Ministerio Fiscal de España

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Publicado por astro 10/04/2009 @ 22:13

Tags : ministerio fiscal de españa, gobierno, política

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Ministerio Fiscal de España

El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación (es único para todo el Estado) y dependencia jerárquica (los fiscales reciben órdenes e instrucciones de sus superiores jerárquicos) y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad (actuará con sujeción a la Constitución Española y al resto del ordenamiento jurídico) e imparcialidad (actuará con plena objetividad e independencia en defensa de los intereses que le están encomendados).

El Ministerio Fiscal está regulado por el artículo 124 de la Constitución española de 1978, por el artículo 541 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de España y por el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (Ley 50/81 de 31 de diciembre).

Los Fiscales que se hallen en servicio no pueden desempeñar otros cargos públicos ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos.

Al principio



Luis Alberto Lacalle

Luis Alberto Lacalle

Luis Alberto Lacalle de Herrera (Montevideo, 13 de julio de 1941) es un abogado, periodista y político uruguayo.

Se ha desempeñado como diputado nacional, senador y Presidente de la República Oriental del Uruguay entre 1990 y 1995.

Presidió el directorio del Partido Nacional a principios de siglo.

Actualmente encabeza el sector Unidad Nacional.

Luis Alberto Lacalle nació el 13 de julio de 1941. Es hijo del matrimonio de Carlos Lacalle y Hortensia de Herrera y Uriarte, y es nieto por vía materna del célebre político y caudillo nacionalista Luis Alberto de Herrera. Tiene además una hermana, Inés Lacalle.

En 1961 comenzó a trabajar como periodista en el diario Clarín y en 1964 terminó sus estudios en la Universidad de la República al graduarse como Doctor en Derecho y Ciencias Sociales.

En 1981 se desempeñó como columnista en los semanarios Correo de los Viernes y Opinar, hasta 1984 cuando pasó a ejercer como director del programa de radio Patria y Partido, programa que difundía las ideas del Herrerismo tras las elecciones que se avecinaban.

Está casado con María Julia Pou, con la cual tiene tres hijos: Pilar, Luis Alberto y Juan José; tiene tres nietos.

Luis Alberto Lacalle empezó su militancia política a los diecisiete años de edad, en el año 1958 en las filas herreristas del Partido Nacional; fue acompañando a su abuelo Luis Alberto de Herrera en la campaña por las elecciones de 1958, que le dieron el histórico triunfo al Partido Nacional tras 93 años en la oposición.

Desde entonces ha venido desempeñándose en varios cargos públicos: como diputado, como senador, y como Presidente de Uruguay. Fue uno de los presidentes de Uruguay más jóvenes en el momento de asumir. Actualmente es miembro del Directorio de su partido.

Lacalle heredó de su abuelo, Luis Alberto de Herrera, el liderazgo del sector herrerista del Partido Nacional. En 1971 fue electo diputado por este partido. Ocupó ese cargo hasta el golpe de Estado que dio el hasta entonces presidente constitucional en funciones Juan María Bordaberry el 27 de junio de 1973.

A finales del año 1973 fue detenido y condenado a dos semanas de prisión. Desde entonces formó parte de la oposición semiclandestina que el Partido Nacional ofreció a la dictadura militar. En agosto de 1978, Lacalle recibió botellas de vino enviadas por un desconocido que firmaba únicamente "M.D.N.", y que invitaba a "brindar por la Patria en su nueva etapa". Botellas iguales fueron enviadas también a los legisladores nacionalistas Carlos Julio Pereyra y Mario Heber. Los obsequiados relacionaron esto con los rumores de que en los próximos días iba a producirse un golpe militar aperturista dentro del propio régimen. Sin embargo, la realidad era otra, porque el vino estaba mezclado con un veneno muy potente. Lacalle no probó el vino alertado por su esposa, Julia Pou, que lo encontró sospechoso. No obstante, la esposa de Heber, Cecilia Fontana, murió nada más haberlo probado.

Con motivo de la celebración del plebiscito de 1980, Lacalle se opuso a la reforma constitucional propuesta por los militares, contra la que militó activamente.

Fundó el Consejo Nacional Herrerista en 1981 de cara a las elecciones internas de 1982, en las que obtuvo una respetable votación. Se desempeñó como secretario general del mismo. Después de las elecciones de 1982 se convirtió en miembro del Directorio del partido y en 1984 comenzó a dirigir el programa radial nacionalista "Patria y Partido", que difundía los ideales herreristas.

Ante la inminente restauración de la democracia, en 1984 pensó en presentar su candidatura a la presidencia, pero ante el evidente favoritismo electoral del wilsonismo, decidió respaldar la candidatura presidencial de Alberto Zumarán, con una lista propia al Senado. Así, en las elecciones de 1984 resultó elegido senador, y más tarde vicepresidente del Senado en 1987. De su imagen pública en la década de 1980, se dice que "tenía un perfil kennediano".

Lacalle fue elegido presidente de Uruguay el 26 de noviembre de 1989, cargo que asumió el día 1 de marzo de 1990 para el quinquenio 1990-1995.

Al asumir la presidencia de la República, el doctor Lacalle anunció un conjunto de medidas que implicaban la acentuación de transformaciones de la economía otorgando prioridad a la reducción del déficit fiscal mediante una política de shock. El nuevo gobierno se propuso promulgar leyes como la del ajuste fiscal, la venta de los bancos gestionados por el Estado, la reforma del aparato estatal, la desmonopolización de varios servicios públicos, y la reglamentación del derecho de huelga.

Como trasfondo, es importante destacar que los años 1990 eran la época del fin de la Guerra Fría, por lo cual se fue imponiendo a nivel mundial el llamado Consenso de Washington, del cual fueron también partícipes otros presidentes latinoamericanos como Carlos Menem en Argentina, Fernando Collor de Melo en Brasil y Carlos Salinas de Gortari en México. De hecho, cuestiones como el "necesario achicamiento del Estado" y las privatizaciones, formaron parte de las propuestas de Lacalle en su campaña presidencial.

La Coincidencia Nacional fue una especie de coalición con los socios políticos del gobierno: el Movimiento Por la Patria, el Movimiento Nacional de Rocha, Renovación y Victoria (liderado por el vicepresidente Gonzalo Aguirre) y las corrientes coloradas que tenían presencia en el gabinete: el Foro Batllista, la Lista 15 y la Unión Colorada y Batllista. Del Partido Colorado se autoexcluyó la Cruzada 94.

Esta coalición en realidad no fue tal, pronto quedó claro que la "Coincidencia Nacional" no sería un acuerdo permanente, sino esencialmente inestable. Lacalle debió negociar trabajosamente con todos los sectores participantes para alcanzar, a veces con unos y a veces con otros, ajustadas mayorías parlamentarias para aprobar sólo algunas de las leyes que se proponía impulsar. Inclusive, sucedió que en plena votación detallada del articulado de una ley, un sector votaba a favor de un artículo y otro en contra de éste, y al siguiente artículo la votación se invertía. La "Coincidencia Nacional" no tuvo bases sólidas, pues los propios sectores participantes tenían serias reservas con una política económica y social cuyos efectos presentían iban a ser cada vez más impopulares. Jorge Batlle Ibáñez, admirador de Carlos Menem y de Domingo Cavallo, le reprochaba a Lacalle ser demasiado gradualista, en tanto que el Movimiento Nacional de Rocha del senador Carlos Julio Pereyra le reclamaba una política salarial más generosa con los trabajadores.

Las diferencias entre los sectores colorados eran notorias, más si se tiene en cuenta las hondas e irreconciliables diferencias personales entre Jorge Batlle Ibáñez y Julio María Sanguinetti. Esto se tradujo, en un paulatino retiro de sus ministros del gabinete; al final, hasta el propio Batlle llegó a provocar la caída del ministro de economía Braga "por ser demasiado gradualista".

El martes 6 de marzo de 1990 el presidente Lacalle remitió al Poder Legislativo el proyecto de ley de “ajuste fiscal” que fue aprobado, lo cual puso de manifiesto una celeridad que no se volverá a repetir durante todo el periodo de gobierno, el 31 de marzo. Contó con los votos del Partido Nacional, el Foro Batllista, el pachequismo y la Lista 15; se opusieron el Frente Amplio, el Nuevo Espacio y la Cruzada 94.

La ley de “ajuste fiscal” constaba en que la tasa del IVA sería aumentada del 21% al 22%, también se aumentarían las aportaciones a la Seguridad Social y se elevaría hasta el 7,5% las tasas del IRP.”.

El Economista Javier de Haedo, refiriéndose al “ajuste” fiscal, dijo: “en el segundo semestre del año de 1990, el gobierno central va a tener un superávit de 10 millones de dólares. De un déficit de 40 millones pasamos solo en tres meses después a un superávit de 10 millones”. Atribuyendo esa performance al ajuste fiscal.

Duramente criticado fue el gobierno por la implementación de este ajuste impositivo, calificado de "impuestazo", que significó cobrarle más a los asalariados y consumidores. Pero al mismo tiempo, sentó un antecedente: en la segunda presidencia del colorado Julio María Sanguinetti, tendría lugar un nuevo ajuste fiscal en 1995.

La nueva administración lanzó un Programa Nacional de Desburocratización que eliminó 1,7 millones de trámites anuales y unos tres millones de firmas requeridas como parte de los procedimientos burocráticos.

Declaró la guerra a la burocracia, instaurando un programa para combatirla e invitó a la “rebelión del contribuyente” que dijo querer encabezar. Esta acción no necesitaba apoyo del Parlamento. De ahí la rápida puesta en marcha del Programa Nacional de Desburocratización (PRONADE) Alberto Sayagués y Laura Palma, trabajando con la consigna de “Vamos a hacerlo más fácil”, culminando con el decreto 500/91. El Banco de Previsión Social trabajaba con 3.000 formularios diferentes, mientras que en toda Francia existían 5.700.

La deuda externa fue uno de los temas prioritarios de la campaña electoral. La consigna de la izquierda política era no pagar la deuda externa, se insistía para que el Uruguay adoptara una posición de ruptura con los acreedores. Por el contrario, el colorado Jorge Batlle insistía en "vender el oro para pagar la deuda".

Desde el momento en que Lacalle asumió la presidencia, el Subsecretario de Economía, Dr. Nicolás Herrera, voló varias veces entre Montevideo y Nueva York, para asistir a reuniones en el bufete “Sherman & Sterling”. Las maratónicas sesiones con el comité de bancos y acreedores apoyados por los asesores legales del principal acreedor – el Citibank – contaron también con la presencia del Director del Banco Central, Agustín de Urtubey, y con el asesoramiento del estudio norteamericano “Cleary & Goffieb”. El resultado de las negociaciones se formalizó el 21 de enero de 1991 en el Edificio Libertad, donde el Presidente Lacalle firmó el acuerdo por la recompra de 633 millones de dólares de deuda externa, ante la presencia de delegados de 71 instituciones que eran acreedoras del Uruguay, encabezados por William Rhodes, presidente del comité de bancos.

Una semana después, a la recompra de 633 millones de dólares de deuda se agregó el cierra de la adquisición de 250 millones de dólares estadounidenses al Brasil, también acreedor, hasta ese momento, de nuestro país. La mejora de las cuentas del país y su recaudación, así como la enajenación por parte de las reservas del BCU posibilitaron la disponibilidad de fondos para realizar esta operación.

Todo esto no estuvo exento de polémica; el presidente del Banco Central del Uruguay, Dr. Ramón Díaz, justificó las operaciones "swap" de las reservas de oro, que fueron criticadas por la oposición.

Apenas cincuenta días después de asumir la Presidencia y a las dos semanas siguientes a la aprobación del ajuste fiscal por el Poder Ejecutivo, el 13 de septiembre de 1990, el gobierno presentó al Parlamento un proyecto de “Ley de modificaciones del régimen de empresas públicas del dominio industrial y comercial del Estado”.

Las diferentes opiniones iban desde la expuesta por Jorge Batlle, partidario total de convertir las empresas públicas en sociedades anónimas, hasta las de Alberto Zumarán y Carlos Julio Pereyra, que abogaban para que el Estado las mantuviera bajo su control mayoritario abriéndolas para recibir capitales extranjeros. Después de febriles negociaciones para obtener un consenso se llegó a la redacción del texto final el jueves 13 de septiembre de 1990, se aprobó por unanimidad de votos de todos los Ministros reunidos en el Consejo. Levantaron sus manos los Secretarios de Estado que respondían directamente a Batlle, Jorge Pacheco Areco, Julio María Sanguinetti, a Pereyra y al Presidente de la República. El proyecto de ley suprimía varios monopolios estatales (como los seguros y la fabricación de alcoholes) y autorizaba a varios organismos (como Antel, Pluna y la Administración Nacional de Puertos) a asociarse con privados. También incluía la liquidación de ILPE, el organismo estatal dedicado a la pesca.

A mediados de 1991, la Ley de Empresas Públicas continuaba su lento trámite en la Comisión del Senado: tras ocho meses de estudios, se había resuelto quitar del proyecto la reforma del Puerto y de los servicios de Estiba por entender que el tema merecía una ley propia, en tanto que se habían agregado algunos artículos sobre el destino del dinero obtenido en los procesos de privatización futuros y establecimiento de sociedades anónimas mixtas para los acuerdos comerciales que celebrasen los entes con empresas privadas.

El 15 de mayo el tema ingresó al plenario del Senado, momento en el que el doctor Américo Ricaldoni en nombre del Foro Batllista hizo llegar al senador Ignacio de Posadas las observaciones del proyecto anunciando que su grupo no votaría cinco artículos. No ofreció alternativa a esos artículos, pero tampoco les señaló defectos sustanciales. El 25 de junio de 1991 veintiún senadores – todos los representantes de los partidos tradicionales con la excepción de Zumarán – alzaron la mano en el hemiciclo de la Cámara de Senadores para votar – en general – el proyecto de ley que comenzaba a revertir el papel que el Estado había mantenido durante décadas cumpliendo actividades industriales y comerciales. El bloque mayoritario – heterogéneo en su composición y con argumentos disímiles no se mantuvo a la hora de votar cada uno de los artículos que permitían la concesión de todos los servicios públicos a particulares. La discusión se había iniciado el 28 de mayo e hicieron falta ocho sesiones, en las que expusieron treinta Senadores. La votación final fue de 21 a favor (seis Herreristas, tres de Renovación y Victoria, tres de Movimiento de Rocha y los nueve colorados) y 10 en contra (siete del Frente Amplio, dos del Nuevo Espacio y Zumarán). El Foro Batllista (Sanguinetti) y la Cruzada 94 (Pablo Millor) no votaron cinco de los artículos, entre los que se encontraba el capítulo que concernía a las telecomunicaciones. En la Cámara de Diputados, asimismo después de maratónicas sesiones desarrolladas el 29 y 30 de septiembre, la ley fue aprobada.

Cuando el proyecto de ley todavía estaba en la Comisión, el Frente Amplio hizo pública su propuesta de poner en práctica el mecanismo de referéndum en caso de que la iniciativa fuera aprobada, porque “está en peligro buena parte del patrimonio nacional que el liberalismo irresponsablemente se dispone a entregar”. Agregaba que la reforma “nos dejará un Estado inoperante” y pondría “en juego la soberanía misma del país”.

A las 24 horas de promulgada la Ley de Empresas Publicas, que había llegado a ser la principal obsesión del Presidente Lacalle desde que asumiera el cargo, comenzaron los trabajos para iniciar un gran plan privatizador que permitiese salir de la órbita del Estado a aquellas empresas que, como la Compañía de Gas, AFE, ILPE y Pluna, entraban un déficit funcionario muy importante. El gobierno alegaba que el país pagaba mucho dinero para mantenerlas en servicio sin lograr ganancias, lo que acumulaba el déficit de las cuentas del gobierno. Al mismo tiempo se conocían informaciones sobre el interés de las principales compañías telefónicas del mundo en Antel, a través de contactos oficiales realizados por France Télécom, la italiana Stet, Telefónica de España y las norteamericanas Nymex, Bell Atlantic, BellSouth y GTE.

En el marco de la ley aprobada el Uruguay inició el camino de las grandes reformas del Estado, concretándose la privatización de la Compañía de Gas, que fue vendida al grupo francés Gaseba; se efectuó la liquidación de ILPE, dejando el Estado de cumplir las tareas de pesca que pasaron a manos privadas a igual que los servicios de tierra en el Aeropuerto de Carrasco; se encaró la privatización del transporte aéreo al interior del país; se otorgó la concesión de servicios de agua potable y saneamiento en zonas de Maldonado, y se adjudicó el sistema de telefonía celular.

UTE empezó a adquirir electricidad generada por el sector privado. Se puso en marcha, por régimen de concesión de obra pública, la construcción de la doble vía Montevideo - Punta del Este con una inversión privada que se estimó en unos cien millones de dólares, construida en grandes tramos durante la presidencia de Lacalle.

Se otorgó la concesión a privados para que explotaran diversos hoteles y paradores turísticos, iniciándose en la transformación radical del marco normativo con el decreto No. 681/991 del 31 de enero de 1991 que declaró de interés nacional la actividad de inversión en categoría de Complejos Turísticos, y estableciéndose exoneraciones impositivas. De esta forma se mejoró sustancialmente el servicio por medio de medidas que facilitaron la importación para el reciclaje y puesta a nuevo de las instalaciones, en algunos casos, y construcciones modernas en otros, en más de cien complejos en todo el país por un monto estimado de 800 millones de dólares con un incremento del 40% de la capacidad hotelera. Punta del Este cambió su fisonomía con dos obras trascendentes: la construcción del moderno aeropuerto de Laguna del Sauce, con proyecto del arquitecto Carlos Ott; y la instalación del Conrad Punta del Este Resort & Casino en los terrenos de la Parada 3 que eran propiedad de AFE. Vendidos los terrenos, con el dinero obtenido se construyó el segundo liceo de Maldonado.

Paralelamente, al amparo de decisiones gubernamentales como la venta de los terrenos e instalaciones de la antigua cárcel de Punta Carretas, se iniciaba en Montevideo la mayor transformación comercial que durante décadas se operó en la capital del país con la construcción y habilitación al público de varios centros comerciales; además del preexistente Montevideo Shopping Center, se agregaron Punta Carretas Shopping y Portones Shopping Center.

Montevideo para ese entonces no tenía terminal de autobuses. Cada empresa disponía de su propio local, y estos locales estaban diseminados por diversos lugares de la ciudad, lo que dificultaba que los pasajeros adquirieran un billete y así coger un autocar con destino a otra ciudad de Uruguay o de algún país vecino. También este problema, aunque de competencia claramente municipal, fue solucionado por el gobierno de Lacalle, construyéndose la Terminal de Tres Cruces y, con ella, el cuarto Shopping Center con que se dotó a la capital del país.

Mientras tanto en el Poder Legislativo ya tenían media sanción parlamentaria las leyes sobre desmonopolización de los seguros y alcoholes, en tanto que la Ley de reforma del puerto y la estiba también se encaminaba a su aprobación. Meses después, la sanción de la ley No. 16.426 que permitió el ingreso de compañías privadas de seguros para competir con el Banco oficial, hizo realidad una iniciativa que Lacalle había planteado en 1988 cuando era senador. La liberalizacion de la producción de alcoholes se pondría en marcha en el período siguiente pero, en cambio, los beneficios de la Ley de reforma portuaria y servicios de estiba resultaron inmediatos: el tiempo medio de estados de los buques del puerto de Montevideo pasó de 78 horas a 34 horas y la reducción tarifaría alcanzó al 26% en materia de importación y a un 33% en cuanto al trasbordo y tránsito.

El gobierno miraba con beneplácito que todas estas medidas que permitieron la inversión privada y la generación de puestos de trabajo, se agregaron a los resultados de la política económica impuesta. En todo el país aumentó el consumo.

Sin embargo, no faltaban las críticas. En un país largamente habituado a épocas de proteccionismo y Estado benefactor, muchos sintieron el rigor de la inseguridad ocasionada por las nuevas reglas de juego; se veía al gobierno de Lacalle como "un liquidador del Estado batllista". Y esto, sumado a una situación incierta para varios asalariados en medio de una espiral inflacionaria que todavía costaba frenar, fue acarreando creciente oposición.

Muchos empezaron a vislumbrar la ocasión para "hacer caer al gobierno de Lacalle"; el clima en la opinión pública estaba maduro para emprender acciones opositoras frontales.

El martes 10 de diciembre de 1991 la Comisión de Defensa del Patrimonio Nacional y Reforma del Estado, en un comunicado informó que existía acuerdo en ‘’’impugnar los artículos 1, 2, 3, 10 y 32’’’ de la Ley de empresas públicas. El grupo que tenía el respaldo del PIT-CNT y del Frente Amplio anunció que el lanzamiento de la campaña que marcaría el inicio de la recolección de firmas tendría lugar el jueves 19 de diciembre. Por su parte, en el Plenario del Frente Amplio las posiciones no eran unánimes. Incluso, antes de que se adoptara una decisión, el Gral. Líber Seregni mantuvo una entrevista con Sanguinetti para auscultar su posición sobre una eventual campaña de recolección de firmas. El líder del Foro Batllista respondió negativamente mostrándose contrario a acompañar el referéndum.

La Corte Electoral informó que el número de habilitados para volar ascendía a 2.359.291 ciudadanos por lo que para poner en marcha el recurso de referendum debía presentar al organismo electoral 11.796 firmas (5% de los habilitados). Tras reunir las firmas, la Comisión las presentó a la Corte Electoral; se habilitó la consulta fijada para el 5 de julio de 1992. Ese día, solo un 20,6% del total de habilitados (489.067 personas) concurrió a votar. Los resultados adversos generaron un grave enfrentamiento en la izquierda analizándose la decisión de retirar a sus delegados de la Comisión y no apoyar la segunda convocatoria prevista para el 1º de octubre. Pero pronto, la controversia se fue transformando en polarización de opiniones; el voto contra la Ley de Empresas Públicas, fue propagandeado como “un voto contra la política económica del gobierno”. Así, en octubre de 1992, sobre un total de 738.405 votos emitidos, el 29.5% de los votantes habilitaron la convocatoria al referéndum.

El gobierno detuvo su accionar y todos, unos y otros, quienes estaban a favor de la ley y aquellos que impulsaban su derogación parcial, se enfrascaron durante algo más de dos meses en una virtual campaña electoral. Los bandas estaban muy claramente definidos con una sola excepción: el Foro Batllista de Sanguinetti que, según expresiones de de su dirigente Ope Pasquet se encontraba en un "brete diabólico". El 6 de octubre de 1992 el Presidente Lacalle llamó por teléfono a Sanguinetti para invitarlo a una reunión con la finalidad de conversar sobre el tema del referéndum. Sorpresivamente escuchó como respuesta, la información de que el Foro Batllista estaba deliberando sobre el tema. Al día siguiente, apremiado por la necesidad de fijar posición, Sanguinetti se dedicó a la elaboración de un documento que expresaría la posición oficial del Foro, el cual fue leído a la dirigencia. Sostenía que "el país ha sido encerrado extremistamente por dos corrientes, una reaccionaria que dice disparatadamente que hay que destruir el Estado batllista y otra igualmente reaccionaria, aunque de izquierda, que pretende rechazar toda inversión que no sea uruguaya". El manifiesto pidió al gobierno "que considere modificar la ley" y a sus impugnadores "que entiendan también que el país no puede, sin más trámite, dar un portazo a la reforma del Estado y sacudirse de hombros como si eso fuera sin costo en el mundo actual". Finalmente, después de conocidas las primeras encuestas de "Factum" indicando que existía inclinación de 42% sobre 28% para apoyar la derogación de la Ley, el Foro Batllista resolvió sumarse al Frente Amplio y votar por el "Sí" a la derogación. El domingo 13 de diciembre de 1992 el "Sí" recibió 1.293.016 contra 489.302 del "No", con 22.327 sufragios en blanco, 36.992 anulados y 100.191 observados, registrándose un total de 1.941.829 personas que concurrieron a votar. Los cinco primeros artículos de la Ley de empresas públicas quedaron derogados. Este resultado sorprendió a muchos puertas afuera, en medio de una Latinoamérica en plena fiebre privatizadora.

El presidente Lacalle se presentó ante el público y admitió su derrota en esta ley. Sin embargo, lejos estuvo de "caer el gobierno", como muchos habían pretendido; Lacalle continuó con la ejecución de su programa económico; al decir de sus opositores, "a pesar del juicio adverso de la ciudadanía, el país seguía un curso de reformas neoliberales".

Durante el primer gobierno de Sanguinetti el sistema bancario uruguayo había colapsado, y los líderes políticos de todos los partidos respaldaron la idea de que el Estado se hiciera cargo de las cuatro instituciones bancarias que estaban en quiebra: el Banco Comercial, el Banco Caja Obrera, el Banco Pan de Azúcar y el Banco de Italia. Estas instituciones continuaron funcionando a pérdida. Sólo el Banco Central, en los cinco años de gestión estatal, acumuló 180 millones de dólares de déficit.

El gobierno de Lacalle transfirió el Banco Comercial a cuatro instituciones del exterior: Deutsche Südamerikanische Bank de Alemania Federal, el Chemical Bank y el Credit Suisse, a 24% cada uno, mientras que el restante 28% sería propiedad de una compañía del exterior que incluía entre sus accionistas a la Banca Nazionale del Lavoro y a banqueros argentinos.

Los compradores pagaron 30 millones de dólares en títulos de deuda externa con la condición de que el Estado se quedara con la cartera pesada que tenía la institución. El ministro de economía de ese entonces, Enrique Braga, que fue quien llevó adelante la operación, concluyó su informe a la prensa señalando que: “No creemos que sea un acto razonables seguir administrando una entidad financiera a pérdida y con riesgos futuros no cualificables cuando este gobierno está procurando reducir drásticamente su déficit y le ha pedido un gran sacrificio a toda la población”.

De forma inmediata, el 11 de julio, en la Cámara de Diputados todo el Frente Amplio planteó en dos ocasiones el llamado a Sala del Ministro Braga, con el apoyo del Movimiento Nacional de Rocha. El Ministro Braga fue interpelado cinco veces por este tema en las diferentes ramas del Parlamento. Es más, en la cuarta ocasión en que concurrió a Sala para responder al contador Danilo Astori del Frente Amplio, el 22 de agosto de 1991 (catorce meses después de la venta) con los votos de la izquierda sumados a los del Foro Batllista, el Partido por el Gobierno del Pueblo, la Cruzada 94, el Movimiento de Rocha y Zumarán, se declaró “inconveniente para el país” la enajenación del Banco Comercial. En dichas interpelaciones, el Senador Astori, quien afirmó que quedó evidenciado que nunca se supo a cuánto se vendió a Röhm el Banco Comercial, que nunca se supo qué socios estaban detrás. En aquellas interpelaciones dieciocho Senadores concluyeron que se trataba de un pésimo negocio para el país Las intervenciones, por ejemplo, del entonces Senador Millor, fueron los comprobantes para el escritor Gustabo Bernini de este hecho. Se hablaba de las implicancias que había entre algunas autoridades del Gobierno y, precisamente, esos grupos empresariales a los que se les vendió el Banco Comercial.

Luego de la venta del Banco Comercial, el mismo pasó a ser gestionado por los hermanos Carlos Röhm y José Röhm, que fueron integrantes del Consejo Directivo del Banco Comercial entre 1990 y 2002.

Los US$ 50.000.000 recabados por la venta del Banco Comercial, se destinaron a infraestructura publica que fueron aprobadas en la Rendición de Cuentas, producto de esa venta malograda.

El banco deja de ser gestionado por los hermanos Röhm cuando en el 2002, se produce una crisis económica en Uruguay cuyo uno de los epicentros era el Banco Comercial que Lacalle vendió en parte a los Hermanos Röhm. Dichos hermanos renunciaron luego de la debacle financiera y el gobierno uruguayo inicia una investigación judicial por considerar a los Hermanos Röhm como artífices de una estafa financiera y un vaciamiento bancario que operaron como detonantes de la corrida de depositantes, y en definitiva de la crisis bancaria que sumió a Uruguay en la bancarrota.

El viejo Banco Pan de Azúcar había sido gestionado por insolvente. La Corporación Nacional para el Desarrollo se había hecho cargo del paquete accionario; y se aprestó a reprivatizar el banco. Intervino en la negociación el presidente del Banco Central del Uruguay, Enrique Braga.

El Banco Bilbao Vizcaya (BBV), presente en Uruguay a través del Banco Francés, negocio con el Estado uruguayo la compra del Banco Pan de Azúcar (BPA). Dicho Banco, costo en gastos al Estado uruguayo unos 400 millones de dólares. La última privatización del BPA, que se produjo a comienzos de 1994, ha dado lugar a un sumario administrativo, a un proceso penal y a una demanda judicial del Estado contra los compradores. Su sucesor en la Presidencia, Luis Alberto Lacalle, vendió en marzo de 1994 el BPA a un consorcio extranjero con mayoría de capitales italianos liderado por el empresario y banquero franco-marroquí Stéphane Benhamou.

El banco fue vendido en 5 millones de dólares, pese a que el patrimonio neto de la entidad ascendía, según las fuentes, a 9 o a 26 millones de dólares.

En septiembre de 1996, el BCU tuvo que retomar el control del banco ante la amenaza de quiebra existente y para preservar la estabilidad del mercado financiero.

Importa destacar cuál era el trasfondo de las relaciones obrero-patronales en esta época. Durante la dictadura cívico-militar, se había oprimido y prohibido sistemáticamente toda actividad sindical, se habían deprimido los salarios, y durante los primeros años de retorno a la democracia, se intentó un duro camino de recuperación salarial en medio de numerosos conflictos obreros. Pero a su vez, la inflación galopante (llegó a más del 100 por ciento durante el primer año del gobierno de Lacalle) jugaba en contra de cualquier intento de recuperación salarial. Y para complicar aún más las cosas, en todo el mundo se venían poniendo en práctica políticas de desregulación laboral (que conllevaban, a su vez, una disminución "voluntaria" de la actividad sindical).

La administración de Lacalle anunció la intención de liberalizar el mercado de trabajo, disminuyendo su presencia en las negociaciones colectivas. Pero el gobierno enfrentaría una férrea oposición del movimiento sindical, así como una abierta confrontación con la doctrina jurídica, en particular con las recomendaciones de la OIT.

Antes de asumir la presidencia, durante los meses de trabajo en el Parque Hotel, el entonces presidente electo había intentado poner en práctica otro de los anuncios de “La Respuesta Nacional” referidos a la búsqueda de una “coincidencia social” con los cuerpos intermediarios de la sociedad (asociaciones, gremios, cámaras y sindicatos). Mientras que los dirigentes de las asociaciones, gremios, sindicatos etc., le dieron una respuesta clara y tajante: “al nuevo gobierno, ni una hora de tregua…”.

De las amenazas pasaron directa y rápidamente a la realidad. El diario “Búsqueda”, del jueves 15 de marzo, bajo el título de “El PIT-CNT (sindicato) comenzó a preparar a su militancia ante la perspectiva de un próximo enfrentamiento con el gobierno”, anunció que la primera movilización sería el 23 de marzo. Añade a continuación el artículo: “El ajuste fiscal, y la situación salarial de los empleados públicos y privados, la anunciada reglamentación del derecho a huelga, la privatización parcial o total de las empresas estatales y la aprobación de una nueva ley de enseñanza, son identificados por el PIT-CNT como los temas que originarán sus movilizaciones”.

Según el autor Atilio Garrido del libro Lacalle con alma y vida, pocos días después de que Lacalle asumiera la presidencia, los dirigentes sindicales estaban en "contra de todo lo que el candidato a Presidente había dicho que iba a hacer y que el pueblo, mayoritariamente, respaldó con su voto en las urnas". Más adelante expresaba el artículo que “se planteó a los sindicatos que tengan prontas medidas de fuerza para aplicar en caso de la presentación del proyecto de reglamentación del derecho de huelga o del paquete de ajuste fiscal . Para estos casos está previsto un paro con concentración ante el Parlamento".

En la misma nota se da cuenta de que el responsable del sector sindical del Partido Comunista y dirigente del gremio portuario, Félix Díaz, sostuvo que los temas que están planteados “implican la supervivencia de las organizaciones gremiales ya que con la reglamentación sindical les quitan velocidad de reacción (…) y eso puede ser su castración”.

El paro convenido, con concentración ante el Parlamento, se realizó el 23 de marzo de quince a dieciocho horas, con concentración a las cuatro de la tarde ante el Palacio Legislativo. Algo inaudito en la historia de Uruguay, debido a que se realizó a los veintitrés días de asumir el nuevo gobierno. Aunque el presidente Lacalle pidió cooperación al PIT-CNT, el miércoles 21 de abril la central sindical anuncio que no existe “posibilidad de tregua alguna”.

La publicación del MLN-Tupamaros del 25 de abril reclamó al PIT-CNT “dar la lucha en las calles, movilizados, resistiendo los embates del gobierno (…). Son tiempos de resistencia, de hacer la pata ancha para no perder mas terreno aún, de pelear espalda contra espalda porque el enemigo es uno, y bien que no lo ha probado con este pacto les sirve de instrumento de dominio”.

El presidente Lacalle dijo que: “Es necesaria una legislación adecuada para el instituto de la huelga”. Mientras que en el Seminario del PIT-CNT auspiciado por la OIT, Hugo Barbagelata destacó el «carácter ajurídico de las huelgas» como fenómeno social que no puede ser regulado por el derecho. Barbagelata señaló que toda iniciativa de esta naturaleza es un factor de perturbación de las relaciones obrero-patronales. Admitió que la ley debía limitarse a regular algunas de las consecuencias tales como sus efectos sobre el contrato de trabajo estableciendo que se trata de una suspensión y no de la ruptura de éste, o también en casos de infortunio colectivo puede determinarse por la ley el mínimo de servicio cuyo mantenimiento deben asegurar los huelguistas. (que debería ser asegurado por la autorregulación sindical).

A su vez el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT declaró públicamente que «el anteproyecto de reglamentación del derecho de huelga encubre un deseo de maniatar, domesticar y amansar al movimiento sindical. Una necesidad evidente a la hora de intentar aplicar una política de shock que disminuye el peso de la carga impositiva sobre los asalariados y jubilados (ajuste fiscal) redistribuye en forma regresiva el ingreso nacional, reduce fuentes de trabajo (disminución de la inversión) y entrega la soberanía (privatizaciones de empresas públicas). Prioriza, en definitiva, la buena letra frente al acreedor exterior, frente a las necesidades del país y su gente».

El 11 de julio militantes del SUNTMA (Sindicato Único de trabajadores del Mar y Afines), en conflicto, esperaron a Lacalle a la salida del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y ante su presencia comenzaron cantos soeces lanzando sobre el automóvil presidencial volantes titulados “La pesca en lucha”. Durante todo agosto los sindicalistas aplicaron una enorme acción obstaculizadora con paros de todo tipo con la plataforma de “resistir al gobierno, demanda de mejoras presupuéstales, contra el hambre y la desocupación”. En forma perlada fueron deteniendo sus tareas los trabajadores de los registros públicos afectando los trámites aduaneros, operaciones con automóviles e inmuebles. Paralizaron sus tareas los funcionarios de la Dirección General Impositiva, los servicios de transporte urbano e intedepartamental, se detuvo la actividad en la enseñanza y el viernes 24 de agosto se inició un paro general de 6 horas y una marcha hacia el Edificio Libertad. Esta última movilización se produjo once días después de haberse llevado a cabo otra reunión entre el Presidente y el PIT-CNT. La violencia estuvo presente. Fueron heridos tres transportistas que realizaban servicio de emergencia.

Lacalle reaccionó durante su visita a Treinta y Tres, afirmando que los paros “cada vez tienen menos eco porque hay una mayor comprensión del trabajador en el sentido de que la dirigencia sindical está un poco retrasada”, y al día siguiente, en Florida, refiriéndose a las agresiones del transporte de emergencia, afirmó que no habría que admitir entre los orientales “los odios, las intolerancias, la violencia, el espíritu de sedición, ni el ataque a la esencia de la Patria, porque esa sí es intangible patrimonio que defenderemos”.

La respuesta llego pronto. Los tupamaros convocaron a un acto en el Palacio Peñarol para el 22 de septiembre con la consigna “¡ Defiéndanse! ha llegado al hora de organizar la pelea (…). No queda, frente a la actual situación, otra salida que proponer la lucha o la emigración”. Los comunistas afirmaron que “el país ha llegado a una cruz de los caminos”; por eso “las movilizaciones populares, la iniciativa política y los proyectos alternativos deben concentrarse en evitarle al Uruguay la reestructura conservadora”. El Secretario General del Partido Comunista, Jaime Pérez, explicó que “el objetivo es doble, por un lado obstaculizar y pugnar porque no se cumpla el plan neoliberal (...) y por otro dar una ofensiva reivindicadora y democrática porque no podemos decirle a la gente que espera, que todo se va a arreglar en el 94”.

Después de casi 7 meses de permanentes enfrentamientos y reproches públicos, el gobierno y la dirección sindical entablaron el diálogo social: a partir del 24 de octubre cuando el Ministro de Trabajo, Carlos Cat, anunció el inicio de una nueva era en las relaciones del gobierno con los gremios, abriendo, al día siguiente, la instancia negociadora en una reunión en la que comenzó a gestarse a fines de agosto cuando Lacalle, advirtiendo que las dificultades económicas y la creciente conflictividad podían hacer inmanejable para todos la situación del Uruguay, aceptó un ofrecimiento del Diputado Rafael Michelini del PGP, para oficiar de nexo entre el Poder Ejecutivo y el PIT-CNT con el propósito de lograr algún tipo de entendimiento. Las conversaciones reservadas posteriores pasaron a un nivel político (García Pintos, Michelini y los sindicalistas, el socialista Eduardo Fernández y el comunista Rubén Villaverde quien afirmó que “si uno no encuentra un camino de consenso para los temas importantes, el país se puede ir de las manos”) e incluso técnico con los economistas Javier de Haedo y Juan Manuel Rodríguez, en Estados Unidos, durante su visita a comienzos de noviembre donde se entrevistó con el presidente George Bush padre, dijo Lacalle: “El gran diálogo nacional que fue abierto por el gobierno con los sindicatos y empresarios es positivo porque convierte la situación tensa en una discusión entre gente civilizada”.

El diálogo social permitió una paz gremial momentánea, ya que su desarrollo puso al descubierto y desnudo ante la opinión publica, las grandes diferencias que se planteaban dentro de la central obrera sobre los procedimientos a poner en marcha contra la administración de Lacalle.

Surgió la definición de duros y blandos que históricamente comenzó a gestarse en el movimiento obrero uruguayo cuando los comunistas fueron retrocediendo y perdiendo dominio en los gremios ante la aparición de los tupamaros, que tomaron al movimiento sindical como el campo más apropiado para el arraigo de sus ideales de lucha.

Por eso, el dique con que el gobierno del Presidente Lacalle pretendió controlar las exigencias sindicales, tras unos pocos meses comenzó a ser sucesivamente perforado por nuevas movilizaciones que se reiniciaron en 1991 y continuaron durante el año siguiente (anestesistas, jueces, maestros, transporte) adquiriendo su punto culminante cuando estalló el conflicto en un gremio sin sindicato: el de los policías.

El lunes 16 de noviembre de 1992, un predio situado frente a la Guardia de Coraceros, a la vista de la oficina del Presidente Lacalle en la séptima planta del Edificio Libertad, fue elegido como escenario para realizar la segunda huelga policial en la historial del Uruguay. Una joven de 28 años, Sandra Dodera, se convirtió en portavoz de los agentes que estuvieron durante un mes preparando la paralización de las actividades de la policía. Dodera ocupó durante varios días el primer plano mediático mostrando un desenvolvimiento poco común. Funcionaria de la Intendencia de Río Negro, se incorporó oficialmente al Frente Amplio. Después de la huelga volvió al anonimato. Luego, en 1993, Dodera fue procesada al considerarse probada su participación en “reiterados delitos de abuso de funciones”, sin descartar que al avanzar la investigación “salgan a luz otros elementos probatorios, que permitan eventualmente ampliar la imputación delictual”.

El Poder Ejecutivo recurrió al ejército, que accedió a patrullar la ciudad sin involucrarse en ninguna medida que coartara los reclamos, poniéndose en práctica lo que llamó el "Plan Cuerda", situación que generó el primer desencuentro entre el Presidente Lacalle y el Comandante en Jefe, General Juan Rebollo. Durante la sesión del Consejo de Ministros donde se analizó el tema, preguntado sobre la posibilidad de contar con las Fuerzas Armadas para emprender otro tipo de acciones el Comandante en Jefe se mostró vacilante, actitud que no correspondía al cargo que ocupaba. Durante el desarrollo de la sesión se produjo un sabotaje cuya noticia no fue muy difundida.

Cortaron la energía eléctrica del Edificio Libertad y anularon la emergencia. Los generadores no se encendieron, por lo que el Presidente y los Ministros tuvieron que bajar por las escaleras, a oscuras, iluminados por la lucecilla que proyectaba un cigarrillo encendido por el primer mandatario.

Fue entonces que Lacalle consultó al General Fernández para saber si el ejército podía desalojar a los huelguistas del predio. La respuesta fue positiva. “La acción se lleva a cabo en una hora, pero puede haber 30 muertos…”. Fue entonces que Lacalle desistió de esta posibilidad.

Esta decisión de los militares determinó que en la negociación con los policías – llevada a cabo por el subsecretario del Interior, Dr. Carlos Moreira – el Poder Ejecutivo tuviera que ceder más allá de lo previsto, lo que inmediatamente alentó la multiplicación de la conflictividad que vivía el país y el predominio de los radicales (los duros) del PIT-CNT. El sindicato de enseñanza propuso no comenzar las clases en 1993 si sus reclamos salariales no eran atendidos; el 23 y 24 de noviembre se paralizó el transporte por 48 horas y los empleados de salud pública no trabajaron durante 60 horas con la consigna: “los policías tienen armas, nosotros tenemos jeringas…”.

En el año 1993 se produce la huelga más larga de la historia de la construcción en el Uruguay, 83 días. La huelga fue motivada por el intento del gobierno de rebajar los salarios, imponiendo una pauta salarial por debajo del índice de inflación. La huelga fue una prueba para el gobierno, para los empresarios, para el SUNCA (sindicato de la construcción), para los militantes y para cada trabajador. El sindicato ocupó todos los centros de trabajo en el país. Creó comités de huelga en las obras, y tanto en los departamentos del interior como en Montevideo, desarrolló una política muy fuerte de alianzas con otros sectores de la sociedad, que logró un importante apoyo a los huelguistas. Estableció una política de comunicación con la sociedad en general que permitió una relación directa con ella. Los piquetes de huelguistas establecían esta comunicación, subiendo al transporte público y explicando a viva voz cuáles eran sus problemas y entregando volantes que describían y explicaban la situación.

El acuerdo con el cual finaliza la huelga rompe con la pauta salarial y establece la creación del Fondo Social, con aportes de los empleadores y de los trabajadores.

Durante el gobierno de Lacalle se impuso en algunos casos la creación y en otros la puesta en funcionamiento de instancias con la participación de actores políticos y sociales. Los casos más relevantes fueron: La integración del directorio del Banco de Previsión Social con representantes de los empresarios, trabajadores (a partir de ternas propuestas por el PIT-CNT), jubilados (el veterano dirigente de jubilados Luis Colotuzzo); la creación de la Junta Nacional de Empleo (JUNAE) con la interacción de delegados de los trabajadores y empresarios, y la creación de la Comisión Sectorial de Mercosur (Comisec), donde el sector publico – a través de varios ministerios, la OPP y empresas publicas – analizaba con empresarios, sindicalistas y organizaciones cooperativas los impactos del Mercosur para el Uruguay y las estrategias del país para una mejor participación en el proceso de integración regional. Resulta en cierta medida contradictorio que precisamente el gobierno impulsor de medidas de corte neoliberal y que tuvo los enfrentamientos más duros con sectores sociales, haya sido también el que generó estas instancias de diálogo en temas sustanciales como empleo, seguridad, integración regional, etc. Una posible explicación es que el gobierno nacionalista era menos vertical en cuanto a los ministerios y sus conductores. A la luz de estas experiencias, se comenzó a gestar una nueva cultura de vinculación entre organizaciones sindicales empresariales, empresas y gobierno, que marcaron un punto de inflexión transformador.

EL Presidente Lacalle recorrió casi toda América, donde tejió especialmente lazos de amistad con los presidentes Patricio Ailwyn y Carlos Menem. Viajó además a China, Canadá, México, el Reino Unido y la Comunidad Europea, con numerosísima delegación empresarial, procurando ampliar el comercio. También mantuvo una muy estrecha vinculación con autoridades e instituciones americanas, donde su discurso expresado en perfecto inglés, pretendía atraer a un auditorio selecto. Con el presidente George Bush (padre), cultivó una estrecha amistad. En la última Cumbre Presidencial que asistió (en Miami), ya pasados los comicios, su intervención se centró en la necesidad de que EEUU abriera su economía a Latinoamérica, si quería, en realidad, colaborar con su desarrollo y cuidar su estabilidad.

Las negociaciones sobre integración de mercados entre Argentina y Brasil habían avanzado mucho durante los gobiernos de Alfonsín en Argentina y José Sarney en Brasil, pero tomaron gran velocidad con la llegada al sillón presidencial, de Menem en Argentina y de Fernando Collor de Melo en Brasil. Se fijó fecha para la firma del acuerdo de integración para el 6 de julio de 1990. Hasta ese entonces Uruguay, que había desarrollado dos acuerdos de profundización comercial con Argentina y Brasil (conocidos por PEC Y CAUCE respectivamente) no participaba de las conversaciones entre los vecinos, con relación a una integración mayor. Así, cuando el canciller Héctor Gros Espiell se entera de la fecha aludida, informa a Lacalle la inminencia del acuerdo argentino-brasileño.

Allí hubo una circunstancia que alienta al gobierno uruguayo a gestionar velozmente, ante Brasil y Argentina, su inclusión en el proyecto de integración; hubo un cambio radical de posición de la Cámara de Industria (dirigida entonces por Pedro Nicolás Baridón y Helios Maderni) que, de renuente, pasa a ser partidaria de la integración, cosa que impulsa al gobierno a mo¬verse en ese sentido. Con ese ambiente, rápidamente, Lacalle se decide a no perder el tren y así se lo encomienda a su Canciller. Después de varias reuniones de éste y del Ministro de Economía con sus pares de Argentina y Brasil, Uruguay es aceptado como integrante pleno del futuro Mercosur.

Lacalle, considerando que ese paso es una cuestión de estado, convoca al Edificio Libertad a los líderes de todos los sectores políticos representados en el Parlamento. Recibe el apoyo unánime y explícito de todos. La cancillería uruguaya comandada por el propio Ministro Gros Espiell y el director de Asuntos Económicos Dr. Miguel Berthet empiezan, junto con Braga y sus asesores los economistas Gustavo Licandro e Isaac Alfie, a concordar los mecanismos de integración que ya se prevén en el futuro Tratado de Asunción.

El tema Mercosur ocupó, normalmente, los órdenes del día del gobierno, durante todo el periodo. No sólo fueron figuras los cancilleres (en la etapa de Sergio Abreu, al acercarse los plazos finales, se multiplican reuniones y gestiones) o los ministros de Economía y Finanzas. También otros ministros participaban en ese tipo de rondas, especialmente el Ing. Alvaro Ramos, titular de Ganadería, Agricultura y Pesca y junto con todos ellos un grupo de asesores selectos (Berthet, Sienra, Cardoso, García Peluffo, Galdós Ugarte, etc.), los que tenían que absorber la ventaja, en tiempos, que llevaban los numerosos equipos argentinos y brasileños y debían multiplicar esfuerzos para armonizar los intereses y estructuras uruguayas a la nueva realidad que imponía la integración. Desde la firma del Tratado hasta la reunión en Ouro Preto, decenas fueron los tropiezos, fricciones y desajustes que tuvieron que sobrellevar los negociadores uruguayos, para hacer posible una equitativa participación del país en el mercado común que se anunciaba.

Paralelamente al Mercosur, una clara concepción geopolítica impulsaba el gobierno para consolidar el convenio de Transporte con Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay, denominado, término acuñado por el Presidente, Hidrovía. Para Lacalle era la expresión práctica de la denominada "política de meridianos" que el Uruguay debe propiciar para complementar los vínculos con los países mediterráneos y facilitar su condición de usuarios regionales de nuestras instalaciones portuarias. Mercosur e Hidrovía dieron que hablar bastante en todo él período.

La Hidrovía, que ya venía con el empuje que el ex-ministro colorado Jorge Sanguinetti le había dado, tiene un momento de fulgor inicial cuando empiezan los trámites para convocar el llamado al dragado del canal de Martín García y continúa, con visita presidencial incluida, a lo que se llamaba Puerto Quijarro, obra del empresario Joaquín Aguirre, en Bolivia y a lo que sería el corredor fluvial por donde las ricas regiones del Mato Grosso del Sur y Rondonia sacarían su producción. Problemas físicos (calados) y burocráticos obstaculizan el desarrollo del proyecto; el alejamiento de Jorge Sanguinetti de la Comisión de Transporte de la Cuenca del Plata la priva del impulso de su experiencia y una advertencia desde la Caru por su integrante y experto doctor González Lapeyre, de que Argentina no cumplía con su parte para habilitar la navegación aguas arriba de la Represa de Salto Grande y que la normativa vigente en Uruguay privilegiaba el transporte carretero por encima del fluvial, prendieron luces amarillas al momento de calibrar la real vigencia de la Hidrovia, en tiempos hábiles.

En tanto en relación al Mercosur, las prevenciones públicas, en ocasión de aprobarse el Tratado, que había hacho el ex-director ministerial del gabinete anterior, embajador Gustavo Magariños, se concretaban. La negativa de Argentina y Brasil de darle, de incio, un trato diferencial, como socio, al Uruguay, por su menor porte económico, el no haber acordado algunas políticas macroeconómicas comunes, la lucha difícil con Brasil por reducir el arancel externo común, las trabas no arancelarias que se imponían a nuestras exportaciones y la masiva importación de trigo subsidiado que Brasuil realizaba desde Estados Unidos, todo ello ya en los primeros meses, indicaban las dificultades de alumbramiento y puesta en marcha del recién creado Mercado.

El Mercosur en cuestión significó un entendimiento con los países vecinos, con vistas a crear un mercado común en materia comercial. Esto tuvo sus pros y contras; muchos empresarios, acostumbrados todavía a viejas épocas de sustitución de importaciones y mercado chico, apostaron a que el Mercosur no funcionase. Las industrias de Argentina y Brasil tenían muchísima más capacidad que cualquier fábrica uruguaya, lo cual hacía peligrar la viabilidad de la industria nacional.

Pero otros vieron en el Mercosur una oportunidad, pensando en acuerdos de complementación, y también, en especializar al país en prestación de servicios. De hecho, Uruguay ya venía funcionando como una interesante plaza financiera regional, ayudado por el secreto bancario y la tradición de intervenir bancos en problemas; entonces, muchos proyectaron una imagen a futuro de país "chico pero eficiente", dedicado a la banca y al turismo.

La Cumbre de Presidentes en Madrid, en julio de 1992, marca un mojón en la actuación del presidente uruguayo en esos eventos. Se conmemoraban los 500 años del descubrimiento de América. Aprovecharía, además, para presentarse, ante sus socios de la comunidad europea, como el portavoz natural de los intereses de sus ex colonias. Cien años antes, un uruguayo, don Juan Zorrilla de San Martín había sido, en aquellas efemérides, la voz que representó a Iberoamérica.

Ver más arriba: Deuda externa.

Desde fines de 1991, se encontraba secretamente en Uruguay del chileno Eugenio Berríos, ex agente de la DINA involucrado en el caso de Orlando Letelier. En 1993 quedó en evidencia que había un operativo conjunto de la inteligencia militar chilena y uruguaya. Esto ocasionó un incidente policial, político y diplomático. Lacalle se encontraba en Londres y debió retornar de urgencia para enfrentar este escándalo, que motivó que fueran convocados a declarar al Parlamento los ministros de Defensa, Mariano Brito (quien poco después caería como consecuencia de este incidente), de Relaciones Exteriores, Sergio Abreu y del Interior, Juan Andrés Ramírez (quien tuvo que destituir al jefe de policía de Canelones).

Cuando la campaña electoral subía de tono, estalló el más grave enfrentamiento entre la policía y manifestantes callejeros que se haya registrado en el Uruguay desde los tiempos de la guerrilla urbana. Habiendo sido detenidos tres supuestos guerrilleros de la ETA, que el gobierno pretendía extraditar, la izquierda se solidarizó con ellos y convocó a una manifestación frente al hospital. La acción de la policía, que seguía órdenes del ministro del Interior Ángel María Gianola, no tuvo vacilaciones. Hubo un muerto y varios heridos. Este episodio, además de grave, fue sumamente divisivo a nivel político y de opinión pública en general. Hay quienes lo deploran por "represivo", otros por "subversivo"; y quienes, como el ex guerrillero Jorge Zabalza, lo reivindican.

Mucho se habló y se discutió de una posible reforma constitucional que permitiese modificar el mecanismo de elección presidencial; pero las idas y venidas de posiciones de los sectores no lo hicieron posible. Finalmente, los líderes políticos acordaron una "mini-reforma": habilitar el voto cruzado (es decir, poder votar un candidato a la Presidencia de un partido y un candidato a la Intendencia de otro partido); sin embargo, esta mini-reforma fue sometida a plebiscito, que resultó ampliamente desfavorable.

En Uruguay no existe la reelección presidencial inmediata, por lo cual Lacalle no podía volver a ser candidato en las elecciones presidenciales de 1994, por lo tanto se imponía elegir un candidato por el Herrerismo, sector de gobierno. El proceso fue trabajoso, no exento de polémica, y divisivo. Ya desde el inicio del periodo gubernamental empezaron a sonar posibles candidatos: Héctor Martín Sturla, Juan Carlos Raffo, Juan Andrés Ramírez, hasta Gonzalo Aguirre eran mencionados. La muerte prematura de Sturla dejó este proceso en suspenso. También se mencionó después a Carlos Cat y a Ignacio de Posadas.

Mientras tanto, el veterano senador Walter Santoro venía apoyando sistemáticamente a Alberto Volonté, a la sazón presidente de UTE. Y esta precandidatura fue reuniendo cada vez más apoyo. Sus adherentes, en tanto, esperaban con recelo el momento de la designación del "delfín" presidencial, lo que llamaban el "dedazo" de Lacalle.

Otra controversia se planteó a raíz de las aspiraciones presidenciales del vicepresidente Gonzalo Aguirre. Su movimiento Renovación y Victoria había cosechado una promisoria votación en 1989 que superó a los votos del otrora poderoso movimiento Por la Patria, lo cual le había dado pie a Aguirre para pensar que él podía encabezar una gran columna electoral nacionalista; esto lo hizo proclamarse candidato. Pero pronto, las encuestas le mostraron lo escasas de sus chances de resultar electo.

Finalmente, Ramírez fue el candidato del Herrerismo, acompañado por Juan Chiruchi en la fórmula, y apoyado por Aguirre con una lista propia al Senado. En consecuencia, Volonté se escindió, formando Manos a la Obra. Fue acompañado por el ex ministro Álvaro Ramos, que anteriormente se había separado del gobierno por serias discrepancias con Lacalle. En tanto Juan Carlos Raffo, que nunca había perdido sus esperanzas de ser candidato, quedó relegado a un tercer plano; se postuló a diputado, apoyando a Volonté.

De todos modos, estas dos candidaturas presidenciales, Ramírez y Volonté, dinamizaron a un partido que estaba alicaído en intenciones de voto; de hecho, la diferencia en el resultado de votación respecto del partido ganador, los colorados, fue de apenas 20.000 votos.

Resultado de las elecciones de 1989 para la presidencia de la República.

Resultado de la primera vuelta de las elecciones de 1999 para la presidencia de la República.

Al igual que varios antecesores en el sillón presidencial, Lacalle siguió participando en política a alto nivel; desde 1995 en adelante, cada vez que ha sido entrevistado, sin excepción, sus declaraciones han provocado hechos políticos.

Durante 1995, que algunos han llamado el "annus terribilis del Partido Nacional", hubo innumerables denuncias de corrupción contra jerarcas de su gobierno, e incluso contra su persona.

Las denuncias de presuntas irregularidades en la privatización del Banco Pan de Azúcar, que empezaron a surgir en 1995, dieron lugar a una investigación judicial y ésta, a su vez, al procesamiento de dos ex altos cargos del Gobierno de Lacalle, el ex asesor presidencial Daniel Cambón y el ex-ministro y ex-presidente del BCU Enrique Braga. Dentro de dicha investigación judicial, la ex-secretaria del Doctor Luis Alberto Lacalle, Martha De Fuentes, fue considerada figura clave dentro de la investigación por corrupción, De Fuentes declaró que se le hurtaron datos importantes de su residencia, cruciales para la investigación.

Ante toda esta ola de denuncias, Lacalle recurrió a una figura extraída de la vieja carrera política de su abuelo, Luis Alberto de Herrera: alegó que estaban emprendiendo una "embestida baguala" en su contra.

La reunión de "los nueve" fue una reunión acaecida en Buenos Aires, Argentina, Barrio de la Recoleta a fines de 1999, el todavía presidente Carlos Menem se reunió a cenar con su ya electo reemplazante Fernando de la Rúa, con el también electo presidente uruguayo Jorge Battle, con el ex-presidente norteamericano George Bush (padre) y el ex-presidente uruguayo Luis Alberto Lacalle, el lugar del encuentro fue la residencia de uno de los hermanos Röhm: el temario de la comida incluyó el combate al lavado de dinero y el anfitrión fue José Röhm, hoy prófugo de la Justicia argentina, ubicado en Nueva York y buscado justamente por enjuagues financieros. Este nivel de contactos es explicado por la amistad de los hermanos con personas como Henry Kissinger, algunos Rockefellers, José Alfredo Martínez de Hoz y David Mulford. Cuando a Lacalle en una entrevista hecha el 4 de Abril del 2005 por el Periodista Daniel Figares al Doctor Lacalle, el doctor Lacalle le contesta sobre dicha reunión que se hablo sobre "la legalización o no de la droga", aunque el ex-presidente Menem que se encontraba en dicha reunión había expresado luego en el diario "El Clarín", que en la reunión se hablo de lavado de dinero.

En 1999, tras vencer en las elecciones internas del Partido Nacional a Juan Andrés Ramírez, repitió su candidatura a la presidencia, pero resultó derrotado por Jorge Batlle.

En las elecciones internas de 2004 resultó derrotado por Jorge Larrañaga, quien se presentó así como candidato único del partido. Pensó postularse al Senado, pero por la acción de otros connotados dirigentes Lacalle permaneció en las sombras, limitándose a asumir un sillón en el Directorio del Partido.

A la larga, esta estrategia probaría sus frutos: en 2008, Lacalle volvió a ser un "presidenciable" con figuración notoria en las encuestas.

En la actualidad Lacalle es líder de Unidad Nacional y Presidente del Instituto Manuel Oribe.

El 12 de abril de 2008 un congreso extraordinario del Herrerismo lo eligió como precandidato para las elecciones internas de 2009. También se ha promovido una moción para habilitar acuerdos con otros grupos políticos para conformar un nuevo espacio más amplio que incluya personas provenientes de distintos sectores y partidos. Ha recibido el apoyo de Francisco Gallinal; en julio lanzaron conjuntamente el movimiento Unidad Nacional.

Al principio



Imperio español

Situación del Imperio Español en 1824. En azul los territorios independizados en la Guerra de Independencia Hispanoamericana (1809-1824)

Se denomina Imperio español al conjunto de territorios de España o de las dinastías reinantes en España. Alcanzó los 20 millones de kilómetros cuadrados a finales del siglo XVIII. Durante los siglos XVI y XVII creó una estructura propia no llamandose imperio colonial hasta el año 1768, siendo en el siglo XIX cuando adquiere estructura puramente colonial.

No existe una postura unánime entre los historiadores sobre los territorios concretos de España porque, en ocasiones, resulta difícil delimitar si determinado lugar era parte de España o formaba parte de las posesiones del rey de España, o si el territorio era una posesión efectiva o jurídica, en épocas que abarcan siglos, incorporados de forma distinta, heredados o conquistados, y en las que no estaban igualmente definidas la diferencia entre las posesiones del rey y las de la nación, como tampoco lo estaba la hacienda o la herencia ni el derecho internacional. Así, tradicionalmente se considera a los Países Bajos como parte del mismo (tesis mayoritaria en España y los Países Bajos entre otros); pero existen autores como Henry Kamen que proclaman que esos territorios nunca se integraron en el Imperio Español, sino en las posesiones personales de los Austrias.

El Imperio Español fue el primer imperio global, porque por primera vez un imperio abarcaba posesiones en todos los continentes, las cuales, a diferencia de lo que ocurría en el Imperio Romano o en el Carolingio, no se comunicaban por tierra las unas con las otras.

Durante los siglos XVI y XVII, España llegó a ser la primera potencia mundial, en competencia directa primeramente con Portugal y, posteriormente, con Francia, Inglaterra y el Imperio Otomano. Castilla, junto con Portugal estaba en la vanguardia de la exploración europea y de la apertura de rutas de comercio a través de los océanos (en el Atlántico entre España y las Indias, y en el Pacífico entre Asia Oriental y México, vía Filipinas).

Los conquistadores españoles descubrieron y dominaron vastos territorios pertenecientes a diferentes culturas en América y otros territorios de Asia, África y Oceanía. España, especialmente el reino de Castilla, se expandió, colonizando esos territorios y construyendo con ello el mayor imperio económico del mundo de entonces. Entre la incorporación del Imperio Portugués en 1580 (perdido en 1640) y la pérdida de las colonias americanas en el siglo XIX, fue uno de los imperios más grandes por territorio, a pesar de haber sufrido bancarrotas y derrotas militares a partir de la segunda mitad del siglo XVII.

La política matrimonial de los reyes permitió su unión con la Corona de Aragón primero, y con Borgoña y, temporalmente, Austria después. Con esta política fueron adquiridos numerosos territorios en Europa, donde se convirtió en una de las principales potencias.

España dominaba los océanos gracias a su experimentada Armada, sus soldados eran los mejor entrenados y su infantería la más temida. El Imperio Español tuvo su Edad de Oro entre el siglo XVI y la primera mitad del siglo XVII, tanto militar como culturalmente.

Este vasto y disperso imperio estuvo en constante disputa con potencias rivales por causas territoriales, comerciales o religiosas. En el Mediterráneo con el Imperio Otomano; en Europa, con Francia, que le disputaba la primacía; en América, inicialmente con Portugal y mucho más tarde con Inglaterra, y una vez que los holandeses lograron su independencia, también contra estos en otros mares.

Las luchas constantes con potencias emergentes de Europa, a menudo simultáneamente, durante largos períodos y basadas tanto en diferencias políticas como religiosas, con la pérdida paulatina de territorios, difícilmente defendibles por su dispersión, contribuyeron al lento declive del poder español. Entre 1648 y 1659, las paces de Westfalia y los Pirineos ratificaron el principio del ocaso de España como potencia hegemónica. Este declive culminó, en lo que respecta al dominio sobre territorios europeos, con la Paz de Utrecht (1713), firmada por un monarca que procedía de una de las potencias rivales, Felipe V: España renunciaba a sus territorios en Italia y en los Países Bajos, perdía la hegemonía en Europa, renunciaba a seguir dominando en la política europea.

Sin embargo, España mantuvo y de hecho amplió su extenso imperio de ultramar, acosado por el expansionismo británico, francés y holandés, manteniéndose como una potencia económica más importante, hasta que sucesivas revoluciones le desposeyeron de sus territorios en el continente americano a principios del siglo XIX.

No obstante, España conservó algunas fracciones de su imperio en América, principalmente Cuba y Puerto Rico, como también Filipinas y algunas islas en Oceanía como Guam, Palaos o las Carolinas y las Marianas. La Guerra Hispano-Estadounidense de 1898 supuso la pérdida de casi todos estos últimos territorios. Las únicas posesiones que se salvaron fueron las pequeñas islas de Oceanía (excepto Guam), que fueron finalmente vendidas a Alemania en 1899.

El impacto moral de esta derrota fue duro, y se buscó compensarlo creando, con poco éxito, un segundo imperio colonial en África, centrado en Marruecos, el Sáhara Occidental y Guinea Ecuatorial, que perduró hasta la descolonización de las décadas de 1960-1970 al abandonar la última colonia, el Sáhara, en 1975.

El matrimonio de los Reyes Católicos (Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón) unió las dos Coronas cuando, tras ganar a Juana «la Beltraneja» en la Guerra Civil Castellana, Isabel ascendió al trono. Sin embargo, cada reino mantuvo su propia administración bajo la misma monarquía. La formación de un estado unificado solo se materializó tras siglos de unión bajo los mismos gobernantes. Como Henry Kamen comentaría después, España fue creada por el Imperio, y no el Imperio por España. Los nuevos reyes introdujeron el estado moderno absolutista en sus dominios, que pronto buscaron ampliar.

Castilla había intervenido en el Atlántico, en lo que fue el comienzo de su imperio extrapeninsular, compitiendo con Portugal por el control del mismo desde finales del siglo XIV, momento en el cual fueron enviadas varias expediciones andaluzas y vizcaínas a las Islas Canarias. La conquista efectiva de dicho Archipiélago había comenzado durante el reinado de Enrique III de Castilla cuando en 1402 Jean de Béthencourt solicitó permiso para tal empresa al rey castellano a cambio de vasallaje. Mientras, a lo largo del siglo XV exploradores portugueses como Gonçalo Velho Cabral colonizarían las Azores, Cabo Verde y Madeira. El Tratado de Alcáçovas de 1479, que supuso la paz en la Guerra de Sucesión Castellana, separó las zonas de influencia de cada país en África y el Atlántico, concediendo a Castilla la soberanía sobre las Islas Canarias y a Portugal las islas que ya poseía, la Guinea y en general todo lo que es hallado e se hallare, conquistase o descubriere en los dichos términos. La conquista del Reino de Fez quedaba también exclusivamente para el reino de Portugal. El tratado fue confirmado por el Papa en 1481, mediante la bula Aeterni regis. Mientras tanto los Reyes Católicos iniciaban la última fase de la Conquista de Canarias asumiendo por su cuenta dicha empresa, ante la imposibilidad por parte de los señores feudales de someter a todos los indígenas insulares: en una serie de largas y duras campañas, los ejércitos castellanos se apoderaron de Gran Canaria (1478-1483), La Palma (1492-1493) y finalmente de Tenerife (1494-1496).

Como continuación a la Reconquista castellana, los Reyes Católicos conquistaron en 1492 el reino taifa de Granada, último reino musulmán de Al-Ándalus, que había sobrevivido por el pago de tributos en oro a Castilla, y su política de alianzas con Aragón y el norte de África.

La política expansionista de los Reyes Católicos también se manifestó en el África continental: Con el objetivo de acabar con la piratería que amenazaba las costas andaluzas y las comunicaciones mercantes catalanas y valencianas, se realizaron campañas en el norte de África: Melilla fue tomada en 1497, Villa Cisneros en 1502, Mazalquivir en 1505, el Peñón de Vélez de la Gomera en 1508, Orán en 1509, Argel y Bugía en 1510 y Trípoli en 1511. La idea de Isabel I, manifiesta en su testamento, era que la reconquista habría de seguir por el norte de África, en lo que los romanos llamaron Nova Hispania.

Los Reyes Católicos también heredaron la política mediterránea de la Corona de Aragón, y apoyaron a la Casa de Nápoles aragonesa contra Carlos VIII de Francia y, tras su extinción, reclamaron la reintegración de Nápoles a la Corona. Como gobernante de Aragón, Fernando II se había involucrado en la disputa con Francia y Venecia por el control de la Península Itálica. Estos conflictos se convirtieron en el eje central de su política exterior. En estas batallas, Gonzalo Fernández de Córdoba (conocido como «El Gran Capitán») crearía las coronelías (base de los futuros tercios), como organización básica del ejército, lo que significó una revolución militar que llevaría a los españoles a sus mejores momentos.

Después de la muerte de la Reina Isabel, Fernando, como único monarca, adoptó una política más agresiva que la que tuvo como marido de Isabel, utilizando las riquezas castellanas para expandir la zona de influencia aragonesa en Italia, contra Francia, y fundamentalmente contra el reino de Navarra al que conquistó en 1512.

El trono castellano lo asumió su hija Juana I «la Loca», declarada incapaz de reinar, manteniendo su padre la regencia (aunque en todos los documentos oficiales aparecían Doña Juana y Don Fernando como reyes, era Fernando quien detentaba el poder).

