Jueces para la Democracia

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Publicado por roy 20/03/2009 @ 01:09

Tags : jueces para la democracia, justicia, sociedad

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Jueces para la Democracia

1 Escisión de la Asociación Profesional de la Magistratura.

Jueces para la Democracia es una organización civil de jueces y magistrados de España con sede en Madrid fundada en 1984 por escisión de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM).

Constituida como corriente progresista dentro de la APM el 28 de mayo de 1983, terminó por constituir una organización propia al ser prohibida su existencia en el IV Congreso de la APM. Es la tercera asociación por número de miembros, superada por la APM y por la FV. En el año 2006 el CGPJ certificó que tenía 459 miembros.

Está regida por un Secretariado compuesto por nueve miembros y un Comité Permanente, que se renuevan en congreso cada dos años. Sus fines declarados son promover las condiciones para hacer efectivos los valores constitucionales, la defensa de sus asociados, la de la independencia del poder judicial, reclamar todo los medios que posibiliten la legitimación democrática de dicho poder y la realización de estudios jurídicos y legales.

Sostiene la Fundación Antonio Carretero para «fomentar y promover todo tipo de estudios, cursos e investigaciones y cualesquiera otras actividades de carácter científico y cultural o de interés social, canalizando las relaciones entre la sociedad y el mundo del Derecho» y forma parte de Magistrados Europeos para la Democracia y las Libertades.

Es el órgano de expresión de la política que mantiene la asociación, difundido gratuitamente para denunciar las carencias, deficiencias y necesidades de la administración de justicia y los jueces. Recoge las actividades asociativas y los posicionamientos públicos del secretariado. Está abierto a la opinión y colaboración de todos los asociados y de juristas o grupos que quieren utilizar sus páginas para difundir algún mensaje.

Jueces para la Democracia. Información y debate es una publicación de periodicidad cuatrimestral que, desde 1987, promueve la asociación Jueces para la Democracia. Nació con el propósito de generar un espacio de reflexión a muchas voces en los medios de la magistratura y, más en general, de los juristas progresistas del mundo de habla hispana; y presta especial atención a la dimensión jurisdiccional del derecho.

En este sentido es, pues, una revista jurídica, pero no técnico-jurídica stricto sensu, pues junto a colaboraciones de esta orientación incluye habitualmente otras que la sitúan en una perspectiva más amplia y abierta, de política de la justicia y del derecho, con una vocación transformadora.

Es la revista de la asociación y recoge los aspectos doctrinales y jurídicos sobre temas jurídicos de interés que afectan al área hispano hablante. Tiene carácter completamente abierto y crítico, colaborando en ella numerosos magistrados asociados o no, juristas y catedráticos de prestigio, filósofos y personalidades del mundo del derecho. Tirada de 2.500 suscripciones, presente en casi todas las bibliotecas especializadas del país.

Al principio



Proceso de paz con ETA del Gobierno de la VIII Legislatura de España

La movilización social tras los atentados del 11-M tuvo como efecto colateral la suspensión de la actividad terrorista de ETA durante algunos meses.

El llamado «proceso de paz» se refiere al intento del gobierno de la VIII Legislatura de España de acabar con el terrorismo de ETA en España, mediante la negociación con la banda y su entorno.

La organización terrorista ETA ha anunciado hasta hoy al menos en diez ocasiones el cese de sus acciones violentas de forma total o parcialmente. Sin embargo, la tregua que entró en vigor el 18 de septiembre de 1998 fue la primera y única anunciada como "unilateral e indefinida", aunque ésta finalizó sólo catorce meses después. A estos anuncios hay que sumar hasta tres treguas de ámbito limitado, la primera de ellas el 20 de noviembre de 1997 cuando ETA suspendió todas las acciones previstas en "el frente de las cárceles".

Aunque las demandas de "alto el fuego" a ETA han sido constantes desde la que solicitó el Gobierno de Adolfo Suárez en diciembre de 1977 y para la que la banda exigió el reconocimiento de la alternativa KAS, lo cierto es que la primera tregua real no se produjo hasta días después del 23-F. En aquel momento, ETA-político-militar comunicó una tregua de un año que, finalmente se prolongó hasta agosto del año siguiente.

Ya con el PSOE en el Gobierno y en el marco de las denominadas conversaciones de Argel, el 5 de septiembre de 1987 ETA rechazó la tregua solicitada por el Ejecutivo, aunque el 29 de enero de 1988 la banda ofreció al gabinete de Felipe González una tregua de sesenta días para reanudar el diálogo. En febrero el Gobierno anunció la apertura de negociaciones, al comprobar que no había habido atentados desde que se produjo la oferta, pero el secuestro del empresario Emiliano Revilla junto a otras acciones acabó con el diálogo. Tras la liberación de Revilla, ETA hizo pública, el 2 de noviembre de 1988, una nueva oferta de interrupción de la violencia, condicionada nuevamente a la negociación de la "alternativa KAS".

El 8 de enero de 1989, la organización terrorista anunció una "tregua unilateral" de 15 días y, seis días más tarde, Rafael Vera y Eugenio Etxebeste "Antxón" volvieron a encontrarse en Argel. Este cese de la violencia fue prorrogado con el fin de continuar las conversaciones hasta el 24 de junio, pero no se llegó hasta esta fecha, ya que la banda terrorista lo dio por finalizado el 4 de abril de 1989, tras fracasar el diálogo.

En diciembre de 1991, ETA volvió a anunciar una tregua de dos meses para retomar el diálogo a cambio de ciertas condiciones y repitió su oferta en febrero y julio de 1992 para abrir "una negociación política con el Gobierno" y después de que hubiera sido detenida en Bidart (Francia) la dirección etarra.

La siguiente oferta de tregua se produjo el 23 de junio de 1996, en un momento en el que la banda mantenía secuestrado al funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara y tras la llegada del PP al Gobierno.

El 16 de septiembre de 1998, cuatro días después de que se firmara la Declaración de Lizarra, ETA anunció, por primera vez en su historia, un cese de la violencia total, "unilateral" e "indefinido". El Gobierno de José María Aznar mostró su disposición a dialogar y en mayo de 1999 se celebró un encuentro en Suiza en el que no se produjo acercamiento alguno. En agosto de ese año ETA señaló que el diálogo de paz se hallaba bloqueado y la comunicación con el Gobierno rota. Aunque en los tres meses posteriores se intercambiaron cartas, las partes no volvieron a entablar el diálogo y el 28 de noviembre ETA anunció que la tregua que había mantenido durante más de catorce meses finalizaría el 3 de diciembre de 1999. Esa ruptura de la tregua se materializó el 21 de enero del 2000 con el asesinato en Madrid del teniente coronel Pedro Antonio Blanco García.

Cuatro años después, el 18 de febrero de 2004 ETA anunció la suspensión de todas sus "acciones armadas" en Cataluña por el "empuje de las fuerzas independentistas" y la "concienciación sobre el derecho a la autodeterminación" en los últimos años en Cataluña.

Finalmente, el 18 de junio de 2005, en un comunicado publicado por los diarios Gara y Berria, la banda terrorista anunció que también excluía de entre sus potenciales objetivos a los cargos electos de los partidos políticos en España.

Desde el día 30 de mayo de 2003, la banda terrorista ETA no había cometido ningún atentado mortal en España.

A finales del año 2003, el presidente de Esquerra Republicana de Catalunya, Josep Lluis Carod Rovira, se entrevistó con la cúpula de ETA en la localidad francesa de Perpiñán. La noticia de esta entrevista fue filtrada desde una fuente del CNI al diario ABC, desatando un gran revuelo mediático. A causa del escándalo originado, Carod Rovira se vio obligado a dimitir de su cargo de Conseller en cap del gobierno tripartito Catalán, integrado por los partidos PSC, ERC e IC-V.

Consecuencia o no de esta reunión, la banda terrorista ETA anunció el 18 de febrero de 2004 una tregua por la que se comprometía a dejar de atentar en Cataluña, avivando aún más si cabe la polémica en los medios de comunicación.

Tras los Atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, cometidos por extremistas islámicos, ETA tardó cuatro meses en volver a atentar, posiblemente debido a la conmoción social provocada por la masacre de Madrid y consciente de que el retorno de la actividad terrorista le acarrearía una pérdida de sus apoyos.

El 21 de marzo de 2004, ETA emplazó al diálogo en un comunicado al presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, incidiendo en que la solución no está en manos de un agente, una persona o una organización. Sin embargo, no declaró la tregua, sino que se manifestó dispuesta a seguir luchando. Prueba de esta intención de continuar su autodenominada "lucha armada" es la reanudación de los atentados con bombas a partir de la segunda mitad de 2004. Desde entonces, y a pesar del retorno a la actividad terrorista con la colocación de explosivos, no se produjo ninguna víctima mortal a consecuencia de estos atentados.

El 22 de enero de 2005, el Partido Popular y la Asociación Víctimas del Terrorismo organizaron una manifestación conjunta que agrupó en Madrid a unas 110.000 personas según la Delegación del Gobierno en Madrid y a 1.400.000 según la Comunidad de Madrid, venidas de toda España en protesta contra la política antiterrorista del gobierno. Desde el gobierno se criticó el hecho de que no se respetase al estado en su autoridad en lo que concierne a la política antiterrorista tal y como viene escrito en el propio pacto que firmaron PP y PSOE. El entonces ministro de defensa José Bono, que asistió a la manifestación, fue agredido supuestamente en el transcurso de la misma. (Véase Caso Bono).

El 12 y 13 de mayo de 2005, durante el debate del estado de la nación, el presidente Rodríguez Zapatero anunció su intención de acabar con ETA mediante un final dialogado en esta legislatura, aunque sin pagar un precio político por ello. Mariano Rajoy, líder del Partido Popular en la oposición, acusó a Zapatero en el mismo debate de traicionar a los muertos, declaraciones que fueron duramente criticadas por varios medios.

El 4 de junio de 2005, en una nueva manifestación de la AVT y el PP, el presidente Rodríguez Zapatero fue acusado por los convocantes de romper el pacto antiterrorista. Desde estos sectores se criticó la iniciativa presentada en el Congreso de los Diputados de dialogar con ETA siempre y cuando la banda se comprometiera a dejar las armas. A su vez, desde el PSOE se acusó a varios líderes del PP de incumplir el pacto utilizando el terrorismo como tema de discusión partidista, afirmando además que era la primera vez que desde la oposición se atacaba la política antiterrorista del gobierno, considerada hasta entonces un tema de estado.

El 10 de febrero de 2006, el presidente del gobierno anunció su convicción de que el fin del terrorismo podría estar cerca, y el 22 de marzo siguiente la banda terrorista anunciaba un alto el fuego permanente.

El "proceso de paz" suscitó no poco debate dentro de la sociedad española, hasta el punto de que incluso la terminología del llamado "proceso de paz" fue objeto de debate entre políticos de todas las tendencias así como entre los diversos medios de comunicación.

Además del Partido Socialista Obrero Español, que sustenta al Gobierno, apoyaron el proceso el resto de grupos políticos representados en el Congreso de los Diputados y en el Senado de España a excepción del Partido Popular, a saber: Convergència i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya, el Partido Nacionalista Vasco, Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya Verds, Coalición Canaria, el Bloque Nacionalista Galego, Chunta Aragonesista, Eusko Alkartasuna y Nafarroa Bai.

El 25 de octubre de 2006, el Parlamento Europeo aprobó por 321 votos a favor y 311 en contra, además de veinticuatro abstenciones, una propuesta de resolución de apoyo al proceso presentada por los grupos parlamentarios del Partido Socialista Europeo, de la Alianza de Liberales y Demócratas por Europa, de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica y de los Verdes/Alianza Libre Europea. A pesar de ello, estos grupos matizaron su apoyo, ofreciéndolo a la "iniciativa de paz en el País Vasco emprendida por las instituciones democráticas españolas en el marco de sus competencias exclusivas", y no al "proceso de paz en el País Vasco en los términos fijados por el Congreso de los Diputados". Esta matización, ofrecida por los grupos de izquierda para obtener el apoyo del Partido Popular Europeo, no consiguió finalmente el apoyo de la derecha europea.

El proceso cuenta además con el respaldo de los dos principales sindicatos de España, esto es, la Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras.

También han dado su apoyo al proceso de paz instituciones como la Iglesia Católica o la Organización de las Naciones Unidas.

La mayoría del PP y el presidente de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), Francisco José Alcaraz, no sólo se muestran en contra del proceso, sino del mismo término en sí, que consideran una concesión semántica a los terroristas, pues, según ellos, la necesidad de un proceso de paz implicaría la existencia de una situación previa de guerra. Para ellos, lo que ha existido ha sido el uso de la violencia de una parte de la sociedad vasca contra el resto de españoles. Prefieren hablar, por tanto, de proceso de negociación y de rendición o claudicación del Estado a las exigencias terroristas y reclaman la aplicación estricta de la Ley de Partidos. Desde el gobierno se reprocha al Partido Popular que éste intentó cuando estaba en el gobierno un proceso de paz durante la tregua de ETA de 1998-1999, mientras ahora, dicen, antepone el interés de partido a la razón de estado. Para mostrar este contraste, el PSOE publicó un vídeo titulado "La otra tregua". Por su parte, el PP publicó un documento titulado PSOE, mentiras y cintas de video, donde acusan al PSOE de mentir acerca del actual proceso.

También algunos miembros del PSOE se muestran contrarios al actual proceso de paz, como es el caso de la ex-eurodiputada Rosa Díez, a pesar de que en la anterior tregua de ETA de 1998-1999, la eurodiputada sí dio su apoyo activo al proceso emprendido entonces por el Partido Popular. La concejal de Guecho Gotzone Mora también ha expresado de forma vehemente su desacuerdo con el gobierno, hasta el punto de ser expulsada del Congreso de los Diputados por alterar el orden durante un pleno, desacuerdo expresado también por el anterior secretario general del PSE-EE, Nicolás Redondo Terreros, quien también durante la anterior tregua de ETA llegó a reunirse públicamente con dirigentes de la llamada izquierda abertzale. Aunque en un principio el PSOE manifestó que no se tomarían medidas disciplinarias contra estos afiliados, posteriormente el militante socialista y miembro del Foro de Ermua Antonio Aguirre y la ex-concejal Gotzone Mora fueron expulsados del PSOE el 27 de noviembre de 2007 y el 20 de marzo de 2008, respectivamente; la europarlamentaria Rosa Díez no fue expulsada, sino que renunció su escaño europeo y abandonó la militancia del PSOE por iniciativa propia el 29 de agosto de 2007 como consecuencia de la negociación con ETA emprendida por la dirección del PSOE.

El presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero negó, ante las acusaciones del portavoz del Partido Popular en el Senado Pío García-Escudero, que el PSOE mantuviera "ningún diálogo ni negociación" con Batasuna durante la anterior legislatura de gobierno del PP.

El 31 de mayo de 2006, el secretario general de los socialistas vascos, Patxi López, anunció que se reuniría con la ilegalizada Batasuna después de que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, hubiera comparecido en el Congreso con carácter previo al inicio de los contactos con ETA. Puesto que ocho dirigentes de esa formación política ilegalizada comparecían esos días en la Audiencia Nacional imputados por integración en banda armada y amenazas terroristas, López pidió a los jueces que tuvieran en cuenta "la actual situación del País Vasco". Añadió que se abrían dos escenarios "uno para el diálogo entre el Gobierno y ETA para hacer efectivo el abandono de las armas y la desaparición del terrorismo; y otro para el diálogo político en Euskadi", lo que desde el PP se tomó como asumir la propuesta de Anoeta que proponía dos mesas de diálogo, una entre el gobierno y ETA para hablar del alto el fuego, y otra entre todos los partidos, incluyendo entre ellos a la ilegal Batasuna, para hablar del futuro político del País Vasco.

El presidente del gobierno recordó que convocaría la Comisión de Seguimiento del pacto antiterrorista para informar del cumplimiento del alto del fuego de ETA, la comisión de secretos oficiales y posteriormente comparecería en el Congreso para informar sobre el inicio de las conversaciones con ETA.

El 10 de junio se produjo en Madrid una nueva manifestación convocada por la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) y respaldada por el Partido Popular en la que se rechazaba el diálogo del gobierno con ETA y se pedía saber "la verdad" acerca del 11-M.

El 21 de junio, el presidente del PNV, Josu Jon Imaz se reunió con dirigentes de la ilegalizada Batasuna para hablar de la metodología, los procedimientos y la agenda de una futura "mesa de partidos para la normalización política de Euskadi".

El 29 de junio, el Presidente del gobierno anunció la apertura de las conversaciones con ETA en una declaración institucional ante los periodistas.

El 5 de julio, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón autorizó judicialmente la reunión entre los dirigentes del PSE y Batasuna, anunciada para el día siguiente a las 11.00 horas. En esta reunión, el secretario general del PSE-EE instó a los dirigentes de Batasuna que se integraran en la vida democrática, rechazando el terrorismo.

En junio y julio de 2006, los interlocutores de ETA (José Antonio Urrotiokoetxea Bengoetxea, alias Josu Ternera) y del Gobierno (Jesús Eguiguren) se reunieron en la sede del Centro de Diálogo Henri Dunant en Ginebra. Algunos medios de comunicación informaron de otras reuniones los días 1 de septiembre y 31 de diciembre de 2005 en un chalé situado a las afueras de Oslo. Si bien, tanto el gobierno noruego como el español desmintieron rotundamente que estos últimos encuentros se hubieran producido.

El 25 de noviembre de 2006, la Asociación Víctimas del Terrorismo se manifestó por quinta vez contra la política antiterrorista del gobierno socialista. En esta manifestación, el Partido Popular apoyó de nuevo a la AVT con la presencia de sus principales líderes, como en anteriores manifestaciones.

Tras el atentado del 30 de diciembre de 2006 en el aeropuerto de Barajas de Madrid, el presidente Rodríguez Zapatero anunció por la tarde del mismo día que había ordenado supender todas las iniciativas para desarrollar el diálogo con ETA, con lo que consideraba roto el proceso de paz de forma inmediata. Según Zapatero, la violencia es incompatible con el diálogo, y por lo tanto, éste no puede desarrollarse mientras la banda terrorista no cumpla las condiciones que el gobierno exigió para el inicio del mismo.

El mismo día del atentado en el aeropuerto de Barajas, el secretario general y portavoz parlamentario de la federación nacionalista catalana Convergència i Unió, Josep Antoni Duran i Lleida, manifestó explícitamente que dado que no se daban las condiciones acordadas en el parlamento para que se dialogara con ETA, su formación retiraba el apoyo al gobierno para esta cuestión. Al día siguiente, el presidente de la formación nacionalista catalana, Artur Mas, matizaba estas declaraciones, asegurando que el gobierno contaba con el apoyo de CiU en la lucha antiterrorista. El PP reiteró en esa fecha su oposición al mantenimiento del diálogo.

El 31 de diciembre de 2006, un día después del atentado en el aeropuerto de Barajas, la Asociación Víctimas del Terrorismo, acompañados por altos dirigentes del Partido Popular en Madrid, se manifestaron en la Puerta del Sol, de nuevo contra la política antiterrorista del gobierno. En esta concentración se profirieron todo tipo de insultos contra el gobierno y el Partido Socialista Obrero Español. Varios periodistas de Televisión Española y Radio Nacional de España fueron también objeto de insultos por parte de algunos manifestantes, teniendo que ser escoltada por la Policía una periodista del ente público para evitar que fuera agredida.

El 9 de enero ETA hizo público un comunicado enviado al diario Gara donde reivindicó el atentado de barajas, aunque afirmando al mismo tiempo que el alto el fuego permanente continúa vigente. En el mismo culpabilizó al gobierno por no evacuar el aparcamiento correctamente, afirmando que el objetivo de esa acción armada no era causar víctimas.

A su vez el portavoz del gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba criticó con dureza la actitud de la banda terrorista y replicó que ETA debía ser consecuente con el atentado cometido en Barajas y asumir el riesgo enorme que supone poner una bomba como la que costó la vida a dos ciudadanos ecuatorianos. Cuando uno pone una bomba potente en la terminal de un aeropuerto, tiene que ser consecuente con sus acciones, declaró, tachando de sarcasmo que ETA pida ahora explicaciones de sus salvajadas al Gobierno de España. Manifestó que ETA ha roto el proceso de paz, ETA ha roto su tregua y que el gobierno no iba a mantener puentes tendidos a la banda aunque ésta dijera seguir estando en tregua.

