Ministerio de la igualdad

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Publicado por t800 18/03/2009 @ 07:17

Tags : ministerio de la igualdad, gobierno, política

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Constitución Política de la República de Chile de 1980

La Constitución Política de la República de Chile de 1980 es el texto constitucional actualmente vigente en Chile. Fue aprobada en un plebiscito el 11 de septiembre de 1980 y entró en vigor, en un régimen transitorio, el 11 de marzo de 1981 y, en forma plena, el 11 de marzo de 1990. Su texto original contenía 120 artículos, con 29 disposiciones transitorias. Ha sido reformada en 1989, 1991, 1994, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2005, 2007 y 2008. Al año 2008, posee 129 artículos y 21 disposiciones transitorias.

Luego del Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, no sólo fue suspendida la Constitución de 1925 sino que, además, se buscó crear una nueva institucionalidad completamente desde cero. Una comisión, denominada la Comisión Ortúzar, se dio a la tarea de crear una nueva constitución, redactando el proyecto inicial. El Consejo de Estado discutió e introdujo algunas modificaciones a ese proyecto entre 1978 y 1980; tuvieron aquí alguna participación el ex Presidente Jorge Alessandri (Presidente del Consejo) y Enrique Ortúzar. Con posterioridad a la redacción afinada por esos cuerpos consultivos, la Junta de Gobierno también le introdujo algunos cambios. El texto fue en definitiva sometido a la opinión de la ciudadanía mediante el Plebiscito Nacional de 1980, en el que fue aprobado. Dicho plebiscito ha sido y sigue siendo cuestionado, atendidas las irregularidades formales de su celebración (entre otras cosas, por ejemplo, no existían registros electorales y la oposición se vio impedida de efectuar campaña, al estar restringidas algunas libertades públicas, como la de expresión y reunión). La Constitución entró en vigencia el 11 de marzo de 1981, aunque extensos sectores de la ciudadanía no reconocieron su validez.

Entre1981 y 1990, de acuerdo a las disposiciones transitorias fijadas por la misma Constitución, la Junta de Gobierno asume las funciones legislativas y constituyente. Augusto Pinochet, asimismo es la única autoridad ejecutiva a nivel nacional. Los tribunales de justicia continuaron ejerciendo sus funciones como venían haciendo desde el inicio de la dictadura.

Finalmente, un grupo de partidos políticos encabezados por la Democracia Cristiana a fines de los años 1980 aceptó entrar al juego político establecido en la Constitución, reconociéndola como una realidad jurídica. De esa forma se esperaba acortar el tiempo de la dictadura, dentro del marco institucional establecido por ésta; y así fue. En 1988 se puso en marcha el mecanismo previsto para la sucesión de Pinochet; tras la celebración de un plebiscito, el país decidió la realización de elecciones libres, en 1989, para designar al Presidente de la República y a la mayoría de los miembros del Congreso Nacional.

Luego de que la Concertación ganó las elecciones presidenciales, y Patricio Aylwin asumiera como Presidente de Chile en 1990, la Constitución fue reconocida como válida por todos los sectores políticos y sociales de Chile, con la excepción del Partido Comunista de Chile y otros grupos de izquierda extra-parlamentarios (quienes continúan llamando a la convocatoria de una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución).

La legitimidad de la Constitución es cuestionada ampliamente pero ha sido aceptada como realidad jurídica por los sectores políticos mayoritarios. No obstante, existe una presión constante tanto de los representantes de la Concertación como de la izquierda extra-parlamentaria para realizar numerosas modificaciones, algunas han sido promulgadas con éxito.

Durante los primeros años de los gobiernos de la Concertación, fue prácticamente imposible algún tipo de reforma sustancial del cuerpo legal debido a la oposición de los sectores de la Alianza por Chile.

En los últimos años, han sido realizadas variadas reformas constitucionales, pero sólo durante el gobierno del Presidente Ricardo Lagos se logró llegar a un consenso para eliminar los últimos enclaves antidemocráticos de su texto original (proveniente del gobierno militar).

Luego de varios años de discusión y de acuerdos entre ambos grupos políticos, el 14 de julio de 2005 se llegó a un acuerdo de reforma en el Senado. Posteriormente, un acuerdo entre el Gobierno y el Congreso, el Presidente presentó inmediatamente un veto para poder modificar 27 artículos de las reformas, las que fueron rápidamente aprobada por ambas cámaras del Congreso. El 16 de agosto de aquel año el Congreso Nacional de Chile en su conjunto, reunido como Congreso Pleno, da la última aprobación. El resultado de la votación fue de 150 votos a favor, 3 en contra (de los senadores designados Jorge Martínez Busch, Fernando Cordero y Julio Canessa) y la abstención del Senador Rodolfo Stange.

El 17 de septiembre del 2005, en una ceremonia especial, fue promulgado por medio de un decreto, el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Constitución, incorporando estas últimas reformas. Dicha ceremonia fue encabezada por el Presidente Ricardo Lagos, cuya firma del texto constitucional pasó a reemplazar la del General Augusto Pinochet.

En la actualidad la Constitución de 1980 parece en gran medida satisfactoria. Se trata de un texto que conserva un buen número de tradiciones republicanas, las que han sido correctamente actualizadas conforme a las orientaciones contemporáneas del constitucionalismo. Así, por ejemplo, se ha conservado la tradición presidencialista de matriz portaliana, coexistiendo con un parlamento mayoritariamente electo. El dominio legal se ha racionalizado, siguiendo al constitucionalismo francés de posguerra, pero ha mantenido un papel preponderante en la definición de las bases del ordenamiento, el que se ha visto equilibrado mediante un control de constitucionalidad de las leyes reforzado. Y naturalmente, el ejercicio del poder público se ha parecido verse durante estos años cada vez más limitado por los derechos fundamentales.

Como muchos comentaristas observan, hay una paradoja cierta en esta Constitución. Se trata probablemente del texto más respetuoso de los derechos individuales de las personas que haya conocido la historia constitucional chilena; la paradoja reside en que haya sido dictada precisamente por una dictadura militar bajo cuyo gobierno se violaron los derechos humanos. Sin embargo, no es casual que durante gran parte de los primeros años de vigencia del texto, el país haya sido gobernado bajo estados de excepción constitucional que permitieron eludir algunas reglas demasiado "restrictivas" para un gobierno no democrático, y no demasiado respetuoso –en el hecho– de las libertades públicas.

Las críticas más visibles dirigidas en su contra recaen sobre lo que en algún momento se llamó “enclaves autoritarios”. En efecto, aún abrazando principios democráticos, no debe olvidarse que un principio la Constitución obedecía a un modelo de “democracia protegida”. En ese contexto era normal que la propagación de doctrinas que propendieran la lucha de clases, por ejemplo, fuese considerada como un ilícito constitucional; o que se pretendiera instaurar a nivel local mecanismos de gestión administrativa y gubernamental al margen de recetas puramente políticas (i.e. ideológicas). Durante casi 25 años subsistieron algunos aspectos heredados de esa concepción política: el papel de las Fuerzas Armadas como garantes de la institucionalidad, el peso (cada vez menor en la práctica) del Consejo de Seguridad Nacional de Chile, y la existencia de senadores por derecho propio y otros designados, que se reputan representar a la Nación del mismo modo que los electos.

A ello se suman dos factores que mantienen una grave tensión. Por una parte, la definición de un sistema electoral que no asegura en forma absolutamente fiel la representación de todas las colectividades políticas y ha obligado a formar grandes bloques políticos –en donde las colectividades más marginales tienen dificultad para hacerse oír. En ese contexto, la Constitución parecería haber sido hecha para regir de una vez para siempre al país, sin posibilidad de evolución. Por otra parte, y sumado a lo anterior, la Constitución en varias de sus disposiciones exige mayorías parlamentarias calificadas para reformar ciertos aspectos institucionales que son claves en la actualidad. Por ejemplo, se exige una mayoría de los 4/7 de los parlamentarios en ejercicio para reformar las votaciones, los partidos políticos, la libertad de enseñanza, las bases de la Administración, el Congreso Nacional, el Tribunal Constitucional, las Fuerzas Armadas, etc. Dado lo anterior, ha sido extremadamente difícil que la mayoría democrática reforme tales instituciones cuyo régimen jurídico, en lo fundamental, fue definido durante la dictadura militar.

La solución a muchos de esos problemas, que existen y en algún momento han parecido graves, pasa simplemente por una reestructuración de mecanismos de poder, como los que se discuten actualmente y verosímilmente permitirán cambiar la Constitución.

Pero más allá de esa clase de observaciones, cabe preguntarse si acaso la Constitución tiene realmente carácter democrático. No se trata de resucitar las querellas acerca de su legitimidad de origen sino de analizar su contenido. En efecto, en el texto mismo, en sus aspectos dogmáticos, hay opciones ideológicas explícitas, que pueden ser discutibles, y sobre todo pueden limitar la libertad de acción de generaciones futuras. El principio de subsidiariedad, por ejemplo, puede erigirse en obstáculo a la implementación de políticas asistenciales o de servicio público más agresivas por parte del Estado. Igualmente, la importancia asignada a la familia podría esgrimirse como argumento que impida la adaptación de las leyes a la evolución de las costumbres, particularmente en materia sexual. En fin, incluso un concepto aparentemente tan inocuo como el de bien común puede ser objeto de lecturas restrictivas, que vinculen el porvenir de la sociedad chilena a un modelo específico inmutable, y frenen su evolución conforme a la apreciación más o menos cambiante del interés general, que hagan los representantes de la Nación a través del tiempo. La cuestión que habrá que preguntarse en el futuro es si quiere hacerse de la Constitución chilena más un programa de gobierno que un arsenal de instrumentos a disposición de cada gobierno o cada legislatura.

La Constitución de 1980 está articulada en torno a 15 capítulos.

El primer capítulo (artículos 1º a 9º), llamado Bases de la Institucionalidad, contiene una serie de principios elementales de un Estado de derecho. Este capítulo resume la filosofía política de la Constitución, en cuanto toca a la relación del hombre con el poder. Así, establece, por ejemplo que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y reconoce la importancia de la familia y del respeto a los derechos fundamentales. Contiene diversos principios inspiradores de la organización política del Estado: soberanía nacional, democracia representativa, forma unitaria, tendencia a la descentralización, etc. El valor jurídico de la Constitución es regulado por ella misma: se trata de una norma, por consiguiente su observancia es obligatoria para toda persona, institución o grupo, y evidentemente también para todos los órganos del Estado. El principio de respeto al Estado de derecho se completa mediante los principios de legalidad –o juridicidad, en la jerga de algunos académicos- y de responsabilidad del Estado.

El capítulo II (art. 10º a 18), Nacionalidad y ciudadanía, compendio de las reglas tradicionales chilenas sobre la ciudadanía. Reconoce la nacionalidad chilena en las distintas formas que esta se obtiene, ya sea ius sanguinis, ius solis, por carta de nacionalización o por gracia (ley). También establece las causas de pérdida de la nacionalidad, otorga la posibilidad de recurrir ante la corte suprema frente a resolución administrativa considerada arbitraria, que prive o desconozca la nacionalidad chilena. También establece las reglas básicas de la Ciudadanía, el Derecho a Sufragio y la forma de elección.

El capítulo III (art. 19 a 23), posee una densidad normativa importante. Se refiere a Los derechos y deberes constitucionales. El artículo 19, extensa enunciación de los derechos fundamentales reconocidos en Chile, conserva tradiciones ancestrales de la cultura jurídica chilena –la trilogía de valores hispánicos: honra, vida y hacienda, por ejemplo–, actualizándolas conforme a las orientaciones actuales del constitucionalismo moderno. Entre los derechos fundamentales reconocidos se cuentan el derecho a la vida, la igualdad ante la ley, la igualdad en la protección de la ley, a la honra, a la libertad de conciencia, a la libertad de expresión, de asociación, el derecho a la propiedad, y un largo etcétera. Ciertamente, los derechos humanos de carácter social son los menos desarrollados en este texto, aunque contiene algunos esbozos al respecto. Esta enumeración se cierra por la garantía de que el legislador no podrá dictar leyes que afecten el núcleo fundamental o la esencia de estos derechos.

La Constitución ha instituido, además, el recurso de protección, mecanismo procesal que permite hacer efectivas ciertas garantías constitucionales frente a actos ilegales o arbitrarios. Ha sido ésta una gran innovación que ha permitido dar vida a las normas constitucionales y vigorizar el fenómeno llamado de “constitucionalización” del derecho.

El capítulo IV (art. 24 a 45) establece como cabeza del Estado y del Gobierno al Presidente de la República. Define las formas de elección de éste y los requisitos para desempeñar el cargo, establece las atribuciones del Presidente de la República, las normas relativas a los Ministros de Estado, su nombramiento y requisitos para desempeñar el cargo, da la norma básica sobre las bases de la Administración del Estado, y define los Estados de Excepción Constitucional.

El capítulo V (art. 46 a 75) establece un Congreso Nacional bicameral, con un Senado y una Cámara de Diputados, estableciendo la forma de elección de los miembros de los mismos y sus números, los requisitos e inhabilidades para desempeñar el cargo, las atribuciones exclusivas de cada rama y del congreso en su conjunto, el funcionamiento del congreso, las materias de ley y la formación de las mismas.

El capítulo VI (art. 76 a 82) establece las bases del Poder Judicial.

El capítulo VII (art. 83 a 91) establece las bases del Ministerio Público, las formas y modos de operar de este organismo, la designación o elección de sus miembros, y las atribuciones de los mismos.

El capítulo VIII (art. 92 a 94) establece un Tribunal Constitucional, definiendo la forma en la cual serán designados los miembros del mismo, las atribuciones del Tribunal y la fuerza de sus resoluciones.

El capítulo IX (art. 95 a 97) establece las normas fundamentales de la Justicia Electoral.

El capítulo X (art.98 a 100) establece la Contraloría General de la República, dotada de autonomía, establece la forma de designar a los miembros de este organismo, y establece los procedimientos en los cuales opera el mismo.

El capítulo XI (art. 101 a 105) establece la forma de operar de las instituciones armadas y policiales, sus normas fundamentales, el ascenso de sus miembros, y la designación de los comandantes en jefe de las distintas ramas de las FF.AA y de Orden.

El capítulo XII (art. 106 a 107) establece un Consejo de Seguridad Nacional, formado por los miembros que la Constitución Señala, para asesorar al Gobierno en materias de su incumbencia.

El capítulo XIII (art. 108 a 109) establece normas fundamentales para este órgano autónomo y técnico.

El capítulo XIV (art. 110 a 126 bis) establece las bases del gobierno y la administración del Estado a nivel regional y provincial y de la administración comunal, la forma y modo de operar de las autoridades de dichos entes, y sus atribuciones.

El capítulo XV (art. 127 a 129) establece la forma, los quórums y modos de reformar los diferentes capítulos de la Constitución Política de la República.

Al principio



Política de España

José Luis Rodríguez Zapatero, actual Presidente del Gobierno de España.

La política de España es el conjunto de condiciones administrativas que las leyes de España dictan para el funcionamiento que los órganos legislativos consideran apta para el país. De acuerdo a la clasificación de sistemas de gobierno en el mundo España posee la forma de monarquía parlamentaria, pues su poder legislativo, (representado en la figura de las Cortes Generales), ejerce la mayor parte de la responsabilidad legislativa y del gobierno.

Es un sistema parlamentario porque tras las elecciones legislativas el monarca debe hacer la propuesta del Presidente del Gobierno al Congreso de los Diputados y si éste lo aprueba, el elegido permanece en el cargo mientras conserve la confianza de los diputados, de lo contrario debe renunciar.

El Rey puede disolver las Cortes si no hay un criterio uniforme de gobierno, y entonces se convocan a nuevas elecciones.

Durante esta época, se produce el cambio de régimen, de la dictadura franquista a la actual Monarquía parlamentaria. Siendo Presidente del Gobierno Adolfo Suárez se aprobó la Ley para la Reforma Política (1976) y la actual Constitución. Suárez gobernó desde 1976 hasta 1981.

El 23 de febrero de 1981, algunos grupos rebeldes de la Guardia Civil tomaron el Congreso de los Diputados e intentaron imponer una dictadura militar. Sin embargo, la gran mayoría de las Fuerzas Armadas Españolas permanecieron leales a Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I, quien empleó la autoridad real para echar abajo el intento de golpe de estado.

Tras la dimisión de Suarez en 1981, Calvo Sotelo preside el gobierno hasta la convocatoria de nuevas elecciones en 1982.

España se une a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) a principios de 1982. En octubre de ese mismo año, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), liderado por Felipe González Márquez, ganó las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado con mayoría absoluta. El PSOE también obtuvo la mayoría absoluta en las elecciones de 1986 y 1989. González, al frente del PSOE, gobernó durante los siguientes 13 años. Durante su mandato se desarrolló el Estado del Bienestar, el modelo autonómico y se produjeron cambios importantes en política social, muy atrasada a causa de la dictadura. También, este periodo estuvo marcado por escándalos políticos de corrupción y de terrorismo de Estado (GAL). En 1986 España entró a formar parte de la Unión Europea (UE).

En marzo de 1996, el Partido Popular (PP) de José María Aznar fue el partido más votado, consiguiendo casi la mitad de los escaños en el Congreso. Aznar se propuso liberalizar la economía, con un programa de privatizaciones, reforma del mercado laboral, y medidas destinadas a incrementar la competitividad en ciertos mercados, principalmente el de telecomunicaciones. Durante la primera legislatura de Aznar, España consiguió los objetivos de la Unión Económica y Monetaria. Durante este periodo, España participó, junto con los Estados Unidos y otras naciones aliadas de la OTAN, en operaciones militares en la antigua Yugoslavia. España se propuso tomar parte en la Guerra de Kosovo en 1999, y las Fuerzas Armadas Españolas y algunas unidades de policía fueron incluidas en fuerzas de pacificación en Bosnia (IFOR, SFOR) y en Kosovo (KFOR).

El PP obtuvo la mayoría absoluta en las dos cámaras de las Cortes Generales en las elecciones de marzo de 2000. Este resultado permitió a Aznar formar un gobierno sin necesidad de coaligarse con otras fuerzas políticas como en su anterior legislatura. Aznar es un firme defensor de las relaciones trasatlánticas y de la Guerra contra el terrorismo. Esta legislatura estuvo marcada por la agitación social producida por algunas leyes o decisiones (Cambio de las leyes de Educación Ley Orgánica de Calidad de la Educación, Guerra de Irak, Prestige, atentados del 11-M) que ciertos sectores de la población no aceptaron. Para las elecciones de Marzo de 2004 Aznar nombró a Mariano Rajoy (hasta entonces Vicepresidente 1º del Gobierno) como candidato del PP.

El PSOE ganó esciones. José Luis Rodríguez Zapatero fue elegido Presidente del Gobierno. Tres de las medidas más importantes del Gobierno en el principio de su mandato fueron: la participación de la mujer en la mitad de los cargos del Consejo de Ministros, la retirada de las tropas españolas en Irak y la aprobación del matrimonio entre homosexuales.

Existen otros muchos partidos políticos y coaliciones presentes únicamente en ayuntamientos o parlamentos autonómicos en la actualidad, al margen de los citados anteriormente.

En los últimos años con la aprobación y puesta en marcha de la Ley Orgánica 6/2002 de Partidos Políticos −más conocida como Ley de Partidos− ha sido ilegalizada la agrupación política Batasuna, y anuladas las listas electorales de formaciones como Autodeterminazioaren Bilgunea (AuB) y Aukera Guztiak (AG).

El poder legislativo recae en en las Cortes Generales, asamblea bicameral compuestas por el Congreso de los Diputados y el Senado. Representan al pueblo, ejercen la responsabilidad legislativa y aprueban los presupuestos.

El Senado es la cámara alta, integrada por un número variable de senadores, de los que uno es electo por la legislatura de cada Comunidad Autónoma, y otro más por cada millón de habitantes.

También hay senadores de elección directa por el pueblo. Cuatro por cada provincia, tres por cada una de islas de Gran Canaria, Mallorca y Tenerife, 1 Senador por cada una de las islas o agrupaciones de ellas de Ibiza-Formentera y Menorca en las Islas Baleares, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote (incluyendo a La Graciosa y las islas menores) y La Palma por las Islas Canarias y 2 Senadores por cada una de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.

El Senado dura cuatro años en ejercicio, tiene funciones de integración territorial, legislativa y política.

El Congreso es la cámara baja, pero tiene más poderes que el Senado. Quizás el más importante es el de ratificar la propuesta que el Rey hace del Presidente del Gobierno, así como retirarle la confianza.

El Congreso de los Diputados está compuesto por un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados, siendo su número actual de 350 por determinación de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, aprobada en 1985.

Los Diputados son elegidos en cada circunscripción electoral, que tiene atribuida una representación mínima inicial y un número adicional de escaños con arreglo a su población; la circunscripción electoral ordinaria es la provincia. En el caso de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla no se cuenta la circunscripción provincial. Cada una de estas ciudades está representada por un Diputado. Los diputados duran en su encargo cuatro años, o bien su mandato puede terminar el día que las Cortes sean disueltas por el Rey, a petición del Presidente.

El régimen de elección de los Diputados hace del Congreso una Cámara de representación popular y con un carácter netamente político, por lo que es el auténtico centro de la vida pública española y el escenario donde se protagonizan los debates y votaciones de importancia grave. Además, las facultades que la Constitución atribuye al Congreso sin intervención del Senado realzan dicho carácter político, dado que al Congreso en exclusiva corresponde otorgar y retirar la confianza de las Cortes Generales en el Gobierno y dirimir los conflictos que surjan entre las Cámaras en la elaboración y aprobación de las Leyes. El voto de los Diputados es personal e indelegable (artículo 79.3 Constitución).

Es dirigido por el Consejo de Ministros, que tiene tantos ministerios como el gobierno decida, su objetivo es planear y ejecutar las políticas públicas de gobierno. Actualmente es presidido por José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) que desde las elecciones generales españolas de 2004 ostenta el cargo en la actualidad.

El poder ejecutivo es una función primordial del Estado, cuya finalidad consiste en dictar y hacer cumplir las leyes que aprueba el Gobierno.

Al principio



Accesibilidad

Símbolo de la accesibilidad

La accesibilidad es el grado en el que todas las personas pueden utilizar un objeto, visitar un lugar o acceder a un servicio, independientemente de sus capacidades técnicas o físicas.

Para promover la accesibilidad se hace uso de ciertas facilidades que ayudan a salvar los obstáculos o barreras de accesibilidad del entorno, consiguiendo que estas personas realicen la misma acción que pudiera llevar a cabo una persona sin ningún tipo de discapacidad. Estas facilidades son llamadas ayudas técnicas. Entre éstas se encuentran el alfabeto Braille, la lengua de señas, las sillas de ruedas, las señales auditivas de los semáforos, etc.

Asimismo, manifestó su intención de aprobar a finales de año el anteproyecto de Ley de Autonomía Personal con la previsión futura de que entre en vigor entre los años 2006 y 2007.

Superado el viejo paradigma médico y entrados en la nueva cosmovisión "De los derechos de las personas con discapacidad", la accesibilidad es un derecho que implica la real posibilidad de una persona de ingresar, transitar y permanecer en un lugar, de manera segura, confortable y autónoma. Ello implica que las barreras de entorno físico deben ser suprimidas.

En Argentina, en el año 1981 se sancionó la Ley Nacional Nº 22.431 que crea el sistema de protección integral de las personas con discapacidad. En sus artículos 20, 21 y 22 -según modificación Ley Nº 24.314- se regula la accesibilidad al medio físico. El decreto reglamentario 914, detalla claramente las condiciones que deben reunir los espacios para ser accesibles: espacios arquitectónicos, urbanos y del transporte.

En informática, la accesibilidad incluye ayudas como las tipografías de alto contraste o gran tamaño, magnificadores de pantalla, lectores y revisores de pantalla, programas de reconocimiento de voz, teclados adaptados, y otros dispositivos apuntadores y de entrada de información.

La accesibilidad aplicada al contenido de Internet se denomina accesibilidad web. En la Web, el W3C ha desarrollado directrices o pautas específicas para permitir y asegurar este tipo de accesiblidad. El grupo de trabajo dentro del W3C encargado de promoverla es el WAI (Web Accessibility Initiative), elaborando para ello unas Pautas de Accesibilidad al contenido Web 1.0, WCAG.

Muchos países cuentan con leyes de obligado cumplimiento que permiten velar por la accesibilidad de las páginas de su administración pública o bien de sitios de empresas que ofrecen servicios y productos para ella. A continuación se verán las más importantes.

La "Ley de Integración Social de los Minusválidos" (LISMI, promulgada en 1982) significó la primera acción legal que recogía medidas compensatorias para las personas con discapacidad, pero no promovía su participación activa en la sociedad. Además, debido a que en dicho año las tecnologías no estaban suficientemente desarrolladas, esta ley no recoge ninguna acción relativa al acceso web.

Posteriormente, y para la preparación del desarrollo y aplicación en España del "Plan de Acción eEurope 2002", el Gobierno publicó a comienzos del año 2001 el denominado "Plan de Acción Info XXI", vigente entre los años 2001 y 2003. Uno de sus objetivos principales era el de “facilitar el acceso a la Sociedad de la Información y el uso intensivo de las Nuevas Tecnologías a los discapacitados con el fin de conseguir la igualdad de oportunidades”.

En 2002 se publicó en el BOE la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, también llamada LSSICE. Fue publicada en el BOE el 12 de julio de 2002, y entró en vigor a los tres meses de su publicación, es decir, el 12 de octubre de 2002. Esta ley indica que los sitios web de la administración deben ser accesibles a los discapacitados, siendo posible la exigencia del cumplimiento de dicha ley también para aquellas páginas financiadas por las administraciones públicas.

Más orientado hacia el tema de este estudio es el "I Plan Nacional de Accesibilidad", aprobado por el Consejo de Ministros el día 25 de julio de 2003, y desarrollado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a través del IMSERSO. Con el lema “Por un nuevo paradigma, el Diseño para Todos, hacia la plena igualdad de oportunidades” se deja claro su objetivo más general.

En él se recogen los compromisos del Gobierno en materia de accesibilidad que se desarrollarán en periodos sucesivos de tres años, desde su entrada en vigor en 2004 hasta su término en 2012. Así mismo, el plan impulsará el paradigma del “Diseño para Todos” a través de un sistema normativo que garantice la accesibilidad.

El desarrollo del mismo comprende la realización de estudios, campañas de sensibilización, formación especializada e impulso de la investigación y desarrollo técnico en varios ámbitos.

El papel de los municipios es muy importante a la hora de planificar pensando en la Accesibilidad Total puesto que los planes urbanísticos dependen de ellos. Mediante la adaptación de los Planes Municipales de Ordenación Urbana incorporando la Ordenanza Municipal de Eliminación de Barreras Arquitectónicas se pueden corregir en gran manera las clásicas Barreras Arquitectónicas.

En Europa, lo más interesante en materia de accesibilidad se encuentra en los planes eEurope y en el texto de la "Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea". En dicha carta deja claro que se prohíbe toda discriminación, y en particular la ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual.

En junio de 2000 se aprobó el "Plan de Acción eEurope 2002", desarrollado por la Comisión y Consejo de Europa a partir de la iniciativa homónima de diciembre de 1999. Tal y como se puede ver en el texto del "Plan de Acción eEurope 2000", se trata de un ambicioso proyecto destinado a “convertir a Europa en la economía más competitiva y dinámica del mundo”, explotando para ello todas “las oportunidades de la Nueva Economía, y especialmente, Internet”. Así pues, es un plan del que se pueden beneficiar los más de 377 millones de habitantes de la Unión Europea.

El plan recoge distintas acciones agrupadas en torno a tres objetivos fundamentales: (1) conseguir una Internet más rápida, barata y segura, (2) invertir en las personas y en la formación y (3) estimular el uso de Internet. Dentro del segundo objetivo, destacan las medidas aprobadas para permitir y promover la participación de todos en la Nueva Economía y en lo que se denomina la Sociedad de la Información. Se comienza dejando claro que “las páginas web del sector público y su contenido, en los Estados miembros y las instituciones europeas, deben diseñarse de manera que sean accesibles, a fin de que los ciudadanos con discapacidades puedan acceder a la información y aprovechar plenamente las posibilidades de la administración electrónica”.

Para la aplicación de eEurope 2002 en el ámbito de la “participación de todos en la sociedad basada en el conocimiento”, el Grupo de alto nivel ESDIS (que se ocupa del empleo y la dimensión social en la Sociedad de la Información), recibió el mandato de seguir de cerca la evolución de la accesibilidad. Además, fue constituido un Grupo de expertos llamado “eAccessibilidad” destinado a asistir al Grupo de alto nivel.

La línea de actuación de eEurope 2002 orientada a la accesibilidad tiene como objetivo principal “mejorar el acceso a la web de personas con discapacidades”, en consonancia con “el principio de no discriminación, proclamado en el Tratado de la Unión Europea”. Esta acción beneficia directamente a los más de 37 millones de habitantes de los países de la Unión que presentan algún tipo de discapacidad. Para ello, se establece el final de 2001 como fecha límite para la adopción de las Pautas de la Iniciativa de Accesibilidad a la Web (WAI, Web Accessibility Initiative). La iniciativa será comentada en el punto 2.4, mientras que las pautas serán explicadas en el apartado 2.5.

Además, en este plan se reconoce la necesidad de acelerar la creación de un entorno legislativo adecuado, estableciendo plazos fijos para la aprobación de distintas leyes que posibiliten los objetivos marcados. En este sentido se establece el final del año 2002 (de ahí el nombre del plan) como límite para alcanzar las metas propuestas, y se deja claro que será necesaria la continuación del plan más allá de dicha fecha. Así pues, en junio de 2002 se presenta en el Consejo Europeo de Sevilla la continuación del plan, llamado eEurope 2005. Básicamente sigue las líneas de acción propuestas por el anterior plan, actualizándolo con los logros conseguidos y la situación actual.

Como parte este plan se encuentra la línea de acción eInclusion, que bajo el lema “una sociedad de la información para todos”, pretende conseguir objetivos básicos como el de “garantizar que la sociedad de la información no se traduzca en exclusión social”.

También es interesante resaltar que tanto el "Plan de Acción Info XXI" como su continuación "España.es" forman parte de estos grandes proyectos de Europa.

En el 2003, la Comisión Europea encargó la redacción de un estudio para la estandarización de los criterios de accesibilidad europeos. Así fue redactado el 'European Concept of Accessibility', cuyo autor principal es Francesc Aragall en este trabajo se sientan las bases de la filosofía de accesibilidad de aplicación en Europa.

En 1995 el Reino Unido aprobó su "Disability Discrimination Act" para prohibir la discriminación de las personas con discapacidad en relación con el empleo, bienes, servicios, educación y transporte.

En otros países del continente también se están desarrollando medidas más o menos tempranas. Portugal es uno de los primeros países europeos en adoptar medidas –en 1999– para que las páginas de su administración sean accesibles a todo el mundo.

En Irlanda, el Acta para la Igualdad en el Empleo de 1998 y el Acta para la Igualdad de Estatus de 2000 proporcionan el marco legal para promover la accesibilidad. Además, se exige que los sitios web de los departamentos de la Administración Pública cumplan los criterios de accesibilidad de las pautas WAI.

En Suecia la "Agencia para la Gestión Pública" presentó en junio de 2002 las directrices para el diseño web de los sitios públicos, incluyendo la aplicación de las pautas WAI.