El primer gran reto del rey Fernando fue en la guerra de la Liga de Cambrai contra Venecia, donde los soldados españoles se distinguieron junto a sus aliados franceses en la Batalla de Agnadello (1509). Sólo un año más tarde, Fernando se convertía en parte de la Liga Católica contra Francia, viendo una oportunidad de tomar Milán —plaza por la cual mantenía una disputa dinástica— y el Navarra. Esta guerra no fue un éxito como la anterior contra Venecia y, en 1516, Francia aceptó una tregua que dejaba Milán bajo su control y de hecho, cedía al monarca hispánico el Reino de Navarra (que Fernando unió a la corona de Castilla), ya que al retirar su apoyo dejaba aislados a los reyes navarros Juan III de Albret y Catalina de Foix. Este hecho fue temporal pues posteriormente volvería a apoyar la lucha de los navarros en 1521.

Con el objetivo de aislar a Francia, se adoptó una política matrimonial que llevó al casamiento de las hijas de los Reyes Católicos con las dinastías reinantes en Inglaterra, Borgoña y Austria. Tras la muerte de Fernando, la inhabilitación de Juana I, hizo que Carlos de Austria, heredero de Austria y Borgoña, fuera también heredero de los tronos españoles.

Carlos tenía un concepto político todavía medieval, y lo desarrolló empleando las riquezas de sus reinos peninsulares en la política europea del Imperio, en vez de seguir la que, con mayor amplitud de miras, había marcado su abuela Isabel en su testamento: continuar la Reconquista en el norte de África. Aunque algunos consejeros españoles lograron que hiciera algunas campañas hacia ese objetivo (Orán, Túnez, Argelia) no consideró ese fin tan importante como las inacabables disputas religioso-políticas de su herencia centroeuropea y, como además, gran parte del ímpetu conquistador de los castellanos se dirigió hacia las tierras nuevamente descubiertas de las Indias Occidentales, no colaboró decididamente en el engrandecimiento de sus reinos peninsulares, salvo en lo que se refiere a las campañas italianas. Ese abandono de la política de conquista del norte de África daría quebraderos de cabeza a la Europa mediterránea hasta el siglo XIX.

Sin embargo, la expansión atlántica sería la que daría los mayores éxitos. Para alcanzar las riquezas de Oriente, cuyas rutas comerciales (especialmente de las espacias de las islas del Pacífico) bloqueaban los Otomanos o monopolizaban los italianos, portugueses y españoles compitieron por hallar una nueva ruta que no fuera la tradicional, por tierra, a través de Oriente Próximo. Los portugueses, que habían terminado mucho antes que los españoles su Reconquista, empezaron entonces sus expediciones con el objetivo primero de acceder a las riquezas africanas y luego circunnavegar África, lo que les daría el control de islas y costas del continente, para abrir una nueva ruta a las Indias Orientales, sin depender del comercio a través del Imperio Otomano, monopolizado por Génova y Venecia, poniendo el germen del Imperio Portugués. Más tarde, cuando Castilla terminó su reconquista, los Reyes Católicos, apoyaron a Cristóbal Colón quien, al parecer convencido de que la circunferencia de la Tierra era menor que la real, quiso alcanzar Cipango (Japón), China, las Indias, el Oriente navegando hacia el Oeste, con el mismo fin que los portugueses: independizarse de las ciudades italianas para conseguir las mercancías de Oriente: principalmente, especias y seda (más fina que la producida en el reino de Murcia desde la dominación árabe). Lo más probable es Colón nunca hubiese llegado a su meta, pero a medio camino estaba el continente americano y, sin saberlo, «descubrió» América, iniciando la colonización española del continente.

Las nuevas tierras encontradas fueron reclamadas por los Reyes Católicos, con la oposición de Portugal. Finalmente el Papa Alejandro VI medió, llegándose al Tratado de Tordesillas, que dividía las zonas de influencia española y portuguesa a 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde (el meridiano situado a 46º 37’) longitud oeste, siendo la zona occidental la correspondiente a España y la oriental a Portugal. Así, España se convertía teóricamente en dueña de la mayor parte del continente con la excepción de una pequeña parte, la oriental —lo que hoy día es el extremo de Brasil—, que correspondía a Portugal. En adelante, esta cesión papal, junto a la responsabilidad evangelizadora sobre los territorios descubiertos, fue usada por los Reyes Católicos como legitimación en su expansión colonial.

La colonización de América continuó mientras tanto. Además de la toma de La Española, que se culminó a principios del siglo XVI, los colonos empezaron a buscar nuevos asentamientos. La convicción de que había grandes territorios por colonizar en las nuevas tierras descubiertas produjo el afán por buscar nuevas conquistas. Desde allí, Juan Ponce de León conquistó Puerto Rico y Diego Velázquez, Cuba. Alonso de Ojeda recorrió la costa venezolana y centroamericana. Diego de Nicuesa ocupó lo que hoy día es Nicaragua y Costa Rica, mientras Vasco Núñez de Balboa colonizaba Panamá y llegaba al Mar del Sur (Océano Pacífico).

Años después, bajo Felipe II, este «Imperio Castellano» se convirtió en una nueva fuente de riqueza para los reinos españoles y de su poder en Europa, pero también contribuyó a elevar la inflación, lo que perjudicó a la industria peninsular. Como siempre ocurre la economía más poderosa, la española, comenzó a depender de las materias primas y manufacturas de países más pobres, con mano de obra más barata, lo cual facilitó la revolución económica y social en Francia, Inglaterra y otras partes de Europa. Los problemas causados por el exceso de metales preciosos fueron discutidos por la Escuela de Salamanca, lo que creó un nuevo modo de entender la economía que los demás países europeos tardaron mucho en comprender.

Por otro lado, los enormes e infructuosos gastos de las guerras a las que arrastró la política europea de Carlos I heredados por su sucesor Felipe II, llevaron a que se financiasen con préstamos de banqueros, tanto españoles como de Génova, Amberes y Sur de Alemania, lo que hizo que los beneficios que pudo tener la Corona (el Estado, al cabo) fuera mucho menores que los que obtuvieron más tarde otros países con intereses coloniales, como Holanda y posteriormente Inglaterra.

El periodo comprendido entre la segunda mitad del siglo XVI y la primera del XVII es conocido como el Siglo de Oro por el florecimiento de las artes y las ciencias que se produjo.

Durante el siglo XVI España llegó a tener una auténtica fortuna de oro y plata extraídos de «Las Indias». En el estudio económico realizado por Earl J. Hamilton, «El tesoro americano y la Revolución de los precios en España, 1501-1659», esa fortuna tiene unas cifras concretas. Hamilton describe que en los siglos XVI y XVII, desde 1503 y durante los 160 años siguientes, durantela mayor actividad minera, arribaron desde las colonias americanas 16.900 toneladas de plata y 181 toneladas de oro. Sus cuentas son minuciosas: 16.886.815.303 gramos de plata y 181.333.180 gramos de oro.

Se decía durante el reinado de Felipe II que «el Sol no se ponía en el Imperio», ya que estaba lo suficientemente disperso como para tener siempre alguna zona con luz solar. Este imperio, imposible de manejar, tenía su centro neurálgico en Madrid sede de la Corte con Felipe II, siendo Sevilla el punto fundamental desde el que se organizaban las posesiones ultramarinas.

Como consecuencia del matrimonio político de los Reyes Católicos y de los casamientos estratégicos de sus hijos, su nieto, Carlos I heredó la Corona de Castilla en la península Ibérica y un incipiente Imperio Castellano en América (herencia de su abuela Isabel); las posesiones de la Corona de Aragón en el Mediterráneo italiano e ibérico (de su abuelo Fernando); las tierras de los Habsburgo en Austria a las que él incorporó Bohemia y Silesia logrando convertirse tras una disputada elección con Francisco I de Francia en emperador del Sacro Imperio Romano Germánico con el nombre de Carlos V de Alemania; además de los Países Bajos a los que añadió nuevas provincias y el Franco Condado, herencia de su abuela María de Borgoña; conquistó personalmente Túnez y en pugna con Francia la región de Lombardía. Era un imperio compuesto de un conglomerado de territorios heredados, anexionados o conquistados.

Ante la posibilidad de que Carlos I decidiera apoyar la mayor parte de las cargas de su imperio en el más rico de sus reinos, el de Castilla, lo cual no gustaba a los castellanos que no deseaban contribuir con oro, plata o caballos a guerras europeas que sentían ajenas, y enfrentados a un creciente absolutismo por parte del rey comenzó una sublevación que aún se celebra cada año llamada de los Comuneros, en la cual los rebeldes fueron derrotados. Carlos I de España y luego V de Alemania se convertía en el hombre más poderoso de Europa, con un imperio europeo que sólo sería comparable en tamaño al de Napoleón. El Emperador intentó sofocar la Reforma Protestante en la Dieta de Worms, pero Lutero renunció a retractarse de su herejía. Firme defensor de la Catolicidad, durante su reinado se produjo sin embargo lo que se llamó el Saco de Roma, cuando sus tropas fuera de control atacaron la Santa Sede después de que el Papa Clemente VII se uniera a la Liga de Cognac contra él.

Pese a que Carlos I era flamenco y su lengua materna era el francés vivió un proceso de españolización o, más concretamente, de castellanización. Así, cuando se entrevistó con el Papa, le habló en español y más tarde, cuando recibió al embajador de Francia, el diplomático se sorprendió de que no usara su lengua materna, a lo que el emperador contestó: «No importa que no me entendáis. Que yo estoy hablando en mi lengua española, que es tan bella y noble que debería ser conocida por toda la cristiandad». Esta frase ha calado bastante en los españoles y, siglos después, aún se utiliza el dicho «Que hable en cristiano» cuando un español quiere que se le traduzca lo dicho.

En América, tras Colón, la colonización del Nuevo Mundo había pasado a ser encabezada por una serie de guerreros-exploradores conocidos como los Conquistadores. Algunas tribus nativas estaban a veces en guerra unas con otras y muchas de ellas se mostraron dispuestas a formar alianzas con los españoles para derrotar a enemigos más poderosos como los Aztecas o los Incas. Este hecho fue facilitado por la propagación de enfermedades comunes en Europa (p.e.: viruela), pero desconocidas en el Nuevo Mundo, que diezmó a los pueblos originarios de América.

Los principales conquistadores fueron Hernán Cortés, quien entre 1519 y 1521, con alrededor de 200.000 aliados amerindios, derrotó al Imperio Azteca, en momentos que este era arrasado por la viruela y entró en México, que sería la base del virreinato de Nueva España. Y Francisco Pizarro quien conquistó al Imperio Inca en 1531 cuando estaba gravemente desorganizado por efecto de la guerra civil y de la epidemia de viruela de 1529. Esta conquista se convertiría en el Virreinato del Perú.

Tras la conquista de México, las leyendas sobre ciudades «doradas» (Cibola en Norteamérica, El Dorado en Sudamérica) originaron numerosas expediciones, pero muchas de ellas regresaron sin encontrar nada, y las que encontraron algo dieron con mucho menos valor de lo esperado. De todos modos, la extracción de oro y plata fue una importante actividad económica del Imperio Español en América, estimándose en 850.000 kilogramos de oro y más de cien veces esa cantidad en plata durante el período colonial. No fue menos importante el comercio de otras mercaderías como la cochinilla, la vainilla, el cacao, el azúcar (la caña de azúcar fue llevada a América donde se producía mejor que en el sur de la península, donde había sido introducida por los árabes).

La exploración de este nuevo mundo, conocido como las Indias occidentales, fue intensa, realizándose hazañas tales como la primera circunnavegación del globo en 1522 por Juan Sebastián Elcano (que sustituyó a Fernando de Magallanes, promotor de la expedición y que murió en el camino).

En Europa, sintiéndose rodeado por las posesiones de los Habsburgo Francisco I de Francia invadió en 1521 las posesiones españolas en Italia e inició una nueva era de hostilidades entre Francia y España, apoyando a Enrique II de Navarra para recuperar el reino arrebatado por los españoles. Un levantamiento de la población navarra junto a la entrada de 12.000 hombres al mando del general Asparrots, André de Foix, recuperaron en pocos días todo el reino con escasas víctimas. Sin embargo el ejército imperial se reconstituyó con rapidez, formando unas tropas de 30.000 hombres bien pertrechadas, entre ellas muchos de los comuneros rendidos para redimir su pena. El general Asparrots, en vez de consolidar el reino, se dirigió a sitiar Logroño, con lo que los navarro-gascones sufrieron una severa derrota en la sangrienta Batalla de Noáin, dejando el control de Navarra en manos de España.

Por otra parte, en el frente de guerra de Italia, fue un desastre para Francia, que sufrió importantes derrotas en Bicoca (1522), Pavía (1525) —en la que Francisco I y Enrique II fueron capturados— y Landriano (1529) antes de que Francisco I claudicase y dejase Milán en manos españolas una vez más.

La victoria de Carlos I en la Batalla de Pavía, 1525, sorprendió a muchos italianos y alemanes, al demostrar su empeño en conseguir el máximo poder posible. El Papa Clemente VII cambió de bando y unió sus fuerzas con Francia y los emergentes estados italianos contra el Emperador, en la Guerra de la Liga de Cognac. La Paz de Barcelona, firmada entre Carlos I y el Papa en 1529, estableció una relación más cordial entre los dos gobernantes y de hecho nombraba a España como defensora de la causa católica y reconocía a Carlos como Rey de Lombardía en recompensa por la intervención española contra la rebelde República de Florencia.

En 1528, el gran almirante Andrea Doria se alió con el Emperador para desalojar a Francia y restaurar la independencia genovesa. Esto abrió una nueva perspectiva: en este año se produce el primer préstamo de los bancos genoveses a Carlos I.

La colonización americana seguía mientras imparable. Santa Fe de Bogotá fue fundada durante la década de 1530 y Juan de Garay fundó Buenos Aires en 1536. En la década de 1540, Francisco de Orellana exploraba la selva y llegó al Amazonas. En 1541, Pedro de Valdivia, continuó las exploraciones de Diego de Almagro desde Perú, e instauró la Capitanía General de Chile. Ese mismo año, se terminó de conquistar el Imperio Muisca, que ocupaba el centro de Colombia,.

Como consecuencia de la defensa que la Escuela de Salamanca y Bartolomé de las Casas hicieron de los nativos, España se dio relativa prisa en hacer leyes para protegerlos en sus colonias americanas. Las Leyes de Burgos de 1512 fueron sustituidas por las Leyes Nuevas de Indias de 1542. Sin embargo, a menudo fue muy difícil llevar estas leyes a la práctica, una pauta que siguieron otras naciones europeas.

En 1543, Francisco I de Francia anunció una alianza sin precedentes con el sultán otomano Solimán el Magnífico, para ocupar la ciudad de Niza, bajo control español. Enrique VIII de Inglaterra, que guardaba más rencor contra Francia que contra el Emperador, a pesar de la oposición de éste al divorcio de Enrique con su tía, se unió a este último en su invasión de Francia. Aunque las tropas imperiales sufrieron alguna derrota como la de Cerisoles, el Emperador consiguió que Francia aceptara sus condiciones. Los austriacos, liderados por el hermano pequeño del Emperador Carlos, continuaron luchando contra el Imperio Otomano por el Este. Mientras, Carlos I se preocupó de solucionar un viejo problema: la Liga de Esmalcalda.

La Liga tenía como aliados a los franceses, y los esfuerzos por socavar su influencia en Alemania fueron rechazados. La derrota francesa en 1544 rompió su alianza con los protestantes y Carlos I se aprovechó de esta oportunidad. Primero intentó el camino de la negociación en el Concilio de Trento en 1545, pero los líderes protestantes, sintiéndose traicionados por la postura de los católicos en el Concilio, fueron a la guerra encabezados por Mauricio de Sajonia. En respuesta, Carlos I invadió Alemania a la cabeza de un ejército hispano-holandés. Confiaba en restaurar la autoridad imperial. El emperador en persona infligió una decisiva derrota a los protestantes en la histórica Batalla de Mühlberg en 1547. En 1555 firmó la Paz de Augsburgo con los estados protestantes, lo que restauró la estabilidad en Alemania bajo el principio de Cuius regio, eius religio («Quien tiene la región impone la religión»), una posición impopular entre el clero italiano y español. El compromiso de Carlos en Alemania otorgó a España el papel de protector de la causa católica de los Habsburgo en el Sacro Imperio Romano.

Mientras, el Mediterráneo se convirtió en campo de batalla contra los turcos, que alentaban a piratas como Barbarroja. Carlos I prefirió eliminar a los otomanos a través de la estrategia marítima, mediante ataques a sus asentamientos en los territorios venecianos del este del Mediterráneo. Sólo como respuesta a los ataques en la costa de Levante española se involucró personalmente el Emperador en ofensivas en el continente africano con expediciones sobre Túnez, Bona (1535) y Argel (1541).

El Emperador Carlos repartió sus posesiones entre su único hijo legítimo, Felipe II, y su hermano Fernando (al que dejó el Imperio de los Habsburgo). Para Felipe II, Castilla fue la base de su imperio, pero la población de Castilla nunca fue lo suficientemente grande para proporcionar los soldados necesarios para sostener el Imperio. Tras el matrimonio del Rey con María Tudor, Inglaterra y España fueron aliados.

España no consiguió tener paz al llegar al trono el agresivo Enrique II de Francia en 1547, que inmediatamente reanudó los conflictos con España. Felipe II prosiguió la guerra contra Francia, aplastando al ejército francés en la Batalla de San Quintín, en Picardía, en 1558 y derrotando a Enrique de nuevo en la Batalla de Gravelinas. La Paz de Cateau-Cambrésis, firmada en 1559, reconoció definitivamente las reclamaciones españolas en Italia. En las celebraciones que siguieron al Tratado, Enrique II murió a causa de una herida producida por un trozo de madera de una lanza. Francia fue golpeada durante los siguientes años por una guerra civil que ahondó en las diferencias entre católicos y protestantes dando a España ocasión de intervenir en favor de los católicos y que le impidió competir con España y la Casa de Habsburgo en los juegos de poder europeos. Liberados de la oposición francesa, España vio el apogeo de su poder y de su extensión territorial en el periodo entre 1559 y 1643.

La bancarrota de 1557 supuso la inauguración del consorcio de los bancos genoveses, lo que llevó al caos a los banqueros alemanes y acabó con la preponderancia de los Fúcares como financieros del Estado español. Los banqueros genoveses suministraron a los Habsburgo crédito fluido e ingresos regulares.

Mientras tanto la expansión ultramarina continuaba: Florida fue colonizada en 1565 por Pedro Menéndez de Avilés al fundar San Agustín, y al derrotar rápidamente un intento ilegal del capitán francés Jean Ribault y 150 hombres de establecer un puesto de aprovisionamiento en el territorio español. San Agustín se convirtió rápidamente en una base estratégica de defensa para los barcos españoles llenos de oro y plata que regresaban desde los dominios de las Indias.

En Asia, el 27 de abril de 1565, se estableció el primer asentamiento en Filipinas por parte de Miguel López de Legazpi y se puso en marcha la ruta de los Galeones de Manila (Nao de la China). Manila se fundó en 1572.

Después del triunfo de España sobre Francia y el comienzo de las guerras de religión francesas, la ambición de Felipe II aumentó. En el Mediterráneo el Imperio Otomano había puesto en entredicho la hegemonía española, perdiéndose Trípoli (1531) y Bugía (1554) mientras la piratería berberisca y otomana se recrudecía. En 1565, sin embargo, el auxilio español a los sitiados Caballeros de San Juan salvó Malta, infligiendo una severa derrota a los turcos.

La muerte de Solimán el Magnífico y su sucesión por parte del menos capacitado Selim II, envalentonó a Felipe II y éste declaró la guerra al mismo Sultán. En 1571, la Santa Liga, formada por Felipe II, Venecia y el Papa Pío V, se enfrentó al Imperio Otomano, con una flota conjunta mandada por Don Juan de Austria, hijo ilegítimo de Carlos I, que aniquiló la flota turca en la decisiva Batalla de Lepanto.

La derrota acabó con la amenaza turca en el Mediterráneo e inició un periodo de decadencia para el Imperio Otomano. Esta batalla aumentó el respeto hacia España y su soberanía fuera de sus fronteras y el Rey asumió la carga de dirigir la Contrarreforma.

El tiempo de alegría en Madrid duró poco. En 1566, los calvinistas habían iniciado una serie de revueltas en los Países Bajos que provocaron que el rey enviase al Duque de Alba a la zona. En 1568, Guillermo I de Orange-Nassau encabezó un intento fallido de echar al Duque de Alba del país. Estas batallas se consideran como el inicio de la Guerra de los Ochenta Años, que concluyó con la independencia de las Provincias Unidas. Felipe II, que había recibido de su padre la herencia de los territorios de la Casa de Borgoña (Países Bajos y Franco Condado), para que la poderosa Castilla defendiese de Francia el Imperio, se vio obligado a restaurar el orden y mantener su dominio sobre estos territorios. En 1572, un grupo de navíos holandeses rebeldes conocidos como los watergeuzen, tomaron varias ciudades costeras, proclamaron su apoyo a Guillermo I y rechazaron el gobierno español.

Para España la guerra se convirtió en un asunto sin fin. En 1574, los Tercios de Flandes, bajo el mando de Luis de Requesens, fueron vencidos en el Asedio de Leiden después de que los holandeses rompieran los diques, causando inundaciones masivas.

En 1576, abrumado por los costes del mantenimiento de un ejército de 80.000 hombres en los Países Bajos y de la inmensa flota que venció en Lepanto, unidos a la creciente amenaza de la piratería en el Atlántico y especialmente a los naufragios que reducían las llegadas de dinero de las colonias americanas, Felipe II se vio obligado a declarar una suspensión de pagos (que fue interpretada como bancarrota).

El ejército se amotinó no mucho después, apoderándose de Amberes y saqueando el sur de los Países Bajos, haciendo que varias ciudades, que hasta entonces se habían mantenido leales, se unieran a la rebelión. Los españoles eligieron la vía de la negociación y consiguieron pacificar la mayor parte de las provincias del sur con la Unión de Arras en 1579.

Este acuerdo requería que todas las tropas españolas abandonasen aquellas tierras, lo que fortaleció la posición de Felipe II cuando en 1580 murió sin descendientes directos el último miembro de la familia real de Portugal, el cardenal Enrique I de Portugal. El Rey de España, hijo de Isabel de Portugal y por tanto nieto del rey Manuel I hizo valer su reclamación al trono portugués, y en junio envió al Duque de Alba y su ejército a Lisboa para asegurarse la sucesión. El otro pretendiente, Don Antonio, se replegó a las Azores, donde la armada de Felipe terminó de derrotarle.

La unificación temporal de la Península Ibérica puso en manos de Felipe II el imperio portugués, es decir, la mayor parte de los territorios explorados del Nuevo Mundo además de las colonias comerciales en Asia y África. En 1582, cuando el Rey devolvió la corte a Madrid desde Lisboa, donde estaba asentada temporalmente para pacificar su nuevo reino, se produjo la decisión de fortalecer el poderío naval español.

España estaba todavía renqueante de la bancarrota de 1576. En 1584, Guillermo I de Orange-Nassau fue asesinado por un católico trastornado. Se esperaba que la muerte del líder popular de la resistencia significara el fin de la guerra, pero no fue así. En 1586, la reina Isabel I de Inglaterra envió apoyo a las causas protestantes en los Países Bajos y Francia, y Sir Francis Drake lanzó ataques contra los los puertos y barcos mercantes españoles en el Caribe y el Pacífico, además de un ataque especialmente agresivo contra el puerto de Cádiz.

En 1588, confiando en acabar con los entrometimientos de Isabel I, Felipe II envió la «Armada Invencible» a atacar a Inglaterra. La resistencia de la flota inglesa, una serie de fuertes tormentas, problemas de coordinación entre los ejércitos implicados e importantes fallos logísticos en los aprovisionamientos que la flota había de hacer en los Países Bajos provocaron la derrota de la Armada española.

No obstante, la derrota del contraataque inglés contra España, dirigido por Drake y Norris en 1589, marcó un punto de inflexión en la Guerra anglo-española a favor de España. A pesar de la derrota de la Gran Armada, la flota española siguió siendo la más fuerte en los mares de Europa durante años, a pesar de que en 1639, fue derrotada por los holandeses en la batalla naval de las Dunas, cuando una visiblemente exhausta España empezaba a debilitarse.

España se involucró en las guerras de religión francesas tras la muerte de Enrique II. En 1589, Enrique III de Francia, el último del linaje de los Valois, murió a las puertas de París. Su sucesor, Enrique IV de Francia y III de Navarra, el primer Borbón rey de Francia, fue un hombre muy habilidoso, consiguiendo victorias clave contra la Liga Católica en Arques (1589) y en Ivry (1590). Comprometidos con impedir que Enrique IV tomara posesión del trono francés, los españoles dividieron su ejército en los Países Bajos e invadieron Francia en 1590. Implicada en múltiples frentes, la potencia hispana no pudo imponer su política en el país galo y finalmente se llegó a un acuerdo en la Paz de Vervins.

Se ha mostrado en varias obras literarias y especialmente en películas el agobio causado por la continua piratería contra sus barcos en el Atlántico y la consecuente disminución de los ingresos del oro de las Indias. Sin embargo, investigaciones más profundas indican que esta piratería realmente consistía en varias decenas de barcos y varios cientos de piratas, siendo los primeros de escaso tonelaje, por lo que no podían enfrentarse con los galeones españoles, teniéndose que conformar con pequeños barcos o los que pudieran apartarse de la flota. En segundo lugar está el dato según el cual, durante el siglo XVI, ningún pirata ni corsario logró hundir galeón alguno; además de unas 600 flotas fletadas por España (dos por año durante unos 300 años) sólo dos cayeron en manos enemigas y ambas por marinas de guerra no por piratas ni corsarios. Los ataques corsarios en todo caso, entre los cuales destacó Francis Drake causaron serios problemas de seguridad tanto para las flotas como para los puertos, lo que obligó al establecimiento de un sistema de convoys así como al incremento exponencial en gastos defensivos destinados al entrenamiento de milicias y a la construcción de fortificaciones. Sin embargo fueron las inclemencias meteorológicas las que bloquearon con mayor gravedad todo el comercio entre América y Europa. Más grave era la piratería mediterránea, perpetrada por berberiscos, que tenía un volumen diez o más veces superior a la atlántica y que arrasó toda la costa mediterránea así como a las Canarias, bloqueando a menudo las comunicaciones con este Archipiélago y con las posesiones en Italia.

Pese a todos los ingresos provenientes de América, España se vio forzada a declararse en bancarrota en 1596.

El sucesor de Felipe II, Felipe III, subió al trono en 1598. Era un hombre de inteligencia limitada y desinteresado por la política, prefiriendo dejar a otros tomar decisiones en vez de tomar el mando. Su valido fue el Duque de Lerma, quien nunca tuvo interés por los asuntos de su país aliado, Austria.

Los españoles intentaron librarse de los numerosos conflictos en lo que estaban involucrados, primero firmando la Paz de Vervins con Francia en 1598, reconociendo a Enrique IV (católico desde 1593) como Rey de Francia, y restableciendo muchas de las condiciones de la Paz de Cateau-Cambrésis. Con varias derrotas consecutivas y una guerra de guerrillas inacabable contra los católicos apoyados por España en Irlanda, Inglaterra aceptó negociar en 1604, tras la ascensión al trono del Estuardo Jacobo I.

La paz con Francia e Inglaterra implicó que España pudiera centrar su atención y energías para restituir su dominio en las provincias holandesas. Los holandeses, encabezados por Mauricio de Nassau, el hijo de Guillermo I, tuvieron éxito en la toma de algunas ciudades fronterizas en 1590, incluyendo la fortaleza de Breda. A esto se sumaron las victorias ultramarinas holandesas que ocuparan las colonias portuguesas (y por tanto españolas) en Oriente, tomando Ceilán (1605), así como otras islas de las especias (entre 1605 y 1619), estableciendo Batavia como centro de su imperio en Oriente.

Después de la paz con Inglaterra, Ambrosio Spinola, como nuevo general al mando de las fuerzas españolas, luchó tenazmente contra los holandeses. Spinola era un estratega de una capacidad similar a la de Mauricio, y únicamente la nueva bancarrota de 1607 evitó que conquistara los Países Bajos. Atormentados por unas finanzas ruinosas, en 1609 se firmó la Tregua de los Doce Años entre España y las Provincias Unidas. La Pax Hispanica era un hecho.

España tuvo una notable recuperación durante la tregua, ordenando su economía y esforzándose por recuperar su prestigio y estabilidad antes de participar en la última guerra en que actuaría como potencia principal. Estos avances se vieron ensombrecidos por la expulsión de los moriscos entre 1611 y 1614 que dañaron gravemente a la Corona de Aragón, privando al imperio de una importante fuente de riqueza.

En 1618 el Rey reemplazó a Spinola por Baltasar de Zúñiga, veterano embajador en Viena. Éste pensaba que la clave para frenar a una Francia que resurgía y eliminar a los holandeses era una estrecha alianza con los Habsburgo austriacos. Ese mismo año comenzando con la Defenestración de Praga, Austria y el Emperador Fernando II se embarcaron en una campaña contra Bohemia y la Unión Protestante. Zúñiga animó a Felipe III a que se uniera a los Habsburgo austriacos en la guerra, y Ambrosio Spinola fue enviado en cabeza de los Tercios de Flandes a intervenir. De esta manera, España entró en la Guerra de los Treinta Años.

En 1621 el inofensivo y poco eficaz Felipe III murió y subió al trono su hijo Felipe IV.

Al año siguiente, Zúñiga fue sustituido por Gaspar de Guzmán, más conocido por su título de Conde-Duque de Olivares, un hombre honesto y capaz, que creía que el centro de todas las desgracias de España eran las Provincias Unidas. Ese mismo año se reanudó la guerra con los Países Bajos. Los bohemios fueron derrotados en la Batalla de la Montaña Blanca en 1621, y más tarde en Stadtlohn en 1623.

Mientras, en los Países Bajos, Spinola tomó la fortaleza de Breda en 1625. La intervención de Cristián IV de Dinamarca en la guerra inquietó a muchos —Cristian IV era uno de los pocos monarcas europeos que no tenía problemas económicos—, pero las victorias del general imperial Albrecht von Wallenstein sobre los daneses en la Batalla del puente de Dessau y de nuevo en Lutter, ambas en 1626, eliminaron tal amenaza.

Había esperanza en Madrid acerca de que los Países Bajos pudiesen ser reincorporados al Imperio, y tras la derrota de los daneses, los protestantes en Alemania parecían estar acabados. Francia estaba otra vez envuelta en sus propias inestabilidades (el asedio de La Rochelle comenzó en 1627) y la superioridad de España parecía irrefutable. El Conde-Duque de Olivares afirmó «Dios es español y está de parte de la nación estos días», y muchos de los rivales de España parecían estar infelizmente de acuerdo.

Olivares era un hombre avanzado para su tiempo y se dio cuenta de que España necesitaba una reforma que a su vez necesitaba de la paz. La destrucción de las Provincias Unidas se añadió a sus necesidades, ya que detrás de cualquier ataque a los Habsburgo había dinero holandés. Spinola y el ejército español se concentraron en los Países Bajos y la guerra pareció marchar a favor de España, retomándose Breda. En ultramar se combatió también a la flota holandesa, que amenazaba las posesiones españolas. Así, la presencia holandesa en Taiwán y su amenaza sobre las Filipinas llevó a la ocupación del norte de la isla, fundándose la ciudad de Santísima Trinidad (actual Keelung) en el año 1626 y Castillo (actual Tamsui) en 1629.

1627 acarreó el derrumbamiento de la economía castellana. Los españoles habían devaluado su moneda para pagar la guerra y la inflación explotó en España como antes lo había hecho en Austria. Hasta 1631, en algunas partes de Castilla se comerció con el trueque, debido a la crisis monetaria, y el gobierno fue incapaz de recaudar impuestos del campesinado de las colonias. Los ejércitos españoles en Alemania optaron por pagarse a sí mismos. Olivares fue culpado por una vergonzosa e infructuosa guerra en Italia. Los holandeses habían convertido su flota en una prioridad durante la Tregua de los Doce Años y amenazaron el comercio marítimo español, del cual España era totalmente dependiente tras la crisis económica; en 1628 los holandeses acorralaron a la Flota de Indias provocando el Desastre de Matanzas, el cargamento de metales preciosos que era fundamental para el sostenimiento del esfuerzo bélico del Imperio fue capturado y la flota que lo transportaba totalmente destruida, con parte de las riquezas obtenidas los holandeses iniciaron una exitosa invasión de Brasil.

La Guerra de los Treinta Años también se agravó cuando, en 1630, Gustavo II Adolfo de Suecia desembarcó en Alemania para socorrer el puerto de Stralsund, último baluarte continental de los alemanes beligerantes contra el Emperador. Gustavo II Adolfo marchó hacia el sur y obtuvo notables victorias en Breitenfeld y Lützen, atrayendo numerosos apoyos para los protestantes allá donde iba.

La situación para los católicos mejoró con la muerte de Gustavo II Adolfo precisamente en Lützen en 1632 y la victoria en la Batalla de Nördlingen en 1634. Desde una posición de fuerza, el Emperador intentó pactar la paz con los estados hastiados de la guerra en 1635. Muchos aceptaron, incluidos los dos más poderosos: Brandeburgo y Sajonia. Francia se perfiló entonces como el mayor problema.

El Cardenal Richelieu había sido un gran aliado de los holandeses y los protestantes desde el comienzo de la guerra, enviando fondos y equipamiento para intentar fragmentar la fuerza de los Habsburgo en Europa. Richelieu decidió que la Paz de Praga, recientemente firmada, era contraria a los intereses de Francia y declaró la guerra al Sacro Imperio Romano Germánico y a España dentro del periodo establecido de paz. Las fuerzas españolas, más experimentadas, obtuvieron éxitos iniciales: Olivares ordenó una campaña relámpago en el norte de Francia desde los Países Bajos españoles, confiando en acabar con el propósito del rey Luis XIII y derrocar a Richelieu.

En 1636, las fuerzas españolas avanzaron hacia el sur hasta llegar a Corbie, amenazando París y quedando muy cerca de terminar la guerra a su favor. Después de 1636, Olivares tuvo miedo de provocar otra bancarrota y el ejército español no avanzó más. En la derrota naval de las Dunas en 1639, la flota española fue aniquilada por la armada holandesa, y los españoles se encontraron incapaces de abastecer a sus tropas en los Países Bajos.

En 1643 el ejército de Flandes, que constituía lo mejor de la infantería española, se enfrentó a un contraataque francés en Rocroi liderado por Luis II de Borbón, Príncipe de Condé. Aunque fuentes francesas decimonónicas y sobre todo las fuentes originales, siempre informaron de que los españoles, liderados por Francisco de Melo, no fueron ni mucho menos arrasados, la propaganda gala logró un notable éxito mitificando aquella victoria. La infantería española fue seriamente dañada pero no destruida, mil muertos y dos mil heridos de un total de 6 000 soldados de los tercios, los tercios resistieron tres ataques conjuntos de la infantería, artillería y caballería francesas sin perder la integridad. Agotados ambos bandos, se acabó negociando la rendición y el asedio fue levantado. La batalla tuvo pocas repercusiones a corto plazo, pero un impacto tremendo a nivel propagandístico.

La gran habilidad del cardenal Mazarino para manejar esa victoria logró dañar la reputación de los Tercios de Flandes, creando un mito que aún permanece; el de una victoria en la que, para saber el número de enemigos al que se enfrentaron, los franceses sólo tenían que Contar los muertos. Tradicionalmente, los historiadores señalan la Batalla de Rocroi como el fin del dominio español en Europa y el cambio del transcurso de la Guerra de los treinta años favorable a Francia.

Durante el reinado de Felipe IV y concretamente a partir de 1640 hubo múltiples secesiones y sublevaciones de los distintos territorios que se encontraban bajo su cetro. Entre ellas, la guerra de Separación de Portugal, la rebelión de Cataluña (ambos conflictos iniciados en 1640), la conspiración de Andalucía (1641) y los distintos incidentes acaecidos en Navarra, Nápoles y Sicilia a finales de la década de 1640. A estos hechos se sumaban los distintos frentes extrapeninsulares: la guerra de los Países Bajos (reanudada en 1621 tras expirar la Tregua de los Doce Años) y la guerra de los Treinta Años. A su vez, el enfrentamiento con Francia en esta última (desde 1635) quedó conectado con el problema catalán.

Portugal se había rebelado en 1640 bajo el liderazgo de Juan de Braganza, pretendiente al trono. Éste había recibido un apoyo general de pueblo portugués, y los españoles que tenían múltiples frentes abiertos fueron incapaces de responder. Españoles y portugueses mantuvieron un estado de paz de facto entre 1641 y 1657. Cuando Juan IV murió, los españoles intentaron luchar por Portugal contra su hijo Alfonso VI de Portugal, pero fueron derrotados en la batalla de Ameixial (1663) y en la batalla de Montes Claros (1665), lo que llevó a España a reconocer la independencia portuguesa en 1668.

En 1648 los españoles firmaron la paz con los holandeses y reconocieron la independencia de las Provincias Unidas en la Paz de Westfalia, que acabó al mismo tiempo con la Guerra de los Ochenta Años y la Guerra de los Treinta Años. A esto le siguió la expulsión de Taiwán y la pérdida de Tobago, Curaçao y otras islas en el mar Caribe.

La guerra con Francia continuó once años más ya que Francia quería acabar totalmente con España y no darle la oportunidad de que se "recuperara". La economía española estaba tan debilitada que el Imperio era incapaz de hacerle frente. La sublevación de Nápoles fue sofocada en 1648 y la de Cataluña en 1652 y además se obtuvo una victoria contra los franceses en la batalla de Valenciennes (1656, última de las victorias españolas), pero el fin efectivo de la guerra vino en la batalla de las Dunas (o de Dunquerque) en 1658, en la que el ejército francés bajo el mando del vizconde de Turenne y con la ayuda de un importante ejército inglés, derrotó a los restos de los Tercios de Flandes. España aceptó firmar la Paz de los Pirineos en 1659, en la que cedía a Francia el Rosellón, la Cerdaña y algunas plazas de los Países Bajos como Artois. Además se pactó el matrimonio de una infanta española con Luis XIV.

En los últimos años del reinado de Felipe IV, concluidos los grandes conflictos, Felipe IV pudo concentrarse en el frente portugués. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Meses antes de su muerte (ocurrida en Madrid, el 17 de septiembre de 1665), la derrota en la batalla de Villaviciosa (17 de junio) permitía vaticinar la pérdida de Portugal. La situación en España no era más halagüeña, y la crisis humana, material y social afectaba profundamente a las regiones del interior.

España tenía un inmenso imperio en ultramar (ahora reducido por la separación de Portugal y su imperio así como por ataques franceses e ingleses), pero Francia era ahora la primera potencia en Europa.

A la muerte de Felipe IV, su hijo Carlos II tenía sólo cuatro años, por lo que su madre Mariana de Austria gobernó como regente. Ésta acabó por entregarle las tareas de gobierno a un valido, el padre Nithard, un jesuita austriaco. El reinado de Carlos II puede dividirse en dos partes. La primera abarcaría de 1665 a 1679 y estaría caracterizada por el letargo económico y las luchas de poder entre los validos del Rey, el padre Nithard y Fernando de Valenzuela, con el hijo ilegítimo de Felipe IV, Don Juan José de Austria. Éste último dio un golpe de Estado en 1677 que obligó al monarca a expulsar a Nithard y a Valenzuela del gobierno.

La segunda parte comenzaría en 1680 con la toma de poder del Duque de Medinaceli como valido. Se propuso una nueva política económica devaluando la moneda, lo que permitió acabar con las subidas de precios y ayudó a recuperar lentamente la economía. En 1685, llegó al poder el Conde de Oropesa, que propuso un presupuesto fijo para los gastos de la Corte como medio para evitar nuevas bancarrotas.

Las últimas décadas del siglo XVII vieron una decadencia y estancamiento totales en España; mientras el resto de Europa se embarcaba en tremendos cambios en los gobiernos y las sociedades —la Revolución de 1688 en Inglaterra y el reinado del Rey Sol en Francia—, España continuaba a la deriva. La burocracia que se había constituido alrededor de Carlos I y Felipe II demandaba un monarca fuerte y trabajador; la debilidad y dejadez de Felipe III y Felipe IV contribuyeron a la decadencia española. Carlos II era retrasado e impotente, y murió sin un heredero en 1700.

Pero Felipe V no tenía intención de acaparar España para él y sus allegados como pretendió hacer Felipe el Hermoso, él quería ser un buen monarca pese a las muchas diferencias que tenía con su nuevo pueblo. Tanto es así que tras el famoso discurso que pronunció el marqués de Castelldosrius, embajador de España en Francia, Felipe no comprendió nada, ni siquiera la famosa frase «Ya no hay Pirineos»; porque no sabía español y fue su abuelo Luis XIV quien debió interceder por él; pero al finalizar su réplica al embajador, el Rey Sol le dijo al futuro rey «Sed un buen español». Aquel joven de 17 años cumplió toda su vida con aquel mandato.

El deseo de las otras potencias por España y sus posesiones no podía quedar zanjado con el testamento real. Por lo que los confrontamientos eran casi inevitables; el Archiduque Carlos de Austria no se resignó, lo que dio lugar a la Guerra de Sucesión (1702–1713).

Esta guerra y las negligencias cometidas en ella llevaron a nuevas derrotas para las armas españolas, llegando incluso al propio territorio peninsular. Así se perdió Orán, Menorca y la más dolorosa y prolongada: Gibraltar, donde había únicamente 50 españoles defendiéndolo contra la flota anglo-holandesa.

En el Tratado de Utrecht (11 de abril de 1713), las potencias europeas decidían cuál iba a ser el futuro de España en cuanto al equilibrio de poder. El nuevo rey de la casa de Borbón, Felipe V, mantuvo el imperio de ultramar, pero cedió Sicilia y parte del Milanesado a Saboya; y Gibraltar y Menorca a Inglaterra y los otros territorios continentales (los Países Bajos españoles, Nápoles, Milán y Cerdeña) a Austria. Además significó la separación definitiva de las coronas de Francia y España, y la renuncia de Felipe V a sus derechos sobre el trono francés. Con esto, el Imperio le daba la espalda a los territorios europeos. Asimismo, se garantizaba a Inglaterra el tráfico de esclavos durante treinta años («asiento de negros»).

Con el monarca Borbón se modificó toda la organización territorial del Estado con una serie de decretos llamados Decretos de Nueva Planta eliminándose fueros y privilegios de los antiguos reinos peninsulares y unificándose todo el Estado Español al dividirlo en provincias llamadas Capitanías Generales a cargo de algún oficial y casi todas ellas gobernadas con las mismas leyes; con esto se consiguió homogenizar y centralizar el Estado Español utilizando el modelo territorial de Francia.

Por otra parte con Felipe V llegaron ideas mercantilistas francesas basadas en una monarquía centralizada, puesta en funcionamiento en América lentamente. Sus mayores preocupaciones fueron romper el poder de la aristocracia criolla y también debilitar el control territorial de la Compañía de Jesús: los jesuitas fueron expulsados de la América española en 1767. Además de los ya establecidos consulados de Ciudad de México y Lima, se estableció el de Vera Cruz.

Entre 1717 y 1718 las instituciones para el gobierno de las Indias, el Consejo de Indias y la Casa de la Contratación, se trasladaron de Sevilla a Cádiz, que se convirtió en el único puerto de comercio con las Américas.

Los órganos ejecutivos fueron reformados creando las secretarías de estado que serían el embrión de los ministerios. Se reformó el sistema de aduanas y aranceles y el contributivo, se creó el catastro (pese a no llegar a reformarse totalmente la política contributiva) se reestructuró el Ejército de Tierra en regimientos en lugar de en tercios...; pero quizá el gran logro fue la unificación de las distintas flotas y arsenales en la Armada. A estas reformas se dedicaron hombres como José Patiño, José Campillo o Zenón de Somodevilla, que fueron ejemplos de meritocracia y algunos de los mejores expertos en material naval de su época.

A estas reformas le siguió una nueva política expansionista que buscaba recuperar las posiciones perdidas. Así, en 1717 la armada española recobró Cerdeña y Sicilia, que tuvo que abandonar pronto ante la coalición de Austria, Francia, Gran Bretaña y Holanda, que vencieron en Cabo Pessaro. Sin embargo la diplomacia española, apoyada por los Pactos de Familia con sus parientes franceses, lograría que la corona del Reino de las Dos Sicilias recayera en el segundo hijo del rey español. La nueva rama dinástica sería conocida posteriormente como Borbón-Dos Sicilias.

Una de las victorias españolas más importantes de todo el periodo colonial en América, y sin duda la más trascendente del Siglo XVIII, fue la de la Batalla de Cartagena de Indias en 1741 (ver Guerra de la Oreja de Jenkins) en la que una colosal flota de 186 buques ingleses con 23.600 hombres a bordo atacaron el puerto español de Cartagena de Indias (hoy Colombia). Esta acción naval fue la más grande de la historia de la marina inglesa, y la segunda más grande de todos los tiempos después de la Batalla de Normandía. Tras dos meses de intenso fuego de cañón entre los buques ingleses y las baterías de defensa de la Bahía de Cartagena y del Fuerte de San Felipe de Barajas, los asaltantes se batieron en retirada tras perder 50 navíos y 18.000 hombres. La acertada estrategia del gran almirante español Blas de Lezo fue determinante para contener el ataque inglés y lograr una victoria que supuso la prolongación de la supremacía naval española hasta principios del siglo XIX. Tras la derrota, los ingleses prohibieron la difusión de la noticia y la censura fue tan tajante que pocos libros de historia ingleses contienen referencias a esta trascendental contienda naval. Incluso en nuestros días poco se sabe de esta gran batalla, frente al muy conocido episodio de Trafalgar o incluso al de la Armada invencible.

España también se enfrentó con Portugal por la Colonia del Sacramento en el actual Uruguay, que era la base del contrabando británico por el Río de la Plata. En 1750 Portugal cedió la colonia a España a cambio de siete de las treinta reducciones guaraníes de los jesuitas en la frontera con Brasil. Los españoles tuvieron que expulsar a los jesuitas, generando un conflicto con los guaraníes que duró once años.

El desarrollo del comercio naval promovido por los Borbones en América fue interrumpido por la flota británica durante la Guerra de los Siete Años (1756–1763) en la que España y Francia se enfrentaron a Gran Bretaña y Portugal por conflictos coloniales. Los éxitos españoles en el norte de Portugal se vieron eclipsados por la toma inglesa de La Habana y Manila. Finalmente, el Tratado de París (1763) puso fin a la guerra. Con esta paz, España recuperó Manila y La Habana, aunque tuvo que devolver Sacramento. Además Francia entregó a españa la Luisiana al oeste del Misisipi, incluida su capital, Nueva Orleáns, y España cedió la Florida a Gran Bretaña.

En cualquier caso, el siglo XVIII fue un periodo de prosperidad en el imperio de ultramar gracias al crecimiento constante del comercio, sobre todo en la segunda mitad del siglo debido a las reformas borbónicas. Las rutas de un solo barco en intervalos regulares fueron lentamente reemplazando la antigua costumbre de enviar a las flotas de Indias, y en la década de 1760, había rutas regulares entre Cádiz, La Habana y Puerto Rico, y en intervalos más largos con el Río de la Plata, donde se había creado un nuevo virreinato en 1776. El contrabando, que fue el cáncer del imperio de los Habsburgo, declinó cuando se pusieron en marcha los navíos de registro.

En 1777 una nueva guerra con Portugal acabó con el tratado de San Ildefonso, por el que España recobraba Sacramento y ganaba las islas de Annobon y Fernando Poo, en aguas de Guinea, a cambio de retirarse de sus nuevas conquistas en Brasil.

Posteriormente, dos hechos conmocionaron la América española y al mismo tiempo demostraron la elasticidad y resistencia del nuevo sistema reformado: el alzamiento de Túpac Amaru en Perú en 1780 y la rebelión en Venezuela. Las dos, en parte, eran reacciones al mayor centralismo de la administración borbónica.

En la década de 1780 el comercio interior en el Imperio volvió a crecer y su flota se hizo mucho mayor y más rentable. El fin del monopolio de Cádiz para el comercio americano supuso el renacimiento de las manufacturas españolas. Lo más notable fue el rápido crecimiento de la industria textil en Cataluña, que a finales de siglo mostraba signos de industrialización con una sorprendente y rápida adopción de máquinas mecánicas para hilar, convirtiéndose en la más importante industria textil del Mediterráneo. Esto supuso la aparición de una pequeña pero políticamente activa burguesía en Barcelona. La productividad agraria se mantuvo baja a pesar de los esfuerzos por introducir nueva maquinaria para una clase campesina muy explotada y sin tierras.

La recuperación gradual de las guerras se vio de nuevo interrumpida por la participación española en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos (1779–1783), en apoyo de los Estados sublevados y los consiguientes enfrentamientos con Gran Bretaña. El Tratado de Versalles de 1783 supuso de nuevo la paz y la recuperación de Florida y Menorca (consolidando la situación, puesto que habían sido recuperadas previamente por España) así como el abandono británico de Campeche y la Costa de los Mosquitos en el Caribe. Sin embargo, España fracasó al intentar recuperar Gibraltar después de un duradero y persistente sitio, y tuvo que reconocer la soberanía británica sobre las Bahamas, donde se habían instalado numerosos partidarios del rey procedentes de las colonias perdidas, y el Archipiélago de San Andrés y Providencia, reclamado por España pero que no había podido controlar.

Mientras, con la Convención de Nutka (1791), se resolvió la disputa entre España y Gran Bretaña acerca de los asentamientos británicos y españoles en la costa del Pacífico, delimitándose así la frontera entre ambos países. También en ese año el Rey de España ordenó a Alejandro Malaspina buscar el Paso del Noroeste (Expedición Malaspina).

Las reformas económicas e institucionales produjeron sus frutos, militarmente hablando, cuando se derrotó a los ingleses durante la Guerra de la oreja de Jenkins en su intento de conquistar la estratégica plaza de Cartagena de Indias.

Como resultado, la España del XVIII fue una potencia de nivel medio en los juegos de poder, sin su antiguo nivel de superpotencia. Su extenso imperio en las Indias le daba una notable relevancia y, aunque era mayor en Europa la importancia de Francia, de Inglaterra o de Austria, aún mantenía la más importante flota del mundo y su moneda era la más fuerte.

A pesar de que el imperio español no había recuperado su antiguo esplendor, sí se había rehecho considerablemente de los días oscuros de principios de siglo, en los que estaba a merced de otras potencias. El ser un siglo principalmente pacífico bajo la nueva monarquía, permitió reconstruir y comenzar un largo proceso de modernización de las instituciones y la economía. El declive demográfico del XVII se había invertido, aunque fue necesario incentivar las inmigraciones de otros países europeos, fundamentalmente de alemanes y suizos. Pero todo iba a quedar ensombrecido por el tumulto que iba a ocupar a Europa con el cambio de siglo: las Guerras Revolucionarias Francesas y las Guerras Napoleónicas.

Tras la Revolución Francesa de 1789, España se unió a los países que se aliaron para combatir la revolución. Un ejército dirigido por el general Ricardos reconquistó el Rosellón, pero apenas unos años después, en 1794 las tropas francesas les expulsaron e invadieron territorio español. El ascenso de Godoy a primer ministro supuso una política de apaciguamiento con Francia: con la paz de Basilea de 1795 se logró la retirada francesa a cambio de la mitad de la Española (lo que hoy en día es Haití).

En 1796 el tratado de San Ildefonso supuso la alianza con la Francia napoleónica contra Gran Bretaña, lo que supuso la unión de sus respectivas fuerzas armadas. El combate naval del cabo de San Vicente fue una victoria relativa para los británicos, que no supieron aprovechar, aunque en Cádiz y Santa Cruz de Tenerife la flota británica sufrió sendos fracasos. Lo más reseñable fue la pérdida de Isla Trinidad (1797) y Menorca. En 1802, se firmó la Paz de Amiens, tregua que permitió a España recobrar Menorca.

Pronto se reanudaron las hostilidades, desarrollándose el proyecto napoleónico de una invasión a través del Canal de la Mancha. Sin embargo, la destrucción de la flota aliada franco-española en la Batalla de Trafalgar (1805) arruinó el plan y minó la capacidad de España para defender y mantener su imperio. Tras la derrota de Trafalgar, España se encontró sin una Armada capaz de enfrentarse a la inglesa, y se cortó la comunicación efectiva con ultramar.

Mientras las sucesivas coaliciones eran derrotadas una y otra vez por Napoleón Bonaparte en el continente, España libró una guerra menor contra Portugal (Guerra de las Naranjas) que le permitió anexionarse Olivenza. En 1800 Francia recobró Luisiana. Cuando Napoleón decretó el Bloqueo Continental, España colaboró con Francia en la ocupación de Portugal, país que desobedeció el bloqueo. Así las tropas francesas entraron en el país, acuartelándose unidades en guarniciones de la frontera.

En 1808 Napoleón se aprovechó de las disputas entre el rey español Carlos IV y su hijo, el futuro Fernando VII, y consiguió que estos le cediesen el trono, de modo que España fue tomada por Napoleón sin disparar ni una bala.

Entonces se produjo el levantamiento popular del 2 de mayo de 1808. Los españoles rebeldes a Napoleón se desplazaron al sur de España y comenzaron la conocida como Guerra de la Independencia Española que tendría un momento de optimismo con la derrota de los ejércitos franceses en la Batalla de Bailén al mando del general Castaños (la primera derrota de un ejército de Napoleón), que los españoles no supieron aprovechar, pues se desmovilizaron a continuación. El posterior contraataque francés capitaneado por Napoleón restableció la autoridad de su hermano José I de España, al que nombró rey. Los enfrentamientos continuaron, ahora con la aparición de la «guerra de guerrillas». Cuando con la ayuda inglesa España logró expulsar a los franceses, y tras la Batalla de Waterloo, Fernando VII recuperó el trono, tuvo que enfrentarse con la independencia de las colonias.

Después de sucesivas insurrecciones a lo largo de toda la era colonial, la Guerra de Independencia Hispanoamericana comenzó a desencadenarse cuando las disputas por el trono entre el rey español Carlos IV y su hijo, el futuro Fernando VII, fueron aprovechadas por Napoleón para intervenir e imponer las llamadas «abdicaciones de Bayona» de 1808, por las cuales ambos renunciaron sucesivamente al trono de España en favor finalmente de José Bonaparte, luego de lo cual Fernando quedó cautivo. Pero la intervención francesa desencadenó un levantamiento popular conocido como Guerra de la Independencia Española (1808-1814) que trajo incertidumbre sobre cuál era la autoridad efectiva que gobernaba España.

Ante la ausencia de una autoridad cierta en España y el cautiverio de Fernando VII, los pueblos hispanoamericanos, muchas veces bajo la dirección de los criollos, comenzaron una serie de insurrecciones desconociendo a las autoridades coloniales, que en las reformas previas habían quedado reducidas a meros agentes de un gobierno ahora en entredicho. El 5 de agosto de 1808 se reunió en Ciudad de México la primera junta revolucionaria ,a la que le siguieron levantamientos en todo el continente para formar juntas de autogobierno.

Las autoridades españolas en América y luego el rey Fernando VII al recuperar la corona española en 1814, negaron legitimidad a las juntas de autogobierno americanas.El virrey Fernando de Abascal, y Pablo Morillo jefe de la expedición pacificadora, fueron los principales organizadores de la defensa de la monarquía española.

Los movimientos populares de las colonias españolas profundizaron las insurrecciones para enfrentarse abiertamente al rey español en una guerra de alcance continental con el objetivo de establecer estados independientes, que generalmente devinieron en regímenes republicanos. En las Guerras de Independencia Hispanoamericana se destacaron Simón Bolívar y José de San Martín, llamados Libertadores, que condujeron los ejércitos insurrectos que derrotaron definitivamente a las tropas leales a la monarquía española, llamadas Realistas, en la batalla de Ayacucho en 1824.

A partir de la década de 1810, y luego de complejos procesos políticos, las colonias españolas en América formaron los actuales estados hispanoamericanos. El expansionismo estadounidense se hizo presente tanto sobre los últimos restos del Imperio Español (forzándose la compra de Florida por cinco millones de dólares en el año 1821 así como adquiriendo posteriormente los derechos sobre las pretensiones españolas en Oregón) como sobre los nuevos países americanos (a través de influencia económica y política y con la anexión de Texas y el norte del nuevo estado mexicano: Nuevo México, Utah, California y Nevada).

En lo que quedó del Imperio, la Guerra de la Independencia fue seguida por una monarquía absoluta (década ominosa), conflictos dinásticos, levantamientos absolutistas, pronunciamientos liberales y luchas por el poder entre facciones liberales que sólo permitieron ciertos periodos lo bastante estables para el desarrollo de una política exterior activa. Destaca entre estos el gobierno de Leopoldo O'Donnell (1856-1863), que tras una dura represión de la disidencia, pudo volver a intervenir activamente en la escena internacional: se ganó una guerra a Marruecos con las victorias de Tetuán y Wad-Ras que permitió ampliar Ceuta y recuperar la plaza de Santa Cruz de la Mar Pequeña, en la costa atlántica; se trató de pacificar Filipinas, se apoyó a Emperador de México sostenido por las potencias coloniales y junto a los franceses se envió una expedición de castigo a Conchinchina, donde habían sido asesinados varios misioneros. Paralelamente, Pedro Santana, a la cabeza de cierta facción dominicana, devolvió la hoy Republica Dominicana a un estatus colonial sólo para que los avatares de la política interna de la isla y el apoyo haitiano la hicieran perderse definitivamente en 1865.

La crisis económica derivada de la subida del precio del algodón por la Guerra de Secesión estadounidense, las malas cosechas y los pobres resultados de los intentos de modernización de la agricultura (desamortización), infraestructuras (ferrocarril) acabaron con el régimen de O'Donnell y su experiencia imperialista. Las guerras y disputas entre progresistas, liberales y conservadores, que se negaban a aceptar que el país tuviera un estatus bajo a escala internacional, se hicieron frecuentes. El descontento creciente por la inestabilidad y la perenne crisis económica llevó al estallido de una revolución que dio paso a experimentos políticos y a la Primera República Española. La posterior restauración monárquica de 1875 marcó un nuevo periodo, más favorable, cuando Alfonso XII y sus ministros tuvieron cierto éxito en recobrar el vigor de la política y el prestigio españoles, en parte por haber aceptado la realidad de las circunstancias españolas y trabajar inteligentemente.

A pesar de estos vaivenes, España había mantenido el control de los últimos fragmentos de su imperio hasta el incremento del nivel de nacionalismo y de levantamientos anticolonialistas en varias zonas, que se fueron desencadenando durante la década de 1870. Este conflicto se tornaría internacional a raíz de la implicación de los Estados Unidos, teniendo lugar a la Guerra Hispano-estadounidense de 1898, cuando una débil España se enfrentó a un Estados Unidos mucho más fuerte que necesitaba nuevos mercados para seguir ampliando su ya fuerte economía.

El desencadenante de esta guerra fue el hundimiento del acorazado Maine, del que se culpó a España (tras una agresiva campaña de prensa de William Randolph Hearst). Las últimas investigaciones no han llegado a demostrar nada de forma concluyente: ni si fue un accidente o un sabotaje externo, ni quién sería el responsable, aún así existe la teoría de que fueron los propios estadounidenses quienes provocaron el incendio en el Maine con el propósito de hundirlo, culpar a España y provocar una guerra para apoderarse de las colonias españolas, autodefiniéndose como defensores de los cubanos contra la tiranía española. Esta guerra acabó con una humillante derrota española y la independencia de Cuba. En Filipinas, los independentistas también contaron con el apoyo estadounidense. España se vio forzada a pedir un armisticio, y se firmó el Tratado de París, por el cual se renunciaba definitivamente a Cuba y se cedían a EE.UU.: Filipinas, Puerto Rico y Guam. Esta serie de sucesos son conocidos como el Desastre del 98.

Desde 1778 con el Tratado de El Pardo, por el que los portugueses cedieron a España a cambio de territorios en Sudamérica la isla de Bioko y sus islotes cercanos así como los derechos comerciales del territorio entre los ríos Níger y Ogoue, España mantenía una presencia en el Golfo de Guinea. En el siglo XIX, algunos exploradores, como Manuel Iradier, cruzaron este límite.

Mientras, los enfrentamientos en el Mediterráneo habían continuado, perdiéndose las posiciones españolas en el norte de África. En 1848, sin embargo, las tropas españolas conquistaron las Islas Chafarinas.

La pérdida de la mayor parte del Imperio Americano llevó a España a volcarse cada vez más en su dominios en África, especialmente tras la derrota contra los Estados Unidos en 1898.

En 1860, tras la guerra contra Marruecos, este país cedió Sidi Ifni por el Tratado de Wad-Ras. Las siguientes décadas de colaboración franco-española implicaron el establecimiento y la extensión de protectorados españoles al sur de la ciudad, y la soberanía española fue reconocida en la Conferencia de Berlín de 1884: España administraba Sidi Ifni y el Sáhara Occidental conjuntamente.

España reclamó también un protectorado en la costa de Guinea desde Cabo Bojador hasta Cabo Blanco. Río Muni se convirtió en un protectorado en 1885 y en colonia en 1900. Las reclamaciones conflictivas sobre Guinea fueron resueltas en el Tratado de París (1898).

En 1911, Marruecos se dividió entre franceses y españoles. El Desastre de Annual (1921) fue una grave derrota militar infligida al ejército español, compensada años después,el 8 de septiembre de 1925,por el desembarco que tuvo lugar al oeste de la bahía de Alhucemas conocido como desembarco de Alhucemas dirigida por el general y dictador español Miguel Primo de Rivera.

Entre 1926 y 1959, Bioko y Río Muni estuvieron unidas bajo el nombre de Guinea Española.

España perdió el interés de desarrollar una extensa estructura económica en las colonias africanas durante la primera parte del siglo XX. Sin embargo, España desarrolló extensas plantaciones de cacao, para lo que se introdujo a miles de nigerianos como trabajadores. Los españoles también ayudaron a Guinea Ecuatorial a alcanzar uno de los mejores niveles de alfabetización del continente y a desarrollar una red de instalaciones sanitarias.

En 1956, cuando el Protectorado francés de Marruecos se convirtió en independiente, España entregó el suyo al nuevo Marruecos independiente, pero mantuvo el control sobre Sidi Ifni, la región de Tarfaya y el Sahara Occidental. El rey de Marruecos, Mohamed V, estaba interesado en los territorios españoles y desató la Invasión del Sahara Español en 1958 por parte del ejército marroquí. Esta guerra fue conocida como Guerra de Ifni o Guerra Olvidada. Ese mismo año, España cedió a Mohamed V Tarfaya y se anexionó Saguia el Hamra (al norte) y Río de Oro (al sur) al territorio del Sahara Español.

En 1959, se le otorgó al territorio español del Golfo de Guinea el estatus de provincia española ultramarina. Como Región Ecuatorial Española, era regida por un gobernador general que ejercía los poderes militares y civiles. Las primeras elecciones locales se celebraron en 1959, y se eligieron los primeros procuradores en cortes ecuatoguineanos. Mediante la Ley Básica de diciembre de 1963, las dos provincias fueron reunificadas como Guinea Ecuatorial y dotadas de una autonomía limitada, con órganos comunes a todo el territorio (entre ellos un cuerpo legislativo) y organismos propios de cada provincia. Aunque el comisionado general nombrado por el gobierno español tenía amplios poderes, la Asamblea General de Guinea Ecuatorial tenía considerable iniciativa para formular leyes y regulaciones.

En marzo de 1968, bajo la presión de los nacionalistas ecuatoguineanos y de las Naciones Unidas, España anunció que concedería la independencia. Ya independiente en 1968, Guinea Ecuatorial tenía una de las mayores rentas per cápita de toda África. En 1969, debido a la presión internacional, España entregó Sidi Ifni a Marruecos. El dominio español en el Sahara Occidental duró hasta que en 1975 la Marcha Verde forzó la retirada española. El futuro de la antigua provincia española continúa siendo incierto.

Marruecos reclama todavía las Islas Canarias, Ceuta, Melilla y las plazas de soberanía como parte del llamado Gran Marruecos. La Isla Perejil fue ocupada el 11 de julio de 2002 por la policía y las Fuerzas armadas de Marruecos, siendo más tarde expulsados sin derramamiento de sangre por el ejército español en la Operación Romeo Sierra.

La mayoría de los territorios europeos españoles se perdieron en 1713 en la Paz de Utrecht.

El matrimonio de los Reyes Católicos (Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón) supuso una única dirección de ambos reinos bajo una administración superior única, el Consejo Real. Se unificó la hacienda (pero no los impuestos), la política interior y exterior, el ejército, las órdenes militares y la Inquisición, y, en lo que no afectase a estos temas, cada reino mantuvo su propia administración, moneda, leyes etc.

De esa forma, la formación de un estado unificado al estilo de las Naciones-Estado nunca llegó a ser una realidad en España. Los Reyes Católicos introdujeron un estado moderno absolutista en sus dominios, restringiendo el poder de la nobleza, organizando su gobierno en torno a los Consejos y dividiendo el país en Reales Audiencias como órganos superiores de justicia, y manteniendo los fueros y tradiciones de sus pueblos.

La organización administrativa de las nuevas conquistas en América parte con la incorporación de las Indias a la Corona Castellana a título de "descubrimiento" (res nullius), apoyados por la donación papal. Isabel la Católica, en su testamento, refuerza la pertenencia a esta corona. Sin embargo, será el Consejo de Indias y no el Consejo de Castilla el que asesore al rey sobre las nuevas tierras. Este Consejos se convirtió en el máximo órgano administrativo sobre las colonias. El comercio con América se centralizó en la Casa de Contratación de Sevilla, restringiéndose a esta los derechos comerciales sobre el nuevo mundo, lo que supuso un impulso demográfico para Sevilla, al obligar a los comerciantes españoles y extranjeros a establecerse en Sevilla.

A la muerte de los Reyes Católicos Carlos I de España, manteniendo formalmente a su madre como reina, pasó a gobernar las nuevas tierras. Las Indias fueron incorporadas definitivamente a la Corona de Castilla en 1519.

La situación se mantuvo similar durante el reinado de Felipe II, que hereda de su padre la Corona de España, pero no la del Sacro Imperio Romano Germánico y las posesiones de los Habsburgo. Bajo su reinado, Portugal y su imperio fueron anexionados a la Monarquía Hispánica, aunque no así a la Corona de Castilla, manteniendo Portugal una posición semejante a la Corona de Aragón. Bajo los llamados Austrias Menores (Felipe III, Felipe IV y Carlos II) las Provincias Unidas alcanzaron una independencia de facto que les sería reconocida en 1648.

A la muerte de Carlos II, le sucede Felipe V. Dos años después de su toma de posesión, se presenta un nuevo pretendiente, Carlos de Austria, apoyado por Inglaterra y Austria, y esto provoca Guerra de Sucesión Española, que supuso, la pérdida de los reinos italianos y de lo que quedaba de los Países Bajos Españoles.

Tras la derrota del pretendiente austriaco a la sucesión del trono, el nuevo rey, Felipe V de España va publicando los decretos de Nueva Planta, diferentes para Aragón y Valencia (1707), Aragón (1711), Baleares (1715), y Cataluña (1716). En ellos, como castigo por su rebelión, deroga parte de los fueros y derechos de los territorios de la Corona de Aragón sobre los que considera tener derecho de conquista. Los decretos tenían matices y efectos diferentes según el territorio histórico (por ejemplo, Cataluña mantiene su derecho civil y parte de sus fueros e instituciones, mientras que Valencia no) y no afectaron ni al Valle de Arán, ni a Navarra ni a las Provincias Vascongadas, los cuales mantienen todos sus fueros por haber sido leales a Felipe de Anjou.

La organización de las Indias, dada su lejanía con la capital, dependía de los Virreyes y del Consejo de Indias, organismos autónomos que manejaban in situ el gobierno de las tierras.

Se convirtió en la responsable del aprovechamiento económico de las colonias americanas. Entre sus responsabilidades figuraba el cobro de los impuestos al comercio con América (entre ellos, el famoso Quinto Real), y tenía competencias en asuntos de política poblacional.

Establecida primero en Sevilla y luego en Cádiz, éstos fueron los puertos obligados de salida y entrada para el comercio de Indias. La prohibición de comerciar con América impuesta a los demás puertos españoles fue la base del crecimiento y prosperidad primero de Sevilla y luego de Cádiz, al obligar a los comerciantes españoles y extranjeros a establecerse en el puerto base de la Casa de Contratación si deseaban comerciar con América. Esto hizo que las colonias forasteras (castellanos, vascos, catalanes, gallegos, valencianos, etc.) y extranjeras (genoveses, franceses, etc.) fuesen importantes en Sevilla y Cádiz.