La Federación Nacional de Asociaciones Ecuatorianas de España (FENADEE) convocó una manifestación en Madrid para el 13 de enero a las 17 horas, con el lema 'Por la Unidad y la Paz', anunciando la Asociación de Víctimas del Terrorismo su apoyo a la misma.

Posteriormente, Comisiones Obreras (CC.OO.) y UGT anuncaron otra manifestación en Madrid en repulsa por el atentado de ETA, con el lema 'Por la paz y contra el terrorismo' para el mismo día a las 18.00 horas, ante lo cual la FENADEE decidió desconvocar su manifestación y unirse a esta última.

El 9 de enero el Foro de Ermua le solicitó a los convocantes que incluyeran la palabra libertad en el lema de la marcha. Según ellos no es un problema de falta de paz sino de falta de libertad: 'España no está en guerra y que, por tanto, ya tenemos paz', pero sería una 'grave carencia' olvidar en el mismo la palabra libertad, entendiendo que la defensa de la libertad es 'el valor básico puesto en peligro por ETA'.

La FENADEE y CCOO se mostraron conformes a agregar la palabra libertad al lema de la marcha, pero UGT rechazó la iniciativa debido a que las pancartas ya estaban realizándose. El foro de Ermua entonces anunció que acudiría con su propia pancarta, con el lema 'Por la Libertad. Derrotemos a ETA'. La AVT anunció que no acudiría a la manifestación del sábado por tratarse de "un acto de apoyo a la negociación con los terroristas de cara a un futuro inmediato". El Partido Popular (PP) decidió no respaldar la manifestación puesto que según ellos no se buscó el consenso, rechazando sugerencias tanto del lema como del manifiesto. "Una manifestación que tendría que haber servido para unir a la sociedad contra el terrorismo, ha generado disenso y división, incluso entre los propios colectivos convocantes".

A última hora del 10 de enero, la Federación de Ecuatorianos de Madrid (FEM), mayoritaria en el conjunto de España, decidió desvincularse de la marcha, considerando "incomprensible e inaceptable" la no inclusión en el manifiesto de una mención al rechazo al diálogo con los terroristas ni tampoco la palabra "libertad" en la pancarta, cuando el propósito de la convocatoria debía expresar la "solidaridad" con las víctimas del atentado, y al no entender que no se haga mención al principal objetivo, que es "la derrota definitiva de los terroristas".

El 11 de enero el Foro de Ermua decidió no sumarse a la manifestación al considerar que "ha dejado de ser el lugar de encuentro de todos los ciudadanos que deseamos solidarizarnos con Diego Armando Estacio y Carlos Alonso Palate, asesinados en el brutal atentado cometido por ETA en Barajas, y con sus familiares y amigos", criticando a UGT, a quien acusó de mamporrero del Gobierno de Rodríguez Zapatero al negarse a incluir en el lema la palabra "libertad", denunciando que la UGT ha actuado "al servicio" del Ejecutivo al intentar "avalar" con la manifestación "una política de diálogo y cesión permanente al terrorismo que ha provocado el fortalecimiento de la banda y la división en la lucha antiterrorista". y acusándolo de hacer "de correa de transmisión del Gobierno, para generar un clima de desunión y desconfianza entre las fuerzas democráticas con el fin de propiciar una política favorable a la negociación con ETA". La Confederación Española de Policía (CEP), la Asociación Independiente de la Guardia Civil (ASIGC), la patronal CEOE y otras seis asociaciones de inmigrantes ecuatorianos (sin contar la FEM) que también iban a participar, se echaron asimismo hacia atrás.

Finalmente el día 12 de enero UGT consintió en cambiar el lema de la marcha para sí incluir la palabra libertad: "Por la paz, la vida, la libertad y contra el terrorismo". No obstante, debido a lo tardío de la decisión, sólo unas pocas pancartas pudieron ser cambiadas para tener el nuevo lema. El Foro de Ermua declaró que no iba a participar, ante la dificultad de tener que reconvocar de nuevo a la gente. Por su parte el PP afirmó que "existe una confusión generalizada, que se ha trasladado al ámbito de las manifestaciones. Se han generado polémicas en torno a los lemas y a los contenidos de los manifiestos" y para no producir más confusión decidió no apoyarla. Solicitó asimismo su desconvocatoria.

Ángel Acebes, por el Partido Popular, declaró que la manifestación, «no es contra ETA sino contra el PP».

La manifestación contó con la presencia de ministros del gobierno, socialistas, Gaspar Llamazares y a personajes del mundo de la cultura y del espectáculo, que también habían participado en las manifestaciones contra la invasión de Iraq de 2003.

La AVT preguntó a los participantes dónde estaban en las manifestaciones contra el atentado que había convocado ella.

La delegación del Gobierno cifró la asistencia en 174.824 personas y la Comunidad de Madrid en 210.000.

El mismo día tuvo lugar otra manifestación en Bilbao convocada por el lehendakari del gobierno Vasco, Juan José Ibarretxe, con el lema «Por la paz y el diálogo. Exigimos a ETA el fin de la violencia», y a la que se adhirieron todos los partidos políticos vascos con excepción del Partido Popular y la ilegalizada Batasuna. El número de asistentes fue de 80.000 según la policía. La manifestación finalizó con un minuto de silencio por las víctimas del atentado y unas palabras del lehendakari que hizo un llamamiento al diálogo.

Ha habido una gran polémica en torno a la condena al etarra Iñaki de Juana Chaos. El 10 de noviembre de 2006, en Palma, Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales se pusieron de acuerdo para difundir un comunicado conjunto en el que critican las "continuas declaraciones públicas que pretenden presionar a jueces y fiscales".

El 22 de marzo de 2006 ETA declaró un alto el fuego permanente, que entró en vigor a las cero horas del 24 de marzo del mismo año. A pesar de que el alto el fuego fue respetado por ETA durante los primeros meses, en el tercer y cuarto trimestre de 2006 se ha visto cómo la banda lo rompía con extorsiones a empresarios, violencia callejera o la apropiación de más de 350 pistolas robadas en un almacén de Vauvert (Francia) el 23 de octubre de 2006 . La gendarmería francesa informó de la localización en ese mismo mes de un escondrijo con armas y materiales para la fabricación de explosivos en la localidad de Saint-Etienne-de-Baigorry.

El día 23 de diciembre de 2006, la Ertzaintza localizaba en la localidad de Amorebieta un "zulo" de ETA donde se hallaron sustancias para la fabricación de explosivos, lo que, unido al anterior robo de armas en Francia, era otra señal de que la banda terrorista se estaba rearmando. La reacción política a estos hallazgos fue muy negativa, reconociendo el secretario general del PSE-EE Patxi López que Batasuna había endurecido sus posiciones negociadoras.

El día 30 de diciembre de 2006, ETA hizo explosionar una furgoneta-bomba en el aparcamiento de vehículos de la terminal T4 del aeropuerto de Barajas en Madrid, con un resultado de dos personas fallecidas (ambas de nacionalidad ecuatoriana), una veintena de heridos leves y graves daños materiales. El ministro del interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, dijo en comparecencia ante la prensa que este atentado terrorista señalaba con claridad el fin abrupto del alto el fuego permanente anunciado por ETA. Esa misma tarde, mientras el presidente del gobierno Rodríguez Zapatero daba por concluido el proceso de diálogo con ETA, el líder de la ilegalizada Batasuna, Arnaldo Otegi, culpabilizaba al gobierno del atentado, negándose a condenarlo.

Al principio



Foro Judicial Independiente

El Foro Judicial Independiente (en siglas, FJI) es una de las cinco asociaciones profesionales de jueces españoles. Puesto que los jueces españoles tienen prohibido pertenecer a sindicatos, las asociaciones profesionales como el FJI han adoptado el papel tradicional de proteger los derechos y las condiciones laborales de los jueces. El acto fundacional data de 18 de diciembre de 2002 gracias al impulso del Magistrado Agustín Azparren, vocal independiente del Consejo General del Poder Judicial, teniendo como objetivos específicos representar no sólo a sus asociados, sino también a los no asociados en las reivindicaciones estrictamente laborales de los jueces, además de perseguir como objetivo la unificación en una asociación única según el modelo de otros país (significativamente, Italia), «evitando los planteamientos partidistas de las dos asociaciones más fuertes: la APM (Asociación Profesional de la Magistratura) mayoritaria e identificada con el PP, y JD (Jueces para la Democracia), la del PSOE», postulado que dicen compartir con la Asociación Francisco de Vitoria. Su Primera Asamblea General Ordinaria se celebró el 30 de mayo de 2003 en Madrid. En el año 2006, el CGPJ certificó que tenía 186 miembros; actualmente (2008) FJI es la cuarta asociación en número de asociados, integrando a unos doscientos. El 30 de enero de 2009 convocó, junto con la Asociación Francisco de Vitoria, la primera huelga de jueces en la historia de España.

Al principio



Euskadi Ta Askatasuna

Miembros de Euskadi Ta Askatasuna (ETA) disparan salvas al aire en el Gudari Eguna de Aritxulegi, Oiartzun, Guipúzcoa, el 25 de septiembre de 2006.

Euskadi Ta Askatasuna (en español: País Vasco y Libertad), conocida por sus siglas ETA, es una organización terrorista, autodeclarada independentista y nacionalista vasca, de ideología marxista-leninista, que invoca la lucha armada como método para obtener sus objetivos fundamentales en los que se encuentra de manera prioritaria la independencia de lo que el nacionalismo vasco denomina Euskal Herria de los estados de España y Francia. Para ello utiliza el asesinato, el secuestro, la extorsión económica tanto en España como, ocasionalmente, en Francia.

Fundada en 1959 durante la dictadura franquista tras la expulsión de miembros de las juventudes del Partido Nacionalista Vasco, cometió su primera acción violenta en julio de 1961 e, inicialmente, contó con el apoyo de una parte significativa de la población al ser considerada una más de las organizaciones opuestas al régimen, si bien tras el proceso democratizador iniciado en 1977, al cual no se incorporó, fue perdiendo apoyos públicos, siendo condenados sus actos y calificados de terroristas por la inmensa mayoría de las fuerzas políticas y sociales desde la aprobación del Estatuto de Gernika en 1979 hasta la actualidad en la que su condición terrorista es plenamente admitida por la inmensa mayoría de los estados, entre ellos; España, Francia, Estados Unidos, las organizaciones internacionales tales como el Consejo de Europa, las Naciones Unidas o la Europol, así como las organizaciones defensoras de los derechos humanos más prestigiosas.

Desde el 2002, diversos partidos políticos y organizaciones sociales han sido ilegalizados por su vinculación a ETA.

Los integrantes de ETA suelen ser llamados «etarras», un neologismo creado por la prensa española a partir del nombre de la organización y el sufijo vasco con el que se forman los gentilicios en euskera (en un primer momento, se les llamó «etistas»). En vasco, la denominación es etakideak, plural de etakide («miembro de ETA»), si bien tal denominación no se usa en castellano.

Los miembros y partidarios de la organización frecuentemente utilizan asimismo el término «gudaris» (gudariak en euskera), que significa guerrero, combatiente, etc. Era el nombre que recibían los combatientes nacionalistas vascos que lucharon contra el alzamiento de los nacionales durante la Guerra Civil de 1936 a 1939. El romanticismo de ese término proviene de que en la guerra civil, por medio de la prensa afín, se difundió que aquellos combatientes luchaban por Euskadi.

En los años cincuenta, la dictadura franquista empieza a ser reconocida internacionalmente; así el PNV es desalojado de su céntrica sede en París en 1951 y Franco firma un Concordato con la Iglesia católica en 1953, fallando la estrategia occidentalista por vias diplomáticas que durante esos años había desarrolado el PNV.

En 1952 se organiza un grupo de estudio universitario con el nombre Ekin (hacer en euskera) en Bilbao. A partir de 1953, y a través del Partido Nacionalista Vasco, el grupo toma contacto con la organización juvenil del PNV, Euzko Gaztedi (EGI). Es en 1956 cuando ambas asociaciones se funden, redactando una ponencia conjunta en el primer Congreso de mundial vasco celebrado ese mismo año en París en el que apostando por el relevo generacional, difieren de las directrices del partido. En 1958 se empiezan a vislumbrar tensiones en el interior de la asociación en confrontación con los altos dirigentes del PNV , que llevan a la expulsión de dirigentes de EKIN y que motivo la posterior escisión en el mes de mayo de ambos grupos puesto que EKIN propugnaba una estrategia de «acción directa» y actuar así como un movimiento de resistencia vasco, en una época en que abundaban las luchas de liberación nacional en el tercer mundo, como la descolonización de Argelia.

EKIN se convierte en ETA el 31 de julio de 1959 , constituyéndose la organización por una junta directiva colegiada formada por Eneko Irigaray, López Dorronsoro, Álvarez Emparanza "Txillardegi", Benito del Valle, J. Manuel Agirre, Julen Madariaga y Patxi Iturrioz.

En 1964, el ilegalizado PNV muestra su desvinculación con ETA y para ello, con el fin de desmentir ciertos rumores, declara públicamente "que la organización conocida con las siglas E.T.A. ni es nucleo activista, ni sección terrorista de nuestro partido, ni tiene con éste ningún lazo de disciplina", rechazándo sus metodos violentos .

Los elementos izquierdistas, que alejan a ETA de la tradición conservadora y católica del PNV, quedan más definidos a partir de la II Asamblea, en la que se constatan afinidades entre el ideario de ETA y el comunismo. Esta asamblea se celebró en Bayona en la primavera de 1963.

En la III Asamblea, que se reunió aproximadamente entre abril y mayo de 1964, se tomó la decisión de que la lucha armada era el mejor modo de conseguir los fines propuestos. La ponencia se publicó más tarde con el título La insurrección en Euskadi. En esta asamblea, además se decidió unánimemente la ruptura con el PNV, cuya labor ETA consideraba «contraria a los intereses de la liberación nacional».

Resulta difícil precisar cuál fue el primer atentado de ETA, ya que la autoría de los primeros que se atribuyen a esta organización no está clara. Hay fuentes que señalan que el primero fue el asesinato de la niña de 22 meses Begoña Urroz Ibarrola el 27 de junio de 1960, a causa de la colocación de una bomba en San Sebastián, y otras que fue un intento fallido de descarrilar un tren de veteranos de guerra en 1961. En todo caso, el primer ataque reivindicado fue la muerte del guardia civil José Ángel Pardines Arcay el 7 de junio de 1968. Donde sí parece haber más unanimidad es que fue en 1968 cuando cometieron su primer atentado de gran repercusión: el asesinato de Melitón Manzanas, jefe de la policía secreta de San Sebastián y represor de la oposición a la dictadura franquista. En 1970, varios miembros de ETA son juzgados y condenados a muerte en el proceso de Burgos, pero la presión internacional hace que se conmute la pena, que ya había sido aplicada a otros miembros de ETA con anterioridad. El atentado de mayor repercusión durante la dictadura fue en diciembre de 1973, cuando asesinaron al almirante y presidente de gobierno Luis Carrero Blanco en Madrid, acción que fue aplaudida por muchos exiliados políticos.

En esta asamblea se aprobó definitivamente el uso de la violencia armada como una de las formas de acción habituales de la organización. También se aprobó el uso de la violencia para conseguir fondos económicos (el primer atraco a mano armada tuvo lugar en Vergara (Guipúzcoa) el 24 de septiembre de 1965).

La V Asamblea da lugar a la primera escisión. Se realizó en dos fases, la primera en diciembre de 1966 en la casa parroquial de Gaztelu (Guipúzcoa). La segunda se celebró en marzo de 1967 en la casa de ejercicios espirituales de la Compañía de Jesús de Guetaria (Guipúzcoa). En la asamblea estallaron las divergencias entre obreristas y los dos sectores nacionalistas formados en la IV Asamblea. Los obreristas, tachados de «españolistas» por su pretensión de priorizar la alianza con grupos de izquierdas de todo el territorio español, se escindieron en una organización que llamaron ETA Berri (Nueva ETA), mientras que los otros dos sectores quedaron encuadrados en la llamada ETA Zaharra (Vieja ETA), que pronto volvería a ser ETA a secas. ETA Berri contribuyó a crear y acabó por disolverse en un partido político de ámbito español llamado Movimiento Comunista (MC). En ETA Zaharra el sector tercermundista arrinconó y apartó del poder al sector culturalista de Txillardegi, que formó un grupo interno llamado Branka. En la V Asamblea se decide también la creación de los cuatro frentes o grupos de trabajo interno que mantendrá la organización a lo largo de los años: político, militar, económico y cultural.

En la VI Asamblea, celebrada en el verano de 1970 en Bayona, resurgen con fuerza las tensiones, esta vez entre militaristas (partidarios de la preeminencia de la actividad terrorista), y un sector llamado otra vez «obrerista», que aboga por la supeditación de la lucha armada a la lucha política realizada en alianza con las organizaciones obreras. Este último sector es mayoritario durante la celebración de la asamblea, y su decisión de poner coto a la actividad armada hace que el sector militarista se niegue a aceptar las resoluciones de la asamblea, creando una escisión que llamarán ETA V Asamblea Askatasuna ala hil (Libertad o muerte) o ETA-V. El sector mayoritario emplea la denominación ETA VI Asamblea Iraultza ala hil (Revolución o muerte) o, abreviadamente, ETA-VI. Sin embargo, ETA-V logra hacerse con el control de la organización, en la que se integra un sector de EGI, las juventudes del PNV, partidario de la lucha armada. ETA-VI, por su parte, se divide en dos grupos, el mayoritario (llamado de los mayos) y el minoritario (minos). El primero aprueba en 1973 integrarse en la Liga Comunista Revolucionaria (LCR, partido de ámbito español que muchos años después se unificará con el MC). El otro sector, el de los minos, se disolverá al integrarse sus miembros en otras organizaciones como la Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT) y el PCE, o incluso en la propia ETA-V (nuevamente ETA a secas).

La VI Asamblea de 1973 (recordemos que quien se queda con el nombre de ETA no reconoce la anterior VI Asamblea) es la que provoca las últimas y más importantes escisiones hasta la fecha. Se celebra en dos partes, la primera en la localidad vascofrancesa de Hasparren en agosto de 1973, y la segunda tras el atentado de la calle Correo de Madrid. En la primera parte resurgen las tensiones entre militaristas y obreristas, que se plasman en dos sectores enfrentados y con poca comunicación entre ellos. Son los militaristas quienes deciden unilateralmente atentar contra Carrero Blanco en diciembre de 1973, provocando la escisión del sector obrerista, que se constituirá en el Partido Revolucionario de los Trabajadores Vascos (PRTV), abandonando ETA.

Tras el atentado indiscriminado de la calle Correo resurge, durante la celebración de la segunda parte de la asamblea, la antigua discrepancia entre los que abogan por la prioridad absoluta de la actividad terrorista y quienes desean su supeditación a las luchas políticas. Así surgen los «militares» (milis, esencialmente provenientes del Frente Militar) y los «político-militares» (poli-milis, procedentes del Frente Obrero), que se escindirán en dos organizaciones: ETA Militar (ETAm, ETA (m) o ETA mili) y ETA Político-Militar (ETApm, ETA (pm) o ETA poli-mili). Esta última es mayoritaria.

Cuando se inicia la llamada transición a la democracia española, por tanto, no hay una ETA sino dos. ETApm apoyó la fundación de un partido político que representara el ideario de la organización ante las elecciones generales de 1977, el Euskal Iraultzarako Alderdia (Partido para la Revolución Vasca, EIA). Más tarde ETApm aceptó la amnistía concedida por el gobierno español a todos los presos etarras aunque tuvieran delitos de sangre, abandonando la violencia e integrándose en el partido político Euskadiko Ezkerra («izquierda del País Vasco», que luego se fusionaría con el PSE-PSOE). El abandono de la violencia, decidido en la VII Asamblea de ETA (pm), fue contestado por buena parte de su militancia, que se integró en ETAm (que en adelante, volvió a ser conocida simplemente como ETA), en especial los llamados comandos bereziak (especiales), comandos dedicados a las acciones violentas más importantes. Algunos de los dirigentes de lo que en adelante sería ya la única ETA proceden de ETApm, como Antxon o Pakito, y se debe a personas de esta procedencia también la llamada Alternativa KAS.