El 23 de julio de 2002 el Gobierno Alemán publicó el "Decreto sobre Tecnología de la Información Libre de Barreras", el cual, basado en las directrices de accesibilidad para el contenido web (WAI), recoge dichas pautas redactándolas en términos legales.

Las Naciones Unidas aprobaron el 20 de diciembre de 1993 las "Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad", cuya finalidad es “garantizar que niñas y niños, mujeres y hombres con discapacidad, en su calidad de miembros de sus respectivas sociedades, puedan tener los mismos derechos y obligaciones que los demás”. El fundamento político y moral de estas normas se encuentra en la "Carta Internacional de Derechos Humanos".

En el texto de las normas se expresa que “aunque no son de cumplimiento obligatorio, estas normas pueden convertirse en normas internacionales consuetudinarias cuando las aplique un gran número de Estados con la intención de respetar una norma de derecho internacional. Llevan implícito el firme compromiso moral y político de los Estados de adoptar medidas para lograr la igualdad de oportunidades”. Además, “estas normas constituyen un instrumento normativo y de acción para personas con discapacidad y para sus organizaciones”.

Asimismo, se expresa que “cualquier violación del principio fundamental de igualdad y cualquier discriminación o diferencia injustificada de trato de las personas con discapacidad que contravenga las Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad vulnera o invalida y menoscaba el disfrute de los derechos humanos de esas personas”. Además, “exhorta a los gobiernos a adoptar medidas activas para velar por que las personas con discapacidad disfruten plenamente de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, en particular eliminando o facilitando la eliminación de las trabas y obstáculos al disfrute efectivo y en condiciones de igualdad de los derechos humanos de esas personas, y estableciendo políticas nacionales”.

De esta forma los pueblos de las Naciones Unidas dejan clara su preocupación por la plena integración de los discapacitados y se embarcan en el largo viaje hacia la consecución de una sociedad igualitaria y sin discriminación.

Por otra parte, el país que más ha avanzado en su política de accesibilidad es Estados Unidos gracias a la ley de la Sección 508 de su "Rehabilitation Act Amendments". En 1998 se enmendó dicha ley para poder exigir que todos los productos y servicios desarrollados, adquiridos o en general usados por la administración federal fueran accesibles para los discapacitados. Para ello se dictó una serie de requisitos que estos servicios y productos deberían cumplir obligatoriamente.

Debido a que muchas empresas estadounidenses dedicadas a las Tecnologías de la Información desarrollan productos para la administración o bien forman parte de ella, el resultado es que se ven obligadas a cumplir las normas de accesibilidad si no quieren perder una importante cuota de mercado. Así pues, y aunque no se trata de una ley de obligado cumplimiento, ha conseguido grandes éxitos en materia de la accesibilidad digital y en particular en la accesibilidad al contenido web.

En Canadá el gobierno exige que las páginas del mismo sean accesibles a todas las personas con discapacidades, de acuerdo con la iniciativa y normalización de sitios web "Canadian Common Look and Feel". Orientado hacia las necesidades del usuario, se han adoptado las normas de accesibilidad WAI, al igual que la mayoría de países en el resto del mundo.

En Australia los departamentos y oficinas de la Commonwealth están obligados por la Ley sobre Discriminación de 1992 a garantizar que la información y los servicios difundidos en línea sean accesibles a los discapacitados. El Online Council aprobó la adopción de las pautas WAI como conjunto de normas más adecuado para todos los sitios web públicos de Australia. Las pautas cuentan con el apoyo de la Comisión australiana de derechos humanos e igualdad de oportunidades, así como con el de los grupos de discapacitados.

Por último –aunque no se acaba con éste la lista de países que adoptan medidas para facilitar la accesibilidad– el 10 de diciembre de 2000 fue aprobada en Brasil la Ley 10.098, que define las normas generales y los criterios básicos para garantizar la accesibilidad al medio físico, a los transportes y a las comunicaciones a todas las personas con discapacidad.

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Bibiana Aído

Bibiana Aído en una entrevista del diario 20 minutos.

Bibiana Aído Almagro (Alcalá de los Gazules, Cádiz, 2 de febrero de 1977), es una política española del PSOE, actual ministra de Igualdad. Hija de Francisco Aído, ex-alcalde de Alcalá de los Gazules, ahijada de Manuel Chaves actual presidente de la Junta de Andalucía, se convirtió en la Ministra más joven de la democracia.

En agosto de 2000 realizó prácticas de tres meses en una entidad bancaria. En noviembre de ese mismo año trabajó diez meses en una empresa privada, pasando nuevamente a desarrollar su actividad en otra sucursal bancaria en diciembre de 2001 por el tiempo de tres meses.

Con 16 años de edad ingresó en las Juventudes Socialistas de Cádiz, y en 1995 se afilió al Partido Socialista Obrero Español. Formó parte de la lista electoral en las elecciones municipales por Cádiz (1999) y autonómicas (2000) no resultando elegida en ninguna de las dos ocasiones.

En el 2008 ocupó el segundo puesto en la lista de candidatos al Congreso resultando elegida Diputada del Parlamento de Andalucía y Ministra del recién creado Ministerio de Igualdad del gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero, así como la secretaría de Igualdad de la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Cádiz.

El 12 de abril de 2008 fue nombrada titular del recién creado Ministerio de Igualdad en la IX Legislatura, bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Mantiene un blog personal que escribe de forma esporádica, titulado «Amanece en Cádiz».

Desde que asumió su cartera ministerial, Aído ha sido protagonista de varias polémicas, alcanzando gran repercusión tras usar incorrectamente la palabra miembra en un discurso. Aído respondió declarando: "quizás haya una cuestión de género de fondo y haya que tener en cuenta que de los 43 miembros de la Academia solamente hay tres mujeres, pero no es un tema prioritario en este momento", y que "hay palabras como determinados anglicismos o como "guay" o "fistro" que no tuvieron tantos problemas para ser aceptadas por la RAE". No obstante, las explicaciones de la Ministra provocaron más polémica por la utilización incorrecta de esos términos a los que aludía en su respuesta.

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Homosexualidad en el Reino Unido

Folleto que describe el juicio y ejecución del Obispo John Atherton junto con su amante John Childe en 1641.

La actitud de los británicos hacia los derechos LGBT y la homosexualidad es en la actualidad una de las más tolerantes y liberales del mundo, aunque no haya sido siempre así a lo largo de toda su historia.

Según la legislación del Reino Unido la práctica de la homosexualidad es legal, establece que la edad de consentimiento sexual es 16 años para todas las orientaciones sexuales, permite las uniones civilies para parejas homosexuales y establece leyes anti-discriminación y homofobia. Además permite a los transexuales cambiar su sexo legal.

Una muestra de esta actitud social hacia la homosexualidad se mostró en una encuesta de YouGov mayo de 2007, en ella se mostraba que un 90% de la población estaba a favor de la ley que prohibía la discriminación por orientación sexual. También mostraba una opinión general favorable respecto a los gays. Mejoraba ligeramente las opiniones de la encuesta de the Guardian de 2005 en la que el 55% se mostraba a favor del matrimonio homosexual, el 44% a favor de la adopción por parte de homosexuales y el 60% a favor de la equiparación de la edad de consentimiento.

Hay importantes comunidades gays en las grandes ciudades del Reino Unido, como Londres, Manchester, Brighton y Birmingham. También hay algunas localidades rurales con una gran población gay, como por ejemplo Hebden Bridge en los Peninos que tenía la mayor proporción de población lésbica del país en 2005.

En 1533 durante el reinado de Enrique VIII el parlamento promulgó la Buggery Act que entró en vigor en Inglaterra en 1534, que fue la primera ley de sodomía gubernamental en el país, ya que anteriormente la homosexualidad había sido perseguida sólo por los tribunales eclesiásticos. En principio la ley definía el delito de sodomía como cualquier acto sexual "antinatural contra la voluntad de Dios y el hombre". Posteriormente los tribunales lo reformaron para incluir solamente el sexo anal y el bestialismo. y establecía la pena de muerte por ahorcamiento además de la incautación de los bienes del ajusticiado.

Tras varias suspensiones y reformas se convirtió en una ley definitiva en 1563 durante el reinado de Isabel I, y estuvo en vigor durante más de tres siglos.

Las ejecuciones no eran muy frecuentes pero lo suficiente para mantener el clima de terror y represión. En el periodo comprendido entre 1800 y 1836 fueron condenados y ejecutados a muerte 58 personas por medio de la Buggery act, 48 por homosexualidad. La última ejecución tuvo lugar en 1836.

En 1861 fue sustituida por la Offences Against the Person Act 1861 (ley de delitos contra las personas), en este código la sodomía continuaba siendo un delito, aunque se sustituía la pena de muerte y la incautación de todos los bienes por un amplio rango de condenas que iba desde multas a penas de prisión (que podían llegar a la cadena perpetua). En 1885 se produjo una reforma de la ley, la Criminal Law Amendment Act 1885, por la cual se extendía el delito de sodomía a cualquier práctica sexual entre varones y no solo al sexo anal.

La ley afectó a todos los sectores sociales y en la época victoriana se desataron varios escándalos cuando se vieron implicados personajes conocidos. Los que tuvieron más repercusión mediática fueron el proceso a Oscar Wilde y el escándalo de la calle Cleveland.

Al comenzar los años 1950 la presión policial sobre los varones homosexuales se había reducido, pero los arrestos, denuncias y juicios seguían produciéndose, incluso de personajes famosos. Entre los todos destacó el juicio en el que se condenó a Michael Pitt-Rivers, Peter Wildeblood y Edward Montagu (tercer Baron Montagu de Beaulieu) en 1954.

Pero a diferencia del pasado parte de la opinión pública y la prensa se mostraron en contra de la persecución. El periódico The Sunday Times publicó un artículo con el título "Law and Hypocrisy" (Ley e hipocresía) el 28 de marzo de 1954 en el que trataba el juicio Mangagu y su resultado. Poco después, el 10 de abril 1954, el New Statesman salió con el artículo "The Police and the Montagu Case" (la policía y el caso Mantagu).

En 1957 el arzobispo de Canterbury, Dr. Geoffrey Fisher, habló a favor del informe Wolfenden Report, diciendo que "Existe el sagrado ámbito de la privacidad… en el cual la ley, hablando en general, no debe inmiscuirse. Este es un principio de suma importancia para la conservación de la libertad humana, el autorespeto y la responsabilidad.” Aunque en 1958 la asamblea general de la iglesia de Escocia rechazó las propuestas del informe.

El primer debate parlamentario sobre el informe Wolfenden se produjo el 4 de diciembre de 1557 por Frank Pakenham. De los diecisiete miembros del parlamento que participaron en el debate, ocho apoyaron las recomendaciones del informe. El Lord Canciller, Lord Kilmuir, por parte del gobierno dudó sobre que la puesta en práctica de las recomendaciones tuviera el suficiente apoyo de la población y reclamando más investigación. Y afirmando que no iba a ser él el que pasara a la historia por hacer legal la sodomía.

En 1958 el ministerio de interior encargó al sociólogo Richard Hauser una encuesta a nivel nacional sobre la homosexualidad. También el 12 de mayo de este año se crea la Homosexual Law Reform Society una organización con el objetivo hacer campaña a favor de que se llevaran a cabo las recomendaciones del informe del comité Wolfenden.

En 1965 Arthur Gore (lord Arran) propuso en la Cámara de los lores la despenalización de las prácticas homosexuales. En 1966 Humphry Berkeley hizo la misma propuesta en la Cámara de los comunes, a la impopularidad de la propuesta atribuyó su derrota en las elecciones de 1966. Pero el nuevo parlamentario del partido laborista Leo Abse continuó con la propuesta y consiguió con su habilidad parlamentaria que el proyecto de ley siguiera adelante.

La ley de delitos sexuales (Sexual Offences Act 1967) fue aprobada despenalizando las prácticas homosexuales consentidas, entre mayores de edad y en privado. Pero esto fue sólo una despenalización parcial porque mantenía prohibiciones respecto a la sodomía y la indecencia. Las dos últimas condiciones para que no se produjera delito originaban intromisiones legales inaceptables y fueron objeto del debate posterior. Se establecía una discriminación al marcar la edad de consentimiento sexual en 21 años para los homosexuales cuando para los heterosexuales era 16. Además el término "en privado" fue interpretada demasiado estrictamente en los tribunales, limitándolo a dos personas en la intimidad de su hogar, lo que excluía incluso la habitación de un hotel. Llegándose al extremo de quedar prohibido las prácticas en el domicilio privado cuando hubiera una tercera persona, aunque estuviera en otra habitación, y por supuesto vetaba el sexo en grupo. Y prohibía cualquier expresión en público, lo que permitía que la mayoría de los varones homosexuales siguieran siendo acosados por la policía.

La ley de delitos sexuales de 1967 solo era aplicable en Inglaterra y Gales y no en Escocia, Irlanda del Norte, las islas del canal o la isla de Man donde las prácticas homosexuales seguían siendo ilegales. Por todo ello organizaciones como Campaign for Homosexual Equality y el Gay Liberation Front continuaron luchando para conseguir la total igualdad.

En 1979 el comité consultivo de política del ministerio de interior hizo un informe recomendando que la edad de consentimiento en relación a la ley de delitos sexuales debería reducirse a 18 años a la nueva mayoría de edad. No se tomó ninguna medida al respecto. Pero las prácticas homosexuales se habían legalizado en Escocia según las mismas bases de la ley de 1967 por la sección 80 de la Criminal Justice (Scotland) Act 1980, que entró en vigor el 1 de febrero de 1981. Una enmienda similar se hizo también en Irlanda del Norte siguiendo una directriz del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por el caso Dudgeon vs. Reino Unido, en la ley Homosexual Offences (Northern Ireland) Order 1982, que entró en vigor el 8 de diciembre de 1982.

En los años 1980 hubo un retroceso en los derechos LGBT. Hubo una polémica sobre un libro disponible en las bibliotecas de las escuelas públicas de Londres que algunos consideraban que fomentaba la homosexualidad entre los adolescentes se organizaron protestas y campañas pidiendo legislación restrictiva. A raíz de ello en 1988 el parlamento británico incluyó una enmienda a la ley, Local Government Act, con la prohibiendo "el fomento intencionado de la homosexualidad" de cualquier gobierno local y "promocionar la enseñanza de la aceptabilidad de la homosexualidad como una supuesta relación familiar en cualquier escuela subvencionad”. Esta disposición fue conocida como artículo 28 y enmendaba la sección 2ª de la ley de Gobierno local de 1986.

Hubo mucha confusión respecto a lo que realmente prohibía la sección 28, y si los gobiernos locales podían apoyar cualquier material o actividad, ya fueran folletos, libros, obras de teatro etc., que mostrasen o explicaran la homosexualidad. Profesores y personal de enseñanza en algunos casos tuvieron temor a discutir sobre homosexualidad con sus alumnos por miedo a perder las subvenciones estatales. Aunque nadie llegó a ser condenado con esta ley, su existencia supuso una espada de Damocles que llevó a que se cerraran muchas organizaciones, se limitaran actividades o se autocensuraran. Por ejemplo, varios de grupos de apoyo para estudiantes LGBT en escuelas y facultades en Gran Bretaña fueron cerrados por consejo legal a los equipos directivos por miedo a atentar contra la ley.

Pero la enmienda fue rechazada por 307 votos en contra frente a 280 a favor. Cuando se conoció la derrota de la enmienda en el exterior del parlamento se produjeron gritos de protesta e indignación entre los manifestantes que se habían congregado y los miembros de OutRage! provocaron disturbios y se enfrentaron a la policía. Tras esta votación se propuso inmediatamente otra enmienda por parte de Sir Anthony Durant que rebajaba la edad de consentimiento para los homosexuales de 21 años a 18, la mayoría de edad vigente. Esta enmienda sí fue aprobada por 427 votos a 162. Otra enmienda propuesta por Simon Hughes de establecer la edad de consentimiento en 17 años para todos no llegó a votarse. Cuando se produjo la segunda lectura en la cámara de los lores quedó definitivamente aprobada la enmienda por 290 a 247. Lord Longford intentó reintroducir aquí los 21 años pero su propuesta fue rechazada por 176 votos a 113, y otra enmienda introducida por el líder de los laboristas en la cámara de los lores de igualar a 16 años también fue rechazada por 245 votos a 71.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su decisión sobre el caso Sutherland vs. Reino Unido del 1 de julio de 1997 encontró que esta discriminación en la edad de consentimiento violaba los artículos 8 y 14 de la Convención Europea de Derechos Humanos y que no existía ninguna justificación objetiva ni razonable para mantener una edad de consentimiento sexual más alta para los homosexuales. El 13 de octubre de 1997 el Gobierno del Reino Unido se sometió a la resolución del tribunal europeo presentando un proyecto de ley al parlamento para reducir la edad de consentimiento para los homosexuales de 18 a 16 años que sería tramitada en el verano de 1998.

El 22 junio de 1998, se presentó ante el parlamento la Crime and Disorder Bill (ley sobre delito y desorden). Ann Keen propuso la enmienda que rebajaba a 16 la edad de consentimiento. La cámara de los comunes la aprobó por una mayoría de 207 votos, pero fue rechazada por la cámara de los Lores por una mayoría de 168. Posteriormente se presentó la Sexual Offences (Amendment) Bill (enmienda a la ley de delitos sexuales) el 16 de diciembre de 1998 y, de nuevo, el 25 de enero aprobada por la cámara de los comunes y rechazada por la de los lores el 14 de abril de 1999.

El gobierno volvió a presentar el proyecto de ley en 1999 con vistas a que fuera aprobado dos veces por la cámara de los comunes ya que según las reglas parlamentarias británicas, Parliament Acts, la cámara de los lores no puede rechazar por tercera vez una ley aprobada en la cámara de los comunes. Entonces la ley fue aprobada en segunda lectura por la cámara de los lores con una enmienda, como maniobra dilatoria, que reintroducía el delito de sodomía a los 18 años para ambos sexos. Como esta enmienda no completó su aprobación en la sesión de los lores del 30 de noviembre, el portavoz de la cámara de los comunes Michael Martin certificó que la ley había cumplido con todos los trámites que establece las reglas parlamentarias y que quedaba aprobada. La ley recibió la sanción real unas pocas horas después entrando en vigor definitivamente la Sexual Offences (Amendment) Act 2000 con una edad de consentimiento sexual de 16 años para todos. En Irlanda del norte se estableció en 17 años.

Al comienzo del siglo XXI se promulgaron varias leyes que garantizaron la igualdad en la legislación británica.

La ley de adopción de 2002 estableció que los niños podían ser adoptados tanto por personas solteras como por matrimonios lo que habría las puertas de la adopción a los homosexuales en Inglaterra y Gales. Se estableció lo mismo en Escocia en 2007.

La sección 28 fue derogada en Escocia en su segundo año de existencia por la ley de Standars éticos en la vida pública de 2000. Un intento de eliminarla de la legislación de Inglaterra y Gales fue rechazada en la cámara de los lores por una iniciativa liderada otra vez por la baronesa Young. Tras su muerte en 2002 se eliminó en la Local Government Act 2003, que entró en vigor el 18 de noviembre de 2003.

Siguiendo una directiva de la Unión europea de 2000 se aprobó una regulación que prohibía la discriminación laboral por razones de orientación sexual en 2003.

El 1 de mayo de 2004 entró en vigor la Sexual Offences Act 2003, en la que se eliminaba todas las especificaciones relativas a la homosexualidad de la ley de 1967, eliminándose la especificación de estricta privacidad, dejándose de establecer diferencias de orientación sexual de los participantes en cualquier práctica en la ley. Y que además la Criminal Justice Act 2003 estableció como agravante de cualquier delito la hostilidad por motivo de la orientación sexual.

El 18 de noviembre 2004 se aprobó la ley de Unión civil para parejas homosexuales. La primera union se produjo a las 11:00 horas del 5 de diciembre de 2005 entre Matthew Roche y Christopher Cramp en St Barnabas Hospice, Worthing, West Sussex. En este caso se prescindió del periodo de espera usual de 14 días porque Roche sufría una enfermedad terminal. Murió al día siguiente. Las primeras uniones civiles celebradas tras el periodo preceptivo tuvieron lugar el 19 de diciembre en Irlanda del Norte, el 20 de diciembre en Escocia y el 21 de diciembre en Inglaterra y Gales.

El 30 de abril de 2007 entró en vigor la ley de igualdad de orientación sexual a semejanza de la aprobada en 2006 en Irlanda del norte. En ella se prohibía la discriminación en función de orientación sexual en cualquier intercambio de bienes o servicios similar a las que se habían establecido en 1975, 1976 y 1995 para las discriminaciones en función de género, raza o por motivos de discapacidad respectivamente. Esta incorporación fue polémica y provocó una disputa entre el gobierno y la iglesia católica de Inglaterra y Gales por motivo de las agencias de adopción católicas.

En octubre de 2007 el gobierno anunció la introducción de una enmienda del código penal que tipificara el delito incitación al odio en función de la orientación sexual, Como se había hecho respecto a la raza o la religión en la legislación de 2006, lo que ya había hecho Irlanda del norte.

En octubre de 2007 se añadió la discriminación por orientación sexual a los asuntos a tratar por la Comisión para la igualdad y los derechos humanos y se creó un grupo asesor sobre orientación sexual y de género en el ministerio de salud.

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Carmen Calvo

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María del Carmen Calvo Poyato nacida el 7 de junio de 1957 en Cabra (Córdoba) es una docente y política española, miembro del PSOE. Es coautora de varios libros, como La mujer en España, Política Social para la Igualdad de los sexos y Política Social y Estado de Bienestar.

Carmen Calvo fue diputada por Córdoba en el Parlamento de Andalucía entre 1996 y 2004, periodo en el que también fue Consejera de Cultura de la Junta de Andalucía. En 2004 dio el salto a la política nacional, siendo elegida diputada al Congreso por Córdoba, escaño que revalidó en 2008.

Tras su elección como diputada, fue elegida Ministra de Cultura, cargo que ocupó entre abril del 2004 y julio del 2007. Tras su cese, fue vicepresidenta del Congreso de los Diputados y de su Diputación Permanente hasta el final de la legislatura. Actualmente es vocal de las comisiones de Defensa, Igualdad, y de Políticas Integrales de la Discapacidad.

Carmen Calvo estudió en el colegio de las Madres Escolapias y el Instituto Aguilar y Eslava de Cabra. Es licenciada en Derecho Público por la Universidad de Sevilla y doctora en Derecho Constitucional por la Universidad de Córdoba. Es en esta misma materia donde ejerció de profesora titular, luego sería secretaria y vicedecana de la Facultad de Derecho de la misma universidad.

Posteriormente ocupó el cargo de secretaria del Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología.

No es hasta mediados de los años 1990 cuando decide centrarse en su carrera política. Su primera responsabilidad política es el de consejera del Consejo Económico y Social de Córdoba, en 1995. Su interés por los temas sociales, se define como una convencida feminista, le acerca a las filas del Partido Socialista.

Concurre por primera vez a las elecciones autonómicas andaluzas del 3 de marzo de 1996, en las listas socialistas por Córdoba aunque como independiente, consiguiendo el acta de diputada autonómica y formando parte del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

El 15 de abril, el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, la nombra Consejera de Cultura.

En el año 2000 es reelegida diputada por Córdoba y Manuel Chaves vuelve a confiar en ella para presidir la Consejería de Cultura. De nuevo se presenta como independiente y en esta ocasión también junto a su hermano José Calvo Poyato, alcalde de Cabra entre 1996 y 2000, pero integrado en el Partido Andalucista.

En las elecciones generales del 14 de marzo de 2004, el candidato a la Presidencia por el PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero la elige como uno de los diez miembros de su Comité de notables, una agrupación de políticos socialistas destacados para asesorar la campaña a la Presidencia. Carmen Calvo destaco en el intento de incentivar el voto joven, que consideraba clave para el Partido Socialista. Es durante estas fechas cuando se afilia al PSOE.

En estas elecciones obtiene los votos para su acta de diputada al Congreso por Córdoba y, tras la victoria de Rodríguez Zapatero, el 18 de abril se oficializa su puesto como ministra de Cultura, en parte por su experiencia académica en la Universidad de Córdoba y por sus ocho años al frente de la Consejería de Cultura de Andalucía.

El 6 de julio de 2007 fue anunciado su relevo al frente del Ministerio de Cultura, siendo su sucesor César Antonio Molina, quien juró su cargo el 9 de julio de 2007.

Una decisión controvertida fue devolver parte de la documentación originaria de la Generalidad de Cataluña que fue expoliada por parte de las tropas franquistas al acabar la Guerra Civil Española, así como otros documentos que, aunque nunca habían pertenecido a esta institución, sí pertenecían a personas privadas o herederos de éstas y que se conservaban en el Archivo de la Guerra Civil de Salamanca. Se devolvieron a la administración de Cataluña dado los acuerdos del gobierno y partidos catalanes y diversas asociaciones catalanas que reclamaban el regreso de los documentos. En su lugar ha apostado por la creación de un Centro de la Memoria de Salamanca, con fondos documentales sobre la guerra.

También generó polémica el traslado temporal de la delicada pieza milenaria conocida como Dama de Elche a Elche.

Una de sus responsabilidades polémicas es el Plan Integral Antipiratería (o Plan Integral para la Disminución y la Eliminación de las Actividades Vulneradoras de la Propiedad Intelectual), que pretende hacer una campaña de sensibilización contra el fenómeno de la piratería digital.

En un primer momento presenta también una disminución del IVA a 4 y 1 por ciento en productos musicales y editoriales cumpliendo una de las promesas electorales, pero se ve abocada a dar una controvertida marcha atrás después del anuncio, ya que las leyes de la Unión Europea no permiten una reducción inferior al 5% que podrían distorsionar el mercado interior común. Actualmente hay una propuesta en común con Francia para una posible reforma a nivel europeo.

Como parte de este nuevo plan en junio de 2006 se promulgó la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual.

El 12 de marzo, presenta al Consejo de Ministros el anteproyecto de Ley de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas, entre otros propósitos prepara la gratuidad de los libros de texto para la educación pública mendiante unos precios fijos y descuentos, apoyados por una serie de ayudas a editoriales y librerías. También contempla una inversión para los próximos ocho años de 430 millones de euros en la modernización de bibliotecas públicas.

También está trabajando en una posible Biblioteca Virtual de España, similar a su proyecto de Biblioteca Virtual de Andalucía, además de mostrarse de acuerdo conjuntamente con Francia para una posible Biblioteca Virtual europea, aunque de momento no hay ninguna propuesta oficial.

En 2007 sale a la luz pública el el anteproyecto de la Ley del Cine cuyo objetivo es fomentar el cine español ante los malos datos del año anterior. La ley obliga a proyectar una película española o europea de cada cuatro exhibidas en las sales de cine. Esta medida contó con la oposición de los empresarios del cine y las televisiones, que la tacharon de "malísima", lo que provovó que se rebelaran mediante una huelga el 18 de junio que fue secundada por el 93 por ciento de los cines. Ya con César Antonio Molina al frente del Ministerio cogiendo el testigo de la nueva Ley y pese a las numerosas enmiendas presentadas por los distintos grupos políticos, - el Partido Popular presentó 53 de un total de 90 enmiendas- y las advertencias de la Federación de Cines de España, la Ley finalmente fue aprobada en el Senado y en el Congreso de los Diputados a finales de 2007.

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Juan Domingo Perón

Juan Domingo Perón

Juan Domingo Perón (*Lobos, Argentina, 8 de octubre de 1895 – †Olivos, 1 de julio de 1974) fue un político y militar argentino, creador del movimiento peronista.

Se destacó por su labor en el Departamento Nacional de Trabajo (luego elevado a la categoría de secretaría de rango ministerial), al que accedió durante la presidencia de facto del General Pedro Pablo Ramírez, y en el cual tomó numerosas medidas que favorecieron a los sectores obreros. Aunque dichas medidas lo hicieron popular entre la clase trabajadora, le granjearon la oposición de numerosos sectores que, dirigidos por el embajador estadounidense Spruille Braden, se nuclearon en un frente antiperonista. En ese período fue designado también Vicepresidente de la Nación y Ministro de Guerra. Perón fue destituido por un golpe de estado y encarcelado en la isla Martín García, pero fue liberado luego de una gran movilización obrera a la Plaza de Mayo el 17 de octubre de 1945.

Fue elegido Presidente de la Nación Argentina en tres ocasiones. La primera fue en las elecciones del 24 de febrero de 1946, para el periodo 1946–1952; la segunda al ser reelegido en las elecciones del 11 de noviembre de 1951 para el período 1952–1958, que no alcanzó a completar debido al golpe militar que lo derrocó el 16 de septiembre de 1955. Finalmente, tras 18 años de exilio, regresó al país y fue elegido por tercera vez presidente el 23 de septiembre de 1973 para el periodo 1973-1977, que no pudo completar a causa de su fallecimiento.

Murió el 1 de julio de 1974 en ejercicio de la presidencia, sucediéndolo su viuda María Estela Martínez de Perón, quien había sido elegida como vicepresidenta.

Mario Tomás Perón (1867-1928), estanciero, padre de Juan Domingo; Tomás Hilario Perón , droguero; y Alberto Carlos Perón, militar. Además, Dominga tenía dos hijas de su primer matrimonio: Baldomera y Vicenta Martirena.

Mario Tomás abandonó la carrera de medicina en 1890 para trasladarse a Lobos donde conoció a Juana Sosa (1875-1953), hija de un albañil y descendiente de españoles y aborígenes. Con ella tuvo, además de Juan Domingo en 1895, a Avelino Mario Perón (1891-1955). Ambos fueron hijos naturales pues Mario y Juana recién se casaron en 1901. Luego de enviudar en 1928, la madre de Perón volvió a casarse con un empleado rural, llamado Marcelino Canosa Pozal (1896-1961).

Juan Perón no tuvo hijos en ninguno de sus tres matrimonios, por lo que sus descendientes más cercanos fueron sus sobrinos, hijos de su hermano Avelino Mario y de Eufemia Jauregui: Dora Alicia, Eufemia Mercedes, María Juana (nacida en 1921), Mario Alberto, Olinda Argentina, Lía Vicenta, Amalia Josefa, Antonio Avelino y Tomás Perón.

Juan Domingo asistió a la escuela primaria en Buenos Aires, para lo cual debió alejarse de sus padres y hermanos y hospedarse con sus tías paternas. En 1910 ingresó al Colegio Militar, de acuerdo a lo que previamente había acordado con un grupo de compañeros de escuela. Se graduó en 1916, iniciando una carrera profesional que lo llevaría por varios destinos dentro de su país.

En los días siguientes Perón siguió realizando gestiones para incorporar oficiales al proyecto y el 3 de julio el teniente coronel Álvaro Alsogaray le comunicó que había sido designado para formar parte de la sección "Operaciones" del Estado Mayor revolucionario, del que Alsogaray era jefe. En las semanas siguientes Perón comenzó a tener serias dudas sobre la capacidad de quienes dirigían el EMR y el 3 de setiembre le comunicó a Alsogaray que por ese motivo se separaba del movimiento si bien se comprometía a colaborar con el mismo cuando se produjera. Al día siguiente y por iniciativa del teniente coronel Descalzo se hizo una reunión de cinco oficiales, incluido Perón, que participaban del movimiento y coincidieron en que "lo peor que podía hacerse era entronizar una dictadura militar que sería combatida en absoluto por la nación entera." por lo que, dado que no contaban con apoyo militar suficiente para dar el golpe "la única salvación era el pueblo y muy especialmente los estudiantes, así como también la Legión de Mayo" de modo que resolvieron poner manos a la obra de inmediato para buscar adherentes entre los oficiales y, además, aprobaron un programa de gobierno redactado por el teniente coronel Sarobe.