La integración de los territorios de la Corona en la nueva monarquía estuvo marcada por el poder hegemónico de Castilla. Como en todos los territorios no incorporados en la estructura castellana (Flandes, Indias, Nápoles, Sicilia, Navarra, Vizcaya, etc.), el Consejo de Aragón y el virrey se convierten en el centro de la administración. El Consejo Supremo de Aragón era un órgano consultivo de la corona creado en 1494, a raíz de una reforma en la cancillería real realizada por Fernando el Católico, que desde 1522 estaría integrada por un vicecanciller y seis regentes, dos para el reino de Aragón, dos para el reino de Valencia y dos para el Principado de Cataluña, Mallorca y Cerdeña. Por su parte, los virreyes asumieron funciones militares, administrativas, judiciales y financieras.

Los conflictos entre las instituciones locales y los reyes absolutistas se sucedieron a lo largo de los siglos modernos, hasta la Guerra de Sucesión. En 1521 tenían lugar las Germanías, un movimiento surgido en Valencia entre la incipiente burguesía contra su aristocracia, que se extendió hasta 1523. En Mallorca tuvo lugar en los mismo años otro movimiento similar, dirigido por Joanot Colom. La derrota final de los agermanados supuso una fuerte represión y la reafirmación del dominio señorial. Asimismo, en 1569, todos los diputados de la Generalidad de Cataluña eran encarcelados bajo la acusación de herejía, en el marco de la disputa por el pago del impuesto del excusado.

En 1591, tuvieron lugar las «alteraciones de Aragón», generadas cuando el Justicia de Aragón se niega a entregar a Felipe II al ex-secretario del rey, Antonio Pérez, condenado por la muerte del secretario de don Juan de Austria, que se había refugiado en Aragón. El monarca transgredió todos los privilegios aragoneses para apresarlo e incluso hizo ejecutar al Justicia Mayor de Aragón, Juan de Lanuza.

Durante el siglo XVII, las tensiones fueron bastante mayores. Las necesidades financieras de los monarcas les condujeron a intentar aumentar por todos los medios la presión fiscal sobre los territorios de la Corona de Aragón, tratando de igualar los impuestos en toda España. Pero los fueros garantizaban importantes protecciones frente a las pretensiones reales. Los proyectos de Unión de Armas de Olivares, que buscaban que los otros reinos compartieran las cargas bélicas de Castilla, son un ejemplo de ello.

Tras entrar en guerra la corona con Francia en 1635, el despliegue de los tercios sobre Cataluña generó graves conflictos, que desencadenaron la Guerra de los Segadores en 1640. La Generalidad de Cataluña, tratando de dominar la sublevación popular, declara la formación de una República catalana, pero, ante la imposibilidad de mantenerla, nombra a Luis XIII de Francia conde de Barcelona. El conflicto terminó con la Paz de los Pirineos (1659), por la cual el condado del Rosellón y la mitad norte del condado de la Cerdaña pasaban para siempre a dominio francés y Francia devolvía a España la Cataluña del sur de los Pirineos. Felipe IV no tomó ninguna represalia ante la traición catalana. A finales del siglo, en 1693, estallaría también en Valencia la Segunda Germanía, un alzamiento campesino y antiseñorial en torno a la partición de las cosechas.

Tras el reinado de Carlos II, la Guerra de Sucesión Española dividió el país. La antigua Corona de Aragón fue partidaria del Archiduque Carlos de Austria, cuya derrota acarrearía la supresión de sus instituciones y fueros y la extensión de la organización administrativa del Reino de Castilla por los Decretos de Nueva Planta.

Aquellos súbditos de origen europeo, nacidos en América (criollos) o en la metrópoli (peninsulares). Los españoles nunca fueron mayoritarios en ninguno de los territorios del imperio, salvo en la metrópoli. El costo demográfico para España, especialmente para la Corona de Castilla, fue apreciable, de forma que el crecimiento de población se vio anulado por la emigración a América.

El costo demográfico de las conquistas españolas fue duro: la población amerindia pasó de 80 millones al comienzo del siglo XVI a 12 millones sólo años después, a consecuencia de las las guerras de conquista, las deportaciones, los trabajos forzados y las enfermedades propagadas por los colonizadores (contra las que no tenían defensas naturales).

La defensa de los derechos de los indígenas tuvo en la Escuela de Salamanca y en Bartolomé de las Casas sus máximos exponentes. En la Junta de Valladolid de 1550, y pese a la oposición de Juan Ginés de Sepúlveda, se dictaminó que los indígenas tenían alma. Previamente, el testamento de la reina Isabel la Católica había declarado a los amerindios súbditos de la Corona de Castilla, y por tanto, no susceptibles de esclavitud, lo que propició la llegada de esclavos negros de África. Sin embargo, esta protección legal en muchos casos fue más teórica que práctica. La institución socio-económica de la encomienda, que suponía el deber del encomendero de proteger y evangelizar a los indígenas a cambio de percibir los tributos exigidos a éstos, derivo en explotación y trabajos forzados (por ejemplo, a través del sistema de mita).

En el siglo XVII, los jesuitas establecieron misiones o «reducciones» en la zona fronteriza entre el Brasil portugués y la América española con el propósito de evangelizar la región. Dichas reducciones gozaron de una gran autonomía, inspiradas en las libertades y fueros de las ciudades, aunque adaptadas al modo de vida indígena. Su existencia no fue muy bien vista por los colonos, especialmente los portugueses de Brasil, siendo motivo de tensión en la región. Tras la expulsión de los jesuitas con Carlos III, fueron desmanteladas.

A pesar de lo anterior, cabe destacar que la sociedad hispanoamericana tenía un fuerte componente mestizo que no se hallaba en las colonias francesas o británicas. Desde el principio de la conquista se dio el mestizaje entre personas de diferentes razas, lo que dio lugar a denominaciones basadas en los orígenes raciales de cada súbdito. Los mestizos, minoritarios al principio de la Colonia, estaban llamados a formar la mayoría de la población en casi todos los territorios del imperio.

La protección legal a los amerindios favoreció la importación de esclavos africanos, que llegaron a ser la mayoría de la población en algunos territorios de la cuenca del Caribe y en Brasil.

Por la gran extensión de Imperio Español por todo el mundo, su legado cultural es grande y fuerte. Desde Perú hasta las Filipinas se puede encontrar el legado de dicho Imperio colonial. La lengua española, tras el chino mandarín, es la lengua más hablada del mundo por el número de hablantes que la tienen como lengua materna. Es también idioma oficial en varias de las principales organizaciones político-económicas internacionales (UE, UA, TLCAN y UNASUR, entre otras). Lo hablan como primera y segunda lengua entre 450 y 500 millones de personas, pudiendo ser la tercera lengua más hablada considerando los que lo hablan como primera y segunda lengua. Por otro lado, el español es el segundo idioma más estudiado en el mundo tras el inglés, con al menos 17,8 millones de estudiantes, si bien otras fuentes indican que se superan los 46 millones de estudiantes distribuidos en 90 países.

Al principio



El oro de Moscú

Léon Blum, presidente de la República francesa.

El término Oro de Moscú o también, Oro de la República, se refiere a la operación de traslado de 510 toneladas de oro, correspondientes al 72'6% de las reservas de oro del Banco de España, desde su depósito en Madrid hacia la Unión Soviética, a los pocos meses del inicio la Guerra Civil Española, así como a las posteriores gestiones relacionadas con su venta a la U.R.S.S. y la utilización de los fondos obtenidos y los similares envíos de bienes incautados a lo largo de la contienda por orden del gobierno de la II República, presidido por Francisco Largo Caballero, y a iniciativa de su ministro de Hacienda, Juan Negrín. La cuarta parte restante de la reserva del Banco, es decir 193 toneladas, fue traslada y transformada en divisas en Francia, operación que es también conocida por analogía, como el Oro de París.

La expresión Oro de Moscú (en inglés: Moscow Gold) ya había sido utilizada en la década de 1930 por la prensa internacional, siendo popularizada durante la Guerra Civil española y los primeros años del régimen franquista en referencia al episodio histórico español. Durante la Guerra Fría, también fue empleada a nivel internacional por la propaganda antisoviética y la contraria a partidos y sindicatos comunistas occidentales para descalificar las fuentes de financiación de las actividades de éstos últimos, considerando que los fondos provenían en su mayoría de la URSS, por lo que se popularizó la expresión "a sueldo de Moscú".

El episodio histórico español ha sido, desde la década de 1970, tema de numerosas obras y ensayos a partir de documentos oficiales y privados, pero también objeto de debate historiográfico y fuertes controversias, especialmente en la propia España. Los desacuerdos se centran en la interpretación política de sus motivaciones, su presunta utilización y sus consecuencias para con el desarrollo de la contienda, así como su influencia posterior en la República en el exilio y en las relaciones diplomáticas del gobierno franquista con el soviético.

La expresión "oro de Moscú" tiene su origen en la crítica a la financiación de los partidos y sindicatos de ideología comunista en Europa Occidental. Con anterioridad a 1935, mientras el gobierno de Josef Stalin orientaba parte de su política internacional hacia la promoción de la llamada revolución mundial del mundo del proletariado, medios de habla inglesa como la revista Time utilizaban la expresión Moscow Gold para referirse a los planes soviéticos de intensificar las actividades del movimiento comunista internacional, que por entonces se manifestaba tímidamente en Estados Unidos y el Reino Unido. Time consideraba que esta evolución de la política soviética, que en 1935 se manifestó en favor de la participación comunista para la formación de diferentes agrupaciones frentepopulistas en diversos países del mundo, se debía en parte a la necesidad de Stalin de contrarrestar las críticas del trotskismo.

A principios de los años 1990, tras la descomposición del sistema soviético que marcó el comienzo de un periodo de transformación de los partidos comunistas de Europa occidental, el término oro de Moscú fue retomado en Francia, l'or de Moscou, nuevamente en una campaña de desprestigio y acusaciones contra la financiación del PCF, dirigido entonces por Georges Marchais.

A partir del 19 de julio de 1936, a los pocos días de la sublevación militar, tanto el gobierno de José Giral como el general Franco, entonces responsable del ejército de África, realizaron gestiones simultáneas en Francia, por una parte, y a través de emisarios en Roma y Berlín, por la otra, para solicitar apoyo material. Con éstas iniciativas dio comienzo la progresiva internacionalización del conflicto ante la conciencia común de las carencias en medios y equipamientos militares de ambos bandos para sostener el esfuerzo bélico.

Al comienzo de la Guerra Civil Española, la situación política de Francia era confusa, con un gobierno frentepopulista que incluía entre sus elementos mayoritarios al centrista Partido Radical. Aunque Léon Blum, como el PCF, pretendió intervenir a favor de la República, los radicales se opusieron y amenazaron con retirarle su apoyo. A ello se unieron las advertencias británicas sobre el riesgo de obstruir la política de apaciguamiento emprendida por el conservador Stanley Baldwin. De tal modo, el consejo de ministros reunido el 25 de julio de 1936 aprobó la cancelación de cualquier suministro desde Francia. El mismo día en que se confirmaba la no intervención de las democracias occidentales, Hitler daba su consentimiento para el envío de un primer lote de aviones, tripulación y equipo técnico a Marruecos, mientras que el 27 de julio, Mussolini enviaría una partida de aviones de transporte, material que sería utilizado posteriormente para el puente aéreo de tropas hacia Sevilla establecido el 29 de julio de 1936. El gobierno nazi utilizó una empresa fantasma, la Sociedad Hispano-Marroquí de Transportes, como tapadera para canalizar sus suministros a Franco.

El 1 de agosto de 1936 el gobierno francés emitió la propuesta a la comunidad internacional para la adopción de un "Acuerdo de No Intervención en España", apoyada por el Foreign Office a través de su embajada en París el 7 de agosto. El acuerdo fue también inicialmente suscrito por la Unión Soviética, Portugal, Italia y el Tercer Reich, sumándose al Comité de supervisión de Londres creado el 9 de septiembre de 1936. No obstante, éstas tres últimas naciones mantuvieron su apoyo logístico y material mientras que los agentes de compras del gobierno republicano adquirieron suministros procedentes de México y del mercado negro.

En el terreno de las hostilidades, durante los meses de agosto y septiembre de 1936 las fuerzas sublevadas lograron importantes avances, consolidando la frontera portuguesa tras las Batalla de Badajoz del 14 de agosto y cerrando de la vascofrancesa, tras la entrada en Irún del 4 de septiembre de 1936. Este avance coincidió con un progresivo viraje de la política de la URSS hacia una intervención activa. Se emprendió entonces el establecimiento de relaciones diplomáticas con la República española y el nombramiento del primer embajador soviético en Madrid, Marcel Rosenberg (antes representante soviético en la Sociedad de Naciones), el 21 de agosto de 1936.

A finales de septiembre de 1936, partidos comunistas de diferentes países recibieron instrucciones del Komintern y de Moscú para el reclutamiento y organización de las Brigadas Internacionales, que entrarían en combate durante el mes de noviembre. Mientras, el 28 de septiembre, el final de las operaciones en torno al Alcázar de Toledo permitiría a las fuerzas dirigidas por el general Varela orientar su esfuerzo hacia la Batalla de Madrid.

A lo largo del mes de octubre de 1936, la URSS envió material en ayuda del nuevo gobierno de concentración frentepopulista presidido por Largo Caballero, que incluía dos ministros comunistas, acción que el embajador soviético en Londres, Iván Maiskiel, justificaría ante el Comité de No Intervención el 23 de octubre de 1936, denunciando el previo sabotaje italoalemán al mismo y reclamando la restitución del derecho a la República a armarse. Cinco días más tarde, el 28 de octubre de 1936, zarparon de Cartagena cuatro cargueros soviéticos conteniendo el oro evacuado el 14 de septiembre del Banco de España.

Pocos meses antes del inicio de la Guerra Civil las reservas movilizables españolas habían sido registradas por las estadísticas internacionales en mayo de 1936 como las cuartas más grandes del mundo. Fue acumulada principalmente durante la Primera Guerra Mundial, en la que España se mantuvo neutral. Gracias a los estudios de la documentación del Banco de España (BDE), se conoce que estas reservas se distribuían principalmente en la sede central de Madrid, las delegaciones provinciales del BDE y otros depósitos menores en París, desde 1931, estando constituidas en su mayor parte por monedas, extranjeras y españolas, mientras que la fracción de oro antiguo era menor al 0,01% e insignificante la cantidad de oro en barras pues tan sólo había 64 lingotes.

Sobre el valor de las reservas movilizables, este era conocido por las diversas publicaciones oficiales que se emitían regularmente y así el The New York Times del 7 de agosto de 1936 informaba de la cifra de 718 millones de dólares estadounidenses de la época para las disponibles en la sede de Madrid. Para el historiador Ángel Viñas, esta cifra se correspondía con 635 ó 639 toneladas de oro fino o bien a 20,42 ó 20,54 millones de onzas troy. Según el balance del Banco de España del 30 de junio de 1936, publicado en la Gaceta de Madrid (el BOE de la época) el 1 de julio, las reservas de oro existentes, tres semanas antes de iniciarse la contienda, alcanzaban un valor de 2.202 millones de pesetas-oro, equivalente a 5.240 millones de pesetas efectivas. Viñas calcula que la cifra de 719 millones de dólares de 1936 correspondería, actualizada con los índices de inflación, a 9.725 millones de dólares de 2005. En comparación, las reservas españolas disponibles en septiembre de ese año eran de 7.509 millones.

En 1936, el Banco de España estaba constituido como sociedad anónima por acciones (al igual que sus homólogos francés e inglés) con un capital de 177 millones de pesetas, el cual se hallaba distribuido en 354.000 acciones nominativas de 500 pesetas cada una. A pesar de no ser un banco de propiedad estatal, la institución estaba sometida al control tanto del gobierno, quien designaba al gobernador, como del ministerio de Hacienda que nombraba a varios miembros del Consejo General del banco.

La Ley de Ordenación Bancaria (LOB) del 29 de diciembre de 1921 (o Ley Cambó) intentó por vez primera ordenar las relaciones entre el Banco de España como banco central y la banca privada. En la ley se regulaban también las condiciones para la movilización por parte del Banco de las reservas, el cual debía contar con la preceptiva autorización del Consejo de Ministros. En la base 7ª del Artículo 1º la LOB estipulaba la facultad del Gobierno para acudir a la entidad y solicitar la venta de oro exclusivamente para influir en el tipo de cambio de la peseta y "ejercer una acción interventora en el cambio internacional y en la regularidad del mercado monetario", en cuyo caso el Banco de España participaría en dicha acción con una cantidad igual a la arbitrada por el Tesoro Público.

Aunque autores como Pío Moa consideran que el traslado del oro violaba claramente la Ley, en opinión de Ángel Viñas la aplicación de la Ley Cambó por parte del gobierno republicano fue estricta, basándose en los testimonios del que fuera último ministro de Hacienda de la Monarquía, Juan Ventosa y Calvell, que la juzgaba, poco antes del golpe militar, demasiado ortodoxa, limitando las posibilidades de crecimiento de la economía del país. La situación excepcional creada por la rebelión, explicaría para Viñas, que evita entrar en aspectos jurídicos, el cambio de actitud con respecto a la Ley Cambó por parte del gobierno, que pasó a ejercer los mecanismos necesarios para realizar una nacionalización parcial encubierta del Banco de España. Otros historiadores, como Sardá, Miralles o Moradiellos, coinciden con esta interpretación.

La actuación del gobierno republicano sobre el Banco de España para colocar en su dirección a personas fieles a la República se concretó en el Decreto de 4 de agosto de 1936, que destituyó a Pedro Pan Gómez como subgobernador primero en favor de Julio Carabias, que 10 días más tarde fue seguida de la destitución de otros consejeros y altos ejecutivos. Después del traslado del oro a la Unión Soviética, el 21 de noviembre, se decretó la modificación del Consejo, que sufrió nuevas modificaciones y ceses hasta que el 24 de diciembre de 1937 nueve consejeros fueron sustituidos directamente por representantes institucionales.

Con el comienzo de la guerra, los sublevados pusieron en marcha su propia maquinaria estatal, considerando ilegítimas e ilegales las instituciones que quedaron bajo el control del gobierno de Madrid. Así, se constituyó también un Banco de España, con sede en Burgos. Cada banco afirmaba ser el legítimo, tanto en el interior como en el exterior. En poder del gobierno republicano quedaron la sede central con su reserva de oro y las delegaciones más importantes, en tanto que el de Burgos administraba las reservas y delegaciones provinciales del Banco de España en el territorio sublevado.

El 27 de julio el Gobierno Giral anunció el inicio del envío a Francia de parte del oro, por el acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de julio de 1936.

Interesa a esta Junta, en el orden moral, destacar, una vez más, el escándalo que ante la conciencia universal ha producido la salida de oro del Banco de España, decretada por el mal llamado Gobierno de Madrid. Pero la incumbe más principalmente señalar las consecuencias de esas operaciones en el terreno jurídico, porque efectuadas con abierta infracción de preceptos fundamentales de la vigente Ley de Ordenación Bancaria, es evidente conducen por su manifiesta ilegalidad a la conclusión inexcusable de su nulidad, que ha de alcanzar en sus efectos civiles a cuantas personas nacionales o extranjeras hayan participado en ellas, con independencia de la responsabilidad criminal, ya regulada en otro Decreto. Y es lógico complemento de esta declaración, el prevenir los daños que se irroguen, con medidas de caución, que han de adoptarse con la urgencia que la defensa de los intereses nacionales exige. En su virtud, como Presidente de la Junta de Defensa Nacional, y de acuerdo con ella, vengo en decretar lo siguiente: Artículo primero. Se declaran nulas todas las operaciones que se hayan verificado o se verifiquen con la garantía del oro extraído del Banco de España, a partir del dieciocho de Julio último, y en su día se ejercitarán cuantas acciones correspondan en Derecho, para el rescate del oro referido, sea cual fuere el lugar en que se halle. Artículo segundo. Sin perjuicio de la responsabilidad criminal definida en el Decreto número 36, los valores, créditos, derechos y bienes de todas clase que posean en España las personas o entidades nacionales o extranjeras que hayan intervenido o intervengan directa o indirectamente en las operaciones a que se contrae el artículo precedente, serán inmediatamente embargados, a fin de asegurar las responsabilidades de cualquier especie que se deriven de tales actos. Dado en Burgos a 25 de agosto de 1936.

Vicent Auriol, ministro de finanzas, y Émile Labeyrie, gobernador del Banco de Francia, coincideiron en permitir estas operaciones para ayuda económicamente a la República, tanto por sus convicciones antifascistas como por la conveniencia de reforzar sus reservas y la estabilidad del franco. La creación del Comité de No Intervención no paralizó el envío de oro a Francia y el gobierno de Largo Caballero, constituido en septiembre, prosiguió dicha política. Londres y París ignoraron las protestas de los sublevados sobre el uso indebido del oro.

Hasta marzo de 1937 se enviaron 174 toneladas de oro fino (193 brutas) al Banco de Francia, equivalentes al 27'4% de todas las reservas españolas, para convertirlas en divisas con que pagar las compras de armamento y víveres. Estos envíos se justificaron con un decreto reservado del 30 de agosto, en razón de la gravedad provocada por la insurrección armada, y a fin de "poder desarrollar la lucha con la extensión e intensidad que exija el aplastamiento de la execrable rebelión". Por acuerdo del Consejo de Ministros, se autorizaba "al Ministro de Hacienda para disponer que, por el Centro Oficial de Contratación de Moneda, se sitúe en una o varias veces, por cuenta del Tesoro, en el extranjero, a disposición de la representación diplomática, consular o persona que designará en cada caso, la cantidad de francos franceses que estime precisa para atender los gastos que las necesidades de campaña impongan".

Durante el último año de guerra, 40'2 toneladas depositadas en Mont de Marsan fueron retenidas judicialmente, reclamadas por el gobierno franquista al ser reconocido por la República francesa y finalmente recuperadas al término de la guerra, en la que fue la única reclamación exitosa del oro del Banco de España por parte de los nacionales.

Diversos autores, como Viñas, han señalado que la decisión de trasladar el oro fuera de Madrid estuvo motivada por el rápido avance del ejército de África, que desde su llegada a la Península había realizado un rápido avance hacia la capital, encontrándose, en el momento de tomarse la decisión, ya en Talavera de la Reina, a 116 kilómetros de Madrid, sin que ninguno de los esfuerzos hechos para detenerlos o frenar su avance hubiesen tenido éxito, siquiera parcial. Sin embargo, las tropas sublevadas no llegarían finalmente hasta dos meses después, no debido a la resistencia de las fuerzas republicanas, sino a una decisión del propio Franco, que decidió desviarse para socorrer a los sitiados en el Alcázar de Toledo, en una operación de prestigio que le consolidó políticamente y le permitió ascender a la jefatura del Estado el 29 de septiembre de 1936. La capital resistiría hasta el fin la guerra, y el propio gobierno republicano no se trasladó a Valencia hasta el 6 de noviembre.

Uno de los principales protagonistas de los hechos, Largo Caballero, justificó posteriormente, en su exilio francés, el envío del oro en el Pacto de No Intervención y la defección de las democracias con respecto a la República, y la amenaza de los sublevados sobre Madrid. No obstante lo cual, su compañero, el también socialista Luis Araquistáin, lo atribuyó posteriormente a la coacción soviética.

También se habló del peligro faísta, y de la intención anarquista de asaltar las bóvedas del Banco de España y transferir las reservas de oro a Barcelona, el bastión de la CNT y la FAI, no sólo para mantenerlo a salvo, sino para comprar material de guerra por su cuenta. Este plan habría sido preparado por Diego Abad de Santillán, uno de los más ardientes detractores de Negrín, pero tal extremo es considerado falso por el historiador libertario Francisco Olaya Morales, que opina que el oro se trasladó a Cartagena no por motivos de seguridad o por ninguna amenaza franquista o anarquista, sino con la intención preconcebida de enviarlo a Moscú.

Según Martín Aceña, fue igualmente Stashevski quien propuso a Negrín depositar el oro en Moscú, en tanto que Walter Krivitsky, general del Ejército Rojo y encargado de la inteligencia militar en Europa Occidental durante la época, posteriormente huido a Estados Unidos, afirma que cuando Stalin decidió intervenir en España, no quiso arriesgar nada, sino que se aseguró de que existía suficiente oro como para pagar la ayuda a la República.

Menos de 24 horas después de la firma del decreto, la madrugada del 14 de septiembre de 1936 entraron en el Banco fuerzas de carabineros y milicias, enviadas por el ministerio de Hacienda de acuerdo con los comités de la UGT y de la CNT en el mismo Banco. Dirigió la operación de apropiación el entonces Director General del Tesoro y futuro ministro de Hacienda en el gobierno de Negrín, Francisco Méndez Aspe. Le acompañaban el capitán Julio López Masegosa, 50 ó 60 metalúrgicos y cerrajeros y un grupo de empleados de banca pertenecientes al Sindicato de Madrid, cuyo presidente era Amaro del Rosal, futuro director de la Caja General de Reparaciones. El cajero principal, al ver que la reserva de oro iba a ser evacuada, se suicidó en su despacho.

El traslado por vía férrea hasta Cartagena fue protegido por la "Brigada Motorizada" del PSOE como explica el testimonio de testigos del hecho. A los pocos días de la extracción del oro del Banco de España, los mismos funcionarios, utilizando idénticos procedimientos a los empleados con el oro, recogieron la plata, por una cuantía total de 656.708.702,59 pesetas, que fue vendida a los EE.UU. y a Francia entre junio de 1938 y julio de 1939 por una cifra algo superior a 20 millones de dólares (una parte fue embargada por las autoridades francesas).

Con la reserva de oro en lugar seguro, a cientos de kilómetros del frente, parecía que se había cumplido el mandato del Decreto Reservado del 13 de septiembre. Los nacionales, enterados del traslado del oro, calificaron el hecho de "expolio" y protestaron internacionalmente. Viñas cree que su destino final no estaba decidido todavía. «De hecho, inmediatamente después de su llegada a Cartagena lo que se decidió fue, precisamente, aumentar el volumen de los envíos que se remesaban a Francia.» Sin embargo, el 15 de octubre Negrín y Largo Caballero decidieron trasladar el oro de Cartagena a Rusia.

El oro tardó tres noches en ser embarcado, y el 25 de octubre los cuatro barcos se hicieron a la mar rumbo a Odessa, puerto soviético del Mar Negro. Acompañaban a esta expedición, como personas de confianza, cuatro claveros del Banco de España (un clavero era un custodio de las llaves de las cajas fuertes del Banco): Arturo Candela, Abelardo Padín, José González y José María Velasco. Cabe indicar, asimismo, que Orlov había reseñado 7.900 y Méndez Aspe 7.800 cajas; el recibo final fue por 7.800, y no se sabe si fue un error o desaparecieron 100 cajas de oro.

El oro, custodiado por el 173 regimiento del NKVD, se trasladó inmediatamente al Depósito del Estado de Metales Preciosos del Comisariado del Pueblo para las Finanzas (Gokhran), en Moscú, donde fue recibido en calidad de depósito de acuerdo a un protocolo, fechado el 5 de noviembre, por el que se nombraba una comisión receptora formada por los representantes del Comisariado de Finanazas, J.V. Margoulis, director del Servicio de Metales Preciosos, O.I. Kagan, director del Servicio de Divisas, el representante del Comisariado de Negocios Extranjeros y el embajador español en la Unión Soviética, Marcelino Pascua. El oro arribó a la capital soviética un día antes del 19º aniversario de la revolución de Octubre. Entre los días 6 y 7 tuvo lugar la llegada y aceptación de las cajas que contenían metales preciosos de acuerdo con "la declaración verbal del embajador de la República Española en Moscú... y de los empleados del Banco de España que acompañan el convoy... (puesto que) las cajas no están numeradas ni provistas de facturas de acompañamiento que hubieran indicado la cantidad, el peso y el contraste del metal". Según Orlov, Stalin celebró la llegada del oro con un banquete al que asistieron miembros del buró político en el que habría dicho: «Los españoles no verán su oro nunca más, como tampoco ven sus orejas», expresión que tomó de un proverbio ruso.

El oro quedó a buen recaudo en el Gokhran bajo guardia militar, y entre el 9 y el 10 de noviembre llegaron las últimas 2.021 cajas, las que viajaran en el "Kursk", firmándose en la segunda de dichas fechas el protocolo de rigor. A continuación se procedió al recuento de una muestra de 372 cajas que habría de servir para redactar el acta de recepción preliminar, la cual quedó levantada el 20 de noviembre. Seguidamente, se recontó el total del depósito, para lo cual los cuatro claveros españoles habían previsto un plazo de un año, trabajando ellos solos en dos turnos diarios de siete horas; sin embargo, el recuento, que comenzó el 5 de diciembre, terminó el 24 de enero de 1937, pese a haberlo efectuado con el máximo esmero. Se abrieron 15.571 sacos, encontrando en su interior 16 clases distintas de monedas de oro: libras esterlinas (el 70%), pesetas españolas, luises y francos franceses, marcos alemanes, francos belgas, liras italianas, escudos portugueses, rublos rusos, coronas austriacas, florines holandeses, francos suizos, pesos mexicanos, pesos argentinos, pesos chilenos y, por supuesto, una extraordinaria cantidad de dólares estadounidenses. El depósito completo ascendía a 509.287,183 kilos de monedas y 792,346 kilogramos de oro en lingotes y recortes: un total, pues, de exactamente 510.079.529,30 gramos de oro bruto, que a una ley media de 900 milésimas equivalía a 460.568.245,59 gramos de oro fino (unas 14.807.363,8 onzas troy). El valor de este oro era de 1.592.851.910 pesetas-oro (518 millones de dólares). Aparte de ello, el valor numismático de las monedas era muy superior al del oro que contenían, aunque los soviéticos no lo calcularon ni tuvieron en cuenta. Sin embargo, sí pusieron extraordinario cuidado en enumerar las monedas que eran falsas, defectuosas o que contenían menos oro del debido. Los soviéticos jamás explicaron qué hicieron con las monedas raras y antiguas, aunque es dudoso que las fundieran. Burnett Bolloten plantea que es posible que se apartaran todas las monedas de valor numismático con la idea de venderlas gradualmente en el mercado internacional.

Terminada la contabilización, el 5 de febrero de 1937 el embajador español y los responsables soviéticos G. F. Grinko, comisario de Hacienda, y N. N. Krestinsky, su adjunto para asuntos exteriores, firmaron el acta de recepción definitiva del depósito de oro español, un documento en francés y en ruso. El párrafo 2, sección 4 de este documento estipulaba que el Gobierno español quedaba libre de reexportar o disponer del oro, y el último punto incluía una cláusula conforme a la cual los soviéticos se desentendían de cualquier responsabilidad sobre el depósito según lo fuesen empleando las autoridades republicanas. Dicha cláusula establecía que "en el caso que el Gobierno de la República ordenase la exportación del oro recibido en depósito por la URSS, o bien en caso que dispusiera del mismo de otra manera, la responsabilidad asumida en el presente acta por el Comisariado del Pueblo para las Finanzas será reducida automáticamente, en todo o en parte en proporción a las disposiciones del Gobierno de la República española". Quedaba claro, pues, que se trataba de un depósito que la República podía emplear libremente, exportándolo o enajenándolo, con lo que las autoridades soviéticas no asumían ninguna responsabilidad. Cabe señalar que la URSS otorgaba la titularidad del depósito al Estado español, y no al Banco de España, su verdadero propietario.

Cuando el 15 de enero de 1937 el periódico de la CNT Solidaridad Obrera denunció la "descabellada idea de enviar las reservas de oro al extranjero", la agencia gubernamental Cosmos publicó una nota oficiosa (20 de enero), afirmando que la reserva aún se encontraba en España. Poco tiempo después, las querellas entre las organizaciones anarquistas y del POUM con el gobierno de socialistas y comunistas se manifestaron en los violentos enfrentamientos de mayo de 1937, que finalizaron con la derrota anarquista.

Pronto todos los implicados en el asunto del oro salieron de escena. Stashevsky fue ejecutado en 1937 y el embajador Rosemberg en 1938; Orlov, temiendo ser el siguiente, huyó ese mismo año a los EE.UU. al recibir un telegrama de Stalin. Los Comisarios del Pueblo de la Hacienda soviética, Grinko, Krestinsky, Margoulis y Kagan, fueron ejecutados el 15 de marzo de 1938, o desaparecieron de distintos modos, acusados de pertenecer al «bloque trotskista-derechista» antisoviético. En un alarde de sarcasmo, a Grinko también se le acusó de hacer «esfuerzos por socavar el poder financiero de la URSS». Los cuatro funcionarios españoles enviados para supervisar la operación fueron retenidos por Stalin hasta octubre de 1938 y sólo entonces se les permitió salir para lugares dispersos del extranjero: Estocolmo, Buenos Aires, Washington y México, respectivamente. Con respecto al embajador español, Marcelino Pascua, fue trasladado a París.

En el Archivo Histórico del Banco de España se conservan los documentos del llamado "dossier Negrín", entre los que se encuentran los registros contables e informaciones sobre las cuentas de la operación y que fueron entregadas por su hijo, Rómulo Negrín al gobierno de Franco el 18 de diciembre de 1956. Esta documentación ha permitido a los investigadores reconstruir lo que ocurrió tras la recepción de las reservas españolas en Moscú, cuando los soviéticos fundieron las monedas, transformándolas en barras de baja aleación de oro (cobrando un precio exorbitante por hacerlo) y aprovisionando, a cambio, las cuentas bancarias de la Hacienda de la República en el extranjero.

Negrín firmó 19 órdenes de venta consecutivas entre el 19 de febrero de 1937 y el 28 de abril de 1938, dirigidas a los sucesivos comisarios del Pueblo para las Finanzas: G.F. Grinko (hasta mayo del 37), V. Tchoula (hasta septiembre del 37) y A. Zverev (hasta el final de la guerra). En ellas, el valor de la onza de oro troy, al curso del día de la orden de venta en el mercado de Londres, era convertido en libras esterlinas, dólares o francos franceses según el cambio de la City. Según Martín Aceña, en 1937 se vendieron 415 toneladas brutas (374 de oro fino), entre enero y abril de 1938 otras 58 (52), y, de las restantes, 35 (31) fueron separadas del depoósito original para constituir un segundo depósito que garantizaba un crédito de 70 millones de dólares. Así, en agosto de 1938 restaban 2 toneladas. La República obtuvo de las ventas de oro un total de 469'8 millones de dólares, 131'6 de los cuales quedaron en la URSS para saldar diversas compras y gastos. Los rusos se quedaron un 2,1% en concepto de comisiones y corretajes, y otro 1,2% en concepto de transporte, depósito, fundición y refino: en total, menos de un 3,3%, unos 14,5 millones de dólares. El 72% restante, 338,5 millones, fueron transferidos a la Banque Commerciale pour L'Europe du Nord, o Eurobank, de París, la organización financiera soviética en Francia, propiedad del Gosbank, el banco nacional de la Unión Soviética. Desde París, los agentes del Tesoro y diplomáticos pagaron las compras de armas y materiales adquiridos en Bruselas, Praga, Varsovia, Nueva York y México, entre otros lugares.

Los historiadores que han accedido al Archivo y al "dossier Negrín" creen que se puede afirmar que los soviéticos no abusaron de su posición ni estafaron a los españoles en las transacciones financieras, pero que tampoco hicieron concesión alguna; en palabras de María Ángeles Pons: "nada obtuvo gratis la República de sus amigos rusos" pues se encuentran registrados todo tipo de gastos y servicios facturados al gobierno. Sin embargo, autores como Gerald Howson sostienen la existencia de una estafa soviética en la gestión del depósito en Moscú, en la idea de que Stalin habría hinchado el precio del material de guerra vendido manipulando los cambios de rublos a dólares y de dólares a pesetas, cargando los tipos de cambio internacionales hasta un treinta y un cuarenta por ciento. En todo caso, Negrín ni estudió ni custodió los comprobantes de las compra de material militar para asegurarse de que fuese el necesario, y no el que los consejeros soviéticos consideraban oportuno, para asegurar su correcta distribución en el frente y para asegurar su calidad y precio.

También se habla del poder omnímodo que ejercieron entonces los comunistas, aprovechando la presión que podía ejercer la Unión Soviética con el control del oro. Según José Giral, a pesar de tener pagadas todas las compras de armamento, la Unión Soviética no enviaba ningún material si el gobierno de la República "no accedía antes a que fueran entregados a los comunistas importantes puestos militares y policíacos".

Ángel Viñas llegó a la conclusión de que el depósito de oro se agotó menos de un año antes del final de la Guerra Civil, gastándose íntegramente en pagos de armamento (incluyendo los costes de la operación). Autores como Martín Aceña u Olaya Morales critican los modelos hipotéticos de Viñas, que en su opinión carecen de pruebas que los validen al cien por cien, resultando por el momento imposible afirmar si fue así. Si, efectivamente, el depósito de oro fue íntegramente vendido a los soviéticos, queda no obstante sin responder la cuestión del gasto de todas las divisas generadas por la venta del oro y transferidas a la Banque Commerciale de l'Europe du Nord de París, ya que no se ha encontrado ningún documento, soviético o español, referente a tales operaciones. Martín Aceña concluye que "la investigación del oro no se ha cerrado del todo". En cualquier caso, agotado el oro, el escaso crédito de la Hacienda republicana se esfumó.

Además de las reservas de oro del Banco de España, a lo largo de la Guerra Civil Española afluyó a Moscú una cantidad indeterminada de metales preciosos de origen desconocido y procedente supuestamente de las incautaciones de la Caja General de Reparaciones, en una serie de envíos posteriores.

Están documentados el caso del mercante español Andutz Mendi, de 3.800 Tm. de desplazamiento, que atracó en Estambul el 14 de febrero de 1937 con un cargamento de cajas de oro. Su destino era Odessa, al igual que el del vapor Latymer, que en noviembre de 1938 declaró a las autoridades griegas una carga de "plomo argentífero". Igualmente, se sabe que el comunista austríaco Sigmund Rot hizo varios transportes de monedas de oro entre España y Praga, con destino Moscú; según la que sería dirigente de la resistencia francesa Dominique Desanti, el barco Cap Pinede desembarcó en Port Vendres un cargamento de oro y joyas que fue agregado en secreto a un convoy ferroviario de armamento defectuoso que se devolvía a la URSS; el comunista Domingo Hungría se llevó del tesoro acumulado en el Castillo de Figueras dos camiones cargados de oro y joyas, el comunista Villasantes, un camión cargado con maletas llenas de joyas, y un comandante del Batallón Especial de Líster, otros cuatro. Se desconoce que ocurrió con estos cargamentos y las divisas que pudiera generar su venta a la URSS. A finales de 1939, en la Banque Commerciale de l'Europe du Nord existían un total de 1.896 millones de francos a nombre de colegas, familiares y agentes del presidente Negrín.

Está por aclarar el destino de numerosas partidas de bienes y productos: los 2.500 millones de francos entregados al PCF para la creación de France Navigation, la liquidación de compañías y cuentas bancarias, saldos pendientes del gobierno republicano, y deudas del soviético con diversas compañías españolas. Así por ejemplo, el gobierno soviético adeudaba a la Campsa-Gentibus 1'5 millones de dólares, 800.000 libras, 4 millones de francos, y 41 millones de pesetas, además de los envíos no contabilizados. La CEA y la Mid-Atlantic ingresaron en los bancos soviéticos de París y Londres un total aproximado de 75 millones de francos, 25,5 millones de libras y 36 millones de dólares de los que nunca más se supo. A este conjunto de flujo financiero en favor de los soviéticos habría que añadir el valor de la , incautación por los soviéticos de 9 barcos españoles fletados por un valor aproximado de 8 millones de dólares.

La salida de las reservas de oro del Banco de España hacia Moscú ha sido señalada como uno de los desencadenantes de la crisis monetaria que sufrió la España republicana en 1937. Aunque el oro y los billetes fueron en la práctica un excelente medio de financiación, supusieron en cambio un duro golpe para la moneda acuñada e impresa. La credibilidad financiera del Gobierno quedaba en entredicho ante las afirmaciones de los nacionales sobre la salida del oro y el público en general desconfiaba. El decreto del Ministerio de Hacienda del 3 de octubre de 1936, que exigía a los españoles que entregasen todo el oro amonedado o en pasta que poseyesen, hizo cundir la alarma. Pese a que en enero de 1937 el gobierno desmintiese que se había depositado dicho oro en el extranjero (vide supra), tuvo que reconocer que efectuó pagos con él.

Sin una reserva del oro para avalar una moneda en constante devaluación, se comenzaron a emitir cantidades crecientes de billetes sin ninguna cobertura metálica, incrementando así el papel circulante. Para el 30 de abril de 1938 se calculó la cifra de nuevos billetes en circulación en el área republicana en 12.754 millones de pesetas, un incremento de un 265'8% con respecto a los 3.486 existentes el 17 de julio de 1936; por entonces circulaban en la zona nacional 2.650 millones, frente a los cerca de 2.000 de julio del 36. Todo ello creó una enorme inflación y el acaparamiento de metal precioso por parte de la población. Mientras que en la zona sublevada los precios crecerían un 40%, en la «zona republicana» se llegaron a multiplicar 15 veces. Las monedas metálicas desaparecieron y fueron sustituidas por redondeles de cartulina o papeles. Casi nadie deseaba vender a cambio de unos billetes depreciados, con los cuales poco podía comprarse, y más cuando se sabía que, de ganar los franquistas, aquellos billetes perderían su valor, pues todos eran de series nuevas puestas en circulación después de julio de 1936 y no reconocidas por el bando nacional. Ante el acaparamiento de moneda metálica, el Estado no supo -o no pudo- reaccionar, imprimiendo moneda fraccionaria con éxito más bien discreto; fueron las corporaciones municipales y otras instituciones locales quienes cubrieron el vacío, favorecidas por la fragmentación del poder en el bando republicano, imprimiendo sus propios bonos provisionales, pero en muchos casos rechazando el de los municipios vecinos.

En la comunidad internacional surgió la percepción de que la República atravesaba una situación revolucionaria anticapitalista, favorecida por el testimonio de financieros españoles, como el ex ministro de la Monarquía y activo colaborador del bando franquista Francesc Cambó, hombre de gran influencia en el mundo financiero. Lógicamente, al ver amenazados sus intereses y propiedades, el mundo financiero, tanto español como internacional se posicionó de modo inequívoco a favor de los nacionales (baste recordar el apoyo de Juan March, Ford y Texas Oil al bando sublevado, o sus facilidades para obtener créditos), acelerando la caída de la cotización internacional de la peseta republicana.

En los últimos meses de la Guerra Civil se produjo en la zona republicana una amarga división entre los partidarios de resistir a ultranza y enlazar la Guerra Civil con la inminente Segunda Guerra Mundial y quienes pretendían poner fin a la guerra mediante un acuerdo con los "nacionales" que creían evitaría males mayores. Negrín contaba con el único apoyo del PCE, en tanto que el resto de partidos, incluida la práctica totalidad del PSOE y la facción prietista de éste, que había apoyado inicialmente a Negrín, se oponían al presidente del Consejo de Ministros. Indalecio Prieto había roto públicamente con Negrín en agosto de 1937, tras su salida del Gobierno, en el que desempañaba la cartera de Defensa Nacional; en la reunión del comité central del partido acusó violentamente a Negrín de haber cedido ante la presión comunista para expulsarle del gobierno, acusación que mantuvo hasta el fin de sus días. Ya desde otoño de 1938, el antagonismo entre socialistas y comunistas había provocado incluso enfrentamientos violentos.

Esta división culminó con el golpe de Estado del coronel Casado, en marzo de 1939, activamente apoyado desde el PSOE por besteiristas y caballeristas. El nuevo Consejo Nacional de Defensa expulsó a los comunistas y negrinistas del aparato estatal republicano, provocó la huida de Negrín de España y precipitó el fin de la Guerra Civil tras un último y estéril intento negociar la paz con Franco, que sólo aceptó la rendición incondicional. Acusado de ser una marioneta de los comunistas y de haber conducido a la República al desastre, el asunto del "Oro de Moscú" fue uno de los muchos argumentos utilizados contra Negrín en las polémicas que siguieron.

Tras el fin de la Guerra, el PSOE inició una lenta reconstrucción en el exilio. El partido se articuló en torno a la dirección ideológica de Prieto desde su refugio en el México priísta, donde habían excluido a los negrinistas del partido, y a la organizativa de Toulouse, en especial tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. El PSOE en el exilio agrupó a los dirigentes de las tres tendencias en las que se había dividido el socialismo durante la contienda, lideradas por Besteiro, Prieto y Largo Caballero, que lograron superar sus enfrentamientos, con una clara orientación anticomunista y antinegrinista.

Entre los exiliados, en particular entre los disidentes del PCE, se venía afirmando desde el fin de la guerra que el oro, o al menos una parte de él, no fue convertido en divisas para adquirir armas para la República, criticando la opacidad de la gestión de Negrín, que retuvo la documentación y se negó a rendir cuentas al gobierno en el exilio. Se destacaron las críticas de uno los principales implicados, Francisco Largo Caballero, que, según Ángel Viñas, constituyen «uno de los mitos que han ennegrecido la figura de Negrín».

A finales de 1956 Juan Negrín falleció en París, y su hijo Rómulo, siguiendo instrucciones de su padre, entregó el llamado el «Dossier Negrín» al asesor jurídico del Ministerio de Exteriores, Antonio Melchor de las Heras, "para facilitar el ejercicio de las acciones que al Estado español puedan corresponder (...) para obtener la devolución del citado oro a España", según testimonio del cónsul adjunto en París, Enrique Pérez Hernández. Las negociaciones con el gobierno franquista habían sido iniciadas por el ex Ministro de Justicia y amigo de Negrín Mariano Ansó a petición del propio Negrín, que consideraba que los documentos eran propiedad del gobierno de España, independientemente de quien lo ejerciera. En un documento fechado el 14 de diciembre de 1956, redactado y firmado por Ansó y refrendado por el hijo de Negrín se expresaba «la honda preocupación por los intereses de España frente a los de la URSS» y su temor ante «la indefensión a que reducía a España el hecho de verse privada de toda documentación justificativa de sus derechos, en un obligado balance de cuentas, procedente, acaso, de la más vasta e importante operación llevada a cabo entre dos países.» Después de enumerar otros varios asuntos que «pesaron en el ánimo del señor Negrín», entre ellos la retención soviética de «importantes y numerosas unidades de la flota mercante española», según Ansó, Negrín estimaba que ''«en una ulterior liquidación de cuentas entre España y la URSS, su deber de español le obligaba a un apoyo incondicional del interés de la nación».

El dossier, una serie incompleta de documentos relacionados con el depósito y gestión del oro del Banco de España, fue enviado a Alberto Martín Artajo, ministro de Asuntos Exteriores, y remitido con un escueto oficio al subgobernador del Banco de España, Jesús Rodríguez Salmones, quien, sin inspeccionar los papeles, ordenó que se guardaran en las cajas fuertes de la institución. Aunque la transferencia fue realizada en la más estricta intimidad, ya que Negrín había condicionado la misma a que se guardara el más absoluto secreto, pronto la noticia fue de dominio público, lo que provocó apasionadas controversias. En su discurso institucional del Año Nuevo de 1957, Franco reconoció la crisis económica que sacudía el país, junto con la necesidad de emisión de moneda que había provocando una alza de precios, así como los problemas derivados de las huelgas y protestas sociales, duramente reprimidas. También, sorprendentemente, envió un mensaje a la URSS suavizando su tradicional discurso antisoviético, coincidiendo con la pérdida de poder de los círculos falangistas en favor de los tecnócratas. Ese mismo mes se envió una comisión a Moscú con el mandato oficial de tratar sobre la repatriación de españoles, que el Time consideró que debía también abrir negociaciones sobre el retorno del oro.

Según información recibida, el Gobierno español efectuó numerosos pagos para sus compras extranjeras y dio instrucciones para transferencias de divisas, que se ejecutaron por el Banco de la Unión Soviética. Según los datos de las autoridades soviéticas, el Gobierno español agotó el oro depositado en la Unión Soviética. Todas las órdenes del Gobierno republicano español venían correctamente firmadas conjuntamente por Francisco Largo Caballero, primer ministro republicano español, y Negrin, ministro de Hacienda. Más tarde, cuando Negrín pasó a ser primer ministro, firmaba como tal y como ministro de Hacienda. La última carta de Negrín, fecha 8 de abril de 1938, prueba que se ha agotado el oro. La carta pide en nombre del Consejo de Ministros de la República española, que se liquide todo el oro español que queda en la Unión Soviética. Así se hizo.

Pablo Martín Aceña, Francisco Olaya Morales y Ángel Viñas han sido los tres investigadores españoles más destacados sobre el tema, siendo este último el primero en acceder a la documentación del Banco de España. A nivel internacional, Gerald Howson y Daniel Kowalsky han tenido acceso directo a los documentos de los archivos de la Unión Soviética abiertos a los investigadores durante los años 90 del siglo XX, centrándose sus investigaciones en las relaciones entre la Unión Soviética y la República, y los envíos de material militar.

Aunque la decisión de utilizar las reservas de oro no ha suscitado gran debate ni interés entre los historiadores, su destino sigue siendo motivo de controversia. Autores como Viñas, Ricardo Miralles o Enrique Moradiellos defienden la gestión política de Negrín, tanto al frente del ministerio de Hacienda, como de la presidencia del Consejo de Ministros (Viñas lo considera "el gran estadista republicano durante la Guerra Civil") y estiman que el envío del oro a la URSS tenía una racionalidad política, económica y operativa aceptada por el gobierno republicano en pleno. Habría sido, según éstos, la única opción viable ante el avance de los sublevados y la no-intervención de las democracias occidentales, posibilitando la supervivencia de la República en un contexto internacional adverso. Para estos autores, sin la venta de las reservas, no habría habido posibilidad alguna de resistencia militar. Por su parte, Martín Aceña estima que el envío del oro fue un error que le costó a la República su capacidad de financiación: la URSS era un país lejano, de burocracia opaca y funcionamiento financiero ajeno a las normas y garantías internacionales, de modo que lo lógico hubiera sido enviar el oro a países democráticos como Francia o los Estados Unidos. Con respecto a Olaya Morales, anarquista y exiliado durante el franquismo, en todas sus obras califica la gestión de Negrín de criminal y niega los argumentos y teorías de Ángel Viñas, considerando el asunto del Oro un gigantesco fraude y uno de los factores más importantes de la derrota republicana.

Autores como Fernando García de Cortázar, Pío Moa o Alberto Reig Tapia han definido el episodio español del oro de Moscú como mítico, incidiendo en la instrumentalización del episodio para justificar la desastrosa situación de la España de la posguerra. Ángel Viñas se centra especialmente en la presunta falsedad de un mito que considera "franquista", en tanto que Pío Moa y Olaya Morales le reprochan que, precisamente, las mayores críticas a la gestión de Negrín procedieron no del franquismo, sino de los propios republicanos, en especial de antiguos correligionarios de Negrín como Largo Caballero o Indalecio Prieto.

En 1994 María Dolors Genovés, directora de programas especiales de TV3, realizó un valioso documental titulado L'Or de Moscou, para esta cadena televisiva autonómica.

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Salario mínimo

El salario mínimo es el mínimo establecido legalmente, para cada periodo laboral (hora, día o mes), que los empleadores deben pagar a sus trabajadores por sus labores. Fue establecido por primera vez en Australia y Nueva Zelanda en el siglo XIX. Los costos y beneficios de los salarios mínimos legales son aún objeto de debate.

Generalmente se expresa en unidades monetarias por jornada de trabajo; por ejemplo, que no se puede pagar menos de 6 euros/dólares/libras a un trabajador por cada hora de trabajo. Cada país suele establecer las normas legales que regulan el salario mínimo y los mecanismos para determinar periódicamente su monto, generalmente en forma anual.

En Argentina, se denomina "Salario Mínimo, Vital y Móvil", el cual es fijado por el Ejecutivo y acordado por el "Consejo del Salario" (compuesto por gremios, empresarios y funcionarios del gobierno).

Antes del 1ero de agosto de 2008 el salario mínimo era $980 por mes.

Recientemente fue aprobado elevarlo de $980 a $1.200 a partir del 1° de agosto de 2008 y a $1.240 en diciembre de 2008.

Asimismo, el valor mínimo por hora para los trabajadores jornalizados es a partir de agosto de 2008 de $ 6 y $ 6,2 desde diciembre 2008.

El salario mínimo en Brasil se denomina "Salário Mínimo" el cual se fija para periodos de un año y su periodicidad de pago es mensual.

En Chile, el sueldo mínimo se denomina Ingreso Mínimo Mensual, que es el monto mensual mínimo de la remuneración por una jornada ordinaria de trabajo (que no puede exceder de 45 horas semanales). Es fijado por ley por el Congreso, en base a una propuesta del gobierno acordada con representantes de los empleadores y los trabajadores. Generalmente entra en vigor cada 1º de julio de cada año y dura un año. Chile ha ratificado el Convenio 131 sobre fijación de salarios mínimos de la Organización Internacional del Trabajo.

Para los trabajadores de casa particular, es equivalente al 83% del ingreso mínimo mensual regular. Para los mayores de 65 años y los menores de 18 años, el monto es fijado en la ley, y ha tendido a ser cercano al 75% del ingreso mínimo mensual regular desde 2003. El ingreso mínimo no remuneracional también se fija en la misma ley, y ha tendido a ser cercano al 65% del ingreso mínimo mensual regular desde 2003.

Tipo cambio del dólar observado, promedio año 2008: $522,46/US$1.

El salario mínimo en Colombia es el Salario Mínimo Legal Mensual Vigente el cual se fija para periodos de un año y su periodicidad de pago es mensual.

Al auxilio de transporte tienen derecho los servidores públicos y los trabajadores particulares que devengan hasta dos veces el salario mínimo legal mensual vigente, lo que equivale a $ 59.300 pesos colombianos mensuales.

En España, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) es el sueldo mínimo legal que un trabajador puede cobrar independientemente de la dedicación profesional de la persona. Se expresa en unidades monetarias por hora de trabajo. Es publicado anualmente en el BOE.

Para el establecimiento del salario mínimo de cada año se consideran de manera conjunta el Índice de precios al consumo (IPC), la productividad media nacional, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional y la situación económica analizada de forma general. Podrá ser modificado semestralmente si hay variaciones sobre el presupuesto de IPC.

A fecha de 2009, el salario mínimo es de 20,80 €/día, 624 €/mes y 8736 €/año (14 pagas mensuales).

En Estados Unidos, la Ley de Normas Razonables de Trabajo (Fair Labor Standards Act, FLSA) establece el salario mínimo, la remuneración por sobretiempo, el mantenimiento de registros, y las condiciones para el trabajo de jóvenes que afectan a los trabajadores de jornada completa y parcial en el sector privado así como en el gobierno federal, estatal y local.

Los trabajadores sin excepciones tienen derecho a recibir un salario mínimo no menor a US$ 7,25 desde 2009; antes US$ 5,15. La remuneración por horas extras debe ser no menor de una y media veces su salario regular después de 40 horas de trabajo en una semana laboral.

En México, el salario mínimo diario lo establece la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos mediante resoluciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación, según lo disponen los artículos 123 de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 570 de la Ley Federal del Trabajo. La asignación de Salarios Mínimos Generales y Profesionales se divide en 3 zonas geográficas.

A fecha de 2009, el salario mínimo diario es de 54,80 pesos en la zona A, 53,26 en la zona B y 51,95 en la zona C.

En Perú el salario mínimo se denomina Remuneración Mínima (se eliminó la expresión "Vital" en la Constitución de 1993), que actualmente equivale a S/. 550 nuevos soles mensuales(aproximadamente 175 dólares estadounidenses, Tipo de cambio en Enero de 2009) mensuales. Dicha remuneración es fijada por el Ministerio de Economía y Finanzas, el cual regula su variación en función a diferentes variables económicas, y es aprobada mediante decretos de urgencia de la Presidencia del Consejo de Ministros.

En Venezuela, el salario mínimo lo establece directamente el gobierno nacional con su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Según el anuncio del presidente Hugo Chávez éste, a partir de mayo de 2008, será de 799 Bs.F (372 dólares estadounidenses), en una jornada de 40 horas semanales, convirtiéndose así en el país con el salario mínimo más alto de latinoamérica. Si a esto se le incorpora además el beneficio de ticket de alimentación, el salario mínimo no sólo supera a todos los demás, sino que casi triplica el promedio de América Latina, que es de 212 dólares, alcanzando así los 558 dólares, en un intento de compenzar la elevada tasa de inflación existente, cuyo promedio trimestral general alcanzó su punto máximo en enero de 2008 (54,3%) y la subyacente 43,8%, pero esa tasa fue cayendo en el transcurso del año, al punto de que durante el último trimestre se registró un promedio de 31,4% (general), convirtiéndose entonces en la inflación más alta del mundo. (En Venezuela el tipo de cambio oficial es de Bs.F 2,15/US$ y esta controlado por el ejecutivo nacional desde hace más de 3 años, el cual no lo ha modificado en ese tiempo, y el acceso a divisas está restringido a un maximo anual de 2.500 US$ y solo para viajeros que posean tarjetas de crédito, obligando al ciudadano común a recurrir al mercado paralelo de divisas, con un diferencial de aproximadamente 200 % más costoso, incrementando aun más la inflación).

Hay diversas teorías económicas acerca de las consecuencias del salario mínimo. Según ellas, las consecuencias serían positivas o negativas.

Consecuencias ambivalentes, positivas y negativas.

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Indulto

El indulto (también conocido como perdón) es una causa de extinción de la responsabilidad penal, que supone el perdón de la pena. Es una situación diferente a la amnistía, que supone el perdón del delito, ya que por el indulto la persona sigue siendo culpable, pero se le ha perdonado el cumplimiento de la pena.

El indulto puede ser total o parcial. A su vez puede ser general y particular.

El "derecho de gracia", también conocido como indulto, es una renuncia al ejercicio del poder punitivo del Estado, fundada en razones de equidad, oportunidad o conveniencia pública (Política).

Pueden indultarse las penas accesorias con exclusión de las principales y viceversa, a no ser que aquellas sean inseparables de éstas. La remisión de la pena principal implica, igualmente, la de las accesorias, a excepción de la inhabilitación para cargos públicos y derechos políticos, las cuales no se entenderán comprendidas, si de ellas no se hubiere hecho mención especial en la concesión.

El procedimiento y requisitos para la concesión del indulto particular se encuentran recogidos en la Ley de 18 de junio de 1870 modificada por la Ley 1/1988 de 14 de enero. El trámite de solicitud de los indultos particulares puede llevarse a cabo por los penados, sus parientes o cualquier otra persona en su nombre.

Las solicitudes serán sometidas a informe del Tribunal sentenciador, debiendo ser oídos el Ministerio Fiscal y el ofendido, si lo hubiere. La concesión compete al Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Justicia, y se acordará mediante Decreto motivado, que deberá insertarse en el Boletín Oficial del Estado.

Los indultos generales están prohibidos en España, por lo que sólo son aplicables los indultos particulares.

Todas las peticiones federales de perdón se dirigen al Presidente, y son concedidas o denegadas por él. Como norma, estas peticiones se remiten para su revisión y recomendación no vinculante respecto de las mismas al U.S. Pardon Attorney, un funcionario del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Desde 1977, los presidentes han recibido unas 600 peticiones de perdón o clemencia por año y han concedido alrededor de un diez por ciento de las mismas, aunque el porcentaje de perdones e indultos varía entre las distintas administraciones (globalmente, el número de perdones ha sido menor desde la Segunda Guerra Mundial que en épocas anteriores). Para que un perdón pueda ser concedido, en general los que van a ser perdonados deben admitir previamente su culpa.

El poder presidencial para perdonar y conmutar penas ha sido controvertido desde siempre; muchos anti-federales recuerdan ejemplos de abusos por parte de los reyes europeos de ese poder de perdonar, y advierten que lo mismo podría ocurrir en las repúblicas. Por su parte, The Federalist Papers (una colección de artículos publicada como argumentación para aprobar la Constitución de los Estados Unidos) incluye una fuerte defensa del poder de perdonar. El Presidente George Washington concedió los primeros perdones federales a varios líderes de la rebelión del whisky (desarrollada entre 1791 y 1794 en protesta por los impuestos establecidos a determinadas bebidas alcohólicas).

Muchos perdones han sido controvertidos; los críticos arguyen que los perdones se usan más por conveniencia política que para corregir un error judicial. Quizás el perdón más famoso en la historia de Estados Unidos fue concedido por el presidente Gerald Ford a su antecesor en el cargo, el presidente Richard Nixon, el 8 de septiembre de 1974, por la conducta oficial delictiva que dio lugar al escándalo Watergate. John Tyler pudo haber sido el primer ex-presidente en beneficiarse de la clemencia, si no hubiese muerto antes de que la Guerra Civil Americana hubiese terminado. Las encuestas mostraron que la mayoría de los ciudadanos estadounidenses desaprobaban claramente en aquel momento ese perdón a Nixon. El respaldo popular a Ford decayó tras su perdón a Nixon, y dos años más tarde fue derrotado en las elecciones presidenciales. Otros usos controvertidos del poder de personar incluyen los miles de perdones indiscriminados concedidos por Andrew Johnson a antiguos oficiales y militares Confederados tras la Guerra Civil Americana, la amnistía de Jimmy Carter para los desertores de la guerra del Vietnam, el perdón de George H. W. Bush a seis oficiales de la administración Reagan acusados y/o condenados en relación con el asunto Irangate, y los perdones concedidos por Bill Clinton a terroristas del FALN y a 140 personas (estos concedidos en su último día de presidencia).

Un perdón presidencial puede ser concedido en cualquier momento tras la comisión del delito; el perdonado no tiene por qué haber sido ni condenado ni siquiera formalmente acusado por un crimen. En la inmensa mayoría de los casos, sin embargo, el Pardon Attorney solo considera las peticiones de personas que han cumplido condena y que, además, han demostrado su capacidad para desarrollar una vida responsable y productiva durante un periodo de tiempo significativo tras su acusación o tras haber sido liberados. Determinados Tribunales federales sostienen que el Presidente puede perdonar o indultar de forma condicionada, y que la persona objeto de tales perdones e indultos no puede rechazarlos, aunque debe aceptar y cumplir sus condiciones.

El poder de perdonar del presidente afecta sólo a delitos considerados por la Ley Federal. Sin embargo, los gobernadores de muchos Estados de los Estados Unidos tiene el poder de conceder perdones o indultos por delitos considerados por la Ley Criminal del estado. En otros estados, ese poder está en manos de un consejo, o, combinadamente, en las de un consejo y el gobernador.

En Canadá, los perdones son gestionados por el National Parole Board bajo las directrices del Criminal Records Act, del Código Criminal y de otras leyes. El Código Criminal establece un periodo de tres años de espera para los delitos menores, y un periodo de cinco años para los graves. El periodo de espera comienza tras haber sido terminado el juicio.

La resolución de la concesión de un perdón en Canadá es un complejo y largo proceso, y cualquier error en la aplicación puede causar innecesarios y costosos retrasos. Mucha gente usa agencias privadas para gestionar sus documentos con el objeto de evitar errores al respecto.

El coste de la obtención de un perdón es variable y depende de un número de circunstancias específicas de cada aplicación.

El tiempo del proceso para cada aplicación del perdón depende de si es calificado o no como urgente. Para los casos normales, el proceso típico puede llevar un año o dos, o más. Los Perdones Urgentes son difíciles de obtener, y son evaluados caso a caso por el National Parole Board. Una vez concedido el perdón, desaparece administrativamente cualquier referencia delictiva al respecto de la persona que ha sido perdonada.

En Canadá, la clemencia es concedida por el Gobernador General de Canadá o por el Governor in Council (el gobierno federal) bajo la Prerrogativa Real de Gracia. Las aplicaciones se realizan también por parte del National Parole Board, como en el caso de los perdones, aunque la clemencia puede suponer la conmutación de la condena, o la remisión de la misma completa o en parte, un aumento del plazo de ejecución de la condena (por motivos médicos, por ejemplo), o una derogación de una prohibicióna (por ejemplo, permitir conducir a quien se le había prohibido).

El poder de conceder perdones e indultos es una Prerrogativa Real de la Gracia de la Reina del Reino Unido. Ha estado tradicionalmente vinculado al poder absoluto de la reina el perdonar e indultar a cualquier individuo, que haya sido condenado por un crimen, tanto de su encarcelamiento como del castigo que le fuese impuesto. Los perdones fueron muy concedidos en el siglo XVIII con la condición de que los criminales condenados aceptasen ser transportados a ultramar, por ejemplo, a Australia. El primer perdón general en Inglaterra fue concedido con motivo de la celebración de la coronación de Eduardo III en 1327. No obstante, hoy en día hay diferencias procesales significativas en el uso del perdón real.

En el Reino Unido, la gestión de los perdones se lleva a cabo según el Rehabilitation of Offenders Act 1974 (un artículo legislativo al respecto). Un perdón Real para un encarcelamiento injusto sigue un procedimiento parecido al descrito más arriba en el caso de Canadá. Además, la gente que ha cometido delitos leves (condenados a menos de tres años de cárcel) pueden librarse de su consignación en los registros si no reinciden. El objeto de esto es que no haya gente que tenga que sobrellevar de por vida el lastre de delitos menores cometidos durante su juventud. El periodo de no reincidencia es de 5 años para una sentencia que no implique pena de cárcel y hasta de 10 años para una sentencia que sí incluya una pena de prisión de entre seis meses hasta dos años y medio. Para un delincuente joven (por debajo de los 18 años), el período de no reincidencia es de cinco años, incluso si hay prisión de por medio. El Rehabilitation of Offenders Act 1974' no se aplica a los que trabajan con grupos sociales vulnerables, tales como profesores y trabajadores sociales, que deben cumplir íntegros sus castigos. Además, a los que trabajan en profesiones vinculadas al sistema judicial, tales como abogados o policías, no se les permite ocultar los detalles de castigos anteriores en lo referente a su trabajo.

Los perdones y los actos de clemencia (grâces) son concedidos por el presidente de Francia, quien, en última instancia, es el juez único respecto de la conveniencia de la medida. La persona condenada envía una solicitud de perdón al Presidente de la República. El juez que emitió el veredicto informa sobre el caso, y el caso es enviado a la dirección del Ministerio de Justicia para asuntos criminales y perdones con el objeto de recabar consideraciones adicionales.

Si se concede, el decreto del perdón es firmado por el Presidente, por el Primer Ministro, por el Ministro de Justicia y por otro Ministro que de alguna manera esté implicado en la consideración del caso. No se publica en el Journal Officiel (el Boletín Oficial del Estado).

El decreto puede evitar que el solicitante cumpla toda su pena, o puede permitirle conmutarla por otra menor. No suprime el derecho de la víctima del crimen a obtener la indemnización por los daños sufridos, y no elimina los antecedentes penales del delincuente.

Cuando la pena de muerte estaba en vigor en Francia, casi todas las condenas daban lugar a una revisión presidencial para un posible perdón posible. Se concedía de forma rutinaria un retraso de la ejecución para que las peticiones de perdón pudiesen ser examinadas. Si se concedía, la clemencia exigía generalmente la conmutación de la pena de muerte por otro tipo de condena.

El Parlamento francés, en ocasiones, concede amnistías. Se trata de un concepto y de un procedimiento diferente de lo anterior, aunque la frase "amnistía presidencial" es a veces aplicada de forma peyorativa a determinadas decisiones del parlamente votadas después de una elección presidencial, que consiste en conceder la amnistía en casos de delitos menores.

El derecho de conceder el perdón en Alemania recae en la oficina del Presidente (Bundespräsident), aunque él puede transferir esta decisión a otras personas, tales como el Canciller o el Ministro de la Justicia. La amnistía se puede conceder solamente por ley federal.

Con el decreto del perdón, el Presidente puede librar al condenado de su castigo o cambiar el tipo de castigo. El perdón, a menos que se diga de otra manera en el decreto, no puede elminar todos los efectos de una condena (como su mención en el certificado de conducta), de hecho, solo elimina el castigo principal (la prisión o la multa).

De acuerdo con la Constitución de Irlanda, Art 13 Sec 6, el Presidente de Irlanda puede perdonar a criminales condenados: "El derecho de perdonar y el poder de conmutar o rebajar un castigo impuesto por un tribunal que ejercita su jurisdicción criminal, son atributos del Presidente, aunque tal poder de conmutación o remisión puede también ser conferido por ley a otras autoridades". No obstante, esto solo ocurre tras el consentimiento del Gobierno de Irlanda. El Presidente no puede perdonar a nadie sin el consentimiento del Gobierno, de hacerlo provocaría una crisis constitucional que podría llevar a la recusación del Presidente.

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Historia del cristianismo en España

La Conversión de Recaredo, en una pintura histórica de Antonio Muñoz Degrain (1887)

Tras haber sido impuesto como religión oficial en el último siglo del Imperio Romano, el cristianismo sufrió las vicisitudes de una prolongada Edad Media, que comenzó experimentando la segregación entre el arrianismo que traían los invasores germánicos y el catolicismo de los hispanorromanos (hasta la conversión de Recaredo en 586), para pasar a enfrentarse con el Islam en la Reconquista, periodo que presenció tanto la tolerancia como los intentos de erradicación entre religiones alternativamente dominantes.