ETA, por su parte, consideraba que con el sistema constitucional posterior a 1978 las cosas no habían cambiado sustancialmente en lo que al derecho de autodeterminación se refería, y decidió continuar su actividad terrorista sin cambios, es decir, de acuerdo con la idea que venía defendiendo de preeminencia de la lucha armada sobre la política y de los aspectos nacionalistas sobre los obreristas o revolucionarios. Los atentados aumentaron en número e intensidad. Destacan el secuestro y asesinato de José María Ryan, ingeniero-jefe de la central nuclear de Lemóniz en 1981, el primer atentado con coche bomba en Madrid, en septiembre de 1985, con un muerto y 16 heridos; la bomba que mató a 12 guardias civiles e hirió a 50 en julio de 1986; o el atentado de Hipercor, el 19 de junio de 1987, cuando pusieron una bomba en un centro comercial de Barcelona, que causó la muerte de 21 personas e hirió a 45. ETA explicó en un comunicado que había avisado previamente de la colocación de la bomba y que la policía no desalojó el local.

Durante la dictadura franquista, y gran parte de la democracia, ETA disfrutó de la tolerancia del gobierno francés, que permitía a sus integrantes moverse libremente por su territorio, creyendo así contribuir al fin del régimen franquista. Se hablaba entonces del «santuario francés» de ETA. Actualmente, Francia colabora intensamente con las autoridades españolas en la lucha contra ETA.

Entre 1983 y 1987 surgieron los Grupos Antiterroristas de Liberación o GAL, organización que cometió varios asesinatos, secuestros y torturas, tanto de miembros de ETA como de civiles. Se llamó a esto la «guerra sucia». Más tarde se detuvo y en 1997 se juzgó y encarceló a personas implicadas en el GAL, entre las que había responsables políticos de alto nivel, entre ellos el propio ministro de interior del PSOE, José Barrionuevo.

En 1986 se fundó la Coordinadora Gesto por la paz, que comenzó a convocar manifestaciones silenciosas en todos los pueblos al día siguiente de cada muerte causada por la violencia política relativa al País Vasco, ya fuera de ETA o del GAL, en lo que fueron las primeras manifestaciones contra la violencia terrorista. Ese mismo año, ETA asesinó en Ordicia a María Dolores González Katarain, Yoyes, antigua dirigente de la organización, que había decidido dejar la lucha armada y ya se había reinsertado en la sociedad, acusándola de «desertora».

En 1987 Txomin Iturbe Abasolo, número uno de ETA en ese momento, comenzó a dirigir las conversaciones de Argel, que continuó, tras su muerte ese mismo año, Antxon, hasta su finalización en 1989.

Tras la muerte de Txomin en 1987, Josu Ternera tomó las riendas de la organización, que dirigió hasta ser detenido en 1989. Pakito compartió liderazgo con él, pasando a hacerlo tras su detención con Txeli y Fiti (formando el denominado colectivo Artapalo).

El 12 de enero de 1988 se firmó el pacto de Ajuria-Enea entre todos los partidos vascos, a excepción de Herri Batasuna, con el fin de acabar con la violencia de ETA.

El 28 de enero de 1988 ETA anunció un «alto al fuego» de 60 días, que luego alargó varias veces, y se intentó una negociación entre ETA (representada por Eugenio Etxebeste, «Antxon») y el gobierno español del Partido Socialista Obrero Español, denominada Mesa de Argel, que terminó en mayo sin resultados, terminando el alto al fuego.

Alegando la necesidad de evitar que ETA impidiera mediante coacción la reinserción de sus presos, anteriormente agrupados en cárceles del País Vasco, el gobierno del PSOE decidió la dispersión de los presos de ETA por las cárceles de todo el país. Esta medida, que busca que los presos etarras no formen un grupo de presión en las cárceles vascas, ha provocado rechazo, especialmente desde sectores nacionalistas, que proclaman su ilegalidad.

En 1992, la cúpula dirigente de ETA al completo (Pakito, Txelis y Fiti) es detenida en Bidart (en Labort, Francia), lo que forzó el cambio de dirección. Tras una tregua de dos meses, adoptan postulados más radicales, siendo la principal consecuencia de este cambio de rumbo la supuesta creación de los «comandos Y», formados por jóvenes (generalmente menores de edad) dedicados a la llamada kale borroka («lucha callejera» en vasco), cuyas actividades incluirían la quema de autobuses y mobiliario urbano, y el lanzamiento de cócteles molotov. Su aparición se atribuyó a una hipotética debilidad de ETA, que les obligaría a recurrir a menores para mantener o aumentar su impacto en la sociedad tras importantes detenciones de sus militantes, incluida su cúpula militar. También empezaron a ser amenazados los concejales de partidos políticos no nacionalistas vascos. Sin embargo, dentro del llamado Movimiento de Liberación Nacional Vasco se niega la existencia de los Comandos Y, y se afirma que su descripción es una maniobra para imponer una mayor pena de prisión a quien realiza estas acciones. El papel de ETA como organizador de la kale borroka ha sido considerado probado por la Audiencia Nacional; por otro lado, desde distintos sectores políticos de izquierda (principalmente de la izquierda abertzale) se niega este papel.

En 1995, la organización lanzó una serie de exigencias al gobierno español como condición para el cese de la violencia. La llamada Alternativa Democrática actualizaba y venía a sustituir a la alternativa KAS como propuesta de mínimos para el reconocimiento de Euskal Herria. A partir del reconocimiento por parte del Gobierno Español de la territorialidad vasca, de que la soberanía reside en el pueblo vasco y de que éste tiene el derecho de autodeterminarse, se derivaría el cese total de las actividades armadas de ETA. El gobierno español rechazó las exigencias de ETA, intentó silenciar su difusión y los tribunales procesaron a la mesa nacional de HB por aprovechar los espacios gratuitos de publicidad electoral para difundir las exigencias, añadiendo a su anuncio algunas imágenes extraídas de un vídeo de ETA.

El 19 de abril de ese mismo año fracasó un atentado con coche bomba contra el principal líder de la oposición José María Aznar, que pronto sería elegido presidente de gobierno, y, según las fuerzas de seguridad, fue abortado el asesinato del rey Juan Carlos I, aunque el acto de mayor impacto social vino al año siguiente. El 10 de julio de 1997 secuestraron al concejal del Partido Popular de Ermua (Vizcaya) Miguel Ángel Blanco, amenazando con matarlo si el gobierno español no cedía a sus exigencias. Seis millones de personas se manifestaron, tanto en el País Vasco como en el resto de España, para exigir su liberación. Al cabo de dos días ETA cumplió su amenaza, lo que desencadenó manifestaciones masivas de rechazo al grito de «¡Asesinos!», «Vascos sí, ETA no» y otros. Se denominó a esto entonces el «espíritu de Ermua».

El 16 de septiembre de 1998, ETA declaraba una "tregua indefinida y sin condiciones" que entraría en vigor dos días después de su anuncio. ETA decía en su comunicado que "Los ciudadanos vascos estamos sojuzgados bajo dos Estados fuertes. Ambos Estados utilizan todos sus instrumentos armados, políticos, económicos y culturales para evitar las posibilidades que tenía Euskal Herria, un pueblo libre en el futuro". Pero advertía ETA que el objetivo de este paso no era la "pacificación", y que sería un engaño a la sociedad decir que este paso lleva a la "normalización", "la consolidación del marco actual y una paz sin que nada cambie.". Respecto a las instituciones, recordaban su objetivo de crear una institución única y soberana que integre todos los territorios que reclaman, y que era la hora "de acabar con los partidos, estructuras institucionales y represoras que tienen por objetivo la construcción de España y Francia, y la desaparición de Euskal Herria.".

Su comunicado, por último, matizaba la suspensión de sus actividades, reconociendo que seguiría desarrollando las labores de suministro, mantenimiento de sus estructuras y su "derecho de defensa en hipotéticos enfrentamientos", y advertía de la posibilidad de revocación de la tregua indefinida, condicionándola a los acontecimientos futuros.

Esta tregua estuvo precedida por un acuerdo firmado un mes antes por la propia organización terrorista ETA, el Partido Nacionalista Vasco y Eusko Alkartasuna, en el que todas las partes se comprometían a buscar la integración de los seis territorios en una institución única y soberana, objetivo político de ETA, y los partidos políticos PNV y EA se comprometían a "dejar sus acuerdos con los partidos que tienen como objetivo la destrucción de Euskal Herria y la construcción de España (PP y PSOE)". Por su parte, ETA se obligaba a anunciar el "alto el fuego indefinido".

El 12 de septiembre de ese mismo 1998, cuatro días antes del anuncio oficial de tregua por parte de ETA, se firmó en la localidad navarra de Estella un pacto entre el Partido Nacionalista Vasco, Herri Batasuna, Eusko Alkartasuna, Ezker Batua-Berdeak, el sindicato LAB, y otras organizaciones en el que se analizaba la situación de Irlanda del Norte y se trataba de proyectar el proceso de paz allí seguido para el caso del País Vasco. Declaraban los firmantes el proceso que debía seguirse para la "resolución política del conflicto". Este método se basaba en la negociación política, en ausencia de violencia, para dar respuesta "a la tradición y aspiraciones de soberanía de las ciudadadanas y ciudadanos de Euskal Herria". El acuerdo se conoció como Pacto de Estella. Su firma puso fin al Pacto de Ajuria Enea.

En mayo de 1999 se produjo en Suiza una reunión entre representantes de la banda terrorista ETA y enviados del gobierno español. Esa reunión pretendía ser para ETA un primer contacto para una serie de reuniones en las que se abordasen cuestiones políticas. Para el gobierno pretendía ser un modo de tratar de verificar de primera mano si la banda estaba dispuesta a cesar de un modo definitivo sus actividades criminales. La reunión no fructificó.

En septiembre de ese mismo año, ETA propuso a PNV y EA suscribir una actualización del compromiso adquirido el año anterior, en el que buscaban la materialización de los objetivos fijados, mediante la celebración de unas elecciones en toda Euskal Herría (tanto la parte española como francesa) que eligiese un parlamento encargado de redactar una Constitución para el nuevo Estado. ETA condicionaba el cese definitivo de sus actividades terroristas a la "fortaleza y estabilidad" del nuevo parlamento. Este nuevo acuerdo fue rechazado por los firmantes del pacto anterior y por tanto no llegó a formalizarse.

El 28 de noviembre ETA anunciaba la ruptura de la tregua mantenida durante un año. En su comunicado, recordaba el pacto firmado con PNV y EA y los planteamientos del Pacto de Estella, y aludía como razones para la reanudación de sus actividades criminales, la presión ejercida por los gobiernos de España y Francia y la pretensión del gobierno español de "que de ser un proceso de construcción nacional pasara a ser un proceso de paz sin contenido, intentando ahogar a la izquierda abertzale en la «normalidad» política y con la intención obstinada y maligna de que la interrupción «provisional» de las acciones de ETA pasara a ser «definitiva» e irreversible.". También se quejaba de que PNV y EA no habían respondido a su propuesta de actualización de pacto. Se anunciaba la fecha del 3 de diciembre como la escogida para la vuelta a la violencia.

El 26 de enero de 2004, el diario ABC desvelaba que el entonces primer consejero de la Generalidad de Cataluña, Josep-Lluís Carod-Rovira se había entrevistado los días 3 y 4 de enero en la localidad francesa de Perpiñán con dirigentes de ETA y que supuestamente ultimaba un pacto con la banda terrorista según el cual ésta se habría comprometido a no atentar en Cataluña a cambio de que el líder de Esquerra Republicana de Cataluña proclamara una declaración independentista en favor del derecho de autodeterminación de los pueblos. El mismo día, y tras la publicación de la información en ABC, el propio Carod-Rovira confirmó la reunión, aunque aseguró que, pese a haber hablado de política, no había llegado a ningún "pacto, ni ningún acuerdo ni ninguna contraprestación, porque no hablaba en nombre de ningún gobierno". Pidió disculpas a la Generalidad por no haber informado y por hacerlo cuando era el número dos de la misma, tras lo cual presentó su dimisión, que fue aceptada por el presidente de la Generalidad, Pasqual Maragall, permaneciendo como consejero sin cartera hasta el día 3 de febrero de 2004.

El 18 de febrero, ETA anunciaba una tregua únicamente para el territorio de Cataluña con el "deseo de unir los lazos entre el pueblo vasco y el catalán". El entonces presidente del gobierno, José María Aznar, declaró que este anuncio era la contribución de ETA a "esta estrategia repulsiva, promovida por Esquerra Republicana de Catalunya". El líder del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, opinaría que "el contenido del comunicado de establecer una tregua en Cataluña es absolutamente rechazable e inadmisible y, desde luego, debe tener consecuencias políticas". El presidente de la Generalidad, Pasqual Maragall diría "Que digan que no matarán en Catalunya nos indigna más todavía por lo que tiene de perversión. No queremos el perdón de ETA. Nos repugna". Por su parte, Carod-Rovira, insitió en que en su reunión no se llegó a ninguna clase de pacto a la vez que pidió su extensión al resto del Estado español, el abandono de las armas y que dejara de matar.

Cada vez con más frecuencia, las acciones de ETA son frustradas por las fuerzas de seguridad del estado. El día de Nochebuena de 2003 la Policía Nacional detuvo en San Sebastián y Hernani a dos etarras que habían dejado dinamita en un vagón presuntamente preparado para estallar en la estación de Chamartín de Madrid; y el día 1 de marzo de 2004, la Guardia Civil detuvo en la provincia de Cuenca una furgoneta con 536 kg de explosivos, impidiendo un atentado en la capital. Al parecer estaba planeado en una zona comprendida entre Alcalá de Henares y Madrid, a la luz de un mapa encontrado en el vehículo.

El 11 de marzo de 2004 se produjeron en Madrid atentados mediante diez explosiones de bombas en trenes de pasajeros. En un primer momento se atribuyó el atentado a ETA, pero los representantes de Batasuna negaron esta hipótesis, asimismo, una persona que hablaba en nombre de ETA llamó a ETB y negó toda responsabilidad por los atentados del 11-M, este comunicado tuvo credibilidad ya que la voz del interlocutor era muy similar a la que anunció la tregua de ETA en Cataluña.

El mismo día de los atentados del 11 de marzo de 2004, cuando el gobierno español señalaba como segura la autoría de ETA (ver Reacciones políticas a los atentados del 11 de marzo de 2004), en la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se aprobó una resolución en la que se condenaba en los términos más enérgicos los atentados. Ante las presiones del representante español, se accedió a atribuir los atentados al grupo terrorista ETA.

Los atentados del 11-M tuvieron gran repercusión dentro y fuera de España, afectando a varias políticas contra el terrorismo.

En la declaración de solidaridad adjunta se establece que los Estados miembros actuarán en un espíritu de solidaridad en el caso de que uno de ellos sea víctima de un atentado terrorista, movilizando todos los instrumentos de que dispongan, incluidos los medios militares para prevenir la amenaza terrorista, proteger las instituciones democráticas y la población civil, y aportar asistencia al Estado si sus autoridades políticas así lo solicitan.

El 8 de octubre de 2004 el Consejo de Seguridad recordaba que "los actos criminales, inclusive contra civiles, cometidos con la intención de causar la muerte o lesiones corporales graves o de tomar rehenes con el propósito de provocar un estado de terror en la población en general, en un grupo de personas o en determinada persona, intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto, o a abstenerse de realizarlo, que constituyen delitos definidos en los convenios, las convenciones y los protocolos internacionales relativos al terrorismo y comprendidos en su ámbito, no admiten justificación en circunstancia alguna por consideraciones de índole política, filosófica, ideológica, racial, étnica, religiosa u otra similar e insta a todos los Estados a prevenirlos y, si ocurren, a cerciorarse de que sean sancionados con penas compatibles con su grave naturaleza".

El juez instructor acerca de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, Juan del Olmo, sin embargo, no ha encontrado indicio alguno sobre la supuesta participación de ETA en los mismos.

Muchos fueron quienes afirmaron la participación, ya sea logística o directa, de ETA en el 11-M. Sin embargo, a pesar de muchos artículos de investigación por parte de algunos medios de comunicación como El Mundo o Libertad Digital y el periodista Luis del Pino, o algunas preguntas por parte de algunos abogados, el juez Javier Gómez Bermúdez en su sentencia niega cualquier tipo de vinculación entre el 11-M y ETA.

El 4 de octubre de 2004 la policía francesa lanzó una operación contra el aparato logístico de ETA en la que se realizaron 20 detenciones. Entre ellos estaban Mikel Albizu Iriarte, Mikel Antza, y su compañera sentimental, Soledad Iparragirre, Anboto, máximos responsables de la banda, junto con otros dirigentes destacados. Se descubrieron cuatro zulos con una gran cantidad de armamento, muy superior a la que se estimaba en su poder; también se intervino material con información sobre ETA y se requisó la imprenta con la que se editaba el boletín interno, aunque no se localizó ninguna suma importante de dinero. La operación fue calificada como la más importante desde las detenciones en Bidart en 1992. En medios afines a ETA se restó importancia a los hechos, señalando que la dirección de ETA tendría en breve nuevos responsables. España solicitó la extradición de Mikel Antza y Anboto mediante una euroorden.

El 14 de noviembre de 2004, Batasuna organizó un acto político multitudinario en el Velódromo de Anoeta, que su portavoz, Arnaldo Otegui, presentó como "un acto ilegal de una organización ilegal". En ese acto se formalizó su propuesta para la "superación del conflicto", que sería asumida también por ETA y gran parte de la izquierda abertzale. Esta propuesta se basaba en el establecimiento de dos mesas de diálogo. La primera entre el gobierno y ETA para tratar el tema del cese de las actividades terroristas, y la segunda mesa, constituida por todos los partidos políticos, pero al margen del Parlamento vasco, para debatir el tema político.

Después de múltiples intentos de atentados frustrados por la policía y la guardia civil, la banda ETA propuso una tregua poco antes de las elecciones del 17 de abril de 2005 al Parlamento Vasco. La respuesta del gobierno fue una petición a ETA para que abandonase las armas como condición de cualquier negociación. Entre todas las fuerzas políticas españolas de las Cortes (partidos políticos vascos incluidos) había consenso en que el Estado no haría concesiones de tipo político a la banda terrorista.

Un mes después, el 19 de junio, ETA anunciaba que suspendía desde el 1 de junio sus acciones terroristas contra cargos políticos electos, teniendo en cuenta lo que, en su opinión, había sido el fracaso del pacto antiterrorista. Esta tregua fue matizada unos días después para aclarar que las Autoridades del Estado y quienes tienen responsabilidades de gobierno están excluidos de esta medida y por tanto sí pueden sufrir atentados.

Hasta marzo de 2006, ETA continuó colocando bombas en instalaciones de entidades públicas, de empresas del País Vasco, y en vías de comunicación. Sin embargo, señalizó la mayor parte de las bombas colocadas a lo largo de 2005 y 2006 con avisos como "Peligro bomba".

En 22 de marzo de 2006 ETA anuncia mediante un comunicado remitido a Euskal Irrati Telebista (EITB), la Radio Televisión Vasca, y al diario en euskera Berria un alto el fuego permanente a partir del día 24 de marzo de 2006 con la intención de impulsar un proceso que culminase con un nuevo marco político. En este comunicado instaba a España y Francia a que cesasen lo que consideran la represión hacia ellos.

Al día siguiente ETA difundió otro comunicado aclarando que el cambio político busca la superación del marco actual, que es de "negación, partición e imposición".

El 29 de junio de 2006, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, informó a los medios de comunicación, en una declaración institucional en el vestíbulo del Congreso de los Diputados, del inicio del diálogo con ETA, tras el alto el fuego.

Durante la tregua se iniciaron contactos entre representantes del Gobierno socialista y el entorno de ETA, pero ese verano surgieron diferencias irreconciliables que tuvieron como consecuencia el bloqueo de la situación y, por parte de ETA, el 18 de agosto de 2006 se realizó un comunicado en tal sentido. Ambas partes se comprometieron a dar un giro a la situación invitando a participar en dichos contactos al PNV.