La víspera del golpe Perón fue designado ayudante del teniente coronel Descalzo y el 6 de setiembre los dos fueron a la Escuela Superior de Guerra donde aseguraron su adhesión. Luego, fueron al Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín con una columna, arrestaron a su jefe que se negaba a adherirse y lo reemplazaron por otro. Se formó entonces una columna con tropas en la que Perón iba en un auto blindado armado con cuatro ametralladoras y marcharon a la Casa Rosada a la que encontraron invadida por civiles que estaban causando destrozos por lo que trataron de desalojarlos pacíficamente. Durante ese día permaneció en el lugar resguardando la seguridad hasta que llegaron las tropas restantes y a la noche patrulló las calles de la ciudad de Buenos Aires para prevenir desmanes.

Seis años más tarde fue designado agregado militar en Chile donde, según rumores, intentó fallidamente organizar una red de espionaje militar. Ya en Argentina, Perón dictó una serie de conferencias sobre el estado de situación bélica en Europa, tras lo cual fue ascendido a Coronel y designado comandante en una unidad de montaña en la Provincia de San Juan. Para entonces su país vivía momentos políticos muy inestables. El sistema de fraude electoral estaba agotado y el gobierno del presidente Ramón Castillo perdía continuamente apoyo político. En los partidos políticos de la oposición, el movimiento obrero y las Fuerzas Armadas predominaba la opinión de que había que terminar con el régimen conocido como década infame, que se iniciara el 6 de septiembre de 1930.

Perón, viudo de Aurelia Eugenia Tizón (falleció de cáncer uterino, enterrada en el Cementerio del Salvador, Rosario, Argentina)-durante el matrimonio con ésta, supuestamente fue padre de Martha Holgado en una de sus relaciones extramatrimoniales, aunque los resultados de las pruebas de ADN negaron tal filiación. Luego se casó con la actriz María Eva Duarte (1919 – 1952) el 22 de octubre de 1945 en Junín, pocos días después del 17 de octubre. Conocida como Evita, Eva Perón colaboró en la gestión de su esposo con una política de ayuda social y apoyo a los derechos políticos de la mujer, a la que se concedió por primera vez el derecho al voto. Después de una reforma de la Constitución en 1949, Perón ganó la reelección en 1951. El 26 de julio de 1952 Evita murió después de una larga lucha contra el cáncer uterino.

En 1960 se casó con María Estela Martínez, conocida como Isabelita. Ella acompañó a Perón como vicepresidente en las elecciones de 1973, donde obtuvieron más del 60% de los votos. Al morir Perón el 1 de julio de 1974, Martínez asumió la presidencia, siendo derrocada el 24 de marzo de 1976 por un golpe militar.

El 10 de marzo de 1943 se creó una logia denominada G.O.U. (Grupo de Oficiales Unidos) integrada por oficiales del Ejército de mediana y baja graduación. Si bien las opiniones de los historiadores no son coincidentes, varios sostienen que Juan Perón fue uno de los líderes e incluso fundadores de la agrupación. El G.O.U. era un nucleamiento ideológicamente heterogéneo, que reunía tanto a militares «aliadófilos», «neutralistas» y «germanófilos», aunque todos nacionalistas. Perón, se caracterizaba por ser pragmático y sostenía que al final los aliados terminarían por imponer su superioridad de recursos y ganarían la guerra. Tan heterogénea era la ideología de sus integrantes que pocos coincidían en los objetivos finales de la logia. Solamente coincidían en que había que derrocar a Castillo y eliminar el régimen de fraude vigente en la República Argentina desde 1930.

El G.O.U. tenía estrechas relaciones con el General Pedro Ramírez (su hijo el Coronel Emilio Ramírez y su yerno el Capitán Franciso Filippi eran miembros fundadores), quien se desempeñaba como Ministro de Guerra del presidente Ramón Castillo. El día anterior al golpe el presidente le pidió la renuncia, desencadenando la sublevación, a partir del apoyo de los jefes de tropa que se reunieron con los generales Rawson y Ramírez la noche anterior en Campo de Mayo. El 4 de junio de 1943 una gran columna partió de Campo de Mayo para derrocar al presidente Castillo y dar origen a la llamada Revolución del 43.

La dirección del movimiento recayó en el General Arturo Rawson, un militar que frente a la Segunda Guerra Mundial era partidario del tradicional neutralismo argentino, pero cuyas preferencias estaban virando hacia el bando aliado. Rawson venía organizando un golpe de estado contra el gobierno de Castillo y dirigía un logia conocida como los generales de Jousten, en la que también participaban los hermanos Benito y Sabá Sueyro, el general Mason y el dirigente radical Ernesto Sammartino.

Rawson aparecía como una figura aceptable para todas las corrientes militares, pero cuando intentó formar su gabinete con sectores de derecha provenientes del régimen derrocado, los jefes militares exigieron su renuncia para designar presidente al General Pedro Pablo Ramírez. El contraalmirante Sabá Sueyro fue designado vicepresidente. Ningún miembro del GOU integró el gabinete, pero el Coronel Enrique P. González fue designado a cargo de la estratégica secretaría privada de la presidencia y el Coronel Emilio Ramírez Jefe de Policía.

Perón se desempeñó como secretario privado del Ministro de Ejército, a las órdenes del general Edelmiro Farrell.

El poder y la influencia creciente de Perón dentro del gobierno militar provino de su alianza con un sector del sindicalismo argentino, principalmente con las corrientes sindicales socialista y sindicalista revolucionaria. Producido el golpe, un sector del movimiento obrero, principalmente el socialista de la CGT Nº1, a través del dirigente mercantil socialista Ángel Borlenghi y el abogado ferroviario también socialista Juan Atilio Bramuglia, decidió entablar contacto con los coroneles Perón y Domingo Mercante. Las conversaciones establecieron una alianza inicial de sanción de leyes laborales reclamadas largamente por el movimiento obrero, fortalecimiento de los sindicatos y del organismo estatal que regulaba las relaciones laborales. (Baily,84; López, 401).

El plan elaborado entre Perón y Mercante y los sindicatos incluía acceder al por entonces poco influyente Departamento Nacional de Trabajo. Perón maniobró dentro del gobierno para que se lo designara al frente de esa repartición y aprovechando el cierre del Congreso Nacional, puso en vigencia por decreto un gran número de leyes de corte social que desde décadas habían sido presentadas por los diputados socialistas (siendo el más renombrado de ellos Alfredo Palacios) en el parlamento argentino y eran sumariamente vetadas por las mayorías conservadoras o radicales. La sanción de tales medidas le valió hacerse de poderosos enemigos entre los industriales, ganaderos y comerciantes. Sin embargo la posición de Perón dentro del gobierno militar, lejos de debilitarse, se fortaleció gracias al apoyo de un creciente número de sindicatos que apoyaban su gestión que, a su vez, iban tomando conciencia de su verdadero poder como factor de presión pública.

Poco después obtuvo que el Departamento de Trabajo fuera elevado al rango de Secretaría de Trabajo. Con el apoyo de una parte importante del movimiento obrero, empezó a desarrollar gran parte del programa sindical histórico: se crearon los tribunales de trabajo; se sancionó el Decreto 33.302/43 extendiendo la indemnización por despido a todos los trabajadores; más de dos millones de personas fueron beneficiadas con la jubilación; se sancionó el Estatuto del Peón de Campo y el Estatuto del Periodista; se creó el Hospital Policlínico para trabajadores ferroviarios; se prohibieron las agencias privadas de colocaciones y se crearon Escuelas Técnicas orientadas a obreros. En 1944 se firmaron 123 convenios colectivos que alcanzaban a más de 1.400.000 obreros y empleados y en 1945 otros 347 para 2.186.868 trabajadores.

En ese marco los sindicatos comenzaron un período de gran crecimiento, y lo que fue aún más decisivo, comenzaron a afiliar masivamente a los "nuevos" trabajadores, los que estaban migrando masivamente a la ciudad desde el interior del país y países limítrofes, que eran llamados "morochos", "grasas" y "cabecitas negras" por las clases medias y altas, y los propios trabajadores "viejos" descendientes de la inmigración europea.

Poco después algunos sindicatos (especialmente los de ideología anarquista y comunista) que se habían mantenido alejados, la CGT Nº1, la USA y los gremios autónomos, comienzan a unificarse en torno de la Secretaría de Trabajo. Pero en sentido contrario, en setiembre de 1945, cuatro importantes sindicatos se separan de la CGT: La Fraternidad, la Unión Obrera Textil, la Confederación de Empleados de Comercio y el Sindicato del Calzado. Frente a los dirigentes sindicales y sindicatos que no apoyaban la alianza sindical con Perón y Mercante, se impulsó una política de sindicatos paralelos. La respuesta de Perón y de su colaborador Domingo Mercante a tal desafío se tradujo en otorgar mayores beneficios a los sindicatos que los apoyaban y quitarle personería jurídica a los gremios opositores, lo que implicaba paradójicamente una seria violación a los derechos del trabajador.

Pero la estrategia de Perón para acumular poder no se limitaba a establecer alianzas con el movimiento obrero sino que se extendía también a los partidos políticos, la Iglesia Católica y las Fuerzas Armadas.

El avance de la figura de Perón dentro del gobierno militar y su estrecha alianza con los sindicatos obreros generó inmediatamente una fuerte oposición tanto dentro como fuera de las Fuerzas Armadas, especialmente en las clases medias y altas. En 1945, la embajada de Estados Unidos dirigida por Braden promovió la unificación de las fuerzas opositoras, hasta conformar un gran movimiento anti-peronista que incluyó a los partidos Comunista, Socialista, Unión Cívica Radical, Demócrata Progresista, Conservador, la Federación Universitaria Argentina (FUA), la Sociedad Rural (terratenientes), la Unión Industrial (grandes empresas), la Bolsa de Comercio, y los sindicatos opositores. Durante su breve gestión como embajador, y valiéndose de un excelente dominio del idioma castellano, Braden actuó como un líder político de la oposición, en una evidente violación del principio de no intervención en los asuntos internos de un país extranjero. A través de la conformación de un frente de oposición, Braden estaba seguro de destruir a quien presentaba como "el Hitler del mañana". Entre otras acciones, Braden propició en 1946, pocos días antes de las elecciones, la publicación de un informe denominado "El Libro Azul" en el cual se solicitaba la invasión militar de Argentina acusando a integrantes del gobierno de colaborar con las potencias del Eje, de acuerdo a documentos recopilados por el Departamento de Estado estadounidense. En sintonía con la publicación de este libro, los partidos políticos que sostenían la candidatura presidencial de Perón, publicaron un libro de respuesta que se tituló "El Libro Azul y Blanco" que instaló hábilmente la consigna Braden o Perón. Pocos días después Perón ganó las elecciones presidenciales con un 56% de los votos.

Las primeras manifestaciones masivas anti-peronistas fueron organizadas por el movimiento estudiantil, bajo el lema de "abajo la dictadura de las alpargatas". Las manifestaciones obreras que apoyaban las leyes laborales que iba promoviendo Perón, contestaban "alpargatas sí, libros no".

La tensión política iba en aumento con frecuentes bataholas entre los bandos en conflicto. Esta situación fue la excusa utilizada por la facción del Ejército Argentino, contraria a Perón, para presionar al Presidente Farrell y obtener el desplazamiento definitivo del coronel. Farrell, se inclinó por quitarle el apoyo a Perón y permitir el ascenso del grupo militar antagónico, encabezado por el General Ábalos. Pidió y obtuvo de Perón la renuncia a todos sus puestos el 9 de octubre de 1945 y, para mayor seguridad, decidió su encarcelamiento en la Isla Martín García. Al conocer la noticia del destino de Perón, los sindicatos comenzaron a movilizarse, temiendo que el alejamiento de su líder derivara en la eliminación de todos los beneficios sociales obtenidos. Finalmente el 17 de octubre de 1945 la histórica Plaza de Mayo fue colmada por una muchedumbre que reclamaba el regreso de Perón y su restitución en todos sus puestos públicos. La indecisión del gobierno precipitó el triunfo de los partidarios de Perón, quien hizo su regreso triunfal ese mismo día. Desde el balcón de la Casa de Gobierno, y acompañado por Farrell, anunció la creación de un nuevo gobierno compuesto por partidarios suyos y su lanzamiento como candidato a las elecciones que tendrían lugar en febrero de 1946.

El apoyo popular, organizado por el Partido Laborista y la UCR Junta Renovadora, le dio la presidencia con el 53% de votos en las elecciones del 24 de febrero de 1946, ganando en todas las provincias menos en Corrientes.

Desde la presidencia, Perón continuó con las políticas sociales que beneficiaron tanto a la clase trabajadora como al empresariado nacional, sobre todo industrial. Luego del triunfo electoral disolvió los tres partidos que se habían creado para sostener su candidatura, Laborista, Unión Cívica Radical Junta Renovadora y el Partido Independiente, para unificarlos en una sola organización política, llamada primero Partido Único de la Revolución y luego simplemente Peronista o Justicialista. Expandió enormemente la agremiación de los trabajadores en sindicatos que respondían a la corriente laborista y ayudó a establecer el predominio de la Confederación General del Trabajo (CGT) como central unitaria. Cipriano Reyes, quién se negó a aceptar la disolución del Partido Laborista del que era su presidente, sufrió un atentado contra en el que resultó asesinado su chofer. Más tarde fue encarcelado acusado de planear el asesinato de Perón, hasta el fin del gobierno peronista.

Durante el gobierno de Perón se profundizó la política de sustitución de importaciones mediante el desarrollo de la industria liviana que se venía impulsando desde la década anterior. Perón también invirtió fuertemente en la agricultura, especialmente en la siembra de trigo.

Ante la falta de divisas, producto del estancamiento del sector primario, con las que se importaban los bienes de capital e insumos necesarios para el proceso de industrialización, se optó por la nacionalización del comercio exterior mediante la creación del IAPI (Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio). Éste le permitió al Estado obtener recursos que utilizó para redistribuir hacia la industria. Dicho intercambio intersectorial del sector agrario a la industria, provocó el enojo de la oligarquía terrateniente, ya que el Estado le compraba a los productores por precios devaluados.

En 1947 anunció un Plan Quinquenal para fortalecer las nuevas industrias creadas, y comenzar con la industria pesada (siderurgia y generación de energía eléctrica en San Nicolás y en Jujuy).

En el área del desarrollo de la ciencia y tecnología, en 1948, Perón anunció un proyecto de desarrollo de energía de fusión nuclear. Las instalaciones para el proyecto secreto ocuparon la Isla Huemul en el Lago Nahuel Huapi. El proyecto estuvo a cargo de Ronald Richter, un físico austriaco recomendado por el ingeniero Kurt Tank, quien esperaba utilizar los hallazgos de Richter en los aviones a reacción que estaba desarrollando en el Proyecto Pulqui II.

En 1951 el gobierno argentino anunció que el proyecto de Richter había tenido éxito y que Argentina sería el primer país del mundo en producir energía de fusión nuclear. Sin embargo, ante la falta de pruebas por parte del Proyecto Huemul, Perón designó en 1952 a una comisión de científicos para investigar las actividades de Richter, integrada por José Antonio Balseiro y Mario Báncora que informaron al gobierno que el proyecto había sido un fraude. Luego de ello, las instalaciones del Proyecto Huemul fueron transferidas por Perón al Centro Atómico Bariloche (CAB) de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y al Instituto de Física de la ] que más tarde tomaría el nombre de Instituto Balseiro (IB).

Durante el gobierno peronista el número de inscriptos en las escuelas primarias y secundarias creció a tasas superiores a la de los años anteriores. Se produjo el acceso a la educación secundaria de la mayor parte de los hijos de clase media y de una parte significativa de los estratos altos de la clase trabajadora, especialmente en la enseñanza comercial y técnica. La enseñanza religiosa en las escuelas primarias y secundarias que venía de la Presidencia de Ramírez se mantuvo hasta ser abolida el 16 de diciembre de 1954 en el marco del conflicto del gobierno con la Iglesia Católica.

Uno de los motivos de irritación de los opositores fue la introducción en los textos escolares de dibujos, fotografías y textos laudatorios de Perón y Evita tales como "¡Viva Perón! Perón es un buen gobernante. Perón y Evita nos aman" y otros similares. En la escuela secundaria se introdujo la materia "Cultura Ciudadana" que en la práctica era un medio de propaganda del gobierno, sus protagonistas y sus realizaciones. Una vez publicado el libro La razón de mi vida de Eva Perón el mismo fue texto obligado tanto en el nivel primario como en el secundario.

Para el conjunto de los intelectuales el gobierno de 1943 y la figura de Perón eran leídos exclusivamente dentro del contexto internacional que oponía a los Aliados con el nazismo y el fascismo, y de ahí que "Perón era percibido, sobre todo, como una figura del régimen militar y, dentro de éste, formando parte de la fracción de coroneles pronazis". El antiperonismo de los intelectuales nace de esa percepción y no como oposición a las nuevas políticas sociales.

Todo esto lleva a la situación que Silvia Sigal resume diciendo "hay por lo menos dos puntos de acuerdo entre quienes se han interesado en la relación entre los intelectuales y el primer peronismo. El primero es que casi la totalidad de los escritores, artistas y universitarios liberales y democráticos fueron antiperonistas, el segundo, que si los intelectuales peronistas fueron muy contados, más contados fueron, entre ellos, quienes gozaban de prestigio y reconocimiento en el ámbito de la cultura. Puede imaginarse sin riesgo que sus protagonistas, peronistas o no, hubieran suscripto hasta 1955, esta somera descripción.

Perón inició su gobierno con las universidades intervenidas desde el 30 de abril de 1946, señalándose en especial que el interventor en la de Buenos Aires era el doctor Oscar Ivanissevich, un ferviente opositor al cogobierno estudiantil. Durante ese año por renuncias o cesantías se fueron el 70 % de los docentes y un tercio de los profesores universitarios La reforma constitucional de 1949 dispuso que "Las universidades tienen el derecho de gobernarse con autonomía, dentro de los límites establecidos por una ley especial que reglamentará su organización y funcionamiento" pero continuó vigente la ley 13.031 aprobada en 1947 para regir el gobierno de las universidades, a las que convertía en una dependencia del Poder Ejecutivo: desde el rector hasta el último titular de cátedra eran designados por decreto, se suprimía la autonomía funcional y financiera y establecía la pena de expulsión a quienes actuaran "directa o indirectamente en política" pero en la práctica esta norma no se aplicaba a quienes militaban en el Partido Peronista, lo que se evidencia en los muchos funcionarios y legisladores del mismo que ocuparon puestos en las universidades.(Luna I, 389). La representación estudiantil fue eliminada de los consejos, se introdujo la exigencia de un certificado policial "de buena conducta" sin el cual no se podían proseguir los estudios y comenzó a haber policías de civil omnipresentes en aulas y oficinas universitarias.

Hubo una mejora notable en la infraestructura ya que en Buenos Aires se construyó el edificio de la nueva Facultad de Derecho y se crearon las de Arquitectura y de Odontología así como la universidad obrera, luego llamada Universidad Tecnológica, además de remodelar sedes en el interior del país. Se estableció por decreto 22/1949 la gratuidad de la enseñanza y ello fue un factor que coadyuvó a que entre 1945 y 1955 se triplicara el número de alumnos si bien la cantidad de graduados tuvo escasa variación. El 17 de mayo de 1951, por Decreto 9695/1951, creó el Consejo Nacional de Investigaciones Técnicas y Científicas (CONITYC) antecedente inmediato del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas).

En 1946 Dr. Ramón Carrillo fue designado Secretario de Salud Pública y en 1949 al crearse nuevos ministerios pasó a ser ministro del área. Desde su cargo trató de llevar a cabo el un programa sanitarista que se dirigía hacia la creación de un sistema unificado de salud preventivo, curativo y de asistencia social de carácter universal en el cual el Estado cumpliría un papel preponderante. Si bien tropezó con grandes obstáculos "la acción gubernamental comportó un mejoramiento sustantivo en las condiciones de la salud pública". Uno de esos obstáculos lo constituyó la constitución o el afianzamiento de las obras sociales de los sindicatos, especialmente aquellos con mayor número de afiliados tales como los ferroviarios y los bancarios, y otro fue la actividad de la Fundación Eva Perón que en ciertas áreas se superponía con las de Salud Pública; ambos factores conspiraban contra el proyecto unificador de Carrillo. El número de camas en hospitales que era de 66.300 en 1946 (4 cada 1000 habitantes) pasó en 1954 a 131.440 (7 cada 1000 habitantes). Se hicieron campañas para combatir enfermedades endémicas como el paludismo, la tuberculosis y la sífilis utilizando a gran escala los recursos del DDT para el primero y la penicilina para las últimas y se acentuó la política sanitaria en las escuelas al hacer obligatoria la vacunación en su ámbito. En 1942 unos 6,5 millones de habitantes tenían provisión de agua corriente y 4 millones, servicios cloacales, y en 1955 los beneficiarios eran 10 millones y 5,5 millones respectivamente. La mortalidad infantil que era de 80,1 por mil en 1943 bajó a 66,5 por mil en 1953 y la esperanza de vida que era de 61,7 años en 1947 subió a 66,5 años en 1953.

Cuando Perón asumió el gobierno muy pocos periódicos lo apoyaban: Democracia, El Laborista y La Época. Pronto comenzaron las medidas más variadas para combatir a los medios opositores. En primer lugar la provisión de papel de diario, que era totalmente importado, que era distribuido por el gobierno fijando cuotas sumamente reducidas para los medios hostiles, en segundo término la utilización de la prohibición de enviar determinados diarios por correo, también los frecuentes procesos por desacato contra los editores y directores de periódicos críticos, también las numerosas clausuras de medios de prensa desafectos con el gobierno y finalmente la expropiación lisa y llana con entrega posterior a administraciones adictas como ocurrió con los diarios La Prensa y La Nueva Provincia de Bahía Blanca. Michel Torino propietario del diario El Intransigente de Salta fue acusado de desacato y estuvo varios años preso.

En forma paralela el gobierno aplicando una combinación de presiones -tanto oficiales como sindicales- y beneficios fue adquiriendo en forma directa o a través de testaferros periódicos, revistas y estaciones de radio. Así, por ejemplo, compró los periódicos Democracia, La Razón, Crítica y Noticias Gráficas, el conglomerado Haynes que reunía al diario El Mundo y la radio del mismo nombre así como revistas de diverso tipo, pero estas adquisiciones se mantenían en reserva sin dejarlas trascender al público. Al finalizar el gobierno de Perón sólo dos periódicos de circulación nacional -La Nación y Clarín no pertenecían al Estado quien, por otra parte, controlaba la totalidad de las radios a las que la ley 14.241 había agrupado en cuatro cadenas.

En el marco del enfrentamiento frontal entre peronistas y antiperonistas, durante el gobierno de Perón se produjeron algunas violaciones de derechos humanos debido a la persecución de opositores -en especial de comunistas-, así como actos terroristas y movimientos golpistas, por parte de la oposición. En este sentido, el organismo más cuestionado utilizado por el gobierno peronista, fue la Sección Especial de la Policía Federal, que aplicaba sistemáticamente la tortura contra los opositores. En cuánto a los grupos terroristas, los más cuestionados fueron algunos sectores de la Marina de Guerra y los llamados "comandos civiles" o "comandos de hierro", que causaron con sus acciones la muerte de cientos de civiles.

Uno de los primeros atentados fue sufrido en 1947 por el dirigente sindical y diputado nacional Cipriano Reyes (1906-2001), integrante inicialmente del bloque peronista pero opuesto a la decisión de Perón de disolver el Partido Laborista junto a los otros dos partidos que habían sostenido su candidatura en 1946, para crear un único partido peronista. En el atentado murió el chofer de Reyes y él mismo resultó herido. Poco después, Cipriano Reyes y otros dirigentes laboristas, fueron detenidos bajo la acusación de estar planeando el asesinato de Eva Perón. Los detenidos fueron severamente torturados por la Policía Federal y condenados en un proceso en el que no se respetaron la garantías de los acusados. Otros opositores que sufrieron tortura fueron los militantes universitarios Ernesto Mario Bravo y Luis Vila Ayres, comunista el primero y socialista el segundo, y el abogado radical Juan Ovidio Zavala. En 1949, en el marco de una huelga de trabajadores del azúcar en Tucumán fue detenido y torturado por la policía en los sótanos de la Casa de Gobierno de Tucumán hasta resultar muerto, el sindicalista Carlos Aguirre.

El 15 de abril de 1953 un comando civil realizó un atentado terrorista en la Plaza de Mayo haciendo estallar dos bombas durante una manifestación sindical organizada por la CGT, que asesinó a 5 trabajadores y dejó más de 90 heridas.

Con posterioridad sufrieron torturas el radical Roque Carranza -Ministro de Defensa en 1983- y el demócrata progresista Carlos Alberto González Dogliotti -ambos responsables del atentado en Plaza de Mayo-, así como Yolanda J. V. de Uzal y los hermanos María Teresa y Jorge Alfredo González Dogliotti.

El 16 de junio de 1955 un grupo de civiles y militares, entre los cuales se encontraba el dirigente radical Miguel Ángel Zavala Ortiz, intentó un golpe de estado que finalizó en el fracaso. En el curso del mismo, los golpistas ordenaron bombardear la Plaza de Mayo, causando la muerte de 364 civiles y más de 800 heridos. El hecho es conocido como el bombardeo de Plaza de Mayo y es una de las masacres más graves de la historia argentina.

Al día siguiente, el 17 de junio de 1955, la policía de la ciudad de Rosario detuvo sin orden judicial a Juan Ingalinella, médico y dirigente del Partido Comunista Argentino (PCA). Ingalinella fue torturado hasta causarle la muerte y su cuerpo fue hecho desaparecer.

El gobierno de Perón se caracterizó por un agudo conflicto entre y anti-peronistas, los peronistas acusaban a los anti-peronistas de participar en complots, actos terroristas e intentos de golpes de estado por su parte el anti-peronismo acusaba el proceder autoritario del gobierno, el control de los medios de comunicación y las acciones represivas.

Al final todo concluyó con el derrocamiento de Perón y la instauración de la dictadura militar denominada como Revolución Libertadora, la cual era apoyada por los sectores anti-peronistas, al poco tiempo de instaurada el peronismo fue proscripto y sus simpatizantes perseguidos, torturados y asesinados uno de los casos más claro fueron los Fusilamientos de José León Suárez, que dejó como saldo final la muerte de 18 militares y 13 civiles ejecutados sin juicio previo. La Revolución Libertadora también ilegalizó al Partido Comunista, algo que en la época de Perón no se había hecho, pese a a la fuerte orientación anticomunista de su gobierno.

La misión que había realizado Perón en Europa así como su formación profesional hacían que las relaciones exteriores ocuparan un lugar importante en sus preocupaciones de gobierno. Opinaba que en la postguerra Argentina tenía una posición privilegiada en su carácter de gran productora de alimentos en un mundo que los requería en abundancia, lo que le significaba una oportunidad que el país debía aprovechar. Por otra parte, consideraba inevitable que en un futuro no lejano ocurriera otro conflicto bélico de magnitud lo que, en caso de acaecer, tornaría su posición aún más ventajosa.

Las simpatías filonazis de algunos integrantes del gobierno surgido del golpe de Estado de 1943, sobre todo en su primera etapa, así como el mantenimiento de la posición de neutralidad del país ante el conflicto mundial había provocado mucha desconfianza en los países aliados y, sobre todo, en la prensa y en algunos funcionarios de los Estados Unidos, que no fue disipada por la tardía declaración de guerra al Eje, decisión por la que había abogado el Coronel Perón como Vicepresidente de la Nación. Esto había llevado a una situación de relativo aislamiento diplomático al punto que la falta de reconocimiento del presidente Farrell impidió que el país estuviera representado en la Conferencia Interamericana que culminó con el Acta de Chapultepec en 1945. Al asumir Perón la Presidencia se lo se lo siguió identificando con esa del gobierno que lo precediera.

El primer Ministro de Relaciones Exteriores que designó Perón fue el abogado laboralista de formación socialista Juan Atilio Bramuglia y la primera misión que le encargó fue la reinserción de Argentina en el mundo.

Perón a poco de asumir envió al Congreso para su tratamiento las Actas de Chapultepec y la de creación de la Organización de las Naciones Unidas. Si bien en el mensaje que las acompañaba no explicitaba su posición, dio instrucciones concretas y reservadas a los legisladores para que fueran aprobadas y además el canciller concurrió al Congreso para defenderlas.

Entre ruidosas manifestaciones de sectores nacionalistas que se oponían a las adhesiones el Senado aprobó la ratificación por unanimidad. En la Cámara de Diputados había dentro de los dos bloques había quienes sostenían posiciones distintas que, incluso, podían llegar a provocar alejamientos.

Con distintos matices buena parte de los diputados de la oposición opinaba en contra de la adhesión con objeciones que para Félix Luna eran muestra del asombroso "irrealismo de los opositores" y de que "la marca de un nacionalismo sin concesiones había impreso profundamente su ideología". Algunas de las expresiones de los diputados Arturo Frondizi, Luis Dellepiane y Ernesto Sanmartino se refirieron a la ONU como "un edificio que se derrumba" (Dellepiane), decían que quedaban en poder de gobiernos extranjeros "nuestras decisiones de guerra y paz, nuestros recursos económicos y hasta el valor de nuestra moneda" (Dellepiane) o afirmaban que con las Actas "podrían llegar a destruirse la formación, no solamente de una conciencia nacional, sino también la formación del país desde los puntos de vista económico, financiero, militar y cultural" (Frondizi).

En el momento de la votación los opositores se abstuvieron para evitar que se hicieran evidentes sus diferencias internas y los peronistas aprobaron la adhesión con la oposición de siete de sus miembros.

La valoración de Estados Unidos respecto del gobierno de Perón comenzó a cambiar ayudada por la salida del Departamento de Estado de funcionarios que se habían manifestado más críticos y el 3 de junio de 1947 en un gesto sin precedentes el presidente Truman invitó al embajador argentino que era el Dr. Oscar Ivanissevich a concurrir a la Casa Blanca donde departió amablemente con la visible ausencia de Braden que dos días después renunciaba.

En forma inmediata y contando con el beneplácito de Estados Unidos el gobierno argentino anunció el establecimiento de relaciones diplomáticas con la Unión Soviética y a continuación inició tratativas comerciales y cerró acuerdos comerciales con Rumania, Bulgaria, Polonia, Checoslovaquia y Hungría.

El 6 de julio del mismo año Perón en un discurso exponía los principios de la Tercera Posición entre capitalismo y socialismo, mediante la cual se daba a entender que en la naciente Guerra Fría la Argentina no se alinearía de forma automática ni con Estados Unidos ni con la Unión Soviética.