La conformación de los reinos que terminaron reuniéndose en la Monarquía Católica o Monarquía Hispánica del Antiguo Régimen se hizo en gran medida a través de la construcción de una personalidad fuertemente religiosa, representativa del dominio social del grupo que se identificaba a sí mismo con el concepto étnicamente excluyente de cristiano viejo, y que desembocó en lo que ha podido llamarse política de "máximo religioso" de los Reyes Católicos, incluyendo la creación de la Inquisición española, la expulsión de los judíos y el bautismo forzoso de los moriscos, así como una fuerte reforma institucional del clero, a cargo del cardenal Cisneros. La Iglesia española de la Edad Moderna fue desde entonces un mecanismo disciplinado y al servicio de la monarquía y los estamentos privilegiados, poco accesible a las innovaciones de la Reforma luterana, que sólo alcanzó a círculos minoritarios (algunos, incluso con poca relación con el luteranismo, como los alumbrados), con lo que los conflictos religiosos de España no fueron comparables a los que desgarraron Francia, Inglaterra o Alemania en esa misma época. España, garantizado el consenso interior en materia religiosa gracias al férreo control social, fue un firme bastión del catolicismo romano, que los reyes de la Casa de Austria reclamaban defender en sus guerras exteriores en Europa (frente a luteranos o anglicanos, aunque a veces llegaran a enfrentarse a la católica Francia o a los mismísimos Estados Pontificios), en el Mediterráneo (frente a los turcos) y en la colonización de América (justificada como evangelización, no sin reflexiones en contra, como la de Bartolomé de las Casas).

En cambio sí se produjeron fortísimos debates, como el que se dio en torno al erasmismo, vinculado a la resistencia a la modernización en las órdenes religiosas. Durante el siglo XVI se suscitó un movimiento reformista de carácter místico en el que se implicaron con no pocos enfrentamientos los carmelitas Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz; también en el contexto de la Contrarreforma fundó San Ignacio de Loyola la muy influyente Compañía de Jesús. La complaciente imagen de una España "más papista que el Papa", o "martillo de herejes, luz de Trento, espada de Roma", cuyas ciudades se disputaban la primacía en el fervor mariano (votos asuncionista y concepcionista), tuvo su caricatura en la Leyenda Negra que fijó el estereotipo del español como adusto, cruel, intolerante y supersticioso. La mayoritaria identificación de lo español con la versión más rancia del catolicismo, o la minoritaria resistencia a ello, empapó buena parte de la mentalidad y la literatura española: siglos más tarde, Valle Inclán plasmó en tres adjetivos el retrato de ese eterno y quijotesco hidalgo español, el Marqués de Bradomín como "feo, católico y sentimental".

La crisis del Antiguo Régimen, rematado por la Guerra Carlista, destruyó las bases económicas y el monopolio ideológico e intelectual del clero, así como buena parte del consenso social existente hasta entonces, pudiéndose hablar a partir de la Edad Contemporánea de Dos Españas que tenían en la oposición anticlericalismo/catolicismo integrista una de las grietas separadoras que las condujeron a una Guerra Civil. Ésta fue justificada como cruzada por el clero, víctima de una violentísima represión en la retaguardia republicana (que se ha llegado a calificar de persecución religiosa recordada desde el pontificado de Juan Pablo II con canonizaciones multitudinarias).

Para el primer franquismo, el nacionalcatolicismo fue una de sus principales señas de identidad, además de componer los "católicos" una de las familias en que Franco se apoyaba en el ejercicio de su poder. Tras el Concilio Vaticano II, la jerarquía católica aparece dividida entre una orientación progresista y otra conservadora (sin que esa diferencia, como la que también existe entre una orientación centralista y otra más cercana a los nacionalismos periféricos le impida mantener la unidad estrechamente coordinada y controlada desde el papado). Simultáneamente, las comunidades cristianas de base se alinean claramente con la oposición al franquismo. La Transición supuso la plena libertad religiosa según la Constitución de 1978, que no obstante reconoce la peculiar condición de la Iglesia Católica, protegida en cuestiones relativas a la financiación y la enseñanza (conciertos educativos y asignatura de religión), lo que ha dado origen, ya en plena democracia, a algunos enfrentamientos con movilizaciones masivas. Otras cuestiones que separan a la Conferencia Episcopal de los sucesivos gobiernos han sido asuntos relacionados con la moral, como el divorcio, el aborto o el matrimonio homosexual.

No han sido tanto las conversiones sino la reciente incorporación a la sociedad española de numerosos contingentes de inmigrantes lo que ha ampliado la presencia de confesiones cristianas no católicas, sin conflictos significativos, además de aportar una numerosa población musulmana de más problemática integración. Pero el mayor desafío a la personalidad cristiana de España es la secularización de la sociedad, creciente desde el desarrollismo del franquismo final. Si son significativas las encuestas de práctica religiosa, el cambio social del último medio siglo ha sido mucho más agresivo que la frase de Manuel Azaña en 1931: España ha dejado de ser católica. Sin embargo, la pervivencia de las tradicionales manifestaciones multitudinarias de religiosidad popular, vertebradoras de la identidad local de la práctica totalidad de pueblos y regiones españolas, y de nuevas instituciones con presencia social decisiva (Cáritas, colegios religiosos, medios de comunicación como la COPE...) siguen haciendo del cristianismo, en su versión católica, el principal referente ideológico y social; incomparablemente más importante, en términos cuantitativos, que partidos políticos, sindicatos o movimientos culturales como la música o el deporte.

Aun aceptando la venida de Pablo, la expansión del cristianismo primitivo en Hispania tiene estrechas relaciones con los soldados de la Legio VII Gemina y las comunidades cristianas de África, además de la influencia decisiva de la patrística oriental. Su vehículo de expansión sería el elemento militar, a través de la Vía de la Plata y sus interconexiones con Gallaecia y Caesaraugusta. Se han encontrado varios rasgos de influencia africana en el cristianismo español primitivo: el análisis filológico de los primeros documentos de la Iglesia (como las actas del Concilio de Elvira -Iliberis-); la arquitectura de las primeras basílicas; el elemento militar y origen africano de los primeros mártires hispanos; e incluso características de la propia liturgia.

Los testimonios más antiguos de la presencia del cristianismo en Hispania son los de Ireneo de Lyon, Tertuliano y la Carta LXVII de San Cipriano, obispo de Cartago (254, en plena persecución de Decio), en la que condenaba a los obispos libeláticos Basílides de Mérida y Marcial de Astorga.

Sea como fuere, de lo temprano y extenso de la cristianización, sobre todo en zonas urbanas, fueron muestra los mártires de las persecuciones de finales del siglo III y comienzos del siglo IV, como los Santos Niños Justo y Pastor, en Complutum (Alcalá de Henares) o Santa Justa y Santa Rufina en Sevilla; y concilios como el ya citado de Ilíberis (de fecha incierta, entre el 300 y el 324, en el primer caso sería anterior a la persecución de Diocleciano y en el segundo, posterior al Edicto de Milán de Constantino). En sus 81 cánones, todos disciplinares, se encuentra la ley eclesiástica más antigua concerniente al celibato del clero, la institución de las vírgenes consagradas (virgines Deo sacratae), referencias al uso de imágenes (de interpretación discutida), a las relaciones con paganos, judíos y herejes, etc. Posiblemente el primer martirio con constancia documental ocurrió el 21 de enero del año 259 en el anfiteatro de Tarraco (Tarragona), donde fueron quemados vivos el obispo Fructuoso, y los diáconos Augurio y Eulogio (persecución de Valeriano y Galieno).

Los cristianos hispanos tuvieron oportunidad de llegar a puestos de responsabilidad en la iglesia romana: la tradición citada por San Agustín sitúa en Huesca el lugar de nacimiento de San Lorenzo mártir (diácono romano muerto en 258); incluso un texto de San Donato lo sitúa en Valencia, a donde habría hecho llegar el Santo Grial por orden del papa Sixto II.

Son de muy reciente descubrimiento (2006) unos polémicos restos arqueológicos (que destacados expertos consideran falsos) hallados en el yacimiento de Iruña-Veleia (cercano a Iruña de Oca, Álava) que parecen representar una escena de calvario, la siglas RIP y otros signos y palabras propias del cristianismo (de un modo anacrónico e impropiamente utilizadas), de una cronología excepcionalmente temprana (siglo III), que de haber sido ciertos los convertirían en los más antiguos no sólo de España, sino del mundo, como sigue sosteniendo el director del yacimiento, que insiste en la veracidad de los restos.

La instauración del cristianismo como religión oficial del Imperio con Teodosio, emperador de origen hispano, hizo que se extendiera en perjuicio de los cultos "paganos" como pasaron a denominarse. La cristianización de los templos, espacios sagrados y festividades de cultos anteriores produjo un sincretismo en el que pervivieron ritos y divinidades precristianas, sobre todo en la religiosidad popular, que a veces han podido rastrearse.

La crisis del siglo III produjo una ruralización de la sociedad y una retracción de las instituciones romanas urbanas, cuyo espacio es ocupado en buena medida por la institución episcopal. La atracción por la vida monástica en el campo tampoco es ajena de los intereses económicos de los latifundios y del emergente modo de producción feudal que sustituye al esclavista, sobre todo en el periodo siguiente a las invasiones. A partir de esos momentos, en medio de la descomposición del Imperio, se produjo la llegada a Hispania de distintas versiones del cristianismo: el arrianismo de suevos y visigodos y la aportación de una influencia migratoria de acceso más pacífico que llegó por una ruta tan insospechada como la atlántica (diócesis de Britonia, creada entre Asturias y Galicia por cristianos de Bretaña).

Entre la élite intelectual de la época final del Imperio, algunos hispanorromanos se cuentan entre los clásicos cristianos, como Osio (polemista contra Arrio y autor del Credo del Primer Concilio de Nicea, que presidió en 325) o Paulo Orosio (historiador agustinista y polemista contra Prisciliano). Este mismo Prisciliano, opuesto al papa Dámaso I (de origen hispano), abre la larga lista de heterodoxos españoles que estudió Marcelino Menéndez y Pelayo, como heresiarca del priscilianismo, condenado por los Concilios de Zaragoza (380) y de Burdeos, y posteriormente ejecutado (385), tras soportar uno de los primeros procesos con tortura, que puede considerarse precedente de la inquisición medieval.

La llegada de las invasiones germánicas del siglo V causó el fin del Imperio en Hispania y gran destrucción de vidas y propiedades, tanto civiles como eclesiásticas, además de contribuir en el plano teórico a la reflexión providencialista. Pero sobre todo influyó en el terreno religioso por la llegada de dos pueblos que se habían cristianizado en el arrianismo: los suevos, asentados en el noroeste, y los visigodos, principalmente en el centro de la península (con capital en Toledo). Ambos pueblos comenzaron con una estrategia religiosa de exclusión, aprovechando la circunstancia de las sutiles diferencias teológicas y rituales (unión hipostática, trinidad, bautismo por inmersión) para proscribir incluso los matrimonios mixtos (lo que garantizaba la segregación de los invasores, minorías dominantes, de los hispanorromanos, mayoría dominada). En ambos casos se producen tensiones internas que conducen a la adopción del catolicismo por la persona de los reyes, a los que siguen sus pueblos. En el caso de los visigodos, la muerte de San Hermenegildo por su padre Leovigildo, es seguida por la conversión de Recaredo (586). La iglesia será a partir de entonces protegida por la monarquía, lo que está en el origen de la recurrente imbricación de la Iglesia y el Estado en la Historia de España, aunque tenía su origen en la etapa constantiniana y fue recogida por otros pueblos germánicos, como los francos. Son buen ejemplo los Concilios de Toledo: eran convocados siempre por el rey, que abría las sesiones con su discurso y se ausentaba tras dejar el tomo regio que indicaba los temas a tratar (de carácter religioso pero también civil), y confirmaba los cánones con la promulgación de una ley (lex in confirmatione concilio) para darles valor civil. Acudían los obispos o sus representantes, pero también abades de monasterios y nobles del Aula Regia y Oficio palatino. Sin firmar las actas, asistían sacerdotes, diáconos y "seglares piadosos". También hubo concilios provinciales.

Destacaron a nivel europeo las figuras de San Ildefonso (obispo de Toledo, teórico de la mariología) San Isidoro (obispo de Sevilla, con una obra de pretensiones enciclopédicas -Etimologías-) y San Braulio (obispo de Zaragoza, que tuvo con el anterior una fecunda relación epistolar). La extensión del cristianismo se produce incluso en territorios donde su presencia no estaba aún muy desarrollada, como en las zonas apartadas de la cornisa cantábrica, a través de los eremitas.

Una amplia nómina de eclesiásticos de alta formación intelectual, como Leandro, Isidoro (hermano del anterior, y de los demás cuatro santos de Cartagena), Fructuoso de Braga o Juan de Bíclara, compusieron reglas monásticas, para organizar unas instituciones cada vez más numerosas en las zonas rurales que se adaptaban perfectamente a las condiciones económicas y las demandas sociales. El clero secular se institucionalizó jerárquicamente, con diócesis bien repartidas por los núcleos urbanos que salpicaban el territorio y con centro en Toledo. Los templos eran dotados con un terreno patrimonial que permitía la supervivencia del sacerdote: en la ley canónica para alimento (ad cibarium) se indicaba un recinto de setenta y dos pasos alrededor del atrio, que irá modificando su extensión y situación. En el II Concilio de Toledo ya se reflejaban algunos conflictos: Si algún clérigo se comprueba que se ha hecho algún guerto o alguna viña en las tierras de la Iglesia para su propia sustentación, poséalo hasta el día de su muerte... restituirá a la Iglesia lo que le pertenece y no lo dejará a ninguno de sus herederos. En el XII Concilio de Toledo, la prevención iba en el sentido de otorgar protección jurídica: que ninguno se atreva a sacar de allí a los que se refugiaron en la iglesia o están en ella, ni a causar ningún daño, mal o despojo a los que se encuentran en lugar sagrado, sino que se permitirá a aquellos que se refugian moverse libremente dentro de una distancia de treinta pasos, desde las puertas de la iglesia, dentro de los cuales treinta pasos, alrededor de cualquier iglesia, se guardará la debida reverencia. La liturgia, que puede denominarse hispánica mejor que visigoda, pervivirá en la mozárabe. Todo en conjunto hizo que la cultura hispanorromana perviviese, constituyendo una iglesia nacional con personalidad propia frente a la normativa que la curia romana terminaría por imponer en toda Europa Occidental.

En alguna cuestión la iglesia hispana tenía marcadas diferencias: por ejemplo, era muy rigurosa con la expiación de las culpas de los penitentes, que debía ser pública. Para ello participaban en una ceremonia especial de imposición de manos y se les impedía la asistencia a la misa (al igual que a las mujeres "impuras" cuarenta días después del parto y los catecúmenos), debiendo utilizar un espacio arquitectónicamente destacado en el exterior del templo y que también tenía uso funerario: el pórtico (que seguirá siendo una característica en el románico segoviano, por ejemplo) hasta una nueva ceremonia pública de "reconciliación", que exigía la máxima humillación y contrición. Dentro de la iglesia, tres espacios aparecían separados con barreras o canceles, la primera similar al iconostasio de la Iglesia oriental (aunque probablemente no se usaba como soporte de iconos) y que convertía la consagración en un ritual secreto ("misterio" o "arcano"). Las naves laterales permitían una circulación fluida de una gran parte de los asistentes (penitentes y catecúmenos) que escuchaban la lectura de los evangelios y, después de la epístola debían abandonar el recinto, donde quedaban los "católicos" (con pleno derecho de participar en los oficios religiosos).

La sustitución de los visigodos por los árabes como minoría dominante en la mayor parte de la península Ibérica a comienzos del siglo VIII no suprimió la religión cristiana. Los mozárabes conservaron sus iglesias (aunque las catedrales se convirtieron en mezquitas) e incluso el obispo metropolitano de Toledo continuó manteniendo su prelación sobre las sedes de los reinos independientes del norte en los primeros tiempos.

Esto cambió cuando los reyes de Asturias-León, que habían consolidado su autoridad sobre un territorio relativamente extenso, pusieron en práctica un ambicioso programa ideológico en el que la religión tenía un importante papel: al mismo tiempo que se justificaba la legitimidad de la monarquía por su "herencia gótica", se insistía en sus orígenes sobrenaturales (intervención de la Virgen de Covadonga en la batalla que supuso la creación del reino). Poco después se produjo la "invención" del sepulcro de Santiago, que dio comienzo a las peregrinaciones y al Camino de Santiago, al tiempo que se lograba el triunfo en la polémica teológica sobre el adopcionismo (quizá un intento sincrético entre catolicismo y arrianismo más conciliable con la concepción unitaria de dios en el Islam), en la que Beato de Liébana consiguió el apoyo de la cristiandad europea frente a los mozárabes de Toledo. Los núcleos pirenaicos (Navarra, Aragón y los condados catalanes) dependían más estrechamente del Imperio Carolingio, tanto en el aspecto político (relaciones de vasallaje) como en cuestiones eclesiásticas.

Las instituciones eclesiásticas, especialmente las sedes episcopales restauradas —Lugo, Valpuesta, Seo de Urgel, Ausona (Vich)— o de nueva creación —Oviedo, Santiago—, y los monasterios, tuvieron un papel decisivo en las primeras etapas del movimiento repoblador —presuras en el norte de la Meseta del Duero y tierras al sur de la cordillera pirenaica—, gracias a lo cual la Iglesia se convirtió en la principal poseedora de tierras. Junto con ello, las instituciones eclesiásticas adquirieron funciones políticas e incluso militares similares a las de cualquier señorío laico, y una influencia si cabe mayor, dado que entre el clero se encontraban las únicas personas ilustradas de la época, capaces de leer y escribir documentos (habilidad que no se consideraba necesaria para los nobles, ni siquiera para los reyes). Entre los siglos VIII y X se fundaron cerca de un millar de monasterios en la estrecha franja cristiana del norte peninsular, muchos de ellos como patrimonio familiar de nobles (Sobrado, de los condes de Présaras) o dotes reales (San Juan de Aboño, San Salvador de Deva). Aunque en los reinos orientales la fiebre monástica fue cuantitativamente menor, no lo fue la importancia de las fundaciones, protegidas por reyes y condes (] en Aragón, San Juan de las Abadesas y Santa María de Ripoll en Cataluña).

La inicial tolerancia de los emires hacia el cristianismo pasó por algunos altibajos, entre los que se encuentran en el siglo IX los martirios provocados de los llamados mártires de Córdoba, liderados por San Eulogio, que más bien fueron una reacción al debilitamiento del cristianismo en la mayor parte de España, cada vez más islamizada y arabizada. Las revueltas de mozárabes (Bobastro) fueron reprimidas sin contemplaciones, y muchos de ellos emigraron a los reinos del norte, que no se mantuvieron sin embargo libres de interferencias, sobre todo bajo el califato, desde Abderramán III hasta Almanzor, quienes realizaron expediciones de castigo en las que saquearon monasterios y catedrales, llevando a Córdoba rehenes (San Pelayo mártir), reliquias y objetos litúrgicos que darían origen a un extraño tráfico en los siglos siguientes.

El clero, convertido en una estructura jerarquizada siguiendo la cadena del vasallaje, funcionaba como un estamento privilegiado paralelo a la nobleza, con la que mantenía vínculos inseparables. Los hijos segundones de las casas nobles, tanto varones como mujeres, estaban destinados a formar parte del alto clero: bien al clero secular (obispos, canónigos, arciprestes y titulares de beneficios eclesiásticos), bien al regular (abades y abadesas, monjes y monjas). El bajo clero, de aún más escasa formación, estaba nutrido por los numerosos curas de las parroquias menos favorecidas y los hermanos legos de los monasterios. Los obispos y las fundaciones monásticas eran una fuerza política trascendental en los reinos cristianos, apoyados en sus inmensas rentas (basadas en el diezmo) y dominios territoriales). Por ejemplo: el obispo Gelmírez en Santiago de Compostela (percibía además el voto de Santiago), el abad Oliba (de Monasterio de Ripoll y Cuixá, a la vez que obispo de Vich), el monasterio de las Huelgas en el reino de Castilla o el monasterio de Poblet en Cataluña.

Los tres votos del clero regular, además de por su valor espiritual, tuvieron tanto éxito por su adecuación a la estructura económica y social del feudalismo: la pobreza no impedía a muchos clérigos vivir de forma opulenta, pero sí disputar a sus hermanos mayores la herencia de los bienes y títulos familiares, en tanto que la castidad, aunque no evitaba que se tuviesen relaciones sexuales, garantizaba que, de tener hijos, estos serían ilegítimos y por tanto tampoco podrían disputarla. La obediencia mantuvo la cohesión interna de las fundaciones monásticas y diócesis no sin conflictos, a veces violentos y coincidentes con los enfrentamientos civiles. Uno de los motivos de las recurrentes reformas monásticas era el abandono del ideal de vida ascética propuesto por las reglas originales.

La conquista de Toledo (1086) significó la llegada de los reyes cristianos a territorios en los que la población era muy diversa: judíos, mudéjares y mozárabes (cuyos ritos, de origen visigodo, se mantuvieron distintos a los romanos impuestos desde hacía tiempo en el norte), a los que se añadían repobladores del norte de la península e incluso de fuera de ella (francos). La convivencia no siempre fue tolerante, ni siquiera entre los cristianos: la presión hacia los mozárabes significó que en poco tiempo se realizaron grandes transferencias de propiedad, en muchos casos hacia la Iglesia. La archidiócesis de Toledo se convirtió con el tiempo en la más rica de la cristiandad después de la propia sede papal.

Simultáneamente, las invasiones de almorávides y almohades significaron episodios de intolerancia religiosa en la España musulmana, dándose los últimos grandes movimientos de población mozárabe, sobre todo al valle del Ebro recién reconquistado por el reino de Aragón (Alfonso I el batallador). También hubo una importante emigración de comunidades judías que se asentaron en los reinos cristianos.

Tras la batalla de las Navas de Tolosa (1212), uno de los pocos momentos de la Reconquista en que hay una intervención militar europea con explícito tratamiento de Cruzada por el papado, se produce la conquista de las taifas del Valle del Guadalquivir, Murcia, Valencia y Mallorca. Los cuatro reinos cristianos peninsulares se estabilizan territorialmente, en algunas zonas sobre importantes minorías no cristianas. Fernando III se titulará rey de las tres religiones e incluirá en su tumba un epitafio cuadrilingüe en caracteres latinos (castellano y latín), árabes y hebreos; lo que no ha de imaginarse como un síntoma de buena convivencia: la rebelión de los mudéjares (1260) es prueba de lo contrario. La tolerancia religiosa que permite incluso la más fructífera de las colaboraciones (escuela de traductores de Toledo) no oculta que es una concesión desde la más clara imposición del cristianismo como religión de la "casta" dominante, cada vez más orgullosa y excluyente, siendo las demás "toleradas" en cuanto subordinadas. Incluso los intentos de acercamiento, como el de Ramon Llull, lo son con propósito proselitista, más que con un simple deseo de conocimiento del otro.

El siglo XIII expande la fiebre constructiva religiosa, con las impresionantes catedrales góticas que sustituyen a las románicas o se levantan sobre las mezquitas conquistadas restaurando las diócesis romano-visigodas: Oviedo, León, Palencia, Burgos, Toledo, Cuenca... en la Corona de Castilla; Zaragoza, Gerona, Lérida, Barcelona, Tarragona, Valencia, Orihuela, Palma de Mallorca... en la de Aragón). Lo propio ocurre en Portugal. Navarra quedó excluida del avance territorial. Los edificios de las catedrales de Segovia, Murcia, Córdoba, Sevilla y Nueva de Salamanca fueron reconstruidos a finales de la Edad Media o a comienzos de la Moderna, así como la de Granada, de nueva construcción, con lo que sus estilos son más recientes. En cambio, la de Teruel, contemporánea a las anteriores, es de arte mudéjar.

Las Cruzadas ocasionaron la extensión en Europa Occidental de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén, Orden del Hospital (llamada de Malta o de San Juan) y la del Temple, que con su violenta supresión como consecuencia del enfrentamiento con el rey de Francia provocó el nacimiento de nuevas órdenes militares: las de Santiago, Alcántara y Calatrava en la Corona de Castilla; y la Orden de Montesa en Aragón. Estas órdenes tendrían un papel decisivo en la reconquista y repoblación de la Meseta Sur (actuales Extremadura y Castilla-La Mancha), y el Maestrazgo aragonés y valenciano. Hubo una orden orientada a la defensa naval de Castilla, la Orden de Santa María de España u Orden de la Estrella, con base en Cartagena, pero tras varios fracasos militares fue disuelta e incorporada a la de Santiago.

Órdenes redentoras de cautivos fueron los trinitarios y mercedarios, ésta última nacida en Cataluña (San Pedro Nolasco, San Pedro Armengol y San Ramón Nonato).

El desafío de las herejías urbanas, que denunciaban la riqueza de la iglesia y su contradicción con la pobreza evangélica, supuso una convulsión en los siglos XI al XIII. Los albigenses fueron particularmente importantes en los territorios ultrapirenaicos de interés para la corona de Aragón (que los perdió intentando defenderlos en la batalla de Muret). En los territorios peninsulares no hubo una dimensión semejante del fenómeno. La vida monástica tradicional no se adecuaba a las exigencias de la respuesta a ese desafío, que llevó al éxito un nuevo tipo de orden religiosa: las órdenes mendicantes. Las dos principales fueron los dominicos y los franciscanos. Estas exigencias a las que respondían eran: la visualización de su presencia ejemplarizante, el combate dialéctico (con decisiva presencia en las nuevas universidades), e incluso la imposición física (los tribunales de la Inquisición). Incluso hubo cambios en el uso de los espacios arquitectónicos: mientas que los edificios de las comunidades benedictinas estaban casi cerrados a los laicos, las órdenes mendicantes ofrecían una mayor apertura, lo que se traducía en el templo a restringirse a un espacio limitado, un pequeño coro tras el altar para el rezo de las horas canónicas.

Santo Domingo de Guzmán, castellano, fue el fundador de los dominicos, bajo el nombre de Orden de Predicadores. Preocupación personal suya fue también la extensión de la devoción mariana a través del rezo del rosario. Conventos importantes de esta orden fueron San Esteban de Salamanca, San Pablo de Valladolid o de Sevilla, y Santo Domingo de Madrid o de Valencia; también fuera de ciudades importantes, como Santa María la Real de Nieva (Segovia).

La extensión de los franciscanos, cuya forma de entender la vida conventual estuvo muy presente en la sociedad y adaptada a la realidad urbana, les hizo alcanzar una gran popularidad, y una gran atracción de recursos y vocaciones, entre las que se incluyen personalidades destacadas, como Ramon Llull, el Fray Juan Pérez de Marchena (el que acogió a Colón en el Monasterio de La Rábida), y algunos reyes. Son importantes conventos como San Francisco de Teruel (uno de los primeros en fundarse), Santa Clara de Palencia, el de clarisas de Pedralbes (Barcelona, fundada por Elisenda de Montcada) y San Francisco de Palma. El propio San Francisco de Asís estuvo en España en 1217, fundando el convento de Rocaforte (Sangüesa, Navarra) en su peregrinación a Santiago. La división original entre terciarios, clarisas y frailes menores, fue aumentada con la confusión de diversos enfrentamientos, que terminaron dibujando una agrupación en capuchinos, conventuales y observantes.

Hubo en Valencia desde el siglo XIV una comunidad de beguinas (beaterios de seglares que hacen vida ascética en común aunque no entran propiamente en religión, es decir, en el clero regular, y pueden salir libremente de su comunidad para casarse), a las que no afectó la supresión de Juan XXIII (antipapa) (no el homónimo del siglo XX, sino el considerado antipapa durante el Cisma de Occidente), por la bula Cum inter nonnulos, centrada en las comunidades de beguinos y franciscanos espirituales de Europa Septentrional. En el habla popular, el nombre de beguina pasó a ser sinónimo de beata, y aplicado a cualquier persona con inclinaciones ascéticas. Arnau de Villanova realizó una encendida defensa de beguinos y beguinas ante los reyes Jaime II de Aragón y Federico III de Sicilia, escribiendo el tratado Raonament d'Avinyó en defensa de las prácticas penitencia entre seglares. Se ha planteado su posible relación con el posterior movimiento de los alumbrados.

El clero secular añadió a su base de propiedades territoriales e inmuebles un recurso económico que representaba un porcentaje altísimo del excedente productivo: el diezmo, que pasa de ser de cobro esporádico y voluntario a hacerse general en el siglo XII y formalmente obligatorio desde el IV Concilio Lateranense, aunque sólo con la colaboración de la monarquía (Alfonso X el Sabio en Castilla y León) pudo hacerse efectivo. Se distribuía en un principio en tres tercios: el pontifical (al obispo) el parroquial (al sacerdote) y el de fábrica (a la construcción y mantenimiento del edificio de la iglesia). La hacienda real consiguió detraer para sí las dos terceras partes del tercio de fábrica (Tercias Reales).

La existencia de una población judía se conocía desde época romana y visigoda, pero aumentó notablemente hasta constituir cientos de miles a mediados del siglo XIV. El antisemitismo funcionó eficazmente al aportar un cómodo chivo expiatorio de las tensiones sociales producidas por la crisis del siglo XIV. Las predicaciones antisemitas del arcediano de Écija Ferrán Martínez actuaron como desencadenante de una energía social contenida que estalló en los pogromos de 1391. Lo mismo puede decirse de las de San Vicente Ferrer, que también ejerció un papel político fundamental en el Compromiso de Caspe. Las conversiones masivas que se habían producido a finales del siglo XIV llevaron a la presencia de un numeroso colectivo de conversos o cristianos nuevos, cuya prosperidad económica y social —ya no obstaculizada por la diferencia religiosa— no dejó de observarse y plantear un hondo resentimiento en los que se sentían superiores por su condición de cristiano viejo. Esos extendidos sentimientos, convenientemente manipulados por Pedro Sarmiento en Toledo en 1442, condujeron a una revuelta en la que se implicaron de forma decisiva los canónigos cristiano-viejos de la catedral, en contra de los canónigos cristiano-nuevos. La redacción por parte de los ideólogos de la revuelta de un documento (el primer estatuto de limpieza de sangre) que impedía a los cristianos nuevos la entrada en el regimiento de la ciudad, el cabildo catedralicio o cualquier otro cargo público fue imitada con entusiasmo por toda Castilla. Sus opositores llegaron hasta el Papa, que les dio la razón, pero el movimiento social era imparable. La sospecha de criptojudaísmo e incluso la imaginación de prácticas sacrílegas y aberrantes (presunto crimen del Santo Niño de la Guardia), excitaba la imaginación popular y alimentaba el denominado "problema converso", que no acabó ni con la institución de la moderna inquisición (1478) ni con la expulsión de los judíos de España (1492).

Un caso particular fueron los judíos mallorquines, forzados a convertirse (1435), y sometidos al control de la inquisición (1478), que mantuvieron una religiosidad problemática incluso después de la intensificación de la represión el siglo XVII, cuando se originó una fortísima estigmatización y segregación de su comunidad, que se sigue conociendo en la actualidad con el nombre de chuetas.

La Crisis del siglo XIV produjo una notable presión sobre los recursos económicos del clero, dejando en evidencia la subordinación de su justificación espiritual a su función estamental de defensa de los privilegiados y su dominio social. El penoso espectáculo del Cisma de Occidente —que llegó a traer la sede pontificia a Peñíscola, entre excomuniones cruzadas que devaluaron la eficacia de tan terrible castigo y el prestigio papal— evidenció más aún la necesidad de lo que se demostró inevitable en el siglo siguiente: una reforma que adaptara las instituciones eclesiásticas a la nueva realidad urbana, en la que la presencia de una minoría culta, formada en las universidades, ya no era escasa, y las monarquías autoritarias estaban en proceso de construcción.

El papel de la iglesia en la crisis bajomedieval, y su relación con monarquía, nobleza y ciudades, convirtió al clero en una de las más importantes instituciones españolas del Antiguo Régimen, fijando su función económica, social y política para los siglos siguientes.

Este famoso fragmento (tal como lo interpreta Martí de Riquer) abre el siglo de Oro Español con un juego sacrílego que identifica la belleza de la amada y el lugar donde los amantes se encuentran: una iglesia. De una manera más evidente, Joanot Martorell había situado un encuentro amoroso entre Tirant y Carmesina en la mismísima catedral de Santa Sofía de Constantinopla. El Renacimiento y el Humanismo están pasando del teocentrismo medieval a un antropocentrismo que significará la apertura de la modernidad. Sin embargo, mediado el siglo XVI esa precoz secularización parece muy lejos de la realidad histórica española, en la que los asuntos religiosos seguían teniendo un violentísimo protagonismo.

Los Reyes Católicos han sido vistos por la historiografía tradicionalista como figuras providenciales que consiguieron una unificación en todos los ámbitos: político, territorial, ideológico y religioso (a pesar de lo forzada que a los historiadores actuales parezca esa interpretación). Incluso está gestionándose por influyentes personalidades la beatificación de Isabel (ante el escándalo de otros).

Lo que sí puede afirmarse con más seguridad es que los reyes intentaban una política de "máximo religioso", que pudieron permitirse tras el fin de la Guerra de Granada en 1492. Inmediatamente se afrontó lo que se percibía como un grave problema: la convivencia entre judíos y conversos, que se creía daba pie al mantenimiento de prácticas judaizantes. La expulsión de los judíos de España fue vista como una solución, y una oportunidad de incrementar las conversiones (cosa que se produjo sólo en menor medida). La situación de los musulmanes que habían quedado en Granada protegidos por las condiciones de la capitulación y la política apaciguadora del confesor real y primer obispo de la ciudad, Fray Hernando de Talavera, se vio alterada por la presión ejercida por el nuevo confesor, el Cardenal Cisneros. Tras el edicto de 1502 no podía quedar en territorio de la Monarquía nadie que no fuera cristiano. Los bautismos masivos obtenidos con pocos miramientos originaron para las siguientes generaciones el problema morisco (nombre que recibe este grupo al que sólo con mucha laxitud puede considerarse cristiano), que no se solucionó con su dispersión por el interior del reino tras la Rebelión de las Alpujarras y sólo acabó con la expeditiva solución que se dio en 1609: la expulsión de los moriscos.

Una inquisición de nuevo cuño, bien diferente de la medieval, y que se convirtió en una de las pocas instituciones comunes al conjunto de reinos hispánicos, tuvo un papel trascendental en la configuración de la sociedad española del Antiguo Régimen. Clérigos de fuerte personalidad la fueron conformando, como Tomás de Torquemada (también confesor de la reina) o Pedro Arbués, el primer inquisidor de Aragón, asesinado mientras rezaba en la catedral (a pesar de ir prevenido con armadura). La planta de los tribunales cubría el territorio de un modo más racional que las propias diócesis, y la tupida red de familiares (sus temidos informantes) hacía llegar su influjo hasta el último rincón.

Los miles de procesados y condenados, y el clima obsesivo de persecución entre los posibles objetivos de su represión resultaron en un control social mucho más eficaz que el que pudieran haber efectuado las instituciones civiles. Otro resultado fue la extraordinariamente mala imagen que tiene la inquisición española en el imaginario popular actual. No está de más recordar que las truculentas formas del proceso inquisitorial eran universalmente aplicadas en las instituciones judiciales civiles y eclesiásticas de todos los estados y religiones en Europa (como pudo comprobar Miguel Servet, tan herético para los católicos como para los calvinistas de Ginebra que le ajusticiaron), y que la censura y prohibición de libros, aunque fue extraordinariamente severa en España, no estaba ausente de los demás países, aunque fuera más relajada en algunos (Holanda y Venecia, notablemente).

La reforma de la iglesia castellana había sido objeto de preocupación desde mediados del siglo XV, ante la evidencia de su situación desde la poca instrucción de los párrocos hasta la vida poco edificante de los más altos dignatarios, envueltos en las intrigas políticas y militares de la Guerra Civil Castellana. Los Fonseca habían creado una verdadera dinastía episcopal. El Cardenal Mendoza o el Arzobispo Carrillo eran personajes imprescindibles en la corte. Uno de los intentos más interesantes hacia la reforma fue el del obispo de Segovia Juan Arias Dávila, que convocó el Sínodo de Aguilafuente para debatir con los clérigos sobre cómo reformar sus costumbres y obtener una labor pastoral más eficaz. Un resultado lateral de sus preocupaciones humanistas fue la introducción de la imprenta, probablemente el primer libro impreso en España (el Sinodal de Aguilafuente, 1472). En la Corona de Aragón, la situación no era distinta, y se emprendió su reforma sistemática a partir de finales de 1493, con la concesión de una serie de bulas y breves pontificios que habían sido repetidamente solicitados por los reyes. Se empezó por la reforma de los monasterios femeninos catalanes (visitadores, capellanes, relevo de las religiosas más problemáticas, insistencia en la clausura...), que se extendió al resto.

El programa reformador en Castilla fue ocupado por el Cardenal Cisneros, que desde su proximidad a la Reina Isabel y, posteriormente, con su papel como regente, tuvo oportunidad de llevar a cabo un plan ambicioso de reforma, que incluía todos los aspectos, incluyendo la investigación filológica y teológica en la refundada Universidad de Alcalá. Comienza entonces, junto a la literaria, la edad de oro de las universidades españolas: la de Alcalá, la de Salamanca y la de Valladolid, con sus colegios universitarios administrados por las órdenes religiosas (dominicos, agustinos, jesuitas) fueron testigo de sonadas polémicas, de clases magistrales que se esperaban con expectación y de publicaciones que se recibían e influían en toda Europa, incluyendo una decisiva intervención española en el Concilio de Trento.

La llamada escuela de Salamanca, presidida por Francisco de Vitoria, significó la pervivencia y renovación de la escolástica en lo que se ha dado en llamar neoescolástica, así como una orientación neoaristotélica, opuesta al neoplatonismo paganizante del humanismo italiano. Personajes como Melchor Cano, Tomás de Mercado, Martín de Azpilicueta, el Padre Suárez o el Padre Mariana (con su Historia de España y su divulgada justificación del tiranicidio) cubrieron todo el amplísimo abanico de disciplinas que pudieran ser influidas por la teología, que son todas, incluida una estrecha relación con el naciente pensamiento económico (arbitrismo). Además de su función intelectual, la universidad fue durante toda la Edad Moderna un poderoso mecanismo de ascenso social y de reclutamiento burocrático, tanto para la Iglesia como para las instituciones civiles. Su mayor carencia fue su incapacidad para incluir la revolución científica (que tampoco tuvo acogida en sus inicios en las universidades europeas, sino en otras instituciones).

Otras influencias menos "académicas" fueron esenciales para la Contrarreforma: la fundación de la disciplinada Compañía de Jesús por San Ignacio de Loyola, en la que entraron personalidades españolas tan decisivas como San Francisco de Borja y San Francisco Javier.

Difícilmente hubieran tenido los clérigos españoles tanta influencia intelectual sin la influencia material, política, financiera y militar de España sobre el Papado, y su hegemonía en Europa. No sólo los Reyes Católicos dispusieron de un complaciente Alejandro VI (de la familia valenciana Borgia) para otorgarles el título de Católicos y las bulas alejandrinas que les proporcionaron la justificación de la colonización de América. También los Habsburgos ejercieron toda la influencia que fueron capaces para conseguir de los cónclaves papas favorables: empezando por Carlos V, que obtuvo el nombramiento de su preceptor e ideólogo Adriano de Utrecht; o Felipe II con Pío V, tan agradecido tras la batalla de Lepanto, que llegó a comparar a Juan de Austria con el Bautista vino un hombre, enviado de dios, que se llamaba Juan. Las relaciones no fueron siempre cordiales, y la Guerra de la Liga de Cognac y el Saco de Roma (1527) lo certificaron, por mucho que la justificación de la política exterior y militar de los Habsburgo en Europa fuera el mantenimiento de la fe católica. Enemigos protestantes y católicos alimentaron la leyenda negra española, divulgada en forma de propaganda antiespañola desde la rebelde Holanda de Guillermo de Orange.

Aun rehusando venir en persona, como se le propuso (respondió: Non placet Hispania), Erasmo de Rotterdam fue la personalidad más destacada en el panorama religioso español de la primera mitad del siglo XVI. El erasmismo, un humanismo cristiano crítico, intermedio entre los extremos que se terminarían fijando como luteranismo y catolicismo romano, se divulgó a través de sus escritos, verdaderos éxitos editoriales, y de sus discípulos directos: Luis Vives y los hermanos Juan y Alfonso de Valdés. Se extendió incluso a capas populares, notablemente gracias a la divulgación que supuso la novela anónima Lazarillo de Tormes (cuya autoría ha sido atribuida a muy distintos personajes, entre otros a alguno de los hermanos Valdés). La recepción que tuvieron sus ideas supone la previa existencia en España de una atmósfera cultural y unas elites culturales y sociales que la permitiera. Aun así, el apoyo del emperador Carlos V, de la universidad de Alcalá y de buena parte de la jerarquía no impidió que sus poderosos adversarios: las órdenes religiosas, apoyadas por teólogos de Salamanca (Francisco de Vitoria) y Valladolid (Pedro Margallo y Fernando de Préjano), se terminaran imponiendo. A punto estuvieron de conseguir su condena en la Conferencia de Valladolid (1527), de la que sólo se libró gracias a la suspensión de las sesiones ordenada por el inquisidor proerasmista Alfonso Manrique.

Desde 1521 la persecución inquisitorial de todo lo que pudiera asociarse a la reforma luterana va creando la imagen, mucho más poderosa que la realidad, de un utilísimo enemigo, al que se asocian tanto erasmistas como místicos o renovadores que poco o nada tenían que ver con el protestantismo, en un ambiente cada vez más cerrado y xenófobo, que culminó con la prohibición de estudiar fuera de España (Pragmática de 22 de noviembre de 1559).

Hasta mediados de siglo, los procesados y ejecutados son extranjeros que vagamente han oído hablar de Lutero: el pintor Gonzarlo en Mallorca (1523), el mercader alemán Blay en Valencia (1524) y en la misma ciudad el pintor Cornelius de Gante y el agustino Martín Sanchís, primer español en ser ejecutado (1528). En 1532, el proceso de los iluministas o alumbrados (Vergara, Tovar, Eguía, María de Cazalla y Castillo, que reunidos en conventículos de Pastrana o Escalona -desde 1511 Pedro Ruiz de Alcaraz, Isabel de la Cruz y Bedoya que para algún autor consideraban ya el “amor de Dios” no como idea mística, sino como certeza absoluta de que Dios guía a la mente humana para poder leer la Escrituras con entera libertad, influyendo en Juan de Valdés- leían e interpretaban personalmente la Biblia y preferían la oración mental a la vocal, como hicieron posteriormente los quietistas, o pretendían comulgar sin confesar, por considerar que gente justificada y confirmada en el bien no pueden ya pecar como antes que ellos los begardos ) significó el comienzo de una persecución más sistemática, encabezada por el inquisidor Fernando de Valdés. Bajo su dirección, y al tiempo que se publica el índice de libros prohibidos, se produjeron los autos de fe de 1559, que acabaron con los núcleos de Valladolid (restringido a élites intelectuales y de alto nivel social) y de Sevilla (divulgado por algunos predicadores como el doctor Constantino Ponce de la Fuente, con un carácter más popular aunque también minoritario). Aún se discute la verdadera naturaleza teológica de las creencias de ambos núcleos. Escaparon a la represión muchos reformistas exiliados, como Juan Pérez de Pineda, Cipriano de Valera, Casiodoro de Reina, Antonio del Corro y los hermanos Francisco y Juan de Encinas. Los erasmistas que quedan en España han de tomar muchas cautelas, incluso negar la orientación de su pensamiento, que pasa a centrarse más que en el menosprecio de las ceremonias y la sublimación del espíritu, en el problema de la justificación por la fe y del beneficio de Cristo. El año 1559 también presenció el extraordinario escándalo que conllevó el proceso del arzobispo de Toledo Bartolomé de Carranza, que a pesar de ser uno de los principales ponentes del Concilio de Trento, y protegido de Felipe II, había publicado en sus Comentarios sobre el catecismo romano proposiciones que al Inquisidor Fernando de Valdés le permitieron acusarle de todo un conjunto de desviaciones, en la peligrosa línea que bordea el erasmismo y el luteranismo. La recusación de su juez, la defensa de Martín de Azpilicueta, y la intervención final del papado, no impidieron que Carranza terminara muriendo en Roma sin poder volver a su sede.

Hubo un resurgir de grupos alumbrados entre 1570 y 1579, y ya en el siglo XVII, otros núcleos surgieron en Sevilla y Valencia, de extracción más popular que los elitistas de los núcleos castellanos, algunas de ellas herederas del movimiento de beguinas o beatas (que dio también manifestaciones más extravagantes, como las emparedadas por su propia voluntad.

Una de las mayores peculiaridades de la vida religiosa española del Antiguo Régimen fue la existencia de la categoría social de cristiano nuevo, que no se perdía con el paso de las generaciones, lo que dejaba claro la motivación étnica de la diferenciación, a pesar de la insistencia inquisitorial en buscar casos de criptojudaísmo.

A los judeoconversos se les otorgaba el apelativo de marranos, y los estatutos de limpieza de sangre les impedían entrar en la mayor parte de las instituciones, incluyendo las universitarias, las órdenes militares y algunas órdenes religiosas. Eso hizo que muchos de ellos procuraran ocultarlo, sobrecompensando con una mayor intransigencia religiosa (el denominado celo del converso) o con una mayor espiritualidad. La ocultación y desvelamiento de orígenes judíos se hacía obsesivamente en todas las capas de la sociedad, incluida la nobleza, el clero (también los propios inquisidores) y la misma monarquía (Tizón de la nobleza). La historiografía, sobre todo a partir de la polémica Américo Castro-Sánchez Albornoz, convirtió en un lugar común la búsqueda de eso mismo para en la mayor parte de los personajes de la Edad de Oro como Santa Teresa o San Juan de la Cruz, a veces con pruebas convincentes y otras veces a través de indicadores discutibles (posturas críticas, miedo a la Inquisición; sobrecompensaciones, como la frecuente invocación a la Santísima Trinidad o posturas casticistas, o salidas escapistas, como la búsqueda de la fama o el atormentado "vivir desviviéndose").

Los moriscos no fueron tan perseguidos por la Inquisición (seguramente por ser mayoritariamente comunidades campesinas sujetas a un fuerte sistema señorial, que al tiempo que les explotaba también les protegía de interferencias). Se ha interpretado que los extraños Plomos del Sacromonte, un famoso caso de falsificación histórica, eran en realidad un intento de conciliación del cristianismo con el Islam por parte de algún grupo de moriscos de alta posición social tras la Rebelión de las Alpujarras. Los plomos pretendían ser un quinto evangelio que habría sido revelado por la Virgen en idioma árabe para ser divulgado en España, presuntamente a San Cecilio, uno de los misteriosos varones evangélicos del siglo I al que para la ocasión se le imagina como un árabe cristiano que acompañaba a Santiago.

Los teólogos católicos españoles distaron mucho de presentar un pensamiento monocorde: además de la existencia reducidísima de un pensamiento más o menos cercano a la reforma protestante y de los humanistas de corriente erasmista, la escolástica tradicional se vio desafiada por lo que puede denominarse "teología positiva" o "historicista" (Melchor Cano). El proceso de Fray Luis de León fue sin duda una consecuencia de esos enfrentamientos. Por otro lado, las órdenes religiosas mantenían visiones distintas sobre puntos de importancia, como los dominicos, defensores de un tomismo ortodoxo y los jesuitas, partidarios de una concepción que para aquéllos sobrepasaba la ortodoxia católica en los temas de la gracia divina y la libertad humana. A la publicación de Concordia liberi arbitii (Lisboa, 1588) del jesuita Luis de Molina, se respondió con Apología gratum predicatorum... adversus quesdam novas assectationes cusdam doctores Ludovici Molinae... de Domingo Báñez y otros dominicos. La cuestión llegó a la inquisición y al papa. Paulo V, salomónico, consideró que el tema se movía en márgenes opinables. Francisco Suárez terció en la polémica defendiendo un punto intermedio: el congruismo. En Defensio fidei el mismo autor apoya la prelación del Papa frente a la autoridad temporal de los reyes, suscitada por la cuestión del juramento de fidelidad (Jacobo I de Inglaterra); otras obras muy divulgadas en Europa fueron De legibus y sobre todo Disputaciones metafísicas (diecisiete ediciones). El enfrentamiento entre los racionalistas dominicos (Melchor Cano, De iustitia et de iure, Bartolomé de Medina, definidor del probabilismo moral o Diego de Zúñiga) y los franciscanos (el penalista Alfonso de Castro De potestatae legis poenalis), comprensivos con posturas cercanas al iluminismo (alcanzar la perfección únicamente mediante la oración, sin someterse a prácticas piadosas o rituales) y el recogimiento; se conoce como la polémica de los espirituales (no confundir con el movimiento de los espirituales, de los siglos XII y XIII, que pretendía una iglesia pobre) o controversia sobre el quietismo, y acabó con el triunfo de los dominicos tras el proceso a Miguel de Molinos. La trascendencia de la obra de Molinos fue muy importante en otras partes de Europa, sobre todo en Francia, donde sus propuestas (denominadas molinosismo, que no conviene confundir con el molinismo de Luis de Molina), fueron recogidas por Fenelon (que también fue condenado).

Para la fijación de la ortodoxia y la extensión de la instrucción religiosa, un instrumento de alcance secular fue el Catecismo de la doctrina cristiana del padre jesuita Gaspar Astete, al que se añadió en el siglo siguiente el de su correligionario Jerónimo Ripalda (1616). Ambos siguieron utilizándose con pequeñas modificaciones hasta el siglo XX.

En la ascética y mística española, el final de la Edad Media había supuesto un periodo de importación o iniciación, en que algunos autores consideran decisiva la influencia de los místicos árabes (Ramon Llull sería el eslabón entre el misticismo musulmán y el cristiano según Helmut Hatzfeld) y judíos, además de los gérmánicos: Ruysbroeck, Tauler, Eckhart y, sobre todo, Tomás de Kempis (Imitación de Cristo, traducida en Zaragoza en 1490 y muy divulgada en España).

En la primera mitad del siglo XVI, hasta 1560, viene el denominado periodo de asimilación, caracterizado por las ediciones de literatura espiritual estimuladas por Cisneros (Eiximenis, Ludolfo de Sajonia, Santiago de la Vorágine) y producciones propias como las de Hernándo de Zárate, Alonso de Orozco, Francisco de Osuna, san Pedro de Alcántara y Fray Alonso de Madrid; así como los Ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola y el Audi, filia de Juan de Ávila.

Tras los más importantes predicadores del siglo, San Pedro de Alcántara (que también creó el convento más pequeño del mundo) y Fray Luis de Granada, vino el periodo culminante de la mística en el último tercio del siglo XVI: Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, que además de su vida interior y producción literaria realizaron una activísima presencia en la vida de su tiempo, fundando los primeros conventos de carmelitas descalzos a partir de 1562 y 1568 respectivamente, en medio de una fortísima lucha contra los carmelitas calzados, que incluso llevó a Juan a prisión.

La mística del siglo XVII suele denominarse de decadencia, o compilación doctrinal (más barroca y extravagante aún), y está representado por Sor María Jesús de Ágreda.

Superados los enfrentamientos del siglo XVI, no hay nada de trascendencia similar al contemporáneo escándalo del jansenismo en Francia. La actitud de Baltasar Gracián (El Criticón), no interesado en las implicaciones doctrinales ni teológicas de su reflexiones morales, tomando como referentes a los moralistas de la tradición clásica (Maquiavelo, Bocallini, Barclay, Botero) y la Antigüedad grecolatina (Marcial, Séneca), chocó con sus superiores en la Compañía de Jesús, muy interesados en mantenerse dentro de la más clara ordotoxia, en la coyuntura crítica de los debates en que se encontraban inmersos contra los jansenistas. El casuismo de los jesuitas (a veces llamado jesuitismo), que se plantea todo tipo de casos, especialmente la problemática del fracaso matrimonial, enfatizando el análisis de la compleja casuística de la moral sexual; era visto por sus adversarios como laxismo moral. Se traducía, a través de sus influyentes confesores, en la costumbre de permitir la comunión frecuente; frente al respeto reverencial al sacramento de la comunión de otros movimientos, que consideraban la aproximación a la Hostia como una ocasión especialísima. La costumbre popular era la de comulgar "burocráticamente" por Pascua en la parroquia bajo cuya jurisdicción estaba domiciliado el feligrés (comunión pascual), de lo que incluso se levantaba testimonio por los párrocos, dando en algunos casos un registro tan fiable que ha sido utilizado como fuente documental para estudios de demografía histórica e historia local.

Se hizo omnipresente la defensa contrarreformista de las obras, y por tanto de la colaboración necesaria del hombre para la salvación, que en su interpretación católica no debe fiarse al mero abandonarse a la gracia y la fe (como insistían los protestantes o los quietistas) es lo que justificaba el papel mediador de la Iglesia, administradora de los sacramentos y depositaria (por la comunión de los santos) méritos de los santos, la Virgen (corredentora y mediadora) y de Cristo para el "negocio de la salvación": sacar pronto a las ánimas del purgatorio.

Los manuales de confesiones de Martín de Azpilicueta o Jaime de Corella responden a la intensificación del control social de la Iglesia a través de las conciencias. El papel del confesor trasciende su labor espiritual para convertirse en un orientador vital en todos los aspectos materiales, tanto personales (médicos, psicológicos) como sociales (económicos, educativos, incluso legales).

Las prácticas religiosas rituales, devocionales y caritativas, tanto en el ámbito público como en el privado constituían una considerable parte de la vida social. Múltiples instituciones se hacen cargo de todas las posibles manifestaciones de esas prácticas, desde los hospicios para niños huérfanos, los hospitales para enfermos y transeúntes y las casas de "arrecogías" para prostitutas, hasta las múltiples instituciones ligadas al fenómeno de la muerte. Creció extraordinariamente el número e influencia de las cofradías, congregaciones, esclavitudes y otras instituciones de laicos, asociadas a devociones nuevas, como la Escuela de Cristo o las Ánimas del Purgatorio. Muchas de ellas eran una especie de mutualidades de enterramientos, un asunto muy importante en la consideración social. Órdenes mendicantes y parroquias competían tan duramente que tuvo que regularse un pago del 25% (cuarta funeral) para quien quisiera ser enterrado fuera de su parroquia.

Se pretende conquistar los espíritus a través de los sentidos, y paradójicamente, además de los movimientos quietistas y místicos, vividos individualmente, la religión se vive sobre todo socialmente, como un espectáculo. Ejemplo máximo son las procesiones de Semana Santa, durante las que una ciudad entera se convierte en una obra de arte que remite a todos los sentidos (música y esculturas ambulantes, arquitectura efímera, tapices florales, dramatizaciones y vestuarios que implican a buena parte de la comunidad, especialidades gastronómicas concebidas para la ocasión...). Los autos de fe se conciben como un espectáculo popular y una catarsis colectiva. Las canonizaciones barrocas fueron numerosísimas en España: en el siglo XV sólo se había hecho una, en el XVI otra, mientras que en el siglo XVII se beatificaron 23 y se canonizaron 20 (en el siglo XVIII las beatificaciones descendieron a 16 y las canonizaciones a 9). Se rescataron figuras medievales de interés político San Isidro labrador (patrón de Madrid, capital de la Monarquía) y San Fernando Rey (primo de San Luis Rey, rey de la enemiga Francia). En 1622 se canonizó simultáneamente, entre desmesurados festejos, a Santa Teresa de Jesús, San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier. Se logró una verdadera popularización de los asuntos teológicos a través de la vivencia religiosa del arte y la música, logrando una especial repercusión la imaginería (Gregorio Fernández en Valladolid, Juan Martínez Montañés en Sevilla, Francisco Salzillo en Murcia) y el teatro (autos sacramentales de Calderón de la Barca). Buena parte de los dramaturgos son clérigos o terminan tomando los hábitos (Tirso de Molina, Lope de Vega). El uso de las imágenes religiosas y ámbitos santificados era omnipresente, y se extendió a todo tipo de fines, incluso para "proteger" una pared de los que hacían sus necesidades; acogerse a "sagrado" cuando se huye de la justicia; poner fin a las peleas a la vista de una cruz o el paso de un viático que producía procesiones espontáneas siguiendo al sacerdote que llevaba los últimos sacramentos a un enfermo grave.

Se puede hablar de una "inflación milagrera", con un total de 118 milagros recogidos en 150 Relaciones en el siglo XVII (en el último cuarto del siglo XVI habían sido sólo 13). Hubo numerosos escándalos: el de el eremita Juan de Jesús en Córdoba o la beata de Carrión (ambos en 1635), mossen Simón en Valencia... La jerarquía intentó controlar los excesos más evidentes, a veces impidiendo ritos propiciatorios ancestrales (los goigs catalanes que recordaban a divinidades paganas, las procesiones excesivamente supersticiosas en petición de lluvia o contra las epidemias o la langosta) y reprimiendo el carnaval. Todo ello con poco éxito: ante el riesgo de tormentas que amenazaban una próxima cosecha, los párrocos no podían resistirse a la presión popular que les exigía subirse a los conjuratorios de las torres para espantar el nublado. El tañido de Velilla (parroquia cercana a Zaragoza, cuyas campanas se decía que estaban fundidas por los ángeles con las treinta monedas de Judas), se oyó sin que nadie lo tocara entre 1601 y 1686, para avisar que algo malo iba a ocurrir en España, según fue comprobado y avalado por el prestigioso teólogo Padre Guadalajara (desgraciadamente, era difícil no acertar con una desgracia). En 1641 la reproducción milagrosa de la pierna cortada de Miguel Pellicer (milagro de Calanda) fue aprovechada para la propaganda real en la sublevación de Cataluña.

La sinceridad de la vivencia religiosa cristiana en la inmensa mayoría del pueblo no impedía que se manifestaran contradicciones y disfunciones en el funcionamiento de las instituciones religiosas. El aumento considerable de la presión económica de las fundaciones conventuales sobre los municipios produjo, ya en 1523, la petición 45 de las Cortes de Valladolid. En ella se solicitaba que los monasterios, iglesias y personas eclesiásticas no puedan comprar ni heredar bienes raíces, lo que fue concedido por Carlos V, aun previendo la confirmación del Papa, pero no tuvo cumplimiento, reiterándose en cortes sucesivas, y recibiendo la negativa de Felipe II a hacer novedad en ese asunto. En torno a 1600 Rodrigo Sánchez Doria, procurador por Sevilla, insistía en lo gravoso de ese peso sobre la economía castellana: en los lugares de más consideración las mejores casas, viñas, dehesas y heredades están en su poder, y aunque este daño es antiguo no se había notado como al presente, porque antes daban las casas a censo perpetuo y ahora las arriendan, y crecen las rentas. Aunque se fueron dictando prohibiciones, eran fáciles de eludir, y durante todo el siglo XVII la queja se renovó. Las fundaciones de conventos se hicieron muy escasas a partir de mediados del siglo XVII, y muchos de los creados con anterioridad pasaron por dificultades, al menos hasta después de la Guerra de Sucesión (1714). Eso no significó que las propiedades eclesiásticas no siguieran expandiéndose, más mediante compras de tierras que por las donaciones.

En cuanto a las élites, su devoción tenía rasgos diferenciales, empezando por la vinculación con el alto clero. Las fundaciones religiosas privadas, capellanías, etc. eran un símbolo de prestigio social. La monarquía daba ejemplo con la especial atención a determinadas instituciones, a las que vinculaba a su familia, como el convento de las Descalzas Reales de Madrid. La ocupación de cargos eclesiásticos con fines políticos, empezando por la designación de cargos eclesiásticos para los segundones de la familia real, sin que eso significara apartarlos de la primera línea política o militar (el Cardenal-Infante). Un cuidado exquisito se ponía en el nombramiento de los confesores reales, que más que significar un asunto espiritual privado de los reyes, era tratado con criterios políticos. En otras ocasiones la carrera eclesiástica era una salida al fracaso político y una manera de evitar las represalias (Duque de Lerma).

Las diócesis de Ceuta y de Tánger fueron restauradas con la ocupación portuguesa (1418 y 1459). Las plazas de Melilla y Orán fueron ocupadas por los castellanos (Cardenal Cisneros). La Conquista de las Islas Canarias fue acompañada de la creación de toda una estructura eclesiástica de nueva planta, desde las diócesis hasta las parroquias, monasterios, conventos y demás instituciones, en unas islas previamente y en otras de manera paralela a los comienzos de la colonización y evangelización de América, para la que su ejemplo sirvió de precedente.

Las misiones de los jesuitas, destacadamente de San Francisco Javier se desarrollaron de forma muy ambiciosa desde la India hasta China y Japón, bajo el control de la corona portuguesa -incluida en la Monarquía Hispánica de 1580 a 1640-. Las Islas Filipinas fueron colonizadas por España, y el peso de los clérigos fue incluso superior al que alcanzaron en la colonización americana, destacando la presencia de los llamados Agustinos Filipinos (desde 1565). Desde allí los agustinos Martín de Rada y Jerónimo Martín fueron los primeros españoles en llegar a China (1575). La presencia secular en esos lugares explica la existencia de un singular Museo Oriental en el Convento de los Agustinos Filipinos de Valladolid, que fue la sede central donde se formaba a los misioneros antes de enviarlos.

Tras el descubrimiento de Colón, los Reyes Católicos se garantizaron el apoyo papal para la conquista y colonización del Nuevo Mundo y el Patronato regio (el control de los nombramientos de todo tipo de beneficios eclesiásticos, incluídos los obispos) mediante las Bulas Alejandrinas, a cambio de la misión espiritual de la evangelización. La ejecución en la práctica de ese mandato dio lugar a instituciones controvertidas: las encomiendas, que significaron una verdadera catástrofe humana en las islas del Caribe. El Sermón de Montesinos, por el que Antonio de Montesinos denunciaba esa situación con argumentos cristianos y humanistas fue amplificado por uno de sus oyentes, el encomendero arrepentido Bartolomé de las Casas, a partir de ese momento el mayor defensor de los indígenas americanos. Su mayor opositor en España fue Juan Ginés de Sepúlveda, que en la Junta de Valladolid tuvo oportunidad de contrarrestar sus argumentos. Previamente, otro debate teológico, la Junta de Burgos había instituido el requerimiento como documento a leer en los contactos con los pueblos a descubrir, para justificar su conquista.

Fue constante del siglo XVI al XVII la emigración a América de clérigos españoles, tanto a cubrir los puestos beneficiales seculares como las misiones (sobre todo franciscanos y jesuitas). Alcanzaron particular importancia las reducciones jesuíticas del Paraguay, que fueron objeto de polémica a raíz de los acuerdos hispanoportugueses y su resistencia armada.

El cristianismo americano se hizo en buena parte a partir del sincretismo religioso (caso claro de la Virgen de Guadalupe), cuando no por la destrucción junto con su cultura material de las creencias precolombinas (vistas como idólatras y demoníacas). Algunos clérigos tuvieron un interés antropológico por ellas (Fray Bernardino de Sahagún).

La América hispana fue una sociedad compartimentada en "castas", en la que la religión cumplía un papel esencial como amortiguador de los conflictos: sor Juana Inés de la Cruz, la China Poblana, el indio Juan Diego y San Martín de Porres, son ejemplos de los papeles reservados a las mujeres, los indios y los negros en cuanto a su función religiosa.

Los alemanes llegados con la Familia Welser a Venezuela (1528-1546) con el respaldo de Carlos V fueron la primera comunidad protestante de América, pero se desmanteló en cuanto se hizo evidente su naturaleza contraria a la uniformidad católica que se pretendía para el Nuevo Mundo. También hubo otros casos individuales, pero eran reprimidos en cuanto se detectaban, y no se llegaron a formar otros núcleos protestantes hasta después de la Independencia de la América Hispana.

El Siglo de las Luces comenzó con una afirmación del regalismo de la nueva dinastía de Borbón, que acentuó el control del rey sobre el clero en perjuicio del Papa. Las negociaciones del Concordato de 1753 tuvieron altibajos, con enfrentamientos internos que supusieron el proceso inquisitorial y exilio de uno de los principales partidarios del regalismo, Melchor de Macanaz.

La prerrogativa de regium exequatur (que confería a los reyes el derecho de retener hasta dar su aprobación las bulas y breves papales), había sido utilizada en el siglo XVI por Carlos V y Felipe II, pero había caído en desuso en el siglo siguiente. El regalismo de cuño borbónico no hizo más que restaurar esta regia prerrogativa en tiempos de Carlos III (18 de enero de 1762) y ampliar su aplicación a los asuntos relacionados con el dogma. La razón fue la polémica por la condena de la Exposition de la doctrine chrétienne de François Philippe Mesenguey. De todas maneras, al poco tiempo el exequatur se declaró en suspenso. Además se establecieron los recursos de fuerza, por los cuales la administración de justicia civil (Audiencias y Consejo de Castilla) revisarían en apelación las sentencias de los tribunales eclesiásticos, pudiendo revocarlas y dictar otras si encontraban vicios de procedimiento.

Sumado a todo ello, la expulsión de la Compañía de Jesús (fuertemente vinculada al Papado) en 1767 representó el punto más extremo al que llegó la política de orientación regalista en el siglo XVIII, bajo el reinado de Carlos III, influido por Tanucci y el denominado "partido jansenista" (Campomanes). La orientación regalista también se encauzó hacia otros asuntos económicamente muy sustanciosos: el expediente sobre amortización eclesiástica; la reforma del excusado (teóricamente el diezmo del mayor contribuyente de cada parroquia); y distintas disposiciones que afectaban al clero regular (prohibición de cuestaciones en las eras excepto a los franciscanos, mercedarios y trinitarios; prohibición de ocupaciones temporales a los monjes -1767-, y ajuste del número de religiosos de cada convento a sus ingresos -1770-).

Desde principios del siglo XVIII se había iniciado un nuevo planteamiento de la misión asistencial de la Iglesia y del valor de la pobreza, como puede verse en la fundación del Monte de Piedad de Madrid por el Padre Piquer (1702). La preocupación por la no interferencia de la vida religiosa en la esfera económica produjo propuestas de reforma del calendario laboral, como la de Campomanes, quien lo criticaba por excesivo, ya que para algunos oficios gremiales y meses del año existían casi tantos días festivos como laborables (no obstante, prudentemente, no criticaba las devociones por sí mismas, ni el cumplimiento de los preceptos).

Los ilustrados dieciochescos fueron muy críticos con la Iglesia: se satirizó la degeneración de la oratoria sagrada (como en la conocida obra del padre Isla Fray Gerundio de Campazas, alias Zotes) y se criticó clandestinamente a la Inquisición (Moratín Quema de brujas en Logroño) y al modo en que se reclutaba a los miembros del clero, que, muchas veces faltos de vocación, se comportaban con frecuencia de forma licenciosa (por ejemplo, los escándalos del abuso de las confesiones: la solicitación). Se criticó incluso la implantación territorial del clero secular, muy tupida en el norte de España y muy dispersa en el sur, con zonas en Andalucía, La Mancha, Extremadura y Murcia, donde la atención pastoral era muy deficiente, mientras se hacía visibles en la vida social las figuras poco edificantes del beneficiado, que acumulaba las rentas de varios beneficios, del capellán que cantaban misa con escasos asistentes (o ninguno, aparte del monaguillo) en los palacios nobiliarios, del tonsurado, que no ejercía ninguna cura de almas o la del que recibía órdenes menores con el único fin de adquirir el fuero eclesiástico. Sobre todo eran objeto de las críticas ilustradas el excesivo número alcanzado por el clero regular (cuando no su propia función o existencia), y la distorsión al mercado e impedimentos para el desarrollo de una economía capitalista que significaban en conjunto tanto la riqueza de la iglesia (las tierras y propiedades urbanas del clero, sometidas a manos muertas y sus rentas, sobre todo el diezmo), como la manera de utilizarla: no en inversiones productivas que permitieran una acumulación de capital, sino en gastos suntuarios o en subvencionar la pobreza (en las Cortes de Cádiz un diputado liberal llegó a argumentar que la Iglesia producía pobreza justificándose en tener que socorrerla). Es significativo que la pobreza evangélica hubiera dejado de ser un valor social, y que las instituciones religiosas no recibieran críticas tanto por ser ricas como por no saber serlo: si en la época feudal se comportaron como un señorío más, en la transición al capitalismo no estaban demostrando la misma habilidad para convertirse en empresarios.

