Colombiano y se realizan de acuerdo a necesidades operacionales y de movilización de este grupo. Las FARC-EP también tienen presencia urbana (frentes urbanos, conocidos como milicias o células) en varias ciudades colombianas, particularmente en zonas pobres o marginales.

En varias operaciones han utilizado medios y armas no convencionales que se encuentran prohibidas por la Convención de Ginebra y las Naciones Unidas.

En Venezuela las FARC son acusadas por el gobierno colombiano de tener campamentos sobre ese territorio. Según el gobierno, utilizan la zona como refugio de los ataques de la fuerza publica colombiana, para reabastecerse, recuperarse y mantener secuestrados. Las periodistas venezolanas Marianella Salazar, Ibéyise Pacheco, Marta Colomina y Patricia Poleo presentaron un video de un encuentro entre el ejército venezolano y las FARC (de junio del 2000) Sin embargo, el general en jefe de las Fuerzas Armadas Nacionales de Venezuela, Lucas Rincón, afirmó que la grabación muestra tan sólo una misión "humanitaria" del Ejército. Según el periódico español El País también usarían a Venezuela para tráfico de armas y drogas. El 16 de diciembre del 2007 dicho periódico, el periodista John Carlin publicó un artículo en el que, mencionando a cuatro desertores de las FARC identificados solo por sus nombres, afirmaba que hay campamentos de las FARC en ese país y que son permitidos por el gobierno del presidente Hugo Chávez. También cita fuentes de inteligencia y a diplomáticos de distintos países (sin especificar cuales). Muchos guerrilleros como Rodrigo Granda han recibido ciudadanía venezolana.

Recientemente, se han reportado extorsiones por parte de las FARC a ciudadanos de dicho país a los cuales se les entrega su respectivo recibo de pago.

En la zona fronteriza de Ecuador las FARC operan en forma similar a Venezuela. El jefe guerrillero Juvenal Ricardo Palmera alias Simón Trinidad fue capturado en ese territorio mientras circulaba con papeles de identificación falsos bajo el nombre de Cristo Rey Mariscal Peralta. Las FARC usan la frontera Colombo-Ecuatoriana también para el reabastecimiento de armas y el trafico de droga, así como también para tratamientos médicos.

A finales de 2006, Robinson Rivadeneyra, Gobernador del departamento peruano fronterizo de Loreto, denunció la presencia y accionar de las FARC en el Perú. Ribadeneyra denunció que las FARC utilizaba Loreto para reclutamiento de jóvenes para la guerrilla, algo que fue posteriormente negado por Germán Galvis, General del Ejército Colombiano. Galvís admitió que las FARC cruzaban la frontera, pero negó que reclutasen gente en Perú.

En Paraguay, fueron detenidas seis personas acusadas del secuestro y asesinato de Cecilia Cubas, hija del ex presidente paraguayo Raúl Cubas. Entre las seis personas detenidas se encontraba Osmar Martínez, de quien el presidente Nicanor Duarte acusó de haberse entrenado en Colombia en campos de las FARC, algo que fue puesto en duda por periodistas y analistas políticos paraguayos. Duarte también dio a entender que la guerrilla tenía presencia en ese país.

En México, a principios de los 90, las FARC mantuvieron una oficina en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que luego fue cerrada a petición del Gobierno Colombiano. En 2003, el embajador Colombiano en México alertó al gobierno colombiano de la presencia de las FARC en ese territorio aduciendo que aun mantenían oficinas pero de forma clandestina, lo cual fue negado por la UNAM en un comunicado oficial. Por otro lado, tanto la Procudaría General de México como el Gobierno Colombiano han acusado a las FARC, en base a «informaciones consistentes», de estar implicadas en el narcotráfico desde Colombia hasta territorio mexicano y de tener un «papel operacional directo» en éste.

Como reacción a las acciones del grupo insurgente, y amparados por un decreto gubernamental de los años 60, surgen a principios de los años 80 grupos de autodefensa paramilitares contrainsurgentes, algunos apoyados en parte por hacendados, multinacionales extranjeras y narcotraficantes. También participaron algunos sectores de la sociedad civil y miembros de institutiones estatales. En algunos casos las FARC han negociado armamento y distribución de drogas ilegales conjuntamente con grupos paramilitares.

Más de un million de colombianos hicieron una marcha organizada por el movimiento Colombia soy Yo. La marcha fue realizada en Febrero 4 del 2008 en más de 160 ciudades alrededor del mundo bajo un mensaje: Un millón de Voces contra las FARC.

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