En 1948 la tensión entre los ex Aliados subió al máximo cuando la Unión Soviética bloqueó la comunicación por tierra de la zona de Berlín ocupada por Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia dejándole solamente la vía por aire. Al llegar la cuestión en el mes de octubre al Consejo de Seguridad de la ONU el representante de Estados Unidos que ejercía la Presidencia debió dejar el cargo por estar involucrado y lo asumió la representación argentina que por indicación de Perón fue asumida directamente por el canciller Bramuglia cuya activa gestión mediadora recibió comentarios elogiosos de los diplomáticos extranjeros.

José Paradiso considera sobre la política exterior del gobierno peronista que: {{cita|"En ocasiones ella ha sido considerada una gran responsable de las desventuras argentinas posteriores, otras veces como la expresión de un razonable pragmatismo cuando no como la otra de un sagaz visionario. Probablemente ninguna de estas versiones sea la correcta, aunque cada una de ellas puede reclamar para sí una parte de la verdad" Al mismo tiempo, aún despierta controversias entre los historiadores la acogida en la Argentina de nazis prófugos durante y después de la Segunda Guerra Mundial.

Durante el primer gobierno de Perón se produjo un cambio histórico en lo que respecta al reconocimiento de los derechos de la mujer. Se incorporaron al máximo texto jurídico los nuevos derechos sociales como también el voto femenino, que había sido aprobado en 1947, y que reivindicaba a la mujer hasta entonces marginada de la vida política argentina.

En 1947, se sancionó la ley reconociendo a todas las mujeres mayores de 18 años el derecho a votar y ser votadas (sufragio femenino), existiendo recién entonces sufragio universal en la Argentina. El derecho ya había sido reconocido en San Juan por la reforma constitucional de 1927. A nivel nacional, el derecho al voto venía siendo reclamado por las mujeres desde 1907, cuando Alicia Moreau y otras mujeres fundaron el Comité Pro Sufragio Femenino. Sin embargo ni la Unión Cívica Radical ni los conservadores apoyaron institucionalmente el reclamo y los proyectos presentados fueron sistemáticamente rechazados.

Sin embargo las resistencias al sufragio femenino no estaban ausentes tampoco en el peronismo. En ese sentido Eva Perón (Evita) jugó un papel importante. Luego del 17 de octubre de 1945, a propuesta de Evita, Perón desde su cargo de Vicepresidente, intentó sancionar la ley del voto femenino. Sin embargo las resistencias tanto dentro de las Fuerzas Armadas en el gobierno, como de la oposición, que alegaba intenciones electoralistas, frustraron el intento. También influyó el hecho de que la influencia de Evita dentro del peronismo era relativamente débil antes del 24 de febrero de 1946.

Luego de las elecciones de 1946, Evita comenzó a hacer abierta campaña por el voto femenino, a través de mitines de mujeres y discursos radiales, al mismo tiempo que su influencia dentro del peronismo crecía. El proyecto de ley fue presentado inmediatamente después de asumido el gobierno constitucional (1 de mayo de 1946). A pesar de que era un texto brevísimo en tres artículos, que prácticamente no podía dar lugar a discusiones, el Senado recién dio media sanción al proyecto el 21 de agosto de 1946, y hubo que esperar más de un año para que la Cámara de Diputados sancionara el 9 de septiembre de 1947 la Ley 13.010, estableciendo la igualdad de derechos políticos entre hombres y mujeres.

La igualdad política de hombres y mujeres, se complementó con la igualdad jurídica de los cónyuges y la patria potestad compartida que garantizó el artículo 37 (II.1) de la Constitución de 1949. El texto fue directamente escrito por Eva Perón. En 1955 la Constitución fue derogada, y con ella la garantía de igualdad jurídica entre el hombre y la mujer en el matrimonio y frente a la patria potestad, reapareciendo la prioridad del hombre sobre la mujer. La reforma constitucional de 1957 tampoco reincorporó esta garantía constitucional, y la mujer argentina permaneció discriminada legalmente hasta que se sancionó la ley de patria potestad compartida en 1985, durante el gobierno de Raúl Alfonsín.

Entre otras reformas sociales y políticas, durante su primer gobierno Perón derogó la ley que establecía la discriminación entre hijos legítimos e ilegítimos, y compró a nombre del estado, de capitales extranjeros, en su mayoría Ingleses, los ferrocarriles creando la empresa Ferrocarriles Argentinos (1948). Se estableció el monopolio estatal del comercio exterior mediante el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI) y se desarrolló un amplio plan de viviendas para trabajadores. En 1951 comenzó a transmitir LR3 Televisión Radio Belgrano, actualmente llamado Canal 7.

Durante el primer gobierno peronista "el componente salarial del ingreso nacional superó, por primera vez en la historia, a la retribución obtenida en concepto de ganancias, intereses y renta de la tierra. En 1948 aquel ascendía a 53% contra 47% de éste, lo que se comparaba favorablemente con la situación imperante sólo un lustro atrás, cuando los trabajadores percibían 44,4% y los empresarios, capitalistas y rentistas recibían 55,6%".

Asimismo durante el primer gobierno de Perón se reformó la Constitución Nacional en 1949 incorporándose los derechos laborales y sociales (Art. 37) que caracterizaron al constitucionalismo social y las bases jurídicas para expropiar grandes empresas monopólicas (Art. 40). Al mismo tiempo se establecía la reelección presidencial indefinida (Art. 78). Esta Constitución sería derogada por una proclama del régimen militar que derrocó al gobierno peronista.

El segundo gobierno peronista se caracterizó por el agotamiento de la política distributiva que caracterizó al primer gobierno. Las huelgas y los conflictos sociales se generalizaron. En 1952 Perón convoca a sindicatos y empleadores al Congreso Nacional de la Productividad, con el fin de generar un proceso de diálogo social tripartito para enfrentar la crisis. El Congreso fracasa por la incomprensión de los mecanismos de diálogo social tanto por parte de los sindicatos como de las empresas, e incluso de los propios funcionarios del gobierno peronista.

A partir de su reelección, en la cual obtuvo la victoria con un 62% de los votos, se producen algunos cambios significativos en el plano económico. Los salarios, que habían aumentado considerablemente hasta ese momento, se congelaron al igual que los precios por medio de contratos bianuales. El IAPI comenzó nuevamente a subvencionar al sector agrario. Se logró controlar el proceso inflacionario. El llamado al capital extranjero con el propósito de desarrollar la industria pesada fue motivo de polémicas, y atrajo las críticas de los opositores, entre ellos Frondizi.

En 1954 Perón envía y logra la sanción de la Ley Nº 14.394 cuyo artículo 31 incluye el divorcio como parte un enfrentamiento con la Iglesia Católica que había apoyado activamente al peronismo hasta ese año. Tras el derrocamiento de Perón, este artículo fue suspendido mediante el decreto ley 4070/1956. El divorcio recién volvería a ser aceptado en 1987 mediante la sanción de la Ley Nº 23.515.

Desde 1951 sectores cívico-militares antiperonistas habían venido desarrollando actos terroristas a través de los denominados Comandos Civiles.

El 16 de junio de 1955 los Comandos Civiles, integrados por conservadores, radicales, y socialistas, junto con la Marina de Guerra y sectores de la Iglesia Católica intentaron un golpe de Estado que incluyó el Bombardeo de la Plaza de Mayo y el centro de la ciudad de Buenos Aires con un saldo de más de 364 muertos y centenares de heridos. El ataque se produjo con 20 aparatos de la Aviación Naval, cerca del mediodía, sobre la multitud que se encontraba en una manifestación. Los ataques continuaron hasta las 18. El Ejército instaló tanques y baterías antiaéreas para proteger al presidente, por lo que a los insurgentes se les ordenó atacar a los miembros del Ejército y a los civiles que apoyaban a Perón. Finalmente, los atacantes pidieron asilo político en Uruguay.

Luego de los ataques, Perón pidió calma a la población. Pero sus seguidores, en respuesta a los ataques, incendiaron varias iglesias en el centro de la capital. Perón dio entonces por finalizada la llamada revolución justicialista, y llamó a los partidos políticos opositores a establecer un proceso de diálogo que evitara la guerra civil. Por primera vez en años de censura, los opositores pudieron utilizar los medios de difusión estatales. Pero para entonces los partidos opositores no estaban tampoco interesados en llegar a un acuerdo con Perón, y utilizaron la oportunidad para difundir su oposición al gobierno y denunciar la falta de libertades. Poco después Perón dio por concluidas las conversaciones.

El 16 de septiembre de 1955 las Fuerzas Armadas derrocaron a Perón. La CGT, sectores del peronismo e incluso sectores opositores a Perón fueron a reclamar armas para impedir la toma del poder por los militares, pero Perón se las negó y se exilió temporalmente en Paraguay. Finalmente se instaló en Madrid, en el barrio residencial de Puerta de Hierro. Allí se casó con la bailarina María Estela Martínez de Perón, Isabelita, a quien había conocido en Panamá, en 1956.

El 9 de junio de 1956, bajo el mando del General Juan José Valle, un grupo de militares peronistas y militantes del peronismo intentaron un alzamiento contra el gobierno de facto. La intentona fracasó y tanto Valle como varios de sus seguidores militares y civiles fueron fusilados. La represión se extendió a sectores no peronistas de la clase obrera. Sin embargo, los dirigentes sindicales conservaron su enorme influencia sobre los gremios industriales y de servicios.

Durante sus años de exlilio Perón publicó varios libros: Los Vendepatria (1956), La fuerza es el derecho de las bestias (1958), La Hora de los Pueblos (1968), etc.

En diciembre de 1964, durante el gobierno de Arturo Illia, Perón intentó regresar en avión a la Argentina. Pero el gobierno ratificó la decisión de prohibirle su radicación en el país y solicitó a la dictadura militar que gobernaba en Brasil que lo detuviera al realizar escala técnica en ese país y lo reenviara a España.

En la Argentina, los años cincuenta y sesenta fueron marcados por frecuentes cambios de gobierno, casi siempre frutos de golpes de Estado. Estos gobiernos estuvieron signados por continuas demandas sociales y laborales. Al calor de los procesos revolucionarios en marcha en el llamado Tercer Mundo, en Argentina aparecen grupos armados de izquierda y de derecha, muchos de los cuales adhieren al peronismo, aunque también cobran envergadura otras agrupaciones radicalizadas no peronistas como el PRT - ERP. Entre las organizaciones armadas peronistas se destacaron la nacionalista-católica Montoneros, la marxista-peronista FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias), y en menor medida la FAP (Fuerzas Armadas Peronistas) y la FAL (Fuerzas Armadas de Liberación).

Una organización menor denominada Ejército Nacional Revolucionario (ENR) se atribuyó el asesinato del influyente líder sindical peronista Augusto Timoteo Vandor, en mayo de 1970 la organización Montoneros realiza el secuestro y ejecución del general Pedro Eugenio Aramburu, figura clave del golpe de de Estado contra Perón en 1955, en el 73 ejecuta a José Rucci, secretario General de la CGT y hombre de confianza de Perón y otros secuestros y asesinatos de gran impacto en la opinión pública. Hacia finales de los sesenta y principios de los setenta, se acentuó el reclamo de los gremios por el regreso de Perón. El general Alejandro Lanusse había tomado el poder en marzo de 1971 mediante un golpe palaciego dentro del régimen militar surgido en el '66, y decidió restaurar la democracia institucional en 1973. Desde el exilio Perón apoyó a los peronistas de militancia armada, las "formaciones especiales": Montoneros-Fuerzas Armadas Revolucionarias-Fuerzas Armadas Peronistas, para presionar sobre el gobierno militar usurpador.

El 17 de noviembre de 1972, Perón regresó a la Argentina a bordo de un avión alquilado al efecto. Permaneció en el país solamente poco más de un mes, al cabo del cual visitó el Paraguay y luego regresó a Madrid.

El 11 de marzo de 1973, Argentina tuvo elecciones generales. Aunque se evitó que Perón fuera candidato, sus votantes eligieron a su delegado personal, Héctor José Cámpora como Presidente, apoyado por las organizaciones armadas de izquierda. Cámpora renunció el 13 de julio de 1973, dejando el camino libre para que Perón se presentara en las nuevas elecciones.

Perón regresó al país el 20 de junio de 1973. Entonces se produjo un gravísimo enfrentamiento armado entre militantes de derecha y de izquierda del movimiento peronista en las cercanías del aeropuerto de Ezeiza, en medio de la multitud que intentaba llegar a la estación aérea para recibir al líder. En el hecho murieron 13 personas y fue conocido como la Masacre de Ezeiza.

Perón ganó las elecciones con el 62% de los votos contra el candidato de la Unión Cívica Radical, Ricardo Balbín. Se convirtió en presidente por tercera vez en octubre de 1973 con su esposa Isabel Martínez de Perón como vicepresidente.

El tercer gobierno de Perón estuvo signado por permanentes conflictos entre sus seguidores de izquierda y derecha. Grupos parapoliciales con apoyo estatal (la Alianza Anticomunista Argentina - AAA - organizada por José López Rega) persiguieron y mataron a militantes de izquierda. Perón murió el 1 de julio de 1974 con los problemas sin resolver y fue sucedido por su esposa, Isabel. Gustavo Caraballo, en ese entonces Secretario Técnico de la Presidencia de la Nación, afirma que, antes de su muerte, Perón le solicitó que modificara la ley de Acefalía para permitir a Ricardo Balbín asumir en su lugar, pero eso finalmente no se concretó. En medio de la violencia política imperante, María Estela Martínez fue derrocada el 24 de marzo de 1976 y sustituida por una junta militar.

Juan Domingo Perón murió el 1 de julio de 1974. María Estela Martínez de Perón, su esposa y vicepresidenta, lo anunció al país diciendo "con gran dolor debo transmitir al pueblo de la Nación Argentina el fallecimiento de este verdadero apóstol de la paz y la no violencia".

Tras días de duelo nacional en los que el cuerpo fue velado en el Congreso de la Nación por cientos de miles de personas, los restos de Perón fueron trasladados a una cripta en la Quinta Presidencial de Olivos. El 17 de noviembre de 1974 los restos de Evita, que habían quedado en España, fueron traídos por María Estela Martínez de Perón y depositados en la misma cripta. Mientras tanto, el gobierno de Isabel Perón comenzó a proyectar el Altar de la Patria, un mausoleo gigantesco que albergaría los restos de Juan Perón, Eva Duarte de Perón, y todos los próceres de la Argentina.

Con la huida de López Rega del país y la caída del gobierno de Isabel, las obras del Altar de la Patria fueron suspendidas. Los restos de Perón fueron trasladados al Cementerio de la Chacarita, en Buenos Aires.

El 17 de octubre de 2006 sus restos fueron trasladados a la quinta de San Vicente, la cual le perteneció en vida y luego se convirtió en un museo en su honor. Durante el traslado se produjeron graves disturbios entre sectores del sindicalismo peronista, incluyendo disparos con armas de fuego.

Perón escribió textos de los géneros más diversos, pero especialmente sobre política y estrategia militar.

Al principio



Argentina

Bandera de Argentina

1 El artículo 35 de la Constitución Nacional Argentina reconoce como nombres oficiales Provincias Unidas del Río de la Plata, República Argentina y Confederación Argentina, y establece el uso de las palabras "Nación Argentina" en la formación y sanción de las leyes. 2 Según datos del INDEC. 3 El guaraní es cooficial en la provincia de Corrientes. 4 La Liga Federal proclamó la independencia el 29 de junio de 1815. 5 Según el Tratado de Reconocimiento, Paz y Amistad con España. 6 Corresponde a la superficie continental americana sin incluir las Islas Malvinas. Incluyéndolas, sería de 2.891.810 km². Sumando la superficie continental antártica (Antártida Argentina y las restantes islas de las Islas del Atlántico Sur) de 969.464 km², la superficie total se elevaría a los 3.761.274 km² (según datos del Instituto Geográfico Militar de la República Argentina). 7 Fuente: Fondo Monetario Internacional 8 Véase: Hora oficial argentina, para el verano 2008-2009, 13 provincias fueron exceptuadas de utilizar el UTC -2, por lo que mantienen el UTC -3. 9 En carácter de Asociado en la CAN y CAF. Como Observador permanente en la UL.

La República Argentina es un estado soberano, organizado como república representativa y federal, situado en el extremo sureste de América. Su territorio está dividido en 23 provincias y una ciudad autónoma, Buenos Aires, capital de la nación y sede del gobierno federal. Sus cerca de 40 millones de habitantes promedian índices de desarrollo humano, renta per cápita, nivel de crecimiento económico y calidad de vida, que se encuentran entre los más altos de América Latina. Según el Banco Mundial, su PBI nominal es el 30º más importante del mundo, pero si se considera el poder adquisitivo su PBI total trasforma al país en la 23º economía más importante del mundo. Actualmente la Argentina está clasificada como un país de ingresos medianos altos o como un mercado emergente, también por el Banco Mundial.

Por su extensión, 2.780.400 km², es el segundo estado de América del Sur, cuarto en el continente americano y octavo en el mundo, considerando solamente la superficie continental sujeta a su soberanía efectiva; si se toman en cuenta las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y Aurora (administradas por el Reino Unido, aunque reivindicadas por la Argentina como parte integral de su territorio), más el área antártica reclamada al sur del paralelo 60° S, denominada Antártida Argentina (que incluye a las islas Orcadas del Sur y Shetland del Sur), la superficie total se eleva a 3.761.274 km².

Su territorio continental americano, que abarca gran parte del Cono Sur, limita al norte con Bolivia y Paraguay, al nordeste con Brasil, al oeste y sur con Chile y al este con Uruguay y el Océano Atlántico.

El 25 de mayo de 1810 fue depuesto el último virrey español que gobernó desde Buenos Aires, organizándose la Primera Junta de gobierno, y el 9 de julio de 1816 fue proclamada formalmente en Tucumán su independencia como país libre y soberano.

El nombre "Argentina" proviene del latín "argentum" (plata) y está asociado a la leyenda de la Sierra de la Plata, común entre los primeros exploradores europeos de la región, tanto españoles como portugueses. Fueron estos últimos quienes denominaron Rio da Prata (Río de la Plata) al gran estuario descubierto por la expedición portuguesa de 1502 en la que participaba Américo Vespucio y al que luego llegó Juan Díaz de Solís en 1516, llamándolo Mar Dulce.

El nombre se hizo popular a causa de un poema publicado en 1602 por el español Martín del Barco Centenera titulado La Argentina, en el que se describe la región del Río de la Plata así como también la fundación de la ciudad de Buenos Aires. El topónimo aparece ratificado al publicarse en 1612 la obra La Argentina manuscrita del criollo asunceno Ruy Díaz de Guzmán, obra de historia en la que, en medio de un relato épico, se hace una descripción de la región. A finales del siglo XVIII, la palabra era de uso común para denominar todo lo relacionado con el Río de la Plata, su cuenca, su territorio y sus pobladores, pero el virreinato creado en 1776, antecedente inmediato del país independizado en 1816, llevó el nombre de "Virreinato del Río de la Plata".

La Primera Junta de Gobierno utilizó el nombre de Provincias Unidas del Río de la Plata, que fue también empleado por los gobiernos que le sucedieron hasta que, en 1816, el Congreso de Tucumán proclamó la independencia de las Provincias Unidas en Sud América, nombre que mantuvo en la Constitución de 1819.

Oficialmente, se utilizó por primera vez la denominación República Argentina en la Constitución de 1826. Durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas (1835-1852) se utilizaron, entre otros, los nombres de Confederación Argentina, Estados Unidos de la República Argentina, República de la Confederación Argentina y Federación Argentina.

El nombre fue confirmado definitivamente en 1862 por Bartolomé Mitre (primer presidente del país reunificado), al utilizar el título de Presidente de la Nación Argentina.

Los primeros pobladores del actual territorio argentino se remontan al paleolítico (según hallazgos en Piedra Museo, Provincia de Santa Cruz). Entre los pueblos indígenas, los cazadores y recolectores habitaban la Patagonia, la Pampa y el Chaco; y los agricultores estaban instalados en el noroeste, Cuyo, las Sierras de Córdoba y, más tarde, en la Mesopotamia argentina. Tastil, en el norte, fue la ciudad precolombina más grande ubicada en el actual territorio argentino, con una población de 2.000 habitantes.

En los siglos XIV y XV, el Imperio Inca conquistó parte de las actuales Provincia de Jujuy, Provincia de Salta, Provincia de Catamarca, el extremo oeste de la Provincia de Tucumán, Provincia de La Rioja, Provincia de San Juan, el noroeste de la Provincia de Mendoza y, probablemente, el norte de la Provincia de Santiago del Estero, incorporando sus territorios al Collasuyo, que era la parte sur del Tahuantinsuyo o regiones del Imperio Inca. Tradicionalmente, se atribuye la conquista al inca Túpac Yupanqui. Varios señoríos de la región, como los omaguacas, los atacamas, los huarpes, los diaguitas y otros, intentaron resistir, pero los incas lograron dominarlos, trasladando a sus territorios a los mitimaes o colonos deportados de las tribus de los chichas, que habitaban en lo que es el suroeste del actual territorio boliviano. Otros, como los sanavirones, los lule-tonocoté y los comechingones, resistieron exitosamente la invasión incaica y se mantuvieron como señoríos independientes.

El fuerte de Sancti Spiritu fue el primer asentamiento español, instalado en 1527 cerca de la actual ciudad de Santa Fe. Las ciudades de Santiago del Estero (1553), Córdoba (1573) y Buenos Aires (1536/1580) fueron las bases del establecimiento colonial que se impuso en la mitad norte del actual territorio argentino, sujeto a la autoridad de la Corona Española (la Gobernación del Río de la Plata). A partir de la progresiva mixogénesis (mestizaje) y teniendo como una de sus bases económicas fundamentales la ganadería extensiva, surge ya claramente a partir del siglo XVII una población que resultaría paradigmática y luego decisiva en la gesta independentista: la de los gauchos.

Durante la mayor parte del período colonial, el territorio argentino dependió del Virreinato del Perú, hasta que en 1776, durante el reinado de Carlos III de España, comenzó a formar parte del Virreinato del Río de la Plata. La ciudad de Buenos Aires fue designada como su capital con la idea de resistir mejor a un eventual ataque portugués y para tener un acceso más fácil a España a través de la navegación atlántica.

En 1780 se produjo un gran levantamiento indígena con epicentro en el Cuzco, dirigido por el inca Túpac Amaru II, que abarcó desde el actual territorio argentino hasta el actual territorio colombiano. Gran parte de la Patagonia y las pampas permanecieron bajo el control de diferentes pueblos indígenas: principalmente, tehuelches y mapuches en la Patagonia y ranqueles en la llanura pampeana hasta el último cuarto del siglo XIX. Asimismo, los territorios de la región chaqueña no fueron colonizados por los europeos, sino que permanecieron habitados por pueblos autóctonos como los tobas, mocovíes, pilagás y wichís hasta principios del siglo XX.

En los años 1806 y 1807 tuvieron lugar las Invasiones Inglesas, y, en ambas, Santiago de Liniers lideró a las tropas que expulsaron a las fuerzas británicas. La primera fue al mando de tropas de la Banda Oriental y la segunda fue dirigiendo tropas del Regimiento Fijo de Buenos Aires y batallones milicianos formados por numerosos criollos, tanto porteños como provenientes del Interior (principalmente, de Asunción del Paraguay y de Córdoba), indígenas y hasta esclavos negros.

La voluntad popular precipitó la destitución del virrey Rafael de Sobremonte para, a continuación, elegir como virrey a Santiago de Liniers, convertido en héroe de la reconquista y la defensa. Los principales líderes de estas milicias se convirtieron rápidamente en una nueva élite de poder en la ciudad de Buenos Aires, ingresando como miembros del Cabildo, hasta entonces formado exclusivamente por españoles.

Aunque Liniers aún gobernaba en nombre de España, la destitución de un virrey por presión popular era un hecho inédito en la historia de América. Tanto este hecho como la derrota de los ejércitos británicos, dieron un gran prestigio a Buenos Aires, que ganó un carácter de "Hermana mayor" ante las demás provincias.

En 1810 el pueblo de Buenos Aires inició la Revolución de Mayo, que derrocó y expulsó al Virrey Cisneros, eligiendo en su lugar una junta de gobierno integrada mayoritariamente por criollos que dio origen a la Guerra de la Independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata contra la España colonial (1810-1824).

Las provincias del Litoral argentino y la Banda Oriental (unidas en la Liga Federal bajo protectorado de José Gervasio Artigas), que habían declarado la independencia de España en 1815 en Concepción del Uruguay, el Paraguay (ya independiente) y la mayor parte del Alto Perú (bajo ocupación española), que integraron también el virreinato, no estuvieron representadas.

En varios puntos de Sudamérica se encontraban focos de resistencia contrarrevolucionaria, que intentaban restaurar la autoridad de la monarquía española en la región. Sus avances fueron contenidos, entre otros, por Manuel Belgrano, José de San Martín y Martín Miguel de Güemes. San Martín es, junto a Simón Bolívar, responsable de las gestas libertadoras que finalizaron la presencia española en el continente.

Las primeras décadas como país independiente fueron tumultuosas, aun cuando no habían acabado las guerras de la Independencia surgieron fuertes conflictos ante la hegemonía de los unitarios a la cual se opuso el federalismo propugnado por el oriental José Gervasio Artigas -también héroe de la Independencia argentina- quien llegó a constituir una liga de provincias argentinas federales. Las luchas entre unitarios y federales condujeron a la Argentina a una larga serie de sangrientas guerras civiles entre facciones y provincias (1820-1861); también, la ocupación lusobrasileña de la Banda Oriental desencadenó una Guerra con el Imperio del Brasil (1825-1828).

Respecto del territorio, en 1826 la provincia de Tarija fue incorporada a Bolivia y, como resultado de la Convención Preliminar de Paz que intentaba poner fin a la guerra con el Brasil, en 1828 la Banda Oriental fue declarada independiente adoptando el nombre de Estado Oriental del Uruguay.

Entre 1820 y 1852, excepto un breve intervalo entre 1825 y 1827, el país careció de un gobierno nacional, asumiendo las provincias la plenitud del gobierno en el ámbito de sus respectivos territorios. La única excepción fue la representación externa, que fue asumida por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, cargo desempeñado durante la mayor parte del período por Juan Manuel de Rosas, de tendencia federal. En esa etapa, la Argentina mantuvo conflictos bélicos con la Confederación Perú-Boliviana, con Francia, con el llamado Gobierno de la Defensa de Montevideo (colorado) al apoyar la Confederación Argentina a los nacionales uruguayos y con una alianza anglo-francesa.

En el año 1852 Rosas fue derrotado en la batalla de Caseros por el Ejército Grande, una alianza entre las provincias de Entre Ríos y Corrientes, las tropas coloradas de Uruguay y otras de Brasil. La alianza fue encabezada por el federal antirrosista Justo José de Urquiza, gobernador de Entre Ríos, quien asumió la presidencia provisional.

Este período duró hasta la sanción de una Constitución en el año 1853, la cual adoptó un régimen federal; pero esta fue rechazada por parte de la provincia de Buenos Aires, que se separó de la Confederación Argentina, debido a lo cual esta debió establecer su capital en la ciudad de Paraná. En 1859, la Confederación derrotó a Buenos Aires en la Batalla de Cepeda, pero sin lograr la reunificación del país. En la batalla de Pavón (1861), las provincias confederadas se rindieron ante las tropas porteñas al mando de Bartolomé Mitre, tras lo cual se puso fin a la existencia de dos estados separados y Mitre asumió la presidencia de la nación unificada.

En 1865 Argentina se vio involucrada en la Guerra de la Triple Alianza con el Paraguay, al ocupar este país la ciudad de Corrientes, después de que Mitre negara el paso de tropas paraguayas por territorio argentino en dirección a Brasil y Uruguay. Como consecuencia de estas acciones, se firmó el Tratado de la Triple Alianza entre Argentina, Uruguay y el Imperio de Brasil. Fue un conflicto impopular en Argentina y las tropas que se enviaron fueron escasas. Paraguay resultaría finalmente derrotado en 1870, muriendo una gran parte de su población masculina. Para Argentina, el final de la contienda significó territorialmente la consolidación de los límites en el noreste, ya que se fijó la frontera en los ríos Pilcomayo, Paraguay y Paraná, y se aceptó someter a arbitraje el área al norte del río Pilcomayo hasta el río Verde.

Entre 1878 y 1884 se produjo la llamada Conquista del Desierto, que consistió en una serie de incursiones militares contra los mapuches y otros pueblos indígenas para anexar al territorio argentino los territorios pampeanos y patagónicos donde habitaban. El éxito de la medida propició una acción similar en la región del Gran Chaco, que en 1884 sufrió una acción militar destinada a someter a los indios y ocupar plenamente el territorio.

En la segunda mitad del siglo XIX se inicia un período de gran prosperidad que se extenderá por más de un siglo. Con una fuerte inversión en educación y en el establecimiento de medios de producción orientados a la producción de carne y granos con destino al mercado europeo, la economía alcanzó altos niveles de crecimiento que atrajeron una gran corriente inmigratoria. La población argentina, que representaba el 0,13% de la población mundial en 1869, pasaría a representar el 0,55% en 1930, proporción en la que, aproximadamente, se estabilizaría desde entonces. El país fue conocido en esa época como el granero del mundo.

La prosperidad de la economía impulsó el crecimiento de la clase media, la creación de partidos políticos modernos como la Unión Cívica Radical (UCR) y el Partido Socialista (PS), y un amplio desarrollo de los sindicatos. Entre los presidentes más influyentes del período pueden citarse a Domingo Faustino Sarmiento (1868-1874) y Julio Argentino Roca (1880-1886 y 1898-1904).

Después de más de dos décadas de conflictos políticos y sociales y graves actos de represión, se sancionó la Ley Sáenz Peña estableciendo el sufragio secreto, obligatorio y universal para votantes masculinos en 1912. En la primera elección presidencial con sufragio secreto, los conservadores fueron derrocados por los radicales, asumiendo Hipólito Yrigoyen (1916-1922 y 1928-1930) la presidencia del gobierno. Durante su primer gobierno se inició el movimiento estudiantil conocido como la reforma universitaria, que se extendió por toda América Latina.

En el contexto internacional de la Gran Depresión que siguió al Jueves Negro de 1929, el 6 de septiembre de 1930 se produjo el primero de una serie de golpes de Estado en Argentina que llevó al poder a los militares para establecer un gobierno de facto, después de derrocar a Hipólito Yrigoyen. Este golpe de Estado inició una época conocida como la Década Infame. A partir de esa década el país impulsó un proceso de sustitución de importaciones que desarrolló un amplio sector industrial. La Década Infame finalizó con la Revolución del 43, un segundo golpe de estado. A pesar de la presión internacional, la Argentina se mantuvo neutral durante la mayor parte de la Segunda Guerra Mundial, y se unió a los Aliados el 27 de marzo de 1945, durante el gobierno de Edelmiro Julián Farrell.

En 1946 fue elegido presidente Juan Domingo Perón quien, con su carismática esposa, Eva Perón, encabezó un movimiento político, el peronismo o justicialismo, que puso el acento en la justicia social y estableció el sufragio femenino en 1947 al reconocer los derechos políticos de las mujeres. El peronismo contó con una amplia adhesión de la población a partir de entonces, pero a su vez produjo una profunda polarización en la sociedad argentina que se dividió en peronistas y antiperonistas. En 1955 Perón fue derrocado por un nuevo golpe militar, que tomó el nombre de Revolución Libertadora y proscribió al peronismo. El propio Perón se exilió en el extranjero desde entonces.