Todo es muestra del nuevo ambiente intelectual del siglo de las luces, que se había ido gestando en Europa noroccidental desde la crisis de la conciencia europea de finales del XVII y principios del XVIII, y que aunque llega tarde a España (excepto por una pequeñísima minoría de novatores), se va imponiendo sobre todo en la segunda mitad del XVIII. Emerge una nueva concepción racionalista, enciclopedista o volteriana, que en algunos puede llamarse deísta o panteísta (Bernardo de Iriarte, condenado con esos cargos por la inquisición en 1779; mientras que fueron obligados a abjurar de sus errores su hermano Tomás de Iriarte, el fabulista, en 1786 y Luis García Cañuelo, editor de El Censor, en 1788) o incluso relacionada con la masonería. Los grados en que se compartía ese programa intelectual variaban enormemente: las posturas críticas podían ser moderadas y perfectamente asumibles dentro de la mayor ortodoxia, en la línea de ilustración cristiana que había marcado Feijoo y adoptaron muchos clérigos (como Ramón Pignatelli) y buena parte de los obispos (Francisco Armañá, José Tormo, José Climent). Algunas posiciones eran más extremas, como la de Pedro Centeno (que pretendía depurar el catecismo de Ripalda, arsenal de embustes y patrañas, y las erratas, solecismos y disparates del Misal), o la del "jansenista" Joaquín Lorenzo Villanueva (De la lección de la Sagrada Escritura en lengua vulgar, un atrevimiento antes de la autorización de 1782, Recomendación de la lectura de la Biblia, que todavía parecía una costumbre protestante, y el regalista Catecismo de Estado según los principios de la religión de 1793).

Pero la gran mayoría de la sociedad, en todos los estamentos, se mantenía dentro de posiciones tradicionalistas, sobre todo en el terreno religioso. Es el momento en el que aparece la España Sagrada del Padre Flórez, un monumento historiográfico que busca en el pasado las esencias del cristianismo como rasgo esencial de lo español. Fray Diego José de Cádiz y otros predicadores capuchinos alentaban una religión afectiva y adaptada a las circunstancias locales, frente a la piedad elitista y uniformadora de los ilustrados, a través de los sermones masivos y de las misiones itinerantes, que creaban en los pueblos un clima de efusiva exaltación merced al premeditado empleo de recursos teatrales destinados a conmover los corazones de los fieles, actuando como una de las principales fuerzas opositoras a todas las corrientes ilustradas, incluso ante los recelos de buena parte del clero (denominado por aquéllos como "jansenistas").

No hay que olvidar tampoco que el ascendiente de los clérigos seguía siendo enorme, sobre todo entre las masas populares: en la coyuntura crítica del Motín de Esquilache la plebe madrileña, que había iniciado una violenta revuelta, recondujo de una manera organizada la protesta tras la intervención del Padre Yecla, un franciscano (de los denominados gilitos (del convento de San Gil), que se puso una soga al cuello y con un crucifijo salió al encuentro de las turbas. También se produjo, sobre todo durante la primera mitad del siglo, una intensificación de las peregrinaciones a Santiago de Compostela.

En la educación, se había producido incluso un aumento de la influencia clerical desde el siglo anterior, tanto entre las élites (colegios jesuitas, como el Seminario de Nobles de Madrid, hasta su expulsión) como entre el pueblo bajo, casi totalmente analfabeto y confiado a la predicación del cura o a la llegada puntual y espectacular de predicadores de misiones. Incluso los escasos maestros municipales impartían una formación fuertemente religiosa. Los colegios escolapios (orden fundada en el siglo XVII por el español San José de Calasanz) aparecieron y se extendieron en esta época. Su proliferación hizo que fuesen incluso objeto de críticas economicistas como las de Olavide: "como enseñan de balde, quitan labradores".

Otra cosa eran las élites, o al menos parte de ellas: la pérdida del monopolio intelectual como consecuencia de la irrupción de los ilustrados laicos originó no pocos choques, con víctimas de ambos bandos, como la expulsión de los jesuitas (chivo expiatorio del Motín de Esquilache, lo que no dejó de ser bien visto por órdenes religiosas rivales) y el proceso inquisitorial a Pablo de Olavide. La animadversión por parte del catolicismo casticista a todo lo afrancesado tuvo su oportunidad de volver a identificar a lo español con lo católico en la guerra contra la Convención (1792), en que los párrocos leían homilías encendidamente patrióticas contra los franceses ateos y revolucionarios (tuvo gran difusión la obra de Fray Diego de Cádiz El soldado católico en guerra de religión). La Guerra de Independencia Española intensificó esa actitud del clero, que incluso llegó a tomar las armas (como fue el caso del cura Merino).

Alcanzó mucha resonancia, pero escasa trascendencia, el denominado Cisma de Urquijo (1799), durante la invasión napoleónica de los Estados Pontificios, que devolvía a los obispos españoles algunas atribuciones que había concentrado el Papa (dispensas matrimoniales). La medida fue defendida por el obispo de Salamanca Antonio Tavira (de tendencia "jansenista"), en aplicación de las ideas del episcopalista flamenco-holandés Zeger Bernhard van Espen que estaban en el ambiente europeo desde el Sínodo de Pistoia (1786) y las medidas de la Revolución Francesa (Constitución Civil del Clero).

En esa época se produjo también la abolición definitiva de la Inquisición, que había recibido con el libro de Juan Antonio Llorente una crítica demoledora.

Con los gobiernos liberales, comenzó a plantearse la posibilidad de permitir la presencia e incluso predicación de protestantes (un interesante testimonio sobre esta actividad puede hallarse en la conocida obra de George Borrow La Biblia en España). Con anterioridad, y vinculadas al exilio, se habían producido algunas conversiones —entre ellas, la de José María Blanco White—, numéricamente poco significativas. Guillermo Harris Rule, metodista inglés, presbítero en Gibraltar, fundó en Cádiz la primera escuela (1838) y la primera iglesia (1839) del protestantismo español, que funcionó clandestinamente hasta 1868.

Un listado de protestantes españoles sólo recoge diez entradas para el siglo XIX (además de los antes citados). Dos de ellas se refieren a misioneros extranjeros: la estadounidense Alice Gordon Gulick (1847-1903) y el alemán Federico Fliedner (1845-1901). Los ocho españoles, muchos de ellos relacionados entre sí y exiliados en Gibraltar en 1863 (a causa de la presión del gobierno), son: José Alhama Teba (1826-1892, organizador de la primera iglesia evangélica de Granada); Juan Bautista Cabrera Ivars (1837-1916, escolapio, que a raíz de la revolución de 1868 obtuvo del general Prim facilidades para su actividad y fundó la primera iglesia evangélica de Sevilla. Llegó a ser el primer obispo de la Iglesia Española Reformada Episcopal (anglicana), rescatando el uso de la liturgia mozárabe); Antonio Carrasco Palomo (1842-1873, organizador de la primera iglesia evangélica de Madrid, en 1869); Juan Labrador Sánchez (1855-1935, general de artillería de la armada); Lorenzo Lucena Pedrosa (1807-1881, catedrático de Teología y vicerrector, que hizo carrera eclesiástica en Gibraltar e Inglaterra); Manuel Matamoros García (1834-1866, encarcelado por su actividad religiosa en 1861); Pedro Sala y Vilaret (1838-1916, inicialmente sacerdote católico, filósofo, ateneísta y profesor de un colegio protestante de enseñanza media en Madrid, que terminó por abandonar su militancia protestante); y Luis Usoz y Río (1805-1865, cercano a los cuáqueros, filólogo y editor de Reformistas antiguos españoles, de 1847 a 1880, especialista en Juan de Valdés, que reunió una biblioteca de 10.000 volúmenes, hoy en la sección de raros de la Biblioteca Nacional).

El 24 de enero de 1869 Julio Vizcarrondo (abolicionista de origen puertorriqueño), como presidente del Comité Central de la Unión Evangélica Española, obtuvo licencia municipal para celebrar públicamente culto protestante en Madrid. Las divisiones entre los protestantes españoles multiplicaron las denominaciones de sus iglesias: La primera asamblea de la Iglesia Reformada Española (1869) dará paso a la Iglesia Cristiana Española (1871) y a la Iglesia Evangélica Española (1897), todas ellas de régimen presbiteriano. El régimen episcopal produjo una escisión denominada Iglesia Española Reformada Episcopal (anglicana) (1880, la de Juan Bautista Cabrera). Por otro lado, la Iglesia Bautista se fundó en Madrid el 10 de agosto de 1870.

El reinado de Isabel II comenzó con un enfrentamiento claro de los liberales contra el clero, pero la situación se recondujo tras el abrazo de Vergara. La búsqueda de un acercamiento de la intelectualidad católica a la nueva situación la encarna la obra y trayectoria vital del sacerdote y filósofo Jaime Balmes (1810-1848) —autor de El Criterio, El protestantismo comparado con el catolicismo en sus relaciones con la civilización europea y el manual La religión demostrada al alcance de los niños—, partidario del aperturismo liberal de Pío IX, ante la incomprensión de la mayor parte de la opinión católica española, profundamente tradicionalista, y que incluso pretendió superar la división dinástica con un matrimonio entre Isabel II y el heredero de la rama carlista.

Los gobiernos moderados se reconciliaron con el papado, firmándose el Concordato de 1851. La clave fue la renuncia del clero a la recuperación de los bienes desamortizados, mientras que el estado se comprometía al mantenimiento de un Presupuesto de Culto y Clero. España seguiría siendo un estado confesional, con capellanías en el ejército y las prisiones. Se mantendrían las peculiaridades del derecho canónico y la condición católica del matrimonio. La propia reina se rodeó de lo que Valle Inclán llamaba la corte de los milagros, en la que figuraban Sor Patrocinio (la monja de las llagas) y San Antonio María Claret, fundador de la orden claretiana. Isabel II recibió la Rosa de Oro, la más importante condecoración papal, que suponía un apoyo no por simbólico menos importante, teniendo en cuenta que hasta entonces el pretendiente carlista había sido mejor visto por la jerarquía eclesiástica.

La revista jesuita Razón y Fe se centró en la defensa de la función docente de la Iglesia, tanto en las escuelas públicas como en las de las congregaciones religiosas, presentando la enseñanza confesional reconocida en el Concordato como una función patriótica.

El sexenio revolucionario significó un nuevo periodo de desencuentro entre gobiernos progresistas, demócratas y republicanos y la Iglesia, que no estaba en condiciones de organizar un partido político con una base electoral suficiente, como el Zentrum alemán. Los llamados neocatólicos no fueron una fuerza parlamentaria decisiva. Hay que recordar que cuestiones como la soberanía nacional o el mismo concepto de liberalismo habían sido recientemente declarados anatemas por la Iglesia Católica. Ya en época de la Restauración, tuvo una amplia difusión el libro de Felix Sardà i Salvany El liberalismo es pecado (1884), que recibía el sobrenombre de la Biblia de los intransigentes. La Constitución de 1869 fue la primera de las españolas en reconocer la libertad religiosa, el matrimonio civil y los derechos civiles plenos para los no católicos (artículo 27). El código civil de 1889, en el contexto nuevamente confesional de la Restauración, reconocía dos formas de matrimonio: el civil y el canónico que deben contraer todos los que profesan la religión católica, frase que suscitó distintas interpretaciones.

La Iglesia protagonizó un espectacular resurgimiento en España en el último cuarto del siglo XIX, gracias a la actualización de su función social. Estimulada por el papado, llevó a cabo un amplio programa de actuación social, sobre todo en educación y labor asistencial. La doctrina social de la iglesia, definida por el magisterio pontificio, se difundió sin tensiones graves, aunque un sector estaba intranquilo por lo que se percibía como una sensibilidad demasiado avanzada, a pesar de su evidente paternalismo y actitud de respuesta a la amenaza del encuadramiento obrero con los movimientos socialistas y anarquistas. Si las encíclicas me despojan, me haré cismático, llegó a decir un diputado.

Los Círculos Católicos de Obreros (que no habían tenido demasiado éxito en Francia o Bélgica) fueron introducidos por el jesuita Antonio Vicent, para restaurar la caridad y la abnegación en el patrono y la paciencia y la religiosidad en el obrero. Nunca pasaron de ser centros piadosos y de recreo en locales cedidos por los patronos. Aunque se extendieron por toda España, para 1900 estaba claro que sólo tenían una presencia efectiva en zonas rurales, donde desarrollaron algunos proyectos cooperativos. Incluso canónigos como Arboleya los censuraban por insistir más en las obligaciones de los obreros que en las de los capitalistas, y no proponer seriamente la reivindicación de derechos ni la reparación de injusticias.

La exigencia de que las enseñanzas en la universidad fueran conformes a la doctrina católica produjo la salida de un nutrido grupo de intelectuales cercanos al krausismo, liderados por Francisco Giner de los Ríos, que fundaron la Institución Libre de Enseñanza. La intelectualidad católica también contaba con figuras de nivel, como el polígrafo Marcelino Menéndez Pelayo.

Para 1902, la Institución Libre de Enseñanza y otras instituciones laicas no llegaban a las cien escuelas, mientras que las dirigidas por instituciones religiosas eran casi cinco mil, repartidas entre 294 comunidades religiosas masculinas y 910 femeninas. Ejercían en la práctica el monopolio de la enseñanza secundaria (un ochenta por ciento del alumnado). El interés por aumentar su presencia también en la escuela primaria, donde solo estaba escolarizado en centros religiosos un tercio de los alumnos, produjo la fundación de las Escuelas del Ave María por el sacerdote y pedagogo Andrés Manjón.

A partir de principios de siglo, la acción social católica se reorientó desde el interclasismo de los Círculos Católicos a la creación de sindicatos católicos que representaran únicamente a los obreros, aunque no tuvieron un crecimiento comparable a los sindicatos de izquierda, a excepción de los Vizcaya y Guipúzcoa, donde apareció Solidaridad de los Trabajadores Vascos (ELA-STV), un sindicato de orientación católica y nacionalista vasca, cercano al PNV.

La Ley del candado (1910), promulgada por el gobierno Canalejas, impidió el establecimiento de nuevas órdenes religiosas, cuya expansión era vista con recelo por los liberales dinásticos, cuyo anticlericalismo no era tan radical como el de la oposición republicana.

Con la creación del Ministerio de Instrucción Pública comenzó un enfrentamiento explícito entre los gobiernos liberales y la enseñanza religiosa. Con motivo de los decretos que pretendían controlar la contratación de profesorado, el arzobispo de Sevilla pronunció en el Senado (1901) un discurso en que por primera vez la Iglesia propugnaba la defensa de la libertad de enseñanza (hasta entonces considerada un anatema, como en el escándalo de la expulsión de los krausistas): el monopolio de la enseñanza... era el camino abierto a la esclavitud de los espíritus, mientras que la "libertad de enseñanza, por la emulación que crea, hace que todos trabajen para eumentar sus conocimientos... enseñadores y enseñados, maestros y discípulos". Se crea la Federación de Amigos de la Enseñanza (FAE)y es aprobada por el papa la Institución Teresiana (1924, aunque había sido iniciada en 1911 por San Pedro Poveda).

Los primeros años del siglo son también los del lanzamiento de una cabecera periodística que representará la opinión católica: el diario El Debate.

El Estado, las regiones, las provincias y los Municipios, no mantendrán, favorecerán, ni auxiliarán económicamente a las Iglesias, Asociaciones e Instituciones religiosas.

Una ley especial regulará la total extinción, en un plazo máximo de dos años, del presupuesto del Clero.

Quedan disueltas aquellas Órdenes religiosas que estatutariamente impongan, además de los tres votos canónicos, otro especial de obediencia a autoridad distinta de la legítima del Estado. Sus bienes serán nacionalizados y afectados a fines benéficos y docentes.

Los cementerios estarán sometidos exclusivamente a la jurisdicción civil. No podrá haber en ellos separación de recintos por motivos religiosos.

Todas las confesiones podrán ejercer sus cultos privadamente. Las manifestaciones públicas del culto habrán de ser, en cada caso, autorizadas por el Gobierno.

Nadie podrá ser compelido a declarar oficialmente sus creencias religiosas.

Las disposiciones relativas a la libertad religiosa y determinadas limitaciones previstas en la constitución (artículos 26 y 27) son interpretadas habitualmente en el sentido de que la Segunda República Española dispuso de una legislación claramente anticlerical. En la práctica, las más importantes y polémicas eran la supresión del presupuesto de Culto y Clero y las exenciones impositivas, y las relativas a la enseñanza y la supresión de la Compañía de Jesús. Otras de menor trascendencia eran la secularización de los cementerios, necesidad de autorización para las manifestaciones públicas de culto, prohibición a los eclesiásticos del acceso a las más altas magistraturas del Estado, etc.).

La concesión del sufragio femenino en 1932 tuvo detractores desde ambientes progresistas por considerar que las mujeres votarían según la orientación de sus confesores (enfrentamiento entre Clara Campoamor y Victoria Kent).

Mientras en la España marxista se vive sin Dios, en las regiones indemnes o reconquistadas se celebra profusamente el culto divino y pululan y florecen nuevas manifestaciones de la vida cristiana.

La Carta colectiva del episcopado español durante la Guerra Civil Española tuvo una gran repercusión internacional, atrayendo apoyos al bando franquista, sobre todo entre los católicos franceses y estadounidenses y el Vaticano. Ante la supresión casi total de las actividades de culto en la zona republicana y los asesinatos de miles de personas especialmente relacionadas con la Iglesia (obispos —13 de un total de 70—, sacerdotes, religiosos masculinos y femeninos y seglares), el documento consideraba la situación como una persecución religiosa y a sus víctimas como mártires, y justificaba la sublevación militar como algo providencial: una verdadera Cruzada que debía salvar a España del ateísmo marxista.

Entre los obispos con más destacada actividad durante la Guerra Civil estuvieron Enrique Plá y Deniel (Las dos ciudades, 1936; El Triunfo de la Ciudad de Dios y la resurrección de España, 1939) y los cardenales Pedro Segura e Isidro Gomá. La influencia vaticana en el nuevo Estado Nacional de Franco fue muy importante, tanto que incluso consiguió impedir (enero 1939) la ratificación de un convenio de cooperación cultural firmado con la Alemania nazi, que veía como peligroso en términos ideológicos. No obstante hubo algún obispo (Francisco Vidal y Barraquer) que se negó a firmar la Carta colectiva y que se negó a reconocer el régimen franquista, muriendo exiliado en Roma.

Paradójicamente, hubo también religiosos muertos por las tropas franquistas, aunque en reducido número: varios sacerdotes católicos relacionados con el nacionalismo vasco y algunos miembros de otras confesiones, al menos un testigo de Jehová que se declaró objetor de conciencia y un pastor protestante (amigo de Unamuno) que además era masón. La masonería fue un movimiento que, precisamente por no ser religioso sino su contrafigura, fue especialmente reprimido por el bando vencedor, que tuvo hacia la presunta conspiración judeomasónica una verdadera obsesión.

El Estado asumirá la protección de la libertad religiosa, que será garantizada por una eficaz tutela jurídica que, a la vez, salvaguarde la moral y el orden público...

El Estado reconoce y ampara a la familia como institución natural y fundamento de la sociedad, con derechos y deberes anteriores y superiores a toda ley humana positiva. El matrimonio será uno e indisoluble. El Estado protegerá especialmente a las familias numerosas.

Con un lenguaje marcadamente agustinista, el Concordato de 1953 reconocía importantísimas áreas competenciales al papado, y una libertad de expresión y actuación de la que no gozaba ninguna otra institución ni individuo (cosa que produciría conflictos en el futuro), al tiempo que garantizaba a Franco el ejercicio del derecho de presentación de obispos que tradicionalmente correspondía los reyes (y que continuó vigente y utilizado hasta que Juan Carlos I renunció a él en julio de 1976).

La Religión Católica, Apostólica Romana, sigue siendo la única de la Nación española y gozará de los derechos y de las prerrogativas que le corresponden en conformidad con la Ley Divina y el Derecho Canónico.

El Estado español reconoce a la Iglesia Católica el carácter de sociedad perfecta y le garantiza el libre y pleno ejercicio de su poder espiritual y de su jurisdicción, así como el libre y público ejercicio del culto... la Santa Sede podrá libremente promulgar y publicar en España cualquier disposición relativa al gobierno de la Iglesia y comunicar sin impedimento con los Prelados, el clero y los fieles del país, de la misma manera que éstos podrán hacerlo con la Santa Sede.

Gozarán de las mismas facultades los Ordinarios y las otras Autoridades eclesiásticas en lo referente a su Clero y fieles.

Los católicos eran considerados como una de las familias del franquismo, y el nacionalcatolicismo como una de sus principales señas de identidad, al menos hasta el Concilio Vaticano II, pero eso no ocultaba la existencia de distintas corrientes dentro del complejo mundo englobado en la expresión "los católicos": desde posturas cercanas a la democracia cristiana europea (Joaquín Ruiz-Giménez), los activistas de la Acción Católica y sus secciones (presentes en el mundo laboral, a veces solapados e incluso enfrentados con la "familia nacionalsindicalista" o falangista), la prensa católica (Ángel Herrera Oria y el diario Ya) o la debatida actividad del Opus Dei, fundado en 1928 por José María Escrivá de Balaguer, pero que alcanza desde finales de los años cincuenta una considerable presencia en el mundo político (los ministros tecnócratas: Gregorio López Bravo, Laureano López Rodó) y económico (Banco Popular) viéndose afectada por la repercusión mediática y la instrumentalización política de algunos escándalos del final del franquismo (Matesa). Más tarde, el fundador sería beatificado (1999) y canonizado (2002) por Juan Pablo II, tras convertir a la Obra en una prelatura personal.

A partir del Concilio Vaticano II (que fue calificado como un "aggiornamento" o puesta al día), la Iglesia española experimentó profundas transformaciones, empezando por las relativas a la aplicación de sus consecuencias. Las más evidentes fueron los cambios litúrgicos: de la misa en latín a las lenguas vernáculas (en la mayor parte de España en castellano, y en menor medida en las demás lenguas no oficiales en ese momento —catalán, gallego y vasco—, con alguna controversia). El aspecto tradicional de las iglesias, recargadas de imágenes, es sustituido en las de nueva creación por espacios diáfanos, vitrales abstractos y simplicidad decorativa, que deja un protagonismo máximo a los crucifijos de grandes dimensiones, lo que las hace asemejarse a los templos protestantes. Habían marcado el precedente las iglesias de los agustinos de Moratalaz y de los dominicos de Alcobendas (1955), ambas de Miguel Fisac, en ese momento próximo al Opus Dei. La música de órgano, el gregoriano y la polifonía pierden su monopolio, y comienza a ser habitual encontrarse con grupos musicales juveniles que introducen instrumentos propios del pop (guitarras, percusión) y cambian los hábitos por un atuendo más callejero, como hacen los mismos sacerdotes, no sin escándalo de la opinión más conservadora.

Cada vez se hizo más habitual la presencia de cristianos en la oposición al franquismo, incluyendo a miembros de la jerarquía apoyados por el pontificado de Pablo VI (considerado "progresista"), con notables escándalos, como el protagonizado por Monseñor Añoveros. Cabeza visible de esta corriente era Vicente Enrique y Tarancón, que ya se había hecho notar por su sensibilidad social en marzo de 1950 con una pastoral titulada El pan nuestro de cada día, y que demostró tener la confianza del Vaticano al suceder al "conservador" Casimiro Morcillo en el arzobispado de Madrid (1971, en un momento delicado, los últimos años de Franco, que aún ejercía el derecho de presentación de obispos). Tarancón, que había sido en los años 1950 secretario del Episcopado Español, se convirtió en presidente de la conferencia episcopal española (institución fundada en 1966).

En lo que empezó a denominarse comunidades cristianas de base se contó con la presencia de los llamados curas obreros, entre los que destacó el Padre Llanos, en el Pozo del Tío Raimundo (periferia chabolista de Madrid). Las Hermandades Obreras de Acción Católica (HOAC) empezaron a entrar en contacto con la actividad de los sindicatos clandestinos vinculados a los partidos ilegales (socialista o comunista), fundándose uno de inspiración cristiana: la USO (Unión Sindical Obrera). El mundo del nacionalismo vasco, siempre próximo al clero local, vio cómo al tradicional PNV se le añadía una escisión partidaria de la acción terrorista (ETA), que fue evolucionando hacia la ideología marxista y tercermundista. En el ámbito social, la presencia del clero fue esencial en el movimiento cooperativista de Mondragón (fundado por José María Arizmendiarrieta en 1956). En Cataluña, el Monasterio de Montserrat acogió en diversas ocasiones a movimientos catalanistas y de oposición al franquismo. Además de Unió Democràtica de Catalunya, el partido democristiano catalanista existente desde la Segunda República, se fundó en 1956 Crist i Catalunya o Catòlics Catalans, reconvertido en la Convergència Democràtica de Catalunya de Jordi Pujol, que tuvo en el mismo monasterio su asamblea fundacional el 17 de noviembre de 1974.

Más importante numéricamente fue la parte los obispos y de los movimientos católicos de actitudes más tradicionales o "conservadoras", incluso algunos que pueden considerarse próximos al búnker (ultraderecha): tanto en la jerarquía (Monseñor José Guerra Campos, de destacada actividad en las cortes franquistas, y fundador de la Hermandad Sacerdotal Española), como en movimientos de inspiración católica, pero cuya vinculación con la iglesia institucional es más lejana, y que se implicaron en actividades violentas (Guerrilleros de Cristo Rey).

Muchos clérigos y seglares católicos salieron al exterior en labores misionales, siendo especialmente importante la presencia de clérigos españoles en América Latina, donde algunos de ellos participaron en la construcción del movimiento denominado teología de la liberación, enfrentándose con las estructuras de poder político y económico, y con el mismo Vaticano (Ignacio Ellacuría, asesinado con otros jesuitas en El Salvador, o Pedro Casaldáliga que prosigue su actividad en Brasil).

Pero lo que puede considerarse como cambio más llamativo de la última etapa del franquismo fue la secularización de la sociedad española. La modernización económica, la emigración del campo a la ciudad o a Europa, la influencia del turismo y la apertura al exterior, fueron todos factores que influyeron en una cada vez mayor liberalización de las costumbres: crisis de la familia tradicional, búsqueda de la planificación familiar, uso de anticonceptivos, relaciones prematrimoniales, nuevas formas de ocio, movimientos juveniles, un incipiente feminismo... Los valores de la sociedad de consumo, urbana e industrial prevalecían sobre los valores de la sociedad preindustrial. El distanciamiento que grupos cada vez mayores de la población española demostraban con sus actitudes y opiniones no tenía que ver, como en los años anteriores a la guerra civil, con un anticlericalismo violento. Tampoco era consecuencia de las consignas políticas de izquierda, de seguimiento minoritario, que consideraban a la Iglesia como uno de los "poderes fácticos". La "España real" se alejaba cada vez más de la "España oficial", y junto a esta, de lo que se identificaba con ella, incluidas las prácticas religiosas, a pesar de las transformaciones que pretendían hacerlas atractivas para jóvenes y gentes de sensibilidad avanzada. La llamada crisis de vocaciones amenazaba con vaciar los seminarios y los conventos, al tiempo que, por otros motivos, se llenaba la cárcel especial para religiosos y se acumulaban peticiones se secularización de sacerdotes. Los tiempos de la posguerra, en que hubo incluso reclutamiento de "vocaciones tardías", habían quedado atrás.

2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.

3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.

La Constitución de 1978, aun proclamando la libertad religiosa, otorga un tratamiento especial de la Iglesia Católica. Mucho más compromisos por parte del Estado obtuvo el Vaticano en el Concordato de 1979, tildado por algunos juristas de preconstitucional. Una parte de esas concesiones fue la garantía de continuidad de la financiación de la Iglesia Católica, que incluso ha ido más allá del Concordato, que preveía la autofinanciación en un futuro que sucesivamente se ha ido retrasando, aunque los últimos acuerdos lo hacen parecer próximo. Como procedimiento para los pagos, se ha venido fijando un porcentaje del IRPF (impuesto de la renta) de los contribuyentes que marcan voluntariamente una casilla (un tercio del total de declaraciones) sin que esto suponga para ellos pagar más. Todos los años ha habido necesidad de suplementar esa cantidad. El total fue de 144 millones de euros en 2005. Además de eso, la Iglesia goza de exenciones de impuestos (que están siendo cuestionadas por la Unión Europea), y subvenciones a múltiples instituciones por muy distintas razones, normalmente en atención a su función social (educativa, asistencial, cultural, preservación del patrimonio, etc.). Las demás confesiones religiosas suelen quejarse por no recibir un trato semejante.

La Conferencia Episcopal Española suele presentarse por los medios de comunicación dividida entre obispos de dos sensibilidades: "moderada" (ya no suele utilizarse el término "progresista" de los años 1970), y "conservadora", ganando terreno esta última a partir de los años 1980 (presidencias de Elías Yanes, Antonio María Rouco Varela, y en los últimos años Ricardo Blázquez Pérez). También se han reflejado tensiones territoriales que reproducen las existentes en la configuración autonómica del estado. Se ha llegado a solicitar al Vaticano la constitución formal de una conferencia separada o Provincia Tarraconense para las diócesis catalanas, que suelen coordinarse entre sí. De un modo similar también lo hacen las diócesis vasconavarras. A pesar de todo ello, la sujeción a la autoridad papal, transmitida directamente o mediante la figura de el Nuncio apostólico ha hecho que fueran escasos los momentos que pueden considerarse verdaderamente problemáticos. Quizá los más notables fueron los protagonizados por la actitud polémica hacia el terrorismo de ETA del obispo de San Sebastián José María Setién, que no obstante siempre recibió la solidaridad de la Conferencia. Mucha menor trascendencia han tenido algunos enfrentamientos entre diócesis, como la de los pueblos aragoneses que han pasado a depender de Huesca y reclaman su patrimonio artístico que está depositado en Lérida, en un litigio que ha llegado al Vaticano y aún no está resuelto.

En cambio, las visitas a España de Juan Pablo II, desde 1982, permitieron la visibilización de la fuerza del catolicismo "tradicional", pasada la Transición. Es muy notable que las movilizaciones masivas contra determinados proyectos políticos hayan sido mucho más importantes en los últimos años (sobre temas relativos a la enseñanza y el matrimonio homosexual) que los realizados en los años 1980 contra el divorcio y el aborto.

Estadísticas comparativas consideran que España es el octavo país católico del mundo por número de fieles: 37,165,000 (un 87.79% de un total de 42,335,000 habitantes), y su estructura institucional es de las más desarrolladas (70 diócesis, 25,281 sacerdotes -16,920 de ellos diocesanos y el resto "religiosos"- 176 diáconos permanentes, 13,364 religiosos masculinos 52,243 religiosas femeninas y 22,680 parroquias).

Las encuestas de adscripción religiosa del CSIC están sujetas a todo tipo de interpretación o valoración, así como el porcentaje de contribuyentes que ponen la "crucecita" en la declaración de la renta (un tercio). Otras cosas son evidentes: consciente o inconscientemente la vida de la mayoría de los españoles sigue presidida por un ritmo sacramental cristiano (bautizo, comunión, boda, funeral), aunque el porcentaje de seguimiento de estas prácticas se ha reducido sustancialmente: las bodas civiles han pasado del 24% en 2000 al 44% en 2006. Los nombres que se ponen a los hijos siguen siendo los cristianos, incluso entre los no creyentes. El ritmo laboral sigue marcado por las "fiestas de guardar" (sea cual sea el valor espiritual que les den los que las disfrutan, puesto que domingos, festivos y vacaciones están casi mayoritariamente secularizados y sometidos a las nuevas formas de ocio). No hay en España un debate similar al francés para la "multiculturalización" del calendario de fiestas.

La secularización generalizada de todos los ámbitos de la vida social, hace que se produzcan interferencias entre las creencias particulares de los católicos y lo que se espera socialmente del ejercicio de algunas actividades profesionales, notablemente en el caso de los médicos y los farmacéuticos. Se han llegado a dar conflictos en este ámbito, utilizando un considerable número de ellos el recurso a la objeción de conciencia en temas como la práctica legal de abortos, la dispensación de anticonceptivos y la llamada píldora del día siguiente. En el caso de los jueces, la aplicación de la ley del matrimonio homosexual ha suscitado también un intento similar, que no ha sido admitido por el Consejo General del Poder Judicial.

Las manifestaciones multitudinarias siguen significando movilizaciones de identidad local, regional o nacional: Semana Santa en España, Romería del Rocío, Procesión del Corpus de Toledo, Misterio de Elche, pasiones vivientes, ciclo festivo de la Navidad (con costumbres como el belenismo, o los regalos de Reyes), cofradías que presiden la vida social de algunas localidades (blancos y azules en Lorca), devociones muy extendidas en determinados colectivos (rosarios, novenas, vigilias, campanilleros...). Desde un punto de vista quizá frívolo, pueden considerarse las fiestas de moros y cristianos, muy significativas por la identificación con la concepción de la historia que transmiten, con un referente religioso al fin y al cabo.

En muchas localidades rurales, la misa dominical sigue siendo el principal acto social. Los ritmos anuales ligados a la naturaleza y la agricultura siguen siendo importantes en las zonas rurales, y hacen que las festividades religiosas ligadas a la cosecha de cereal y a la vendimia sigan siendo muy importantes (San Juan, la Virgen de Agosto...). En cambio el carnaval, considerado tradicionalmente como una "contrafigura" de la Semana Santa, se ha secularizado por completo. En el lado contrario, la identificación nacionalista (Monserrat), localista (Virgen de los Desamparados, Virgen de la Macarena) o "hispánica" (Virgen del Pilar, Virgen de Covadonga), de profundo arraigo en una sensibilidad fácilmente manipulable, permite la instrumentalización política de las devociones religiosas, que sin llegar a la violencia de épocas pasadas, produce puntualmente algún escándalo (por ejemplo los suscitados por las parodias de Els Joglars).

Juan Pablo II tuvo en sus visitas a España varias referencias a este tópico.

Desde 1895 hay actividad religiosa del cristianismo ortodoxo u oriental en España, actualmente en dos parroquias diferentes, cada una dependiente de su patriarcado: la parroquia de San Andrés y San Demetrio (Madrid, 1949, consagrada en 1973) de la Iglesia Ortodoxa Griega, que depende de Constantinopla a través del exarca de París; y la parroquia de la Santísima Virgen María (1979, aún sin templo propio) de la Iglesia Ortodoxa Rumana, dependiente del Patriarcado de Rumanía.

Las distintas confesiones protestantes españolas, muy divididas, se han visto estimuladas a constituir conjuntamente la FEREDE (Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, 10 de noviembre de 1992) para posibilitar el diálogo con el Estado español, dado que se consideró al protestantismo como una de las religiones de "notorio arraigo", condición que comparte con el Islam y el judaísmo (no obstante, cada una de las confesiones tiene que inscribirse separadamente en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia).

Algunas estimaciones calculan en un millón doscientos mil el número de protestantes en España, cuatrocientos mil españoles de origen y ochocientos mil inmigrantes latinoamericanos o europeos.

Al principio



Argentina

Bandera de Argentina

1 El artículo 35 de la Constitución Nacional Argentina reconoce como nombres oficiales Provincias Unidas del Río de la Plata, República Argentina y Confederación Argentina, y establece el uso de las palabras "Nación Argentina" en la formación y sanción de las leyes. 2 Según datos del INDEC. 3 El guaraní es cooficial en la provincia de Corrientes. 4 La Liga Federal proclamó la independencia el 29 de junio de 1815. 5 Según el Tratado de Reconocimiento, Paz y Amistad con España. 6 Corresponde a la superficie continental americana sin incluir las Islas Malvinas. Incluyéndolas, sería de 2.891.810 km². Sumando la superficie continental antártica (Antártida Argentina y las restantes islas de las Islas del Atlántico Sur) de 969.464 km², la superficie total se elevaría a los 3.761.274 km² (según datos del Instituto Geográfico Militar de la República Argentina). 7 Fuente: Fondo Monetario Internacional 8 Véase: Hora oficial argentina, para el verano 2008-2009, 13 provincias fueron exceptuadas de utilizar el UTC -2, por lo que mantienen el UTC -3. 9 En carácter de Asociado en la CAN y CAF. Como Observador permanente en la UL.

La República Argentina es un estado soberano, organizado como república representativa y federal, situado en el extremo sureste de América. Su territorio está dividido en 23 provincias y una ciudad autónoma, Buenos Aires, capital de la nación y sede del gobierno federal. Sus cerca de 40 millones de habitantes promedian índices de desarrollo humano, renta per cápita, nivel de crecimiento económico y calidad de vida, que se encuentran entre los más altos de América Latina. Según el Banco Mundial, su PBI nominal es el 30º más importante del mundo, pero si se considera el poder adquisitivo su PBI total trasforma al país en la 23º economía más importante del mundo. Actualmente la Argentina está clasificada como un país de ingresos medianos altos o como un mercado emergente, también por el Banco Mundial.

Por su extensión, 2.780.400 km², es el segundo estado de América del Sur, cuarto en el continente americano y octavo en el mundo, considerando solamente la superficie continental sujeta a su soberanía efectiva; si se toman en cuenta las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y Aurora (administradas por el Reino Unido, aunque reivindicadas por la Argentina como parte integral de su territorio), más el área antártica reclamada al sur del paralelo 60° S, denominada Antártida Argentina (que incluye a las islas Orcadas del Sur y Shetland del Sur), la superficie total se eleva a 3.761.274 km².

Su territorio continental americano, que abarca gran parte del Cono Sur, limita al norte con Bolivia y Paraguay, al nordeste con Brasil, al oeste y sur con Chile y al este con Uruguay y el Océano Atlántico.

El 25 de mayo de 1810 fue depuesto el último virrey español que gobernó desde Buenos Aires, organizándose la Primera Junta de gobierno, y el 9 de julio de 1816 fue proclamada formalmente en Tucumán su independencia como país libre y soberano.

El nombre "Argentina" proviene del latín "argentum" (plata) y está asociado a la leyenda de la Sierra de la Plata, común entre los primeros exploradores europeos de la región, tanto españoles como portugueses. Fueron estos últimos quienes denominaron Rio da Prata (Río de la Plata) al gran estuario descubierto por la expedición portuguesa de 1502 en la que participaba Américo Vespucio y al que luego llegó Juan Díaz de Solís en 1516, llamándolo Mar Dulce.

El nombre se hizo popular a causa de un poema publicado en 1602 por el español Martín del Barco Centenera titulado La Argentina, en el que se describe la región del Río de la Plata así como también la fundación de la ciudad de Buenos Aires. El topónimo aparece ratificado al publicarse en 1612 la obra La Argentina manuscrita del criollo asunceno Ruy Díaz de Guzmán, obra de historia en la que, en medio de un relato épico, se hace una descripción de la región. A finales del siglo XVIII, la palabra era de uso común para denominar todo lo relacionado con el Río de la Plata, su cuenca, su territorio y sus pobladores, pero el virreinato creado en 1776, antecedente inmediato del país independizado en 1816, llevó el nombre de "Virreinato del Río de la Plata".

La Primera Junta de Gobierno utilizó el nombre de Provincias Unidas del Río de la Plata, que fue también empleado por los gobiernos que le sucedieron hasta que, en 1816, el Congreso de Tucumán proclamó la independencia de las Provincias Unidas en Sud América, nombre que mantuvo en la Constitución de 1819.

Oficialmente, se utilizó por primera vez la denominación República Argentina en la Constitución de 1826. Durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas (1835-1852) se utilizaron, entre otros, los nombres de Confederación Argentina, Estados Unidos de la República Argentina, República de la Confederación Argentina y Federación Argentina.

El nombre fue confirmado definitivamente en 1862 por Bartolomé Mitre (primer presidente del país reunificado), al utilizar el título de Presidente de la Nación Argentina.

Los primeros pobladores del actual territorio argentino se remontan al paleolítico (según hallazgos en Piedra Museo, Provincia de Santa Cruz). Entre los pueblos indígenas, los cazadores y recolectores habitaban la Patagonia, la Pampa y el Chaco; y los agricultores estaban instalados en el noroeste, Cuyo, las Sierras de Córdoba y, más tarde, en la Mesopotamia argentina. Tastil, en el norte, fue la ciudad precolombina más grande ubicada en el actual territorio argentino, con una población de 2.000 habitantes.

En los siglos XIV y XV, el Imperio Inca conquistó parte de las actuales provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, el extremo oeste de la provincia de Tucumán, parte oeste de las provincias de La Rioja y San Juan, el noroeste de la provincia de Mendoza y, probablemente, el norte de la Santiago del Estero, incorporando sus territorios al Collasuyo, que era la parte sur del Tahuantinsuyo o regiones del Imperio Inca. Tradicionalmente, se atribuye la conquista al inca Túpac Yupanqui. Varios señoríos de la región, como los omaguacas, los atacamas, los huarpes, los diaguitas y otros, intentaron resistir, pero los incas lograron dominarlos, trasladando a sus territorios a los mitimaes o colonos deportados de las tribus de los chichas, que habitaban en lo que es el suroeste del actual territorio boliviano. Otros, como los sanavirones, los lule-tonocoté y los comechingones, resistieron exitosamente la invasión incaica y se mantuvieron como señoríos independientes.

El fuerte de Sancti Spiritu fue el primer asentamiento español, instalado en 1527 cerca de la actual ciudad de Santa Fe. Las ciudades de Santiago del Estero (1553), Córdoba (1573) y Buenos Aires (1536/1580) fueron las bases del establecimiento colonial que se impuso en la mitad norte del actual territorio argentino, sujeto a la autoridad de la Corona Española (la Gobernación del Río de la Plata). A partir de la progresiva mixogénesis (mestizaje) y teniendo como una de sus bases económicas fundamentales la ganadería extensiva, surge ya claramente a partir del siglo XVII una población que resultaría paradigmática y luego decisiva en la gesta independentista: la de los gauchos.

Durante la mayor parte del período colonial, el territorio argentino dependió del Virreinato del Perú, hasta que en 1776, durante el reinado de Carlos III de España, comenzó a formar parte del Virreinato del Río de la Plata. La ciudad de Buenos Aires fue designada como su capital con la idea de resistir mejor a un eventual ataque portugués y para tener un acceso más fácil a España a través de la navegación atlántica.

En 1780 se produjo un gran levantamiento indígena con epicentro en el Cuzco, dirigido por el inca Túpac Amaru II, que abarcó desde el actual territorio argentino hasta el actual territorio colombiano. Gran parte de la Patagonia y las pampas permanecieron bajo el control de diferentes pueblos indígenas: principalmente, tehuelches y mapuches en la Patagonia y ranqueles en la llanura pampeana hasta el último cuarto del siglo XIX. Asimismo, los territorios de la región chaqueña no fueron colonizados por los europeos, sino que permanecieron habitados por pueblos autóctonos como los tobas, mocovíes, pilagás y wichís hasta principios del siglo XX.

En los años 1806 y 1807 tuvieron lugar las Invasiones Inglesas, y, en ambas, Santiago de Liniers lideró a las tropas que expulsaron a las fuerzas británicas. La primera fue al mando de tropas de la Banda Oriental y la segunda fue dirigiendo tropas del Regimiento Fijo de Buenos Aires y batallones milicianos formados por numerosos criollos, tanto porteños como provenientes del Interior (principalmente, de Asunción del Paraguay y de Córdoba), indígenas y hasta esclavos negros.

La voluntad popular precipitó la destitución del virrey Rafael de Sobremonte para, a continuación, elegir como virrey a Santiago de Liniers, convertido en héroe de la reconquista y la defensa. Los principales líderes de estas milicias se convirtieron rápidamente en una nueva élite de poder en la ciudad de Buenos Aires, ingresando como miembros del Cabildo, hasta entonces formado exclusivamente por españoles.

Aunque Liniers aún gobernaba en nombre de España, la destitución de un virrey por presión popular era un hecho inédito en la historia de América. Tanto este hecho como la derrota de los ejércitos británicos, dieron un gran prestigio a Buenos Aires, que ganó un carácter de "Hermana mayor" ante las demás provincias.

En 1810 el pueblo de Buenos Aires inició la Revolución de Mayo, que derrocó y expulsó al Virrey Cisneros, eligiendo en su lugar una junta de gobierno integrada mayoritariamente por criollos que dio origen a la Guerra de la Independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata contra la España colonial (1810-1824).

Las provincias del Litoral argentino y la Banda Oriental (unidas en la Liga Federal bajo protectorado de José Gervasio Artigas), que habían declarado la independencia de España en 1815 en Concepción del Uruguay, el Paraguay (ya independiente) y la mayor parte del Alto Perú (bajo ocupación española), que integraron también el virreinato, no estuvieron representadas.

En varios puntos de Sudamérica se encontraban focos de resistencia contrarrevolucionaria, que intentaban restaurar la autoridad de la monarquía española en la región. Sus avances fueron contenidos, entre otros, por Manuel Belgrano, José de San Martín y Martín Miguel de Güemes. San Martín es, junto a Simón Bolívar, responsable de las gestas libertadoras que finalizaron la presencia española en el continente.

Las primeras décadas como país independiente fueron tumultuosas, aun cuando no habían acabado las guerras de la Independencia surgieron fuertes conflictos ante la hegemonía de los unitarios a la cual se opuso el federalismo propugnado por el oriental José Gervasio Artigas -también héroe de la Independencia argentina- quien llegó a constituir una liga de provincias argentinas federales. Las luchas entre unitarios y federales condujeron a la Argentina a una larga serie de sangrientas guerras civiles entre facciones y provincias (1820-1861); también, la ocupación lusobrasileña de la Banda Oriental desencadenó una Guerra con el Imperio del Brasil (1825-1828).

Respecto del territorio, en 1826 la provincia de Tarija fue incorporada a Bolivia y, como resultado de la Convención Preliminar de Paz que intentaba poner fin a la guerra con el Brasil, en 1828 la Banda Oriental fue declarada independiente adoptando el nombre de Estado Oriental del Uruguay.

Entre 1820 y 1852, excepto un breve intervalo entre 1825 y 1827, el país careció de un gobierno nacional, asumiendo las provincias la plenitud del gobierno en el ámbito de sus respectivos territorios. La única excepción fue la representación externa, que fue asumida por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, cargo desempeñado durante la mayor parte del período por Juan Manuel de Rosas, de tendencia federal. En esa etapa, la Argentina mantuvo conflictos bélicos con la Confederación Perú-Boliviana, con Francia, con el llamado Gobierno de la Defensa de Montevideo (colorado) al apoyar la Confederación Argentina a los nacionales uruguayos y con una alianza anglo-francesa.

En el año 1852 Rosas fue derrotado en la batalla de Caseros por el Ejército Grande, una alianza entre las provincias de Entre Ríos y Corrientes, las tropas coloradas de Uruguay y otras de Brasil. La alianza fue encabezada por el federal antirrosista Justo José de Urquiza, gobernador de Entre Ríos, quien asumió la presidencia provisional.

Este período duró hasta la sanción de una Constitución en el año 1853, la cual adoptó un régimen federal; pero esta fue rechazada por parte de la provincia de Buenos Aires, que se separó de la Confederación Argentina, debido a lo cual esta debió establecer su capital en la ciudad de Paraná. En 1859, la Confederación derrotó a Buenos Aires en la Batalla de Cepeda, pero sin lograr la reunificación del país. En la batalla de Pavón (1861), las provincias confederadas se rindieron ante las tropas porteñas al mando de Bartolomé Mitre, tras lo cual se puso fin a la existencia de dos estados separados y Mitre asumió la presidencia de la nación unificada.

En 1865 Argentina se vio involucrada en la Guerra de la Triple Alianza con el Paraguay, al ocupar este país la ciudad de Corrientes, después de que Mitre negara el paso de tropas paraguayas por territorio argentino en dirección a Brasil y Uruguay. Como consecuencia de estas acciones, se firmó el Tratado de la Triple Alianza entre Argentina, Uruguay y el Imperio de Brasil. Fue un conflicto impopular en Argentina y las tropas que se enviaron fueron escasas. Paraguay resultaría finalmente derrotado en 1870, muriendo una gran parte de su población masculina. Para Argentina, el final de la contienda significó territorialmente la consolidación de los límites en el noreste, ya que se fijó la frontera en los ríos Pilcomayo, Paraguay y Paraná, y se aceptó someter a arbitraje el área al norte del río Pilcomayo hasta el río Verde.

Entre 1878 y 1884 se produjo la llamada Conquista del Desierto, que consistió en una serie de incursiones militares contra los mapuches y otros pueblos indígenas para anexar al territorio argentino los territorios pampeanos y patagónicos donde habitaban. El éxito de la medida propició una acción similar en la región del Gran Chaco, que en 1884 sufrió una acción militar destinada a someter a los indios y ocupar plenamente el territorio.

En la segunda mitad del siglo XIX se inicia un período de gran prosperidad que se extenderá por más de un siglo. Con una fuerte inversión en educación y en el establecimiento de medios de producción orientados a la producción de carne y granos con destino al mercado europeo, la economía alcanzó altos niveles de crecimiento que atrajeron una gran corriente inmigratoria. La población argentina, que representaba el 0,13% de la población mundial en 1869, pasaría a representar el 0,55% en 1930, proporción en la que, aproximadamente, se estabilizaría desde entonces. El país fue conocido en esa época como el granero del mundo.

La prosperidad de la economía impulsó el crecimiento de la clase media, la creación de partidos políticos modernos como la Unión Cívica Radical (UCR) y el Partido Socialista (PS), y un amplio desarrollo de los sindicatos. Entre los presidentes más influyentes del período pueden citarse a Domingo Faustino Sarmiento (1868-1874) y Julio Argentino Roca (1880-1886 y 1898-1904).

Después de más de dos décadas de conflictos políticos y sociales y graves actos de represión, se sancionó la Ley Sáenz Peña estableciendo el sufragio secreto, obligatorio y universal para votantes masculinos en 1912. En la primera elección presidencial con sufragio secreto, los conservadores fueron derrocados por los radicales, asumiendo Hipólito Yrigoyen (1916-1922 y 1928-1930) la presidencia del gobierno. Durante su primer gobierno se inició el movimiento estudiantil conocido como la reforma universitaria, que se extendió por toda América Latina.

En el contexto internacional de la Gran Depresión que siguió al Jueves Negro de 1929, el 6 de septiembre de 1930 se produjo el primero de una serie de golpes de Estado en Argentina que llevó al poder a los militares para establecer un gobierno de facto, después de derrocar a Hipólito Yrigoyen. Este golpe de Estado inició una época conocida como la Década Infame. A partir de esa década el país impulsó un proceso de sustitución de importaciones que desarrolló un amplio sector industrial. La Década Infame finalizó con la Revolución del 43, un segundo golpe de estado. A pesar de la presión internacional, la Argentina se mantuvo neutral durante la mayor parte de la Segunda Guerra Mundial, y se unió a los Aliados el 27 de marzo de 1945, durante el gobierno de Edelmiro Julián Farrell.

En 1946 fue elegido presidente Juan Domingo Perón quien, con su carismática esposa, Eva Perón, encabezó un movimiento político, el peronismo o justicialismo, que puso el acento en la justicia social y estableció el sufragio femenino en 1947 al reconocer los derechos políticos de las mujeres. El peronismo contó con una amplia adhesión de la población a partir de entonces, pero a su vez produjo una profunda polarización en la sociedad argentina que se dividió en peronistas y antiperonistas. En 1955 Perón fue derrocado por un nuevo golpe militar, que tomó el nombre de Revolución Libertadora y proscribió al peronismo. El propio Perón se exilió en el extranjero desde entonces.

En 1958 fue elegido presidente el Arturo Frondizi (UCRI), siendo derrocado por un nuevo golpe militar en 1962. En 1964 fue elegido presidente el Arturo Umberto Illia (UCRP), quien también sería derrocado por un golpe militar en 1966 que establecería un régimen dictatorial de tipo permanente conocido como Revolución Argentina (1966-1973). Estos años se caracterizaron por una creciente violencia política, siendo el Cordobazo uno de los acontecimientos más destacados.

En 1973 el peronismo fue nuevamente legalizado y triunfó en las elecciones presidenciales. Tras la renuncia de Héctor José Cámpora, Juan Domingo Perón asumió la presidencia por tercera vez, pero moriría menos de un año después. Lo sucedió su Vicepresidenta y tercera esposa, María Estela Martínez de Perón, cuyo gobierno se caracterizó por un acelerado deterioro de la situación interna, producto de la crisis del petróleo de 1973 y la generalizada violencia política.

El 24 de marzo de 1976 se produjo un nuevo golpe militar autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, durante el cual se desarrolló un proceso sistemático de secuestro y tortura de personas —la llamada "guerra sucia"—, producto del cual hubo una gran cantidad de desaparecidos. La cifra exacta está sujeta a debate: la CONADEP registró 8.961 casos, mientras que otros organismos de derechos humanos elevan la cifra a 30.000. El número de las indemnizaciones otorgadas por el estado a familiares de desaparecidos llega a 13.000. En 1978 se produjo una grave crisis con Chile por los límites en la zona del Canal Beagle (Conflicto del Beagle), que llevó a ambos países al borde de la guerra. Durante el Proceso hubo un importante aumento de la deuda externa nacional. En el año 1982 se desarrolló la Guerra de las Malvinas con el Reino Unido; la derrota argentina fue uno de los factores que llevó al colapso del régimen militar y el llamado a elecciones generales para el año siguiente.

La democracia fue restablecida el 10 de diciembre de 1983. El nuevo presidente, Raúl Alfonsín de la Unión Cívica Radical, tomó medidas para investigar los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura anterior, estableció el control civil de las Fuerzas Armadas y consolidó las instituciones democráticas. En el juicio a las Juntas los miembros de las tres primeras juntas militares fueron procesados y algunos fueron condenados. Después de las elecciones presidenciales de 1989 y afectada la gobernabilidad del país por un proceso hiperinflacionario, Alfonsín se vio obligado a renunciar para hacer la entrega anticipada del mando con seis meses de anticipación.

Su sucesor, el presidente Carlos Menem del Partido Justicialista, sancionó la Ley de Convertibilidad del Austral en 1991 que detuvo la inflación estableciendo una Ley de convertibilidad y adoptó una política económica neoliberal, apoyada en una ola de privatizaciones, reducción de aranceles a los productos importados y desregulación de los mercados. Estas medidas contribuyeron a aumentar significativamente la inversión, las exportaciones y el crecimiento con precios estables. Pero, por otra parte, también abrieron un proceso de desindustrialización, hicieron a la economía más vulnerable a las crisis internacionales, y aumentaron el desempleo, la pobreza y la precariedad laboral.

La crisis financiera asiática de 1997 y la brasileña de 1998 precipitaron la salida de capitales, abriendo camino a la mayor recesión de la historia argentina que duraría cuatro años.

En esas circunstancias, en diciembre de 1999 asumió la presidencia Fernando de la Rúa de la Unión Cívica Radical, que por entonces formaba parte de La Alianza. En 2001, ante la fuga masiva de capitales, el gobierno dispuso la congelación de los depósitos bancarios (medida popularmente conocida como el corralito), que culminó en una crisis social generalizada que llevó a la renuncia del presidente el 20 de diciembre de 2001.

Tras dos semanas en que se sucedieron varios presidentes, la crisis culminó el 2 de enero de 2002 con la elección por parte de la Asamblea Legislativa de Eduardo Duhalde, del Partido Justicialista, como presidente provisional. La deuda externa argentina entró en suspensión de pagos durante el breve gobierno de Adolfo Rodríguez Saá, y el gobierno de Duhalde devaluó el peso dando fin a la Ley de convertibilidad.

Por medio de una fuerte devaluación de la moneda local, el país comenzó a poner en práctica una nueva política de industrialización por sustitución de importaciones, aumento de exportaciones y superávit fiscal. Hacia finales de 2002, la economía empezó a estabilizarse.

En 2003 fue elegido presidente Néstor Kirchner por el Frente para la Victoria (un partido escindido del Partido Justicialista). Durante su presidencia se nacionalizaron algunas empresas privatizadas y se registró un aumento considerable del PBI, además de una disminución del desempleo, basada en parte en la creación de puestos de trabajo genuinos arrastrados por la reactivación del sector agropecuario, el complejo agroindustrial y los sectores industrial y de la construcción, y reduciendo progresivamente los subsidios y planes sociales creados en 2002; al tiempo, regresaba la inflación.

El 28 de octubre de 2007 ganó las elecciones presidenciales Cristina Fernández del Frente para la Victoria, primera mujer elegida por el voto popular en la historia del país y esposa de Néstor Kirchner, a quien sucedió en el cargo el 10 de diciembre de 2007. Durante su gobierno tuvo lugar un extenso paro agropecuario como protesta de los productores rurales por las retenciones aplicadas a la exportación de soja y girasol. Dicho paro llevó a cortes de ruta y situaciones de desabastecimiento, cacerolazos en todo el país y enfrentó al gobierno con los productores rurales. Enfrentó la Crisis económica de 2008 con una serie de medidas, impulsando la industria automotriz y dando créditos a trabajadores y empresas.

La Constitución de 1853 estableció un sistema de gobierno representativo, republicano y federal, que ha sido mantenido por todas las reformas constitucionales realizadas desde entonces. La Argentina se formó por la unión federativa de las provincias que surgieron después de la disolución del Virreinato del Río de la Plata y por la incorporación de las que se fueron constituyendo a partir de los Territorios Nacionales.

La Constitución vigente en la actualidad es la que resulta del texto establecido por la Convención Constituyente de 1994. Las autoridades del gobierno federal tienen su sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es actualmente la Capital de la República o Capital de Nación, denominaciones utilizadas en la Constitución Nacional y en las leyes, pero llamada de manera no formal Capital Federal.

El poder ejecutivo es desempeñado por un ciudadano con el título de Presidente de la Nación Argentina, el cual es elegido por sufragio directo en doble vuelta junto con el candidato a vicepresidente. La segunda vuelta electoral se realiza entre las dos opciones más votadas si en la primera ninguna hubiera obtenido más del 45% de los votos válidos o, si habiendo obtenido la opción más votada entre el 40% y el 45%, existiera una diferencia con la segunda opción menor al 10%. El presidente y el vicepresidente duran cuatro años en sus mandatos y pueden ser reelegidos inmediatamente por un mandato más.

El gabinete de ministros del Presidente de la Nación es dirigido por el Jefe de Gabinete de ministros, quien se encuentra a cargo de la administración del país y es responsable ante el Congreso.

El poder legislativo es ejercido por el Congreso de la Nación Argentina, integrado por dos cámaras.

La Cámara de Diputados reúne a los representantes directos de la población. Son elegidos por el sistema de representación proporcional (sistema D'Hondt), duran cuatro años en su mandato y se renuevan por mitades cada dos años, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Son electos tomando como distrito único cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se vota, por una lista de todos los candidatos de cada partido político o alianza electoral, a los puestos que cada distrito ponga en disputa en esa elección. En 2006 contaba con un total de 257 miembros.

El Senado reúne a los representantes de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, correspondiéndole a cada una dos senadores por la mayoría y uno por la minoría, sumando en total 72 miembros. Son elegidos por voto directo, duran seis años en su mandato y se renuevan por tercios cada dos años, pudiendo ser reelegidos indefinidamente.

Por la Ley 24.012 de 1991 se estableció el cupo femenino en los cargos electivos, obligando a los partidos políticos a incluir un mínimo de un tercio de mujeres entre los candidatos. Desde entonces, la participación de las mujeres en la política se ha incrementado notablemente, siendo Argentina el país sudamericano con mayor cantidad de mujeres en el Poder Legislativo y estando, a su vez, entre los primeros diez a nivel mundial.

El Congreso de la Nación Argentina es el encargado de la formación y sanción de las leyes federales; además, tiene a su cargo la sanción de los códigos legales civil, penal, comercial, laboral, aeronáutico y de minería, entre otros. Cuenta con un organismo constitucional autónomo de asistencia técnica: la Auditoría General de la Nación, a cargo del control de legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad de la administración pública.

Asimismo, en el ámbito del Congreso funciona el Defensor del Pueblo de la República Argentina como órgano independiente, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su propósito es defender los derechos humanos y los derechos constitucionales y legales que puedan ser afectados por la Administración.

El poder judicial está encabezado por una Corte Suprema de Justicia integrada por cinco jueces abogados nombrados por el Presidente de la Nación con acuerdo del Senado, que requiere para ello una mayoría de dos tercios.

Los tribunales inferiores están encargados de resolver los conflictos regulados por la legislación federal en todo el país (tribunales federales) y, también, por la legislación común en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (tribunales nacionales). La designación de los jueces la realiza el Presidente de la Nación con acuerdo del Senado, sobre la base de una terna integrada por candidatos seleccionados en concurso público por el Consejo de la Magistratura, órgano de composición multisectorial, a quien corresponde el control directo de los jueces y la administración del Poder judicial. Los jueces permanecen en sus cargos "mientras dure su buena conducta" y solo pueden ser removidos en caso de infracciones graves, por un Jurado de Enjuiciamiento, integrado por integrado por legisladores, magistrados y abogados.

La Constitución establece también el Ministerio Público como órgano independiente y con autonomía funcional y financiera, con la función de promover la actuación de la justicia. El Ministerio Público es un organismo constitucional (art. 120) y es considerado por parte de la doctrina como un cuarto poder, en tanto que otra parte sostiene que se trata de un órgano extra poder.

Se trata de un organismo bicéfalo integrado por el Ministerio Público Fiscal, dirigido por el Procurador General de la Nación y encargado de la acción de los fiscales, y el Ministerio Público de la Defensa dirigido por el Defensor General de la Nación y encargado de la acción de los defensores oficiales.

En la República Argentina existen 23 provincias que, debido al sistema federal adoptado por la Constitución, son autónomas y mantienen todo el poder no delegado explícitamente al gobierno federal.

Todas las provincias cuentan con una constitución republicana y representativa que organiza sus propios poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y regula el régimen de autonomía municipal. Las provincias pueden sancionar leyes sobre cuestiones no federales, pero las principales leyes comunes (civiles, comerciales, penales, laborales, de seguridad social y de minería) están reservadas al Congreso Nacional (Constitución Nacional, artículo 75, inciso 12).

En todas las provincias, el poder ejecutivo está a cargo de un gobernador que dura en sus funciones cuatro años y que, en general, puede ser reelegido. El poder legislativo en algunas provincias está ejercido por una legislatura unicameral y en otras por una legislatura bicameral. Todas las provincias cuentan con un poder judicial con su correspondiente Corte Superior provincial y tribunales encargados de resolver los conflictos regidos por la ley común (civil, penal, comercial, laboral, administrativo local).

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene un régimen especial de autonomía sin llegar a ser una provincia. Una ley sancionada en 1880 la confirmó como capital de la República y la federalizó, separándola de la Provincia de Buenos Aires. Su organización política cuenta también con una Constitución republicana que establece un gobierno dividido en tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) y un régimen de descentralización en comunas. Las restricciones en materia de autonomía han influido para que hasta 2006 careciera de policía propia y un sistema judicial para resolver conflictos motivados en la aplicación de las leyes comunes. El titular del poder ejecutivo lleva el título de Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

La Constitución Nacional exige a cada provincia la organización de un régimen municipal y reconoce a los municipios su autonomía. Los municipios dirigen los destinos de cada ciudad o pueblo; por lo general, su jurisdicción se extiende a la zona rural aledaña y, en ocasiones, abarca localidades menores.

Argentina, junto a otros países de América del Sur, forma parte del Mercosur y de la Unión de Naciones Suramericanas. Participó en cada fase de la operación de Haití, y también ha contribuido en operaciones pacificadoras en diversas zonas del mundo. En reconocimiento a sus contribuciones a la seguridad internacional y a la pacificación, el presidente estadounidense Bill Clinton designó a la Argentina como aliado importante extra-OTAN en enero de 1998.

La Argentina mantiene una disputa de soberanía sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur, Aurora y Georgias del Sur, administradas por el Reino Unido, junto con sus espacios marítimos circundantes. Asimismo, reclama casi 1 millón de kilómetros cuadrados en la Antártida, en lo que constituye la Antártida Argentina —todas las reivindicaciones continentales sobre la Antártida están suspendidas en virtud del Tratado Antártico—.

Durante 2006 comenzó un litigio con Uruguay debido al inicio de las obras de una planta celulósica de la empresa finlandesa Metsä-Botnia en la localidad uruguaya de Fray Bentos. La Argentina ha demandado a Uruguay ante la Corte Internacional de Justicia argumentando que la instalación de las plantas de celulosa es contaminante y se ha realizado en violación del Estatuto del Río Uruguay.

Las fuerzas armadas de Argentina se encuentran bajo el mando del Presidente de la Nación, que es su comandante en jefe y atiende sus cuestiones a través del Ministerio de Defensa. Históricamente, han tenido el mejor equipamiento de la región (por ejemplo, desarrollando tempranamente aviones con propulsión jet en 1950), pero actualmente tienen asignado un presupuesto bajo en comparación a otros ejércitos regionales. La edad mínima para ingresar es de 18 años, sin que exista un servicio militar obligatorio.

Las fuerzas armadas están compuestas por el Ejército Argentino, la Fuerza Aérea Argentina y la Armada Argentina. Las aguas territoriales son patrulladas por la Prefectura Naval Argentina y las regiones fronterizas por la Gendarmería Nacional Argentina, bajo control del Ministerio del Interior; ambas fuerzas mantienen también lazos con el Ministerio de Defensa. El Sistema de Inteligencia Nacional dirige las acciones de inteligencia, dentro de los que se destaca la Secretaría de Inteligencia, conocida popularmente como SIDE por su denominación anterior.

Cada provincia cuenta con su propia policía, que puede trabajar en conjunto con la Policía Federal Argentina, la fuerza de seguridad que se encarga de los delitos de ámbito exclusivamente federal o que involucran a más de una jurisdicción. La Policía Federal es también la fuerza de policía de la Ciudad de Buenos Aires (ciudad que realiza actualmente gestiones para poseer un cuerpo de policía propio).

Las fuerzas armadas argentinas están llevando a cabo actualmente operaciones en Haití y Chipre, de conformidad con los mandatos de la ONU.

Territorialmente, la República Argentina está organizada en 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde se encuentra la sede del gobierno federal. Mediante la ley N° 23.512 de 1987, la Capital de la República debe ser trasladada a los municipios de Viedma y Guardia Mitre (Río Negro) y Carmen de Patagones (Buenos Aires). El traslado fue aceptado por las provincias de Río Negro (ley N° 2.086) y Buenos Aires (ley N° 10.454), pero caducó en ambos casos en 1992 al no efectuarse. Para marzo de 2008 la ley nacional no ha sido derogada.

Las provincias dividen su territorio en departamentos, con la excepción de la provincia de Buenos Aires que lo hace en municipios denominados partidos. Los departamentos, en general, no cuentan con funciones administrativas, aunque en las provincias de Mendoza, San Juan y La Rioja cada departamento es un municipio. En algunas provincias los departamentos son utilizados como distritos electorales para determinar representantes a las legislaturas provinciales y sirven como unidades de descentralización de diversos órganos provinciales como la policía y el Poder Judicial.

La Constitución Nacional de 1994 reconoce la autonomía municipal, pero da potestad a las provincias para reglar su alcance y contenido, por lo que existen municipios autónomos con potestad para sancionar Cartas Orgánicas Municipales y otros que no pueden hacerlo. También existen provincias que no reconocen la autonomía de sus municipios. Hasta diciembre de 2006, 123 municipios, haciendo uso de su autonomía institucional, habían dictado su propia carta orgánica.

Todas las provincias cuentan con gobierno locales y dentro de cada régimen se suelen encontrar distintas tipificaciones de municipios, existiendo casos de unidades administrativas similares a los municipios —generalmente, los correspondientes a localidades con escasa población—, pero que no cuentan con la mencionada autonomía y sus gobernantes son en general delegados del gobernador provincial.

La República Argentina extiende su soberanía sobre el mar adyacente a sus costas y de sus islas, así como también sobre el lecho y subsuelo de las áreas marinas, sus recursos vivos y minerales, y sobre su espacio aéreo marino.

El Estado argentino ejerce su soberanía marítima en distintos grados: el mar territorial (12 millas marinas desde la línea de base costera), la zona marítima contigua (24 millas marinas), la zona económica exclusiva (200 millas marinas) y la plataforma continental (en proceso de delimitación).

Firmado y ratificado, firmado pero no ratificado, ni firmado ni ratificado. Argentina ha reconocido la competencia de recibir y procesar comunicaciones individuales por parte de los órganos competentes.

El territorio de la República Argentina es el segundo más grande de América del Sur y el octavo en extensión de la Tierra, sin contar el sector antártico. Está integrado por un sector americano y otro antártico (cuya soberanía se reclama).

La superficie del sector americano de la Argentina mide 2.791.810 km². De ellos, 2.780.400 km² corresponden a la Ciudad de Buenos Aires, las 22 provincias argentinas y los departamentos de Ushuaia y Río Grande de la provincia de Tierra del Fuego. El resto está constituido por los 11.410 km² reclamados de las Islas Malvinas.