Finalmente el acuerdo se rompió, culpándose mutuamente los intervinientes por ello según el rotativo abertzale Gara, y el 5 de junio de 2007 ETA anunció mediante un comunicado enviado a dicho diario y a Berria que daba por finalizado el alto el fuego iniciado el 22 de marzo de 2006 y que la vuelta a las armas se hará efectiva a partir de las 0:00 del 6 de junio.

El presidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero dijo en comparecencia en el Palacio de la Moncloa que "ETA vuelve a equivocarse" y solicitó el "apoyo unánime de los demócratas al gobierno" mientras que el líder de la oposición Mariano Rajoy le solicitó al gobierno una rectificación en su política antiterrorista. ETA deja atrás con este comunicado 439 días de tregua.

El 30 de diciembre de 2006 la explosión de una furgoneta bomba en el Aeropuerto de Barajas supone el fin del alto el fuego permanente. En este atentado murieron dos ecuatorianos (Diego Armado Estacio, de 19 años, y Carlos Alonso Palate, de 35).

Desde ese momento ha asesinado a varias personas más: los dos guardias civiles Fernando Trapero, de 24 años, y Raúl Centeno, de 23 (1 de diciembre de 2007); el ex-concejal socialista de Mondragón Isaías Carrasco (7 de marzo de 2008, dos días antes de las elecciones generales); el guardia civil Juan Manuel Piñuel, el día 14 de mayo de 2008, en un atentado perpetrado en la casa-cuartel de Villarreal de Álava (Legutiano) (Álava).

El 20 de mayo de 2008 cae la cúpula de ETA con la detención de Thierry.

A mediados del mes de septiembre de 2008, fueron consideradas terroristas diversas organizaciones como "Gestoras Pro Amnistía" y su sucesora "Askatasuna", por su vinculación con ETA; en el fin de semana siguiente, ETA atentó con tres coches bomba contra la sede de la policía autonómica vasca (Ertzaintza) en Ondárroa, la nueva sede de la Caja Vital en Vitoria y el Patronato Militar Virgen del Puerto de Santoña, en Cantabria, asesinando en este último atentado al brigada de artillería Luis Conde de la Cruz.

A finales de 2008 la cúpula de ETA cae dos veces en tan sólo tres semanas: el 17 de noviembre detienen a Txeroki y el 8 de diciembre hacen lo propio con Aitzol Iriondo. Esta detención fue seguida por otros dos etarras que iban a acompañarle; Eneko Zarrabeitia y Aitor Artetxe. En la localidad guipuzcoana de Irún, ese mismo día son detenidos otros tres etarras, que fueron quienes llevaron a Eneko Zarrabeitia y Aitor Artetxe a entrevistarse con Aitzol Iriondo; se realizaron varios registros en Getxo, dando como resultado la detención de dos presuntas terroristas en Getxo y Berango. La madrugada del 15 al 16 de diciembre, se detienen cuatro miembros "legales" de ETA en Guipúzcoa, tres en San Sebastián y otro en Pasaia; Arkaitz Landaberea, June Villarrubia, Julen Etxaniz y Saioa Urbistazu.

El 31 de diciembre de 2008, ETA colocó una bomba en la Sede Central de la cadena pública de radio y televisión Euskal Irrati Telebista en Bilbao, en un edificio que EiTB comparte con la Hacienda Foral de Vizcaya, la aseguradora Lagun Aro y otros medios de comunicación como Antena 3, Onda Cero, Deia, El Mundo, Marca y Expansión.

El lema de ETA es bietan jarrai («adelante con las dos», es decir, con la contundencia del hacha y la fuerza de la serpiente, en la lucha militar y en la política). Su emblema consiste en una serpiente envolviendo un hacha, y fue creado por Félix Likiniano, veterano antifranquista exiliado en Francia. Este emblema inspiró un símbolo utilizado en el sello de los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación): un hacha y una serpiente con la cabeza cortada.

Con frecuencia a ETA se la vincula con el llamado Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV), formado por distintas organizaciones independentistas vascas, como los partidos y agrupaciones electorales Batasuna, Euskal Herritarrok y Herri Batasuna (ilegalizados en España), el movimiento juvenil Segi (antes Haika, antes Jarrai y Gazteria, también ilegalizados), el sindicato LAB, Gestoras Pro Amnistía (también ilegalizada) y otras, que asumen unos principios comunes, dentro de lo que llaman izquierda abertzale (ezker abertzalea en euskera, que se traduciría como izquierda patriótica o izquierda nacionalista). Sus postulados ideológicos se resumen en la alternativa KAS. Aunque muchos miembros de organizaciones consideradas afines al MLNV no apoyan la lucha armada, la banda terrorista ejerce una influencia central como principal organización y referencia del Movimiento. En instrucciones de procesos del juez Baltasar Garzón se considera a varias de estas organizaciones y sociedades como parte de ETA. En 2005 comenzó el juicio contra varios representantes de este tipo de organizaciones, dentro del proceso 18/98 y siguientes.

Se organiza en distintos «comandos», cuyo objetivo es atentar en una zona geográfica determinada, coordinados por una dirección o «cúpula militar». Además, suelen tener redes de refugios o «casas seguras», y zulos («agujero», en vasco), lugares ocultos donde suelen esconder armas y explosivos. Además, varios ex-militantes viven en países latinoamericanos autodenominándose como refugiados políticos. Entre sus miembros se distingue entre los «legales», o miembros no fichados por la policía; los «liberados», o refugiados en Francia; o los «quemados», que son los que están libres tras ser detenidos.

Muchos miembros de la organización han fallecido por diversas circunstancias, principalmente en enfrentamientos armados con la policía.

Lleva a cabo gran parte de sus atentados en el País Vasco español, aunque frecuentemente su actividad se extiende a otras zonas de España. En el pasado ha tenido contactos con grupos como las FARC y, especialmente, el Ejército Republicano Irlandés Provisional (IRA), y sus miembros han recibido entrenamiento en Argelia, Libia, el Líbano y Nicaragua.

Desde su creación en 1968 ETA ha asesinado a 839 personas, de las cuales 353 eran civiles (el 42%) y 486 policías o militares (el 58%). Asimismo desde 1978, año de aprobación de la actual Constitución española, y 1995, de las 623 víctimas de ese periodo únicamente 10 eran políticos (el 1,6%). Sin embargo, desde 1995 de los 93 asesinatos perpetrados 26 eran personalidades políticas (el 27,96%), de los cuales 16 eran concejales, 5 dirigentes o ex-dirigentes de partidos no nacionalistas y 5 cargos institucionales. De esto se observa que ETA desde mediados de los noventa apostó fuertemente por el asesinato de personajes de la vida política frente a otros sectores.

En la siguiente gráfica se observa la evolución del número de asesinatos por año desde 1968.

Se financiaba principalmente a través del «impuesto revolucionario», que obligan a pagar a empresarios y profesionales cualificados de Euskal Herria (especialmente del País Vasco español, pero en ocasiones también del País Vasco francés) bajo amenazas de asesinato, secuestros y daños contra propiedades. También ha cobrado rescates por secuestros. Parte del material empleado lo consiguen mediante robos. Han sido frecuentes los robos de automóviles que luego eran utilizados como coches-bomba o para huir del lugar de un atentado. También cometía de vez en cuando robos en almacenes de explosivos. Menos frecuentemente, robaban dinero en metálico, troqueladoras y material para falsificar placas de matrícula. En sus primeros años, robaban también material de imprenta para difundir sus escritos.

El 5 de noviembre de 1987, los partidos políticos españoles PSOE, AP, CDS, CiU, PNV, PDP, PL, PCE y EE, firmaron una declaración conjunta, conocida como el "Pacto de Madrid" en el que denunciaban la falta de legitimidad de ETA para expresar la voluntad del Pueblo Vasco y, consecuentemente, rechazaban su pretensión de negociar los problemas políticos del Pueblo Vasco que únicamente debrían serlo entre los partidos políticos con representación parlamentaria, el Gobierno Vasco y el Gobierno del Estado, y emplazaban formalmente a ETA a abandonar las armas y aceptar las vías democráticas.

Dos meses después, el 12 de enero de 1988, las principales fuerzas democráticas en el País Vasco suscribían el "Pacto de Ajuria Enea", donde se comprometían a trabajar por la erradicación del terrorismo como la lucha de la libertad frente a la imposición. Compartían, los firmantes de este acuerdo, la necesidad e importancia de la acción policial que contribuya a la erradicación del terrorismo, a la protección de los principios que conforman la convivencia democrática y a la prevención de atentados y la persecución de sus autores. La colaboración internacional se convertía en algo imprescindible para la erradicación de la violencia y se comprometían a velar por que la defensa del Estado de Derecho se produjera siempre dentro de la legalidad.

En este pacto se manifestaba el apoyo a los procesos de diálogo entre los poderes competentes del Estado y quienes decidan abandonar la violencia, respetando en todo momento el principio democrático irrenunciable de que las cuestiones políticas deben resolverse únicamente a través de los representantes legítimos de la voluntad popular. El texto fue firmado por AP, CDS, EE, PNV y PSOE.

El 7 de octubre de 1988 se firmó el "Pacto de Navarra. Acuerdo por la Paz y la Tolerancia", un acuerdo entre las principales fuerzas políticas de Navarra (EE, AP, PL, DC, CDS, UPN, PSN-PSOE) y el presidente del gobierno navarro, Gabriel Urralburu Tainta. En él, se denunciaban las acciones terroristas y se reafirmaban en el apoyo al Estado de Derecho y en la defensa de cualquier idea siempre que no se apoye la violencia.

Rechazaban en este acuerdo, toda posibilidad de que ETA, o cualquier organización respaldada por la misma, fuera reconocida en negociaciones políticas que pretendieran condicionar el desarrollo libre del sistema democrático, para reafirmar que sólo la voluntad del pueblo podía orientar el presente y el futuro de Navarra.

El 8 de octubre de 1999 se aprobaba en España la Ley de Solidaridad con las víctimas del terrorismo, que tiene como objetivo "rendir testimonio de honor y reconocimiento a quienes han sufrido actos terroristas y, en consideración a ello, asumir el pago de las indemnizaciones que le son debidas por los autores y demás responsables de tales actos". Dos meses después, el 23 de diciembre, se aprobaba otro Real Decreto en el que se aprobaba el reglamento de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las víctimas del terrorismo.

El 12 de diciembre de 2000, los dos principales partidos políticos españoles, Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español, suscribieron el llamado Acuerdo por las libertades y contra el Terrorismo tras el abandono de ETA de la "tregua" de 1998 y una vez puesto de manifiesto, según el propio texto del acuerdo, "el fracaso de la estrategia del PNV y Eusko Alkartasuna, que abandonaron el Pacto de Ajuria Enea para, de acuerdo con ETA y EH, poner un precio político al abandono de la violencia. Ese precio consistía en la imposición de la autodeterminación para llegar a la independencia del País Vasco.".

En este acuerdo, PP y PSOE convenían en que correspondía al Gobierno dirigir la lucha antiterrorista y se comprometían a abandonar del ámbito de la legítima confrontación política o electoral, las políticas para acabar con el terrorismo. Se comprometían también a trabajar para que desapareciera cualquier intento de legitimación política de la violencia y afirmaban públicamente que de la violencia terrorista no se extraerá, en ningún caso, ventaja o rédito político alguno.

La política penitenciaria asimismo, se decía que se aplicaría asegurando el más completo y severo castigo a los condenados por actos terroristas, aunque contemplaría las formas de reinserción de aquellos que abandonen la organización y muestren actitudes inequívocas de arrepentimiento y voluntad de resocialización.

Las víctimas se convierten, tras este acuerdo, en la principal preocupación, e instan a los jóvenes a que se rebelen contra la violencia.

El objetivo del pacto es impulsar conjuntamente las libertades y la política contra el terrorismo, y requiere, según sus firmantes, una colaboración permanente entre el PP y el PSOE que implica el intercambio de información, la actualización concertada en las reformas legislativas, política penitenciaria, cooperación internacional, movilización ciudadana e instituciones, y la búsqueda de posiciones comunes en este tema.

El día después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobaba una resolución en la que, además de condernarlos inequívocamente, exhortaba a la comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos por prevenir y reprimir los actos de terrorismo cumpliendo plenamente los convenios internacionales.

El 28 de septiembre de 2001 el Consejo de Seguridad de las Naciones unidas aprobaba su resolución 1373 decidía que todos los estados miembros debían congelar los fondos y los demás recursos financieron de las personas y grupos terroristas, así como que debían abstenerse de proporcionarles todo tipo de apoyo, activo o pasivo y denegarles refugio. También obligaba a asegurar el enjuiciamiento de toda persona que participe en la financiación, planificación o comisión de actos de terrorismo o preste apoyo a estos actos. Se creó un Comité específico en el seno del Consejo para el seguimiento del cumplimiento de esta resolución.

Esta resolución del Consejo inspiró muchas de las políticas que se tomaron en las más diversas instituciones públicas de cara a combatir todos los tipos de terrorismo. Muchos países miembros, así como organismos supranacionales como la Unión Europea, tomaron nota de esta resolución para endurecer las medidas de la lucha antiterrorista, especialmente en lo que a la financiación se refiere.

De este modo, el 27 de diciembre de 2001 el Consejo Europeo modificó la anterior lista de medidas específicas con el fin de luchar contra el terrorismo. En la posición común del Consejo se definía a las personas o grupos terroristas de tal forma que se entendía por acto terrorista "el acto intencionado que, por su naturaleza o su contexto, pueda perjudicar gravemente a un país o a una organización internaciona tipificado como delito según el Derecho nacional", y cometido con el fin de, entre otras cosas, intimidad gravemente a una población, obligar a Gobiernos a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, desestabilizar gravemente o destruir las estructuras políticas fundamentales, atentados contra la vida o la integridad física, la toma de rehenes, causar destrucciones masivas a instalaciones públicas, la dirección o financiación de grupos terroristas, etc.

En esta Posición común se adjuntaba una lista de personas y organizaciones terroristas entre las que figuraban muchos miembros de ETA y la organización ETA como tal.

El 26 de febrero de 2002, el gobierno de los Estados Unidos emitió una orden por la que se añadía a ETA (y con ella a Euskal Herritarrok, Herri Batasuna, Jarrai-Haika-Segi, Gestoras Pro amnistía) a su lista de terroristas y organizaciones terroristas, así como a algunos terroristas de esta organización.

La Guardia Civil ha recogido los nombres de los incluidos en esta lista para especificar algunas acciones terroristas que han llevado a cabo.

El 19 de abril de 2002, el Consejo de Ministros aprobó la remisión a las Cortes del proyecto de nueva Ley de Partidos Políticos, tras los informes favorables del Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado.

Tras la aprobación de la Ley de Partidos políticos, las instituciones judiciales trataron de hacer cumplir la nueva norma. Así, el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón decretaba en un auto con fecha 26 de agosto de 2002 decretaba la suspensión total de actividades de Batasuna, así como la clausura de sus sedes y su página web, con la prohibición expresa de efectuar ningún acto político o de propaganda.

Con la aprobación de la ley y esta suspensión, el gobierno, a través de Abogado del Estado presentaba una demanda ante el Tribunal Supremo para la ilegalización del Batasuna. Asimismo, la fiscalía presentaba también una demanda ante la justicia motivando una petición igual.

Después de estudiar estas dos demandas, el 27 de marzo de 2003 el Tribunal Supremo en una sentencia resolvió ilegalizar Batasuna tras considerar probado que la creación de este partido político fue un hecho instrumental por parte de la banda terrorista ETA, y que forma parte de ella.

En la reunión del Consejo Europeo del 5 de junio de 2003, se acordó la ampliación de la lista de personas y organizaciones terroristas. En esta ampliación, se incluyó a Batasuna (y como alias de ella a Herri Batasuna y Euskal Herritarrok), y a Jarrai-Haika-Segi, consideradas como un bloque común, y algunas otras organizaciones de la izquierda abertzale, todas ellas consideradas por la UE parte "del grupo terrorista ETA".

Durante la dictadura franquista, los presos de ETA permanecían en prisiones militares. Desde la transición, se les recluye en centros penitenciarios civiles.

A mediados de 2005, la Dirección de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior español cifraba en 544 los miembros o colaboradores de ETA en prisiones españolas, de los que 24 se encontrarían en el País Vasco. La asociación de familiares de presos de ETA, "Etxerat", reducía a 507 la cifra de miembros de ETA encarcelados en España, de los que sólo 14 se hallarían en centros del País Vasco. Una parte importante de los reclusos de ETA se encuentran en las seis prisiones de la Comunidad de Madrid, entre ellos, la mayoría de los que tienen juicios pendientes, ya que los procesos por terrorismo se celebran en la Audiencia Nacional. Según Etxerat había unos 110 miembros de ETA en estas seis prisiones. El resto estaban repartidos por otras cárceles de España.

En Francia, según Etxerat, había 153 miembros de ETA encarcelados, repartidos por 30 centros penitenciarios, 109 de los cuales se encontraban en las nueve cárceles del distrito de París, debido en parte a que es allí donde se sitúan los tribunales centrales que juzgan este tipo de causas. Ningún miembro de ETA se encuentra encarcelado en prisiones del País Vasco francés; además había cinco presos de ETA en dos cárceles de México y uno en el Reino Unido.

En 2008 con 670 se alcanzó la cifra más alta de presos encarcelados de ETA (lo que suponía un incremento del 35% respecto del 2006) de los que 413 cumplían condena y 201 se hallaban en prisión preventiva, el resto se encontraba en prisiones fuera de España. José María Sagardui "Gatza", encarcelado en 1980, es el preso que llevaba más tiempo encarcelado.

Según la citada organización Etxerat el número ascendía a 762 presos repartidos en 85 centros de reclusión que estaban alejados de sus domicilios una media de 630 kilómetros, encontrándose 14 de ellos en las cárceles del País Vasco y Navarra. 157 estarían repartidos en 33 centros franceses.

A finales del 2008 el Gobierno, en respuesta a una información publicada en prensa, manifestó que algunos presos de la banda habían sido acercados a sus domicilios y otros alejados solicitando discreción por motivos de seguridad y Rubalcaba reclacando que la política penitenciaria era "un instrumento más en la lucha antiterrorista".

Ese año 2008 la Audiencia Nacional, órgano judicial encargado del procesamiento de delitos de terrorismo en España, juzgó a 81 etarras en 45 juicios, en los que 21 acusados resultaron absueltos.

En la siguiente gráfica se observa la evolución del número de presos del Movimiento de Liberación Nacional Vasco desde 1978.

ETA disponía de un considerable apoyo social durante el franquismo, periodo en que asesinó a Luis Carrero Blanco, pero la transición a la democracia y su progresiva radicalización le hicieron ir perdiendo apoyos, lo cual se hizo especialmente patente con el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, que generaría un gran rechazo en la sociedad. Su pérdida de simpatizantes fue tan grande que la plataforma Euskal Herritarrok perdió la mitad de sus votantes tras la ruptura de la tregua.

Actualmente, su apoyo social es minoritario. Según el Euskobarómetro (estudio sociológico realizado por un equipo de profesores de la Universidad del País Vasco) de noviembre de 2005, más del 60% de los vascos rechazaba totalmente a ETA. Un 17% opinaba que en el pasado su violencia había estado justificada, pero en el momento de la encuesta no. Un 12% compartía sus fines, pero no sus métodos violentos. Un 3% justificaba parcialmente la acción ETA, criticando sus errores, mientras que sólo un 0,4% la apoyaba totalmente.

El debate sobre la tortura en España está profundamente ligado a la historia de ETA. Las torturas que algunos detenidos han sufrido por parte de las fuerzas policiales españolas, fundamentalmente durante la dictadura franquista, han contribuido al deterioro de la imagen de la administración española, a la radicalización de ETA, y a su captación de miembros. Y, a la inversa, la escalada en la adopción por ETA y otros grupos de métodos violentos permite que aún después de la transición, se mantengan medidas como los interrogatorios sin abogado, o la potestad de retener a un detenido incomunicado durante cinco días sin permitirle contactar con su defensa o su familia. Precisamente, uno de los primeros asesinados por ETA fue Melitón Manzanas quien, como jefe de la Brigada Político-Social de San Sebastián, había torturado a numerosos opositores al régimen franquista.