En 1958 fue elegido presidente el Arturo Frondizi (UCRI), siendo derrocado por un nuevo golpe militar en 1962. En 1964 fue elegido presidente el Arturo Umberto Illia (UCRP), quien también sería derrocado por un golpe militar en 1966 que establecería un régimen dictatorial de tipo permanente conocido como Revolución Argentina (1966-1973). Estos años se caracterizaron por una creciente violencia política, siendo el Cordobazo uno de los acontecimientos más destacados.

En 1973 el peronismo fue nuevamente legalizado y triunfó en las elecciones presidenciales. Tras la renuncia de Héctor José Cámpora, Juan Domingo Perón asumió la presidencia por tercera vez, pero moriría menos de un año después. Lo sucedió su Vicepresidenta y tercera esposa, María Estela Martínez de Perón, cuyo gobierno se caracterizó por un acelerado deterioro de la situación interna, producto de la crisis del petróleo de 1973 y la generalizada violencia política.

El 24 de marzo de 1976 se produjo un nuevo golpe militar autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, durante el cual se desarrolló un proceso sistemático de secuestro y tortura de personas —la llamada "guerra sucia"—, producto del cual hubo una gran cantidad de desaparecidos. La cifra exacta está sujeta a debate: la CONADEP registró 8.961 casos, mientras que otros organismos de derechos humanos elevan la cifra a 30.000. El número de las indemnizaciones otorgadas por el estado a familiares de desaparecidos llega a 13.000. En 1978 se produjo una grave crisis con Chile por los límites en la zona del Canal Beagle (Conflicto del Beagle), que llevó a ambos países al borde de la guerra. Durante el Proceso hubo un importante aumento de la deuda externa nacional. En el año 1982 se desarrolló la Guerra de las Malvinas con el Reino Unido; la derrota argentina fue uno de los factores que llevó al colapso del régimen militar y el llamado a elecciones generales para el año siguiente.

La democracia fue restablecida el 10 de diciembre de 1983. El nuevo presidente, Raúl Alfonsín de la Unión Cívica Radical, tomó medidas para investigar los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura anterior, estableció el control civil de las Fuerzas Armadas y consolidó las instituciones democráticas. En el juicio a las Juntas los miembros de las tres primeras juntas militares fueron procesados y algunos fueron condenados. Después de las elecciones presidenciales de 1989 y afectada la gobernabilidad del país por un proceso hiperinflacionario, Alfonsín se vio obligado a renunciar para hacer la entrega anticipada del mando con seis meses de anticipación.

Su sucesor, el presidente Carlos Menem del Partido Justicialista, sancionó la Ley de Convertibilidad del Austral en 1991 que detuvo la inflación estableciendo una Ley de convertibilidad y adoptó una política económica neoliberal, apoyada en una ola de privatizaciones, reducción de aranceles a los productos importados y desregulación de los mercados. Estas medidas contribuyeron a aumentar significativamente la inversión, las exportaciones y el crecimiento con precios estables. Pero, por otra parte, también abrieron un proceso de desindustrialización, hicieron a la economía más vulnerable a las crisis internacionales, y aumentaron el desempleo, la pobreza y la precariedad laboral.

La crisis financiera asiática de 1997 y la brasileña de 1998 precipitaron la salida de capitales, abriendo camino a la mayor recesión de la historia argentina que duraría cuatro años.

En esas circunstancias, en diciembre de 1999 asumió la presidencia Fernando de la Rúa de la Unión Cívica Radical, que por entonces formaba parte de La Alianza. En 2001, ante la fuga masiva de capitales, el gobierno dispuso la congelación de los depósitos bancarios (medida popularmente conocida como el corralito), que culminó en una crisis social generalizada que llevó a la renuncia del presidente el 20 de diciembre de 2001.

Tras dos semanas en que se sucedieron varios presidentes, la crisis culminó el 2 de enero de 2002 con la elección por parte de la Asamblea Legislativa de Eduardo Duhalde, del Partido Justicialista, como presidente provisional. La deuda externa argentina entró en suspensión de pagos durante el breve gobierno de Adolfo Rodríguez Saá, y el gobierno de Duhalde devaluó el peso dando fin a la Ley de convertibilidad.

Por medio de una fuerte devaluación de la moneda local, el país comenzó a poner en práctica una nueva política de industrialización por sustitución de importaciones, aumento de exportaciones y superávit fiscal. Hacia finales de 2002, la economía empezó a estabilizarse.

En 2003 fue elegido presidente Néstor Kirchner por el Frente para la Victoria (un partido escindido del Partido Justicialista). Durante su presidencia se nacionalizaron algunas empresas privatizadas y se registró un aumento considerable del PBI, además de una disminución del desempleo, basada en parte en la creación de puestos de trabajo genuinos arrastrados por la reactivación del sector agropecuario, el complejo agroindustrial y los sectores industrial y de la construcción, y reduciendo progresivamente los subsidios y planes sociales creados en 2002; al tiempo, regresaba la inflación.

El 28 de octubre de 2007 ganó las elecciones presidenciales Cristina Fernández del Frente para la Victoria, primera mujer elegida por el voto popular en la historia del país y esposa de Néstor Kirchner, a quien sucedió en el cargo el 10 de diciembre de 2007. Durante su gobierno tuvo lugar un extenso paro agropecuario como protesta de los productores rurales por las retenciones aplicadas a la exportación de soja y girasol. Dicho paro llevó a cortes de ruta y situaciones de desabastecimiento, cacerolazos en todo el país y enfrentó al gobierno con los productores rurales. Enfrentó la Crisis económica de 2008 con una serie de medidas, impulsando la industria automotriz y dando créditos a trabajadores y empresas.

La Constitución de 1853 estableció un sistema de gobierno representativo, republicano y federal, que ha sido mantenido por todas las reformas constitucionales realizadas desde entonces. La Argentina se formó por la unión federativa de las provincias que surgieron después de la disolución del Virreinato del Río de la Plata y por la incorporación de las que se fueron constituyendo a partir de los Territorios Nacionales.

La Constitución vigente en la actualidad es la que resulta del texto establecido por la Convención Constituyente de 1994. Las autoridades del gobierno federal tienen su sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es actualmente la Capital de la República o Capital de Nación, denominaciones utilizadas en la Constitución Nacional y en las leyes, pero llamada de manera no formal Capital Federal.

El poder ejecutivo es desempeñado por un ciudadano con el título de Presidente de la Nación Argentina, el cual es elegido por sufragio directo en doble vuelta junto con el candidato a vicepresidente. La segunda vuelta electoral se realiza entre las dos opciones más votadas si en la primera ninguna hubiera obtenido más del 45% de los votos válidos o, si habiendo obtenido la opción más votada entre el 40% y el 45%, existiera una diferencia con la segunda opción menor al 10%. El presidente y el vicepresidente duran cuatro años en sus mandatos y pueden ser reelegidos inmediatamente por un mandato más.

El gabinete de ministros del Presidente de la Nación es dirigido por el Jefe de Gabinete de ministros, quien se encuentra a cargo de la administración del país y es responsable ante el Congreso.

El poder legislativo es ejercido por el Congreso de la Nación Argentina, integrado por dos cámaras.

La Cámara de Diputados reúne a los representantes directos de la población. Son elegidos por el sistema de representación proporcional (sistema D'Hondt), duran cuatro años en su mandato y se renuevan por mitades cada dos años, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Son electos tomando como distrito único cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se vota, por una lista de todos los candidatos de cada partido político o alianza electoral, a los puestos que cada distrito ponga en disputa en esa elección. En 2006 contaba con un total de 257 miembros.

El Senado reúne a los representantes de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, correspondiéndole a cada una dos senadores por la mayoría y uno por la minoría, sumando en total 72 miembros. Son elegidos por voto directo, duran seis años en su mandato y se renuevan por tercios cada dos años, pudiendo ser reelegidos indefinidamente.

Por la Ley 24.012 de 1991 se estableció el cupo femenino en los cargos electivos, obligando a los partidos políticos a incluir un mínimo de un tercio de mujeres entre los candidatos. Desde entonces, la participación de las mujeres en la política se ha incrementado notablemente, siendo Argentina el país sudamericano con mayor cantidad de mujeres en el Poder Legislativo y estando, a su vez, entre los primeros diez a nivel mundial.

El Congreso de la Nación Argentina es el encargado de la formación y sanción de las leyes federales; además, tiene a su cargo la sanción de los códigos legales civil, penal, comercial, laboral, aeronáutico y de minería, entre otros. Cuenta con un organismo constitucional autónomo de asistencia técnica: la Auditoría General de la Nación, a cargo del control de legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad de la administración pública.

Asimismo, en el ámbito del Congreso funciona el Defensor del Pueblo de la República Argentina como órgano independiente, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su propósito es defender los derechos humanos y los derechos constitucionales y legales que puedan ser afectados por la Administración.

El poder judicial está encabezado por una Corte Suprema de Justicia integrada por cinco jueces abogados nombrados por el Presidente de la Nación con acuerdo del Senado, que requiere para ello una mayoría de dos tercios.

Los tribunales inferiores están encargados de resolver los conflictos regulados por la legislación federal en todo el país (tribunales federales) y, también, por la legislación común en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (tribunales nacionales). La designación de los jueces la realiza el Presidente de la Nación con acuerdo del Senado, sobre la base de una terna integrada por candidatos seleccionados en concurso público por el Consejo de la Magistratura, órgano de composición multisectorial, a quien corresponde el control directo de los jueces y la administración del Poder judicial. Los jueces permanecen en sus cargos "mientras dure su buena conducta" y solo pueden ser removidos en caso de infracciones graves, por un Jurado de Enjuiciamiento, integrado por integrado por legisladores, magistrados y abogados.

La Constitución establece también el Ministerio Público como órgano independiente y con autonomía funcional y financiera, con la función de promover la actuación de la justicia. El Ministerio Público es un organismo constitucional (art. 120) y es considerado por parte de la doctrina como un cuarto poder, en tanto que otra parte sostiene que se trata de un órgano extra poder.

Se trata de un organismo bicéfalo integrado por el Ministerio Público Fiscal, dirigido por el Procurador General de la Nación y encargado de la acción de los fiscales, y el Ministerio Público de la Defensa dirigido por el Defensor General de la Nación y encargado de la acción de los defensores oficiales.

En la República Argentina existen 23 provincias que, debido al sistema federal adoptado por la Constitución, son autónomas y mantienen todo el poder no delegado explícitamente al gobierno federal.

Todas las provincias cuentan con una constitución republicana y representativa que organiza sus propios poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y regula el régimen de autonomía municipal. Las provincias pueden sancionar leyes sobre cuestiones no federales, pero las principales leyes comunes (civiles, comerciales, penales, laborales, de seguridad social y de minería) están reservadas al Congreso Nacional (Constitución Nacional, artículo 75, inciso 12).

En todas las provincias, el poder ejecutivo está a cargo de un gobernador que dura en sus funciones cuatro años y que, en general, puede ser reelegido. El poder legislativo en algunas provincias está ejercido por una legislatura unicameral y en otras por una legislatura bicameral. Todas las provincias cuentan con un poder judicial con su correspondiente Corte Superior provincial y tribunales encargados de resolver los conflictos regidos por la ley común (civil, penal, comercial, laboral, administrativo local).

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene un régimen especial de autonomía sin llegar a ser una provincia. Una ley sancionada en 1880 la confirmó como capital de la República y la federalizó, separándola de la Provincia de Buenos Aires. Su organización política cuenta también con una Constitución republicana que establece un gobierno dividido en tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) y un régimen de descentralización en comunas. Las restricciones en materia de autonomía han influido para que hasta 2006 careciera de policía propia y un sistema judicial para resolver conflictos motivados en la aplicación de las leyes comunes. El titular del poder ejecutivo lleva el título de Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

La Constitución Nacional exige a cada provincia la organización de un régimen municipal y reconoce a los municipios su autonomía. Los municipios dirigen los destinos de cada ciudad o pueblo; por lo general, su jurisdicción se extiende a la zona rural aledaña y, en ocasiones, abarca localidades menores.

Argentina, junto a otros países de América del Sur, forma parte del Mercosur y de la Unión de Naciones Suramericanas. Participó en cada fase de la operación de Haití, y también ha contribuido en operaciones pacificadoras en diversas zonas del mundo. En reconocimiento a sus contribuciones a la seguridad internacional y a la pacificación, el presidente estadounidense Bill Clinton designó a la Argentina como aliado importante extra-OTAN en enero de 1998.

La Argentina mantiene una disputa de soberanía sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur, Aurora y Georgias del Sur, administradas por el Reino Unido, junto con sus espacios marítimos circundantes. Asimismo, reclama casi 1 millón de kilómetros cuadrados en la Antártida, en lo que constituye la Antártida Argentina —todas las reivindicaciones continentales sobre la Antártida están suspendidas en virtud del Tratado Antártico—.

Durante 2006 comenzó un litigio con Uruguay debido al inicio de las obras de una planta celulósica de la empresa finlandesa Metsä-Botnia en la localidad uruguaya de Fray Bentos. La Argentina ha demandado a Uruguay ante la Corte Internacional de Justicia argumentando que la instalación de las plantas de celulosa es contaminante y se ha realizado en violación del Estatuto del Río Uruguay.

Las fuerzas armadas de Argentina se encuentran bajo el mando del Presidente de la Nación, que es su comandante en jefe y atiende sus cuestiones a través del Ministerio de Defensa. Históricamente, han tenido el mejor equipamiento de la región (por ejemplo, desarrollando tempranamente aviones con propulsión jet en 1950), pero actualmente tienen asignado un presupuesto bajo en comparación a otros ejércitos regionales. La edad mínima para ingresar es de 18 años, sin que exista un servicio militar obligatorio.

Las fuerzas armadas están compuestas por el Ejército Argentino, la Fuerza Aérea Argentina y la Armada Argentina. Las aguas territoriales son patrulladas por la Prefectura Naval Argentina y las regiones fronterizas por la Gendarmería Nacional Argentina, bajo control del Ministerio del Interior; ambas fuerzas mantienen también lazos con el Ministerio de Defensa. El Sistema de Inteligencia Nacional dirige las acciones de inteligencia, dentro de los que se destaca la Secretaría de Inteligencia, conocida popularmente como SIDE por su denominación anterior.

Cada provincia cuenta con su propia policía, que puede trabajar en conjunto con la Policía Federal Argentina, la fuerza de seguridad que se encarga de los delitos de ámbito exclusivamente federal o que involucran a más de una jurisdicción. La Policía Federal es también la fuerza de policía de la Ciudad de Buenos Aires (ciudad que realiza actualmente gestiones para poseer un cuerpo de policía propio).

Las fuerzas armadas argentinas están llevando a cabo actualmente operaciones en Haití y Chipre, de conformidad con los mandatos de la ONU.

Territorialmente, la República Argentina está organizada en 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde se encuentra la sede del gobierno federal. Mediante la ley N° 23.512 de 1987, la Capital de la República debe ser trasladada a los municipios de Viedma y Guardia Mitre (Río Negro) y Carmen de Patagones (Buenos Aires). El traslado fue aceptado por las provincias de Río Negro (ley N° 2.086) y Buenos Aires (ley N° 10.454), pero caducó en ambos casos en 1992 al no efectuarse. Para marzo de 2008 la ley nacional no ha sido derogada.

Las provincias dividen su territorio en departamentos, con la excepción de la provincia de Buenos Aires que lo hace en municipios denominados partidos. Los departamentos, en general, no cuentan con funciones administrativas, aunque en las provincias de Mendoza, San Juan y La Rioja cada departamento es un municipio. En algunas provincias los departamentos son utilizados como distritos electorales para determinar representantes a las legislaturas provinciales y sirven como unidades de descentralización de diversos órganos provinciales como la policía y el Poder Judicial.

La Constitución Nacional de 1994 reconoce la autonomía municipal, pero da potestad a las provincias para reglar su alcance y contenido, por lo que existen municipios autónomos con potestad para sancionar Cartas Orgánicas Municipales y otros que no pueden hacerlo. También existen provincias que no reconocen la autonomía de sus municipios. Hasta diciembre de 2006, 123 municipios, haciendo uso de su autonomía institucional, habían dictado su propia carta orgánica.

Todas las provincias cuentan con gobierno locales y dentro de cada régimen se suelen encontrar distintas tipificaciones de municipios, existiendo casos de unidades administrativas similares a los municipios —generalmente, los correspondientes a localidades con escasa población—, pero que no cuentan con la mencionada autonomía y sus gobernantes son en general delegados del gobernador provincial.

La República Argentina extiende su soberanía sobre el mar adyacente a sus costas y de sus islas, así como también sobre el lecho y subsuelo de las áreas marinas, sus recursos vivos y minerales, y sobre su espacio aéreo marino.

El Estado argentino ejerce su soberanía marítima en distintos grados: el mar territorial (12 millas marinas desde la línea de base costera), la zona marítima contigua (24 millas marinas), la zona económica exclusiva (200 millas marinas) y la plataforma continental (en proceso de delimitación).

El territorio de la República Argentina es el segundo más grande de América del Sur y el octavo en extensión de la Tierra, sin contar el sector antártico. Está integrado por un sector americano y otro antártico (cuya soberanía se reclama).

La superficie del sector americano de la Argentina mide 2.791.810 km². De ellos, 2.780.400 km² corresponden a la Ciudad de Buenos Aires, las 22 provincias argentinas y los departamentos de Ushuaia y Río Grande de la provincia de Tierra del Fuego. El resto está constituido por los 11.410 km² reclamados de las Islas Malvinas.

La superficie del sector antártico de la Argentina mide 969.464 km². De estos, unos 965.597 km² corresponden a la Antártida Argentina (territorio reclamado), incluida como departamento de la provincia de Tierra del Fuego. Además, esta superficie incluye a las Islas Shetland del Sur y las Islas Orcadas del Sur. Los 3.867 km² restantes están formados por las Islas Georgias del Sur (3.560 km²) y las Islas Sandwich del Sur (307 km²) que forman parte del Departamento Islas del Atlántico Sur de la provincia de Tierra del Fuego. Estos dos últimos archipiélagos más las Islas Malvinas se encuentran bajo dominio británico, aunque también son reclamados por la República Argentina.

La superficie total de la Argentina, sumados ambos sectores americano y antártico, totaliza 3.761.274 km² incluyendo los territorios cuya soberanía es reclamada. En esta cantidad no se incluye la franja oceánica argentina de 200 millas marinas (zona económica exclusiva), ni la plataforma continental (que corresponde en gran medida al Mar Argentino), ni el sector argentino del Río de la Plata.

Ubicada en el sur del continente de América, forma parte del Cono Sur junto a Chile, Uruguay, Paraguay y el sur de Brasil.

La Argentina tiene 3.694 kilómetros de largo de norte a sur y 1.423 kilómetros de este a oeste. Se extiende por más de 33º de latitud entre su extremo norte, la confluencia de los ríos Grande de San Juan y Mojinete, en la provincia de Jujuy a 21°46′00″S 66°13′00″O / -21.766667, -66.216667; y el punto más austral del territorio continental argentino, el cabo San Pío, en la isla Grande de Tierra del Fuego, a 55°03′00″S 66°31′00″O / -55.05, -66.516667. A su vez, se extiende de este a oeste por 20º de longitud, desde la ciudad de Bernardo de Irigoyen, en la provincia de Misiones, a 26°15′00″S 53°38′00″O / -26.25, -53.633333 y el cordón Mariano Moreno de los Andes patagónicos en la provincia de Santa Cruz, a 49°33′00″S 73°34′00″O / -49.55, -73.566667.

La isla Martín García es un exclave argentino cercano a la confluencia de los ríos Paraná y Uruguay, un kilómetro dentro de aguas uruguayas, a una distancia aproximada de 3,5 kilómetros de la costa de este país, cerca de la pequeña ciudad de Martín Chico. El Tratado del Río de la Plata, firmado por Argentina y Uruguay en 1973, reafirmó la jurisdicción argentina sobre la isla, terminando con una disputa de un siglo entre ambos países. Debido a la sedimentación aluvional, se formó una isla frente a la costa norte de Martín García que fue llamada por Argentina como Punta Bauzá y por Uruguay como Timoteo Domínguez, y fue objeto de disputa entre ambos países. Con la firma del Tratado del Río de la Plata, la Argentina reconoció la soberanía uruguaya sobre la isla que, posteriormente, quedó unida a Martín García, constituyendo una frontera seca.

De acuerdo con los tratados firmados con la República del Paraguay, se convino que las islas en los ríos Paraná y Paraguay (excepto Yaciretá y Cerrito) fuesen adjudicadas al país del que se hallen más cerca sus costas, siendo las aguas divididas por el canal principal del río. Tras la demarcación de las islas en 1980 han quedado enclaves de uno y otro país en las aguas del otro, tanto en el río Paraná como en el río Paraguay. Pertenecen a la República Argentina dentro de la provincia de Corrientes las islas de: Apipé Grande, Entre Ríos, el grupo Caa Verá, las islas Verdes y las dos islas de Costa Larga; todas ellas situadas en el río Paraná en aguas paraguayas.

Por la firma del Tratado del Río Uruguay que fijó el límite en este río entre la Argentina y Uruguay, se definió que al sur de Salto Grande el límite pasase por el canal más profundo, separando también las islas. Pese a eso, las islas Filomena Grande, Filomena Chica, Palma Chica, Bassi, Tres Cruces y los islotes Alba y Chingolo, se acordó que perteneciesen a Uruguay por tener población de ese origen, aunque las aguas que las rodean pertenezcan a la República Argentina. De esta manera, esas islas constituyen enclaves de Uruguay en aguas argentinas.

En el norte del país se encuentran regiones de vegetación densa; en algunos sectores la misma es boscosa y en otros es selvática, compuesta por la región chaqueña y los esteros del Iberá; estas zonas de abundante vegetación se mezclan con otras extensas zonas de palmares y pastizales. La región misionera es una región diferenciada, siendo una prolongación de las sierras del Brasil, con serranías bajas pero accidentadas, de clima subtropical, muy húmedo y vegetación selvática. El extremo noroeste del país está ocupado por una región de meseta alta llamada Puna o Altiplano.

En el centro del país se encuentra la llanura pampeana, que puede dividirse en dos regiones: Pampa húmeda y Pampa occidental o seca. Esta última tiene un clima más continental. En la Pampa húmeda la Sierra de la Ventana y Tandilia (con un máximo de altura apenas superior a los 500 metros sobre el nivel del mar) son los únicos accidentes geográficos que quiebran la monotonía del paisaje y son los restos de una cordillera muy antigua.

En el centro-oeste del país se encuentra la región de Cuyo, que está constituida por las provincias de San Juan, Mendoza y San Luis, donde predomina un relieve montañoso, serrano, con escasa vegetación.

Al sur del país se encuentra la Patagonia, una extensa zona de mesetas y serranías de origen precámbrico, que comprende a las provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

En el noreste y centro-este del país se ubican los ríos más importantes, que corresponden a la Cuenca del Plata, la tercera cuenca en extensión del Hemisferio Occidental. Los principales cursos fluviales de la misma son los siguientes: Paraguay, Bermejo, Colorado, Uruguay y el más largo, el Paraná. Los dos últimos avanzan juntos hasta encontrarse en el estuario del Río de la Plata. Dicho estuario es el más grande del planeta y afluye en la sección del océano Atlántico que corresponde al Mar Argentino. La tierra que se encuentra entre ambos ríos es llamada Mesopotamia y es compartida por las provincias de Misiones, Corrientes y Entre Ríos.

La Argentina tiene 4.665 kilómetros de costa. La zona del océano Atlántico sobre la plataforma continental es inusualmente ancha y se la denomina Mar Argentino, el cual cuenta con importantes recursos pesqueros e hidrocarburíferos. Las costas que baña el mar varían entre zonas de dunas y acantilados. La alternancia de corrientes frías de la Antártida y cálidas del Brasil permite que la temperatura de las costas no descienda uniformemente con el descenso en la latitud, sino que tenga variaciones. La costa meridional de Tierra del Fuego forma la orilla norte del Pasaje de Drake.

Las características generales de la orografía de la Argentina son la presencia de montañas en el oeste y de llanos en el este, configurando una planimetría que disminuye en altitud de oeste a este.

El extremo oeste está conformado por la sección principal de la cordillera de los Andes. Al norte se encuentran los sectores más altos de la cordillera, que son también los más altos del continente. Allí se encuentra el cerro Aconcagua, que con 6.959 metros sobre el nivel del mar es el punto más alto de toda América. El tramo patagónico de los Andes, en cambio, posee picos notoriamente más bajos que los del norte.

En el norte, al este de los Andes y también en sentido norte-sur se extienden las Sierras Subandinas, una serie de sierras escalonadas que conforman valles muy poblados. Al sur de las mismas se encuentran las Sierras Pampeanas, más espaciadas entre sí y separadas por llanuras.

La meseta patagónica es un conjunto de altiplanos y llanuras elevadas y áridas, enclavada entre los Andes patagónicos y el océano Atlántico, donde cae abruptamente en altos acantilados que dan al Mar Argentino. Aquí se encuentra también la depresión más profunda de toda América: la laguna del Carbón a 105 metros bajo el nivel del mar.

En la Mesopotamia oriental, sobre las estribaciones del macizo de Brasilia, el relieve se presenta como sierras bajas en la provincia de Misiones. Hacia el sur, en las provincias de Corrientes y Entre Ríos, se transforman en cuchillas o lomadas de origen sedimentario más bajas aún, constituyendo una topografía ondulante.

La gran llanura Chacopampeana es una planicie con pocas ondulaciones, subtropical al norte (Gran Chaco) y templada al sur (Llanura pampeana). Drenada en gran parte por el río Paraná, su pendiente es suave, de dirección noroeste - sudeste y prácticamente imperceptible, por lo que los ríos que la surcan son sinuosos, presentando además esteros y pantanos en el Chaco y gran cantidad de lagunas en la Pampa. La monotonía del paisaje sólo se quiebra con la presencia de algunos sistemas serranos.

Los ríos argentinos se clasifican en 3 cuencas o vertientes: los de la vertiente del Atlántico, los de la vertiente del Pacífico y, por último, los pertenecientes a las diversas cuencas endorreicas del interior del país.

La vertiente del Atlántico es la más extensa y está compuesta por la Cuenca del Plata, el Sistema Patagónico y una serie de ríos menores en la provincia de Buenos Aires. La Cuenca del Plata es la más importante, culmina en el estuario del Río de la Plata y es desaguada por los ríos Paraná (el más caudaloso y extenso del país), Uruguay y los diversos afluentes de estos, destacándose el Paraguay, el Pilcomayo, el Bermejo, el Salado y el Iguazú. El sistema patagónico está formado por ríos alóctonos, alimentados por los deshielos de los Andes. Se destacan por su caudal el río Colorado, el Negro, el Chubut y el Santa Cruz.

La vertiente del Pacifico es la de menor extensión. Integrada por ríos cortos, alimentados por los deshielos y lluvias de los Andes Patagónicos como el Manso en Rio Negro y el Futaleufú en Chubut.

En el centro y oeste del territorio hay varias cuencas endorreicas, compuestas por ríos de caudal variable que se pierden en el suelo por evaporación o infiltración o desaguan en lagunas interiores o salinas. Sobresalen la cuenca del Desaguadero, que agrupa a los ríos cuyanos, y la de la laguna de Mar Chiquita, donde desembocan los ríos Dulce, Primero y Segundo.

Las cuencas lacustres argentinas se encuentran mayoritariamente en la Patagonia, como consecuencia de la acción glaciaria que las formó. Se destacan los lagos Nahuel Huapi, Viedma y Argentino. En la llanura chaco-pampeana hay gran cantidad de lagunas de agua dulce y salada, y en el litoral zonas pantanosas como los esteros del Iberá. La laguna argentina más extensa es Mar Chiquita, en la provincia de Córdoba.

Los recursos hídricos del país también incluyen los extensos campos glaciarios de los Andes, como el Perito Moreno y las aguas subterráneas de acuíferos, como el Puelche y el Guaraní. El aprovechamiento hidroeléctrico de los ríos ha propiciado la formación de varios embalses, como el de Yacyretá en el Paraná, el de Salto Grande en el Uruguay y el de El Chocón en el Limay.

Debido a la amplitud latitudinal y su variedad de relieves, la Argentina posee una gran variedad de climas. En general, el clima predominante es el templado, aunque se extiende a un clima subtropical en el norte y un subpolar en el extremo sur. El norte del país se caracteriza por veranos muy cálidos y húmedos, con inviernos suaves y secos, estando sujeto a sequías periódicas. El centro del país tiene veranos cálidos con lluvias y tormentas, e inviernos frescos. Las regiones meridionales tienen veranos cálidos e inviernos fríos con grandes nevadas, especialmente en zonas montañosas. Las elevaciones más altas en todas las latitudes son las que experimentan condiciones más frías, con un clima árido y nivel montano.

Las plantas subtropicales dominan el norte del país, como parte de la región del Gran Chaco. El género Dalbergia de árboles está bien diseminado y se halla representado por el palo de rosa y el árbol del quebracho; también son predominantes los árboles blancos y negros del algarrobo (Prosopis alba y Prosopis nigra). La sabana existe en las regiones más secas, cerca de los Andes. Las plantas acuáticas prosperan en los humedales que dotan a la región.

En la zona central del país se encuentra la Pampa húmeda, una gran pradera. Originalmente, la pampa no tenía virtualmente ningún árbol; pero debido a la intervención humana se encuentran presentes ciertas especies importadas como el sicómoro americano o el eucalipto. Uno de los árboles nativos de la zona es el ombú, un árbol de tipo perennifolio.

Los suelos superficiales de la llanura pampeana poseen una gran cantidad de humus. Esto hace que la región sea muy productiva para la agricultura.

La pampa occidental o pampa seca recibe menos de 500mm/año de precipitaciones, y es una llanura de hierbas duras o estepa. En gran parte su tussok es el mismo del Comahue, la región central de la pampa occidental, y se halla recubierta de "montes" o bosques del árbol caducifolio llamado caldén. El mismo se distribuye en una diagonal que va desde los límites meridionales de las provincias de Córdoba y San Luis hasta los límites meridionales de las provincias de La Pampa y Buenos Aires.

La mayor parte de la vegetación de la Patagonia argentina está compuesta de arbustos y hierbas, adaptadas para soportar las condiciones secas de dicho hábitat. El suelo es duro y rocoso e imposibilita la agricultura a gran escala, a excepción de los valles. Los bosques coníferos crecen en la Patagonia occidental y en la isla de Tierra del Fuego. Las coníferas nativas de la región incluyen el alerce, ciprés de la cordillera, ciprés de las guaitecas, el huililahuán, el lleuque, mañío hembra, y la araucaria, mientras que los árboles hojosos nativos incluyen varias especies de Nothofagus, entre ellos el coigüe, el lenga y el ñire.

Árboles foráneos presentes en plantaciones de la silvicultura son la Picea, el ciprés, y el pino. Las plantas comunes son el copihue y el colihue. En Cuyo, abundan los arbustos espinosos semiáridos y otras plantas xerófilas. A lo largo de varios oasis, las hierbas y árboles de río crecen en números significativos. El área presenta las condiciones óptimas para el crecimiento a gran escala de las vides de uva. En el noroeste de la Argentina hay muchas especies del cactus. En las elevaciones más altas (sobre 4.000 msnm), no crece ninguna vegetación importante debido a la altitud extrema, y los suelos están virtualmente desprovistos de cualquier vida de plantas.