La superficie del sector antártico de la Argentina mide 969.464 km². De estos, unos 965.597 km² corresponden a la Antártida Argentina (territorio reclamado), incluida como departamento de la provincia de Tierra del Fuego. Además, esta superficie incluye a las Islas Shetland del Sur y las Islas Orcadas del Sur. Los 3.867 km² restantes están formados por las Islas Georgias del Sur (3.560 km²) y las Islas Sandwich del Sur (307 km²) que forman parte del Departamento Islas del Atlántico Sur de la provincia de Tierra del Fuego. Estos dos últimos archipiélagos más las Islas Malvinas se encuentran bajo dominio británico, aunque también son reclamados por la República Argentina.

La superficie total de la Argentina, sumados ambos sectores americano y antártico, totaliza 3.761.274 km² incluyendo los territorios cuya soberanía es reclamada. En esta cantidad no se incluye la franja oceánica argentina de 200 millas marinas (zona económica exclusiva), ni la plataforma continental (que corresponde en gran medida al Mar Argentino), ni el sector argentino del Río de la Plata.

Ubicada en el sur del continente de América, forma parte del Cono Sur junto a Chile, Uruguay, Paraguay y el sur de Brasil.

La Argentina tiene 3.694 kilómetros de largo de norte a sur y 1.423 kilómetros de este a oeste. Se extiende por más de 33º de latitud entre su extremo norte, la confluencia de los ríos Grande de San Juan y Mojinete, en la provincia de Jujuy a 21°46′00″S 66°13′00″O / -21.766667, -66.216667; y el punto más austral del territorio continental argentino, el cabo San Pío, en la isla Grande de Tierra del Fuego, a 55°03′00″S 66°31′00″O / -55.05, -66.516667. A su vez, se extiende de este a oeste por 20º de longitud, desde la ciudad de Bernardo de Irigoyen, en la provincia de Misiones, a 26°15′00″S 53°38′00″O / -26.25, -53.633333 y el cordón Mariano Moreno de los Andes patagónicos en la provincia de Santa Cruz, a 49°33′00″S 73°34′00″O / -49.55, -73.566667.

La isla Martín García es un exclave argentino cercano a la confluencia de los ríos Paraná y Uruguay, un kilómetro dentro de aguas uruguayas, a una distancia aproximada de 3,5 kilómetros de la costa de este país, cerca de la pequeña ciudad de Martín Chico. El Tratado del Río de la Plata, firmado por Argentina y Uruguay en 1973, reafirmó la jurisdicción argentina sobre la isla, terminando con una disputa de un siglo entre ambos países. Debido a la sedimentación aluvional, se formó una isla frente a la costa norte de Martín García que fue llamada por Argentina como Punta Bauzá y por Uruguay como Timoteo Domínguez, y fue objeto de disputa entre ambos países. Con la firma del Tratado del Río de la Plata, la Argentina reconoció la soberanía uruguaya sobre la isla que, posteriormente, quedó unida a Martín García, constituyendo una frontera seca.

De acuerdo con los tratados firmados con la República del Paraguay, se convino que las islas en los ríos Paraná y Paraguay (excepto Yaciretá y Cerrito) fuesen adjudicadas al país del que se hallen más cerca sus costas, siendo las aguas divididas por el canal principal del río. Tras la demarcación de las islas en 1980 han quedado enclaves de uno y otro país en las aguas del otro, tanto en el río Paraná como en el río Paraguay. Pertenecen a la República Argentina dentro de la provincia de Corrientes las islas de: Apipé Grande, Entre Ríos, el grupo Caa Verá, las islas Verdes y las dos islas de Costa Larga; todas ellas situadas en el río Paraná en aguas paraguayas.

Por la firma del Tratado del Río Uruguay que fijó el límite en este río entre la Argentina y Uruguay, se definió que al sur de Salto Grande el límite pasase por el canal más profundo, separando también las islas. Pese a eso, las islas Filomena Grande, Filomena Chica, Palma Chica, Bassi, Tres Cruces y los islotes Alba y Chingolo, se acordó que perteneciesen a Uruguay por tener población de ese origen, aunque las aguas que las rodean pertenezcan a la República Argentina. De esta manera, esas islas constituyen enclaves de Uruguay en aguas argentinas.

En el norte del país se encuentran regiones de vegetación densa; en algunos sectores la misma es boscosa y en otros es selvática, compuesta por la región chaqueña y los esteros del Iberá; estas zonas de abundante vegetación se mezclan con otras extensas zonas de palmares y pastizales. La región misionera es una región diferenciada, siendo una prolongación de las sierras del Brasil, con serranías bajas pero accidentadas, de clima subtropical, muy húmedo y vegetación selvática. El extremo noroeste del país está ocupado por una región de meseta alta llamada Puna o Altiplano.

En el centro del país se encuentra la llanura pampeana, que puede dividirse en dos regiones: Pampa húmeda y Pampa occidental o seca. Esta última tiene un clima más continental. En la Pampa húmeda la Sierra de la Ventana y Tandilia (con un máximo de altura apenas superior a los 500 metros sobre el nivel del mar) son los únicos accidentes geográficos que quiebran la monotonía del paisaje y son los restos de una cordillera muy antigua.

En el centro-oeste del país se encuentra la región de Cuyo, que está constituida por las provincias de San Juan, Mendoza y San Luis, donde predomina un relieve montañoso, serrano, con escasa vegetación.

Al sur del país se encuentra la Patagonia, una extensa zona de mesetas y serranías de origen precámbrico, que comprende a las provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

En el noreste y centro-este del país se ubican los ríos más importantes, que corresponden a la Cuenca del Plata, la tercera cuenca en extensión del Hemisferio Occidental. Los principales cursos fluviales de la misma son los siguientes: Paraguay, Bermejo, Colorado, Uruguay y el más largo, el Paraná. Los dos últimos avanzan juntos hasta encontrarse en el estuario del Río de la Plata. Dicho estuario es el más grande del planeta y afluye en la sección del océano Atlántico que corresponde al Mar Argentino. La tierra que se encuentra entre ambos ríos es llamada Mesopotamia y es compartida por las provincias de Misiones, Corrientes y Entre Ríos.

La Argentina tiene 4.665 kilómetros de costa. La zona del océano Atlántico sobre la plataforma continental es inusualmente ancha y se la denomina Mar Argentino, el cual cuenta con importantes recursos pesqueros e hidrocarburíferos. Las costas que baña el mar varían entre zonas de dunas y acantilados. La alternancia de corrientes frías de la Antártida y cálidas del Brasil permite que la temperatura de las costas no descienda uniformemente con el descenso en la latitud, sino que tenga variaciones. La costa meridional de Tierra del Fuego forma la orilla norte del Pasaje de Drake.

Las características generales de la orografía de la Argentina son la presencia de montañas en el oeste y de llanos en el este, configurando una planimetría que disminuye en altitud de oeste a este.

El extremo oeste está conformado por la sección principal de la cordillera de los Andes. Al norte se encuentran los sectores más altos de la cordillera, que son también los más altos del continente. Allí se encuentra el cerro Aconcagua, que con 6.959 metros sobre el nivel del mar es el punto más alto de toda América. El tramo patagónico de los Andes, en cambio, posee picos notoriamente más bajos que los del norte.

En el norte, al este de los Andes y también en sentido norte-sur se extienden las Sierras Subandinas, una serie de sierras escalonadas que conforman valles muy poblados. Al sur de las mismas se encuentran las Sierras Pampeanas, más espaciadas entre sí y separadas por llanuras.

La meseta patagónica es un conjunto de altiplanos y llanuras elevadas y áridas, enclavada entre los Andes patagónicos y el océano Atlántico, donde cae abruptamente en altos acantilados que dan al Mar Argentino. Aquí se encuentra también la depresión más profunda de toda América: la laguna del Carbón a 105 metros bajo el nivel del mar.

En la Mesopotamia oriental, sobre las estribaciones del macizo de Brasilia, el relieve se presenta como sierras bajas en la provincia de Misiones. Hacia el sur, en las provincias de Corrientes y Entre Ríos, se transforman en cuchillas o lomadas de origen sedimentario más bajas aún, constituyendo una topografía ondulante.

La gran llanura Chacopampeana es una planicie con pocas ondulaciones, subtropical al norte (Gran Chaco) y templada al sur (Llanura pampeana). Drenada en gran parte por el río Paraná, su pendiente es suave, de dirección noroeste - sudeste y prácticamente imperceptible, por lo que los ríos que la surcan son sinuosos, presentando además esteros y pantanos en el Chaco y gran cantidad de lagunas en la Pampa. La monotonía del paisaje sólo se quiebra con la presencia de algunos sistemas serranos.

Los ríos argentinos se clasifican en 3 cuencas o vertientes: los de la vertiente del Atlántico, los de la vertiente del Pacífico y, por último, los pertenecientes a las diversas cuencas endorreicas del interior del país.

La vertiente del Atlántico es la más extensa y está compuesta por la Cuenca del Plata, el Sistema Patagónico y una serie de ríos menores en la provincia de Buenos Aires. La Cuenca del Plata es la más importante, culmina en el estuario del Río de la Plata y es desaguada por los ríos Paraná (el más caudaloso y extenso del país), Uruguay y los diversos afluentes de estos, destacándose el Paraguay, el Pilcomayo, el Bermejo, el Salado y el Iguazú. El sistema patagónico está formado por ríos alóctonos, alimentados por los deshielos de los Andes. Se destacan por su caudal el río Colorado, el Negro, el Chubut y el Santa Cruz.

La vertiente del Pacifico es la de menor extensión. Integrada por ríos cortos, alimentados por los deshielos y lluvias de los Andes Patagónicos como el Manso en Rio Negro y el Futaleufú en Chubut.

En el centro y oeste del territorio hay varias cuencas endorreicas, compuestas por ríos de caudal variable que se pierden en el suelo por evaporación o infiltración o desaguan en lagunas interiores o salinas. Sobresalen la cuenca del Desaguadero, que agrupa a los ríos cuyanos, y la de la laguna de Mar Chiquita, donde desembocan los ríos Dulce, Primero y Segundo.

Las cuencas lacustres argentinas se encuentran mayoritariamente en la Patagonia, como consecuencia de la acción glaciaria que las formó. Se destacan los lagos Nahuel Huapi, Viedma y Argentino. En la llanura chaco-pampeana hay gran cantidad de lagunas de agua dulce y salada, y en el litoral zonas pantanosas como los esteros del Iberá. La laguna argentina más extensa es Mar Chiquita, en la provincia de Córdoba.

Los recursos hídricos del país también incluyen los extensos campos glaciarios de los Andes, como el Perito Moreno y las aguas subterráneas de acuíferos, como el Puelche y el Guaraní. El aprovechamiento hidroeléctrico de los ríos ha propiciado la formación de varios embalses, como el de Yacyretá en el Paraná, el de Salto Grande en el Uruguay y el de El Chocón en el Limay.

Debido a la amplitud latitudinal y su variedad de relieves, la Argentina posee una gran variedad de climas. En general, el clima predominante es el templado, aunque se extiende a un clima subtropical en el norte y un subpolar en el extremo sur. El norte del país se caracteriza por veranos muy cálidos y húmedos, con inviernos suaves y secos, estando sujeto a sequías periódicas. El centro del país tiene veranos cálidos con lluvias y tormentas, e inviernos frescos. Las regiones meridionales tienen veranos cálidos e inviernos fríos con grandes nevadas, especialmente en zonas montañosas. Las elevaciones más altas en todas las latitudes son las que experimentan condiciones más frías, con un clima árido y nivel montano.

Las plantas subtropicales dominan el norte del país, como parte de la región del Gran Chaco. El género Dalbergia de árboles está bien diseminado y se halla representado por el palo de rosa y el árbol del quebracho; también son predominantes los árboles blancos y negros del algarrobo (Prosopis alba y Prosopis nigra). La sabana existe en las regiones más secas, cerca de los Andes. Las plantas acuáticas prosperan en los humedales que dotan a la región.

En la zona central del país se encuentra la Pampa húmeda, una gran pradera. Originalmente, la pampa no tenía virtualmente ningún árbol; pero debido a la intervención humana se encuentran presentes ciertas especies importadas como el sicómoro americano o el eucalipto. Uno de los árboles nativos de la zona es el ombú, un árbol de tipo perennifolio.

Los suelos superficiales de la llanura pampeana poseen una gran cantidad de humus. Esto hace que la región sea muy productiva para la agricultura.

La pampa occidental o pampa seca recibe menos de 500mm/año de precipitaciones, y es una llanura de hierbas duras o estepa. En gran parte su tussok es el mismo del Comahue, la región central de la pampa occidental, y se halla recubierta de "montes" o bosques del árbol caducifolio llamado caldén. El mismo se distribuye en una diagonal que va desde los límites meridionales de las provincias de Córdoba y San Luis hasta los límites meridionales de las provincias de La Pampa y Buenos Aires.

La mayor parte de la vegetación de la Patagonia argentina está compuesta de arbustos y hierbas, adaptadas para soportar las condiciones secas de dicho hábitat. El suelo es duro y rocoso e imposibilita la agricultura a gran escala, a excepción de los valles. Los bosques coníferos crecen en la Patagonia occidental y en la isla de Tierra del Fuego. Las coníferas nativas de la región incluyen el alerce, ciprés de la cordillera, ciprés de las guaitecas, el huililahuán, el lleuque, mañío hembra, y la araucaria, mientras que los árboles hojosos nativos incluyen varias especies de Nothofagus, entre ellos el coigüe, el lenga y el ñire.

Árboles foráneos presentes en plantaciones de la silvicultura son la Picea, el ciprés, y el pino. Las plantas comunes son el copihue y el colihue. En Cuyo, abundan los arbustos espinosos semiáridos y otras plantas xerófilas. A lo largo de varios oasis, las hierbas y árboles de río crecen en números significativos. El área presenta las condiciones óptimas para el crecimiento a gran escala de las vides de uva. En el noroeste de la Argentina hay muchas especies del cactus. En las elevaciones más altas (sobre 4.000 msnm), no crece ninguna vegetación importante debido a la altitud extrema, y los suelos están virtualmente desprovistos de cualquier vida de plantas.

La flor del ceibo es la flor nacional de la Argentina.

En el norte subtropical se encuentra una gran cantidad de especies animales. Hay grandes felinos como el yaguareté, el puma, y el ocelote; grandes cánidos como el lobo de crin, el úrsido llamado oso de anteojos; primates (monos aulladores); reptiles grandes como cocodrilos y una especie de caimán. Otros animales son el tapir, los carpinchos, el oso hormiguero, el hurón, el pecarí, la nutria gigante, el coatí, y varias especies de tortugas.

En la zona subtropical de Argentina existen muchas aves como el águila coronada (la mayor ave predadora del continente), los diminutos colibríes, los flamencos, el tucán y diversas especies de loros. Las praderas centrales están pobladas por los armadillos, el colo colo, y el ñandú o avestruz sudamericana. Los halcones, diversos patos así como las garzas y las perdices, también habitan la zona, al igual que varias especies de ciervos y zorros. Algunas especies se extienden hacia la Patagonia.

Las montañas occidentales son el hogar de diversos animales. Entre ellos están la llama, el guanaco y la vicuña, que son algunas de las especies más reconocibles de Sudamérica. También en esta región están el gato andino y el cóndor. Este último es el ave voladora de mayor tamaño del mundo, así como también una de las que vuela hasta mayores alturas.

En la Argentina meridional habitan el puma, el huemul, el pudú (el ciervo más pequeño del mundo) y el jabalí. La costa de la Patagonia es rica en vida animal: el elefante marino, el lobo marino, el león marino, y diversas especies de pingüinos. En el extremo sur se encuentran los cormoranes, que se alimentan de peces.

Las aguas territoriales de la Argentina tienen abundante vida oceánica; están los mamíferos como los delfines, las orcas, y las ballenas. Una de las ballenas más destacadas es la ballena franca de gran atractivo turístico. Los peces marinos incluyen las sardinas, las merluzas, los salmones, y los cazones; también está presente el calamar y la centolla en Tierra del Fuego. Los ríos y las corrientes en la Argentina tienen muchas especies de peces de agua dulce como las truchas y un pez sudamericano como el dorado.

Las especies de serpientes que habitan en la Argentina incluyen a la boa constrictora, a la venenosa yarará y a la serpiente cascabel.

La economía argentina se ve beneficiada por una gran riqueza y variedad de recursos naturales, una población con un buen grado de educación, un sistema de agricultura y una importante base industrial, que llegó a ser la más desarrollada de América Latina, pero que ha evidenciado cierto estancamiento relativo, a partir del último cuarto del siglo XX.

En la actualidad, la Argentina es la tercera potencia en materia económica de América Latina, superada por Brasil y México. Si al PBI se lo considerara en paridad de poder adquisitivo (según el Fondo Monetario Internacional), en 2007 alcanzó los 523,739 millones de dólares, acortándose las distancias respecto al PBI de Brasil o de México. El PBI per cápita medido en paridad de poder adquisitivo de USD el 2007 fue estimado en 13.300, uno de los más altos de la región.

Las exportaciones de bienes totalizaron en 2007 los 55.780 millones de dólares, mientras que las importaciones alcanzaron los 42.525 millones, generándose un superávit de 13.255 millones de dólares. Las exportaciones e importaciones de servicios, en cambio, arrojan unos totales de 10.283 y 10.782 millones de dólares respectivamente, lo cual genera para el mismo año un déficit de 499 millones de dólares.

El país mantiene una deuda externa de 123.196 millones de dólares (dic. 2007), equivalente al 46,74% del PBI. El monto de la misma se debe principalmente a operaciones fraudulentas realizadas durante el Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983), período en el cual la deuda creció un 364%, y a una toma masiva de préstamos externos durante los dos gobiernos sucesivos de Carlos Menem, debido a la política de dólar barato llevada adelante por la ley de convertibilidad. En este último el crecimiento de la deuda fue del 123%. La relación entre el PBI y la deuda externa alcanzó su punto crítico en enero de 2002 cuando representó el 190% del PBI. Desde entonces una combinación de reducción de la deuda, moderación en la toma de nuevos créditos y aumento considerable del PBI, redujeron la deuda externa a poco menos de la mitad del PBI, que de todos modos se estima alta.

La presión tributaria se ubicó al finalizar 2007 en el 25%. Aún considerando que la misma resulta baja comparada con Brasil (37%) y Europa (38%), la misma ha aumentado considerablemente desde el 16,7% que registró en el período 1997-2002. La estructura impositiva descansa principalmente en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que aporta el 31% del total, aunque su importancia relativa se ha reducido frente al promedio 1997-2002, que fue del 39%, debido a un aumento del aporte el Impuesto a las Ganancias, que pasó del 19% al 21% y sobre todo de las retenciones a las exportaciones que pasó del 1% al 10%.

A fines de 2007 el Estado había acumulado reservas en moneda extranjera por US$ 46.176 millones, monto equivalente al del total importado por año.

De acuerdo al INDEC, la inflación alcanzada en 2007 fue del 8,5%, la cual continuó con una tendencia descendente y fue la más baja desde el año 2004. Sin embargo, la veracidad de las mediciones del INDEC está actualmente siendo cuestionada, y otros analistas económicos estiman una inflación de entre el 16% y el 18% para el período citado.

A su vez, el crecimiento económico hizo mejorar notablemente los índices sociales desde el período de crisis. Así, los últimos indicadores de nivel nacional mostraron que la tasa de pobreza en el semestre de octubre de 2007 a marzo de 2008 representó al 20,6% de la población y la de indigencia al 5,9%. El desempleo en el cuarto trimestre de 2007 se halló en un 7,5%, incluyéndose a los beneficiarios de planes sociales de empleo como “empleados”. El índice se eleva al 7,8-8,1% si no se computan como "empleados" a los beneficiarios de planes sociales de empleo. El subempleo, en tanto, se situó en un 6,0%.

La Argentina forma parte del bloque regional conocido como Mercosur, integrado por Argentina, Brasil, Paraguay Uruguay y Venezuela, como consecuencia del tamaño del bloque económico Mercosur, las relaciones comerciales entre la Argentina y Brasil aumentaron hasta volverse de primera importancia para ambos países. En mayo de 2002 comenzó un proceso de desequilibro en la balanza comercial entre ambos países, fuertemente deficitario para la Argentina, que ha sido motivo de preocupación para empresarios y funcionarios de ese país. En 2006 los gobiernos de Argentina y Brasil firmaron una serie de acuerdos bilaterales, entre los que se encuentra la cláusula de adaptación competitiva y los acuerdos referidos a los intercambios comerciales del sector de los automotores. El propósito de ambos acuerdos es reducir las asimetrías presentes en el bloque.

La moneda oficial de la Argentina desde 1992 es el Peso ($).

La producción de alimentos provenientes de la agricultura y la ganadería vacuna en la región pampeana, es tradicionalmente, uno de los ejes de la economía argentina. En total la producción rural incluido el sector forestal, representaba en 2007 el 5,61% del PBI total. El principal producto del sector es la soja o soya, una oleaginosa que ocupa la mitad de las tierras sembradas y que origina la cadena de la soja, uno de los principales encadenamientos productivos del país.

Una parte sustancial de la producción agrícola se exporta sin manufacturación en forma de granos (soja, maíz, trigo y girasol), representando el 15% de las exportaciones totales. El resto se destina como materia prima, principalmente a la industria de la alimentación. La soja se diferencia sustancialmente del resto de los productos agropecuarios por el hecho de que no se consume en el mercado interno, y por lo tanto prácticamente la totalidad se exporta. Por el contrario, los cereales, lácteos y la carne vacuna constituyen la base de la dieta alimentaria de la población, razón por la cual una parte considerable se destina al consumo en el mercado interno.

Fuera de la economía agro-ganadera de la región pampeana, la economía argentina cuenta con las denominadas economías regionales, sistemas productivos locales generalmente apoyados en la producción especializada de un grupo limitado de cultivos. Entre ellas se encuentran la economía cuyana apoyada en la vid y la industria del vino derivada; los valles patagónicos dedicados a la manzana y la pera; la región noroeste, dedicado al azúcar, cítricos y tabaco; la Provincia de Misiones y nordeste de Corrientes orientadas a la yerba mate, té y la madera; el algodón en la región chaqueña; el arroz, principalmente en Corrientes; el olivo en las zonas áridas de montaña; y el ganado ovino en la Patagonia.

La Argentina posee una considerable riqueza petrolera y gasífera, que le permite organizar una cadena de producción petroquímica que, junto a la cadena de la soja y la industria metal-mecánica, constituye la base de la economía nacional. En conjunto la cadena petroquímica es responsable de un 20% de las exportaciones totales, de las cuales solo el 4,6% se exporta em bruto, sin industrialización.

Los principales yacimientos se encuentran en las Provincia del Neuquén, el golfo de San Jorge y la Provincia de Salta; la provincia del Neuquén concentra cerca de la mitad de toda la producción de hidrocarburos. Una red de oleoductos y gasoductos transporta los productos a Bahía Blanca, donde se encuentra el principal polo petroquímico y a la conurbación industrial que se extiende entre Rosario y La Plata y que tiene como núcleo principal el Gran Buenos Aires.

Históricamente, la minería argentina ha sido escasa, pero la misma se ha activado en la última década, fundamentalmente sobre minerales metalíferos: cobre (3% de las exportaciones), oro, plata, zinc, manganeso, uranio y azufre. Los recursos mineros se concentran en las provincias cordilleranas a lo largo de 4.500 km. Las exportaciones argentinas de minerales pasaron de 253 millones de dólares en 1996 a 2.650 millones en 2006, algo más del 3% del total.

El Mar Argentino está ubicado sobre una extensa plataforma submarina, muy rica en recursos pesqueros, que alcanza un ancho de 550 km a los 52º de latitud Sur y 1.890.000 km². Sin embargo, la pesca ha sido una producción marginal, y debido a la crisis poblacional de la merluza (principal producto pesquero argentino) provocada por la excesiva pesca durante los 1990, la participación del sector en las exportaciones totales se ha reducido de un 3% a un 2%.

En sentido contrario, la producción forestal y maderera, principalmente pinos y eucaliptos, se ha venido expandiendo, con centro en las provincias mesopotámicas, superando el 2% del total exportado.

La industria manufacturera argentina es el sector que más valor aporta al PIB, con un 17,5% del total (2007). El sector industrial manufacturero también es uno de los principales generadores de empleo (junto con el comercio y el sector público), con 13% en 2007, Por su parte la industria de la construcción aporta el 6,7% del PIB (2007) y ha sido la principal impulsora de la recuperación del empleo después de 2002, ocupando un 9,5% del total de la fuerza de trabajo en 2007.

Entre las industrias de manufacturas de origen agropecuario se destaca la industria aceitera, integrante de la cadena de la soja, la de mayor crecimiento en las últimas dos décadas, concentrando el 31,8% del total del sector alimentos y el 20% de las exportaciones totales del país. Luego le siguen la de la carne (11,1%), la de la leche (7,7%), la del café y chocolate (7,5%), la del vino y otras bebidas alcohólicas (5,7%), la del pan, pastas y galletas (4,5%), la de la harina de trigo (4,5%), la de la cerveza (4,1%), etc.

Las principales ramas de las industrias de origen no agropecuario, son la fabricación de automotores que aporta el 8,7% de las exportaciones, química (5,6%) y metalúrgica (5,3%), maquinaria (3,4%) y plásticos (2,6%) (porcentajes correspondientes a 2006). También son importantes las industrias del papel, de las piedras preciosas, caucho y textiles.

A partir de 2003 la industria ha tenido un proceso de revitalización competitiva, movido principalmente por la política económica de dólar alto. El Gran Buenos Aires es aún el área industrial más importante del país, donde se concentra la mayor parte de la actividad fabril de la Argentina. Otros centros industriales importantes existen en Córdoba, Rosario, Tucumán y Mendoza, San Luis y Tierra del Fuego, muchos de ellos fomentados para descentralizar la industria.

Históricamente, el país ha tenido importantes sectores industriales como la industria naval relacionada con la Flota Mercante de Argentina, que se redujeron considerablemente a partir de la década de 1990 a raíz del proceso de privatizaciones y que en la actualidad se están recuperando.

El extenso territorio de la República Argentina está dotado de grandes atractivos turísticos. La valuación de la moneda local tras la devaluación de 2002 favoreció el arribo de grandes cantidades de turistas extranjeros, haciendo al país comercialmente más accesible que en la década de 1990. Al encarecerse los costos para viajar al exterior, muchos argentinos también se volcaron al turismo nacional.

El repunte del sector es muy notorio: los ingresos por turismo receptivo ocupan el tercer lugar en el ranking de entrada de divisas como equivalente de exportaciones. En 2006, el sector representó el 7,41 % del PBI, aunque hay que tener en cuenta que la salida de residentes argentinos con fines turísticos supera las entradas y equivale a un 12% del PBI. Los extranjeros ven a la Argentina como una zona sin conflictos armados, terrorismo o crisis sanitarias. Según cifras oficiales de la Organización Mundial del Turismo, en 2007 el país recibió a más de 4.600.000 turistas extranjeros, lo que significó unos 4.300 millones de dólares de ingreso de divisas.

La Argentina es el segundo país más visitado de América del Sur (detrás de Brasil) y el quinto más visitado del continente americano. Los turistas extranjeros provienen principalmente de Brasil, Chile, Perú, Colombia, México, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Venezuela y Paraguay y los europeos de España, Italia, Francia, Alemania, Reino Unido y Suiza.

Buenos Aires se destaca como el centro favorito de los turistas extranjeros y nacionales (5.250.000 en 2007). Son atraídos por una ciudad populosa, cosmopolita y con amplia infraestructura. Entre otros muchos factores, el tango es uno de los motivos para la visita a la capital argentina. La característica noche porteña es uno de los grandes atrayentes por su variada oferta cultural, gastronómica y de entretenimiento.

Otro destacado centro de atracción son las Cataratas del Iguazú, en la Provincia de Misiones, declaradas en 1984 Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco. La caída del caudaloso Río Iguazú se complementa con la Selva subtropical que la rodea.

Argentina cuenta con una importante variedad de sitios montañosos, en varios de ellos se practica el montañismo y otros basan su atractivo turístico en el contacto con la nieve o en sus paisajes característicos. Los principales se encuentran en el oeste del país, en la Cordillera de los Andes, aunque también hay formaciones montañosas en las Sierras de Córdoba. Entre los sitios utilizados para el alpinismo se encuentra el cerro Aconcagua, la montaña más alta de América. Los parajes turísticos más importantes por su nieve son Bariloche y Las Leñas. Una formación conocida internacionalmente es la Quebrada de Humahuaca. El Tren de las Nubes es uno de los tres ferrocarriles más altos del mundo. Parte desde la provincia de Salta, y cruza la Quebrada del Toro pasando por Tastil —considerada como uno de los principales centros urbanos prehispánicos de Sudamérica— donde se hallan ruinas arqueológicas.

El Parque provincial Ischigualasto, también conocido como "Valle de la Luna", está situado en el extremo norte de la provincia de San Juan, a 330 km de la ciudad de San Juan. Es un área protegida donde puede verse totalmente al descubierto y perfectamente diferenciado todo el periodo triásico en forma completa y ordenada, por lo cual el 29 de noviembre de 2000 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Los glaciares son una de las principales atracciones de la Patagonia Argentina. El más conocido es el Glaciar Perito Moreno, cuya accesibilidad y característica ruptura periódica le otorgan un atractivo singular. Se expande sobre las aguas del Brazo Sur del Lago Argentino, con un frente de 5 kilómetros y una altura por sobre el nivel del lago, de entre los 70 y 60 metros. Esta pared de hielo cubre una extensión de 230 kilómetros cuadrados. El área de hielos continentales y glaciares es un tesoro natural, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1981.

En los últimos años ha tenido importancia la implementación del turismo enólogo, un turismo temático basado en la vitivinicultura con la iniciativa de la denominadas "Rutas del Vino" en la provincias de San Juan y Mendoza así como en los Valles Calchaquíes salteños, turismo que atrae numerosos turistas extranjeros para degustar los Vinos Argentinos.

El turismo invernal tiene su máximo exponente en la región de los Lagos, ubicada al pie de la Cordillera de los Andes en las Provincias del Neuquén, Río Negro y Chubut; además de la práctica de deportes de montaña, la zona tiene como atractivos lagos de origen glaciar y Parques Nacionales rodeados de frondosa vegetación. En el centro de la misma, la ciudad de San Carlos de Bariloche a orillas del lago Nahuel Huapi y a pocos kilómetros del cerro Catedral, se posiciona como el principal centro invernal de Sudamérica, atrayendo a la mayor parte del turismo tanto nacional como extranjero.

Durante la época estival una buena parte del turismo interno argentino se dirige a diversas ciudades de la costa atlántica de la Provincia de Buenos Aires, siendo Mar del Plata la mayor de ellas. La mayor parte de dichas ciudades concentra su actividad económica en la temporada veraniega. El segundo destino en cuanto a captación del turismo interno lo constituyen las Sierras de Córdoba, sobre todo el valle de Calamuchita, siendo su principal centro turístico Villa Carlos Paz. Tradicionalmente, el mes de enero es el que genera la mayor demanda de alquileres. Por su parte la zona de la Península Valdés es un área declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en la que se conjugan la costa atlántica y la Patagonia argentina; otro gran destino internacional con tales características se ubica en la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur que, además de sus atractivos, sirve como punto de partida a excursiones y cruceros en la Antártida.

Las rutas argentinas cuentan con 37.740 kilómetros y 600.000 kilómetros de carreteras municipales, y la capital, Buenos Aires, se encuentra interconectada con las principales ciudades y regiones del país.

Se estima en 8.527.256 el número de vehículos que forman el parque automotor argentino, distribuido en 5.325.231 de automóviles, 1.370.312 de vehículos livianos, 417.042 de carga y 62.785 para transporte de pasajeros, sin contabilizar 517.449 unidades no especificadas.

El sistema ferroviario fue privatizado a comienzos de la década de 1990, comprendiendo tanto el transporte de carga como el traslado urbano de pasajeros. A la fecha del 2006 cuenta con alrededor de 31.902 kilómetros operativos de líneas férreas. En total existen unos 40.245 kilómetros de ferrovías, pero muchos tramos han quedado abandonados en las etapas: 1963, 1977, y la década del 1990.

Argentina cuenta con alrededor de 11.000 kilómetros de vías navegables. La red de hidrovías está compuesta por los ríos de La Plata, Paraná, Paraguay y Uruguay. Los principales puertos fluviales son los de Zárate y Campana.

La mayoría de los productos importados por la Argentina llega al país por vía marítima. Los principales puertos son los siguientes: Buenos Aires, La Plata-Ensenada, Bahía Blanca, los puertos del Up-River, Mar del Plata, Quequén-Necochea, Comodoro Rivadavia, Puerto Deseado, Puerto Madryn y Ushuaia. El puerto de Buenos Aires es históricamente el primero en importancia individual, pero la zona conocida como Up-River, que se extiende a lo largo de 67 km de la porción santafesina del río Paraná, reúne 17 puertos que concentran el 50% del total de las exportaciones del país.

La Argentina produce, según datos del año 2005, alrededor de unos 101.176 gigawatts por hora de energía eléctrica. Las principales fuentes de energía empleadas por la Argentina para la generación de electricidad son la hidráulica (34.041 Gigawatts por hora anuales) y la térmica (56.385 Gigawatts por hora anuales), junto con una producción de energía nuclear (6.873 gigawatts por hora anuales). La energía eléctrica se distribuye por dos sistemas principales, el Sistema interconectado nacional y el Sistema interconectado patagónico, así como también por algunos sistemas menores aislados de ambos.

La extracción de petróleo y gas natural alcanza los 38.323 miles de metros cúbicos anuales y 48.738 millones de metros cúbicos anuales respectivamente. Las reservas de petróleo se estiman en 346.634 miles de metros cúbicos, mientras que las de gas natural alcanzan los 455.625 millones de metros cúbicos.

Cinco argentinos han sido galardonados con Premios Nobel. Tres de ellos están vinculados con la ciencia: el Premio Nobel de Medicina fue otorgado a Bernardo Alberto Houssay, primer Nobel científico latinoamericano; el mismo galardón fue recibido por César Milstein. El Premio Nobel de Química fue otorgado a Luis Federico Leloir. En tanto, el Premio Nobel de la Paz fue entregado a Carlos Saavedra Lamas así como a Adolfo Pérez Esquivel.

La Argentina ha construido satélites; ofrece su propio modelo de central nuclear compacta de cuarta generación y provee de pequeños reactores nucleares a diversos países gracias a su empresa pública INVAP. En temas como la informática, la nanotecnología y la biotecnología se desarrollan programas bien estructurados que tienden a concentrar esfuerzos y dar sentido a las capacidades que se desarrollan. También construye helicópteros, maquinarias agrícolas, produce el ciclo completo de la energía nuclear y tiene un misil antibuque en fase final.

El principal organismo de investigación científica en la Argentina es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Se trata de una institución estatal, dependiente del gobierno nacional, en el ámbito del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (que fuera creado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en 2007). El CONICET cuenta con una Carrera de Investigador y está organizado en Institutos, que gozan de autonomía temática y científica y en el 2008 congrega a un conjunto de casi 3.500 personas dedicadas a la investigación científica y tecnológica.

En 1995 la Unesco eligió a la Argentina como la sede para instalar el Observatorio Pierre Auger en Malargüe, provincia de Mendoza, el cual comenzó a funcionar en 2005. Se trata de un proyecto conjunto de más de 20 países en el que colaboran unos 250 científicos de más de 30 instituciones, con la finalidad de detectar partículas subatómicas que provienen del espacio exterior denominadas rayos cósmicos.

Entre algunos de los más eminentes avances en materia de desarrollo armamentístico se cuenta el misil AS-25K, uno de los últimos desarrollos de CITEFA, (Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas) y que se presentará en versiones aire-mar y aire-superficie.

Los principales problemas que afrontan la ciencia y la tecnología en el país son la baja inversión en ellas con respecto al nivel internacional, la fuga de cerebros debida a las políticas de atracción implementadas por lo países más desarrollados y las mejores oportunidades laborales en el exterior; y políticas de innovación incipientes y desarticuladas. Según datos del 2005, con relación al PBI, el sector público aporta el 0,30% al sector de ciencia y tecnología, mientras que el privado aporta el 0,16%; sin embargo, la participación del sector privado y publico en las actividades científicas y tecnológicas se viene incrementando desde el año 2002.

Los principales canales televisivos que transmiten desde Buenos Aires son: Canal Trece, América TV, Telefe, Canal 9 y Canal 7, siendo este último de propiedad estatal y el único de alcance totalmente nacional. Aun así, los demás suelen ser retransmitidos, en todo o en parte, por canales provinciales. También hay un canal educativo y estatal, Encuentro. Asimismo, Argentina se destaca por poseer una gran oferta de canales de televisión por cable. Según datos de 2001, la gran mayoría de los hogares posee televisión y el 54% cuenta con TV por cable, una de las penetraciones más altas de América Latina.

El servicio de comunicaciones telefónicas fue privatizado en 1990 bajo el gobierno de Carlos Menem. Hay 8,3 millones de líneas telefónicas instaladas, en una proporción de 23 líneas para cada grupo de 100 habitantes. La tasa de penetración de telefonía móvil es de 102 teléfonos celulares por cada 100 personas, con un total de 40 millones de líneas. Este número elevado se debe, en parte, a que personas de bajo nivel adquisitivo pudieron en los últimos años acceder a los planes de pago.

El servicio postal, que cubre todo el país, es de propiedad mixta (privada y estatal). El principal exponente del sector es el Correo Argentino.

Hay casi 1500 estaciones de radio, de las cuales 260 son AM, aproximadamente 1150 son FM .

Circulan en la Argentina más de 200 diarios, de los cuales los más vendidos son publicados en Buenos Aires: Clarín (el de mayor circulación) y La Nación. Algunos de los principales periódicos del interior del país son: Los Andes de Mendoza, La Capital de Mar del Plata, La Capital de Rosario, El Día de La Plata, La Gaceta de Tucumán, La Nueva Provincia de Bahía Blanca, La Voz del Interior de Córdoba.

La Argentina es, a menudo, descrita como un país macrocefálico, debido a la alta concentración económica y poblacional en el Gran Buenos Aires, el área metropolitana formada en torno a la ciudad de Buenos Aires. Con sus casi doce millones de habitantes, es el principal centro urbano del país, concentrando un 33% de la población y un 40% del producto bruto en apenas un 0,14% del territorio. El Gran Córdoba y el Gran Rosario son las principales áreas metropolitanas después del Gran Buenos Aires, pero cuentan con una población casi diez veces menor.

Otras importantes ciudades son La Plata (centro administrativo de la provincia de Buenos Aires), Mar del Plata (importante puerto pesquero y balneario), Salta, Santa Fe de la Vera Cruz, San Juan (desarrollada a través de la industria del vino), Resistencia (mayor urbe del Nordeste argentino) y el aglomerado Neuquén - Plottier - Cipolletti (mayor urbe de la Patagonia).

La población de la Argentina de acuerdo al censo de noviembre de 2001 ascendía a 36.260.130 habitantes. La posterior corrección de población por cobertura y conciliación censal que realizó el INDEC llevó a la población a 37.282.970 habitantes en el mismo período. La población estimada para 2008 es de 39.745.613 habitantes, con una densidad media de 14 hab/km² (sin considerar la superficie reclamada de la Antártida Argentina e Islas del Atlántico Sur).

El ritmo de crecimiento poblacional sigue una pendiente descendente en las últimas décadas; así, en el período 1980-1991, la tasa de crecimiento anual medio fue de 14,7‰ y en el decenio 1991-2001, del 12,5‰.

El país registró en los comienzos del siglo XX altas tasas de crecimiento poblacional, debido a los procesos de inmigración sumados a un alto crecimiento vegetativo que durante este siglo se vio estabilizado y en continuo descenso (a excepción del quinquenio 1970-1975). Desde la década del 60´, aproximadamente, el crecimiento total es el resultado de la diferencia entre la tasa bruta de natalidad y la tasa bruta de mortalidad.

Debido a la evolución de las tasas de mortalidad y el flujo migratorio internacional, el índice de masculinidad muestra un constante descenso desde mediados del siglo XX: de 105 varones por cada 100 mujeres a 94,9 por cada 100 para 2001. Del total de la población (según el censo de 2001) un 51,3% son mujeres y un 48,7% son varones.

Históricamente, y debido a las relativas bajas tasas de natalidad y de crecimiento poblacional comparadas con las de otros países de América Latina, la Argentina es el tercer país más envejecido de la región, después de Uruguay y Cuba. En 2001, la población de 14 años o menos fue del 27,7% y la población entre 15 a 64 años del 62,4%. La población de 60 años o más alcanzó el 13,4% y la de 65 años o más, el 9,9% y las estimaciones para 2005 del INDEC arrojan valores de 13,8% y 10,1%, respectivamente.

El país ha sido receptor de importantes corrientes inmigratorias que continúan en la actualidad, alcanzando un pico en el período 1870-1930, y cuenta con importantes comunidades extranjeras, principalmente paraguayos, bolivianos, italianos y españoles. A partir de mediados de la década de 1960 comienzan a registrarse considerables corrientes emigratorias, que obedecen al proceso de fuga de cerebros, a las persecuciones políticas que existieron hasta 1983 y a las reiteradas crisis económicas, siendo los principales destinos España, Italia, Estados Unidos y México. El censo de 2001 registró un saldo migratorio negativo en el quinquenio 1995-2000, proceso que el INDEC ha estimado que continuó durante el quinquenio 2000-2005, revirtiendo así el histórico saldo positivo del país.

De acuerdo al Informe sobre Desarrollo Humano 2008/2009 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, compilado en base a datos de 2006 y publicado en 2008, la Argentina tiene un Índice de Desarrollo Humano (IDH) de 0,860. A nivel mundial, se sitúa en el puesto 46 dentro de los 179 países que participan en el ranking, y dentro de los 75 catalogados según el indicador como países con alto desarrollo humano.

La Argentina se encuentra en el puesto 49 de 191 países por el funcionamiento general de su sistema de salud, según un informe de la Organización Mundial de la Salud.

La atención a la salud está garantizada por el sistema de salud público, el sistema de obras sociales y el de la salud privada. Alrededor de un 37,6% de la población se atiende por el sistema público y un 51,52% por obras sociales.

La regulación de la atención a los problemas de salud está a cargo del Ministerio de Salud y Ambiente, dependiente del Poder Ejecutivo. El porcentaje del gasto en salud correspondiente al PBI fue de un 8,9% en 2003. Además, el país cuenta con una proporción favorable de 3,01 médicos por cada mil habitantes.

Las enfermedades que más afectan a la población son el Mal de Chagas, el SIDA y la tuberculosis.

La actual población argentina es el resultado directo de una gran ola de trabajadores inmigrantes que ingresaron entre 1850-1950, mayoritariamente italianos y en segundo lugar españoles y del mestizaje de estos entre sí y con las poblaciones indígenas originarias, criollas, españoles de la época colonial, afroamericanos, gauchos, frecuentemente mestizados, provenientes del período colonial. Aproximadamente se estima que un 90% de la población desciende de europeos, principalmente, italianos y luego españoles.

La población cuenta también con importantes comunidades de judíos, árabes, armenios, gitanos, británicos, franceses, alemanes, polacos, rusos, croatas, ucranianos, japoneses, chinos, coreanos, paraguayos, bolivianos, uruguayos, chilenos, peruanos, brasileños, etc.

Al igual que Australia, Brasil, Canadá, Estados Unidos o Uruguay, la Argentina es considerada como un país de inmigración, es decir una sociedad que ha sido influida decisivamente por uno o más fenómenos inmigratorios masivos.

La Constitución Argentina de 1853 y los gobiernos establecidos a partir de ese año, buscaron fomentar la inmigración proveniente de noroeste de Europa, aunque luego predominaron los inmigrantes mediterráneos, del este europeo y del medio oriente, bajo la base del precepto alberdiano de gobernar es poblar, destinada a generar un tejido social de tipo rural y a finalizar la ocupación de los territorios obtenidos mediante una campaña militar contra los indígenas denominada Conquista del Desierto y a la vez modificar sustancialmente la composición poblacional.

Al momento de organizarse constitucionalmente a mediados del siglo XIX, la Argentina era un país escasamente poblado, con menor población que otros países sudamericanos como Bolivia, Chile y Perú. Mediante la política inmigratoria el país pasó de tener una población de 1,1 millones de habitantes en 1850 (3,5% de América Latina), para alcanzar 11,8 millones de habitantes en 1930 (11,1% de América Latina). El país recibió alrededor de 6,5 millones de inmigrantes — la inmigración neta fue cercana a los 4 millones de inmigrantes-, y se constituyó como el tercer país receptor en América (después de los Estados Unidos y Canadá). El primer censo nacional de 1869 arrojó un total de 1.737.000 habitantes. En 1960 el país tenía ya un poco más de 20 millones, es decir que en 90 años había multiplicado su población inicial por 10.

El censo de 2001 registró la presencia de 1.531.940 extranjeros residiendo en el país (4,2%), siendo las cinco comunidades más numerosas la paraguaya (325.046), italiana (270.000), española (254.073), boliviana (233.464) y chilena (212.419). La proporción de extranjeros se ha reducido pasando de un máximo del 30% en 1914 al 4,2% en 2001.

Los datos definitivos de la Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas (ECPI) realizada en 2004-2005 destacan la existencia de 35 pueblos indígenas en la Argentina, integrados por 600.329 individuos (457.363 que se autorreconocen pertenecientes a algún pueblo aborigen más 142.966 que no pertenecen pero son descendiente en primera generación de un pueblo) equivalente a aproximadamente el 1,6% de la población total. Ello sin perjuicio de que poco más de la mitad de la población tiene al menos un antepasado indígena, aunque en la mayoría de los casos se ha perdido la memoria familiar de esa pertenencia.

En relación con los grupos originarios, en el área chaqueña habitan comunidades de tobas, pilagás, wichí, chorotes, mocovíes, chanés, chulupíes y guaraníes de los grupos chiriguanos y tapieté. En las zonas andinas de la región noroeste de país habitan diferentes pueblos englobados actualmente en la denominación de collas, además de diaguita calchaquíes y huarpes en Cuyo. En las regiones patagónicas y pampeanas se encuentran comunidades de mapuches, rankulches y tehuelches. La provincia de Misiones cuenta con comunidades mbyá guaraníes y grupos menores de chiripás y paí tavyterá, también integrantes del pueblo guaraní.

Los pueblos originarios que constituyeron la base del mestizaje en la época colonial estaban divididos en tres grandes grupos: los pertenecientes al grupo de la civilización andina, principalmente diaguitas, sanavirones y comechingones; los pertenecientes a grupo chaco-mesopotámico, principalmente la civilización guaraní, los guaycurúes y el pueblo wichí; y los pueblos de cazadores-recolectores del sur, principalmente los pueblos ranquel, tehuelche y mapuche. La reforma de la Constitución realizada en 1994 reconoció "la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos", así como el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural.

En 1869, Argentina tenía al 11% de su población en aglomeraciones urbanas de más de 100.000 habitantes, concentración cinco veces superior al promedio mundial, similar al de los Estados Unidos y, aproximadamente, el doble de la concentración de la población europea.

En 1914 la población urbana superó por primera vez a la rural. Uno de los principales factores del rápido crecimiento de las zonas urbanas fue la gran inmigración europea que fue desarrollando los principales centros urbanos del país como Buenos Aires, Córdoba y Rosario.

En 1960 quince ciudades tenían una población de más de 100.000 habitantes, en donde vivía el 71% de la población urbana. Entre estas ciudades se destaca Buenos Aires, la única que superaba los 100.000 habitantes en 1869 y que constituye uno de los ejemplos más destacados de primacía en la urbanización. Por entonces, las zonas urbanas de Argentina constituían el 59% de la población, igual que en los Estados Unidos, en forma ligeramente superior a Oceanía (53%) y por debajo de Inglaterra, país que lideró el porcentaje de conglomeraciones urbanas desde los inicios del siglo XIX, con 69 por ciento.

El Censo de 2001 estableció que la urbanización del país había llegado al 89,3% de la población total. La Argentina presenta uno de los procesos de urbanización más temprana entre los países latinoamericanos.

La literatura argentina ocupa un lugar destacado dentro de la literatura en español, con exponentes de finales del siglo XIX como José Hernández (autor de Martín Fierro, traducido a más de 70 idiomas), o del siglo XX, como Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Adolfo Bioy Casares, Ernesto Sábato y Juan Gelman (salvo Cortázar, todos ellos ganaron el Premio Miguel de Cervantes).

El tango es un estilo musical y un baile nacido en los arrabales porteños con difusión internacional, ligado fuertemente con la Argentina y con Uruguay, pero sobre todo con Buenos Aires. En este género musical se destacaron Carlos Gardel, considerado como el Rey del Tango, y el marplatense mundialmente reconocido Astor Piazzolla.

El folclore argentino reúne las manifestaciones artísticas del interior de la Argentina. Han existido zonas en la cuales predominaba algún estilo (por ejemplo zambas, cuecas, chacareras, chamarritas, chamamés, malambo), aunque actualmente han experimentado una difusión nacional. Atahualpa Yupanqui, Mercedes Sosa y Soledad Pastorutti se encuentran entre los exponentes más importantes de estos géneros.

El «rock nacional» argentino ha tenido un amplio desarrollo desde finales de los años 1960 y una fuerte influencia en el rock iberoamericano cantado en español. Posee exponentes destacados como las bandas Soda Stereo, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, o los músicos Charly García o Fito Páez. Los recitales multitudinarios suelen celebrarse en estadios, siendo el de mayor capacidad el Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti. Uno de los festivales más exitosos de la actualidad es el Quilmes Rock, celebrado anualmente.

La balada romántica, con cantantes de fama sudamericana como Sandro de América, la cumbia, también llamada "bailanta", con un ritmo más simple que el modelo original colombiano, y el cuarteto (este ritmo especialmente en la Provincia de Córdoba), son los géneros de mayor arraigo en los sectores populares.

Buenos Aires suele ser escenario de la música electrónica en América Latina y es sede de importantes fiestas como la South American Music Conference o la Creamfields, que con su convocatoria de más de 60.000 personas, se convirtió en una de las más importantes del mundo. La ciudad, junto con Mar del Plata y Bariloche, tienen también su propio estilo de música electrónica.

Con base en el Conservatorio Nacional de Música y el Teatro Colón, se ha desarrollado una sólida escuela de música y danza clásicas. En la música clásica, destacan compositores como Alberto Ginastera, intérpretes como Martha Argerich y directores como Daniel Barenboim. En danza clásica, destacan Jorge Donn, Maximiliano Guerra, Paloma Herrera, Marianela Núñez y Julio Bocca; este último, director también del Ballet Argentino.

El cine argentino es, históricamente, uno de los más desarrollados de América Latina. Los primeros largometrajes animados, mudos y sonoros, fueron realizados por Quirino Cristiani. En 1986, la película La historia oficial, dirigida por Luis Puenzo, ganó el premio Óscar al mejor filme extranjero. Las películas argentinas han ganado, además, numerosos premios internacionales, entre ellos los del festival de Goya, y los del Festival Internacional de Cine de Berlín.

La pintura y la escultura de Argentina se nutren de estilos novedosos con influencias europeas e indoamericanas. La tercera década del siglo XX representó una etapa fundamental para el desarrollo de la pintura, realizándose grandes acontecimientos relacionados con nuevas orientaciones estéticas. Es por este motivo que el lapso comprendido entre 1920 y 1930 es considerado como el de formación de la pintura moderna argentina, teniendo exponentes como Antonio Berni, Gyula Kosice, fundador del Movimiento Madí, Raúl Soldi; y exponentes de pintura popular como Florencio Molina Campos y Benito Quinquela Martín.

La historieta argentina también tiene importantes representantes de fama internacional; al menos durante todo el siglo XX, el humor gráfico argentino ha ocupado un lugar preeminente en el género, gracias a artistas como Quino, Guillermo Mordillo y Roberto Fontanarrosa.

También es de destacar la importante tradición de publicaciones de revistas de historietas que han sido muy importantes dentro del mundo de la historieta en español, como es el caso de Fierro.

De todos los países del mundo donde el idioma español tiene estatus predominante, la Argentina es el de mayor extensión territorial. El idioma español es el único idioma de uso en la administración pública a nivel nacional, sin que ninguna norma legal lo haya declarado como oficial. Sin embargo, la provincia de Corrientes declaró en 2004 la cooficialidad del guaraní para la enseñanza y los actos de gobierno, aunque no se encuentra reglamentada.

La amplitud del país, la existencia de distintos sustratos lingüísticos producidos por la variedad de lenguas amerindias y las diferentes aportaciones de las lenguas vernáculas de los inmigrantes europeos de finales del siglo XIX y comienzos del XX, han dado lugar a varias modalidades dialectales diferentes.

El castellano rioplatense es el dialecto de prestigio en todo el territorio y el más reconocido como variante argentina fuera del país; está fuertemente influido por el italiano, y presenta la particularidad de ser voseante aún en los registros más formales de la lengua.

La región patagónica —poblada mayoritariamente por inmigrantes provenientes de la región central del país— adoptó también el uso de esta variante, con ligeras variantes fonológicas, probablemente por influjo de la inmigración chilena del siglo XX.

En el noroeste del país, por un lado, y en el Nordeste argentino, por otro, la influencia del quechua y del guaraní, respectivamente, ha dado origen a dialectos algo distintos, que a su vez presentan variaciones subdialectales regionales.

El influjo del castellano chileno es perceptible en la fonología de la región de Cuyo, aunque el léxico y la gramática se han visto menos afectados.

En el altiplano andino, el español andino es el dialecto de referencia. La provincia de Córdoba y en especial su capital provincial, posee una curva de la entonación singular, distintiva aún a primera oída.

Otros rasgos significativos del español hablado en Argentina, aparte de los lexicales (en los que abundan italianismos, quechuismos, guaranismos, y araucanismos), son el yeísmo con rehilamiento y el uso corriente de la expresión che. El yeísmo con rehilamiento, pronunciación de la ll y de la y como una fricativa postalveolar, se encuentra muy extendido en el habla culta, con la excepción más notable del Nordeste argentino.

El idioma guaraní (avañe'ë) cuenta con hablantes en todo el Nordeste y, especialmente, en el interior de la Provincia de Corrientes.

El idioma quechua cuenta con gran cantidad de hablantes en la provincia de Santiago del Estero, donde es denominado quichua, y también en la provincia de Jujuy, en una variedad de este idioma más similar a la que se habla en Bolivia.

En la periferia de las grandes aglomeraciones urbanas, producto de constantes migraciones del noreste argentino, de Paraguay, Bolivia y Perú, hay hablantes del guaraní, quechua y aimara.

En algunas zonas limítrofes con el Brasil, es habitual el uso del portuñol, hibridación del español de Argentina con el portugués de Brasil.

Diversas comunidades de inmigrantes e hijos de inmigrantes todavía mantienen las lenguas de su región de origen, aunque este uso se pierde a medida que avanzan las generaciones. El más destacable por la cantidad de hablantes es el italiano, siendo otros destacables el alemán, japonés, portugués, polaco, y más recientemente el chino mandarín.

Algunas jergas se han extendido tanto que han merecido tratamientos especiales, como el lunfardo y el rosarigasino. El primero se halla muy difundido por su uso en las letras del tango, pero ha perdido buena parte de su influencia en el habla corriente.

En la Argentina existe una amplia libertad de cultos garantizada por el artículo 14 de la Constitución Nacional, aunque el Estado reconoce un carácter preeminente a la Iglesia Católica, que cuenta con un estatus jurídico diferenciado respecto al del resto de iglesias y confesiones: según la Constitución argentina (artículo 2), el Estado Nacional debe sostenerla y según el Código Civil, es jurídicamente asimilable a un ente de derecho público no estatal. Se trata, con todo, de un régimen diferenciado que no conlleva su oficialidad como religión de la República. El Vaticano y Argentina tienen firmado un concordato que regula las relaciones entre el Estado y la Iglesia Católica.

El 88% de los argentinos han sido bautizados como católicos. Sin embargo, el porcentaje de habitantes del país que se considera practicante se ubica entre el 69% y el 78 %, de los cuales la cuarta parte nunca asiste a la iglesia. El 12% de la población profesa el evangelismo, el 12% se considera agnóstica, el 4% se considera atea, el 1,5% es musulmana y el 1% es judía.

Existen, asimismo, creencias populares de carácter religioso muy difundidas, como el culto a la Difunta Correa, a la Madre María, a Pancho Sierra, al Gauchito Gil. o a Ceferino Namuncurá. Este último fue beatificado por la Iglesia Católica en 2007.

El temprano desarrollo de la educación popular colocó a la Argentina junto a las naciones de mayor alfabetización del mundo. El uso del delantal blanco como uniforme escolar, como un paradigma de un ideal de igualdad o unidad, ha caracterizado siempre a la escuela pública, laica y gratuita, cuyo gran impulsor fue Domingo Faustino Sarmiento y se concretó con la Ley Nº 1420 de educación común.

Según la nueva ley de educación, sancionada el 15 de diciembre de 2006, la instrucción es obligatoria entre los 5 y los 18 años. En los años 1990 se implementaron distintos tipos de sistemas educativos como la Educación General Básica y Polimodal en la provincia de Buenos Aires, o la educación secundaria en la Capital Federal; la nueva ley marca el retorno al sistema tradicional de primaria, secundaria y colegios técnicos.

En todos los niveles de enseñanza existen instituciones educativas públicas y privadas. El Estado garantiza la educación gratuita en todos ellos con excepción del postgrado universitario.

La universidad pública argentina está organizada según los principios de la Reforma universitaria de 1918. Existen 38 universidades públicas nacionales en todo el territorio, y 41 privadas. La Universidad de Buenos Aires (UBA) es la más grande del país, con más de 300.000 alumnos.

Los museos más sobresalientes son el Museo Histórico Nacional de Argentina y el MALBA, donde se hacen exposiciones de pintura y escultura. Son muy importantes también los museos paleontológicos de la Patagonia (Trelew, Plaza Huincul, etc.); las ruinas jesuíticas de San Ignacio, en Misiones; el Teatro Argentino de La Plata; la actividad cultural veraniega en Mar del Plata y Villa Carlos Paz; y las fiestas y festivales populares como el Festival de Cosquín en Córdoba y el Tantanakuy en Jujuy.

En Buenos Aires existen alrededor de 100 cines y 90 teatros, con una abundante cartelera de espectáculos. La capital de argentina también se distingue en la presentación de espectáculos o artistas de renombre internacional. Se encuentran, entre otros, los centros culturales como el Borges, el Recoleta o el San Martín. El Teatro Colón es uno de los teatros líricos más importantes del mundo. Otros teatros importantes son el Teatro Nacional Cervantes o el Teatro General San Martín.

En otras ciudades existen importantes centros de cultura, como el Teatro Argentino en La Plata, el Patio de la Madera en Rosario, o el Teatro del Libertador General San Martín (ex Rivera Indarte) de Córdoba.

La gastronomía argentina se destaca fundamentalmente por la carne vacuna y los vinos, así como por una amplia disposición de alimentos de todo tipo a precios relativamente bajos. Puede considerarse básicamente configurada sobre las culturas alimentarias de las civilizaciones precolombinas andinas y guaraníes, y luego colonial, aunque la principal característica de la cocina argentina son los muy fuertes influjos de las gastronomías italiana y española.

La comida típica argentina es el asado o parrillada (carne y entrañas de vaca cocinadas a las brasas), además de las empanadas (especie de pasteles rellenos de carne y otros gustos), los tamales, la humita y el locro. Como en los países vecinos, es muy habitual el consumo de un sándwich de chorizo, denominado choripán. La papa y la batata son alimentos ampliamente utilizados desde tiempos precolombinos. Las pastas, la pizza, y el puchero también se han constituido en comidas típicas de la gastronomía argentina. La tradición italiana de los ñoquis del día 29 del mes forma parte de la cultura popular tanto en la Argentina como en Uruguay.

La producción y consumo de leche es muy importante, consumiéndose alrededor de 240 litros por persona por año. De la existencia de grandes disponibilidades de leche se ha derivado un alto consumo de alimentos derivados como quesos (el país cuenta con 8 quesos propios) y dulce de leche, entre otros.

Entre los dulces, el alfajor es un producto ampliamente consumido y producido con múltiples variables regionales. Lo mismo sucede con los helados, en especial con los de tipo italiano, aunque ya desde el tiempo de la colonia española existía alguna afición a los helados de tipo sorbete.

La bebida característica que Argentina comparte con otros países vecinos es una infusión precolombina de origen guaraní preparada con hojas de yerba mate (planta originaria de América del Sur) llamada mate. El mate también puede ser preparado como un té, siendo denominado en este caso mate cocido. La colonización española introdujo el consumo del café, que se ha hecho masivo, generalizándose desde los tiempos coloniales los cafés como lugares de encuentro. Existe también un amplio consumo de té, ya sea de su variedad clásica introducida por influencia de la inmigración británica, como de hierbas digestivas de provenientes de antiguas tradiciones precolombinas como el boldo y la peperina. En menor medida, existe la costumbre de consumir infusiones de chocolate, también por influencia colonial.

Entre las bebidas alcohólicas se destaca el vino, del cual la Argentina es el quinto productor mundial, y que es producido principalmente en Mendoza y San Juan, y en otras provincias cordilleranas. Entre los vinos característicos del país se destaca el malbec.

El desayuno clásico es pan con manteca y dulce, acompañado de café, leche y, eventualmente, mate; este último suele reemplazar totalmente al desayuno. La cena suele realizarse después de las 21.00. Existe la tradición de dedicar el almuerzo del domingo al asado o las pastas, en reuniones familiares o con amigos.

El deporte nacional es el pato, que comenzó a practicarse en el país a principios del siglo XVII. En 1941 se fundó la Federación Argentina y en 1953, en razón de la historia, el arraigo popular y la tradición, fue declarado Deporte Nacional. Sin embargo, actualmente es casi desconocido por la mayoría de la población.

Por su parte, el fútbol superó a todas las disciplinas en el gusto de los argentinos. Miembro de la FIFA, la Selección Argentina de Fútbol participó en catorce de las dieciocho fases finales de los Campeonatos Mundiales, logrando ser campeona dos veces, en 1978 en Argentina y en 1986 en México, además de llegar a ser subcampeona también dos veces en 1930 en Uruguay y en 1990 en Italia. También obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, además de 14 campeonatos en la Copa América.

El futbolista Diego Armando Maradona es considerado uno de los máximos exponentes en la historia mundial de este deporte, tanto por aficionados como por colegas, directores técnicos, directivos o periodistas deportivos. Marcó el llamado Gol del Siglo.

En boxeo la Argentina se ha destacado con más de 30 boxeadores que lograron títulos mundiales. Carlos Monzón fue campeón mundial mediano entre 1970 y 1977. También obtuvieron en los Juegos Olímpicos 7 medallas de oro, 7 de plata y 10 de bronce.

El básquet tiene un rico pasado en el país: Argentina fue campeón mundial en 1950. Sin embargo, en las décadas de 1960 y 1970 fue perdiendo importancia. Con la creación de la Liga Nacional en 1984, recuperó y ganó en popularidad. La irrupción de Emanuel Ginóbili en la NBA, y las grandes actuaciones de la Selección Argentina a nivel internacional, contribuyeron a un mayor seguimiento por parte del público. En 2002, la Selección dirigida por Rubén Magnano alcanzó la final del Campeonato Mundial en Indianápolis, el cuarto lugar en el Campeonato Mundial Japón 2006, y obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, el título más importante de su historia.

Los tenistas argentinos han ganado muchos lauros desde la irrupción en el tenis masculino de Guillermo Vilas en la década de 1970 y de Gabriela Sabatini en el femenino, en las décadas de 1980 y de 1990. Contemporáneamente, algunos tenistas argentinos han tenido logros destacados como David Nalbandian, que se consagró campeón del Masters 2005; Gastón Gaudio, que fue campeón de Roland Garros en 2004, en una “final argentina” contra Guillermo Coria; y Paola Suárez, que obtuvo medalla de bronce en dobles femenino en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, así como 4 torneos de dobles de Roland Garros. En la Copa Mundial por Equipos la Argentina obtuvo el título tres veces, la última en el 2007.

El hockey femenino también ha registrado importantes logros como la obtención la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000, el Champions Trophy en 2001, el 10º Campeonato Mundial jugado en Perth en 2002, y la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Medalla de Bronce en el Mundial de Hockey Madrid 2006, y Medalla de Plata en la Champions Trophy Quilmes 2007. Cabe destacar a Luciana Aymar, considerada por muchos la mejor jugadora de hockey del mundo en la actualidad de este deporte.

El rugby en Argentina es aficionado, con más de setenta mil practicantes registrados. El seleccionado argentino, conocido como Los Pumas, se encuentra entre los seis mejores equipos del mundo. Su mejor colocación después del quinto puesto en el Campeonato Mundial de 1999 es la actual, ya que se encuentra entre los 3 mejores del mundo al llegar a la semifinal de la Copa Mundial de Rugby Francia 2007, tras vencer al país anfitrión por el tercer puesto y galardonándose con el bronce.

El automovilismo también ocupa un lugar importante en las preferencias de los argentinos, siendo Juan Manuel Fangio el mayor deportista en este rubro, quien logró en la década de 1950 cinco títulos mundiales de Fórmula 1.

Los feriados en Argentina se clasifican en días feriados y días no laborables. Estos pueden ser nacionales, provinciales o municipales, o ser exclusivos de una rama laboral o educativa. Asimismo, existen diversos aniversarios no tipificados como feriados, en los cuales se recuerdan acontecimientos generalmente de tipo contemporáneo y que pueden incluir actividad social o cobertura mediática, pero que permanecen como días laborables.

Los feriados nacionales incluyen festividades de la Iglesia Católica, fiestas cívicas y conmemoraciones. Existen feriados que caen siempre en el mismo día de cada año y otros que son móviles. Algunos feriados son trasladables a un día lunes por motivos de promoción turística. Los días no laborables nacionales incluyen al Jueves Santo y días específicos para los habitantes judíos y musulmanes.

La República Argentina posee una serie de elementos emblemáticos definidos por ley. La Bandera Nacional, compuesta por tres franjas horizontales proporcionales celestes y blancas y con un sol en el medio, fue diseñada por Manuel Belgrano en 1812 y adoptada como símbolo patrio el 20 de julio de 1816. El Escudo de Argentina, que representa la unión de las provincias, comenzó a utilizarse en 1813 como sello de los documentos oficiales. El Himno Nacional Argentino fue aprobado en 1813, escrito por Vicente López y Planes y con música de Blas Parera; aunque a partir de la presidencia de Julio Argentino Roca se acortó a sólo tres párrafos para omitir las proclamaciones antiespañolas. La Escarapela de Argentina se usó por primera vez durante la Revolución de Mayo y se oficializó dos años después. El hornero, presente en casi todo el territorio nacional, fue proclamado pájaro oficial en forma unánime en 1927. La piedra nacional es la rodocrosita, la cual se puede encontrar en las Sierras Capillitas, en la Provincia de Catamarca. El ceibo fue nombrado flor y árbol nacional por el decreto N° 138474/42, de 1942. El deporte nacional es el pato, y la danza nacional es el pericón.

Al principio



Cataluña

Bandera de Cataluña

1 15,96% del total de España.

Cataluña (en catalán Catalunya, en aranés Catalonha) es una comunidad autónoma española situada al nordeste de la Península Ibérica. Ocupa un territorio de unos 32.000 km² que limita al Norte con Francia (Mediodía-Pirineos y Languedoc-Rosellón) y Andorra, al Este con el Mar Mediterráneo a lo largo de una franja marítima de unos 580 kilómetros, al Sur con la Comunidad Valenciana (Castellón), y al Oeste con Aragón (Zaragoza, Teruel y Huesca). Esta situación estratégica ha favorecido una relación muy intensa con los territorios de la cuenca mediterránea y con la Europa continental. La capital de Cataluña es la ciudad de Barcelona.

En el territorio catalán habitan actualmente 7.364.078 personas en un total de 946 municipios de los que 63 superan los 20.000 habitantes (en los que vive el 70 por ciento de la población catalana). Dos tercios de la población vive en la Región Metropolitana de Barcelona. Constituye un territorio muy denso y altamente industrializado, liderando el sector en España desde el siglo XIX y su economía es la más importante de entre las comunidades autónomas, al generar el 18,7% del PIB español, siendo la cuarta en PIB per cápita, tras País Vasco, Navarra y Comunidad de Madrid.

Cataluña fue durante la Edad Media uno de los territorios principales de la Corona de Aragón. Con el declive de la Corona decayó Cataluña, que no volvió a destacar hasta la industrialización. Su historia y su lengua son muy valoradas por sus habitantes y para muchos son la base de su identidad colectiva.