Las denuncias por torturas no cesaron con la Constitución de 1978, desde el Gobierno español se afirma que las denuncias son falsas y que se deben a una consigna de ETA a sus militantes. Fuentes próximas a la organización denuncian la muerte de varios de sus militantes de ETA debido a las torturas recibidas bajo régimen de incomunicación . Los detenidos acusados de pertenecer a ETA alegan en muchos casos haber recibido torturas que no dejarían lesiones duraderas (asfixia, agresiones sexuales, golpes o presión en los genitales, golpes con objetos romos, descargas eléctricas, exposición al frío, amenazas). Cuando los acusados presentan marcas de lesiones al acabar la incomunicación, las fuerzas de seguridad alegan que se las han autoinfligido los propios detenidos a sí mismos o bien que son resultado de caídas o de forcejeos en los que los agentes se han limitado a defenderse. .

Las asociaciones de la llamada izquierda abertzale suelen ser las más activas en la denuncia de la práctica de torturas contra sus simpatizantes, dando crédito a todas las denuncias. Por el contrario, PP, PSOE y los sindicatos policiales niegan que la tortura sea una práctica extendida, reconociendo sólo los casos confirmados por sentencia judicial.

Por parte de éstos últimos se señala que las denuncias de torturas son una estrategia de ETA al haberse encontrado a manuales de instrucción etarras, intervenidos por la policía durante determinadas detenciones, en los que se aconseja a sus miembros denunciar torturas si son detenidos; así, en enero de 2008 fueron incautados a los etarras Igor Portu y Martin Sarasola, el primero, ingresado en la UCI al dia siguiente de su detención , un manual titulado Atxiloketari Aurre Eginez, 2º zkia (Haciendo frente a la detención, segundo volumen), en el que se informa a los miembros de la banda terrorista: "Sé listo, no vas a ser devuelto otra vez a comisaría (...) Lo peor ya ha pasado. Por tanto, decirle al forense que escriba que te han torturado tanto física como psicológicamente". Tras abandonar las dependencias policiales y ser conducidos a la Audiencia Nacional, "la pesadilla ha terminado", no van a ser devueltos a "manos del enemigo". En ese momento deben comunicar que: "Todo lo declarado en dependencias policiales es mentira. Son declaraciones hechas bajo tortura" Aun conociendo de antemano esas instrucciones, el ministro de interior Alfredo Pérez Rubalcaba ha subrayado que se investigan todas las denuncias, ya que "los primeros interesados en que esas investigaciones se lleven a cabo" son el Gobierno y la Guardia Civil .

La Organización de las Naciones Unidas ha enviado en varias ocasiones a España a Theo van Boven y Martin Scheinin, en función de relatores contra la tortura. Durante su última visita (en mayo de 2008), Scheinin (en sus valoraciones provisionales) solicitó a las autoridades españolas la derogación del régimen de incomunicación de los detenidos y que se reforme el régimen especial de la Audiencia Nacional ya que, a su juicio «se conculcan derechos y crea deficiencias estructurales –no permite la posibilidad de recurrir ante un tribunal superior– en el funcionamiento democrático de la Justicia». Además, Scheinin alertó sobre la tendencia del sistema judicial español a calificar como «terrorismo» delitos que no lo son, manifestando que «cuando se empieza a caer por esa pendiente se corre el riesgo de conculcar muchos derechos».

Otras entidades, como Human Rights Watch no confirman la tortura aunque creen que se podría mejorar las garantías para evitarla. Amnistía Internacional, por su parte, afirma en su informe «Sal en la herida», que aunque "no cree que los malos tratos a manos de funcionarios españoles encargados de hacer cumplir la ley sean algo habitual, basándose en sus investigaciones la organización no está de acuerdo con la afirmación de que constituyen hechos aislados, de cuya comisión sólo cabe responsabilizar a unos cuantos agentes de policía deshonestos." En el mismo informe "Amnistía Internacional presenta algunas recomendaciones a las autoridades españolas que la organización considera que contribuirían a prevenir los malos tratos y a poner fin a la impunidad de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley responsables de tales actos". Gesto por la Paz de Euskal Herria, y partidos políticos como IU, PNV o EA mantienen sus reservas sobre la mayoría de las denuncias, aunque dan credibilidad a algunos casos, aun sin sentencia firme, cuando el detenido sale del periodo de incomunicación con lesiones que ha sido fuente de gran controversia para la opinión pública (como en el caso de Unai Romano ) o cuando la víctima tiene un amplio prestigio social (como en el caso de Martxelo Otamendi, director de Egunkaria).

En este sentido, en 2006 el Gobierno Vasco accedió a las peticiones de Amnistía Internacional y anunció que la Ertzaintza grabaría en vídeo los periodos de incomunicación de los detenidos.

El tema de ETA ha sido tratado en novelas como Gálvez en Euskadi y Gudari Gálvez de Jorge Martínez Reverte, Operación Ogro de Eva Forest, Esos cielos de Bernardo Atxaga o Exkixu, novela del ex-militante de ETA José Luis Álvarez Enparantza Txillardegi. También es tocado en forma tangencial por Manuel Vázquez Montalbán en el primer capitulo de su obra Galíndez, sobre el exilado vasco asesinado por el dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo.

Al principio



Argentina

Bandera de Argentina

1 El artículo 35 de la Constitución Nacional Argentina reconoce como nombres oficiales Provincias Unidas del Río de la Plata, República Argentina y Confederación Argentina, y establece el uso de las palabras "Nación Argentina" en la formación y sanción de las leyes. 2 Según datos del INDEC. 3 El guaraní es cooficial en la provincia de Corrientes. 4 La Liga Federal proclamó la independencia el 29 de junio de 1815. 5 Según el Tratado de Reconocimiento, Paz y Amistad con España. 6 Corresponde a la superficie continental americana sin incluir las Islas Malvinas. Incluyéndolas, sería de 2.891.810 km². Sumando la superficie continental antártica (Antártida Argentina y las restantes islas de las Islas del Atlántico Sur) de 969.464 km², la superficie total se elevaría a los 3.761.274 km² (según datos del Instituto Geográfico Militar de la República Argentina). 7 Fuente: Fondo Monetario Internacional 8 Véase: Hora oficial argentina, para el verano 2008-2009, 13 provincias fueron exceptuadas de utilizar el UTC -2, por lo que mantienen el UTC -3. 9 En carácter de Asociado en la CAN y CAF. Como Observador permanente en la UL.

La República Argentina es un estado soberano, organizado como república representativa y federal, situado en el extremo sureste de América. Su territorio está dividido en 23 provincias y una ciudad autónoma, Buenos Aires, capital de la nación y sede del gobierno federal. Sus cerca de 40 millones de habitantes promedian índices de desarrollo humano, renta per cápita, nivel de crecimiento económico y calidad de vida, que se encuentran entre los más altos de América Latina. Según el Banco Mundial, su PBI nominal es el 30º más importante del mundo, pero si se considera el poder adquisitivo su PBI total trasforma al país en la 23º economía más importante del mundo. Actualmente la Argentina está clasificada como un país de ingresos medianos altos o como un mercado emergente, también por el Banco Mundial.

Por su extensión, 2.780.400 km², es el segundo estado de América del Sur, cuarto en el continente americano y octavo en el mundo, considerando solamente la superficie continental sujeta a su soberanía efectiva; si se toman en cuenta las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y Aurora (administradas por el Reino Unido, aunque reivindicadas por la Argentina como parte integral de su territorio), más el área antártica reclamada al sur del paralelo 60° S, denominada Antártida Argentina (que incluye a las islas Orcadas del Sur y Shetland del Sur), la superficie total se eleva a 3.761.274 km².

Su territorio continental americano, que abarca gran parte del Cono Sur, limita al norte con Bolivia y Paraguay, al nordeste con Brasil, al oeste y sur con Chile y al este con Uruguay y el Océano Atlántico.

El 25 de mayo de 1810 fue depuesto el último virrey español que gobernó desde Buenos Aires, organizándose la Primera Junta de gobierno, y el 9 de julio de 1816 fue proclamada formalmente en Tucumán su independencia como país libre y soberano.

El nombre "Argentina" proviene del latín "argentum" (plata) y está asociado a la leyenda de la Sierra de la Plata, común entre los primeros exploradores europeos de la región, tanto españoles como portugueses. Fueron estos últimos quienes denominaron Rio da Prata (Río de la Plata) al gran estuario descubierto por la expedición portuguesa de 1502 en la que participaba Américo Vespucio y al que luego llegó Juan Díaz de Solís en 1516, llamándolo Mar Dulce.

El nombre se hizo popular a causa de un poema publicado en 1602 por el español Martín del Barco Centenera titulado La Argentina, en el que se describe la región del Río de la Plata así como también la fundación de la ciudad de Buenos Aires. El topónimo aparece ratificado al publicarse en 1612 la obra La Argentina manuscrita del criollo asunceno Ruy Díaz de Guzmán, obra de historia en la que, en medio de un relato épico, se hace una descripción de la región. A finales del siglo XVIII, la palabra era de uso común para denominar todo lo relacionado con el Río de la Plata, su cuenca, su territorio y sus pobladores, pero el virreinato creado en 1776, antecedente inmediato del país independizado en 1816, llevó el nombre de "Virreinato del Río de la Plata".

La Primera Junta de Gobierno utilizó el nombre de Provincias Unidas del Río de la Plata, que fue también empleado por los gobiernos que le sucedieron hasta que, en 1816, el Congreso de Tucumán proclamó la independencia de las Provincias Unidas en Sud América, nombre que mantuvo en la Constitución de 1819.

Oficialmente, se utilizó por primera vez la denominación República Argentina en la Constitución de 1826. Durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas (1835-1852) se utilizaron, entre otros, los nombres de Confederación Argentina, Estados Unidos de la República Argentina, República de la Confederación Argentina y Federación Argentina.

El nombre fue confirmado definitivamente en 1862 por Bartolomé Mitre (primer presidente del país reunificado), al utilizar el título de Presidente de la Nación Argentina.

Los primeros pobladores del actual territorio argentino se remontan al paleolítico (según hallazgos en Piedra Museo, Provincia de Santa Cruz). Entre los pueblos indígenas, los cazadores y recolectores habitaban la Patagonia, la Pampa y el Chaco; y los agricultores estaban instalados en el noroeste, Cuyo, las Sierras de Córdoba y, más tarde, en la Mesopotamia argentina. Tastil, en el norte, fue la ciudad precolombina más grande ubicada en el actual territorio argentino, con una población de 2.000 habitantes.

En los siglos XIV y XV, el Imperio Inca conquistó parte de las actuales Provincia de Jujuy, Provincia de Salta, Provincia de Catamarca, el extremo oeste de la Provincia de Tucumán, Provincia de La Rioja, Provincia de San Juan, el noroeste de la Provincia de Mendoza y, probablemente, el norte de la Provincia de Santiago del Estero, incorporando sus territorios al Collasuyo, que era la parte sur del Tahuantinsuyo o regiones del Imperio Inca. Tradicionalmente, se atribuye la conquista al inca Túpac Yupanqui. Varios señoríos de la región, como los omaguacas, los atacamas, los huarpes, los diaguitas y otros, intentaron resistir, pero los incas lograron dominarlos, trasladando a sus territorios a los mitimaes o colonos deportados de las tribus de los chichas, que habitaban en lo que es el suroeste del actual territorio boliviano. Otros, como los sanavirones, los lule-tonocoté y los comechingones, resistieron exitosamente la invasión incaica y se mantuvieron como señoríos independientes.

El fuerte de Sancti Spiritu fue el primer asentamiento español, instalado en 1527 cerca de la actual ciudad de Santa Fe. Las ciudades de Santiago del Estero (1553), Córdoba (1573) y Buenos Aires (1536/1580) fueron las bases del establecimiento colonial que se impuso en la mitad norte del actual territorio argentino, sujeto a la autoridad de la Corona Española (la Gobernación del Río de la Plata). A partir de la progresiva mixogénesis (mestizaje) y teniendo como una de sus bases económicas fundamentales la ganadería extensiva, surge ya claramente a partir del siglo XVII una población que resultaría paradigmática y luego decisiva en la gesta independentista: la de los gauchos.

Durante la mayor parte del período colonial, el territorio argentino dependió del Virreinato del Perú, hasta que en 1776, durante el reinado de Carlos III de España, comenzó a formar parte del Virreinato del Río de la Plata. La ciudad de Buenos Aires fue designada como su capital con la idea de resistir mejor a un eventual ataque portugués y para tener un acceso más fácil a España a través de la navegación atlántica.

En 1780 se produjo un gran levantamiento indígena con epicentro en el Cuzco, dirigido por el inca Túpac Amaru II, que abarcó desde el actual territorio argentino hasta el actual territorio colombiano. Gran parte de la Patagonia y las pampas permanecieron bajo el control de diferentes pueblos indígenas: principalmente, tehuelches y mapuches en la Patagonia y ranqueles en la llanura pampeana hasta el último cuarto del siglo XIX. Asimismo, los territorios de la región chaqueña no fueron colonizados por los europeos, sino que permanecieron habitados por pueblos autóctonos como los tobas, mocovíes, pilagás y wichís hasta principios del siglo XX.

En los años 1806 y 1807 tuvieron lugar las Invasiones Inglesas, y, en ambas, Santiago de Liniers lideró a las tropas que expulsaron a las fuerzas británicas. La primera fue al mando de tropas de la Banda Oriental y la segunda fue dirigiendo tropas del Regimiento Fijo de Buenos Aires y batallones milicianos formados por numerosos criollos, tanto porteños como provenientes del Interior (principalmente, de Asunción del Paraguay y de Córdoba), indígenas y hasta esclavos negros.

La voluntad popular precipitó la destitución del virrey Rafael de Sobremonte para, a continuación, elegir como virrey a Santiago de Liniers, convertido en héroe de la reconquista y la defensa. Los principales líderes de estas milicias se convirtieron rápidamente en una nueva élite de poder en la ciudad de Buenos Aires, ingresando como miembros del Cabildo, hasta entonces formado exclusivamente por españoles.

Aunque Liniers aún gobernaba en nombre de España, la destitución de un virrey por presión popular era un hecho inédito en la historia de América. Tanto este hecho como la derrota de los ejércitos británicos, dieron un gran prestigio a Buenos Aires, que ganó un carácter de "Hermana mayor" ante las demás provincias.

En 1810 el pueblo de Buenos Aires inició la Revolución de Mayo, que derrocó y expulsó al Virrey Cisneros, eligiendo en su lugar una junta de gobierno integrada mayoritariamente por criollos que dio origen a la Guerra de la Independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata contra la España colonial (1810-1824).

Las provincias del Litoral argentino y la Banda Oriental (unidas en la Liga Federal bajo protectorado de José Gervasio Artigas), que habían declarado la independencia de España en 1815 en Concepción del Uruguay, el Paraguay (ya independiente) y la mayor parte del Alto Perú (bajo ocupación española), que integraron también el virreinato, no estuvieron representadas.

En varios puntos de Sudamérica se encontraban focos de resistencia contrarrevolucionaria, que intentaban restaurar la autoridad de la monarquía española en la región. Sus avances fueron contenidos, entre otros, por Manuel Belgrano, José de San Martín y Martín Miguel de Güemes. San Martín es, junto a Simón Bolívar, responsable de las gestas libertadoras que finalizaron la presencia española en el continente.

Las primeras décadas como país independiente fueron tumultuosas, aun cuando no habían acabado las guerras de la Independencia surgieron fuertes conflictos ante la hegemonía de los unitarios a la cual se opuso el federalismo propugnado por el oriental José Gervasio Artigas -también héroe de la Independencia argentina- quien llegó a constituir una liga de provincias argentinas federales. Las luchas entre unitarios y federales condujeron a la Argentina a una larga serie de sangrientas guerras civiles entre facciones y provincias (1820-1861); también, la ocupación lusobrasileña de la Banda Oriental desencadenó una Guerra con el Imperio del Brasil (1825-1828).

Respecto del territorio, en 1826 la provincia de Tarija fue incorporada a Bolivia y, como resultado de la Convención Preliminar de Paz que intentaba poner fin a la guerra con el Brasil, en 1828 la Banda Oriental fue declarada independiente adoptando el nombre de Estado Oriental del Uruguay.

Entre 1820 y 1852, excepto un breve intervalo entre 1825 y 1827, el país careció de un gobierno nacional, asumiendo las provincias la plenitud del gobierno en el ámbito de sus respectivos territorios. La única excepción fue la representación externa, que fue asumida por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, cargo desempeñado durante la mayor parte del período por Juan Manuel de Rosas, de tendencia federal. En esa etapa, la Argentina mantuvo conflictos bélicos con la Confederación Perú-Boliviana, con Francia, con el llamado Gobierno de la Defensa de Montevideo (colorado) al apoyar la Confederación Argentina a los nacionales uruguayos y con una alianza anglo-francesa.

En el año 1852 Rosas fue derrotado en la batalla de Caseros por el Ejército Grande, una alianza entre las provincias de Entre Ríos y Corrientes, las tropas coloradas de Uruguay y otras de Brasil. La alianza fue encabezada por el federal antirrosista Justo José de Urquiza, gobernador de Entre Ríos, quien asumió la presidencia provisional.

Este período duró hasta la sanción de una Constitución en el año 1853, la cual adoptó un régimen federal; pero esta fue rechazada por parte de la provincia de Buenos Aires, que se separó de la Confederación Argentina, debido a lo cual esta debió establecer su capital en la ciudad de Paraná. En 1859, la Confederación derrotó a Buenos Aires en la Batalla de Cepeda, pero sin lograr la reunificación del país. En la batalla de Pavón (1861), las provincias confederadas se rindieron ante las tropas porteñas al mando de Bartolomé Mitre, tras lo cual se puso fin a la existencia de dos estados separados y Mitre asumió la presidencia de la nación unificada.

En 1865 Argentina se vio involucrada en la Guerra de la Triple Alianza con el Paraguay, al ocupar este país la ciudad de Corrientes, después de que Mitre negara el paso de tropas paraguayas por territorio argentino en dirección a Brasil y Uruguay. Como consecuencia de estas acciones, se firmó el Tratado de la Triple Alianza entre Argentina, Uruguay y el Imperio de Brasil. Fue un conflicto impopular en Argentina y las tropas que se enviaron fueron escasas. Paraguay resultaría finalmente derrotado en 1870, muriendo una gran parte de su población masculina. Para Argentina, el final de la contienda significó territorialmente la consolidación de los límites en el noreste, ya que se fijó la frontera en los ríos Pilcomayo, Paraguay y Paraná, y se aceptó someter a arbitraje el área al norte del río Pilcomayo hasta el río Verde.

Entre 1878 y 1884 se produjo la llamada Conquista del Desierto, que consistió en una serie de incursiones militares contra los mapuches y otros pueblos indígenas para anexar al territorio argentino los territorios pampeanos y patagónicos donde habitaban. El éxito de la medida propició una acción similar en la región del Gran Chaco, que en 1884 sufrió una acción militar destinada a someter a los indios y ocupar plenamente el territorio.

En la segunda mitad del siglo XIX se inicia un período de gran prosperidad que se extenderá por más de un siglo. Con una fuerte inversión en educación y en el establecimiento de medios de producción orientados a la producción de carne y granos con destino al mercado europeo, la economía alcanzó altos niveles de crecimiento que atrajeron una gran corriente inmigratoria. La población argentina, que representaba el 0,13% de la población mundial en 1869, pasaría a representar el 0,55% en 1930, proporción en la que, aproximadamente, se estabilizaría desde entonces. El país fue conocido en esa época como el granero del mundo.

La prosperidad de la economía impulsó el crecimiento de la clase media, la creación de partidos políticos modernos como la Unión Cívica Radical (UCR) y el Partido Socialista (PS), y un amplio desarrollo de los sindicatos. Entre los presidentes más influyentes del período pueden citarse a Domingo Faustino Sarmiento (1868-1874) y Julio Argentino Roca (1880-1886 y 1898-1904).