La flor del ceibo es la flor nacional de la Argentina.

En el norte subtropical se encuentra una gran cantidad de especies animales. Hay grandes felinos como el yaguareté, el puma, y el ocelote; grandes cánidos como el lobo de crin, el úrsido llamado oso de anteojos; primates (monos aulladores); reptiles grandes como cocodrilos y una especie de caimán. Otros animales son el tapir, los carpinchos, el oso hormiguero, el hurón, el pecarí, la nutria gigante, el coatí, y varias especies de tortugas.

En la zona subtropical de Argentina existen muchas aves como el águila coronada (la mayor ave predadora del continente), los diminutos colibríes, los flamencos, el tucán y diversas especies de loros. Las praderas centrales están pobladas por los armadillos, el colo colo, y el ñandú o avestruz sudamericana. Los halcones, diversos patos así como las garzas y las perdices, también habitan la zona, al igual que varias especies de ciervos y zorros. Algunas especies se extienden hacia la Patagonia.

Las montañas occidentales son el hogar de diversos animales. Entre ellos están la llama, el guanaco y la vicuña, que son algunas de las especies más reconocibles de Sudamérica. También en esta región están el gato andino y el cóndor. Este último es el ave voladora de mayor tamaño del mundo, así como también una de las que vuela hasta mayores alturas.

En la Argentina meridional habitan el puma, el huemul, el pudú (el ciervo más pequeño del mundo) y el jabalí. La costa de la Patagonia es rica en vida animal: el elefante marino, el lobo marino, el león marino, y diversas especies de pingüinos. En el extremo sur se encuentran los cormoranes, que se alimentan de peces.

Las aguas territoriales de la Argentina tienen abundante vida oceánica; están los mamíferos como los delfines, las orcas, y las ballenas. Una de las ballenas más destacadas es la ballena franca de gran atractivo turístico. Los peces marinos incluyen las sardinas, las merluzas, los salmones, y los cazones; también está presente el calamar y la centolla en Tierra del Fuego. Los ríos y las corrientes en la Argentina tienen muchas especies de peces de agua dulce como las truchas y un pez sudamericano como el dorado.

Las especies de serpientes que habitan en la Argentina incluyen a la boa constrictora, a la venenosa yarará y a la serpiente cascabel.

La economía argentina se ve beneficiada por una gran riqueza y variedad de recursos naturales, una población con un buen grado de educación, un sistema de agricultura y una importante base industrial, que llegó a ser la más desarrollada de América Latina, pero que ha evidenciado cierto estancamiento relativo, a partir del último cuarto del siglo XX.

En la actualidad, la Argentina es la tercera potencia en materia económica de América Latina, superada por Brasil y México. Si al PBI se lo considerara en paridad de poder adquisitivo (según el Fondo Monetario Internacional), en 2007 alcanzó los 523,739 millones de dólares, acortándose las distancias respecto al PBI de Brasil o de México. El PBI per cápita medido en paridad de poder adquisitivo de USD el 2007 fue estimado en 13.300, uno de los más altos de la región.

Las exportaciones de bienes totalizaron en 2007 los 55.780 millones de dólares, mientras que las importaciones alcanzaron los 42.525 millones, generándose un superávit de 13.255 millones de dólares. Las exportaciones e importaciones de servicios, en cambio, arrojan unos totales de 10.283 y 10.782 millones de dólares respectivamente, lo cual genera para el mismo año un déficit de 499 millones de dólares.

El país mantiene una deuda externa de 123.196 millones de dólares (dic. 2007), equivalente al 46,74% del PBI. El monto de la misma se debe principalmente a operaciones fraudulentas realizadas durante el Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983), período en el cual la deuda creció un 364%, y a una toma masiva de préstamos externos durante los dos gobiernos sucesivos de Carlos Menem, debido a la política de dólar barato llevada adelante por la ley de convertibilidad. En este último el crecimiento de la deuda fue del 123%. La relación entre el PBI y la deuda externa alcanzó su punto crítico en enero de 2002 cuando representó el 190% del PBI. Desde entonces una combinación de reducción de la deuda, moderación en la toma de nuevos créditos y aumento considerable del PBI, redujeron la deuda externa a poco menos de la mitad del PBI, que de todos modos se estima alta.

La presión tributaria se ubicó al finalizar 2007 en el 25%. Aún considerando que la misma resulta baja comparada con Brasil (37%) y Europa (38%), la misma ha aumentado considerablemente desde el 16,7% que registró en el período 1997-2002. La estructura impositiva descansa principalmente en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que aporta el 31% del total, aunque su importancia relativa se ha reducido frente al promedio 1997-2002, que fue del 39%, debido a un aumento del aporte el Impuesto a las Ganancias, que pasó del 19% al 21% y sobre todo de las retenciones a las exportaciones que pasó del 1% al 10%.

A fines de 2007 el Estado había acumulado reservas en moneda extranjera por US$ 46.176 millones, monto equivalente al del total importado por año.

De acuerdo al INDEC, la inflación alcanzada en 2007 fue del 8,5%, la cual continuó con una tendencia descendente y fue la más baja desde el año 2004. Sin embargo, la veracidad de las mediciones del INDEC está actualmente siendo cuestionada, y otros analistas económicos estiman una inflación de entre el 16% y el 18% para el período citado.

A su vez, el crecimiento económico hizo mejorar notablemente los índices sociales desde el período de crisis. Así, los últimos indicadores de nivel nacional mostraron que la tasa de pobreza en el semestre de octubre de 2007 a marzo de 2008 representó al 20,6% de la población y la de indigencia al 5,9%. El desempleo en el cuarto trimestre de 2007 se halló en un 7,5%, incluyéndose a los beneficiarios de planes sociales de empleo como “empleados”. El índice se eleva al 7,8-8,1% si no se computan como "empleados" a los beneficiarios de planes sociales de empleo. El subempleo, en tanto, se situó en un 6,0%.

La Argentina forma parte del bloque regional conocido como Mercosur, integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y también Venezuela, en proceso de volverse miembro pleno del bloque. Como consecuencia del Mercosur, las relaciones comerciales entre la Argentina y Brasil aumentaron hasta volverse de primera importancia para ambos países. En mayo de 2002 comenzó un proceso de desequilibro en la balanza comercial entre ambos países, fuertemente deficitario para la Argentina, que ha sido motivo de preocupación para empresarios y funcionarios de ese país. En 2006 los gobiernos de Argentina y Brasil firmaron una serie de acuerdos bilaterales, entre los que se encuentra la cláusula de adaptación competitiva y los acuerdos referidos a los intercambios comerciales del sector de los automotores. El propósito de ambos acuerdos es reducir las asimetrías presentes en el bloque.

La moneda oficial de la Argentina desde 1992 es el Peso ($).

La producción de alimentos provenientes de la agricultura y la ganadería vacuna en la región pampeana, es tradicionalmente, uno de los ejes de la economía argentina. En total la producción rural incluido el sector forestal, representaba en 2007 el 5,61% del PBI total. El principal producto del sector es la soja o soya, una oleaginosa que ocupa la mitad de las tierras sembradas y que origina la cadena de la soja, uno de los principales encadenamientos productivos del país.

Una parte sustancial de la producción agrícola se exporta sin manufacturación en forma de granos (soja, maíz, trigo y girasol), representando el 15% de las exportaciones totales. El resto se destina como materia prima, principalmente a la industria de la alimentación. La soja se diferencia sustancialmente del resto de los productos agropecuarios por el hecho de que no se consume en el mercado interno, y por lo tanto prácticamente la totalidad se exporta. Por el contrario, los cereales, lácteos y la carne vacuna constituyen la base de la dieta alimentaria de la población, razón por la cual una parte considerable se destina al consumo en el mercado interno.

Fuera de la economía agro-ganadera de la región pampeana, la economía argentina cuenta con las denominadas economías regionales, sistemas productivos locales generalmente apoyados en la producción especializada de un grupo limitado de cultivos. Entre ellas se encuentran la economía cuyana apoyada en la vid y la industria del vino derivada; los valles patagónicos dedicados a la manzana y la pera; la región noroeste, dedicado al azúcar, cítricos y tabaco; la Provincia de Misiones y nordeste de Corrientes orientadas a la yerba mate, té y la madera; el algodón en la región chaqueña; el arroz, principalmente en Corrientes; el olivo en las zonas áridas de montaña; y el ganado ovino en la Patagonia.

La Argentina posee una considerable riqueza petrolera y gasífera, que le permite organizar una cadena de producción petroquímica que, junto a la cadena de la soja y la industria metal-mecánica, constituye la base de la economía nacional. En conjunto la cadena petroquímica es responsable de un 20% de las exportaciones totales, de las cuales solo el 4,6% se exporta em bruto, sin industrialización.

Los principales yacimientos se encuentran en las Provincia del Neuquén, el golfo de San Jorge y la Provincia de Salta; la provincia del Neuquén concentra cerca de la mitad de toda la producción de hidrocarburos. Una red de oleoductos y gasoductos transporta los productos a Bahía Blanca, donde se encuentra el principal polo petroquímico y a la conurbación industrial que se extiende entre Rosario y La Plata y que tiene como núcleo principal el Gran Buenos Aires.

Históricamente, la minería argentina ha sido escasa, pero la misma se ha activado en la última década, fundamentalmente sobre minerales metalíferos: cobre (3% de las exportaciones), oro, plata, zinc, manganeso, uranio y azufre. Los recursos mineros se concentran en las provincias cordilleranas a lo largo de 4.500 km. Las exportaciones argentinas de minerales pasaron de 253 millones de dólares en 1996 a 2.650 millones en 2006, algo más del 3% del total.

El Mar Argentino está ubicado sobre una extensa plataforma submarina, muy rica en recursos pesqueros, que alcanza un ancho de 550 km a los 52º de latitud Sur y 1.890.000 km². Sin embargo, la pesca ha sido una producción marginal, y debido a la crisis poblacional de la merluza (principal producto pesquero argentino) provocada por la excesiva pesca durante los 1990, la participación del sector en las exportaciones totales se ha reducido de un 3% a un 2%.

En sentido contrario, la producción forestal y maderera, principalmente pinos y eucaliptos, se ha venido expandiendo, con centro en las provincias mesopotámicas, superando el 2% del total exportado.

La industria manufacturera argentina es el sector que más valor aporta al PIB, con un 17,5% del total (2007). El sector industrial manufacturero también es uno de los principales generadores de empleo (junto con el comercio y el sector público), con 13% en 2007, Por su parte la industria de la construcción aporta el 6,7% del PIB (2007) y ha sido la principal impulsora de la recuperación del empleo después de 2002, ocupando un 9,5% del total de la fuerza de trabajo en 2007.

Entre las industrias de manufacturas de origen agropecuario se destaca la industria aceitera, integrante de la cadena de la soja, la de mayor crecimiento en las últimas dos décadas, concentrando el 31,8% del total del sector alimentos y el 20% de las exportaciones totales del país. Luego le siguen la de la carne (11,1%), la de la leche (7,7%), la del café y chocolate (7,5%), la del vino y otras bebidas alcohólicas (5,7%), la del pan, pastas y galletas (4,5%), la de la harina de trigo (4,5%), la de la cerveza (4,1%), etc.

Las principales ramas de las industrias de origen no agropecuario, son la fabricación de automotores que aporta el 8,7% de las exportaciones, química (5,6%) y metalúrgica (5,3%), maquinaria (3,4%) y plásticos (2,6%) (porcentajes correspondientes a 2006). También son importantes las industrias del papel, de las piedras preciosas, caucho y textiles.

A partir de 2003 la industria ha tenido un proceso de revitalización competitiva, movido principalmente por la política económica de dólar alto. El Gran Buenos Aires es aún el área industrial más importante del país, donde se concentra la mayor parte de la actividad fabril de la Argentina. Otros centros industriales importantes existen en Córdoba, Rosario, Tucumán y Mendoza, San Luis y Tierra del Fuego, muchos de ellos fomentados para descentralizar la industria.

Históricamente, el país ha tenido importantes sectores industriales como la industria naval relacionada con la Flota Mercante de Argentina, que se redujeron considerablemente a partir de la década de 1990 a raíz del proceso de privatizaciones y que en la actualidad se están recuperando.

El extenso territorio de la República Argentina está dotado de grandes atractivos turísticos. La valuación de la moneda local tras la devaluación de 2002 favoreció el arribo de grandes cantidades de turistas extranjeros, haciendo al país comercialmente más accesible que en la década de 1990. Al encarecerse los costos para viajar al exterior, muchos argentinos también se volcaron al turismo nacional.

El repunte del sector es muy notorio: los ingresos por turismo receptivo ocupan el tercer lugar en el ranking de entrada de divisas como equivalente de exportaciones. En 2006, el sector representó el 7,41 % del PBI, aunque hay que tener en cuenta que la salida de residentes argentinos con fines turísticos supera las entradas y equivale a un 12% del PBI. Los extranjeros ven a la Argentina como una zona sin conflictos armados, terrorismo o crisis sanitarias. Según cifras oficiales de la Organización Mundial del Turismo, en 2007 el país recibió a más de 4.600.000 turistas extranjeros, lo que significó unos 4.300 millones de dólares de ingreso de divisas.

La Argentina es el segundo país más visitado de América del Sur (detrás de Brasil) y el quinto más visitado del continente americano. Los turistas extranjeros provienen principalmente de Brasil, Chile, Perú, Colombia, México, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Venezuela y Paraguay y los europeos de España, Italia, Francia, Alemania, Reino Unido y Suiza.

Buenos Aires se destaca como el centro favorito de los turistas extranjeros y nacionales (5.250.000 en 2007). Son atraídos por una ciudad populosa, cosmopolita y con amplia infraestructura. Entre otros muchos factores, el tango es uno de los motivos para la visita a la capital argentina. La característica noche porteña es uno de los grandes atrayentes por su variada oferta cultural, gastronómica y de entretenimiento.

Otro destacado centro de atracción son las Cataratas del Iguazú, en la Provincia de Misiones, declaradas en 1984 Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco. La caída del caudaloso Río Iguazú se complementa con la Selva subtropical que la rodea.

Argentina cuenta con una importante variedad de sitios montañosos, en varios de ellos se practica el montañismo y otros basan su atractivo turístico en el contacto con la nieve o en sus paisajes característicos. Los principales se encuentran en el oeste del país, en la Cordillera de los Andes, aunque también hay formaciones montañosas en las Sierras de Córdoba. Entre los sitios utilizados para el alpinismo se encuentra el cerro Aconcagua, la montaña más alta de América. Los parajes turísticos más importantes por su nieve son Bariloche y Las Leñas. Una formación conocida internacionalmente es la Quebrada de Humahuaca. El Tren de las Nubes es uno de los tres ferrocarriles más altos del mundo. Parte desde la provincia de Salta, y cruza la Quebrada del Toro pasando por Tastil —considerada como uno de los principales centros urbanos prehispánicos de Sudamérica— donde se hallan ruinas arqueológicas.

El Parque provincial Ischigualasto, también conocido como "Valle de la Luna", está situado en el extremo norte de la provincia de San Juan, a 330 km de la ciudad de San Juan. Es un área protegida donde puede verse totalmente al descubierto y perfectamente diferenciado todo el periodo triásico en forma completa y ordenada, por lo cual el 29 de noviembre de 2000 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Los glaciares son una de las principales atracciones de la Patagonia Argentina. El más conocido es el Glaciar Perito Moreno, cuya accesibilidad y característica ruptura periódica le otorgan un atractivo singular. Se expande sobre las aguas del Brazo Sur del Lago Argentino, con un frente de 5 kilómetros y una altura por sobre el nivel del lago, de entre los 70 y 60 metros. Esta pared de hielo cubre una extensión de 230 kilómetros cuadrados. El área de hielos continentales y glaciares es un tesoro natural, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1981.

En los últimos años ha tenido importancia la implementación del turismo enólogo, un turismo temático basado en la vitivinicultura con la iniciativa de la denominadas "Rutas del Vino" en la provincias de San Juan y Mendoza así como en los Valles Calchaquíes salteños, turismo que atrae numerosos turistas extranjeros para degustar los Vinos Argentinos.

El turismo invernal tiene su máximo exponente en la región de los Lagos, ubicada al pie de la Cordillera de los Andes en las Provincias del Neuquén, Río Negro y Chubut; además de la práctica de deportes de montaña, la zona tiene como atractivos lagos de origen glaciar y Parques Nacionales rodeados de frondosa vegetación. En el centro de la misma, la ciudad de San Carlos de Bariloche a orillas del lago Nahuel Huapi y a pocos kilómetros del cerro Catedral, se posiciona como el principal centro invernal de Sudamérica, atrayendo a la mayor parte del turismo tanto nacional como extranjero.

Durante la época estival una buena parte del turismo interno argentino se dirige a diversas ciudades de la costa atlántica de la Provincia de Buenos Aires, siendo Mar del Plata la mayor de ellas. La mayor parte de dichas ciudades concentra su actividad económica en la temporada veraniega. El segundo destino en cuanto a captación del turismo interno lo constituyen las Sierras de Córdoba, sobre todo el valle de Calamuchita, siendo su principal centro turístico Villa Carlos Paz. Tradicionalmente, el mes de enero es el que genera la mayor demanda de alquileres. Por su parte la zona de la Península Valdés es un área declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en la que se conjugan la costa atlántica y la Patagonia argentina; otro gran destino internacional con tales características se ubica en la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur que, además de sus atractivos, sirve como punto de partida a excursiones y cruceros en la Antártida.

Las rutas argentinas cuentan con 37.740 kilómetros y 600.000 kilómetros de carreteras municipales, y la capital, Buenos Aires, se encuentra interconectada con las principales ciudades y regiones del país.

Se estima en 8.527.256 el número de vehículos que forman el parque automotor argentino, distribuido en 5.325.231 de automóviles, 1.370.312 de vehículos livianos, 417.042 de carga y 62.785 para transporte de pasajeros, sin contabilizar 517.449 unidades no especificadas.

El sistema ferroviario fue privatizado a comienzos de la década de 1990, comprendiendo tanto el transporte de carga como el traslado urbano de pasajeros. A la fecha del 2006 cuenta con alrededor de 31.902 kilómetros operativos de líneas férreas. En total existen unos 40.245 kilómetros de ferrovías, pero muchos tramos han quedado abandonados en las etapas: 1963, 1977, y la década del 1990.

Argentina cuenta con alrededor de 11.000 kilómetros de vías navegables. La red de hidrovías está compuesta por los ríos de La Plata, Paraná, Paraguay y Uruguay. Los principales puertos fluviales son los de Zárate y Campana.

La mayoría de los productos importados por la Argentina llega al país por vía marítima. Los principales puertos son los siguientes: Buenos Aires, La Plata-Ensenada, Bahía Blanca, los puertos del Up-River, Mar del Plata, Quequén-Necochea, Comodoro Rivadavia, Puerto Deseado, Puerto Madryn y Ushuaia. El puerto de Buenos Aires es históricamente el primero en importancia individual, pero la zona conocida como Up-River, que se extiende a lo largo de 67 km de la porción santafesina del río Paraná, reúne 17 puertos que concentran el 50% del total de las exportaciones del país.

La Argentina produce, según datos del año 2005, alrededor de unos 101.176 gigawatts por hora de energía eléctrica. Las principales fuentes de energía empleadas por la Argentina para la generación de electricidad son la hidráulica (34.041 Gigawatts por hora anuales) y la térmica (56.385 Gigawatts por hora anuales), junto con una producción de energía nuclear (6.873 gigawatts por hora anuales). La energía eléctrica se distribuye por dos sistemas principales, el Sistema interconectado nacional y el Sistema interconectado patagónico, así como también por algunos sistemas menores aislados de ambos.

La extracción de petróleo y gas natural alcanza los 38.323 miles de metros cúbicos anuales y 48.738 millones de metros cúbicos anuales respectivamente. Las reservas de petróleo se estiman en 346.634 miles de metros cúbicos, mientras que las de gas natural alcanzan los 455.625 millones de metros cúbicos.

Cinco argentinos han sido galardonados con Premios Nobel. Tres de ellos están vinculados con la ciencia: el Premio Nobel de Medicina fue otorgado a Bernardo Alberto Houssay, primer Nobel científico latinoamericano; el mismo galardón fue recibido por César Milstein. El Premio Nobel de Química fue otorgado a Luis Federico Leloir. En tanto, el Premio Nobel de la Paz fue entregado a Carlos Saavedra Lamas así como a Adolfo Pérez Esquivel.

La Argentina ha construido satélites; ofrece su propio modelo de central nuclear compacta de cuarta generación y provee de pequeños reactores nucleares a diversos países gracias a su empresa pública INVAP. En temas como la informática, la nanotecnología y la biotecnología se desarrollan programas bien estructurados que tienden a concentrar esfuerzos y dar sentido a las capacidades que se desarrollan. También construye helicópteros, maquinarias agrícolas, produce el ciclo completo de la energía nuclear y tiene un misil antibuque en fase final.

El principal organismo de investigación científica en la Argentina es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Se trata de una institución estatal, dependiente del gobierno nacional, en el ámbito del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (que fuera creado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en 2007). El CONICET cuenta con una Carrera de Investigador y está organizado en Institutos, que gozan de autonomía temática y científica y en el 2008 congrega a un conjunto de casi 3.500 personas dedicadas a la investigación científica y tecnológica.

En 1995 la Unesco eligió a la Argentina como la sede para instalar el Observatorio Pierre Auger en Malargüe, provincia de Mendoza, el cual comenzó a funcionar en 2005. Se trata de un proyecto conjunto de más de 20 países en el que colaboran unos 250 científicos de más de 30 instituciones, con la finalidad de detectar partículas subatómicas que provienen del espacio exterior denominadas rayos cósmicos.

Entre algunos de los más eminentes avances en materia de desarrollo armamentístico se cuenta el misil AS-25K, uno de los últimos desarrollos de CITEFA, (Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas) y que se presentará en versiones aire-mar y aire-superficie.

Los principales problemas que afrontan la ciencia y la tecnología en el país son la baja inversión en ellas con respecto al nivel internacional, la fuga de cerebros debida a las políticas de atracción implementadas por lo países más desarrollados y las mejores oportunidades laborales en el exterior; y políticas de innovación incipientes y desarticuladas. Según datos del 2005, con relación al PBI, el sector público aporta el 0,30% al sector de ciencia y tecnología, mientras que el privado aporta el 0,16%; sin embargo, la participación del sector privado y publico en las actividades científicas y tecnológicas se viene incrementando desde el año 2002.

Los principales canales televisivos que transmiten desde Buenos Aires son: Canal Trece, América TV, Telefe, Canal 9 y Canal 7, siendo este último de propiedad estatal y el único de alcance totalmente nacional. Aun así, los demás suelen ser retransmitidos, en todo o en parte, por canales provinciales. También hay un canal educativo y estatal, Encuentro. Asimismo, Argentina se destaca por poseer una gran oferta de canales de televisión por cable. Según datos de 2001, la gran mayoría de los hogares posee televisión y el 54% cuenta con TV por cable, una de las penetraciones más altas de América Latina.

El servicio de comunicaciones telefónicas fue privatizado en 1990 bajo el gobierno de Carlos Menem. Hay 8,3 millones de líneas telefónicas instaladas, en una proporción de 23 líneas para cada grupo de 100 habitantes. La tasa de penetración de telefonía móvil es de 102 teléfonos celulares por cada 100 personas, con un total de 40 millones de líneas. Este número elevado se debe, en parte, a que personas de bajo nivel adquisitivo pudieron en los últimos años acceder a los planes de pago.

El servicio postal, que cubre todo el país, es de propiedad mixta (privada y estatal). El principal exponente del sector es el Correo Argentino.

Hay casi 1500 estaciones de radio, de las cuales 260 son AM, aproximadamente 1150 son FM .

Circulan en la Argentina más de 200 diarios, de los cuales los más vendidos son publicados en Buenos Aires: Clarín (el de mayor circulación) y La Nación. Algunos de los principales periódicos del interior del país son: Los Andes de Mendoza, La Capital de Mar del Plata, La Capital de Rosario, El Día de La Plata, La Gaceta de Tucumán, La Nueva Provincia de Bahía Blanca, La Voz del Interior de Córdoba.

La Argentina es, a menudo, descrita como un país macrocefálico, debido a la alta concentración económica y poblacional en el Gran Buenos Aires, el área metropolitana formada en torno a la ciudad de Buenos Aires. Con sus casi doce millones de habitantes, es el principal centro urbano del país, concentrando un 33% de la población y un 40% del producto bruto en apenas un 0,14% del territorio. El Gran Córdoba y el Gran Rosario son las principales áreas metropolitanas después del Gran Buenos Aires, pero cuentan con una población casi diez veces menor.

Otras importantes ciudades son La Plata (centro administrativo de la provincia de Buenos Aires), Mar del Plata (importante puerto pesquero y balneario), Salta, Santa Fe de la Vera Cruz, San Juan (desarrollada a través de la industria del vino), Resistencia (mayor urbe del Nordeste argentino) y el aglomerado Neuquén - Plottier - Cipolletti (mayor urbe de la Patagonia).

La población de la Argentina de acuerdo al censo de noviembre de 2001 ascendía a 36.260.130 habitantes. La posterior corrección de población por cobertura y conciliación censal que realizó el INDEC llevó a la población a 37.282.970 habitantes en el mismo período. La población estimada para 2008 es de 39.745.613 habitantes, con una densidad media de 14 hab/km² (sin considerar la superficie reclamada de la Antártida Argentina e Islas del Atlántico Sur).

El ritmo de crecimiento poblacional sigue una pendiente descendente en las últimas décadas; así, en el período 1980-1991, la tasa de crecimiento anual medio fue de 14,7‰ y en el decenio 1991-2001, del 12,5‰.

El país registró en los comienzos del siglo XX altas tasas de crecimiento poblacional, debido a los procesos de inmigración sumados a un alto crecimiento vegetativo que durante este siglo se vio estabilizado y en continuo descenso (a excepción del quinquenio 1970-1975). Desde la década del 60´, aproximadamente, el crecimiento total es el resultado de la diferencia entre la tasa bruta de natalidad y la tasa bruta de mortalidad.

Debido a la evolución de las tasas de mortalidad y el flujo migratorio internacional, el índice de masculinidad muestra un constante descenso desde mediados del siglo XX: de 105 varones por cada 100 mujeres a 94,9 por cada 100 para 2001. Del total de la población (según el censo de 2001) un 51,3% son mujeres y un 48,7% son varones.

Históricamente, y debido a las relativas bajas tasas de natalidad y de crecimiento poblacional comparadas con las de otros países de América Latina, la Argentina es el tercer país más envejecido de la región, después de Uruguay y Cuba. En 2001, la población de 14 años o menos fue del 27,7% y la población entre 15 a 64 años del 62,4%. La población de 60 años o más alcanzó el 13,4% y la de 65 años o más, el 9,9% y las estimaciones para 2005 del INDEC arrojan valores de 13,8% y 10,1%, respectivamente.

El país ha sido receptor de importantes corrientes inmigratorias que continúan en la actualidad, alcanzando un pico en el período 1870-1930, y cuenta con importantes comunidades extranjeras, principalmente paraguayos, bolivianos, italianos y españoles. A partir de mediados de la década de 1960 comienzan a registrarse considerables corrientes emigratorias, que obedecen al proceso de fuga de cerebros, a las persecuciones políticas que existieron hasta 1983 y a las reiteradas crisis económicas, siendo los principales destinos España, Italia, Estados Unidos y México. El censo de 2001 registró un saldo migratorio negativo en el quinquenio 1995-2000, proceso que el INDEC ha estimado que continuó durante el quinquenio 2000-2005, revirtiendo así el histórico saldo positivo del país.

De acuerdo al Informe sobre Desarrollo Humano 2008/2009 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, compilado en base a datos de 2006 y publicado en 2008, la Argentina tiene un Índice de Desarrollo Humano (IDH) de 0,860. A nivel mundial, se sitúa en el puesto 46 dentro de los 179 países que participan en el ranking, y dentro de los 75 catalogados según el indicador como países con alto desarrollo humano.

La Argentina se encuentra en el puesto 49 de 191 países por el funcionamiento general de su sistema de salud, según un informe de la Organización Mundial de la Salud.

La atención a la salud está garantizada por el sistema de salud público, el sistema de obras sociales y el de la salud privada. Alrededor de un 37,6% de la población se atiende por el sistema público y un 51,52% por obras sociales.

La regulación de la atención a los problemas de salud está a cargo del Ministerio de Salud y Ambiente, dependiente del Poder Ejecutivo. El porcentaje del gasto en salud correspondiente al PBI fue de un 8,9% en 2003. Además, el país cuenta con una proporción favorable de 3,01 médicos por cada mil habitantes.

Las enfermedades que más afectan a la población son el Mal de Chagas, el SIDA y la tuberculosis.

La actual población argentina es el resultado directo de una gran ola de trabajadores inmigrantes que ingresaron entre 1850-1950, mayoritariamente italianos y en segundo lugar españoles y del mestizaje de estos entre sí y con las poblaciones indígenas originarias, criollas, españoles de la época colonial, afroamericanos, gauchos, frecuentemente mestizados, provenientes del período colonial. La población cuenta también con importantes comunidades de judíos, árabes, armenios, gitanos, británicos, franceses, alemanes, polacos, rusos, croatas, ucranianos, japoneses, chinos, coreanos, paraguayos, bolivianos, uruguayos, chilenos, peruanos, brasileños, etc.

La reforma de la Constitución realizada en 1994 reconoció "la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos", así como el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural.

Al igual que Australia, Brasil, Canadá, Estados Unidos o Uruguay, la Argentina es considerada como un país de inmigración, es decir una sociedad que ha sido influida decisivamente por uno o más fenómenos inmigratorios masivos.

La Constitución Argentina de 1853 y los gobiernos establecidos a partir de ese año, buscaron fomentar la inmigración proveniente de noroeste de Europa, aunque luego predominaron los inmigrantes mediterráneos, del este europeo y del medio oriente, bajo la base del precepto alberdiano de gobernar es poblar, destinada a generar un tejido social de tipo rural y a finalizar la ocupación de los territorios obtenidos mediante una campaña militar contra los indígenas denominada Conquista del Desierto y a la vez modificar sustancialmente la composición poblacional.

Al momento de organizarse constitucionalmente a mediados del siglo XIX, la Argentina era un país escasamente poblado, con menor población que otros países sudamericanos como Bolivia, Chile y Perú. Mediante la política inmigratoria el país pasó de tener una población de 1,1 millones de habitantes en 1850 (3,5% de América Latina), para alcanzar 11,8 millones de habitantes en 1930 (11,1% de América Latina). El país recibió alrededor de 6,5 millones de inmigrantes — la inmigración neta fue cercana a los 4 millones de inmigrantes-, y se constituyó como el tercer país receptor en América (después de los Estados Unidos y Canadá). El primer censo nacional de 1869 arrojó un total de 1.737.000 habitantes. En 1960 el país tenía ya un poco más de 20 millones, es decir que en 90 años había multiplicado su población inicial por 10.

El censo de 2001 registró la presencia de 1.531.940 extranjeros residiendo en el país (4,2%), siendo las cinco comunidades más numerosas la paraguaya (325.046), italiana (270.000), española (254.073), boliviana (233.464) y chilena (212.419). La proporción de extranjeros se ha reducido pasando de un máximo del 30% en 1914 al 4,2% en 2001.