La etimología de Cataluña permanece incierta aunque han sido varias las posibilidades señaladas. El topónimo como tal no aparece en forma escrita hasta 1117 aunque en la forma latina que surge en el poema pisano LIBER MAIOLICHINUS DE GESTIS PISANORUM ILLUSTRATIBUS , de Laurentius Veronensis. En ese texto, en que se describe las gestas que los pisanos realizan con los catalanes para abordar la conquista de Mallorca, aparecen varias referencias al conde Ramón Berenguer III (Dux Catalanensis, Rector Catalanicus hostes, Catalanicus heros, Christicolas Catalanensesque) así como referencias étnicas como catalanenses o catalanensis y al territorio de éstos, Catalania. La primera vez que aparece en catalán es en el Llibre dels fets de Jaime I el Conquistador, ya a finales del siglo XIII. Sin embargo, la razón de este nombre no está clara. Algunos postulan que la palabra procede de Gotholandia (país de los godos) a través de Gothia o Gotia que era como los francos denominaban también la Marca Hispánica, debido a la presencia de población visigoda en Septimania y el norte de la actual Cataluña tras la caída del reino visigodo, aunque la transformación fonética es discutible. De igual modo, se sugiere Gothoalania (país de godos y alanos) pese a no haber referencias de este segundo pueblo en territorio catalán. Un historiador medieval, Pere Tomic, sugiere la existencia hacia el siglo VIII de un caballero alemán llamado Otger Cathaló, al que por sus gestas de conquista, Carlomagno dedicó su nombre a las tierras del sur de los Pirineos. Otra propuesta sugiere que por las necesidades defensivas de la Marca se levantaron muchas fortificaciones. Sus guardas eran los castellanos que en el bajo latín medieval tomaría el nombre de castlanus de cuya voz surgen las formas catalanas castlà, catlà y carlà. De éstas formas, los extranjeros que pasaban por sus tierras habrían comenzado a nombrar así a los habitantes y su territorio (català > Catalonia, Catalaunia), por lo que Cataluña significaría «tierra de castillos». Sin embargo, esta explicación también se ha desestimado por dificultades fonéticas. Autores modernos como Ronjat (Grammaire historique des parlers provençaux modernes) y Grammont (Sur la métathèse) defienden que el topónimo procede de una alteración de la latina referida a los lacetanos (LACETANI). La transformación se daría por metátesis entre la -l y la -c: lacetanos > catelanos > catelans. Este proceso debió darse entre las capas populares y en tiempos remotos, previos a cualquier influencia erudita. Actualmente, esta etimología y la referida a los godos son las más extendidas. Además de las comentadas hay aún más propuestas etimológicas menos conocidas.

Cataluña tiene una diversidad geográfica relativamente muy marcada, teniendo en cuenta lo relativamente pequeño de su territorio. La geografía está condicionada por el litoral mediterráneo al este, con 580 kilómetros de costa, y las grandes unidades de relieve de los Pirineos al norte.

El actual estado geológico de Cataluña puede comenzar a describirse desde los primeros grandes cambios del paleozoico. Inicialmente el territorio formaba parte de una cuenca oceánica en la que, por reposo orogénico, se depositaban materiales sedimentarios finos y argilosos. El desarrollo de plegamientos hercinianos determinó una sedimentación más irregular que posteriormente produjo la emersión (de baja altura) de varias áreas de orientación noroeste-sureste como el macizo del Ebro (actual Depresión Central Catalana) y el macizo Catalanobalear, que surgieron al final de la era. Los materiales sedimentados de la época se transformaron en gneis, esquisto y pizarra que aflora hoy día en la mitad norte de las Cordilleras litorales y Pirineo axial.

La era mesozoica cubrió de nuevo las áreas emergidas durante la era anterior, lo que provocó una sedimentación tranquila bajo el mar, generando gran cantidad de material calcáreo. Hoy en día este material se encuentra en la mitad sur de las Cordilleras litorales y en el Prepirineo.

Al inicio de la siguiente era, la cenozoica, las placas tectónicas euroasiática y africana toman contacto y suavemente comienza a elevarse un dorso de pliegues y sierras mediante orogénesis alpina que dará lugar, entre otras, a los Pirineos. Este empuje incide también en el movimiento del macizo Catalanobalear hacia el suroeste, cubriendo el macizo del Ebro, aún sumergido, lo que va generando que se vaya depositando materiales que darán lugar a la futura Depresión Central. En la línea de costa se acumulan conglomerados depositados por los ríos y que darán lugar a las elevaciones destacadas de los macizos de Macizo de Montserrat, Sant Llorenç del Munt, etc. Mientras, hacia el interior de la cuenca se acumula arenas y argilas que darán lugar al gres. En cerrarse el macizo del Ebro, en forma de golfo, se originó un gran lago salado. Sus aguas fueron expuestas a una intensa evaporación que finalmente dieron lugar a grandes depósitos salinos que hasta hace poco aún se extraía de Súria y Cardona. La segunda mitad de la era erosionó por descompresión gran parte del macizo Catalanobalear, permaneciendo en una estrecha línea que conforman la Depresión prelitoral, el llano de la Cerdaña, del Ampurdán, etc. Al final del periodo, los movimientos alpinos inciden en el surgimiento de volcanes en la zona de Olot que perdurarán hasta el cuaternario y los glaciares del Pirineo acaban por conformar el territorio.

El relieve de Cataluña presenta, a grandes rasgos, tres grandes unidades morfoestructurales generales: los Pirineos, la formación montañosa que conecta la Península Ibérica con el territorio continental europeo y queda situado al norte de Cataluña; otra unidad formada por una alternancia de elevaciones y llanuras en paralelo a la costa mediterránea, llamado Sistema Mediterráneo Catalán o Cordilleras Costero Catalanas y una última unidad estructural situada entre las anteriores llamada Depresión Central que configura el sector oriental del Valle del Ebro.

El Pirineo catalán representa casi la mitad en longitud de todo el Pirineo español, pues se distribuye a lo largo de más de 200 kilómetros. Tradicionalmente se ha diferenciado el Pirineo Axial, el principal, del Prepirineo (meridional en el territorio catalán) y que son unas formaciones montañosas paralelas a las sierras principales aunque de menor altitud, menos escarpadas, y de una formación geológica diferente. Ambas unidades son más anchas en el sector occidental que en el oriental, y es ahí donde presentan sus mayores cumbres. La elevación más alta de Cataluña, que se encuentra al norte de la comarca de Pallars Sobirà, es la Pica d'Estats con 3.143m de altitud. Le siguen el Puig Pedrós con 2.914m y el Puigmal con 2.910m, todos en la frontera con Francia. Del Prepirineo destacan varias sierras y cimas como la sierra del Cadí (Vulturó, 2.648m) o la de Pedraforca (Pollegó Superior, 2.497m).

El Sistema Mediterráneo Catalán tiene su base en dos cordilleras más o menos paralelas entre sí y entre el mar siguiendo una orientación noreste-suroeste y son la Cordillera Litoral, la más próxima al mar y la Cordillera Prelitoral detrás de la anterior. La Cordillera Litoral es menos extensa y de menor altitud (Turó Gros, Sierra del Montnegre, 773m) mientras que en la Prelitoral el rango es más amplio y de mayor altitud (Turó de l’Home, 1.706m). Dentro del sistema se encuentra una serie de tierras llanas, cuyas entidades mayores la forman la Depresión Litoral y la Depresión Prelitoral. La Depresión Litoral se sitúa al borde de la costa y es previa (exceptuando algunos sectores) a las Cordilleras Litorales. La Depresión Prelitoral se sitúa en el interior, entre las dos cordilleras litorales, y constituye la base de las tierras llanas del Vallés y el Penedés. Otras llanuras mayores son la Depresión de la Selva y el Llano del Ampurdán, mayoritariamente en las comarcas de la Selva y Ampurdán respectivamente. Finalmente, en el Sistema también se incluye la Cordillera Transversal, que son unas formaciones tardías al norte de la Cordillera Prelitoral y en contacto con el Pirineo y Prepirineo, originando así altitudes medias y volcanes en la zona de la Garrotxa hoy en día extintos.

La Depresión Central Catalana es una llanura situada entre los Prepirineos y la Cordillera Prelitoral. Las comarcas del sur de la provincia de Lérida y las centrales de Barcelona ocupan este territorio. Sus tierras se sitúan entre los 200 y los 600 metros de altitud en un continuo de oeste a este, aunque cuenta con algunas estribaciones intermedias. Las llanuras y el agua que baja de los Pirineos han transformado esta zona en grandes campos de cultivo en los que se han construido numerosos canales de riego.

Cataluña goza de un clima mediterráneo, aunque con grandes variaciones de temperatura entre el litoral costero, con un clima suave, templado en invierno y muy caluroso en verano; el interior que tiene un clima continental mediterráneo, con inviernos fríos y veranos muy calurosos; y las zonas montañosas próximas a los Pirineos, que tienen un clima de alta montaña, con mínimas bajo cero y nieve abundante en invierno, precipitaciones anuales por encima de 1.000 mm y veranos menos calurosos.

Cataluña pertenece casi en su totalidad a la cuenca mediterránea. La red hidrográfica catalana presenta dos grandes cuencas hidrográficas mayores, la cuenca hidrográfica del Ebro y las cuencas internas de Cataluña de un tamaño similar sobre el territorio (15.038 km² -46,84%- y 16.513 km² -51,43%- respectivamente), vertiendo ambas al Mediterráneo, a las que acompaña la cuenca del Garona que vierte sus aguas sobre el Atlántico y se extiende por 554 km², el 1,73% del territorio catalán.

La cuenca del Ebro en Cataluña se sirve principalmente del río Segre como mayor tributario, cuya cuenca en solitario alcanza los 7.455 km², y al que se le suman como afluentes las cuencas de la Noguera Pallaresa (2.811km²) y Noguera Ribagorzana (1.013 km²). Todos los ríos siguen un eje Pirineos-Ebro. Tras la afluencia del Segre, el Ebro se dirige hacia el Delta irrigando mediante otros afluentes un territorio de 3.757 km², en buena medida enclavado en el área de las Tierras del Ebro (Terres del Ebre).

Las cuencas internas de Cataluña se dividen habitualmente a partir de aquellos ríos que nacen en los Pirineos y aquellos que lo hacen en las Cordilleras Costero Catalanas. Las cuencas que conforman el eje Pirineos-Mediterráneo las conforman los ríos Llobregat, Ter, Fluvià, Muga y Tec (que discurre hacia el Rosellón). Estas cuencas discurren por un área de 9.622 km². Las cuencas restantes, siguiendo el llamado eje Mediterráneo, nacen tanto en la Cordillera Litoral, Prelitoral como en la Llanura del Ampurdán y riegan sus aguas por 6.890km². Los ríos más importantes son (de norte a sur) el Daró, Tordera, Besòs, Foix, Gaià, Francolí y Cenia.

La más pequeña de las cuencas catalanas, la del río Garona, discurre mayoritariamente por el Valle de Arán. Recibe aguas de numerosos ríos y barrancos que bajan por las laderas de las montañas del valle, y dentro del territorio catalán sus afluentes más largos son el Arriu Unhòla y el Arriu de Varradòs.

La cuenca del Ebro aporta una media de 18.700 hm³ anualmente, mientras que las cuencas internas únicamente disponen de 2.020 hm³ al año. El desequilibrio viene causado por la aportación previa del Ebro (alrededor de 6.700 hm³/año) al que se le añade el aporte pirenaico del Segre (alrededor de 12.000 hm³/año) hacia el sur de la provincia leridana. Es alrededor de las comarcas de la Depresión Central que se ha aprovechado esas aguas para construir numerosos canales de regadío. Destacan los Canals d'Urgell (478 hm³) y el Canal de Aragón y Cataluña (362 hm³). Sin embargo, pese a su reducido caudal, de todas las cuencas españolas, es de las Cuencas Internas de Cataluña donde se utiliza más el agua para consumo humano (518 hm³). Este desequilibrio ha promovido el aprovechamiento en las comarcas litorales y orientales de aguas subterráneas, de las que Cataluña dispone bastantes reservas. De todas formas, es habitual que en periodos de escasez de precipitaciones se produzcan cortes en el suministro a poblaciones, incluso en primavera. Por ello han sido consideradas varias opciones de trasvases fluviales. Para el abastecimiento de agua se cuenta con 28 embalses, de los cuales diez funcionan en la cuenca del Segre. El más antiguo es el pantano de Camarasa, construido en 1920.

En el territorio hay pocos lagos considerables. La mayoría se encuentran en el Pirineo catalán en forma de pequeñas lagunas (estanys), originados por antiguos circos glaciares. De estos, son famosos los del Parque nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, aunque el mayor de todos es el Lago de Bañolas, de origen cárstico.

La costa catalana la divisa una línea generalizada de más de 500 km de longitud, aunque en definición alcanza los 754,8 km. La costa tiende a ser rectilínea sin grandes accidentes. Los únicos accidentes marítimos los configura el contacto de los Pirineos con el mar, formando el Cabo de Creus, junto al cual se halla el golfo de Rosas. Posteriormente y hasta Blanes aparece la Costa Brava, caracterizada por acantilados de pequeña altura y calas escondidas. Luego sigue una larga línea de playas del Maresme, en paralelo a la Cordillera Litoral, y que solo se corta por los varios puertos comerciales y pesqueros. La costa de Barcelona se caracteriza por playas artificiales y un gran puerto comercial que se extiende a lo largo de más de nueve kilómetros. La parte sur del puerto se desarrolló sobre la llanura del Delta del Llobregat, que tras el puerto dibuja una línea suave costa de algo más de 18km. Luego el macizo del Garraf articula las costas en destacables acantilados y hasta después de Sitges la costa no vuelve a ser rectilínea (a excepción de nuevo de numerosos puertos) y orientándose hacia el sur, hasta la altura del puerto de Tarragona. Éste es el segundo mayor puerto de Cataluña y se extiende por más de 5 kilómetros, antes de entrar en el Cabo de Salóu. Las playas de esta zona toman el nombre de Costa Dorada en su vertiente turística. Hacia el sur la costa es de nuevo suave, y se caracteriza por una menor ocupación humana. El último gran accidente geográfico lo determina el Golfo de Sant Jordi y las tierras bajas del Delta del Ebro, donde se hallan islas y penínsulas, como las de la Punta del Falgar al norte y La Banya al sur, que queda unida al delta por la playa del Trabucador. La arena de las playas catalanas es generalmente dorada, y con cierta tendencia a ser granulosa al norte y más fina al sur.

A pesar de la población y la industrialización de Cataluña, buena parte del suelo se conserva intacto a la mano del hombre. El paisaje forestal se distribuye por 18.257km² (2002 ), y se aprecia especialmente en las zonas montañosas del norte y la costa. Esto incluye bosques claros y espesos (esclerófilos, caducifolios y aciculifolios) así como la vegetación de zonas húmedas. Estos bosques ocupan el 56,8% de la superficie catalana. Por extensión, la siguiente cubierta la ocupan los cultivos, extendiéndose por el 32,5% del territorio (10.448km²). De éstos, destaca la agricultura de secano, (7.069km²), extendido por muchas comarcas y siendo característicos de la Segarra, Solsonès, Bages y Anoia entre otras. El cultivo frutal de secano se extiende principalmente del sur de Ponent y las Tierras del Ebro. Respecto a la vid, las viñas se extendían ese año por 769km², principalmente en el Penedès. La extensión del regadío es más restringido (2.611km²) y se distribuye principalmente por el Segrià, Pla d'Urgell y alrededores, sobretodo mediante los numerosos canales de irrigación, así como el Delta del Ebro, y en menor medida, en el Ampurdán, la Cerdaña y en la costa de Barcelona. El cultivo de árboles frutales por regadío es menos extenso, y se produce especialmente en el Segrià y el Campo de Tarragona.

La presencia humana tenía en 2002 una extensión de 1.520km² (un 4,7% del territorio catalán) y se concentra, en general, en la costa, especialmente en el Área metropolitana de Barcelona. Destaca la extensión de las urbanizaciones, superior al de los núcleos urbanos, y posteriormente el área destinada al uso industrial y comercial (229km²).

Finalmente, el terreno inutilizado o inservible constituía un 5,4% (1.740km²) y se extendía principalmente por las cumbres pirenaicas en forma de vegetación rasa o prado. La superficie ocupada por las aguas (de ríos, lagos o presas) era de 150,5km², solo un 0,5% de la superficie catalana.

La protección del entorno natural catalán ha crecido rápidamente durante los últimos años. A fecha de 2006 el territorio terrestre protegido ascendía a 9,608km², prácticamente el 30% de Cataluña. Los espacios difieren en grado de protección; en este sentido, el parque de con mayor rango y antigüedad lo constituye el único Parque nacional en territorio catalán, el Parque nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici , inaugurado en 1955. Sin embargo, era ya desde 1932 que se pretendía proteger algunos espacios del Pirineo en el llamado Plan Macià. Hasta después de la restauración democrática y el gobierno autonómico no se volvió a legislar para proteger espacios naturales. Actualmente son varias administraciones (el Ministerio de Medio Ambiente, la Generalidad de Cataluña y la Diputación de Barcelona, junto a varios consorcios de municipios) las que se encargan de velar, proteger y promocionar los espacios protegidos. La Generalidad además de cogestionar el Parque de Aigüestortes, gestiona una red de 11 parques naturales, 3 Paratges Naturals d'Interès Nacional, una reserva natural (Delta del Llobregat) y una reserva marina (Islas Medas). Por su parte, la Diputación de Barcelona dispone de una Red de Parques Naturales (Xarxa de Parcs Naturals) dirigido por el Área de Espacios Naturales de la Diputación que extiende los espacios protegidos por 12 parques de diferentente grado de protección, algunos gestionados junto a la Generalidad. Además de esos parques, existe una red más extensa de espacios específicos protegidos mediante leyes menos específicas cuyo objetivo es aunar la diversidad del territorio catalán y su flora y fauna local. Esta red, llamada PEIN (Pla d'Espais d'Interès Natural) incorpora además los parques naturales y nacionales antes mencionados que sí cuentan con una legislación específica. A fecha de abril de 2007, los espacios incluidos en el PEIN ascendían a 165.

La población de Cataluña a 1 de enero de 2008 era de 7.364.078 habitantes, con un porcentaje de personas de origen inmigrante del 15%.

La ciudad de Barcelona alberga a 1,6 millones de personas en 100 km² de superficie; lo que la convierte en la ciudad más densamente poblada de España y una de las de más densidad de Europa .

Alrededor de la capital se acumulan 2,5 millones de personas más que residen en un radio de menos de 25 km respecto a la capital. En la primera corona metropolitana se encuentran las ciudades de Hospitalet de Llobregat, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, y Cornellá. Las principales poblaciones de la segunda corona son Tarrasa, Sabadell, Montcada i Reixac, Granollers, Martorell, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Gavà y Castelldefels.

El resto de la población de Cataluña se vertebra en la costa norte (Costa Brava), la costa sur (Costa Dorada), el valle del río Llobregat hasta Manresa, y las ciudades interiores de Lérida (al oeste) y Gerona (al noreste).

En Cataluña se hablan varias lenguas con especial preponderancia del catalán y castellano o español. Además, de acuerdo con el estatuto de autonomía se considera al catalán lengua propia de Cataluña, en tanto que el occitano (en su variante aranesa) se considera lengua propia del Valle de Arán. Generalmente los catalanes son bilingües y conocen las dos lenguas principales aunque difieren respecto al idioma que tienen por lengua materna. Además, el uso de uno u otro idioma depende del ámbito social en el que se exprese.

El idioma catalán se extiende más allá del territorio catalán. En Cataluña se hablan los dos bloques principales de la lengua. El oriental tiene como máximo exponente el dialecto central, hablándose en las comarcas del norte de Tarragona, Barcelona, y Gerona, en cuya región pirenaica se atisban rasgos de catalán septentrional. El occidental es el propio de las comarcas occidentales de Cataluña (provincia de Lérida y sur de las tarraconenses) y muestra rasgos similares al valenciano, con el que forma un continuo y en cuya intersección se encuentra el tortosino. La Generalidad ha venido desarrollando legislación que promueve y protege el uso social del catalán. En 2003, la catalana era considerada la lengua materna del 40,4% de los catalanes, la propia del 48,8% y la de uso habitual del 50,1%.

El castellano se distribuye también uniformemente por el territorio, si bien tiende a concentrarse en las áreas urbanas, y de éstas su máxima representación se halla en el área metropolitana de Barcelona. Sus hablas son dispares y no muestran un dialecto específico. Algunos hablantes del castellano que son originarios de otras regiones de España muestran rasgos fonéticos y dialectales propios de su tierra de origen, mientras que otros neutralizaron esos rasgos, ya sea a voluntad, por contacto con catalanohablantes o por la influencia de los medios de comunicación. Los catalanohablantes que hablan castellano muestran algunas influencias de su lengua manterna y cuyos rasgos son, a veces, estereotipados como los propios de los catalanes al hablar en lengua castellana. En 2003, el castellano era considerado la lengua materna del 53,5% de los catalanes, la propia del 44,3% y la habitual del 44,1%.

La comunidad inmigrante o foránea instalada en Cataluña a menudo mantiene su lengua materna para comunicarse con sus familiares o hablantes de su mismo idioma que residan también en el territorio. De éstas, aparte del castellano hablado por los inmigrantes procedentes de Hispanoamérica, destacan sobre todo el árabe y el chino, si bien su número se extiende considerablemente en ciudades que, como Barcelona, con habitantes de hasta 131 nacionalidades, muestra un amplio repertorio lingüístico, de los que además de los citados, destaca, el francés, el portugués, el alemán y el inglés. La encuesta estadística de usos lingüísticos de la Generalidad realizada en 2003 revelaba también la presencia importante de hablantes de gallego.

En el actual territorio catalán han existido durante la historia varias lenguas. La primera conocida, o parcialmente conocida es la lengua ibera, que es el origen etimológico de varios topónimos, de igual manera que en la zona noreste de la región se encuentran topónimos cuyo origen se encuentra en el protovasco; aunque no se sabe con exactitud los hábitos lingüísticos de sus hablantes. El estudio de la colonización e implantación griega del Ampurdán evidencia el uso del idioma griego como lengua local, y cuyos pobladores tal vez aprendieron el ibero para llevar a cabo sus intercambios comerciales. La llegada y establecimiento de los romanos es más clara y la implantación del latín, más evidente, sobre todo en cerámica y toponímica. La conquista de Hispania y victoria de los romanos solo fue posible tras la victoria sobre los cartagineses, aunque la breve presencia de este pueblo fenicio no dejó influencias notables en la actual Cataluña. Durante un tiempo se creyó que Barcelona fue una fundación cartaginesa, con el establecimiento de población de esa etnia, aunque posteriormente se desestimó y se cree ésta un establecimiento romano sobre una población previa indígena. La romanización, iniciada ya en el siglo II a. C. penetró profundamente en los íberos que dejaron gradualmente su lengua para adoptar el latín, si bien, en algunas zonas pirenaicas siguió hablándose alguna forma de vascuence durante algunos siglos más. Es posible la llegada de comunidades judías, de habla hebrea, establecidas en Barcelona u otras ciudades ya en el siglo IV.

Posteriormente, con la llegada de los pueblos germánicos, se estableció una población de lengua gótica que ocupó los estratos de poder, aunque progresivamente adoptaron algunas costumbres romanas y su lengua, que ya había evolucionado al estadio tardío y mostraba algunas diferencias entre las provinciæ. Sin embargo, la aparición de diferencias sustanciales no llegó hasta el siglo IX, posterior a la entrada de los musulmanes en la península Ibérica. Esta población, de origen árabe y bereber era poco numerosa pero asumieron los espacios de poder de los visigodos y gradualmente fueron expandiendo su cultura y su lengua árabe. Su presencia en el actual territorio catalán fue mayor en el sur (la llamada Cataluña Nueva) donde resisten algunos topónimos y mayor presencia arqueológica musulmana. La Reconquista cristiana fue tomando territorios del Emirato de Córdoba primero y de las taifas de Lérida y Tortosa después, en cuyos territorios a veces se asumía a la población local, más arabizada o se repoblaba con habitantes de los condados catalanes. Esta mezcla etnográfica fue pacífica generalmente aunque eventualmente los gobernantes promovieran la cristianización de la sociedad, y que eventualmente tomara la lengua de los cristianos, que para el siglo XI la élite social ya utilizaba el romance catalán para sus textos literarios y jurídicos. El catalán es la lengua de la Corona cuya expresión literaria alcanza en el medievo su periodo de esplendor. El uso de la lengua castellana en Cataluña parece iniciarse por la elección en 1412 de Fernando I como rey, de origen castellano, cuya corte adoptó esa lengua, y que iría ganando prestigio internacional debido al peso demográfico y cultural castellano.

En los siglos siguientes los comerciantes, literatos y las clases altas de la sociedad fueron adoptando progresivamente la lengua castellana, cuyos intereses económicos y referentes culturales se orientaron hacia la Península y América, mientras que la clases bajas y rurales siguieron manteniendo el uso familiar y popular del catalán. La evolución de este proceso incrementó su intensidad por la imposición política que siguió a la derrota catalana de la Guerra de Sucesión Española en 1714 y los Decretos de Nueva Planta de 1716. La política borbónica imperante inducía a la unificación del Estado en todos sus aspectos, de los que la lengua no fue una excepción. El catalán fue relegado de puestos en favor del castellano en la administración, el ejército, la religión, la historia, la justicia, la enseñanza, el comercio y las artes mediante imposición legislativa. Sin embargo el catalán siguió manteniéndose como lengua familiar mientras el castellano lo era fuera del hogar. La situación política y cultural del siglo XIX permitió el surgimiento del movimiento cultural de la Renaixença ("Renacimiento") que motivó a muchos escritores a adoptar de nuevo la lengua catalana para su literatura y cuyo movimiento propició el prestigio del idioma. Posteriormente el catalanismo defendería el catalán desde un frente político y que ya entrado el siglo XX el catalán tenia una amplia variedad de medios de difusión. Sin embargo, las tiranteces políticas repercutieron en la prohibición del idioma en varias ocasiones, como con la Dictadura de Primo de Rivera. Durante la Segunda República Española, la cooficialización del catalán introducida por el estatuto de autonomía de Cataluña permitió el uso lingüístico de los dos idiomas en la administración y se permitió el catalán en la enseñanza, si bien la Guerra Civil y la Dictadura franquista prohibiendo su difusión pública y su enseñanza, que acompañado al movimiento migratorio de los años sesenta y setenta desde otras regiones de España, ofuscaron la presencia de la lengua catalana en Cataluña. La transición democrática introdujo en la Constitución la posibilidad de adoptar lenguas cooficiales, que en el estatuto catalán significó la cooficialidad del catalán junto al castellano para la autonomía de Cataluña.

La consideración legal de las lenguas ha variado sustancialmente desde la Transición democrática. La Constitución de 1978 menciona en su tercer artículo al castellano como «la lengua española oficial del Estado», así como a las demás lenguas españolas «oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas según sus Estatutos». En consonancia, el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1979 oficializa el castellano y el catalán como lenguas oficiales (el catalán de Cataluña, y el castellano en tanto que es la oficial del Estado español). El Estatuto de 2006 asegura además que «todas las personas tienen derecho a utilizar ambas y los ciudadanos de Cataluña el derecho y el deber de conocerlas». El mismo artículo precisa que la lengua propia de Cataluña es el catalán, y «como tal, el catalán es la lengua de uso normal y preferente de las Administraciones públicas y de los medios de comunicación públicos de Cataluña, y es también la lengua normalmente utilizada como vehicular y de aprendizaje en la enseñanza». Finalmente, el aranés (nombre dado a la lengua occitana en Arán) es precisada desde 2006 como la lengua propia de aquel territorio y oficial también en Cataluña. El mismo Estatuto de Autonomía dedica un capítulo (Título I, Capítulo II. De los derechos y deberes lingüísticos) que determina el derecho a no ser discriminado por razones lingüísticas y garantiza la validez y usos de ambas lenguas en la Administración pública y otras instituciones oficiales.

El mismo estatuto estipula el respeto por la lengua de signos catalana (LSC) y obliga a los poderes públicos a garantizar su uso y protección.

Cataluña es definida como nacionalidad en su Estatuto de autonomía, al amparo de lo dispuesto en el artículo segundo de la Constitución española, que reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las regiones que integran España.

En Cataluña hay presentes cuatro administraciones públicas, con diferentes niveles de responsabilidad y competencias políticas: la Administración General del Estado de España, la Generalidad de Cataluña, las Diputaciones provinciales -que desaparecerán con la entrada en vigor y despliegue del nuevo Estatuto de autonomía-, y los Ayuntamientos municipales.

La Administración General del Estado de España se ocupa de diferentes cuestiones como la seguridad (Cuerpo Nacional de Policía y Ejército), la Justicia, la gestión de puertos y aeropuertos, los trenes de RENFE, y las costas, entre las competencias más destacadas. A lo largo de los últimos años el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, dentro del marco de traspaso de competencias, están siendo relevadas por el despliegue progresivo sobre el territorio de los Mozos de Escuadra, policía autonómica de la Generalidad, que sustituirá antes del 2010 ambos cuerpos de seguridad estatales en el cumplimiento de algunas de las funciones que hasta ahora realizaban en la comunidad autónoma catalana.(ver seguridad). La Administración del Estado de España en Cataluña está coordinada desde la sede de la Delegación del Gobierno. El Delegado del Gobierno es designado directamente por el Gobierno de España por decreto.

La Generalidad de Cataluña, sistema institucional en que se organiza políticamente el autogobierno de Cataluña, tiene amplias competencias y gestiona diferentes ámbitos, desde educación, asuntos sociales, tránsito, determinación de políticas económicas y de comercio, etcétera. La Generalidad es también la responsable de la construcción de equipamientos públicos como hospitales, escuelas de primaria y secundaria, universidades, residencias para la tercera edad...

Cataluña ha venido reclamando históricamente amplios niveles de autogobierno. Actualmente, la Generalidad tiene competencia exclusiva en materias como cultura, turismo o vivienda. En otras áreas, como ordenación del crédito, banca y seguros, le corresponde el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado. Finalmente, en materias como propiedad intelectual e industrial, le corresponde la ejecución de la legislación estatal.

Cataluña dispone de una policía autonómica propia, denominada Policía de la Generalidad (en catalán Policía de la Generalitat-Mossos d'Esquadra), al amparo de lo dispuesto en el artículo 13 del Estatuto de autonomía. Desde 1994 los Mozos de Escuadra están en pleno proceso de despliegue, que está previsto que finalice en 2008, sustituyendo a la Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía, que dependen directamente del Ministerio del Interior, asumiendo la Policía Autonómica catalana las competencias en seguridad, que incluyen algunas de las funciones que tanto Guardia Civil y Policía Nacional venían desempeñando hasta ahora, principalmente en materias de seguridad ciudadana y trafico. El Estado mantendrá en Cataluña, una vez terminado el despliegue, un número limitado de agentes para ejercer las funciones de policía federal, en palabras del delegado del Gobierno central en Cataluña, en materias como la vigilancia de puertos, aeropuertos, costas y fronteras, aduanas, control de entrada y salida del territorio del Estado, régimen general de extranjería, extradición y expulsión, emigración e inmigración, documentos oficiales de identidad, tráfico de armas y explosivos, protección fiscal del Estado, contrabando y fraude fiscal y las otras funciones que la Constitución y la ley establecen.

A diferencia del País Vasco y de Navarra, cuyas relaciones de orden tributario con el Estado están reguladas mediante sus respectivos sistemas forales tradicionales, y de Canarias, Ceuta y Melilla, para las que la ley orgánica prevista en el artículo 157.3 de la Constitución, de financiación de las comunidades autónomas, establece peculiaridades; Cataluña, como las comunidades restantes, carece de una autonomía fiscal completa. La mayoría de los impuestos son recaudados por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, por lo que sus ingresos dependen de las transferencias que recibe de la Administración central.

La Generalidad, creada en las Cortes de Cervera de 1359 y restablecida por sendos decretos en 1931 y en 1977, es el sistema institucional en que se organiza políticamente el autogobierno en Cataluña. Está integrada por el Parlamento, la Presidencia de la Generalidad y el Gobierno, que son sus instituciones principales, así como por el resto de instituciones creadas por ley del Parlamento.

El Gobierno de Cataluña se compone del presidente de la Generalidad, el primer consejero, si procede, y los consejeros. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria.

El Parlamento de Cataluña se compone de ciento treinta y cinco diputados, elegidos para un plazo de cuatro años mediante sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. El Parlamento ejerce la potestad legislativa, aprueba los presupuestos de la Generalidad y controla e impulsa la acción política y de Gobierno.

Según lo dispuesto en el artículo 152.1 de la Constitución, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña culmina la organización judicial en el ámbito territorial de Cataluña.

Al amparo de lo dispuesto en el Estatuto de autonomía, Cataluña se rige por el derecho civil catalán, cuya conservación, modificación y desarrollo es competencia exclusiva de la Generalidad. Asimismo, de acuerdo con el artículo 35 del Estatuto de autonomía, una ley del Parlamento regula la figura del Síndico de Agravios (Síndic de Greuges, en catalán, equivalente al Defensor del Pueblo), que vela por la defensa de los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos en sus relaciones con las administraciones públicas.

En la proposición del nuevo Estatuto de autonomía, el Parlamento de Cataluña aprobó, de forma ampliamente mayoritaria, la definición de Cataluña como una nación. Sin embargo, el Congreso de los Diputados enmendó esa propuesta y excluyó la definición de nación del articulado del nuevo estatuto (aunque sí hace referencia en el Preámbulo a lo que en su día aprobó el Parlamento catalán, del siguiente modo: La Constitución española, en el artículo segundo, reconoce la realidad nacional de Cataluña como nacionalidad). Asimismo, otra referencia al carácter nacional de Cataluña amparado por el ordenamiento jurídico vigente se halla en el art.8.1 del Estatuto de Autonomía de 2006, al afirmar que Cataluña, definida como nacionalidad en el artículo 1, tiene como símbolos nacionales la bandera, la fiesta y el himno.

A juicio del Gobierno español, y del partido gobernante que respaldó su aprobación, el texto del preámbulo sólo tiene valor declarativo y no jurídico. A juicio del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, en su intervención en nombre del partido gobernante durante el debate en el Congreso de los Diputados del Estatuto de Autonomía de Cataluña, el preámbulo tiene importancia política, jurídica e interpretativa. El Partido Popular, principal partido de la oposición al Gobierno de España, presentó el 31 de julio de 2006 un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el nuevo Estatuto catalán por el posible uso inconstitucional del término nación en el Preámbulo (entre muchos otros aspectos), que fue admitido a trámite por el Alto Tribunal y que está pendiente de resolverse. El Defensor del Pueblo hizo lo propio el 19 de septiembre del mismo año.

Cataluña se organiza territorialmente en comarcas, municipios y provincias. Históricamente, también se ha organizado en regiones y veguerías, denominación esta última recuperada con el nuevo Estatuto de autonomía.

La Generalidad de Cataluña estableció una división administrativa en cuarenta y una comarcas, los órganos rectores de las cuales son los Consejos Comarcales. La división comarcal de Cataluña tiene su origen en un decreto de la Generalidad republicana de 1936, que tuvo vigencia hasta el final de la Guerra Civil. La división comarcal fue nuevamente adoptada por ley del Parlamento en 1987. Esta división se basó en criterios geográficos y de mercado local, que coincide en buena medida con anteriores entidades de territorio de gran tradición. Sólo hay cuatro comarcas (Berguedá, Cerdaña, Osona y Selva) que incluyen municipios pertenecientes a dos provincias, mientras que el resto lo hacen plenamente manteniendo las mismas fronteras de municipios.

El Valle de Arán (en aranés, Val d'Aran) merece atención especial ya que, aunque está incluido dentro de la organización comarcal, goza de mayor autonomía, de acuerdo con la Ley 16/1990, sobre el régimen especial del valle de Arán, aprobada por el Parlamento de Cataluña.

El municipio es la base territorial de Cataluña donde se cuentan por 946, de los cuales a fecha de 2008 (INE), 482 tenían menos de 1000 habitantes. 119 superan la población como para ser consideradas ciudad, y 63 superan los 20.000 habitantes (en los que vive el 70 por ciento de la población catalana).

La tasa de paro en Cataluña, a finales del 2005, era del 6,6 por ciento: un 5,5 en hombres y un 8,2 en mujeres.

La industria, la construcción, el turismo y los servicios son los principales sectores económicos de Cataluña.

Cataluña es el primer destino turístico de España: los 13,2 millones de turistas que recibió entre enero y noviembre de 2005 suponen un 25,3% del total de las llegadas registradas en toda España, y representan un incremento del 12,7% respecto al mismo período del año anterior. Los principales destinos turísticos de Cataluña son la ciudad de Barcelona, las playas de la Costa Brava gerundense y de la Costa Dorada tarraconense (donde también se encuentra el parque lúdico Port Aventura), y la zona pirenaica, donde hay 10 estaciones de esquí: Baqueira Beret, La Molina, Espot Esquí, La Masella, Port Ainé, Vall de Núria, Boí Taüll, Port del Comte, Rasos de Peguera, Tavascan y Vallter 2000.

La vivienda es el mayor motivo de endeudamiento de los catalanes. En este sentido, cabe señalar que Cataluña es, tras Madrid, la segunda comunidad de España donde está más caro el precio de la vivienda: se pagan de media 3.397 euros por metro cuadrado, según datos de la Sociedad de Tasación a 31 de diciembre de 2005. Por ciudades, sin embargo, Barcelona es la ciudad más cara de España, con un precio medio de 3.700 euros el metro cuadrado.

Desde el punto de vista financiero, cabe destacar la gran implantación y tradición que en Cataluña tienen las cajas de ahorro, mayor incluso que los bancos privados. Un ejemplo es que de las 46 cajas de ahorro españolas, 10 son catalanas. Destacan especialmente la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, conocida como "La Caixa", y que es la primera caja de ahorros de Europa, y Caixa Catalunya. En cuanto a bancos, el más importante de Cataluña es el Banco Sabadell, cuarto grupo bancario español.

La Bolsa de Barcelona, que en el año 2004 negoció casi 205.000 millones de euros, es la segunda más importante de España tras la Bolsa de Madrid.

Por su parte, la Feria de Barcelona organiza todo tipo de muestras y congresos de carácter internacional sobre variados sectores de la economía.

Cataluña está bien comunicada tanto por tierra, mar y aire. Para acceder por tierra existe una amplia red de autopistas y carreteras, y la red de ferrocarriles.

Los dos principales puertos de Cataluña, tanto por el transporte de pasajeros como de mercancías son el Puerto de Barcelona y el Puerto de Tarragona que, además, están considerados dos de los puertos más importantes de España y del Mediterráneo.

A parte de ellos, el litoral catalán está jalonado por una gran cantidad de puertos, tanto de pescadores como deportivos.

En Cataluña hay 12.000 kilómetros de vías para el tránsito de automóviles, aunque 10.843 de estos kilómetros corresponden a carreteras de calzada única. 962 kilómetros son de autopistas: de ellos, 655 kilómetros son de peaje y 307 son libres de pago.

De los 12.000 kilómetros de vías, 5.600 corresponden a vías cuya titularidad ostenta la Generalidad de Cataluña, 4.400 a las diputaciones provinciales, y 1.988 al Ministerio de Fomento de la Administración central.

La estructura de las autopistas está centralizada hacia Barcelona. La principal autopista es la AP-7, conocida como "Autopista del Mediterráneo", que atraviesa Cataluña uniendo, por un lado, Barcelona con La Junquera pasando por Gerona, y Barcelona con Valencia pasando por Tarragona. La AP-7 tiene un desvío que une Molins de Rei con Montmeló, evitando pasar por Barcelona ciudad. Esta carretera, la B-30, es el tercer cinturón de Barcelona y vertebra de norte a sur la populosa e industriosa comarca del Vallés donde viven un millón de personas.

La AP-2, que une Barcelona con Zaragoza pasando por Lérida, es la segunda autopista en tránsito de vehículos.

La C-32, también bautizada con el nombre de "Autopista Pau Casals", une Barcelona con El Vendrell con túneles que evitan el Parc Natural del Garraf. Con una longitud total de 56,3 kilómetros, la C-32 es la autopista más cara de Europa al tener dos peajes. C-32 también es el nombre que recibe la autopista de pago que une Barcelona y Palafolls (puerta de acceso a la Costa Brava), aunque en este tramo de 49 kilómetros es conocida como "Autopista del Maresme".

La C-25 une Riudellots de la Selva (Gerona) con Cervera (Lérida) evitando Barcelona. Tiene 153 kilómetros y es conocida como "Eje Transversal".

Cataluña fue el primer territorio peninsular español en tener ferrocarril. Fue el 28 de octubre de 1848 cuando se inauguró la línea entre Barcelona y Mataró, que cubría una distancia de 28,4 km. En los años siguientes, antes de la entrada del siglo XX, se construyeron más de 1.000 kilómetros de vía (casi el 80 por ciento de las vías actuales), con varias rutas entre las principales ciudades catalanas y Barcelona. La mayoría de las vías fueron financiadas por el capital privado de industriales que querían agilizar el transporte de sus mercancías hacia la gran ciudad.

Actualmente, pese a que se han modernizado los trenes, la red viaria sigue siendo prácticamente la misma que hace 100 años, con una estructura muy centralizada hacia Barcelona. Las dos rutas principales son la de la costa, que une Francia con la Comunidad Valenciana por el litoral catalán, y la ruta hacia Zaragoza, que une Barcelona con Lérida pasando por Manresa.

Las propietarias de las líneas ferroviarias de Cataluña son el ADIF y los Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya. Operan en Cataluña las operadoras Renfe y la misma FGC.

En los primeros meses del 2008, entro en servicio la linea de alta velocidad (AVE), con 3 lineas en servicio: Barcelona - Madrid, Barcelona - Sevilla y Barcelona - Málaga. La línea de alta velocidad será prolongada hasta la frontera francesa, donde continuará hasta conectar con la actual red francesa de alta velocidad, con lo cual se establecerá también una conexión ferroviaria rápida entre Barcelona y París.

Por otra parte, el gobierno de la Generalidad de Cataluña anunció en diciembre de 2005 un plan para construir 1.100 kilómetros de nuevas líneas, 300 en vías convencionales y 800 en vías de alta velocidad, que unirán las principales ciudades catalanas de forma transversal. El plan supondrá la inversión de 25.000 millones de euros entre el 2006 y el 2026.

La investigación científica y tecnológica ha sido uno de los pilares del desarrollo de Cataluña. Entre los científicos catalanes más célebres cabe mencionar a Narcís Monturiol, al astrónomo José Comas y Solá, el climatólogo Eduard Fontserè, o al bioquímico Joan Oró.

Actualmente se está haciendo una gran inversión económica por parte de las administraciones públicas y de entidades privadas para potenciar al máximo las investigaciones científicas y tecnológicas, no sólo en los centros universitarios sino en instituciones privadas. Destacan en este ámbito el trabajo de instituciones como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Cataluña.

En este sentido, cabe destacar la próxima inauguración del Parque de Investigación Biomédica que se está construyendo en Barcelona, y que será el más importante de Europa en el terreno biomédico; el proyecto del barrio 22@ de Barcelona, con el que se incentiva la instalación de todo tipo de empresas punteras en el ámbito tecnológico europeo; y la construcción de un sincrotrón en Cerdanyola del Vallés, que está previsto inaugurar en el año 2009.

En Tarrasa puede visitarse el Museo de la Ciencia y de la Técnica de Cataluña, y en Barcelona el CosmoCaixa, antes llamado Museo de la Ciencia.

Los pintores catalanes de mayor renombre internacional son Salvador Dalí, Joan Miró y Antoni Tàpies, todos ellos pertenecientes al siglo XX. Muy ligado al ambiente pictórico de Cataluña estuvo también el malagueño Pablo Picasso, que vivió su juventud en Barcelona, donde se formó como artista e inició el cubismo pintando, entre otras obras, "Las señoritas de Avignon". Otros catalanes que también han dejado huella en el mundo de las artes plásticas son Ramon Casas, Josep María Subirachs o Marià Fortuny.

Los museos pictóricos más relevantes de Cataluña son el Teatro-Museo Dalí, en Figueras (Gerona), el Museo Picasso de Barcelona, la Fundación Antoni Tàpies, y la Fundación Joan Miró, ambos en Barcelona, donde también son destacables el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC), el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA), el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB), y el CaixaFòrum.

La música es uno de los sectores más vigorosos de la industria cultural de Cataluña, tanto por el número de actividades y eventos musicales que tienen lugar a lo largo del año, como por la red de recintos musicales, y por la cantidad de productoras, compositores, intérpretes y grupos de diferentes géneros surgidos en Cataluña.

Una de las manifestaciones más conocidas de la cultura popular catalana son los castellers: el levantamiento de castillos humanos por parte de collas castelleras (peñas) que rivalizan entre ellas. Esta práctica, originaria de las tierras tarraconenses, se extedió por toda Cataluña y en los últimos años ha recibido un gran impulso social gracias a las retransmisiones televisivas y la creación de nuevas collas.

La sardana es la danza popular catalana por antonomasia, aunque también son tradicionales el baile de bastones, la moixiganga y la jota de las tierras del Ebro, muy similar a la jota aragonesa.

Musicalmente son características de Cataluña las habaneras, especialmente en las localidades marineras de la Costa Brava. En los meses veraniegos proliferan las cantadas populares al aire libre, siempre acompañadas de la degustación de ron quemado. También es muy representativa de la cultura popular la rumba catalana.

En las fechas señaladas o fiestas mayores siempre suelen estar presentes otros elementos de la cultura popular catalana: los desfiles de gigantes y cabezudos y los correfocs con diablos y petardos. Una de las fiestas más tradicionales de cataluña es, La Patum de Berga, declarada por la Unesco patrimonio oral e inmaterial de la Humanidad el día 25 de noviembre del año 2005.

Es significativa también la tradición del Tió de Nadal, el día de Navidad o, según la casa, durante la víspera se pone el Tió al fuego y se le hacía "cagar". Ahora ya no se quema el Tió, tan solo se le obliga a "cagar" repetidamente regalos para los más pequeños a base de arremeter continuados golpes de bastón acompañados de las llamadas canciones del Tió.

Además de las manifestaciones propias de la cultura tradicional catalana, en Cataluña también se puede disfrutar de manifestaciones culturales propias de otras regiones españolas fruto de la gran inmigración que ha recibido el territorio el último siglo y medio. En este sentido, son especialmente notables las actividades de la población de origen andaluz, y que tienen su máxima expresión en la organización de la Feria de Abril de Cataluña.

La gastronomía de Cataluña está basada en la dieta mediterránea. Ofrece una gran variedad de productos tanto del mar como de la montaña y la huerta. La cocina catalana ha aportado toda una serie de platos típicos de la región con guisos de pescado como los suquets o la zarzuela, la escudella, la calçotada, y la salvitxada. Es típico de Cataluña el Pa amb tomàquet, pan con tomate que acompaña a muchos platos de carne o embutidos, y con el que se elaboran los bocadillos. El alioli y el romesco son las salsas más características de la cocina catalana.

Es destacable la riqueza de embutidos que se elaboran en la comarca de Osona, especialmente el fuet de Vic.

En cuanto a la repostería, son famosas la crema catalana, los panellets, que se elaboran especialmente en noviembre, el Menjar blanc etc.

Cataluña también se distingue por su gran tradición vinícola. Las zonas del Penedés, Alella, Priorato y el Segre son grandes productoras de una gran variedad de vinos. El más conocido y exportado es el cava del Penedés, cuya producción lideran empresas familiares como Freixenet y Codorniu.

Cabe anotar que Cataluña ofrece una gran variedad de restaurantes con cocina de todas las regiones españolas, así como de cocina internacional. Pese a que Barcelona es la ciudad con mayor cantidad y variedad de restaurantes, los más prestigiosos, y distinguidos con más "estrellas Michelín", son "El Bulli" de Ferran Adrià, que se encuentra en Rosas (Gerona); el "Sant Pau" de Carme Ruscalleda que se encuentra en Sant Pol de Mar; y el restaurante "Can Fabes" de Santi Santamaría, situado en Sant Celoni.

Cataluña es, junto a la Comunidad de Madrid, la comunidad española con mayor número de medios de comunicación, tanto audiovisuales como escritos. Hay una gran cantidad de medios de comunicación tanto en lengua catalana como castellana, e incluso un gran número de medios bilingües.

La Televisión de Cataluña, cadena pública de Cataluña que emite íntegramente en lengua catalana, es la principal televisión catalana. Tiene cuatro canales: TV3, K3/Canal 33, el canal de notícias 24 horas 3/24 y el Canal 300. TV3 compite en audiencias con las televisiones estatales que emiten en Cataluña en lengua española: tanto la pública Televisión Española (que desde su centro de producción en Sant Cugat del Vallès elabora contenidos en lengua catalana), como las privadas Tele 5, Antena 3, Cuatro y La Sexta. Ésta última tiene su sede central en Barcelona, mientras que las otras tres cadenas privadas, con sede central en Madrid, tienen centros de producción en Cataluña, desde donde emiten diversos programas.

Otras televisiones de menor audiencia, aunque de presencia destacable son TD8-City TV, televisión privada del Grupo Godó que emite en catalán, el Canal Català de Televisió, y las televisiones locales, cuyo mayor exponente es Barcelona Televisió.

Los dos principales grupos editores catalanes de prensa y revistas son el Grupo Godó y el Grupo Zeta. Cada uno de los grupos tiene una gran variedad de cabeceras tanto de diarios de información general como deportiva, y de revistas.

Los dos principales diarios catalanes de información general son El Periódico de Catalunya (Grupo Zeta), que hace una edición en catalán y otra en castellano, y La Vanguardia (Grupo Godó), editada íntegramente en castellano. Son los dos periódicos con mayor tirada y distribución en Cataluña, por delante de diarios en castellano de ámbito estatal como "El País" o "El Mundo", que también tienen delegaciones en Cataluña. El Avui (Grupo Godó y Grupo Planeta) es, tras "El Periódico", el diario escrito en catalán con mayor tirada. En las provincias de Tarragona, Gerona y Lérida hay numerosos diarios escritos en catalán, y de ámbito más local. Los más destacados son El 9 Nou, El Punt, Regió 7, Diari de Girona y el Diari de Tarragona.

En el ámbito de la información deportiva destacan el Diario Sport, del Grupo Zeta, y El Mundo Deportivo (Grupo Godó). Ambos están escritos íntegramente en castellano. En lengua catalana destaca El 9 Nou.

La radio con mayor audiencia en Cataluña es Catalunya Ràdio, la radio pública perteneciente a la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió. Tiene una audiencia de 570.000 oyentes según el último Estudio General de Medios, lo que la convierte en la quinta emisora con más audiencia de España pese a sólo emitir en Cataluña y en lengua catalana. La corporación también tiene una emisora de notícias 24 horas, Catalunya Informació. La segunda cadena con más oyentes es la Cadena SER, que tiene en Radio Barcelona (la primera emisora de radio que se fundó en España) a su buque insignia. A mayor distancia en número de oyentes se sitúan el resto de emisoras: cuatro que emiten íntegramente en catalán, COM Ràdio (radio pública perteneciente a la Diputación de Barcelona,), RAC 1 (Grupo Godó), Ràdio 4, y Onda Rambla; y las cadenas estatales que emiten en castellano: Radio Nacional de España, la Cadena COPE, Onda Cero y Punto Radio.

Cataluña es sede de fuertes grupos comunicativos que actúan tanto en el sector audiovisual como en el de la prensa, la edición de libros y revistas, y la producción cinematográfica. Los más relevantes son el Grupo Godó, el Grupo Planeta, el Grupo Zeta. También son muy destacables, especialmente en el ámbito audiovisual, las productoras Gestmusic, El Terrat y Mediapro. Cabe no olvidar a la Corporació Catalana de Radio i Televisió, empresa pública de la administración autonómica catalana, titular Televisión de Cataluña y Catalunya Ràdio, entre otros medios.

Cataluña es una comunidad con gran tradición deportiva, especialmente desde finales del siglo XIX, cuando se fundaron grandes clubes en todos los ámbitos que, en algunos casos, fueron los primeros en fundarse en España en su disciplina. El deporte y la actividad física está profundamente arraigado en Cataluña, donde existe una gran red de centros e instalaciones deportivas, tanto públicas como privadas.

Los deportes más populares entre los catalanes son el fútbol, el baloncesto y el tenis. También destaca la afición por el atletismo, balonmano, el hockey sobre patines, el waterpolo, el ciclismo, automovilismo, motociclismo, el golf y el esquí. Cabe mencionar la gran cantidad de estaciones de esquí ubicadas en el Pirineo catalán, y en la vecina Andorra, a la que se desplazan numerosos catalanes. También son populares los deportes acuáticos, que se pueden practicar en cualquiera de las playas del litoral.

El fútbol es el deporte rey. Los clubs más importantes son el Fútbol Club Barcelona y el RCD Espanyol, que militan en la primera división del fútbol español. El primero siendo considerado actualmente como uno de los mejores equipos de futbol del mundo, ganando 18 veces el titulo de campeón de liga española, y dos veces la Liga de Campeones, además de otros importantes títulos.

La tradición deportiva de Cataluña se ha traducido en la organización de los más importantes eventos deportivos internacionales. Pues ha sido escenario de los únicos Juegos Olímpicos celebrados hasta la fecha en España, en el año 1992 (Barcelona 92), los Juegos Mediterráneos de 1955, los campeonatos del mundo de atletismo y natación, y el Eurobasket celebrado en dos ocasiones. Cataluña también acogió, en 1982, diversos partidos correspondientes a la Copa Mundial de Fútbol que se celebró en toda España.

En el Circuito de Cataluña se celebran cada año el Gran Premio de España de Fórmula 1 y el Gran Premio de Cataluña de Motociclismo. Asimismo, el Rally Costa Brava es puntuable para el Campeonato Mundial de Rally.

Doce federaciones deportivas catalanas están oficialmente reconocidas por las federaciones internacionales de sus respectivas disciplinas. Estas federaciones cuentan con selecciones en catorce disciplinas deportivas, ninguna de ellas olímpica, que participan a nivel internacional de manera oficial representando a Cataluña, y que por esta razón se postula como "país deportivo", un concepto político promovido por una entidad con sede en Barcelona sin reconocimiento internacional, y que vulnera abiertamente la Ley del Deporte (1990), que especifica que la selección española es la única que debe participar en competiciones oficiales internacionales.

Las catorce selecciones catalanas oficiales a nivel internacional son las de fútbol sala, corfbol, pitch & putt, fútbol australiano, fisioculturismo, taekwondo, twirling, kickboxing, kárate, icestock, raquetball, carreras de montaña, esquí de montaña, escalada y bolos. En algunas de estas disciplinas deportivas las selecciones catalanas se enfrentan a las selecciones españolas en competiciones oficiales internacionales, algo que excluye explícitamente la Ley del Deporte, que impide competir a las selecciones autonómicas en torneos oficiales en los que participe España.

En el resto de disciplinas deportivas las selecciones catalanas participan de forma oficial en competiciones españolas de carácter autonómico, o en eventos internacionales de carácter amistoso.

Además, tiene otros símbolos no oficializados, como el escudo. El burro catalán es una apuesta de un sector ciudadano nacionalista que surge en respuesta del Toro de Osborne. En el campo cultural, es representativa de Cataluña la lengua catalana y las artes, así como en lo folclórico, destaca la sardana y los castellers.

El gobierno autonómico tiene oficializado, además, su propio símbolo, llamado Emblema de la Generalidad de Cataluña que es utilizado en toda representación institucional.

Dada su extensión, el plan de protección de los bienes culturales y naturales de la Unesco conocido como Patrimonio de la Humanidad ha catalogado como tales numerosas obras que se encuentran en Cataluña. La primera adscripción fueron varias obras de Antoni Gaudí en 1984 por su contribución a la arquitectura modernista, a las que se añadieron algunas más en 2005 y se agruparon bajo la misma entidad. Estas obras son el Parque Güell, el Palacio Güell, la Casa Milá, la fachada del Nacimiento y la cripta de la Sagrada Familia, la Casa Vicens, la Casa Batlló y la Colonia Güell. En 1991 se añadió a la lista el Monasterio de Poblet, donde reposan numerosos monarcas de la Corona de Aragón. Siete años después se sumó bajo el mismo título el Arte rupestre del arco mediterráneo de la Península Ibérica, que se extiende por el litoral mediterráneo peninsular, en el que Cataluña contribuye con numerosas muestras. En 2007 se declaró como tales el Palau de la Música Catalana y el Hospital de Sant Pau en una misma entidad, ambas obras modernistas de Lluís Domènech i Montaner. En 2000 se añadieron a la lista dos conjuntos: el formado por las Iglesias románicas del Valle de Bohí y el Conjunto arqueológico de Tarragona. La última incorporación fue la de la Patum de Berga, en 2005, categorizada como Patrimonio oral e inmaterial de la Humanidad.

Al principio



Guerra Sucia en la Argentina

Videla y Martínez de Hoz, máximo referente de los empresarios durante el gobierno militar

Con el término Guerra Sucia en la Argentina se designa internacionalmente de modo habitual al régimen de violencia indiscriminada, persecuciones, represión ilegal, tortura sistematizada, desaparición forzada de personas, manipulación de la información y terrorismo de Estado que caracterizó a la dictadura militar autodenominada Proceso de Reorganización Nacional, la cual gobernó al país entre los años 1976 y 1983.

La denominación alude al carácter informal e irreglamentado del enfrentamiento entre el poder militar —desligado de la autoridad civil—, contra la misma población civil y las organizaciones guerrilleras, que no obtuvo en ningún momento la consideración explícita de guerra civil. El uso sistemático de la violencia y su extensión contra objetivos civiles en el marco de la toma del poder político y burocrático por las Fuerzas Armadas, determinó la inmediata suspensión de los derechos y garantías constitucionales y propició la aplicación de tácticas y procedimientos bélicos irregulares a toda la población.

No obstante, la denominación como "guerra" es objetada por algunas organizaciones políticas y de derechos humanos, sosteniendo que se trata de un argumento esgrimido originariamente por la dictadura militar para justificar la represión indiscriminada. Una de las consideraciones tenidas en cuenta es la disparidad de víctimas de ambos lados, que hace inadecuada la definición de "guerra"; en su lugar, la moderna jurisprudencia argentina la ha definido como "genocidio".

Antes de 1976, la violencia política en Argentina había ido escalando en un contexto internacional que la retroalimentaba (guerra fría, anticomunismo, movimientos de liberación nacional, foquismo, auge de la guerrilla).

Pocos meses antes del derrocamiento de Juan Domingo Perón, en junio de 1955, aviadores militares de la Marina de Guerra bombardearon Plaza de Mayo causando más de 300 muertos. En 1956, ya producido el golpe militar, una sublevación peronista fue reprimida con el fusilamiento del General Juan José Valle y otros participantes, incluyendo un episodio de fusilamientos clandestinos en la localidad de José León Suárez (Buenos Aires).

En 1959 se produjo la Revolución Cubana, que tendría una fuerte influencia, sobre todo entre los jóvenes y a través de la figura del Che Guevara, en la promoción de la guerrilla urbana en América Latina, también llamada por entonces "la vía armada". Ese mismo año aparecio la primera fuerza guerrillera a mediados de 1959 con el nombre de Uturuncos en la provincia de Tucuman.

En 1963 fue secuestrado y hecho desaparecer, el activista sindical Felipe Vallese, perteneciente a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM-CGT) a quien se considera generalmente el primer desaparecido de la historia argentina contemporánea en tanto otros reivindican como primer desaparecido a Juan Ingallinela, dirigente comunista detenido el 17 de junio de 1955 durante la segunda presidencia de Juan Domingo Perón y luego de los bombardeos a Plaza de Mayo. El cuerpo de Ingallinela nunca fue encontrado, aunque posteriormente el oficial Tixie reconoció su tortura y posterior asesinato. Fueron juzgados y condenados por ese hecho los comisarios Félix Monzón y Francisco Lozón y sus ayudantes Luis Tixie, Fortunato Desimone, Arturo Lleonart y Santos Barrera.

Ese año el Ejercito Guerrillero del Pueblo (EGP) compuesto inicialemente por unos 12 guerrilleros y al mando del Comandante Segundo Jorge Masetti estableció una zona de operaciones en la provincia de Salta, por ordenes de Ernesto Che Guevarra. En mayo de 1964 una patrulla de la Gendarmería descubre uno de sus campamentos, que terminará con la derrota del grupo.

En 1964 se produjo en Brasil el primero de una serie de golpes de estado de nuevo tipo que tenían como fin establecer dictaduras militares permanentes, categorizadas por el politólogo Guillermo O'Donnell como Estado burocrático-autoritario. El modelo se extendería a todo el Cono Sur, promovido desde la Escuela de las Américas de los Estados Unidos en Panamá, bajo la llamada Doctrina de la Seguridad Nacional en el marco de la Guerra Fría.

En 1966 se instaló la primera dictadura militar de tipo permanente en Argentina: la Revolución Argentina (1966-1973). Durante su curso la violencia política se dispararía. En las manifestaciones callejeras comenzaron a ser asesinados manifestantes al azar cuyos nombres (Santiago Pampillón, Juan José Cabral, Máximo Mena, Adolfo Ramón Bello, Luis Norberto Blanco, Hilda Guerrero de Molina, etc.) fueron enarbolados bajo lemas como "la sangre derramada no será negociada". Comenzaron a sucederse una serie de asesinatos de líderes sindicales, militares, políticos y empresariales de primer nivel, de alto impacto en la opinión pública (Vandor, Aramburu, José Alonso, Sallustro, Juan Carlos Sánchez, Roberto Mario Uzal, Emilio Berisso). Estallaron hechos insurreccionales urbanos masivos que adoptaron nombres como Cordobazo, Rosariazo, Mendozazo, Correntinazo, Tucumanazo, Choconazo, Rocazo, Vivorazo. Se formaron las organizaciones guerrilleras Ejército de Liberación Nacional (ELN), FAR, FAP, Montoneros, ERP, que realizaron operaciones, copamientos, atentados y asesinatos de alto impacto. Entre 1971 y 1972 las organizaciones guerrilleras mataron a 95 policías y algunos militares.

El 22 de agosto de 1972 un grupo de guerrilleros detenidos fueron fusilados clandestinamente en una base militar de Trelew. Este hecho en particular fue luego considerado como la primera acción concreta del terrorismo de estado en la Argentina.

En esas condiciones el gobierno militar decidió convocar a elecciones el 11 de marzo de 1973, donde ganó con el 50% de los votos el candidato presentado por el peronismo, Héctor Cámpora, ante la proscripción de Juan Domingo Perón. Pocos días después Cámpora renunció para permitir nuevas elecciones libres, en la que triunfó la fórmula Juan Domingo Perón - María Estela Martínez de Perón, con el 62% de los votos. Menos de un año después, el 1 de julio de 1974, Perón falleció y debió asumir la presidencia su esposa, María Estela Martínez de Perón, que sería derrocada el 24 de marzo de 1976. En este período inmediatamente anterior al golpe militar de 1976, la violencia política agravó su escalada.

La organización guerrillera ERP permaneció militarmente activa luego de las elecciones de 1973, lanzando una audaz incursion contra la planta nuclear Aler Atucha el 25 de marzo de 1973. Montoneros afirmó que suspendía sus operaciones militares aceptando la amnistía propuesta por Cámpora. Pocos días antes de asumir el presidente Cámpora, fueron asesinados el Almirante Hermes Quijada por el ERP-22 de Agosto, y el dirigente sindical Dirk Henry Kloosterman, secretario general del Sindicato de Trabajadores Mecánicos (SMATA), por las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP). El 20 de junio de 1973, en ocasión del regreso definitivo de Perón al país, y ante una movilización de millones de personas jamás vista en la historia argentina, se produjo un enfrentamiento armado de enormes proporciones entre Montoneros y otros grupos de civiles armados, de tendencias peronistas antagónicas, en el cual murieron entre 13 y 25 personas y 365 heridos: el hecho es conocido como la Masacre de Ezeiza.

Durante todo 1973 se sucedieron atentados, secuestros y asesinatos. Entre ellos se destacó el sufrido el 25 de septiembre de 1973 que causó la muerte de José Ignacio Rucci, secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), realizado por Montoneros. Poco después, el 21 de noviembre de 1973 realizó su primer atentado la Triple A, una organización parapolicial de tendencia derechista, dirigida desde el gobierno por el Ministro de Bienestar Social, José López Rega.

Simultáneamente Uruguay y Chile, dos países reconocidos por el respeto de la institucionalidad democrática, sobre todo el primero, sufrieron golpes de estado, conformando una situación subregional en el Cono Sur, donde Argentina aparecía como el único país en el que persistían las instituciones democráticas. Primero, el 27 de junio, se instaló una dictadura cívico-militar en Uruguay que permanecería en el poder hasta 1985. Luego, el 11 de setiembre de 1973 se produjo un sangriento golpe militar en Chile en el cual asumiría el poder el General Augusto Pinochet, quien se mantendría en el poder hasta 1990. Existieron conexiones estrechas entre las dictaduras militares establecidas en aquellos años en el Cono Sur, que se expresaron en el llamado Plan Cóndor y que en 1974 se manifestaron con el asesinato en Buenos Aires del ex Vicepresidente de Chile y ex Comandante en Jefe del Ejército chileno, General Carlos Prats, por haber sido colaborador del derrocado Presidente Salvador Allende.

En enero de 1974 el ERP atacó la guarnición militar de Azul, donde fueron muertos el jefe del Regimiento de Caballerí­a de Tanques 10 “Húsares de Pueyrredón”, coronel Camilo Gay y su esposa, y secuestrado el jefe del Grupo de Artillería Blindado 1, teniente coronel Jorge Ibarzábal. Los guerrilleros atacaron vestidos en uniformes de soldados y en la acción que dura siete horas muere también el Soldado Gonzáles y son heridos cinco soldados de la guarnicion.

Ese año fueron también asesinados, entre otros, el dirigente sindical Rogelio Coria, secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA); el alto dirigente radical Arturo Mor Roig; el director del diario El Día de La Plata, David Kraiselburd; el dirigente sindical petrolero Carlos Pierini; el dirigente sindical y ex-gobernador justicialista de Córdoba, Atilio López; el abogado Silvio Frondizi; el jefe de la Policía Federal Alberto Villar y su esposa; el Capitán Humberto Viola y su pequeña hija; el sacerdote Carlos Mugica; el abogado Rodolfo Ortega Peña.

En agosto de 1974, el ERP atacó la Fábrica Militar de Villa María (Córdoba) y, simultáneamente, el Regimiento 17 de Infantería Aerotransportado de Catamarca en una acción en que murieron alrededor de 20 guerrilleros y tres miembros de las fuerzas de seguridad. El 6 de setiembre Montoneros pasó a la clandestinidad, y el 19 de setiembre conmovió al país con el secuestro de los hermanos Juan y Jorge Born, dueños del poderoso grupo empresarial Bunge & Born que es considerado el secuestro y extorsión más grande de la historia, estimado en 60 millones de dólares. En 1974 murieron asesinadas 187 personas a causa de la violencia política.

El año 1975 registró una extremadamente alta violencia política agravada por un serio vacío de poder. En ese año de 1975 las organizaciones armadas irregulares concretaron acciones de muy alto impacto. Montoneros incursionó por primera vez en el copamiento de una unidad militar, asaltando a la guarnacion militar de Formosa el 5 de octubre. Por su parte el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) trató de tomar el cuartel militar de Monte Chingolo (Provincia de Buenos Aires) el 23 de diciembre, y en el hecho perdieron la vida gran cantidad de sus combatientes.

En 1975 la cantidad de asesinatos de impacto público disminuyeron (John Patrick Egan, cónsul de los Estados Unidos en Córdoba; el General Jorge Cáceres Monié y su esposa), pero se multiplicó la cantidad total, alcanzando el punto más alto de las últimas dos décadas: 490 asesinatos, contra 187 que se habían registrado el año anterior.

Históricamente," el hecho más importante fue el llamado Operativo Independencia, autorizado por la presidenta María Estela Martínez de Perón en acuerdo de ministros, mediante el famoso Decreto 261/75 del 5 de febrero en el que se ordenó al Ejército intervenir y "aniquilar el accionar de elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán" (art. 1). El uso del término "aniquilar" ha dado lugar a fuertes discusiones sobre el significado y alcance del mismo, en referencia directa al concepto de guerra sucia.

Esa metodología fundada en la intervención de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior, basadas en el aniquilamiento, sería extendida a todo el país mediante los Decretos 2770, 2771, y 2772 de octubre de 1975. El 28 de octubre mediante la Directiva del Comandante General del Ejército 404/75 (Lucha contra la subversión), se dispuso la zonificación militar del país en 5 zonas, divididas a su vez en subzonas y áreas, con sus correspondientes responsables militares.

La intervención militar en Tucumán estuvo motivada en el control alcanzado por el ERP en esa provincia, que alcanzó a un tercio de la misma, hecho que llevó a Mario Santucho -lider de la organización- a declarar una "zona liberada", para pedir apoyo y reconocimiento de los paises comunistas como bando "beligerante". Los enfrentamientos y acciones represivas en Tucumán, causaron la muerte de una considerable cantidad de militares, guerrilleros y ciudadanos que no formaban parte de ninguno de los dos bandos. Entre los hechos bélicos se destacan el derribamiento de un avión de transporte del Ejército, la emboscada en la que resulta muerto el capitán Héctor Cáceres, el ataque de la "Compañía Combate de San Lorenzo" del ERP al Batallón de Arsenales 121 de Rosario, el combate de Manchalá y la explosión de una bomba bajo un avión Hércules que salía de Tucumán en operación conjunta del ERP y Montoneros.