Después de más de dos décadas de conflictos políticos y sociales y graves actos de represión, se sancionó la Ley Sáenz Peña estableciendo el sufragio secreto, obligatorio y universal para votantes masculinos en 1912. En la primera elección presidencial con sufragio secreto, los conservadores fueron derrocados por los radicales, asumiendo Hipólito Yrigoyen (1916-1922 y 1928-1930) la presidencia del gobierno. Durante su primer gobierno se inició el movimiento estudiantil conocido como la reforma universitaria, que se extendió por toda América Latina.

En el contexto internacional de la Gran Depresión que siguió al Jueves Negro de 1929, el 6 de septiembre de 1930 se produjo el primero de una serie de golpes de Estado en Argentina que llevó al poder a los militares para establecer un gobierno de facto, después de derrocar a Hipólito Yrigoyen. Este golpe de Estado inició una época conocida como la Década Infame. A partir de esa década el país impulsó un proceso de sustitución de importaciones que desarrolló un amplio sector industrial. La Década Infame finalizó con la Revolución del 43, un segundo golpe de estado. A pesar de la presión internacional, la Argentina se mantuvo neutral durante la mayor parte de la Segunda Guerra Mundial, y se unió a los Aliados el 27 de marzo de 1945, durante el gobierno de Edelmiro Julián Farrell.

En 1946 fue elegido presidente Juan Domingo Perón quien, con su carismática esposa, Eva Perón, encabezó un movimiento político, el peronismo o justicialismo, que puso el acento en la justicia social y estableció el sufragio femenino en 1947 al reconocer los derechos políticos de las mujeres. El peronismo contó con una amplia adhesión de la población a partir de entonces, pero a su vez produjo una profunda polarización en la sociedad argentina que se dividió en peronistas y antiperonistas. En 1955 Perón fue derrocado por un nuevo golpe militar, que tomó el nombre de Revolución Libertadora y proscribió al peronismo. El propio Perón se exilió en el extranjero desde entonces.

En 1958 fue elegido presidente el Arturo Frondizi (UCRI), siendo derrocado por un nuevo golpe militar en 1962. En 1964 fue elegido presidente el Arturo Umberto Illia (UCRP), quien también sería derrocado por un golpe militar en 1966 que establecería un régimen dictatorial de tipo permanente conocido como Revolución Argentina (1966-1973). Estos años se caracterizaron por una creciente violencia política, siendo el Cordobazo uno de los acontecimientos más destacados.

En 1973 el peronismo fue nuevamente legalizado y triunfó en las elecciones presidenciales. Tras la renuncia de Héctor José Cámpora, Juan Domingo Perón asumió la presidencia por tercera vez, pero moriría menos de un año después. Lo sucedió su Vicepresidenta y tercera esposa, María Estela Martínez de Perón, cuyo gobierno se caracterizó por un acelerado deterioro de la situación interna, producto de la crisis del petróleo de 1973 y la generalizada violencia política.

El 24 de marzo de 1976 se produjo un nuevo golpe militar autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, durante el cual se desarrolló un proceso sistemático de secuestro y tortura de personas —la llamada "guerra sucia"—, producto del cual hubo una gran cantidad de desaparecidos. La cifra exacta está sujeta a debate: la CONADEP registró 8.961 casos, mientras que otros organismos de derechos humanos elevan la cifra a 30.000. El número de las indemnizaciones otorgadas por el estado a familiares de desaparecidos llega a 13.000. En 1978 se produjo una grave crisis con Chile por los límites en la zona del Canal Beagle (Conflicto del Beagle), que llevó a ambos países al borde de la guerra. Durante el Proceso hubo un importante aumento de la deuda externa nacional. En el año 1982 se desarrolló la Guerra de las Malvinas con el Reino Unido; la derrota argentina fue uno de los factores que llevó al colapso del régimen militar y el llamado a elecciones generales para el año siguiente.

La democracia fue restablecida el 10 de diciembre de 1983. El nuevo presidente, Raúl Alfonsín de la Unión Cívica Radical, tomó medidas para investigar los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura anterior, estableció el control civil de las Fuerzas Armadas y consolidó las instituciones democráticas. En el juicio a las Juntas los miembros de las tres primeras juntas militares fueron procesados y algunos fueron condenados. Después de las elecciones presidenciales de 1989 y afectada la gobernabilidad del país por un proceso hiperinflacionario, Alfonsín se vio obligado a renunciar para hacer la entrega anticipada del mando con seis meses de anticipación.

Su sucesor, el presidente Carlos Menem del Partido Justicialista, sancionó la Ley de Convertibilidad del Austral en 1991 que detuvo la inflación estableciendo una Ley de convertibilidad y adoptó una política económica neoliberal, apoyada en una ola de privatizaciones, reducción de aranceles a los productos importados y desregulación de los mercados. Estas medidas contribuyeron a aumentar significativamente la inversión, las exportaciones y el crecimiento con precios estables. Pero, por otra parte, también abrieron un proceso de desindustrialización, hicieron a la economía más vulnerable a las crisis internacionales, y aumentaron el desempleo, la pobreza y la precariedad laboral.

La crisis financiera asiática de 1997 y la brasileña de 1998 precipitaron la salida de capitales, abriendo camino a la mayor recesión de la historia argentina que duraría cuatro años.

En esas circunstancias, en diciembre de 1999 asumió la presidencia Fernando de la Rúa de la Unión Cívica Radical, que por entonces formaba parte de La Alianza. En 2001, ante la fuga masiva de capitales, el gobierno dispuso la congelación de los depósitos bancarios (medida popularmente conocida como el corralito), que culminó en una crisis social generalizada que llevó a la renuncia del presidente el 20 de diciembre de 2001.

Tras dos semanas en que se sucedieron varios presidentes, la crisis culminó el 2 de enero de 2002 con la elección por parte de la Asamblea Legislativa de Eduardo Duhalde, del Partido Justicialista, como presidente provisional. La deuda externa argentina entró en suspensión de pagos durante el breve gobierno de Adolfo Rodríguez Saá, y el gobierno de Duhalde devaluó el peso dando fin a la Ley de convertibilidad.

Por medio de una fuerte devaluación de la moneda local, el país comenzó a poner en práctica una nueva política de industrialización por sustitución de importaciones, aumento de exportaciones y superávit fiscal. Hacia finales de 2002, la economía empezó a estabilizarse.

En 2003 fue elegido presidente Néstor Kirchner por el Frente para la Victoria (un partido escindido del Partido Justicialista). Durante su presidencia se nacionalizaron algunas empresas privatizadas y se registró un aumento considerable del PBI, además de una disminución del desempleo, basada en parte en la creación de puestos de trabajo genuinos arrastrados por la reactivación del sector agropecuario, el complejo agroindustrial y los sectores industrial y de la construcción, y reduciendo progresivamente los subsidios y planes sociales creados en 2002; al tiempo, regresaba la inflación.

El 28 de octubre de 2007 ganó las elecciones presidenciales Cristina Fernández del Frente para la Victoria, primera mujer elegida por el voto popular en la historia del país y esposa de Néstor Kirchner, a quien sucedió en el cargo el 10 de diciembre de 2007. Durante su gobierno tuvo lugar un extenso paro agropecuario como protesta de los productores rurales por las retenciones aplicadas a la exportación de soja y girasol. Dicho paro llevó a cortes de ruta y situaciones de desabastecimiento, cacerolazos en todo el país y enfrentó al gobierno con los productores rurales. Enfrentó la Crisis económica de 2008 con una serie de medidas, impulsando la industria automotriz y dando créditos a trabajadores y empresas.

La Constitución de 1853 estableció un sistema de gobierno representativo, republicano y federal, que ha sido mantenido por todas las reformas constitucionales realizadas desde entonces. La Argentina se formó por la unión federativa de las provincias que surgieron después de la disolución del Virreinato del Río de la Plata y por la incorporación de las que se fueron constituyendo a partir de los Territorios Nacionales.

La Constitución vigente en la actualidad es la que resulta del texto establecido por la Convención Constituyente de 1994. Las autoridades del gobierno federal tienen su sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es actualmente la Capital de la República o Capital de Nación, denominaciones utilizadas en la Constitución Nacional y en las leyes, pero llamada de manera no formal Capital Federal.

El poder ejecutivo es desempeñado por un ciudadano con el título de Presidente de la Nación Argentina, el cual es elegido por sufragio directo en doble vuelta junto con el candidato a vicepresidente. La segunda vuelta electoral se realiza entre las dos opciones más votadas si en la primera ninguna hubiera obtenido más del 45% de los votos válidos o, si habiendo obtenido la opción más votada entre el 40% y el 45%, existiera una diferencia con la segunda opción menor al 10%. El presidente y el vicepresidente duran cuatro años en sus mandatos y pueden ser reelegidos inmediatamente por un mandato más.

El gabinete de ministros del Presidente de la Nación es dirigido por el Jefe de Gabinete de ministros, quien se encuentra a cargo de la administración del país y es responsable ante el Congreso.

El poder legislativo es ejercido por el Congreso de la Nación Argentina, integrado por dos cámaras.

La Cámara de Diputados reúne a los representantes directos de la población. Son elegidos por el sistema de representación proporcional (sistema D'Hondt), duran cuatro años en su mandato y se renuevan por mitades cada dos años, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Son electos tomando como distrito único cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se vota, por una lista de todos los candidatos de cada partido político o alianza electoral, a los puestos que cada distrito ponga en disputa en esa elección. En 2006 contaba con un total de 257 miembros.

El Senado reúne a los representantes de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, correspondiéndole a cada una dos senadores por la mayoría y uno por la minoría, sumando en total 72 miembros. Son elegidos por voto directo, duran seis años en su mandato y se renuevan por tercios cada dos años, pudiendo ser reelegidos indefinidamente.

Por la Ley 24.012 de 1991 se estableció el cupo femenino en los cargos electivos, obligando a los partidos políticos a incluir un mínimo de un tercio de mujeres entre los candidatos. Desde entonces, la participación de las mujeres en la política se ha incrementado notablemente, siendo Argentina el país sudamericano con mayor cantidad de mujeres en el Poder Legislativo y estando, a su vez, entre los primeros diez a nivel mundial.

El Congreso de la Nación Argentina es el encargado de la formación y sanción de las leyes federales; además, tiene a su cargo la sanción de los códigos legales civil, penal, comercial, laboral, aeronáutico y de minería, entre otros. Cuenta con un organismo constitucional autónomo de asistencia técnica: la Auditoría General de la Nación, a cargo del control de legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad de la administración pública.

Asimismo, en el ámbito del Congreso funciona el Defensor del Pueblo de la República Argentina como órgano independiente, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su propósito es defender los derechos humanos y los derechos constitucionales y legales que puedan ser afectados por la Administración.

El poder judicial está encabezado por una Corte Suprema de Justicia integrada por cinco jueces abogados nombrados por el Presidente de la Nación con acuerdo del Senado, que requiere para ello una mayoría de dos tercios.

Los tribunales inferiores están encargados de resolver los conflictos regulados por la legislación federal en todo el país (tribunales federales) y, también, por la legislación común en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (tribunales nacionales). La designación de los jueces la realiza el Presidente de la Nación con acuerdo del Senado, sobre la base de una terna integrada por candidatos seleccionados en concurso público por el Consejo de la Magistratura, órgano de composición multisectorial, a quien corresponde el control directo de los jueces y la administración del Poder judicial. Los jueces permanecen en sus cargos "mientras dure su buena conducta" y solo pueden ser removidos en caso de infracciones graves, por un Jurado de Enjuiciamiento, integrado por integrado por legisladores, magistrados y abogados.

La Constitución establece también el Ministerio Público como órgano independiente y con autonomía funcional y financiera, con la función de promover la actuación de la justicia. El Ministerio Público es un organismo constitucional (art. 120) y es considerado por parte de la doctrina como un cuarto poder, en tanto que otra parte sostiene que se trata de un órgano extra poder.

Se trata de un organismo bicéfalo integrado por el Ministerio Público Fiscal, dirigido por el Procurador General de la Nación y encargado de la acción de los fiscales, y el Ministerio Público de la Defensa dirigido por el Defensor General de la Nación y encargado de la acción de los defensores oficiales.

En la República Argentina existen 23 provincias que, debido al sistema federal adoptado por la Constitución, son autónomas y mantienen todo el poder no delegado explícitamente al gobierno federal.

Todas las provincias cuentan con una constitución republicana y representativa que organiza sus propios poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y regula el régimen de autonomía municipal. Las provincias pueden sancionar leyes sobre cuestiones no federales, pero las principales leyes comunes (civiles, comerciales, penales, laborales, de seguridad social y de minería) están reservadas al Congreso Nacional (Constitución Nacional, artículo 75, inciso 12).

En todas las provincias, el poder ejecutivo está a cargo de un gobernador que dura en sus funciones cuatro años y que, en general, puede ser reelegido. El poder legislativo en algunas provincias está ejercido por una legislatura unicameral y en otras por una legislatura bicameral. Todas las provincias cuentan con un poder judicial con su correspondiente Corte Superior provincial y tribunales encargados de resolver los conflictos regidos por la ley común (civil, penal, comercial, laboral, administrativo local).

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene un régimen especial de autonomía sin llegar a ser una provincia. Una ley sancionada en 1880 la confirmó como capital de la República y la federalizó, separándola de la Provincia de Buenos Aires. Su organización política cuenta también con una Constitución republicana que establece un gobierno dividido en tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) y un régimen de descentralización en comunas. Las restricciones en materia de autonomía han influido para que hasta 2006 careciera de policía propia y un sistema judicial para resolver conflictos motivados en la aplicación de las leyes comunes. El titular del poder ejecutivo lleva el título de Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

La Constitución Nacional exige a cada provincia la organización de un régimen municipal y reconoce a los municipios su autonomía. Los municipios dirigen los destinos de cada ciudad o pueblo; por lo general, su jurisdicción se extiende a la zona rural aledaña y, en ocasiones, abarca localidades menores.

Argentina, junto a otros países de América del Sur, forma parte del Mercosur y de la Unión de Naciones Suramericanas. Participó en cada fase de la operación de Haití, y también ha contribuido en operaciones pacificadoras en diversas zonas del mundo. En reconocimiento a sus contribuciones a la seguridad internacional y a la pacificación, el presidente estadounidense Bill Clinton designó a la Argentina como aliado importante extra-OTAN en enero de 1998.

La Argentina mantiene una disputa de soberanía sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur, Aurora y Georgias del Sur, administradas por el Reino Unido, junto con sus espacios marítimos circundantes. Asimismo, reclama casi 1 millón de kilómetros cuadrados en la Antártida, en lo que constituye la Antártida Argentina —todas las reivindicaciones continentales sobre la Antártida están suspendidas en virtud del Tratado Antártico—.

Durante 2006 comenzó un litigio con Uruguay debido al inicio de las obras de una planta celulósica de la empresa finlandesa Metsä-Botnia en la localidad uruguaya de Fray Bentos. La Argentina ha demandado a Uruguay ante la Corte Internacional de Justicia argumentando que la instalación de las plantas de celulosa es contaminante y se ha realizado en violación del Estatuto del Río Uruguay.

Las fuerzas armadas de Argentina se encuentran bajo el mando del Presidente de la Nación, que es su comandante en jefe y atiende sus cuestiones a través del Ministerio de Defensa. Históricamente, han tenido el mejor equipamiento de la región (por ejemplo, desarrollando tempranamente aviones con propulsión jet en 1950), pero actualmente tienen asignado un presupuesto bajo en comparación a otros ejércitos regionales. La edad mínima para ingresar es de 18 años, sin que exista un servicio militar obligatorio.

Las fuerzas armadas están compuestas por el Ejército Argentino, la Fuerza Aérea Argentina y la Armada Argentina. Las aguas territoriales son patrulladas por la Prefectura Naval Argentina y las regiones fronterizas por la Gendarmería Nacional Argentina, bajo control del Ministerio del Interior; ambas fuerzas mantienen también lazos con el Ministerio de Defensa. El Sistema de Inteligencia Nacional dirige las acciones de inteligencia, dentro de los que se destaca la Secretaría de Inteligencia, conocida popularmente como SIDE por su denominación anterior.

Cada provincia cuenta con su propia policía, que puede trabajar en conjunto con la Policía Federal Argentina, la fuerza de seguridad que se encarga de los delitos de ámbito exclusivamente federal o que involucran a más de una jurisdicción. La Policía Federal es también la fuerza de policía de la Ciudad de Buenos Aires (ciudad que realiza actualmente gestiones para poseer un cuerpo de policía propio).

Las fuerzas armadas argentinas están llevando a cabo actualmente operaciones en Haití y Chipre, de conformidad con los mandatos de la ONU.

Territorialmente, la República Argentina está organizada en 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde se encuentra la sede del gobierno federal. Mediante la ley N° 23.512 de 1987, la Capital de la República debe ser trasladada a los municipios de Viedma y Guardia Mitre (Río Negro) y Carmen de Patagones (Buenos Aires). El traslado fue aceptado por las provincias de Río Negro (ley N° 2.086) y Buenos Aires (ley N° 10.454), pero caducó en ambos casos en 1992 al no efectuarse. Para marzo de 2008 la ley nacional no ha sido derogada.

Las provincias dividen su territorio en departamentos, con la excepción de la provincia de Buenos Aires que lo hace en municipios denominados partidos. Los departamentos, en general, no cuentan con funciones administrativas, aunque en las provincias de Mendoza, San Juan y La Rioja cada departamento es un municipio. En algunas provincias los departamentos son utilizados como distritos electorales para determinar representantes a las legislaturas provinciales y sirven como unidades de descentralización de diversos órganos provinciales como la policía y el Poder Judicial.

La Constitución Nacional de 1994 reconoce la autonomía municipal, pero da potestad a las provincias para reglar su alcance y contenido, por lo que existen municipios autónomos con potestad para sancionar Cartas Orgánicas Municipales y otros que no pueden hacerlo. También existen provincias que no reconocen la autonomía de sus municipios. Hasta diciembre de 2006, 123 municipios, haciendo uso de su autonomía institucional, habían dictado su propia carta orgánica.

Todas las provincias cuentan con gobierno locales y dentro de cada régimen se suelen encontrar distintas tipificaciones de municipios, existiendo casos de unidades administrativas similares a los municipios —generalmente, los correspondientes a localidades con escasa población—, pero que no cuentan con la mencionada autonomía y sus gobernantes son en general delegados del gobernador provincial.

La República Argentina extiende su soberanía sobre el mar adyacente a sus costas y de sus islas, así como también sobre el lecho y subsuelo de las áreas marinas, sus recursos vivos y minerales, y sobre su espacio aéreo marino.

El Estado argentino ejerce su soberanía marítima en distintos grados: el mar territorial (12 millas marinas desde la línea de base costera), la zona marítima contigua (24 millas marinas), la zona económica exclusiva (200 millas marinas) y la plataforma continental (en proceso de delimitación).

El territorio de la República Argentina es el segundo más grande de América del Sur y el octavo en extensión de la Tierra, sin contar el sector antártico. Está integrado por un sector americano y otro antártico (cuya soberanía se reclama).

La superficie del sector americano de la Argentina mide 2.791.810 km². De ellos, 2.780.400 km² corresponden a la Ciudad de Buenos Aires, las 22 provincias argentinas y los departamentos de Ushuaia y Río Grande de la provincia de Tierra del Fuego. El resto está constituido por los 11.410 km² reclamados de las Islas Malvinas.

La superficie del sector antártico de la Argentina mide 969.464 km². De estos, unos 965.597 km² corresponden a la Antártida Argentina (territorio reclamado), incluida como departamento de la provincia de Tierra del Fuego. Además, esta superficie incluye a las Islas Shetland del Sur y las Islas Orcadas del Sur. Los 3.867 km² restantes están formados por las Islas Georgias del Sur (3.560 km²) y las Islas Sandwich del Sur (307 km²) que forman parte del Departamento Islas del Atlántico Sur de la provincia de Tierra del Fuego. Estos dos últimos archipiélagos más las Islas Malvinas se encuentran bajo dominio británico, aunque también son reclamados por la República Argentina.