Los datos definitivos de la Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas (ECPI) realizada en 2004-2005 destacan la existencia de 35 pueblos indígenas en la Argentina, integrados por 600.329 individuos (457.363 que se autorreconocen pertenecientes a algún pueblo aborigen más 142.966 que no pertenecen pero son descendiente en primera generación de un pueblo) equivalente a aproximadamente el 1,6% de la población total. Ello sin perjuicio de que poco más de la mitad de la población tiene al menos un antepasado indígena, aunque en la mayoría de los casos se ha perdido la memoria familiar de esa pertenencia.

En relación con los grupos originarios, en el área chaqueña habitan comunidades de tobas, pilagás, wichí, chorotes, mocovíes, chanés, chulupíes y guaraníes de los grupos chiriguanos y tapieté. En las zonas andinas de la región noroeste de país habitan diferentes pueblos englobados actualmente en la denominación de collas, además de diaguita calchaquíes y huarpes en Cuyo. En las regiones patagónicas y pampeanas se encuentran comunidades de mapuches, rankulches y tehuelches. La provincia de Misiones cuenta con comunidades mbyá guaraníes y grupos menores de chiripás y paí tavyterá, también integrantes del pueblo guaraní.

Los pueblos originarios que constituyeron la base del mestizaje en la época colonial estaban divididos en tres grandes grupos: los pertenecientes al grupo de la civilización andina, principalmente diaguitas, sanavirones y comechingones; los pertenecientes a grupo chaco-mesopotámico, principalmente la civilización guaraní, los guaycurúes y el pueblo wichí; y los pueblos de cazadores-recolectores del sur, principalmente los pueblos ranquel, tehuelche y mapuche.

En 1869, Argentina tenía al 11% de su población en aglomeraciones urbanas de más de 100.000 habitantes, concentración cinco veces superior al promedio mundial, similar al de los Estados Unidos y, aproximadamente, el doble de la concentración de la población europea.

En 1914 la población urbana superó por primera vez a la rural. Uno de los principales factores del rápido crecimiento de las zonas urbanas fue la gran inmigración europea que fue desarrollando los principales centros urbanos del país como Buenos Aires, Córdoba y Rosario.

En 1960 quince ciudades tenían una población de más de 100.000 habitantes, en donde vivía el 71% de la población urbana. Entre estas ciudades se destaca Buenos Aires, la única que superaba los 100.000 habitantes en 1869 y que constituye uno de los ejemplos más destacados de primacía en la urbanización. Por entonces, las zonas urbanas de Argentina constituían el 59% de la población, igual que en los Estados Unidos, en forma ligeramente superior a Oceanía (53%) y por debajo de Inglaterra, país que lideró el porcentaje de conglomeraciones urbanas desde los inicios del siglo XIX, con 69 por ciento.

El Censo de 2001 estableció que la urbanización del país había llegado al 89,3% de la población total. La Argentina presenta uno de los procesos de urbanización más temprana entre los países latinoamericanos.

La literatura argentina ocupa un lugar destacado dentro de la literatura en español, con exponentes de finales del siglo XIX como José Hernández (autor de Martín Fierro, traducido a más de 70 idiomas), o del siglo XX, como Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Adolfo Bioy Casares, Ernesto Sábato y Juan Gelman (salvo Cortázar, todos ellos ganaron el Premio Miguel de Cervantes).

El tango es un estilo musical y un baile nacido en los arrabales porteños con difusión internacional, ligado fuertemente con la Argentina y con Uruguay, pero sobre todo con Buenos Aires. En este género musical se destacaron Carlos Gardel, considerado como el Rey del Tango, y el marplatense mundialmente reconocido Astor Piazzolla.

El folclore argentino reúne las manifestaciones artísticas del interior de la Argentina. Han existido zonas en la cuales predominaba algún estilo (por ejemplo zambas, cuecas, chacareras, chamarritas, chamamés, malambo), aunque actualmente han experimentado una difusión nacional. Atahualpa Yupanqui, Mercedes Sosa y Soledad Pastorutti se encuentran entre los exponentes más importantes de estos géneros.

El «rock nacional» argentino ha tenido un amplio desarrollo desde finales de los años 1960 y una fuerte influencia en el rock iberoamericano cantado en español. Posee exponentes destacados como las bandas Soda Stereo, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, o los músicos Charly García o Fito Páez. Los recitales multitudinarios suelen celebrarse en estadios, siendo el de mayor capacidad el Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti. Uno de los festivales más exitosos de la actualidad es el Quilmes Rock, celebrado anualmente.

La balada romántica, con cantantes de fama sudamericana como Sandro de América, la cumbia, también llamada "bailanta", con un ritmo más simple que el modelo original colombiano, y el cuarteto (este ritmo especialmente en la Provincia de Córdoba), son los géneros de mayor arraigo en los sectores populares.

Buenos Aires suele ser escenario de la música electrónica en América Latina y es sede de importantes fiestas como la South American Music Conference o la Creamfields, que con su convocatoria de más de 60.000 personas, se convirtió en una de las más importantes del mundo. La ciudad, junto con Mar del Plata y Bariloche, tienen también su propio estilo de música electrónica.

Con base en el Conservatorio Nacional de Música y el Teatro Colón, se ha desarrollado una sólida escuela de música y danza clásicas. En la música clásica, destacan compositores como Alberto Ginastera, intérpretes como Martha Argerich y directores como Daniel Barenboim. En danza clásica, destacan Jorge Donn, Maximiliano Guerra, Paloma Herrera, Marianela Núñez y Julio Bocca; este último, director también del Ballet Argentino.

El cine argentino es, históricamente, uno de los más desarrollados de América Latina. Los primeros largometrajes animados, mudos y sonoros, fueron realizados por Quirino Cristiani. En 1986, la película La historia oficial, dirigida por Luis Puenzo, ganó el premio Óscar al mejor filme extranjero. Las películas argentinas han ganado, además, numerosos premios internacionales, entre ellos los del festival de Goya, y los del Festival Internacional de Cine de Berlín.

La pintura y la escultura de Argentina se nutren de estilos novedosos con influencias europeas e indoamericanas. La tercera década del siglo XX representó una etapa fundamental para el desarrollo de la pintura, realizándose grandes acontecimientos relacionados con nuevas orientaciones estéticas. Es por este motivo que el lapso comprendido entre 1920 y 1930 es considerado como el de formación de la pintura moderna argentina, teniendo exponentes como Antonio Berni, Gyula Kosice, fundador del Movimiento Madí, Raúl Soldi; y exponentes de pintura popular como Florencio Molina Campos y Benito Quinquela Martín.

La historieta argentina también tiene importantes representantes de fama internacional; al menos durante todo el siglo XX, el humor gráfico argentino ha ocupado un lugar preeminente en el género, gracias a artistas como Quino, Guillermo Mordillo y Roberto Fontanarrosa.

También es de destacar la importante tradición de publicaciones de revistas de historietas que han sido muy importantes dentro del mundo de la historieta en español, como es el caso de Fierro.

De todos los países del mundo donde el idioma español tiene estatus predominante, la Argentina es el de mayor extensión territorial. El idioma español es el único idioma de uso en la administración pública a nivel nacional, sin que ninguna norma legal lo haya declarado como oficial. Sin embargo, la provincia de Corrientes declaró en 2004 la cooficialidad del guaraní para la enseñanza y los actos de gobierno, aunque no se encuentra reglamentada.

La amplitud del país, la existencia de distintos sustratos lingüísticos producidos por la variedad de lenguas amerindias y las diferentes aportaciones de las lenguas vernáculas de los inmigrantes europeos de finales del siglo XIX y comienzos del XX, han dado lugar a varias modalidades dialectales diferentes.

El castellano rioplatense es el dialecto de prestigio en todo el territorio y el más reconocido como variante argentina fuera del país; está fuertemente influido por el italiano, y presenta la particularidad de ser voseante aún en los registros más formales de la lengua.

La región patagónica —poblada mayoritariamente por inmigrantes provenientes de la región central del país— adoptó también el uso de esta variante, con ligeras variantes fonológicas, probablemente por influjo de la inmigración chilena del siglo XX.

En el noroeste del país, por un lado, y en el Nordeste argentino, por otro, la influencia del quechua y del guaraní, respectivamente, ha dado origen a dialectos algo distintos, que a su vez presentan variaciones subdialectales regionales.

El influjo del castellano chileno es perceptible en la fonología de la región de Cuyo, aunque el léxico y la gramática se han visto menos afectados.

En el altiplano andino, el español andino es el dialecto de referencia. La provincia de Córdoba y en especial su capital provincial, posee una curva de la entonación singular, distintiva aún a primera oída.

Otros rasgos significativos del español hablado en Argentina, aparte de los lexicales (en los que abundan italianismos, quechuismos, guaranismos, y araucanismos), son el yeísmo con rehilamiento y el uso corriente de la expresión che. El yeísmo con rehilamiento, pronunciación de la ll y de la y como una fricativa postalveolar, se encuentra muy extendido en el habla culta, con la excepción más notable del Nordeste argentino.

El idioma guaraní (avañe'ë) cuenta con hablantes en todo el Nordeste y, especialmente, en el interior de la Provincia de Corrientes.

El idioma quechua cuenta con gran cantidad de hablantes en la provincia de Santiago del Estero, donde es denominado quichua, y también en la provincia de Jujuy, en una variedad de este idioma más similar a la que se habla en Bolivia.

En la periferia de las grandes aglomeraciones urbanas, producto de constantes migraciones del noreste argentino, de Paraguay, Bolivia y Perú, hay hablantes del guaraní, quechua y aimara.

En algunas zonas limítrofes con el Brasil, es habitual el uso del portuñol, hibridación del español de Argentina con el portugués de Brasil.

Diversas comunidades de inmigrantes e hijos de inmigrantes todavía mantienen las lenguas de su región de origen, aunque este uso se pierde a medida que avanzan las generaciones. El más destacable por la cantidad de hablantes es el italiano, siendo otros destacables el alemán, japonés, portugués, polaco, y más recientemente el chino mandarín.

Algunas jergas se han extendido tanto que han merecido tratamientos especiales, como el lunfardo y el rosarigasino. El primero se halla muy difundido por su uso en las letras del tango, pero ha perdido buena parte de su influencia en el habla corriente.

En la Argentina existe una amplia libertad de cultos garantizada por el artículo 14 de la Constitución Nacional, aunque el Estado reconoce un carácter preeminente a la Iglesia Católica, que cuenta con un estatus jurídico diferenciado respecto al del resto de iglesias y confesiones: según la Constitución argentina (artículo 2), el Estado Nacional debe sostenerla y según el Código Civil, es jurídicamente asimilable a un ente de derecho público no estatal. Se trata, con todo, de un régimen diferenciado que no conlleva su oficialidad como religión de la República. El Vaticano y Argentina tienen firmado un concordato que regula las relaciones entre el Estado y la Iglesia Católica.

El 88% de los argentinos han sido bautizados como católicos. Sin embargo, el porcentaje de habitantes del país que se considera practicante se ubica entre el 69% y el 78 %, de los cuales la cuarta parte nunca asiste a la iglesia. El 12% de la población profesa el evangelismo, el 12% se considera agnóstica, el 4% se considera atea, el 1,5% es musulmana y el 1% es judía.

Existen, asimismo, creencias populares de carácter religioso muy difundidas, como el culto a la Difunta Correa, a la Madre María, a Pancho Sierra, al Gauchito Gil. o a Ceferino Namuncurá. Este último fue beatificado por la Iglesia Católica en 2007.

El temprano desarrollo de la educación popular colocó a la Argentina junto a las naciones de mayor alfabetización del mundo. El uso del delantal blanco como uniforme escolar, como un paradigma de un ideal de igualdad o unidad, ha caracterizado siempre a la escuela pública, laica y gratuita, cuyo gran impulsor fue Domingo Faustino Sarmiento y se concretó con la Ley Nº 1420 de educación común.

Según la nueva ley de educación, sancionada el 15 de diciembre de 2006, la instrucción es obligatoria entre los 5 y los 18 años. En los años 1990 se implementaron distintos tipos de sistemas educativos como la Educación General Básica y Polimodal en la provincia de Buenos Aires, o la educación secundaria en la Capital Federal; la nueva ley marca el retorno al sistema tradicional de primaria, secundaria y colegios técnicos.

En todos los niveles de enseñanza existen instituciones educativas públicas y privadas. El Estado garantiza la educación gratuita en todos ellos con excepción del postgrado universitario.

La universidad pública argentina está organizada según los principios de la Reforma universitaria de 1918. Existen 38 universidades públicas nacionales en todo el territorio, y 41 privadas. La Universidad de Buenos Aires (UBA) es la más grande del país, con más de 300.000 alumnos.

Los museos más sobresalientes son el Museo Histórico Nacional de Argentina y el MALBA, donde se hacen exposiciones de pintura y escultura. Son muy importantes también los museos paleontológicos de la Patagonia (Trelew, Plaza Huincul, etc.); las ruinas jesuíticas de San Ignacio, en Misiones; el Teatro Argentino de La Plata; la actividad cultural veraniega en Mar del Plata y Villa Carlos Paz; y las fiestas y festivales populares como el Festival de Cosquín en Córdoba y el Tantanakuy en Jujuy.

En Buenos Aires existen alrededor de 100 cines y 90 teatros, con una abundante cartelera de espectáculos. La capital de argentina también se distingue en la presentación de espectáculos o artistas de renombre internacional. Se encuentran, entre otros, los centros culturales como el Borges, el Recoleta o el San Martín. El Teatro Colón es uno de los teatros líricos más importantes del mundo. Otros teatros importantes son el Teatro Nacional Cervantes o el Teatro General San Martín.

En otras ciudades existen importantes centros de cultura, como el Teatro Argentino en La Plata, el Patio de la Madera en Rosario, o el Teatro del Libertador General San Martín (ex Rivera Indarte) de Córdoba.

La gastronomía argentina se destaca fundamentalmente por la carne vacuna y los vinos, así como por una amplia disposición de alimentos de todo tipo a precios relativamente bajos. Puede considerarse básicamente configurada sobre las culturas alimentarias de las civilizaciones precolombinas andinas y guaraníes, y luego colonial, aunque la principal característica de la cocina argentina son los muy fuertes influjos de las gastronomías italiana y española.

La comida típica argentina es el asado o parrillada (carne y entrañas de vaca cocinadas a las brasas), además de las empanadas (especie de pasteles rellenos de carne y otros gustos), los tamales, la humita y el locro. Como en los países vecinos, es muy habitual el consumo de un sándwich de chorizo, denominado choripán. La papa y la batata son alimentos ampliamente utilizados desde tiempos precolombinos. Las pastas, la pizza, y el puchero también se han constituido en comidas típicas de la gastronomía argentina. La tradición italiana de los ñoquis del día 29 del mes forma parte de la cultura popular tanto en la Argentina como en Uruguay.

La producción y consumo de leche es muy importante, consumiéndose alrededor de 240 litros por persona por año. De la existencia de grandes disponibilidades de leche se ha derivado un alto consumo de alimentos derivados como quesos (el país cuenta con 8 quesos propios) y dulce de leche, entre otros.

Entre los dulces, el alfajor es un producto ampliamente consumido y producido con múltiples variables regionales. Lo mismo sucede con los helados, en especial con los de tipo italiano, aunque ya desde el tiempo de la colonia española existía alguna afición a los helados de tipo sorbete.

La bebida característica que Argentina comparte con otros países vecinos es una infusión precolombina de origen guaraní preparada con hojas de yerba mate (planta originaria de América del Sur) llamada mate. El mate también puede ser preparado como un té, siendo denominado en este caso mate cocido. La colonización española introdujo el consumo del café, que se ha hecho masivo, generalizándose desde los tiempos coloniales los cafés como lugares de encuentro. Existe también un amplio consumo de té, ya sea de su variedad clásica introducida por influencia de la inmigración británica, como de hierbas digestivas de provenientes de antiguas tradiciones precolombinas como el boldo y la peperina. En menor medida, existe la costumbre de consumir infusiones de chocolate, también por influencia colonial.

Entre las bebidas alcohólicas se destaca el vino, del cual la Argentina es el quinto productor mundial, y que es producido principalmente en Mendoza y San Juan, y en otras provincias cordilleranas. Entre los vinos característicos del país se destaca el malbec.

El desayuno clásico es pan con manteca y dulce, acompañado de café, leche y, eventualmente, mate; este último suele reemplazar totalmente al desayuno. La cena suele realizarse después de las 21.00. Existe la tradición de dedicar el almuerzo del domingo al asado o las pastas, en reuniones familiares o con amigos.

El deporte nacional es el pato, que comenzó a practicarse en el país a principios del siglo XVII. En 1941 se fundó la Federación Argentina y en 1953, en razón de la historia, el arraigo popular y la tradición, fue declarado Deporte Nacional. Sin embargo, actualmente es casi desconocido por la mayoría de la población.

Por su parte, el fútbol superó a todas las disciplinas en el gusto de los argentinos. Miembro de la FIFA, la Selección Argentina de Fútbol participó en catorce de las dieciocho fases finales de los Campeonatos Mundiales, logrando ser campeona dos veces, en 1978 en Argentina y en 1986 en México, además de llegar a ser subcampeona también dos veces en 1930 en Uruguay y en 1990 en Italia. También obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, además de 14 campeonatos en la Copa América.

El futbolista Diego Armando Maradona es considerado uno de los máximos exponentes en la historia mundial de este deporte, tanto por aficionados como por colegas, directores técnicos, directivos o periodistas deportivos. Marcó el llamado Gol del Siglo.

En boxeo la Argentina se ha destacado con más de 30 boxeadores que lograron títulos mundiales. Carlos Monzón fue campeón mundial mediano entre 1970 y 1977. También obtuvieron en los Juegos Olímpicos 7 medallas de oro, 7 de plata y 10 de bronce.

El básquet tiene un rico pasado en el país: Argentina fue campeón mundial en 1950. Sin embargo, en las décadas de 1960 y 1970 fue perdiendo importancia. Con la creación de la Liga Nacional en 1984, recuperó y ganó en popularidad. La irrupción de Emanuel Ginóbili en la NBA, y las grandes actuaciones de la Selección Argentina a nivel internacional, contribuyeron a un mayor seguimiento por parte del público. En 2002, la Selección dirigida por Rubén Magnano alcanzó la final del Campeonato Mundial en Indianápolis, el cuarto lugar en el Campeonato Mundial Japón 2006, y obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, el título más importante de su historia.

Los tenistas argentinos han ganado muchos lauros desde la irrupción en el tenis masculino de Guillermo Vilas en la década de 1970 y de Gabriela Sabatini en el femenino, en las décadas de 1980 y de 1990. Contemporáneamente, algunos tenistas argentinos han tenido logros destacados como David Nalbandian, que se consagró campeón del Masters 2005; Gastón Gaudio, que fue campeón de Roland Garros en 2004, en una “final argentina” contra Guillermo Coria; y Paola Suárez, que obtuvo medalla de bronce en dobles femenino en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, así como 4 torneos de dobles de Roland Garros. En la Copa Mundial por Equipos la Argentina obtuvo el título tres veces, la última en el 2007.

El hockey femenino también ha registrado importantes logros como la obtención la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000, el Champions Trophy en 2001, el 10º Campeonato Mundial jugado en Perth en 2002, y la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Medalla de Bronce en el Mundial de Hockey Madrid 2006, y Medalla de Plata en la Champions Trophy Quilmes 2007. Cabe destacar a Luciana Aymar, considerada por muchos la mejor jugadora de hockey del mundo en la actualidad de este deporte.

El rugby en Argentina es aficionado, con más de setenta mil practicantes registrados. El seleccionado argentino, conocido como Los Pumas, se encuentra entre los seis mejores equipos del mundo. Su mejor colocación después del quinto puesto en el Campeonato Mundial de 1999 es la actual, ya que se encuentra entre los 3 mejores del mundo al llegar a la semifinal de la Copa Mundial de Rugby Francia 2007, tras vencer al país anfitrión por el tercer puesto y galardonándose con el bronce.

El automovilismo también ocupa un lugar importante en las preferencias de los argentinos, siendo Juan Manuel Fangio el mayor deportista en este rubro, quien logró en la década de 1950 cinco títulos mundiales de Fórmula 1.

Los feriados en Argentina se clasifican en días feriados y días no laborables. Estos pueden ser nacionales, provinciales o municipales, o ser exclusivos de una rama laboral o educativa. Asimismo, existen diversos aniversarios no tipificados como feriados, en los cuales se recuerdan acontecimientos generalmente de tipo contemporáneo y que pueden incluir actividad social o cobertura mediática, pero que permanecen como días laborables.

Los feriados nacionales incluyen festividades de la Iglesia Católica, fiestas cívicas y conmemoraciones. Existen feriados que caen siempre en el mismo día de cada año y otros que son móviles. Algunos feriados son trasladables a un día lunes por motivos de promoción turística. Los días no laborables nacionales incluyen al Jueves Santo y días específicos para los habitantes judíos y musulmanes.

La República Argentina posee una serie de elementos emblemáticos definidos por ley. La Bandera Nacional, compuesta por tres franjas horizontales proporcionales celestes y blancas y con un sol en el medio, fue diseñada por Manuel Belgrano en 1812 y adoptada como símbolo patrio el 20 de julio de 1816. El Escudo de Argentina, que representa la unión de las provincias, comenzó a utilizarse en 1813 como sello de los documentos oficiales. El Himno Nacional Argentino fue aprobado en 1813, escrito por Vicente López y Planes y con música de Blas Parera; aunque a partir de la presidencia de Julio Argentino Roca se acortó a sólo tres párrafos para omitir las proclamaciones antiespañolas. La Escarapela de Argentina se usó por primera vez durante la Revolución de Mayo y se oficializó dos años después. El hornero, presente en casi todo el territorio nacional, fue proclamado pájaro oficial en forma unánime en 1927. La piedra nacional es la rodocrosita, la cual se puede encontrar en las Sierras Capillitas, en la Provincia de Catamarca. El ceibo fue nombrado flor y árbol nacional por el decreto N° 138474/42, de 1942. El deporte nacional es el pato, y la danza nacional es el pericón.

Al principio



Escudo de El Salvador

El escudo de El Salvador fue creado junto con la actual Bandera Nacional por por el Decreto Legislativo del 17 de mayo de 1912, siendo Presidente de la República el Doctor Manuel Enrique Araujo. Fue diseñado por el calígrafo salvadoreño Rafael Barraza Rodríguez, que se impuso sobre treinta competidores en un concurso promovido por el entonces Ministerio de Guerra y Marina, en 1912.

El escudo salvadoreño ha sido motivo de inspiración para muchos escritores y poetas que han dado, con el correr de los años, distintas interpretaciones de su simbología. El triángulo equilátero es el símbolo del viejo lema trinitario de la Libertad, la Igualdad y la Fraternidad. Los dos mares abiertos, representan el espíritu de un pueblo. Los cinco colosos volcanes, surgidos en una fragosa entraña, significan la bravura de la raza, las disgregadas parcelas de la Patria Grande y el principio de la nacionalidad, enfatizado en la leyenda que circunda el dibujo. El cielo, lleno de luminosa transparencia, representa la gloria, el heroísmo y el sacrificio por la Libertad. El gorro frigio coronado por la leyenda que consagró la soberanía de El Salvador, es el símbolo de la liberación del yugo extranjero. El arcoiris de paz, simboliza el sendero por el cual debe marchar Centroamérica hacia la consecución de un elevado destino.

En el escudo aparecen representadas cinco banderas, en las que se conservan los colores de la enseña federal, la herencia de los fundadores de la Nación y el sueño de Morazán. Los catorce gajos de los ramos de laurel representan a los 14 departamentos de la República y son una exaltación de la gloria a la que aspiran por el camino de la paz, el trabajo y el progreso. En la base aparecen unidos los ramos por una cinta azul y sobre ella, otra de color oro en la que figura el lema "DIOS, UNIÓN, LIBERTAD" que concreta la creencia en un Poder Superior que todo lo gobierna, la unidad y armonía que exige la marcha de la familia salvadoreña hacia un destino mejor y el indomable espíritu libertario del pueblo, que ha preferido la lucha desigual y la muerte, a la subyugación extranjera. Alrededor del círculo formado por la guirnalda de laurel figura la leyenda: REPÚBLICA DE EL SALVADOR EN LA AMERICA CENTRAL.

El escudo de El Salvador se asemeja al de Nicaragua porque ambos están inspirados en el escudo de las Provincias Unidas del Centro de América, federación a la que ambos países pertenecieron en el siglo XIX.

1) 1823-1838 Bandera y escudo de armas usados por la provincia de El Salvador durante el Período Federal.

Artículo 1º El Escudo de Armas de las Provincias Unidas del Centro de América será un triángulo equilátero; en su base aparecerá una cordillera de cinco volcanes, sobre un terreno que se figure bañado por ambos mares; en la parte superior, un arco iris que los cubra y bajo el arco, el gorro de la libertad esparciendo luces. En torno del triángulo y en figura circular se escribirá con letras de oro: “PROVINCIAS UNIDAS DEL CENTRO DE AMÉRICA”.

Artículo 2º Este escudo se colocará en todos los puestos y oficinas públicas sustituyéndose a las que se han usado por disposiciones de los anteriores gobiernos.

Artículo 3º El gran sello de la nación, el de la Secretaría de esta Asamblea, el de los agentes del gobierno, y tribunales de justicia, llevarán todos el mismo escudo.

Artículo 4º El pabellón nacional para los puertos y para toda clase de buques pertenecientes a este nuevo estado constará de tres fajas horizontales, azules la superior e inferior, y blanca la del centro en la cual irá dibujado el escudo que designa el artículo 1º. En los gallardetes las fajas se colocarán perpendicularmente por el orden expresado. Del mismo pabellón usarán los enviados de este gobierno a las naciones extranjeras. En los buques mercantes las banderas y gallardetes no llevarán escudo, y en la faja del centro se escribirá con letras de plata: DIOS, UNIÓN, LIBERTAD.

Artículo 5º Las banderas y estandartes de los cuerpos militares así vivos, así como de milicia provincial mientras esta subsista, se arreglarán a lo dispuesto en el artículo anterior: Sus fajas serán siempre horizontales, en la superior las palabras: DIOS, UNIÓN, LIBERTAD, y en la inferior la clase y número de cada cuerpo. En las de infantería ambas inscripciones serán con letras de oro, y en los de caballería con letras de plata.

Artículo 6º Los cuerpos de fuerza cívica dispondrán sus banderas y estandartes con arreglo a lo prevenido en el artículo setenta de la ley de diez y ocho del corriente.

Comuníquese al Supremo Poder Ejecutivo para su cumplimiento, y que lo haga imprimir, publicar y circular. Dado en Guatemala a 21 de Agosto de 1823 – José Barrundia: Diputado Presidente – Mariano Gálvez: Diputado Secretario – Mariano de Córdoba: Diputado Secretario – Al Supremo Poder Ejecutivo.

Por tanto mandamos se guarde, cumpla y ejecuten todas sus partes. Lo tendrá entendido el Secretario del despacho, y hará se imprima, publique y circule. Palacio Nacional de Guatemala 3 de Octubre de 1823 – Antonio Rivera: Presidente – Pedro Molina – Juan Vicente Villacorta. Al ciudadano Manuel Julián Ibarra.

2) 1851-1853 Bandera y escudo de armas de la Representación Nacional de Centroamérica.

El 8 de noviembre de 1849, los Estados de Nicaragua, El Salvador y Honduras acordaron en la ciudad de León (Nicaragua) un Pacto de Confederación, que debería ser arreglado por medio de una Dieta. La Representación Nacional de Centroamérica se instaló solemnemente el 9 de enero de 1851, en Chinandega, cabecera del departamento del mismo nombre. Estaba integrada por el Licenciado Pablo Buitrago Benavente y Hermenegildo Zepeda Fernández por Nicaragua, José Guerrero por Honduras, Francisco Barrundia y José Silva por El Salvador. De inmediato se procedió a organizar su directorio, siendo nombrado presidente Hermenegildo Zepeda Fernández, Primer Secretario José Silva y Segundo Secretario el Lic. Pablo Buitrago Benavente.

El 22 de abril de 1851, la Representación Nacional de Centroamérica decretó obligatoria la bandera azul y blanca y el escudo de la Confederación de Centroamérica; este último sería un triángulo equilátero; en su base aparecería una cordillera de tres volcanes colocada en un terreno bañado por ambos mares; en el vértice el arco iris que los cubría y bajo éste el gorro de la Libertad difundiendo luces, y con tres estrellas en la parte superior. En torno del triángulo y en figura circular se escribía en letras de oro, “FEDERACIÓN DE CENTROAMÉRICA”. Posteriormente el país volvió a usar la bandera anterior.

3) 1865-1912 Bandera y escudos de armas usados por la República de El Salvador.

DECRETO DEL GOBIERNO DESIGNANDO LOS COLORES DEL PABELLÓN NACIONAL Y ATRIBUTOS DEL ESCUDO DE ARMAS DE LA REPÚBLICA.

Art. 1º.- El pabellón nacional se compondrá de cinco fajas azules y de cuatro blancas: el ancho de dichas fajas será de nueve pulgadas y sus longitud de tres a cuatro varas castellanas. En el ángulo superior inmediato al asta llevará un cuadro encarnado de una vara por lado; en el cual se colocarán nueve estrellas blancas de cinco ángulos salientes cada una, representando los nueve departamentos de la República.

Art. 2º.- La bandera antedicha será la mercante. La de guerra tendrá los mismos colores y dimensiones y en el cuadro encarnado de que se hace mención tendrá el escudo de armas de la República llevando al reverso las nueve estrellas blancas de los departamentos.

1º.- En lugar de los cinco volcanes que representaban los cinco Estados de la federación habrá solamente uno en actividad imitando el Izalco: 2º.- En el espacio superior del cuadro que debe contener este volcán se colocarán las mismas nueve estrellas formando un semicírculo: 3º.- En la base del escudo aparecerá de un lado y otro el nuevo pabellón de la República: 4º.- El gorro de la libertad descansará en la parte en que se unen los cuernos de la abundancia que descienden por ambos lados del cuadro: 5º.- En forma de semicírculo se leerá entre rayos: 15 de Septiembre de 1821, quedando el gorro en el centro de éste; y 6º.- Limitará el escudo una franja circular en cuya circunferencia aparecerá esta leyenda: República de El Salvador en la América Central.

Art. 4º.- El Ministro de Relaciones se encargará del cumplimiento y publicación de este decreto.

Dado en San Salvador, a 28 de abril de 1865. Francisco Dueñas.

4) 1896-1898 Bandera y escudo de armas de la República Mayor de Centroamérica.

Al asumir la presidencia de la República de Nicaragua el general José Santos Zelaya López el 16 de septiembre de 1893, prometió trabajar por el reaparecimiento de la Patria Centroamericana, ya que Nicaragua era una porción disgregada de la República de Centroamérica. El general Zelaya López aprovechó la amistad con los presidentes de Honduras y El Salvador, doctor Policarpo Bonilla y general Rafael Antonio Gutiérrez para promover la unión de las tres repúblicas, porque los presidentes de Costa Rica y Guatemala no mostraban interés en dicha unión.