En la segunda mitad del año se producen otros enfrentamientos fuera de Tucumán, como un ataque al destructor misilistico ARA Santísima Trinidad y otro al Regimiento 29 de Infantería Montaña, en Formosa. En noviembre aviones A-4B Skyhawk de la Fuerza Aérea entran en acción con bombas napalm prohibidas por la Convención de Ginebra, en apoyo del Ejército.

El 23 de diciembre el Batallón urbano “José de San Martín” del ERP realizó con gran cantidad de combatientes un asalto al Batallón de Arsenales 601 "Domingo Viejobueno" del Ejército ubicado en Monte Chingolo y el 30 de diciembre hizo explotar una bomba adentro del Edificio Cóndor de la Fuerza Aérea.

Los primeros meses de 1976 se caracterizaron por la continuidad del alto nivel de violencia política, combinada con un casi completo vacío de poder y descontrol institucional. El 22 de marzo fue asesinado el dirigente sindical Atilio Santillán (FOTIA-CGT). En Tucumán el Ejército venció el 13 de febrero a la Fuerza de Monte del Ejercito Montonero. El 23 de marzo el diario La Opinión de Buenos Aires tituló: "Argentina inerme ante la matanza". El 24 de marzo se produjo el previsible golpe de Estado, apoyado por algunos sectores, rechazado por otros, y ante la pasividad de la mayor parte de la población, dando así inicio a un gobierno militar que se autodenominó Proceso de Reorganización Nacional, caracterizado por implementar una política represiva en la línea del terrorismo de estado, luego conocida también como Guerra Sucia.

Luego de instalada la dictadura militar Montoneros realizó una serie de ataques con bombas, en una de las cuales resultó muerto el general Cesáreo Cardozo, al mando de la Policía Federal. Al año siguiente, el 18 de febrero de 1977, el ERP ejecutó un atentado fallido contra la cabeza de la Junta Militar, Jorge Rafael Videla, que recibió el nombre de Operación Gaviota.

En ese período Montoneros contraatacó contra el régimen militar. El 2 de julio de 1976 detonaron una bomba en el comedor de la Superintendencia de Coordinación de la Policía Federal, en la ciudad de Buenos Aires, en momentos del almuerzo de los oficiales, causando la muerte de 23 policías y un civil, resultando también heridos 60 oficiales; en el lugar funcionaba un centro clandestino de detención. Como represalia, esa noche y los días subsiguientes fueron asesinados entre 46 y 76 detenidos-desaparecidos.

El 12 de setiembre Montoneros destruyó un bus policial en Rosario con un coche bomba, matando a 9 policías y dos civiles, e hiriendo gravemente a por lo menos 50, Durante el 8 de octubre fueron atacados con bombas las oficinas de las compañías Fiat, Mercedes Benz y Chevrolet. Finalmente el 16 de diciembre hicieron estallar otra bomba en sala de películas del Ministerio de Defensa, matando a por lo menos 14 personas y resultando heridos 30 oficiales y miembros de familia.

El 24 de marzo de 1976 asumió el poder, como "órgano supremo de la Nación", una Junta de Comandantes de las tres fuerzas armadas integrada por el General Jorge Rafael Videla, el Almirante Emilio Eduardo Massera y el Brigadier general Orlando Ramón Agosti. El primero a su vez, fue designado con el título de presidente con la mayor parte de las funciones de los poderes ejecutivo y legislativo. "En ejercicio del poder constituyente" la junta estableció un Estatuto al que deberían someterse todas las otras leyes incluida la Constitución.

El estado de sitio, con la suspensión de las garantías constitucionales, ya había sido declarado durante el Gobierno de María Estela Martínez de Perón, por Decreto 1368/1974. Pocos días después el gobierno militar sancionó la Ley 21.275 suspendiendo el derecho constitucional de opción a salir del país (Constitución Nacional, art 23).

Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA el gobierno militar explicó que era necesario vincular "el tema de los derechos humanos con la necesidad de reprimir el terrorismo y la subversión como medio para preservar la seguridad nacional".

La directiva de operaciones represivas 504/77 establecía que la detención de los obreros sospechosos "se efectuará con el método que más convenga fuera de las fábricas y de manera velada".

Los procedimientos represivos que caracterizaron la guerra sucia en Argentina escandalizaron a la opinión pública mundial y causaron un gran desprestigio internacional de los militares argentinos.

En realidad se estableció un sistema descentralizado de represión, a cargo de las zonas y áreas militares, en el que cada jefe militar tenía carta blanca para ejecutar el plan represivo (Balza,2005 ).

La desaparición forzada fue el régimen que caracterizó al Proceso de Reorganización Nacional. Más del 95% de los asesinatos y detenciones fueron intencionalmente ocultados.

En Argentina, durante la guerra sucia, la práctica habitual era detener ilegalmente y en secreto, a través de equipos militares especiales (GT: Grupos de Tareas), a los opositores y enviarlos a centros clandestinos de detención (CCD) donde inevitablemente eran torturados. Luego de un tiempo el prisionero o prisionera, o bien era asesinado, también en forma clandestina y sin guardar registros del momento y lugar, o bien era "blanqueado" y pasaba a una cárcel legal haciéndose pública su situación, o directamente liberado.

Un caso especial son los hijos de desaparecidos, hijos pequeños de los opositores secuestrados, respecto de los cuales se sabe que la mayoría no fueron asesinados, y fueron entregados clandestinamente a padres adoptivos, suprimiéndoles su identidad. La mayor parte de esos niños aún continúan desaparecidos; se estima su número en unos 500. Las Abuelas de Plaza de Mayo han encontrado hasta septiembre de 2006, 85 niños desaparecidos.

One hundred thousand disappeared lost in the jails of South America Cuddle up baby Cuddle up tight Cuddle up baby keep it all out of sight undercover Keep it all out of sight Undercover of the night ............................................. Cien mil desaparecidos, Perdidos en las cárceles de Sudamérica. Acurrúcate, cariño, Acurrúcate fuerte. Acurrúcate, cariño, Mantén todo fuera de la vista Encubierto Mantén todo fuera de la vista Encubierto de la noche.

La desaparición forzada de personas y su impacto en la sociedad argentina fue reflejada en una exitosa canción de Charly García titulada "Dinosaurios", del año 1983.

Para implementar la táctica de desaparición forzada de personas el gobierno militar creó cientos de centros clandestinos de detención (CCD).

Los primeros CCD fueron instalados en 1975, antes del golpe militar del 24 de marzo de 1976. En ese año ya estaban en funcionamiento la Escuelita en Faimallá (Tucumán) y el Campito (Provincia de Buenos Aires). También en 1975 funcionó un CCD en la planta de la empresa Acindar en Villa Constitución, presidida por Martínez de Hoz, como parte de la estructura represiva organizada para reprimir la huelga declarada por el sindicato (UOM) en mayo de ese año.

En el año 1976 llegaron a existir 610 CCD, pero muchos de ellos fueron temporarios y circunstanciales. Luego de los primeros meses posteriores al golpe de estado, la cifra se estabilizó en 364 CCD. En 1977 la cantidad se redujo a 60. En 1978 había 45 y en 1979 7 CCD. En 1980 quedaban dos: la ESMA y el Campito (Campo de Mayo). En 1982 y 1983 la ESMA era el único campo de concentración que seguía siendo utilizado.

En Buenos Aires hubo 60 centros, en la provincia de Córdoba 59 y en Santa Fe 22.

Cinco grandes centros fueron el eje de todo el sistema: la ESMA y Club Atlético en la Ciudad de Buenos Aires; el Campito (Campo de Mayo) y el Vesubio en el Gran Buenos Aires (Provincia de Buenos Aires); y la Perla en Córdoba.

A pesar de sus diferencias los CCD fueron organizados con una estructura y un régimen de funcionamiento similar. Todos los CCD contaban con una o más salas de torturas, amplios espacios para mantener a los desaparecidos siempre en condiciones de gran precariedad, y un centro de viviendas para los torturadores y guardias. Casi todos tenían algún tipo de servicio médico. En algunos casos hubo servicios religiosos permanentes para el personal militar.

Durante su permanencia en el CCD se procedía sistemáticamente a la deshumanización de los detenidos-desaparecidos mediante diversos procedimientos: sustitución del nombre por un número, violaciones, animalización, humillación, hacinamiento, condiciones intolerables de alojamiento, desnudez forzada, racismo, antisemitismo, homofobia, etc.

También existió una política y un procedimiento común para las detenidas-desaparecidas que se encontraban embarazadas. En ese caso se postergaba el asesinato y se producía un parto clandestino con supresión de la identidad del bebé quien era entregado para su crianza a personas íntimamente vinculadas al sistema represivo, y en algunos casos partícipes del asesinato de los padres y/o madres biológicos.

La tortura fue un componente central del plan represivo del gobierno militar. Los centros clandestinos de detención (CCD) fueron creados y diseñados para poder practicarla ilimitadamente. Al redactar el famoso informe "Nunca Más" en 1984, los miembros de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP) no pudieron evitar sobrecogerse ante el "inmenso muestrario de las más graves e incalificables perversiones" que tenían ante sus ojos, y debatieron el modo de evitar que ese capítulo del informe se convirtiera en una enciclopedia del horror.

El Capítulo V (Derecho a la seguridad e integridad personal), punto D (Apremios ilegales y torturas), del Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del 14 de diciembre de 1979, está dedicado precisamente a registrar los casos de tortura que le fueron denunciados. El mismo puede leerse aquí.

Por su parte, el título C, del primer capítulo del Informe Nunca Más de la CONADEP está dedicado las torturas que se practicaban en los CCD, en tanto que se incluye un título especial para referirse a las torturas en el domicilio de las víctimas.

No es posible separar las torturas de todo el resto de análisis del terrorismo de Estado en Argentina. La tortura es un elemento omnipresente de la llamada guerra sucia en Argentina. La tortura y sus imágenes se establecieron como el eje del terror, para las víctimas directas, y más allá para los familiares, conocidos y la población en general. Aún años después, décadas después, esas imágenes conmueven hasta lo insoportable a los adultos, y angustian a los niños de las nuevas generaciones.

La picana eléctrica es el instrumento de tortura alrededor del cual se diseñaron y construyeron las salas de tormentos, a las que en todos los CCD llamaban "quirófanos". La picana era denominada "máquina"; en La Perla le llaman "Margarita". En La Perla, la sala de torturas tenía un cartel que decía: "Sala de terapia intensiva - No se admiten enfermos", mientras que en la de El Vesubio estaba colocado un cartel que decía «si lo sabe cante, si no aguante».

Era habitual combinar violación y tortura. Más allá de la tortura eléctrica y la violación, los instrumentos, métodos y grado de crueldad de los tormentos, excede la comprensión de una persona promedio: simulacros de fusilamiento, el submarino, estiletes, pinzas, drogas, el cubo (inmersión prolongada de los pies en agua fría/caliente), quemaduras, suspensión de barras o del techo, fracturas de huesos, cadenazos, latigazos, sal sobre las heridas, supresión de comida y agua, ataque con perros, rotura de órganos internos, empalamiento, castramientos, sufrir tortura ante o presenciar la tortura de familiares y a veces niños, mantener las heridas abiertas, permitir las infecciones masivas, cosido de la boca...

El sadismo de los torturadores es un dato común. Todos los detenidos-desaparecidos eran torturados: hombres, mujeres, ancianos, ancianas, adolescentes, discapacitados, mujeres embarazadas y niños (hay varios casos de niños menores de 12 años torturados frente a sus padres).

El informe de la CONADEP define lo que debieron padecer los desaparecidos como un "descenso al infierno".

Los "vuelos de la muerte" fueron un sello atroz de la guerra sucia en Argentina. Mediante los "vuelos de la muerte" miles de detenidos-desaparecidos fueron tirados al mar vivos y drogados, desde aviones militares.

En 1995, un marino de la ESMA, Adolfo Scilingo, se quebró emocionalmente y le relató extensamente al periodista Horacio Verbitsky, el modo como se aplicaba una metodología de exterminio denominada por sus propios autores como vuelos. Su relato fue publicado como libro, con el título de “El vuelo”. Debido a estas confesiones Scilingo resultó condenado a 640 años de prisión, en España, donde se encuentra cumpliendo su pena.

Scilingo, en sus testimonios, detalla el procedimiento, la autorización de la Iglesia Católica, la utilización de inyecciones, el tipo de aviones (Electra, Skyvan ), la amplia participación de los oficiales, la utilización del aeropuerto militar que se encuentra en Aeroparque (ciudad de Buenos Aires), entre otros detalles.

Sin bien existen pocos datos, la desaparición de los cadáveres de los detenidos-desaparecidos arrojándolos al mar desde aviones, parece haber sido un método generalizado, además de las tumbas clandestinas. La Fuerza Aérea uruguaya reconoció en 2005 que se realizaban vuelos de la muerte en combinación con las Fuerzas Armadas argentinas (Operación Cóndor).

En 2005 se probó por primera vez el itinerario seguido por un grupo de víctimas asesinadas mediante vuelos de la muerte. El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) identificó los restos de las madres de Plaza de Mayo, Esther Ballestrino, María Eugenia Ponce, Azucena Villaflor, la militante Ángela Auad , y la monja francesa Léonie Duquet determinando que las mismas habían sido secuestradas en Buenos Aires, detenidas y torturadas en la ESMA y arrojadas vivas al mar desde un avión frente a las playas de Mar del Tuyú.

Un trailer del film "Garaje Olimpo", relacionado con los vuelos de la muerte, puede ser visto en este sitio.

La Guerra Sucia en Argentina fue parte de una operación continental. La Operación Cóndor fue el nombre con el que se designó el plan de inteligencia y coordinación entre los servicios de seguridad de los regímenes militares del Cono Sur (Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia), con conexiones con las fuerzas militares de Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela, y cooperación y apoyo operativo de los Estados Unidos. La Operación Cóndor constituyó una organización clandestina internacional para la práctica del terrorismo de Estado a escala continental.

La Operación Cóndor ha podido ser descubierta básicamente a partir de los documentos secretos del gobierno estadounidense desclasificados en época del presidente Bill Clinton.

Fue concebida y diseñada por el entonces Coronel chileno Manuel Contreras quien en 1975, redactó un extenso documento con las proposiciones para su funcionamiento. El primer paso hacia la organización se produjo a mediados de 1975 cuando el Coronel chileno Mario Jahn, viajó a Paraguay y entregó al Coronel paraguayo Benito Guanes, el documento de organización del mecanismo y lo invitó a participar en la Primera Reunión de Trabajo de Inteligencia Nacional, realizada en Santiago de Chile entre el 25 de noviembre y el 1 de diciembre de 1975. En esa reunión se decidió organizar la Operación Cóndor entre los seis países del Cono Sur (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Luego se sumarían, con distintos grados de compromiso, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. Tuvo su centro de operaciones en Santiago de Chile y su principal coordinador fue Manuel Contreras, quien era conocido como "Cóndor Uno".

El 26 de abril de 2000 el ex gobernador de Río de Janeiro Leonel Brizola sostuvo que los ex presidentes del Brasil, João Goulart y Juscelino Kubitschek, fueron asesinados en el marco del Plan Cóndor, simulándose un ataque cardíaco y un accidente, respectivamente y que ello debía ser investigado.

La Fuerza Aérea uruguaya ha reconocido oficialmente la realización de vuelos de la muerte conjuntos con el régimen militar argentino.

Orgánicamente, la Operación Cóndor comenzó a ser desmontada cuando cayó la dictadura argentina en 1983. Sin embargo, los contactos y los asesinatos coordinados continuaron. En abril de 1991, se puso en marcha la Operación Silencio para impedir el enjuiciamiento de los responsables.

El 31 de mayo de 2001, mientras Henry Kissinger se encontraba en París, fue notificado por el juez Roger Le Loire que debía presentarse a declarar sobre su participación en la Operación Cóndor, lo que provocó la inmediata salida del ex secretario norteamericano, de Francia. Pocos meses después, Kissinger debió cancelar una visita a Brasil, porque el gobierno no podía garantizarle inmunidad judicial.

El 22 de diciembre de 1992, se descubrió en una estación de policía de Lambaré, Asunción (Paraguay), los llamados archivos del terror, expedientes en los que existen constancias documentales sobre el terrorismo de estado en el Cono Sur. Según los archivos descubiertos en Lambaré (Asunción) en 1992, el plan Cóndor causó 50.000 muertos, 30.000 desaparecidos y 400.000 presos..

En febrero de 2004, el periodista estadounidense John Dinges, publicó Operación Cóndor: una década de terrorismo internacional en el Cono Sur, donde entre otras cosas revela que los militares uruguayos intentaron asesinar al diputado estadounidense Edward Koch en 1976.

A partir de 1979 el régimen militar argentino se comprometió activamente en desarrollar la guerra sucia en Centroamérica, capacitando a fuerzas militares y paramilitares de contrainsurgencia en Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, y exportando la experiencia argentina.

Los militares argentinos comenzaron a realizar operaciones encubiertas que la CIA ya no podía realizar bajo la administración demócrata del presidente James E. Carter y en sintonía con los grupos más conservadores norteamericanos, comenzaron a proclamar que Estados Unidos había dejado inerme al hemisferio frente al comunismo y que ellos debían cumplir ese papel.

En 1979, se produjo el triunfo del Frente Sandinista en Nicaragua y ese mismo año el presidente de la Junta Militar argentina, el general Viola, expuso ante la XIII Conferencia de Ejércitos Americanos realizada en Bogotá, un plan de latinoamericanización del modelo terrorista estatal.

Pero será fundamentalmente el general Galtieri quien, en consonancia con el triunfo de Ronald Reagan en Estados Unidos, llevaría a la Argentina a comprometerse plenamente en la Guerra Sucia Centroamericana, bajo los lineamientos estratégicos norteamericanos. Galtieri presentaba como un valor su capacidad para llevar la guerra sucia hasta las últimas consecuencias tanto militar, como política y culturalmente.

A principios de 1982 Estados Unidos y la dictadura argentina planearon la creación de un gran ejército latinoamericano, que sería liderado por un militar argentino, con el objetivo de invadir Nicaragua y aniquilar a los sandinistas. Paradójicamente, la invasión de las Malvinas decidida por el propio Galtieri puso fin a la intervención argentina en Centroamérica, pero la Guerra Sucia en la región continuó hasta bien entrados los años '90 con un saldo de cientos de miles de desaparecidos.

Las personas que fueron asesinadas, desaparecidas o torturadas, así como las que debieron exilarse provenían de todos los sectores y estratos de la población; una parte importante aunque no bien determinada estaba integrada por combatientes, pertenecientes mayoritariamente a las organizaciones guerrilleras y también, aunque en menor número, a las fuerzas militares y policiales.

El gobierno militar proclamó que el blanco de la represión era el terrorismo, pero dándole un alcance por el cual virtualmente podía comprender a cualquier persona. El general Videla declaraba en 1978 al Times de Londres que "un terrorista no es solamente alguien con un arma de fuego o una bomba, sino también alguien que difunde ideas contrarias a la civilización occidental y cristiana".

El informe Nunca Más contiene una descripción de los desaparecidos por su grupo de referencia; más de la mitad eran trabajadores; en especial fueron asesinados los sindicalistas pertenecientes a comisiones internas de fábricas, como en los casos emblemáticos de Ford y Mercedes Benz. Entre los desaparecidos y asesinados existe una importante cantidad de adolescentes; en este caso es emblemático el secuestro y desaparición del grupo de adolescentes conocido como la Noche de los lápices. También fueron detenidos-desaparecidos y asesinados personas discapacitadas, ancianas, sacerdotes y monjas (como la Masacre de San Patricio de los padres palotinos, o de las Monjas Francesas Léonie Duquet y Alice Domon ), periodistas (como Julián Delgado o Rafael Perrota), artistas (como Héctor Oesterheld o Haroldo Conti), deportistas, abogados (como el laboralista Norberto Centeno o de derechos humanos, como Sergio Karakachoff ), etc. En algunos casos se trataban de familiares o simplemente personas nombradas por otros detenidos sometidos a tortura; en algunos casos se trató de funcionarios que simpatizaban con el régimen militar como Elena Holmberg o Héctor Hidalgo Solá; en otros casos se trató de simples casos de robo y extorsión como con Fernando Branca, o de intentos de ocultar errores como en el caso de la adolescente sueca Dagmar Hagelin. Entre las víctimas notables también se encuentran las madres fundadoras de la Asociación Madres de Plaza de Mayo Azucena Villaflor, Esther Ballestrino y María Ponce.

Un caso especial de víctimas son los niños desaparecidos-secuestrados, entregados a familias que, con o sin conocimiento de esa circunstancia, sirvieron para convalidar la sustracción de identidad, y que en algunos casos fueron cómplices del asesinato de sus padres. Existe la certeza de que la mayoría de esos niños siguen con vida y para encontrarlos un grupo de abuelas y abuelos de detenidos-desaparecidos crearon la organización Abuelas de Plaza de Mayo, dirigida por Estela de Carlotto. Desde que se estableció la democracia en 1983 y hasta el 13 de febrero de 2009, las Abuelas habían encontrado a 97 de esos niños. Las Abuelas de Plaza de Mayo estiman que fueron secuestrados y privados de su identidad alrededor de 500 niños que hoy ya son jóvenes y enfrentan dificultades psicológicas sumamente complejas debido a que las personas a quienes consideraban sus padres, en quienes naturalmente confiaban, les habían negado su identidad y origen, y en algunos casos fueron cómplices o conocieron a los asesinos de sus padres biológicos.

La conocida banda de rock argentina, Bersuit Vergarabat, realizó a pedido de las Abuelas de Plaza de Mayo una canción que refleja el drama de estos jóvenes. La canción se denomina Victoria Clara, carece de copyright y puede ser libremente bajada de este sitio: Victoria Clara.mp3.

Existe un debate distorsionado por fuertes argumentos ideológicos sobre la cantidad de desaparecidos entre 1976 y 1983.

En la cultura popular se ha establecido el número de 30.000 desaparecidos, suma que es sostenida por las organizaciones de derechos humanos, las fuerzas políticas de izquierda y centro-izquierda, las organizaciones estudiantiles y los sindicatos, a las que pertenecían la mayor parte de las víctimas.

La Secretaría de Derechos Humanos de Argentina, sobre la base de las personas que percibieron indemnizaciones del Estado hasta 2003, tiene registrados 13.000 desaparecidos. La CONADEP en 1984 registró 9.089 casos de desapariciones forzadas.

La violación de derechos humanos en Argentina entre 1976 y 1983 fue parte de un plan de represión sistemática decidido en los más altos niveles del gobierno militar.

La estructura para la ejecución directa de la represión ilegal se organizó fundamentalmente a través de "grupos de tareas", "centros clandestinos de detención", equipos de interrogación y tortura, y equipos de exterminio y desaparición de cadáveres. Estos equipos a menudo estaban vinculados y actuaban en el ámbito de las zonas y subzonas militares y bajo órdenes de sus respectivos jefes.

Los equipos de represión ilegal estaban integrados por personal de las tres fuerzas armadas, policía, prefectura, médicos, sacerdotes y en algunos casos personal paramilitar. Adicionalmente altos directivos de empresas privadas y dependencias públicas, así como directores y profesores de colegios y universidades, colaboraron activamente con los mecanismos ilegales de represión.

En algunas zonas y subzonas militares, paradigmáticamente en Córdoba y Tucumán, los jefes militares dieron la orden de que todo el personal militar se viera comprometido directamente en la violación de derechos humanos.

En Argentina, como en otros casos de violaciones masivas de derechos humanos, se produjo un debate sobre el alcance y gravedad de la responsabilidad penal para los autores directos, en relación al lugar que cada uno ocupaba en la cadena de mando. En total se calcula que 1180 policías, militares y civiles fueron autores directos de crímenes de lesa humanidad.

El Proceso de Reorganización Nacional era conducido por una Junta de Comandantes de la que dependía un presidente. En los siete años que duró se sucedieron cuatro juntas; solo en la última el presidente no perteneció nunca a la Junta.

Una vez establecida la democracia el presidente Raúl Alfonsín ordenó el Juicio a las tres primeras Juntas, que se realizó en 1985, en el que resultaron condenados Videla, Massera, Agosti, Viola y Lambruschini. Luego fueron indultados por el presidente Carlos Menem en 1990.

Con posterioridad han sido nuevamente enjuiciados por otros delitos como los relacionados con los robos de bebés, delito no alcanzado por los indultos. Algunos de ellos también han sido procesados en España por delitos de terrorismo y genocidio; en 2006 su extradición aún estaba pendiente.

Los miembros de la última junta y el último presidente han sido procesados por la redacción del llamado Documento Final sobre la Lucha contra la Subversión y el Terrorismo y la sanción de una ley de autoamnistía, debido a que ello ha encubierto el secuestro de niños.

El país se había dividido en 5 zonas militares, correspondientes a los cinco cuerpos en que se dividía el ejército. Al comandante de cada cuerpo del Ejército le correspondía hacerse cargo de la zona. Cada zona estaba dividida a su vez en subzonas y áreas. Cada uno de los jefes de zona, subzona y área tenía mando directo para la represión ilegal en su jurisdicción. Por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires era una subzona, ubicada dentro de la Zona 1; a su vez la subzona Ciudad de Buenos Aires, estaba dividida en 6 áreas.

El General Balza ha declarado que estos militares “son de los pocos que pueden saberlo todo”.

Alfredo Astiz es el caso más emblemático de la represión ilegal. Era capitán de la Marina de Guerra y perteneció al Grupo de Tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada. Se infiltró entre las Madres de Plaza de Mayo simulando ser familiar de desaparecidos. Actuó como secuestrador de las Madres de Plaza de Mayo, de las monjas francesas Léonie Duquet y Alice Domon, de la adolescente argentino-sueca Dagmar Hagelin, entre otros casos de trascendencia mundial. Se vio beneficiado por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Luego de anuladas, en 2003, fue procesado y detenido en 2006. En Francia fue condenado en ausencia a prisión perpetua.

Miguel Etchecolatz es un ex policía que fue la mano derecha del ex General Ramón Camps, Jefe de Policía de la Provincia de Buenos Aires. Fue el responsable directo del operativo de la Noche de los lápices. Inicialmente fue condenado a 23 años de prisión como responsable de haber ejecutado 91 tormentos pero la Corte Suprema anuló la sentencia por aplicación de la Ley Obediencia Debida. Fue condenado y cumplió una condena de siete años por la supresión de identidad de un hijo de desaparecidos. En 2006 fue enjuiciado nuevamente y condenado a reclusión perpetua.

Jorge Eduardo Acosta, conocido como "el Tigre", era un capitán de corbeta jefe del Grupo de Tareas 3.3.2 basado en la ESMA y de ese centro clandestino de detención. Era quien tomaba las decisiones sobre tortura y muerte en la ESMA. En particular fue quien tomó la decisión de arrojar al río al grupo de monjas francesas Duquet y Domon y las madres de Plaza de Mayo Villaflor, Ballestrino y Ponce , así como la muerte de Dagmar Hagelin. Está procesado por delitos contra la humanidad en Italia y España. Con la anulación de la Ley de Obediencia Debida se reabrieron las causas en las que está involucrado.

Julio Simón, conocido como "el Turco Julián", fue un integrante de la Policía Federal Argentina que actuaba como torturador en el CCD el Olimpo. Llevaba una cruz svástica como llavero. Está condenado por el secuestro de niños y torturas.

El General Ramón Camps estuvo a cargo de la Policía de la provincia de Buenos Aires. Tuvo bajo su dirección varios de los centros clandestinos de detención (CCD) ubicados en la provincia. Entre los casos en los que intervino se encuentran el Caso Timerman y la Noche de los lápices. Se caracterizó por su antisemitismo acérrimo. Fue condenado a la pena de 25 años de prisión hasta que fue indultado en 1990. Murió en 1994.

Raúl Guglielminetti, alias "Mayor Guastavino", fue un agente de inteligencia perteneciente al batallón 601 que ha sido relacionado con múltiples actividades criminales clandestinas. A partir de 1978 condujo el Grupo de Tareas Exterior (GTE) que organizó la colaboración del régimen militar argentino con la guerra sucia en Centroamérica, conocida como Operación Charlie. Fue integrante de la denominada "Banda de Aníbal Gordon", fue relacionado con el secuestro del empresario Osvaldo Sivak en 1985, y ha sido vinculado al tráfico de armas y de drogas.

Este represor argentino, prófugo de la justicia, llegó a México, ocupando el cargo de director general de Registro Nacional de Vehículos. En el año 2000, fue detenido en el aeropuerto internacional de la ciudad de Cancún, Quintana Roo, y permaneció en prisión hasta que fue autorizado su traslado a España. Actualmente, se encuentra extraditado, de regreso a Buenos Aires, Argentina, donde sigue su proceso judicial.

Numerosas empresas y empresarios fueron autores directos de crímenes de lesa humanidad. Existen pruebas directas de la participación de altos directivos de las siguientes empresas en crímenes de lesa humanidad: Ford, Mercedes Benz, Acindar, Dálmine Siderca, Ingenio Ledesma, y Astarsa.

En todas esas empresas fueron secuestrados y torturados decenas de representantes sindicales, muchas veces señalados por los propios empresarios, detenidos dentro de las empresas y trasladados a centros clandestinos de detención (CCD) en vehículos provistos por las empresas. En el caso de Dálmine Siderca, se había instalado un CCD al lado de la fábrica, a la que se comunicaba por una puerta. En el caso de Acindar en 1975 se instaló dentro mismo de la empresa el primer centro clandestino de detención.

José Alfredo Martínez de Hoz, presidente de la empresa metalúrgica Acindar, quien fuera Ministro de Economía entre 1976 y 1980, fue enjuiciado penalmente en un caso en el que existe evidencia de haber participado activamente en el secuestro de los empresarios Federico y Miguel Gutheim, propietarios de la algodonera SADECO. Martínez de Hoz había viajado a a Filipinas donde un grupo chino le habría solicitado intervenir para que los empresarios argentinos cumplieran un contrato comercial de dos millones y medio de dólares. Los Gutheim (padre e hijo) fueron secuestrados poco después de que Martínez de Hoz volviera de Filipinas, y durante su secuestro fueron llevados en dos oportunidades a negociar con los acreedores chinos y en una oportunidad a reunirse con el ministro. En 1990 Martínez de Hoz fue indultado por el presidente Carlos Menem. El 4 de septiembre de 2006 un juez declaró la nulidad del indulto y reabrió el caso.

Se encuentra probada la participación directa de religiosos católicos en la comisión de crímenes de lesa humanidad. La periodista Miriam Lewin testimonió que mientras era trasladada encadenada y encapuchada en la ESMA, donde se encontraba detenida-desaparecida, pudo ver fugazmente a una persona con ropa de obispo o arzobispo.

Uno de los campos de concentración de la Marina era una Casa de Ejercicio Espirituales de la Iglesia Católica en el Delta del Paraná. La Iglesia ha sostenido que no conocía lo que allí sucedía porque le habían vendido el inmueble a la Marina.

El día 9 de octubre de 2007 fue condenado a cadena perpetua al ser encontrado culpable de 7 homicidios, 42 privaciones ilegítimas de la libertad y en 32 casos de torturas. Los jueces también concluyeron que los crímenes se realizaron en el marco de un genocidio cometido entre 1976 y 1983.

Documentos secretos desclasificados del gobierno de los Estados Unidos han revelado que Henry Kissinger sabía de los crímenes de lesa humanidad que se cometían en Argentina, que amparó deliberadamente a la dictadura militar para evitar que la presión internacional pudiera evitar las violaciones de derechos humanos, y que le recomendó al gobierno argentino asesinar a los opositores antes de que asumiera el presidente James Carter.

A partir de la Segunda Guerra Mundial se ha definido como colaboracionistas a aquellas personas que colaboran con las fuerzas de ocupación que cometen crímenes de lesa humanidad, los justifican y comparten su ideología.

En esta situación se encuentran varias personas y organizaciones que colaboraron activamente con el gobierno militar aún sin cometer ellos mismos crímenes de lesa humanidad.

La participación del sector empresario en el Proceso de Reorganización Nacional fue amplia y protagónica al punto de co-organizar el golpe de estado y el gobierno. En algunos casos participaron directamente en la violación de derechos humanos (ver Autores: Empresarios y empresas). En otros casos muchos empresarios simplemente aprovecharon la ausencia de estado de derecho para desconocer los derechos laborales. Muchos empresarios y empresas colaboraron más activamente con la dictadura, justificando y dando apoyo técnico al gobierno, y haciendo caso omiso de las violaciones de derechos humanos, aún conociendo su existencia.

En primer lugar, la colaboración empresaria con el golpe de estado se organizó a través de la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias (APEGE). La APEGE fue fundada en agosto de 1975, pocos meses antes del golpe, por las principales asociaciones empresariales, con un fin claramente desestabilizador del gobierno democrático y de creación de una instancia única de diálogo con las Fuerzas Armadas. El 16 de febrero de 1976 organizó una huelga empresaria que es considerada como el inicio de la cuenta regresiva del golpe.

La APEGE estaba integrada por el Consejo Empresario Argentino(CEA), la Sociedad Rural Argentina, la Cámara Argentina de Comercio, la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), y la mayoría de las cámaras patronales sectoriales.

Las organizaciones empresariales apoyaron abierta y explícitamente al gobierno militar. José Alfredo Martínez de Hoz, presidente del Consejo Empresario Argentino (CEA), fue ministro de Economía. El gobierno militar le entregó la Secretaría de Ganadería a la Sociedad Rural Argentina, representada por Jorge Zorreguieta (el padre de Máxima Zorreguieta) activo lobista de la SRA y activista de la APEGE.

El amplio apoyo que el sector empresario brindó al golpe de estado se vio claramente en la reacción del mercado financiero. La Bolsa reabrió sus actividades el 5 de abril de 1976 con un aumento de las acciones de 250% en una sola jornada.

Entre los colaboradores civiles se encuentran los funcionarios civiles del gobierno militar que no cometieron ellos mismos crímenes de lesa humanidad. Algunos de esos funcionarios han sido muy conocidos como Domingo Cavallo, Roberto Alemann, Oscar Camilión, Alberto Natale, Américo Ghioldi, etc.

Un caso paradigmático de "condena social" es el de Jorge Zorreguieta, padre de la princesa Máxima de Holanda lobista empresario de la Sociedad Rural Argentina quien llegó a ser Secretario de Agricultura después de la dictadura, a quien el gobierno holandés le impuso restricciones para estar presente en actos públicos debido a su condición de ex funcionario del régimen militar.

Se ha discutido hasta que punto funcionarios de menor jerarquía pueden ser considerados colaboracionistas. Entre las personas cuestionadas se encuentran la dirigente del ARI Elisa Carrió, que se desempeñó como asesora de la fiscalía de Estado y secretaria de la Procuración del Superior Tribunal en la provincia del Chaco, Eugenio Zaffaroni quien continuó desempeñándose como juez durante el gobierno militar, y el dirigente del PJ Juan José Álvarez quien se desempeñó en la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) entre 1981 y 1984.

En términos generales, y con muy contadas excepciones entre las que se destaca el periodista británico Robert Cox, puede decirse que la prensa argentina colaboró ampliamente con el régimen militar, encubriendo los crímenes y justificando su proceder. Los grandes periódicos como Clarín y La Nación colaboraron abiertamente. Lo mismo puede decirse de conductores y periodistas televisivos o radiales como Mirtha Legrand, José María Muñoz, Bernardo Neustadt o Mariano Grondona. Aquí debe destacarse la valiente posición de dos diarios conservadores, La Prensa y Buenos Aires Herald que denunciaron desde sus páginas la situación de violación masiva de derechos humanos.

En los partidos políticos existieron dirigentes que colaboraron abiertamente con el gobierno militar y en muchos casos fueron funcionarios. En la Unión Cívica Radical Ricardo Balbín realizó declaraciones apoyando al dictador Videla y desmintiendo la existencia de detenidos-desaparecidos. En el Partido Socialista Democrático su secretario general Américo Ghioldi fue embajador en Portugal. El Partido Comunista Argentino tuvo una posición de apoyo a los gobiernos de Videla y Viola a quienes propusieron un gobierno de convergencia cívico-militar. El actual dirigente macrista Santiago de Estrada fue Subsecretario de Seguridad Social. Alberto Natale, diputado nacional del Partido Demócrata Progresista, fue intendente de Rosario entre 1981-1983, mientras que Rafael Martínez Raymonda, presidente del PDP se desempeñó como embajador en Italia. Por su parte, la Fuerza Federalista Popular (FUFEPO) intentó presentarse como partido del Proceso de Reorganización Nacional, hecho que resultó en la designación de Horacio Guzmán como gobernador de Jujuy.

El 1 de diciembre de 1978, un grupo de ex-legisladores realizó una cena de homenaje al general Videla. Mientras que el peronismo con la firma de su presidente Deolindo F. Bittel rechazó el evento, la dirección del radicalismo asistió en pleno: Ricardo Balbín, Juan Carlos Pugliese, Rodolfo García Leyenda, Rubén Rabanal, Antonio Tróccoli, Francisco Rabanal, Carlos Raúl Contín, Juan Trilla, Cándido Tello Rojas y Aldo Tessio. A la reunión también asistió oficialmente el Partido Comunista representado por Fernando Nadra, miembro del Comité Central, y Juan Carlos Comínguez, ex-diputado nacional, y algunos peronistas como Luis Rubeo en contra de la resolución de su partido. En cambio no concurrieron Luis León, Fernando de la Rúa, Carlos Perette y Raúl Alfonsín.

La Iglesia Católica Argentina brindó un importante apoyo al gobierno militar y a la preparación del golpe de estado, y en algunos casos religiosos participaron directamente en los crímenes de lesa humanidad. En 2002 la Iglesia Católica pidió perdón por los pecados cometidos durante la dictadura militar de 1976-1983. Sin embargo hasta 2006 la Iglesia Católica Argentina se ha negado a abrir sus archivos, entre los que se encuentran los informes de los capellanes militares que podrían brindar información sobre las personas desaparecidas.

La comunidad internacional como tal fue incapaz de detener o condenar la violación masiva de derechos humanos en la Argentina, Chile, Uruguay y Bolivia. Esa incapacidad se debió en gran medida al bloqueo sistemático de todo intento de sancionar a la Argentina que realizaron tanto Estados Unidos como la Unión Soviética.

En el caso de Estados Unidos, su participación en el golpe de estado y el encubrimiento de los crímenes de lesa humanidad fue una política consciente propuesta por Henry Kissinger. Los documentos secretos del gobierno norteamericano desclasificados no dejan lugar a dudas sobre la complicidad directa de Estados Unidos y Kissinger personalmente en la violación masiva de derechos humanos.

La actitud de los Estados Unidos cambió completamente cuando James Carter fue elegido presidente especialmente a través de la acción de Patricia Derian, Subsecretaria de Derechos Humanos, condecorada en 2006 por el gobierno argentino en reconocimiento a su desempeño durante la dictadura. Durante su gestión (1977-1981) se desarrolló una intensa política de derechos humanos que se concretó en la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA a la Argentina en 1979, de gran importancia para limitar las violaciones de derechos humanos. Con la elección de Ronald Reagan EEUU estableció una política de renovado apoyo a la dictadura militar organizando en forma conjunta la guerra sucia en Centroamérica (Operación Charlie), hasta que decidiera invadir Gran Bretaña en las Islas Malvinas.

La Unión Soviética por su parte estableció una estrecha relación comercial con la dictadura militar durante los gobiernos de Videla y Viola. A raíz de ello, el Partido Comunista Argentino defendió el carácter progresista de estos militares y la URSS bloqueó las sanciones que se solicitaban contra la Argentina en los foros internacionales.

Cuba también mantuvo una posición tolerante frente a la violación de derechos humanos en Argentina actuando como interlocutor del gobierno militar tanto ante los países del bloque soviético como el Movimiento de Países No Alineados.

En varios países de Europa, principalmente Francia, se apoyaron actividades de denuncia de las violaciones de derechos humanos en la Argentina. En 1978, el famoso futbolista holandés Johan Cruyff tomó la decisión de no participar en la Copa del Mundo realizada en la Argentina como una forma de protesta.

En 1980, la Academia Sueca le concedió el Premio Nobel de la Paz a Adolfo Pérez Esquivel, un luchador por los derechos humanos, que constituyó una importante medida para poner en evidencia la situación.

En 1981 el grupo musical Queen realizó cuatro recitales en Buenos Aires, Mar del Plata y Rosario, en el que criticaron abiertamente a la dictadura militar y pronosticaron su caída, que tuvo gran impacto en la juventud.

Varios países tuvieron una actitud de recepción y protección de los exiliados argentinos. Entre ellas se destacaron México, Costa Rica, Venezuela, España, Francia, y Suecia.

A pesar de las condiciones extremas de represión varios grupos políticos, sindicales, de derechos humanos, mantuvieron una actividad de resistencia y oposición a la dictadura militar dentro del país.

En primer lugar se destacaron los organismos de derechos humanos como las Madres de Plaza de Mayo, las Abuelas de Plaza de Mayo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el Servicio de Paz y Justicia, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), entre otros.

Varios sindicatos de la Confederación General del Trabajo (CGT) mantuvieron también una activa posición opositora, declarando decenas de huelgas. En 1979 la Comisión de los 25 declaró la primera huelga general y en septiembre de 1981 la CGT convocó a la primera manifestación abierta contra la dictadura militar. Aún antes, con las huelgas prohibidas, se buscaron distintas formas de lucha como el "trabajo a tristeza" que desarrollaron militantes gremiales en Luz y Fuerza, ferroviarios y automotrices, que motivaron una ola de secuestros, entre ellos Víctor Vázquez del segundo, y Mario Marrero, joven comunista obrero de General Motors.

Entre los partidos políticos, mantuvieron una activa oposición varios grupos del Partido Justicialista, Franja Morada y el Movimiento de Renovación y Cambio pertenecientes a la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista Popular, el Movimiento al Socialismo, el Partido Intransigente, el Partido Comunista Revolucionario, entre otros. En 1980 las juventudes de estos partidos reorganizaron las Juventudes Políticas como instancia de acción conjunta, participando de las mismas las juventudes radical, peronista, socialista, comunista e intransigente. En 1981 cinco partidos (Justicialista, Radical, Intransigente, MID y demócrata-cristiano) con el apoyo del Partido Socialista Popular, organizaron la Multipartidaria para presionar al gobierno militar a retirarse y establecer un régimen democrático.

El movimiento estudiantil también mantuvo una precaria organización clandestina fundamentalmente a través de la Federación Universitaria Argentina. Una investigación más seria del período permite ubicar en los primeros años del golpe esfuerzos importantes por parte de los secundarios, principalmente las prohibidas y perseguidas revistas estudiantiles, que llegaron a más de un centenar en todo el país, y fueron base de la reorganización de los prohibidos centros estudiantiles. En el caso universitario el motivo movilizador fue la lucha contra el arancelamiento que impulsó el ministro Moyano LLerena, llegándose en 1980 a juntar 20.000 firmas en petitorios. En ambos casos, secundarios y universitarios, la coordinación entre las juventudes políticas fue decisiva, y aún más cuando se tomó la decisión de volver a ganar las calles, con movilizaciones de las agrupaciones en Rosario y Capital que fueron violentamente reprimidas.

En la Iglesia Católica Argentina, a pesar de la pasividad general de sus autoridades, existieron varios grupos y personas que adoptaron una activa posición de defensa de los derechos humanos. Entre ellos pueden destarcarse las monjas francesas Léonie Duquet y Alice Domon, los padres palotinos de Belgrano, el obispo de La Rioja Monseñor Enrique Angelelli, entre muchos otros.

En el exterior se organizaron grupos de exiliados entre los que se destacaron la Casa Argentina en México y Madrid, así como los grupos organizados en París.

Las organizaciones guerrilleras Montoneros y ERP fueron perdiendo presencia hasta quedar sumamente debilitadas.

El 30 de marzo de 1982 las fuerzas opositoras, con el liderazgo de la CGT y la Multipartidaria, organizaron una gran manifestación popular contra la dictadura que produjo la primera gran fisura del régimen.

Luego de la derrota en la Guerra de las Malvinas el gobierno militar se vio debilitado hasta el punto de tener que llamar a elecciones democráticas sin condicionamiento alguno para el 30 de octubre de 1983. Pocos meses antes el gobierno militar dictó la Ley 22.924 conocida como Ley de Autoamnistía. Esta ley fue un acto desesperado del gobierno militar en retirada y fue reiteradamente declarada inconstitucional incluso durante los meses finales del Proceso de Reorganización Nacional. El 15 de diciembre de 1983, cinco días después de asumir, el presidente Alfonsín envió al Congreso un proyecto de ley declarando nula la ley de auto-amnistía y una semana después el proyecto fue sancionado como Ley Nº 23.040, la primera ley de la nueva etapa democrática.

También el 15 de diciembre de 1983 el presidente Alfonsín creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), integrada por personalidades independientes como Ernesto Sábato, Magdalena Ruiz Guiñazú, Graciela Fernández Meijide, entre otros, con la misión de relevar, documentar y registrar casos y pruebas de violaciones de derechos humanos, para fundar el juicio a las juntas militares.

En 20 de septiembre de 1984 la CONADEP produjo su famoso informe titulado “Nunca Más” y sus miembros concurrieron a entregarlo al presidente Alfonsín acompañados de una multitud de 70.000 personas.

Finalmente el mismo 15 de diciembre de 1983 Alfonsín sancionó los decretos 157/83 y 158/83. Por el primero se ordenaba enjuiciar a los dirigentes de las organizaciones guerrilleras ERP y Montoneros; por el segundo se ordenaba procesar a las tres primeras juntas militares que dirigieron el país desde el golpe militar del 24 de marzo de 1976 hasta la Guerra de las Malvinas de 1982, excluyendo así a la última junta que decidió entregar el poder a un gobierno elegido democráticamente sin condicionamientos.

El 4 de octubre de 1984 la Cámara Federal de la Capital Federal (tribunal civil) tomó la decisión de desplazar al tribunal militar que estaba enjuiciando a las juntas para hacerse cargo directamente del juicio.

El fiscal fue Julio César Strassera y el fiscal adjunto Luis Gabriel Moreno Ocampo. El juicio se realizó entre el 22 de abril y el 14 de agosto de 1985. Se trataron 281 casos.

Los integrantes de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal que juzgó a las Juntas Militares fueron Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, León Carlos Arslanián, Jorge Valerga Araoz, Guillermo Ledesma y Andrés J. D’Alessio.

El 9 de diciembre de 1985 se dictó la sentencia condenando a Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera a reclusión perpetua, a Roberto Eduardo Viola a 17 años de prisión, a Armando Lambruschini a 8 años de prisión y a Orlando Ramón Agosti a 4 años de prisión. En cambio fueron absueltos Omar Domingo Rubens Graffigna, Leopoldo Fortunato Galtieri, Basilio Lamí Dozo y Jorge Isaac Anaya.

Por las características que tuvo, la condena a las juntas militares realizada por un gobierno democrático constituyó un hecho sin precedentes en el mundo, que contrastó fuertemente con las transiciones negociadas que tuvieron lugar en aquellos años en Uruguay, Chile, Brasil, España, Portugal y Sudáfrica.

Durante esos años la democracia estuvo permanentemente amenazada por sectores de las Fuerzas Armadas que se negaban a aceptar el enjuiciamiento por violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar anterior. Para intentar mantener bajo control el descontento en las Fuerzas Armadas, en 1986 el Congreso sancionó la Ley de Punto Final imponiendo un plazo de 60 días para procesar a acusados de delitos de lesa humanidad cometidos durante el gobierno militar.

La Ley de Punto Final no fue suficiente y en la Semana Santa de 1987 se produjo una gran rebelión militar encabezada por jóvenes oficiales del ejército argentino que se denominaron “carapintadas”. Al mismo tiempo que los jefes militares demostraban que no estaban dispuestos a obedecer las órdenes del presidente Alfonsín y reprimir la insurrección, millones de personas salieron a las calles para oponerse al alzamiento militar y la CGT declaró la huelga general en defensa del gobierno constitucional. Durante varios días el país estuvo a borde de la guerra civil. La rebelion fue sofocada por una rama del ejército leal al presidente Alfonsin.

La crisis se consideró superada el sábado 30 de abril cuando Alfonsín así lo comunicó en un discurso a la población congregada en Plaza de Mayo donde utilizó dos frases que se hicieron históricas con sentido negativo: "Felices Pascuas" y "la casa está en orden". Alfonsín, sin poder militar para detener el golpe de estado, negoció con los líderes militares "carapintadas" la garantía de que no habría nuevos juicios contra militares por violación de derechos humanos. Esas medidas se concretaron con la ley de Obediencia Debida y el reemplazo del general Héctor Ríos Ereñú por el general José Dante Caridi, al mando del Ejército. Este último, desde su cargo, defendió públicamente la dictadura y la guerra sucia. Desde entonces hubo otras dos insurrecciones militares durante 1988 (18 de enero y 1 de diciembre) y un permanente estado de insubordinación de las Fuerzas Armadas.

Las leyes de Punto Final y Obediencia Debida fueron objetos de fuertes cuestionamientos por parte de las organizaciones de derechos humanos, el movimiento estudiantil, y las fuerzas políticas progresistas.

El presidente Carlos Menem dictó varios decretos el 7 de octubre de 1989 y el 30 de diciembre de 1990, indultando entre otros a todos los autores de crímenes de lesa humanidad no beneficiados por las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida, incluidos los miembros de las juntas condenados y el ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz.

Las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y los indultos a los jefes militares y guerrilleros ya condenados, concedidos por el presidente Carlos Menem en 1989, fueron conocidas como las leyes de impunidad.

A partir de 2004 gran cantidad de jueces comenzaron a declarar la inconstitucionalidad de los indultos de delitos de lesa humanidad, reabriéndose así las causas contra los indultados por esos crímenes. El 6 de septiembre de 2006, la Corte de Casación, máximo tribunal argentino en materia penal declaró por primera vez la inconstitucionalidad de un indulto .

El 21 de agosto de 2003 el Congreso sancionó la ley 25.779 declarando insanablemente nulas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

Poco después se reabrieron las causas por delitos de lesa humanidad cerradas en la década del '80. El 3 de agosto de 2006 se habían reabierto 959 causas penales en las que 211 acusados se encontraban con prisión preventiva.

Previamente se había dictado la primera sentencia contra el ex policía Julio Simón, conocido como "El Turco Julián", condenándolo a 25 años de prisión por violaciones de los derechos humanos.

Los miembros de la última junta y el último presidente fueron procesados por la redacción del llamado Documento Final sobre la Lucha contra la Subversión y el Terrorismo y la sanción de una ley de autoamnistía. La razón jurídica utilizada para abrir este juicio fue que con ese acto se encubrió el secuestro de niños.

Como consecuencia de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, y los indultos decretado por el presidente Menem prácticamente cesaron todas las investigaciones sobre delito cometidos durante el gobierno militar. Ello no solo dejó impunes esos delitos, sino que también cerró la posibilidad de conocer lo que había sucedido con las víctimas, y en muchos casos incluso con los niños que aún continúan en poder de sus captores desconociendo su identidad.

Varios tribunales aceptaron la procedencia de estos juicios que se caracterizaron por no buscar culpables sino por averiguar la verdad.

De gran trascendencia fue la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Lapacó (1999), impulsado por las organizaciones de derechos humanos argentinas, que reabrió un caso cerrado por la Corte Suprema y obligó al Estado argentino a seguir investigando.

En los Juicios por la Verdad se descubrió, entre otras cosas, la existencia de redes de apropiación y tráfico de bebés a cuyas madres se ejecutaba.

Los delitos de lesa humanidad cometidos en el marco de la Operación Cóndor no resultaron alcanzados por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida ni por los indultos del presidente Menem.

Por esa razón, en 1999 se abrió una causa para investigar esos crímenes, en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Perú y Uruguay. Están procesados 16 jefes militares por el secuestro y desaparición de 110 personas. En la causa se había pedido la extradición del ex dictador chileno Augusto Pinochet, fallecido en 2007.

La idea de enjuiciar represores argentinos fuera del país se originó en Italia. En 1983 familiares de 100 italianos desaparecidos durante la dictadura argentina presentaron la primera denuncia en Roma.

En 1985 se inició un primer juicio que concluyó el 6 de diciembre del 2000 con la condena a cadena perpetua de los generales Guillermo Suárez Mason y Santiago Omar Riveros, y a 24 años de cárcel a Juan Carlos Gerardi, José Luis Porchetto, Alejandro Puertas, Héctor Oscar Maldonado y Roberto Julio Rossin.

En 2006 junio de este año, la justicia italiana inició otro juicio conocido como causa ESMA donde están acusados Jorge Eduardo Acosta, Alfredo Astiz, Antonio Bañen, y Emilio Massera.

En Francia en 1990 el capitán Alfredo Astiz fue condenado a cadena perpetua por la Corte de Apelaciones de París por la muerte de las monjas francesas Léonie Duquet y Alice Domon.

En 1996 el Juzgado nº 5 de la Audiencia Nacional española inició una investigación por los delitos de terrorismo y genocidio contra españoles durante la dictadura militar en Argentina. En estas causas se encuentran imputados decenas de represores argentinos para los que se ha solicitado extradición. En ese marco en 2005 fue condenado el represor Adolfo Scilingo a 640 años de presión.

En 1997 el juez español Baltasar Garzón solicitó la detención y extradición de 45 militares argentinos y un civil a quienes procesó por genocidio, terrorismo de Estado y someter a torturas a presos políticos durante el régimen de facto que gobernó en Argentina entre 1976 y 1983. Entre ellos se encuentra Jorge Anaya. El pedido fue rechazado varias veces por el gobierno argentino alegando el principio de territorialidad.

El 27 de julio de 2003 el presidente Néstor Kirchner mediante el Decreto 420/03 modificó el criterio de rechazo de las extradiciones sustentado hasta ese momento ordenando "obligatoriedad del trámite judicial" solicitado por la Justicia española, y abriendo así el camino a la extradición efectiva de los militares requeridos.

En agosto de 2003 el entonces presidente de España José María Aznar ordenó no continuar con el proceso de extradición de los solicitados por crímenes durante el gobierno de facto en Argentina. Esta decisión fue anulada por la Corte Suprema de España en 2005, ordenando continuar adelante con las extradiciones solicitadas por Garzón.

En España también se encuentra detenido el ex militar (marino) Ricardo Miguel Cavallo quien se desempeñó en la ESMA. Durante varios años se desarrolló una fuerte lucha judicial para evitar que pueda ser juzgado en España, sosteniendo la defensa que debía ser enjuiciado en Argentina. En diciembre de 2005 la justicia española decidió que Cavallo será enjuiciado en ese país, pero el tribunal supremo revocó su regreso en julio de 2007. En enero de 2006 la Fiscalía pidió una pena mínima de 13.332 años de cárcel para Cavallo por genocidio.

En 1983 un grupo de familiares de los desaparecidos alemanes o descendientes de alemanes en Argentina presentó en Argentina un habeas corpus conjunto por la desaparición de 48 alemanes y de origen alemán que nunca tuvo respuesta por parte de las autoridades judiciales del país.

El 31 de enero de 1983, algunos de los familiares de los desaparecidos alemanes, como Idalina R. de Tatter y María Christina Bogado Tatter, denunciaron al Ministro alemán de Relaciones Exteriores, Hans Dietrich Genscher, por denegación de auxilio solicitado en caso de necesidad urgente. Ellas fundamentaron la denuncia presentando como ejemplo los secuestros y desaparición forzada de Jorge Federico Tatter, secuestrado de su domicilio el 15.10.1976 y de Claudio Manfredo Zieschank, secuestrado de su centro de prácticas pre-profesionales en Buenos Aires el 26 de marzo de 1976. Los familiares de los desaparecidos explicaron el desinterés del gobierno federal alemán de Relaciones Exteriores en prestar ayuda a los secuestrados por la dictadura militar Argentina. Esta denuncia fue archivada muy pronto por la Fiscalía de Bonn. En mayo de 1998, los familiares de los desaparecidos alemanes volvieron a realizar en Alemania una denuncia penal por los secuestros o desaparición forzada de Betina Ehrenhaus, Marcelo Weisz, Jorge Federico Tatter y Gerardo Coltzau, durante los años de la última dictadura militar Argentina. Más tarde denunciaron los secuestros y homicidios de Elisabeth Kaesemann y Claus Zieschank, contando para esto con el apoyo de la Coalición contra la Impunidad.

En el 2006 algunas de las causas denunciadas se encontraban en investigación, sin condenados. La Fiscalía y el Tribunal de Núremberg solicitaron la captura y extradición de seis altos oficiales argentinos, entre ellos el ex presidente de facto Jorge Rafael Videla, así como el ex almirante Emilio Eduardo Massera, los generales Juan Bautista Sasiain y Franco Luque, y el coronel Pedro Alberto Duran Saenz.

El 30 de abril de 1977 las Madres de Plaza de Mayo realizaron la primera ronda alrededor de la Pirámide de Mayo en Plaza de Mayo, frente a la Casa de Gobierno. La costumbre de realizar una ronda se originó en la orden de las fuerzas policiales de que debían "circular". A partir de ese día las rondas se realizan cada jueves.

Desde los últimos años del gobierno militar las marchas convocadas por las organizaciones de derechos humanos comenzaron a convocar a grandes cantidades de personas, entre las que se destacan los jóvenes. Estas marchas multitudinarias han desempeñado un papel muy importante en el desarrollo de una conciencia favorable hacia los derechos humanos y la memoria.

Entre las grandes marchas pueden destacarse la 1ª Marcha de la Resistencia el 10 y 11 de diciembre de 1981, la Marcha por la Vida el 5 de octubre de 1982, la 2ª Marcha de la Resistencia, el 9 y 10 de diciembre de 1982, la del 20 de septiembre de 1984 acompañando a la CONADEP para entregar el Informe “Nunca Más” al presidente Alfonsín, la del 26 de abril de 1985 cuando se inició el Juicio a las Juntas, la del 20º Aniversario del golpe militar el 23 y 24 de marzo de 1996, la del 24 de marzo de 2006 (30º Aniversario del golpe).

Inmediatamente después de recuperada la democracia y que entrara en funcionamiento la CONADEP comenzaron a realizarse exhumaciones porque se sospechaba que muchas de las tumbas NN podrían estar ocultando desaparecidos asesinados sin identificar. Pronto fue evidente que se necesitaban métodos científicos para reconstruir la memoria. La CONADEP y las Abuelas de Plaza de Mayo tomaron la iniciativa y viajaron a Estados Unidos donde recibieron el decisivo apoyo de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia. Se creó una base de datos genéticos en el Hospital Durand de Buenos Aires, y un equipo de antropólogos forenses organizados por Clyde Snow con gran audacia. Sobre esta base en 1986 se creó el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), como una organización no gubernamental y sin fines de lucro.

Hasta el 2000 el EAAF había logrado identificar los restos de 60 personas, mientras que había otros 300 casos que se continuaban investigando.

Algunos de los miembros del EAAF son: Luis Fondebrider, Darío Olmo, Silvina Turner, Patricia Bernardi, Anahí Ginarte, Rafael Mazzella, Daniel Bustamante, Carlos Somigliana, Miguel Nieva, Sofía Egaña, Cecilia Ayerdi, Andrea del Río.

Desde 1984 existieron varios proyectos para crear instituciones, casas o museos en los que se pudiera organizar la memoria de la guerra sucia en Argentina, pero por más de una década los mismos fracasaron o no se consolidaron.

En Rosario la Municipalidad creó el Museo de la Memoria, dependiente de la Secretaría de Cultura, por ordenanza el 26 de febrero de 1998. Inició sus actividades el 30 de marzo del año 2001. El museo dedica una atención especial al accionar del II Cuerpo de Ejército, que tuvo su sede en la ciudad de Rosario desde donde se diseñó el plan represivo sobre seis provincias. Es el primero de Argentina.

En el año 2000 se sancionó la Ley 392/2000 de la Ciudad de Buenos Aires que estableció que el edificio de la ESMA fueran destinados a la sede de un futuro museo. El 24 de marzo de 2004 se firmó un convenio entre el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Estado Nacional para trabajar conjuntamente en la construcción de un “Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos”, que funcionaría en el predio de la ESMA. finalmente este proyecto se concretó el 20 de noviembre del 2007, cuando el Gobierno nacional inauguró oficialmente el predio. Asimismo, el 22 de agosto del 2007 se inauguró en la ciudad de Trelew, provincia de Chubut, el "Centro Cultural por la Memoria" en el predio conocido como "Aeropuerto Viejo de Trelew", donde el 15 de agosto de 1972 depusieron las armas 19 militantes de distintas organizaciones armadas (FAR, ERP y Montoneros), luego de la fuga del penal de Rawson, y que fueron fusilados por la Armada Argentina en la Base Almirante Zar el 22 del mismo mes, en la denominada "Masacre de Trelew".

Otros centros clandestinos de detención también han sido expropiados o propuestos para constituirse en espacios de memoria, como el sitio donde estaba el Club Atlético, el Olimpo, el CCD ubicado en la calle Virrey Cevallos 630 de Buenos Aires, la ex Jefatura de Policía en Rosario, la Mansión Seré en Morón (Gran Buenos Aires), etc.

También en la Ciudad de Buenos Aires se decidió construir el Parque de la Memoria frente al Aeroparque. En 2006 estaba parcialmente construida. En Córdoba, el 24 de marzo de 2007 el gobierno nacional entregó el CCD «La Perla» para crear un espacio para la memoria.

A partir de la recuperación de la democracia el 10 de diciembre de 1983, comenzó a hablarse de la necesidad que las Fuerzas Armadas rechazaran los métodos criminales de acción. El hecho tenía importancia para que las Fuerzas Armadas pudieran integrarse como parte del Estado de derecho.

El primer acto en ese sentido fue realizado en diciembre de 1985 por el entonces Jefe del Estado Mayor Conjunto, Brigadier general Teodoro Waldner (Fuerza Aérea), en el Colegio Militar en ocasión del egreso de los nuevos oficiales, con la presencia del presidente Raúl Alfonsín.

La autocrítica del Brigadier general Waldner fue elogiada por diversos sectores de la vida nacional, pero al mismo tiempo otros altos mandos de las Fuerzas Armadas reivindicaban la legitimidad del accionar durante la guerra sucia.

La sucesión de presiones, planteos y levantamientos militares desde 1985, que lograron frenar el enjuiciamiento de los responsables de crímenes de lesa humanidad y luego indultar a los condenados, abrió nuevamente sospechas sobre el verdadero pensamiento de las Fuerzas Armadas respecto a los derechos humanos.

Con posterioridad el propio General Balza realizó varias ampliaciones de la autocrítica del Ejército en 1998 y 1999. Como consecuencia de ello fue expulsado del Círculo Militar, la asociación civil más importante con las que cuentan los militares en Argentina.

La autocrítica militar abrió paso también para las autocríticas de otros sectores de la sociedad argentina respecto de su conducta durante la guerra sucia como las organizaciones guerrilleras ERP y Montoneros.

La Ley 25.653 del 22 de agosto de 2002 estableció que el 24 de marzo sería considerado el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, para conmemoración de las víctimas de la última dictadura militar.

En 2006 la Ley 26.085 declaró el día 24 de marzo feriado nacional. La intención de la ley es crear un día de memoria y reconocerlo como día tradicional de movilización por los derechos humanos. La medida generó apoyos y críticas entre los partidos políticos y las organizaciones de derechos humanos.

En general las organizaciones de derechos humanos y los partidos progresistas, de izquierda y de centro izquierda, sostienen que se trató lisa y llanamente de un proceso represivo de opositores ejecutado mediante un plan sistemático y prediseñado de terrorismo de Estado. Dentro de este enfoque algunos sostienen que el golpe militar de 1976 tienen una continuidad de creciente violencia represiva con los golpes militares de 1930, 1955, 1962 y 1966 contra las fuerzas democráticas.

Otros sectores más relacionados con las ideas de centro, sostienen que las Fuerzas Armadas, por un lado, y las organizaciones guerrilleras, por el otro, ejercieron actos de violencia terrorista, que no solo afectaron al bando al que decían combatir, sino a decenas de miles de ciudadanos que no hacían uso de la violencia. Esta interpretación ha sido denominada por sus críticos en forma despectiva como "teoría de los dos demonios".

Los sectores que defienden el accionar de las Fuerzas Armadas durante entre 1976 y 1983, sostienen que se trataba de una guerra, que no obedecía a las reglas de la guerra tradicional. Dentro de esta concepción las violaciones de derechos humanos son consideradas como excesos habituales en toda guerra, pasibles de ser amnistiados. Dentro de esta interpretación algunos sectores sostienen que las Fuerzas Armadas combatían una agresión marxista-leninista en el contexto de la Guerra Fría, mientras que otros sectores sostienen que simplemente se combatía al terrorismo.

Los sectores vinculados con las organizaciones guerrilleras suelen sostener también que se trató de una guerra civil revolucionaria. En mucho casos cuestionan la comisión de crímenes de guerra por parte de las Fuerzas Armadas y de delitos de lesa humanidad contra combatientes y no combatientes.

El impacto de la guerra sucia en Argentina sobre la cultura ha sido considerable, tanto dentro como fuera del país.

Por una parte la población en líneas generales y la juventud en particular, se sintió fuertemente afectada por los horrores revelados por las investigaciones realizadas una vez caído el gobierno militar. Los derechos humanos, la paz y la democracia, como ideales sociales, adquirieron una valoración máxima en la sociedad argentina. Los programas educativos, en escuelas, colegios y universidades incluyeron la enseñanza de las violaciones de derechos humanos durante la dictadura militar, denominada explícitamente con ese término.

En el campo artístico puede decirse que la guerra sucia ha impactado todas las áreas y prácticamente a todos los artistas de un modo u otro.

Durante la dictadura militar muchos artistas estuvieron prohibidos e incluidos en listas negras. Luego de la derrota en la Guerra de las Malvinas y la apertura del proceso electoral, los artistas censurados comenzaron a retornar a los escenarios. Muchos de esos recitales se convirtieron en acontecimientos culturales como los de Mercedes Sosa en el Teatro Opera en 1982, Joan Manuel Serrat en el Luna Park en 1983, y los de Silvio Rodríguez y Pablo Milanés en Obras en 1984.

También existen emotivas esculturas populares, anónimas o colectivas, que en general han sido colocadas en los centros clandestinos de detención. Entre ellas se destacan la columna rodeada de cuerpos que emerge de las profundidades del CCD Club Atlético, o las esculturas colocadas en las rejas de la ESMA.

Entre las obras artísticas relacionadas con la guerra sucia se destaca "Identidad" un complejo de fotos y espejos realizado por trece artistas argentinos a pedido de las Abuelas de Plaza de Mayo. Entre los artistas se encuentran Carlos Alonso, Nora Aslan, Mireya Baglietto, Remo Bianchedi, Diana Dowek, León Ferrari, Rosana Fuertes, Carlos Gorriarena, Adolfo Nigro, Luis Felipe Noé, Daniel Ontiveros, Juan Carlos Romero y Marcia Schvartz.

En 1981 se produjo el Movimiento del Teatro Abierto, una reacción cultural contra la dictadura militar que tuvo una amplia influencia en la población. Teatro Abierto fue organizado por un grupo de gente del teatro integrado por Osvaldo Dragún, Roberto Cossa, Jorge Rivera López, Luis Brandoni y Pepe Soriano, apoyados por Adolfo Pérez Esquivel, recién elegido Premio Nobel de la Paz y Ernesto Sábato. El movimiento se inició en el Teatro Picadero ubicado en la cortada Rauch de la ciudad de Buenos Aires, que por esa razón fue mandado a quemar obviamente por el gobierno militar. Teatro Abierto se movió entonces al Teatro Tabaris.

El ciclo se repitió en 1982, en 1983 (con el lema de "ganar la calle"), y en 1984 (el "teatrazo"). Entre las obras de aquellos ciclos pueden mencionarse Gris de Ausencia (1981) de Roberto Cossa, Tercero Incluido (1981) de Eduardo Pavlovsky, Oficial Primero (1982) de Carlos Somigliana.

Teatro Abierto influyó en el resto de las actividades artísticas organizándose actividades similares en otrosn campos como Danza Abierta, Música Siempre, Libro Abierto, Poesía Abierta, Tango Abierto o Folclore Abierto, tanto en la capital como en algunas provincias.

Algunos artistas en los cuales la guerra sucia ha impactado especialmente son Mercedes Sosa, Víctor Heredia, Charly García, Juan Carlos Distéfano, Juan Gelman, León Ferrari, etc.

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