La superficie total de la Argentina, sumados ambos sectores americano y antártico, totaliza 3.761.274 km² incluyendo los territorios cuya soberanía es reclamada. En esta cantidad no se incluye la franja oceánica argentina de 200 millas marinas (zona económica exclusiva), ni la plataforma continental (que corresponde en gran medida al Mar Argentino), ni el sector argentino del Río de la Plata.

Ubicada en el sur del continente de América, forma parte del Cono Sur junto a Chile, Uruguay, Paraguay y el sur de Brasil.

La Argentina tiene 3.694 kilómetros de largo de norte a sur y 1.423 kilómetros de este a oeste. Se extiende por más de 33º de latitud entre su extremo norte, la confluencia de los ríos Grande de San Juan y Mojinete, en la provincia de Jujuy a 21°46′00″S 66°13′00″O / -21.766667, -66.216667; y el punto más austral del territorio continental argentino, el cabo San Pío, en la isla Grande de Tierra del Fuego, a 55°03′00″S 66°31′00″O / -55.05, -66.516667. A su vez, se extiende de este a oeste por 20º de longitud, desde la ciudad de Bernardo de Irigoyen, en la provincia de Misiones, a 26°15′00″S 53°38′00″O / -26.25, -53.633333 y el cordón Mariano Moreno de los Andes patagónicos en la provincia de Santa Cruz, a 49°33′00″S 73°34′00″O / -49.55, -73.566667.

La isla Martín García es un exclave argentino cercano a la confluencia de los ríos Paraná y Uruguay, un kilómetro dentro de aguas uruguayas, a una distancia aproximada de 3,5 kilómetros de la costa de este país, cerca de la pequeña ciudad de Martín Chico. El Tratado del Río de la Plata, firmado por Argentina y Uruguay en 1973, reafirmó la jurisdicción argentina sobre la isla, terminando con una disputa de un siglo entre ambos países. Debido a la sedimentación aluvional, se formó una isla frente a la costa norte de Martín García que fue llamada por Argentina como Punta Bauzá y por Uruguay como Timoteo Domínguez, y fue objeto de disputa entre ambos países. Con la firma del Tratado del Río de la Plata, la Argentina reconoció la soberanía uruguaya sobre la isla que, posteriormente, quedó unida a Martín García, constituyendo una frontera seca.

De acuerdo con los tratados firmados con la República del Paraguay, se convino que las islas en los ríos Paraná y Paraguay (excepto Yaciretá y Cerrito) fuesen adjudicadas al país del que se hallen más cerca sus costas, siendo las aguas divididas por el canal principal del río. Tras la demarcación de las islas en 1980 han quedado enclaves de uno y otro país en las aguas del otro, tanto en el río Paraná como en el río Paraguay. Pertenecen a la República Argentina dentro de la provincia de Corrientes las islas de: Apipé Grande, Entre Ríos, el grupo Caa Verá, las islas Verdes y las dos islas de Costa Larga; todas ellas situadas en el río Paraná en aguas paraguayas.

Por la firma del Tratado del Río Uruguay que fijó el límite en este río entre la Argentina y Uruguay, se definió que al sur de Salto Grande el límite pasase por el canal más profundo, separando también las islas. Pese a eso, las islas Filomena Grande, Filomena Chica, Palma Chica, Bassi, Tres Cruces y los islotes Alba y Chingolo, se acordó que perteneciesen a Uruguay por tener población de ese origen, aunque las aguas que las rodean pertenezcan a la República Argentina. De esta manera, esas islas constituyen enclaves de Uruguay en aguas argentinas.

En el norte del país se encuentran regiones de vegetación densa; en algunos sectores la misma es boscosa y en otros es selvática, compuesta por la región chaqueña y los esteros del Iberá; estas zonas de abundante vegetación se mezclan con otras extensas zonas de palmares y pastizales. La región misionera es una región diferenciada, siendo una prolongación de las sierras del Brasil, con serranías bajas pero accidentadas, de clima subtropical, muy húmedo y vegetación selvática. El extremo noroeste del país está ocupado por una región de meseta alta llamada Puna o Altiplano.

En el centro del país se encuentra la llanura pampeana, que puede dividirse en dos regiones: Pampa húmeda y Pampa occidental o seca. Esta última tiene un clima más continental. En la Pampa húmeda la Sierra de la Ventana y Tandilia (con un máximo de altura apenas superior a los 500 metros sobre el nivel del mar) son los únicos accidentes geográficos que quiebran la monotonía del paisaje y son los restos de una cordillera muy antigua.

En el centro-oeste del país se encuentra la región de Cuyo, que está constituida por las provincias de San Juan, Mendoza y San Luis, donde predomina un relieve montañoso, serrano, con escasa vegetación.

Al sur del país se encuentra la Patagonia, una extensa zona de mesetas y serranías de origen precámbrico, que comprende a las provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

En el noreste y centro-este del país se ubican los ríos más importantes, que corresponden a la Cuenca del Plata, la tercera cuenca en extensión del Hemisferio Occidental. Los principales cursos fluviales de la misma son los siguientes: Paraguay, Bermejo, Colorado, Uruguay y el más largo, el Paraná. Los dos últimos avanzan juntos hasta encontrarse en el estuario del Río de la Plata. Dicho estuario es el más grande del planeta y afluye en la sección del océano Atlántico que corresponde al Mar Argentino. La tierra que se encuentra entre ambos ríos es llamada Mesopotamia y es compartida por las provincias de Misiones, Corrientes y Entre Ríos.

La Argentina tiene 4.665 kilómetros de costa. La zona del océano Atlántico sobre la plataforma continental es inusualmente ancha y se la denomina Mar Argentino, el cual cuenta con importantes recursos pesqueros e hidrocarburíferos. Las costas que baña el mar varían entre zonas de dunas y acantilados. La alternancia de corrientes frías de la Antártida y cálidas del Brasil permite que la temperatura de las costas no descienda uniformemente con el descenso en la latitud, sino que tenga variaciones. La costa meridional de Tierra del Fuego forma la orilla norte del Pasaje de Drake.

Las características generales de la orografía de la Argentina son la presencia de montañas en el oeste y de llanos en el este, configurando una planimetría que disminuye en altitud de oeste a este.

El extremo oeste está conformado por la sección principal de la cordillera de los Andes. Al norte se encuentran los sectores más altos de la cordillera, que son también los más altos del continente. Allí se encuentra el cerro Aconcagua, que con 6.959 metros sobre el nivel del mar es el punto más alto de toda América. El tramo patagónico de los Andes, en cambio, posee picos notoriamente más bajos que los del norte.

En el norte, al este de los Andes y también en sentido norte-sur se extienden las Sierras Subandinas, una serie de sierras escalonadas que conforman valles muy poblados. Al sur de las mismas se encuentran las Sierras Pampeanas, más espaciadas entre sí y separadas por llanuras.

La meseta patagónica es un conjunto de altiplanos y llanuras elevadas y áridas, enclavada entre los Andes patagónicos y el océano Atlántico, donde cae abruptamente en altos acantilados que dan al Mar Argentino. Aquí se encuentra también la depresión más profunda de toda América: la laguna del Carbón a 105 metros bajo el nivel del mar.

En la Mesopotamia oriental, sobre las estribaciones del macizo de Brasilia, el relieve se presenta como sierras bajas en la provincia de Misiones. Hacia el sur, en las provincias de Corrientes y Entre Ríos, se transforman en cuchillas o lomadas de origen sedimentario más bajas aún, constituyendo una topografía ondulante.

La gran llanura Chacopampeana es una planicie con pocas ondulaciones, subtropical al norte (Gran Chaco) y templada al sur (Llanura pampeana). Drenada en gran parte por el río Paraná, su pendiente es suave, de dirección noroeste - sudeste y prácticamente imperceptible, por lo que los ríos que la surcan son sinuosos, presentando además esteros y pantanos en el Chaco y gran cantidad de lagunas en la Pampa. La monotonía del paisaje sólo se quiebra con la presencia de algunos sistemas serranos.

Los ríos argentinos se clasifican en 3 cuencas o vertientes: los de la vertiente del Atlántico, los de la vertiente del Pacífico y, por último, los pertenecientes a las diversas cuencas endorreicas del interior del país.

La vertiente del Atlántico es la más extensa y está compuesta por la Cuenca del Plata, el Sistema Patagónico y una serie de ríos menores en la provincia de Buenos Aires. La Cuenca del Plata es la más importante, culmina en el estuario del Río de la Plata y es desaguada por los ríos Paraná (el más caudaloso y extenso del país), Uruguay y los diversos afluentes de estos, destacándose el Paraguay, el Pilcomayo, el Bermejo, el Salado y el Iguazú. El sistema patagónico está formado por ríos alóctonos, alimentados por los deshielos de los Andes. Se destacan por su caudal el río Colorado, el Negro, el Chubut y el Santa Cruz.

La vertiente del Pacifico es la de menor extensión. Integrada por ríos cortos, alimentados por los deshielos y lluvias de los Andes Patagónicos como el Manso en Rio Negro y el Futaleufú en Chubut.

En el centro y oeste del territorio hay varias cuencas endorreicas, compuestas por ríos de caudal variable que se pierden en el suelo por evaporación o infiltración o desaguan en lagunas interiores o salinas. Sobresalen la cuenca del Desaguadero, que agrupa a los ríos cuyanos, y la de la laguna de Mar Chiquita, donde desembocan los ríos Dulce, Primero y Segundo.

Las cuencas lacustres argentinas se encuentran mayoritariamente en la Patagonia, como consecuencia de la acción glaciaria que las formó. Se destacan los lagos Nahuel Huapi, Viedma y Argentino. En la llanura chaco-pampeana hay gran cantidad de lagunas de agua dulce y salada, y en el litoral zonas pantanosas como los esteros del Iberá. La laguna argentina más extensa es Mar Chiquita, en la provincia de Córdoba.

Los recursos hídricos del país también incluyen los extensos campos glaciarios de los Andes, como el Perito Moreno y las aguas subterráneas de acuíferos, como el Puelche y el Guaraní. El aprovechamiento hidroeléctrico de los ríos ha propiciado la formación de varios embalses, como el de Yacyretá en el Paraná, el de Salto Grande en el Uruguay y el de El Chocón en el Limay.

Debido a la amplitud latitudinal y su variedad de relieves, la Argentina posee una gran variedad de climas. En general, el clima predominante es el templado, aunque se extiende a un clima subtropical en el norte y un subpolar en el extremo sur. El norte del país se caracteriza por veranos muy cálidos y húmedos, con inviernos suaves y secos, estando sujeto a sequías periódicas. El centro del país tiene veranos cálidos con lluvias y tormentas, e inviernos frescos. Las regiones meridionales tienen veranos cálidos e inviernos fríos con grandes nevadas, especialmente en zonas montañosas. Las elevaciones más altas en todas las latitudes son las que experimentan condiciones más frías, con un clima árido y nivel montano.

Las plantas subtropicales dominan el norte del país, como parte de la región del Gran Chaco. El género Dalbergia de árboles está bien diseminado y se halla representado por el palo de rosa y el árbol del quebracho; también son predominantes los árboles blancos y negros del algarrobo (Prosopis alba y Prosopis nigra). La sabana existe en las regiones más secas, cerca de los Andes. Las plantas acuáticas prosperan en los humedales que dotan a la región.

En la zona central del país se encuentra la Pampa húmeda, una gran pradera. Originalmente, la pampa no tenía virtualmente ningún árbol; pero debido a la intervención humana se encuentran presentes ciertas especies importadas como el sicómoro americano o el eucalipto. Uno de los árboles nativos de la zona es el ombú, un árbol de tipo perennifolio.

Los suelos superficiales de la llanura pampeana poseen una gran cantidad de humus. Esto hace que la región sea muy productiva para la agricultura.

La pampa occidental o pampa seca recibe menos de 500mm/año de precipitaciones, y es una llanura de hierbas duras o estepa. En gran parte su tussok es el mismo del Comahue, la región central de la pampa occidental, y se halla recubierta de "montes" o bosques del árbol caducifolio llamado caldén. El mismo se distribuye en una diagonal que va desde los límites meridionales de las provincias de Córdoba y San Luis hasta los límites meridionales de las provincias de La Pampa y Buenos Aires.

La mayor parte de la vegetación de la Patagonia argentina está compuesta de arbustos y hierbas, adaptadas para soportar las condiciones secas de dicho hábitat. El suelo es duro y rocoso e imposibilita la agricultura a gran escala, a excepción de los valles. Los bosques coníferos crecen en la Patagonia occidental y en la isla de Tierra del Fuego. Las coníferas nativas de la región incluyen el alerce, ciprés de la cordillera, ciprés de las guaitecas, el huililahuán, el lleuque, mañío hembra, y la araucaria, mientras que los árboles hojosos nativos incluyen varias especies de Nothofagus, entre ellos el coigüe, el lenga y el ñire.

Árboles foráneos presentes en plantaciones de la silvicultura son la Picea, el ciprés, y el pino. Las plantas comunes son el copihue y el colihue. En Cuyo, abundan los arbustos espinosos semiáridos y otras plantas xerófilas. A lo largo de varios oasis, las hierbas y árboles de río crecen en números significativos. El área presenta las condiciones óptimas para el crecimiento a gran escala de las vides de uva. En el noroeste de la Argentina hay muchas especies del cactus. En las elevaciones más altas (sobre 4.000 msnm), no crece ninguna vegetación importante debido a la altitud extrema, y los suelos están virtualmente desprovistos de cualquier vida de plantas.

La flor del ceibo es la flor nacional de la Argentina.

En el norte subtropical se encuentra una gran cantidad de especies animales. Hay grandes felinos como el yaguareté, el puma, y el ocelote; grandes cánidos como el lobo de crin, el úrsido llamado oso de anteojos; primates (monos aulladores); reptiles grandes como cocodrilos y una especie de caimán. Otros animales son el tapir, los carpinchos, el oso hormiguero, el hurón, el pecarí, la nutria gigante, el coatí, y varias especies de tortugas.

En la zona subtropical de Argentina existen muchas aves como el águila coronada (la mayor ave predadora del continente), los diminutos colibríes, los flamencos, el tucán y diversas especies de loros. Las praderas centrales están pobladas por los armadillos, el colo colo, y el ñandú o avestruz sudamericana. Los halcones, diversos patos así como las garzas y las perdices, también habitan la zona, al igual que varias especies de ciervos y zorros. Algunas especies se extienden hacia la Patagonia.

Las montañas occidentales son el hogar de diversos animales. Entre ellos están la llama, el guanaco y la vicuña, que son algunas de las especies más reconocibles de Sudamérica. También en esta región están el gato andino y el cóndor. Este último es el ave voladora de mayor tamaño del mundo, así como también una de las que vuela hasta mayores alturas.

En la Argentina meridional habitan el puma, el huemul, el pudú (el ciervo más pequeño del mundo) y el jabalí. La costa de la Patagonia es rica en vida animal: el elefante marino, el lobo marino, el león marino, y diversas especies de pingüinos. En el extremo sur se encuentran los cormoranes, que se alimentan de peces.

Las aguas territoriales de la Argentina tienen abundante vida oceánica; están los mamíferos como los delfines, las orcas, y las ballenas. Una de las ballenas más destacadas es la ballena franca de gran atractivo turístico. Los peces marinos incluyen las sardinas, las merluzas, los salmones, y los cazones; también está presente el calamar y la centolla en Tierra del Fuego. Los ríos y las corrientes en la Argentina tienen muchas especies de peces de agua dulce como las truchas y un pez sudamericano como el dorado.

Las especies de serpientes que habitan en la Argentina incluyen a la boa constrictora, a la venenosa yarará y a la serpiente cascabel.

La economía argentina se ve beneficiada por una gran riqueza y variedad de recursos naturales, una población con un buen grado de educación, un sistema de agricultura y una importante base industrial, que llegó a ser la más desarrollada de América Latina, pero que ha evidenciado cierto estancamiento relativo, a partir del último cuarto del siglo XX.

En la actualidad, la Argentina es la tercera potencia en materia económica de América Latina, superada por Brasil y México. Si al PBI se lo considerara en paridad de poder adquisitivo (según el Fondo Monetario Internacional), en 2007 alcanzó los 523,739 millones de dólares, acortándose las distancias respecto al PBI de Brasil o de México. El PBI per cápita medido en paridad de poder adquisitivo de USD el 2007 fue estimado en 13.300, uno de los más altos de la región.

Las exportaciones de bienes totalizaron en 2007 los 55.780 millones de dólares, mientras que las importaciones alcanzaron los 42.525 millones, generándose un superávit de 13.255 millones de dólares. Las exportaciones e importaciones de servicios, en cambio, arrojan unos totales de 10.283 y 10.782 millones de dólares respectivamente, lo cual genera para el mismo año un déficit de 499 millones de dólares.

El país mantiene una deuda externa de 123.196 millones de dólares (dic. 2007), equivalente al 46,74% del PBI. El monto de la misma se debe principalmente a operaciones fraudulentas realizadas durante el Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983), período en el cual la deuda creció un 364%, y a una toma masiva de préstamos externos durante los dos gobiernos sucesivos de Carlos Menem, debido a la política de dólar barato llevada adelante por la ley de convertibilidad. En este último el crecimiento de la deuda fue del 123%. La relación entre el PBI y la deuda externa alcanzó su punto crítico en enero de 2002 cuando representó el 190% del PBI. Desde entonces una combinación de reducción de la deuda, moderación en la toma de nuevos créditos y aumento considerable del PBI, redujeron la deuda externa a poco menos de la mitad del PBI, que de todos modos se estima alta.

La presión tributaria se ubicó al finalizar 2007 en el 25%. Aún considerando que la misma resulta baja comparada con Brasil (37%) y Europa (38%), la misma ha aumentado considerablemente desde el 16,7% que registró en el período 1997-2002. La estructura impositiva descansa principalmente en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que aporta el 31% del total, aunque su importancia relativa se ha reducido frente al promedio 1997-2002, que fue del 39%, debido a un aumento del aporte el Impuesto a las Ganancias, que pasó del 19% al 21% y sobre todo de las retenciones a las exportaciones que pasó del 1% al 10%.

A fines de 2007 el Estado había acumulado reservas en moneda extranjera por US$ 46.176 millones, monto equivalente al del total importado por año.

De acuerdo al INDEC, la inflación alcanzada en 2007 fue del 8,5%, la cual continuó con una tendencia descendente y fue la más baja desde el año 2004. Sin embargo, la veracidad de las mediciones del INDEC está actualmente siendo cuestionada, y otros analistas económicos estiman una inflación de entre el 16% y el 18% para el período citado.

A su vez, el crecimiento económico hizo mejorar notablemente los índices sociales desde el período de crisis. Así, los últimos indicadores de nivel nacional mostraron que la tasa de pobreza en el semestre de octubre de 2007 a marzo de 2008 representó al 20,6% de la población y la de indigencia al 5,9%. El desempleo en el cuarto trimestre de 2007 se halló en un 7,5%, incluyéndose a los beneficiarios de planes sociales de empleo como “empleados”. El índice se eleva al 7,8-8,1% si no se computan como "empleados" a los beneficiarios de planes sociales de empleo. El subempleo, en tanto, se situó en un 6,0%.

La Argentina forma parte del bloque regional conocido como Mercosur, integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y también Venezuela, en proceso de volverse miembro pleno del bloque. Como consecuencia del Mercosur, las relaciones comerciales entre la Argentina y Brasil aumentaron hasta volverse de primera importancia para ambos países. En mayo de 2002 comenzó un proceso de desequilibro en la balanza comercial entre ambos países, fuertemente deficitario para la Argentina, que ha sido motivo de preocupación para empresarios y funcionarios de ese país. En 2006 los gobiernos de Argentina y Brasil firmaron una serie de acuerdos bilaterales, entre los que se encuentra la cláusula de adaptación competitiva y los acuerdos referidos a los intercambios comerciales del sector de los automotores. El propósito de ambos acuerdos es reducir las asimetrías presentes en el bloque.

La moneda oficial de la Argentina desde 1992 es el Peso ($).

La producción de alimentos provenientes de la agricultura y la ganadería vacuna en la región pampeana, es tradicionalmente, uno de los ejes de la economía argentina. En total la producción rural incluido el sector forestal, representaba en 2007 el 5,61% del PBI total. El principal producto del sector es la soja o soya, una oleaginosa que ocupa la mitad de las tierras sembradas y que origina la cadena de la soja, uno de los principales encadenamientos productivos del país.