El 20 de junio de 1895 los plenipotenciarios de Nicaragua, El Salvador y Honduras doctores don Manuel Coronel Matus, don Jacinto Castellanos y don Constantino Fiallos, respectivamente, suscriben en el puerto de Amapala (Honduras) el Tratado de Unión que se conoce con el nombre de “Pacto de Amapala”; el que erige a las Repúblicas de Nicaragua, El Salvador y Honduras en una sola entidad política para el ejercicio de su soberanía bajo el nombre de República Mayor de Centroamérica. Esta denominación persistirá hasta que las Repúblicas de Guatemala y Costa Rica acepten voluntariamente el presente convenio en cuyo caso se llamará República de Centroamérica.

En el artículo número once de dicho convenio se adopta la bandera y el escudo de armas de la antigua federación, variando únicamente la divisa o leyenda. El 3 de agosto de 1895 el Tratado de Amapala fue ratificado por el presidente de la República, quedando por tanto incluido oficialmente Nicaragua dentro de la República Mayor de Centroamérica. Después de la ratificación del tratado por los tres gobiernos antes citados, se instaló en San Salvador (la capital salvadoreña) la Dieta de la República Mayor de Centroamérica.

Reunido el Congreso Constituyente en la ciudad de Managua (la capital de Nicaragua) el día 27 de agosto de 1898, aprobó la Constitución de los Estados Unidos de Centroamérica. Poco después la unión llegó a su fin debido al golpe de Estado del general Tomás Regalado (1898-1903), quién depuso el 13 de noviembre de 1898 al Presidente de El Salvador, general Rafael Antonio Gutiérrez, y de inmediato declaró la separación de este país; rompiéndose el pacto firmado en Amapala y finalizando el ideal de unidad centroamericana del general José Santos Zelaya López, por lo que El Salvador volvió a usar su bandera y escudo nacionales anteriores.

Art. 1º.- Adoptánse para la República de El Salvador, con las modificaciones que se expresarán, el escudo y el pabellón de Centroamérica, decretados por la Asamblea Nacional Constituyente de las Provincias Unidas del Centro de América, con fecha 21 de agosto de 1823.

5º.- Las banderas y estandartes de los Cuerpos Militares se arreglarán a lo dispuesto en el número anterior. Sus fajas serán siempre horizontales: en la del centro se dibujará el blasón: en la superior se escribirá la palabra: DIOS, UNIÓN, LIBERTAD, y en la inferior la clase y número de cada Cuerpo. En los de infantería y artillería ambas inscripciones serán con letras de oro, y en los de caballería, con letras de plata.

Art. 2º.- Queda derogado el Decreto de 28 de abril de 1865.

Art. 3º.- Este Decreto tendrá fuerza de ley desde el 15 de septiembre del corriente año.

Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo. Palacio Nacional: San Salvador a los diecisiete días del mes de mayo de mil novecientos doce.

Juan Mena 1er. Pro-Srio.

R. Quintanilla 2º. Pro-Srio.

Palacio Nacional: San Salvador, 27 de mayo de 1912. Ejecútese: Manuel E. Araujo.

Art. 1º.- Al Artículo primero de la ley de 17 de mayo citada publicada en el “Diario Citado” del 30 del mismo mes, se le agrega…”Saliendo del triángulo habrán cinco pabellones de El Salvador, dos a cada uno de los lados del triángulo y uno sobre el vértice del mismo. Bajo la leyenda “DIOS, UNIÓN, LIBERTAD” llevará dos ramos de laurel entrelazadas, en forma circular hasta terminar en las dos banderas superiores.

Art. 2º.- Al artículo segundo se le agrega “Podrá usarse en los muebles o vehículos (carrozas, automóviles, embarcaciones, etc.) de propiedad nacional, y en el papel de correspondencia de los Supremos Poderes del Estado.

El escudo de armas también podrá ser usado en la República por cualquier persona o institución; pero únicamente con ocasión o duelo nacionales o cuando expresamente se hubiere concedido autorización por el Supremo Poder Ejecutivo.

En estos últimos casos el escudo de armas no tendrá las leyendas “REPÚBLICA DE EL SALVADOR EN LA AMÉRICA CENTRAL” ni “DIOS, UNIÓN, LIBERTAD” y los pabellones que salgan del triángulo podrán ser separados o adheridos al mismo o se usará el escudo sin ellos. Tampoco llevará las ramas de laurel”.

Art. 3º.- Al artículo tercero se le agrega “con todos sus blasones”.

Art. 4º.- Al artículo cuarto donde dice “en la cual irá dibujado irá dibujado el escudo antes descrito”, se le agrega “con todos sus blasones”.

Art. 5º.- En el artículo quinto la parte que describe las banderas y estandartes, queda así: “sus fajas serán siempre horizontales; en la del centro llevará el triángulo del escudo de armas, con todos sus blasones interiores en la superior las palabras “DIOS, UNIÓN, LIBERTAD”, y en la inferior, la clase y número de cada cuerpo.” Sigue el artículo sin modificación.

Art. 6º.- Las oficinas de los Supremos Poderes y de cualesquiera institución oficial o municipal pueden usar del Pabellón Nacional, sin escudo, pero llevando las palabras “DIOS, UNIÓN, LIBERTAD” de este mismo pabellón podrán usar las instituciones particulares, previas autorización del Supremo Poder Ejecutivo, quien también podrá autorizar a éstas como a las instituciones oficiales o municipales para que las usen, un lema oficial en el pabellón.

Art. 7º.- Toda persona o institución queda facultada para usar en el territorio de la República, o los salvadoreños fuera de éste, los colores nacionales en gallardetes, pabellones u otras formas; pero en este caso los pabellones no podrán llevar ninguno de los blasones del escudo de armas o lemas de ninguna clase; sin perjuicios de lo expuesto en los artículos anteriores. Este uso queda limitado a los días de fiestas o duelos nacionales y a todos aquellos en que se celebre un acontecimiento de importancia general o local.

Art. 8º.- Todos aquellos que usaren u ordenaren el uso del escudo de armas o del pabellón nacional de otra manera o en otra forma de la que se prescribe por la ley, serán castigados gubernativamente con una multa de cincuenta pesos por cada infracción.

Art. 9º.- El Supremo Poder Ejecutivo reglamentará los casos y condiciones en que se pueda autorizar a los particulares o instituciones especiales para usar el escudo de armas o lemas especiales en el pabellón.

Art. 10º.- Se declara legal el sello usado anteriormente adornado con los aditamentos que hasta hoy prescribe esta reforma.

Art. 11º.- Esta ley entrará en vigor el día de su publicación.

Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo. Palacio Nacional: San Salvador, veinte de mayo de mil novecientos dieciseis.

José P. Morales Srio. Int.

Palacio Nacional: San Salvador, 24 de mayo de 1916.

Los Cónsules salvadoreños mandarán hacer y colocar sobre la puerta exterior de la oficina o en punto donde los transeúntes puedan verlo fácilmente. Ejecútese. C. Meléndez.

IV. Que el culto a los Símbolos Patrios debe adquirir los caracteres de una suprema devoción, ya que concretan y expresan las luchas libertarias de nuestro pueblo, los ideales de paz, trabajo y progreso; por lo que es necesario dictar las normas que garanticen su respeto y defensa.

Art. 1. Adóptanse como Símbolos Patrios de la República de El Salvador: el Escudo de Armas, el Pabellón o Bandera y el Himno de la República.

Art. 2. El Escudo de Armas de El Salvador, será un triángulo equilátero de líneas doradas. En su base aparecerá la cordillera de cinco volcanes en forma decreciente de izquierda a derecha y en color verde, colocados sobre un terreno que se figura bañado por dos mares; en la parte superior un arco iris que los cubra; bajo el arco, el gorro de la Libertad esparciendo luces; y en forma de semicírculo se leerá entre sus rayos: 15 DE SEPTIEMBRE DE 1821 o su abreviatura 15 DE SEPT. DE 1821. El gorro frigio irá sobre un asta dorada. En torno del triángulo y en figura circular se escribirá en letras de oro o doradas: REPÚBLICA DE EL SALVADOR EN LA AMÉRICA CENTRAL, y en la base del triángulo: DIOS UNIÓN LIBERTAD. Saliendo del triángulo habrá cinco Pabellones de El Salvador, dos a cada uno de los lados del triángulo y uno sobre el vértice superior del mismo, las banderas laterales se entrelazan en la mitad de la base del triángulo. Bajo la leyenda DIOS UNIÓN LIBERTAD, llevará dos ramas de laurel en forma circular entrelazadas con un listón color azul y blanco, cuyos gajos serán igual al número de Departamentos administrativos de la República, hasta terminar en las dos Banderas laterales superiores.

Art. 3. El escudo de Armas se colocará en todas las oficinas públicas, de instituciones oficiales autónomas o semi autónomas, municipales, puertos, aeropuertos, y sedes de las representaciones diplomáticas y consulares. Podrá usarse en toda clase de bienes muebles, tales como: vehículos, embarcaciones y enseres de propiedad nacional. También podrá usarse en el interior de casas e instituciones privadas, excepto en lugares reñidos con la moral y el orden público. Para usarlo externamente en dichos inmuebles se podrá hacer sólo con ocasión de una fiesta o duelo nacionales o cuando expresamente se hubiere concedido autorización por el Poder Ejecutivo en el Ramo del Interior. El escudo de Armas de la República, en impresiones en blanco y negro, a color, en troquel u otros similares, se usará en el papel de correspondencia de los Poderes Públicos, papel sellado, timbres fiscales, bonos, billetes y otras emisiones del Estado. También podrá figurar en alto relieve, en monedas metálicas fraccionarias.

Art. 4. El gran Sello de la Nación y todos los sellos de las oficinas del Estado, llevarán el Escudo de Armas con todos sus blasones.

Art. 5. La Bandera nacional se compone de dos franjas horizontales color azul, e interpuesta entre ellas una franja blanca, en un rectángulo de tela. Las tres franjas tendrán las mismas dimensiones.

Art. 6. Habrá tres clases de banderas nacionales oficiales: la magna, la de uso en edificios y oficinas públicos y la de desfiles.

Art. 7. La bandera magna será de tres metros treinta y cinco centímetros de largo por un metro ochenta y nueve centímetros de ancho, en la cual irá dibujado el Escudo de Armas con todos sus blasones. Sin embargo, cuando las condiciones del local y las circunstancias lo ameriten, podrá usarse una bandera de mayores dimensiones.

Art. 8. La bandera magna se usará en ocasiones en que se celebren sesiones, reuniones o actos en que participen los tres Poderes del Estado o con motivo de las celebraciones de las fechas patrias.

Art. 9. La bandera de uso en edificios y oficinas públicos, será de un metro de largo por sesenta centímetros de ancho; pero cuando las circunstancias del edificio lo permitan podrán aumentarse estas medidas. En la franja del centro llevará la leyenda: DIOS UNIÓN LIBERTAD.

Art. 10. La bandera de uso en edificios y oficinas públicos será de uso obligatorio en todos los edificios y dependencias del Estado y deberá estar colocada en un sitio de honor, en el despacho del jefe respectivo. En los días de fiesta nacional, se izará a las seis horas y se arriará a las dieciocho horas.

Art. 11. La bandera de desfiles deberá medir un metro cuarenta y cinco centímetros de largo por noventa centímetros de ancho y será sostenida por un asta cilíndrica de dos metros cincuenta centímetros de largo por cuatro centímetros de diámetro. El asta terminará en una lanza color dorado en forma de rombo y afilado hacia los lados, y en la punta; y grueso en la línea media que une los ángulos. En la unión de la lanza con el asta se fijarán dos listones de dos metros de largo: uno blanco y otro azul, de seis centímetros de ancho cada uno. En el listón blanco deberá constar el nombre del plantel, y en el listón azul el domicilio, en letras de color dorado. La franja blanca de la bandera para desfiles, llevará en letras doradas la inscripción: DIOS UNIÓN LIBERTAD.

Art. 12. Las delegaciones oficiales nombradas por el Gobierno de la República para representar al país en el extranjero, cuando por razón de su misión tengan que portar bandera, ésta será la de uso en edificios y oficinas públicos, con el Escudo de Armas, con todos sus blasones.

Art. 13. La bandera nacional en dimensiones reducidas, con escudo o con la leyenda DIOS UNIÓN LIBERTAD, o simplemente los colores, podrá usarse en los bienes del Estado, que por su índole lo ameriten. Lo mismo se aplicará a los particulares, con motivo de celebraciones cívicas.

Art. 14. Las naves nacionales o con matrícula salvadoreña usarán la bandera nacional de conformidad a los Tratados, Convenios o disposiciones especiales.

Art. 16. La Fuerza Armada podrá dictar las disposiciones pertinentes para el uso de la bandera y escudo nacionales, de acuerdo con las características especiales de las respectivas armas o servicios. Los honores militares se regirán de conformidad a las disposiciones contenidas en el decreto Legislativo Nº 16 de fecha 27 de junio de 1972, publicado en el Diario Oficial Nº 121, Tomo 235 de fecha 30 del mismo mes y año, por el cual se reconoció como marcha oficial "La Granadera".

Art. 17. Los Símbolos Patrios permanecerán visibles y en sitios preferentes en todos los centros de enseñanza de cualquier nivel educativo del país.

Art. 18. En los centros de enseñanza básica y media, los días cívicos del año, el primer día de clases del año y el primer día de clases de la semana, antes de iniciar las labores educativas, los estudiantes deberán recitar en coro, bajo la inmediata dirección y vigilancia de sus profesores, la ¨Oración a la Bandera¨ adoptada oficialmente.

Art. 19. En todos los actos públicos o en cualquier lugar o momento en que el pabellón o bandera nacional sea izado o arriado o ejecutado el Himno Nacional, todo escolar que esté o no con sus profesores, en grupo escolar o no, demostrará su respeto y culto al pabellón o bandera nacional, descubierto, en posición de firmes, con la palma de la mano derecha apoyada sobre el pecho y a la altura del corazón, durante el tiempo que dure el acto.

Art. 20. El primer día de clases de cada mes, y en el interior del centro educativo, se izará el pabellón o bandera nacional, sin listones, antes de iniciar la primera clase, y se arriará a la hora en que concluya la última clase del mismo día, con los honores establecidos en el artículo anterior y los profesores y alumnos cantarán en Himno Nacional. Luego de este acto, se recitará la "Oración a la Bandera" por alumnos y profesores. Cada profesor en su aula hará el correspondiente elogio cívico al comenzar la primera hora de clases, haciendo referencia al origen, significado, respeto, culto y espíritu de sacrificio sobre los símbolos patrios, ejemplificando con hechos históricos y haciendo referencias al Estado y su forma de Gobierno y a los Poderes Públicos que establece nuestra Constitución Política.

Art. 21. Para los desfiles, el pabellón o bandera nacional se confiará a alumnos distinguidos, como premio a su aprovechamiento y conducta seleccionándose como ayudantes de honor, para llevar los listones, a dos alumnos que le siguieren en mérito. El abanderado en los desfiles deberá llevar el pabellón nacional en su correspondiente porte estandarte.

Art. 22. En todo centro educativo se elegirá una Comisión Cívica integrada por cinco alumnos, quienes colaborarán con sus profesores en el exacto cumplimiento de todo lo dispuesto en este Capítulo.

Art. 23. Para el mejor cumplimiento de lo establecido en este Capítulo, se otorgan amplias facultades al Ministerio de Educación.

Art. 24. Incurrirán en falta grave, con las consecuencias legales, incluso la destitución, según el caso, los funcionarios, jefes o empleados de oficinas y dependencias del Gobierno Central, de instituciones oficiales autónomas o semiautónomas, municipales, así como aquellos de nombramiento oficial que trabajen en instituciones que reciben ayuda del Estado que no cumplan con las disposiciones contenidas en esta ley o que irrespeten de cualquier manera los Símbolos Patrios. En la misma falta incurrirán y con las mismas consecuencias, los funcionarios o jefes, que teniendo conocimiento de las infracciones a esta ley o actos de irrespeto a los símbolos patrios, no procedan a incoar a sus subalternos los juicios correspondientes, dentro de tercero día.

Art. 27. El poder Ejecutivo en el Ramo de Relaciones Exteriores, reglamentará el uso de los Símbolos Patrios en los actos protocolarios.

Art. 29. Derógase el Decreto Legislativo de 17 de mayo de 1912, publicado en el Diario Oficial No. 125, Tomo 72, de 30 del mismo mes y año y todas sus reformas, así como las disposiciones que se opongan a la presente ley.

Art. 30. La presente ley entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA; PALACIO NACIONAL: San Salvador, a los catorce días del mes de septiembre de mil novecientos setenta y dos.

RUBÉN ALFONSO RODRÍGUEZ, PRESIDENTE.

JULIO FRANCISCO FLORES MENÉNDEZ, VICE-PRESIDENTE.

ALFREDO MORALES RODRÍGUEZ, VICE-PRESIDENTE.

JORGE ESCOBAR SANTAMARÍA, PRIMER SECRETARIO.

ROBERTO ESCOBAR GARCÍA, PRIMER SECRETARIO.

JOSÉ FRANCISCO GUERRERO, PRIMER SECRETARIO.

CARLOS ENRIQUE PALOMO, SEGUNDO SECRETARIO.

PABLO MATHEU LLORT. SEGUNDO SECRETARIO.

CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los catorce días del mes de septiembre de mil novecientos setenta y dos. PUBLÍQUESE.

ARTURO ARMANDO MOLINA, Presidente de la República.

Juan Antonio Martínez Varela, Ministro del Interior.

Rogelio Sánchez, Ministro de Educación.

Carlos Humberto Romero, Ministro de Defensa.

Mauricio Alfredo Borgonovo Pohl, Ministro de Relaciones Exteriores.

PUBLÍQUESE EN EL DIARIO OFICIAL. Enrique Mayorga Rivas, Secretario General de la Presidencia de la República.

REFORMAS: 1) D.L. N° 258, 21 DE ABRIL DE 1977; D.O. N° 83, T. 255, 5 DE MAYO DE 1977. 2) D.L. N 90, 23 DE OCTUBRE DE 1991; D.O. N 228, T. 313, 5 DE DICIEMBRE DE 1991. 3) D.L. N 97, 14 DE NOVIEMBRE DE 1991; D.O. N 241, T. 313, 20 DE DICIEMBRE DE 1991. 4) D.L. Nº 342, 7 DE OCTUBRE DE 1992; D.O. Nº 223, T. 317, 3 DE DICIEMBRE DE 1992.

Al principio



Ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres

Esta Ley entró en vigor pero está recurrida ante el Tribunal Constitucional por parte del Partido Popular principalmente el articulado que afecta a las condiciones de paridad exigida en las listas de las candidaturas a las diferentes elecciones que se producen en España.

Este artículo es un resumen de los aspectos más destacados de la Ley, en caso de necesidad se recomienda leer el texto íntegro de la Ley publicado en el BOE.

El artículo 14 de la Constitución española proclama el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo. Por su parte, el artículo 9.2 consagra la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas.

La igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal reconocido en diversos textos internacionales sobre derechos humanos, entre los que destaca la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 1979 y ratificada por España en 1983. En este mismo ámbito procede evocar los avances introducidos por conferencias mundiales monográficas, como la de Nairobi de 1985 y Beijing de 1995.

La igualdad es, asimismo, un principio fundamental en la Unión Europea. Desde la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam, el 1 de mayo de 1999, la igualdad entre mujeres y hombres y la eliminación de las desigualdades entre unas y otros son un objetivo que debe integrarse en todas las políticas y acciones de la Unión y de sus miembros.

Resulta necesaria, en efecto, una acción normativa dirigida a combatir todas las manifestaciones aún subsistentes de discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo y a promover la igualdad real entre mujeres y hombres, con remoción de los obstáculos y estereotipos sociales que impiden alcanzarla. Esta exigencia se deriva de nuestro ordenamiento constitucional e integra un genuino derecho de las mujeres, pero es a la vez un elemento de enriquecimiento de la propia sociedad española, que contribuirá al desarrollo económico y al aumento del empleo.

La Ley se refiere a la generalidad de las políticas públicas en España, tanto estatales como autonómicas y locales. Y lo hace al amparo de la atribución constitucional al Estado de la competencia para la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles y las españolas en el ejercicio de los derechos constitucionales, aunque contiene una regulación más detallada en aquellos ámbitos de competencia, básica o legislativa plena, del Estado.

Instrumentos básicos serán, en este sentido, y en el ámbito de la Administración General del Estado, un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades, la creación de una Comisión Interministerial de Igualdad con responsabilidades de coordinación, los informes de impacto de género, cuya obligatoriedad se amplía desde las normas legales a los planes de especial relevancia económica y social, y los informes o evaluaciones periódicos sobre la efectividad del principio de igualdad.

El logro de la igualdad real y efectiva en nuestra sociedad requiere no sólo del compromiso de los sujetos públicos, sino también de su promoción decidida en la órbita de las relaciones entre particulares. La regulación del acceso a bienes y servicios es objeto de atención por la Ley, conjugando los principios de libertad y autonomía contractual con el fomento de la igualdad entre mujeres y hombres. También se ha estimado conveniente establecer determinadas medidas de promoción de la igualdad efectiva en las empresas privadas, como las que se recogen en materia de contratación o de subvenciones públicas o en referencia a los consejos de administración.

Especial atención presta la Ley a la corrección de la desigualdad en el ámbito específico de las relaciones laborales. Mediante una serie de previsiones, se reconoce el derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y se fomenta una mayor corresponsabilidad entre mujeres y hombres en la asunción de obligaciones familiares, criterios inspiradores de toda la norma que encuentran aquí su concreción más significativa.

La Ley pretende promover la adopción de medidas concretas en favor de la igualdad en las empresas, situándolas en el marco de la negociación colectiva, para que sean las partes, libre y responsablemente, las que acuerden su contenido.

Dentro del mismo ámbito del empleo, pero con características propias, se consignan en la Ley medidas específicas sobre los procesos de selección y para la provisión de puestos de trabajo en el seno de la Administración General del Estado. Y la proyección de la igualdad se extiende a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y a las Fuerzas Armadas.

La Ley se estructura en un Título preliminar, ocho Títulos, treinta y una disposiciones adicionales, once disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y ocho disposiciones finales.

Art. 7. Acoso sexual y acoso por razón de sexo.

Constituye acoso por razón de sexo cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.

Art. 8. Discriminación por embarazo o maternidad. Constituye discriminación directa por razón de sexo todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad.

También se considerará discriminación por razón de sexo cualquier trato adverso o efecto negativo que se produzca en una persona como consecuencia de la presentación por su parte de queja, reclamación, denuncia, demanda o recurso, de cualquier tipo, destinados a impedir su discriminación y a exigir el cumplimiento efectivo del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres.

Art. 12. Tutela judicial efectiva.

Cualquier persona podrá recabar de los tribunales la tutela del derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, de acuerdo con lo establecido en el artículo 53.2 de la Constitución, incluso tras la terminación de la relación en la que supuestamente se ha producido la discriminación.

Art. 14. Criterios generales de actuación de los Poderes Públicos.

La protección de la maternidad, con especial atención a la asunción por la sociedad de los efectos derivados del embarazo, parto y lactancia.

Art. 16 Nombramientos realizados por los Poderes Públicos.

Los Poderes Públicos procurarán atender al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos y designaciones de los cargos de responsabilidad que les correspondan.

Art. 21. Colaboración entre las Administraciones públicas.

El sistema educativo incluirá entre sus fines la educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres.

Art. 24. Integración del principio de igualdad en la política de educación.

Art. 25. La igualdad en el ámbito de la educación superior.

Art. 27. Integración del principio de igualdad en la política de salud.

Las políticas, estrategias y programas de salud integrarán, en su formulación, desarrollo y evaluación, las distintas necesidades de mujeres y hombres y las medidas necesarias para abordarlas adecuadamente.

Art. 28. Sociedad de la Información.

Todos los programas públicos de desarrollo de la Sociedad de la Información incorporarán la efectiva consideración del principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en su diseño y ejecución.

Art. 29. Deportes.

Todos los programas públicos de desarrollo del deporte incorporarán la efectiva consideración del principio de igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres en su diseño y ejecución.

Art. 30. Desarrollo rural.

A fin de hacer efectiva la igualdad entre mujeres y hombres en el sector agrario, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales desarrollarán la figura jurídica de la titularidad compartida, para que se reconozcan plenamente los derechos de las mujeres en el sector agrario, la correspondiente protección de la Seguridad Social, así como el reconocimiento de su trabajo.

Art. 31. Políticas urbanas, de ordenación territorial y vivienda.

Las políticas y planes de las Administraciones públicas en materia de acceso a la vivienda incluirán medidas destinadas a hacer efectivo el principio de igualdad entre mujeres y hombres.

Art. 32. Política española de cooperación para el desarrollo.

Todas las políticas, planes, documentos de planificación estratégica, tanto sectorial como geográfica, y herramientas de programación operativa de la cooperación española para el desarrollo, incluirán el principio de igualdad entre mujeres y hombres como un elemento sustancial en su agenda de prioridades, y recibirán un tratamiento de prioridad transversal y específica en sus contenidos, contemplando medidas concretas para el seguimiento y la evaluación de logros para la igualdad efectiva en la cooperación española al desarrollo.

Art. 33. Contratos de las Administraciones públicas.

Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, a través de sus órganos de contratación y, en relación con la ejecución de los contratos que celebren, podrán establecer condiciones especiales con el fin de promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo, de acuerdo con lo establecido en la legislación de contratos del sector público.

Art. 34. Contratos de la Administración General del Estado.

Anualmente, el Consejo de Ministros, a la vista de la evolución e impacto de las políticas de igualdad en el mercado laboral, determinará los contratos de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos que obligatoriamente deberán incluir entre sus condiciones de ejecución medidas tendentes a promover la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo, conforme a lo previsto en la legislación de contratos del sector público.

Art. 35. Subvenciones públicas.

Las Administraciones públicas, en los planes estratégicos de subvenciones que adopten en el ejercicio de sus competencias, determinarán los ámbitos en que, por razón de la existencia de una situación de desigualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, las bases reguladoras de las correspondientes subvenciones puedan incluir la valoración de actuaciones de efectiva consecución de la igualdad por parte de las entidades solicitantes.

Art. 36. La igualdad en los medios de comunicación social de titularidad pública.

Los medios de comunicación social de titularidad pública velarán por la transmisión de una imagen igualitaria, plural y no estereotipada de mujeres y hombres en la sociedad, y promoverán el conocimiento.

Art. 40. Autoridad audiovisual.

Las Autoridades a las que corresponda velar por que los medios audiovisuales cumplan sus obligaciones adoptarán las medidas que procedan, de acuerdo con su regulación, para asegurar un tratamiento de las mujeres conforme con los principios y valores constitucionales.

Art. 41. Igualdad y publicidad.

La publicidad que comporte una conducta discriminatoria de acuerdo con esta Ley se considerará publicidad ilícita, de conformidad con lo previsto en la legislación general de publicidad y de publicidad y comunicación institucional.

Art. 42. Programas de mejora de la empleabilidad de las mujeres.

Las políticas de empleo tendrán como uno de sus objetivos prioritarios aumentar la participación de las mujeres en el mercado de trabajo y avanzar en la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Para ello, se mejorará la empleabilidad y la permanencia en el empleo de las mujeres, potenciando su nivel formativo y su adaptabilidad a los requerimientos del mercado de trabajo.

Art. 43. Promoción de la igualdad en la negociación colectiva.

Art. 44. Los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

Art. 45. Elaboración y aplicación de los planes de igualdad.

Las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, medidas que deberán negociar, y en su caso acordar, con los representantes legales de los trabajadores en la forma que se determine en la legislación laboral.

Art. 47. Transparencia en la implantación del plan de igualdad.

Se garantiza el acceso de la representación legal de los trabajadores y trabajadoras o, en su defecto, de los propios trabajadores y trabajadoras, a la información sobre el contenido de los Planes de igualdad y la.

Art. 48. Medidas específicas para prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo.

Las empresas deberán promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por razón de sexo y arbitrar procedimientos específicos para su prevención y para dar cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido objeto del mismo.

Art. 49. Apoyo para la implantación voluntaria de planes de igualdad.

Para impulsar la adopción voluntaria de planes de igualdad, el Gobierno establecerá medidas de fomento, especialmente dirigidas a las pequeñas y las medianas empresas, que incluirán el apoyo técnico necesario.

Art. 51. Criterios de actuación de las Administraciones públicas.

Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias y en aplicación del principio de igualdad entre mujeres y hombres.

Art. 52. Titulares de órganos directivos.

El Gobierno atenderá al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en el nombramiento de las personas titulares de los órganos directivos de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella, considerados en su conjunto, cuya designación le corresponda.

Art. 54. Designación de representantes de la Administración General del Estado.

Art. 58. Licencia por riesgo durante el embarazo y lactancia.

Cuando las condiciones del puesto de trabajo de una funcionaria incluida en el ámbito de aplicación del mutualismo administrativo pudieran influir negativamente en la salud de la mujer, del hijo e hija, podrá concederse licencia por riesgo durante el embarazo, en los mismos términos y condiciones previstas en la normativa aplicable. En estos casos, se garantizará la plenitud de los derechos económicos de la funcionaria durante toda la duración de la licencia, de acuerdo con lo establecido en la legislación específica.

Art. 59. Vacaciones.

Sin perjuicio de las mejoras que pudieran derivarse de acuerdos suscritos entre la Administración General del Estado o los organismos públicos vinculados o dependientes de ella con la representación de los empleados y empleadas al servicio de la Administración Pública, cuando el periodo de vacaciones coincida con una incapacidad temporal derivada del embarazo, parto o lactancia natural, o con el permiso de maternidad, o con su ampliación por lactancia, la empleada pública tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta, aunque haya terminado el año natural al que correspondan.

Art. 69. Igualdad de trato en el acceso a bienes y servicios.

Todas las personas físicas o jurídicas que, en el sector público o en el privado, suministren bienes o servicios disponibles para el público, ofrecidos fuera del ámbito de la vida privada y familiar, estarán obligadas, en sus actividades y en las transacciones consiguientes, al cumplimiento del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres, evitando discriminaciones, directas o indirectas, por razón de sexo.

Art. 70. Protección en situación de embarazo.

En el acceso a bienes y servicios, ningún contratante podrá indagar sobre la situación de embarazo de una mujer demandante de los mismos, salvo por razones de protección de su salud.

Art. 71. Factores actuariales.

Se prohíbe la celebración de contratos de seguros o de servicios financieros afines en los que, al considerar el sexo como factor de cálculo de primas y prestaciones, se generen diferencias en las primas y prestaciones de las personas aseguradas.

Art. 73. Acciones de responsabilidad social de las empresas en materia de igualdad.

Las empresas podrán asumir la realización voluntaria de acciones de responsabilidad social, consistentes en medidas económicas, comerciales, laborales, asistenciales o de otra naturaleza, destinadas a promover condiciones de igualdad entre las mujeres y los hombres en el seno de la empresa o en su entorno social.

Art. 74. Publicidad de las acciones de responsabilidad social en materia de igualdad.

Las empresas podrán hacer uso publicitario de sus acciones de responsabilidad en materia de igualdad, de acuerdo con las condiciones establecidas en la legislación general de publicidad.

Art. 75. Participación de las mujeres en los Consejos de administración de las sociedades mercantiles.

Las sociedades obligadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias no abreviada procurarán incluir en su Consejo de administración un número de mujeres que permita alcanzar una presencia equilibrada de mujeres y hombres en un plazo de ocho años a partir de la entrada en vigor de esta Ley.

Art. 44 bis.

Al principio



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