Una parte sustancial de la producción agrícola se exporta sin manufacturación en forma de granos (soja, maíz, trigo y girasol), representando el 15% de las exportaciones totales. El resto se destina como materia prima, principalmente a la industria de la alimentación. La soja se diferencia sustancialmente del resto de los productos agropecuarios por el hecho de que no se consume en el mercado interno, y por lo tanto prácticamente la totalidad se exporta. Por el contrario, los cereales, lácteos y la carne vacuna constituyen la base de la dieta alimentaria de la población, razón por la cual una parte considerable se destina al consumo en el mercado interno.

Fuera de la economía agro-ganadera de la región pampeana, la economía argentina cuenta con las denominadas economías regionales, sistemas productivos locales generalmente apoyados en la producción especializada de un grupo limitado de cultivos. Entre ellas se encuentran la economía cuyana apoyada en la vid y la industria del vino derivada; los valles patagónicos dedicados a la manzana y la pera; la región noroeste, dedicado al azúcar, cítricos y tabaco; la Provincia de Misiones y nordeste de Corrientes orientadas a la yerba mate, té y la madera; el algodón en la región chaqueña; el arroz, principalmente en Corrientes; el olivo en las zonas áridas de montaña; y el ganado ovino en la Patagonia.

La Argentina posee una considerable riqueza petrolera y gasífera, que le permite organizar una cadena de producción petroquímica que, junto a la cadena de la soja y la industria metal-mecánica, constituye la base de la economía nacional. En conjunto la cadena petroquímica es responsable de un 20% de las exportaciones totales, de las cuales solo el 4,6% se exporta em bruto, sin industrialización.

Los principales yacimientos se encuentran en las Provincia del Neuquén, el golfo de San Jorge y la Provincia de Salta; la provincia del Neuquén concentra cerca de la mitad de toda la producción de hidrocarburos. Una red de oleoductos y gasoductos transporta los productos a Bahía Blanca, donde se encuentra el principal polo petroquímico y a la conurbación industrial que se extiende entre Rosario y La Plata y que tiene como núcleo principal el Gran Buenos Aires.

Históricamente, la minería argentina ha sido escasa, pero la misma se ha activado en la última década, fundamentalmente sobre minerales metalíferos: cobre (3% de las exportaciones), oro, plata, zinc, manganeso, uranio y azufre. Los recursos mineros se concentran en las provincias cordilleranas a lo largo de 4.500 km. Las exportaciones argentinas de minerales pasaron de 253 millones de dólares en 1996 a 2.650 millones en 2006, algo más del 3% del total.

El Mar Argentino está ubicado sobre una extensa plataforma submarina, muy rica en recursos pesqueros, que alcanza un ancho de 550 km a los 52º de latitud Sur y 1.890.000 km². Sin embargo, la pesca ha sido una producción marginal, y debido a la crisis poblacional de la merluza (principal producto pesquero argentino) provocada por la excesiva pesca durante los 1990, la participación del sector en las exportaciones totales se ha reducido de un 3% a un 2%.

En sentido contrario, la producción forestal y maderera, principalmente pinos y eucaliptos, se ha venido expandiendo, con centro en las provincias mesopotámicas, superando el 2% del total exportado.

La industria manufacturera argentina es el sector que más valor aporta al PIB, con un 17,5% del total (2007). El sector industrial manufacturero también es uno de los principales generadores de empleo (junto con el comercio y el sector público), con 13% en 2007, Por su parte la industria de la construcción aporta el 6,7% del PIB (2007) y ha sido la principal impulsora de la recuperación del empleo después de 2002, ocupando un 9,5% del total de la fuerza de trabajo en 2007.

Entre las industrias de manufacturas de origen agropecuario se destaca la industria aceitera, integrante de la cadena de la soja, la de mayor crecimiento en las últimas dos décadas, concentrando el 31,8% del total del sector alimentos y el 20% de las exportaciones totales del país. Luego le siguen la de la carne (11,1%), la de la leche (7,7%), la del café y chocolate (7,5%), la del vino y otras bebidas alcohólicas (5,7%), la del pan, pastas y galletas (4,5%), la de la harina de trigo (4,5%), la de la cerveza (4,1%), etc.

Las principales ramas de las industrias de origen no agropecuario, son la fabricación de automotores que aporta el 8,7% de las exportaciones, química (5,6%) y metalúrgica (5,3%), maquinaria (3,4%) y plásticos (2,6%) (porcentajes correspondientes a 2006). También son importantes las industrias del papel, de las piedras preciosas, caucho y textiles.

A partir de 2003 la industria ha tenido un proceso de revitalización competitiva, movido principalmente por la política económica de dólar alto. El Gran Buenos Aires es aún el área industrial más importante del país, donde se concentra la mayor parte de la actividad fabril de la Argentina. Otros centros industriales importantes existen en Córdoba, Rosario, Tucumán y Mendoza, San Luis y Tierra del Fuego, muchos de ellos fomentados para descentralizar la industria.

Históricamente, el país ha tenido importantes sectores industriales como la industria naval relacionada con la Flota Mercante de Argentina, que se redujeron considerablemente a partir de la década de 1990 a raíz del proceso de privatizaciones y que en la actualidad se están recuperando.

El extenso territorio de la República Argentina está dotado de grandes atractivos turísticos. La valuación de la moneda local tras la devaluación de 2002 favoreció el arribo de grandes cantidades de turistas extranjeros, haciendo al país comercialmente más accesible que en la década de 1990. Al encarecerse los costos para viajar al exterior, muchos argentinos también se volcaron al turismo nacional.

El repunte del sector es muy notorio: los ingresos por turismo receptivo ocupan el tercer lugar en el ranking de entrada de divisas como equivalente de exportaciones. En 2006, el sector representó el 7,41 % del PBI, aunque hay que tener en cuenta que la salida de residentes argentinos con fines turísticos supera las entradas y equivale a un 12% del PBI. Los extranjeros ven a la Argentina como una zona sin conflictos armados, terrorismo o crisis sanitarias. Según cifras oficiales de la Organización Mundial del Turismo, en 2007 el país recibió a más de 4.600.000 turistas extranjeros, lo que significó unos 4.300 millones de dólares de ingreso de divisas.

La Argentina es el segundo país más visitado de América del Sur (detrás de Brasil) y el quinto más visitado del continente americano. Los turistas extranjeros provienen principalmente de Brasil, Chile, Perú, Colombia, México, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Venezuela y Paraguay y los europeos de España, Italia, Francia, Alemania, Reino Unido y Suiza.

Buenos Aires se destaca como el centro favorito de los turistas extranjeros y nacionales (5.250.000 en 2007). Son atraídos por una ciudad populosa, cosmopolita y con amplia infraestructura. Entre otros muchos factores, el tango es uno de los motivos para la visita a la capital argentina. La característica noche porteña es uno de los grandes atrayentes por su variada oferta cultural, gastronómica y de entretenimiento.

Otro destacado centro de atracción son las Cataratas del Iguazú, en la Provincia de Misiones, declaradas en 1984 Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco. La caída del caudaloso Río Iguazú se complementa con la Selva subtropical que la rodea.

Argentina cuenta con una importante variedad de sitios montañosos, en varios de ellos se practica el montañismo y otros basan su atractivo turístico en el contacto con la nieve o en sus paisajes característicos. Los principales se encuentran en el oeste del país, en la Cordillera de los Andes, aunque también hay formaciones montañosas en las Sierras de Córdoba. Entre los sitios utilizados para el alpinismo se encuentra el cerro Aconcagua, la montaña más alta de América. Los parajes turísticos más importantes por su nieve son Bariloche y Las Leñas. Una formación conocida internacionalmente es la Quebrada de Humahuaca. El Tren de las Nubes es uno de los tres ferrocarriles más altos del mundo. Parte desde la provincia de Salta, y cruza la Quebrada del Toro pasando por Tastil —considerada como uno de los principales centros urbanos prehispánicos de Sudamérica— donde se hallan ruinas arqueológicas.

El Parque provincial Ischigualasto, también conocido como "Valle de la Luna", está situado en el extremo norte de la provincia de San Juan, a 330 km de la ciudad de San Juan. Es un área protegida donde puede verse totalmente al descubierto y perfectamente diferenciado todo el periodo triásico en forma completa y ordenada, por lo cual el 29 de noviembre de 2000 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Los glaciares son una de las principales atracciones de la Patagonia Argentina. El más conocido es el Glaciar Perito Moreno, cuya accesibilidad y característica ruptura periódica le otorgan un atractivo singular. Se expande sobre las aguas del Brazo Sur del Lago Argentino, con un frente de 5 kilómetros y una altura por sobre el nivel del lago, de entre los 70 y 60 metros. Esta pared de hielo cubre una extensión de 230 kilómetros cuadrados. El área de hielos continentales y glaciares es un tesoro natural, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1981.

En los últimos años ha tenido importancia la implementación del turismo enólogo, un turismo temático basado en la vitivinicultura con la iniciativa de la denominadas "Rutas del Vino" en la provincias de San Juan y Mendoza así como en los Valles Calchaquíes salteños, turismo que atrae numerosos turistas extranjeros para degustar los Vinos Argentinos.

El turismo invernal tiene su máximo exponente en la región de los Lagos, ubicada al pie de la Cordillera de los Andes en las Provincias del Neuquén, Río Negro y Chubut; además de la práctica de deportes de montaña, la zona tiene como atractivos lagos de origen glaciar y Parques Nacionales rodeados de frondosa vegetación. En el centro de la misma, la ciudad de San Carlos de Bariloche a orillas del lago Nahuel Huapi y a pocos kilómetros del cerro Catedral, se posiciona como el principal centro invernal de Sudamérica, atrayendo a la mayor parte del turismo tanto nacional como extranjero.

Durante la época estival una buena parte del turismo interno argentino se dirige a diversas ciudades de la costa atlántica de la Provincia de Buenos Aires, siendo Mar del Plata la mayor de ellas. La mayor parte de dichas ciudades concentra su actividad económica en la temporada veraniega. El segundo destino en cuanto a captación del turismo interno lo constituyen las Sierras de Córdoba, sobre todo el valle de Calamuchita, siendo su principal centro turístico Villa Carlos Paz. Tradicionalmente, el mes de enero es el que genera la mayor demanda de alquileres. Por su parte la zona de la Península Valdés es un área declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en la que se conjugan la costa atlántica y la Patagonia argentina; otro gran destino internacional con tales características se ubica en la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur que, además de sus atractivos, sirve como punto de partida a excursiones y cruceros en la Antártida.

Las rutas argentinas cuentan con 37.740 kilómetros y 600.000 kilómetros de carreteras municipales, y la capital, Buenos Aires, se encuentra interconectada con las principales ciudades y regiones del país.

Se estima en 8.527.256 el número de vehículos que forman el parque automotor argentino, distribuido en 5.325.231 de automóviles, 1.370.312 de vehículos livianos, 417.042 de carga y 62.785 para transporte de pasajeros, sin contabilizar 517.449 unidades no especificadas.

El sistema ferroviario fue privatizado a comienzos de la década de 1990, comprendiendo tanto el transporte de carga como el traslado urbano de pasajeros. A la fecha del 2006 cuenta con alrededor de 31.902 kilómetros operativos de líneas férreas. En total existen unos 40.245 kilómetros de ferrovías, pero muchos tramos han quedado abandonados en las etapas: 1963, 1977, y la década del 1990.

Argentina cuenta con alrededor de 11.000 kilómetros de vías navegables. La red de hidrovías está compuesta por los ríos de La Plata, Paraná, Paraguay y Uruguay. Los principales puertos fluviales son los de Zárate y Campana.

La mayoría de los productos importados por la Argentina llega al país por vía marítima. Los principales puertos son los siguientes: Buenos Aires, La Plata-Ensenada, Bahía Blanca, los puertos del Up-River, Mar del Plata, Quequén-Necochea, Comodoro Rivadavia, Puerto Deseado, Puerto Madryn y Ushuaia. El puerto de Buenos Aires es históricamente el primero en importancia individual, pero la zona conocida como Up-River, que se extiende a lo largo de 67 km de la porción santafesina del río Paraná, reúne 17 puertos que concentran el 50% del total de las exportaciones del país.

La Argentina produce, según datos del año 2005, alrededor de unos 101.176 gigawatts por hora de energía eléctrica. Las principales fuentes de energía empleadas por la Argentina para la generación de electricidad son la hidráulica (34.041 Gigawatts por hora anuales) y la térmica (56.385 Gigawatts por hora anuales), junto con una producción de energía nuclear (6.873 gigawatts por hora anuales). La energía eléctrica se distribuye por dos sistemas principales, el Sistema interconectado nacional y el Sistema interconectado patagónico, así como también por algunos sistemas menores aislados de ambos.

La extracción de petróleo y gas natural alcanza los 38.323 miles de metros cúbicos anuales y 48.738 millones de metros cúbicos anuales respectivamente. Las reservas de petróleo se estiman en 346.634 miles de metros cúbicos, mientras que las de gas natural alcanzan los 455.625 millones de metros cúbicos.

Cinco argentinos han sido galardonados con Premios Nobel. Tres de ellos están vinculados con la ciencia: el Premio Nobel de Medicina fue otorgado a Bernardo Alberto Houssay, primer Nobel científico latinoamericano; el mismo galardón fue recibido por César Milstein. El Premio Nobel de Química fue otorgado a Luis Federico Leloir. En tanto, el Premio Nobel de la Paz fue entregado a Carlos Saavedra Lamas así como a Adolfo Pérez Esquivel.

La Argentina ha construido satélites; ofrece su propio modelo de central nuclear compacta de cuarta generación y provee de pequeños reactores nucleares a diversos países gracias a su empresa pública INVAP. En temas como la informática, la nanotecnología y la biotecnología se desarrollan programas bien estructurados que tienden a concentrar esfuerzos y dar sentido a las capacidades que se desarrollan. También construye helicópteros, maquinarias agrícolas, produce el ciclo completo de la energía nuclear y tiene un misil antibuque en fase final.

El principal organismo de investigación científica en la Argentina es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Se trata de una institución estatal, dependiente del gobierno nacional, en el ámbito del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (que fuera creado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en 2007). El CONICET cuenta con una Carrera de Investigador y está organizado en Institutos, que gozan de autonomía temática y científica y en el 2008 congrega a un conjunto de casi 3.500 personas dedicadas a la investigación científica y tecnológica.

En 1995 la Unesco eligió a la Argentina como la sede para instalar el Observatorio Pierre Auger en Malargüe, provincia de Mendoza, el cual comenzó a funcionar en 2005. Se trata de un proyecto conjunto de más de 20 países en el que colaboran unos 250 científicos de más de 30 instituciones, con la finalidad de detectar partículas subatómicas que provienen del espacio exterior denominadas rayos cósmicos.

Entre algunos de los más eminentes avances en materia de desarrollo armamentístico se cuenta el misil AS-25K, uno de los últimos desarrollos de CITEFA, (Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas) y que se presentará en versiones aire-mar y aire-superficie.

Los principales problemas que afrontan la ciencia y la tecnología en el país son la baja inversión en ellas con respecto al nivel internacional, la fuga de cerebros debida a las políticas de atracción implementadas por lo países más desarrollados y las mejores oportunidades laborales en el exterior; y políticas de innovación incipientes y desarticuladas. Según datos del 2005, con relación al PBI, el sector público aporta el 0,30% al sector de ciencia y tecnología, mientras que el privado aporta el 0,16%; sin embargo, la participación del sector privado y publico en las actividades científicas y tecnológicas se viene incrementando desde el año 2002.

Los principales canales televisivos que transmiten desde Buenos Aires son: Canal Trece, América TV, Telefe, Canal 9 y Canal 7, siendo este último de propiedad estatal y el único de alcance totalmente nacional. Aun así, los demás suelen ser retransmitidos, en todo o en parte, por canales provinciales. También hay un canal educativo y estatal, Encuentro. Asimismo, Argentina se destaca por poseer una gran oferta de canales de televisión por cable. Según datos de 2001, la gran mayoría de los hogares posee televisión y el 54% cuenta con TV por cable, una de las penetraciones más altas de América Latina.

El servicio de comunicaciones telefónicas fue privatizado en 1990 bajo el gobierno de Carlos Menem. Hay 8,3 millones de líneas telefónicas instaladas, en una proporción de 23 líneas para cada grupo de 100 habitantes. La tasa de penetración de telefonía móvil es de 102 teléfonos celulares por cada 100 personas, con un total de 40 millones de líneas. Este número elevado se debe, en parte, a que personas de bajo nivel adquisitivo pudieron en los últimos años acceder a los planes de pago.

El servicio postal, que cubre todo el país, es de propiedad mixta (privada y estatal). El principal exponente del sector es el Correo Argentino.

Hay casi 1500 estaciones de radio, de las cuales 260 son AM, aproximadamente 1150 son FM .

Circulan en la Argentina más de 200 diarios, de los cuales los más vendidos son publicados en Buenos Aires: Clarín (el de mayor circulación) y La Nación. Algunos de los principales periódicos del interior del país son: Los Andes de Mendoza, La Capital de Mar del Plata, La Capital de Rosario, El Día de La Plata, La Gaceta de Tucumán, La Nueva Provincia de Bahía Blanca, La Voz del Interior de Córdoba.

La Argentina es, a menudo, descrita como un país macrocefálico, debido a la alta concentración económica y poblacional en el Gran Buenos Aires, el área metropolitana formada en torno a la ciudad de Buenos Aires. Con sus casi doce millones de habitantes, es el principal centro urbano del país, concentrando un 33% de la población y un 40% del producto bruto en apenas un 0,14% del territorio. El Gran Córdoba y el Gran Rosario son las principales áreas metropolitanas después del Gran Buenos Aires, pero cuentan con una población casi diez veces menor.

Otras importantes ciudades son La Plata (centro administrativo de la provincia de Buenos Aires), Mar del Plata (importante puerto pesquero y balneario), Salta, Santa Fe de la Vera Cruz, San Juan (desarrollada a través de la industria del vino), Resistencia (mayor urbe del Nordeste argentino) y el aglomerado Neuquén - Plottier - Cipolletti (mayor urbe de la Patagonia).

La población de la Argentina de acuerdo al censo de noviembre de 2001 ascendía a 36.260.130 habitantes. La posterior corrección de población por cobertura y conciliación censal que realizó el INDEC llevó a la población a 37.282.970 habitantes en el mismo período. La población estimada para 2008 es de 39.745.613 habitantes, con una densidad media de 14 hab/km² (sin considerar la superficie reclamada de la Antártida Argentina e Islas del Atlántico Sur).

El ritmo de crecimiento poblacional sigue una pendiente descendente en las últimas décadas; así, en el período 1980-1991, la tasa de crecimiento anual medio fue de 14,7‰ y en el decenio 1991-2001, del 12,5‰.

El país registró en los comienzos del siglo XX altas tasas de crecimiento poblacional, debido a los procesos de inmigración sumados a un alto crecimiento vegetativo que durante este siglo se vio estabilizado y en continuo descenso (a excepción del quinquenio 1970-1975). Desde la década del 60´, aproximadamente, el crecimiento total es el resultado de la diferencia entre la tasa bruta de natalidad y la tasa bruta de mortalidad.

Debido a la evolución de las tasas de mortalidad y el flujo migratorio internacional, el índice de masculinidad muestra un constante descenso desde mediados del siglo XX: de 105 varones por cada 100 mujeres a 94,9 por cada 100 para 2001. Del total de la población (según el censo de 2001) un 51,3% son mujeres y un 48,7% son varones.

Históricamente, y debido a las relativas bajas tasas de natalidad y de crecimiento poblacional comparadas con las de otros países de América Latina, la Argentina es el tercer país más envejecido de la región, después de Uruguay y Cuba. En 2001, la población de 14 años o menos fue del 27,7% y la población entre 15 a 64 años del 62,4%. La población de 60 años o más alcanzó el 13,4% y la de 65 años o más, el 9,9% y las estimaciones para 2005 del INDEC arrojan valores de 13,8% y 10,1%, respectivamente.

El país ha sido receptor de importantes corrientes inmigratorias que continúan en la actualidad, alcanzando un pico en el período 1870-1930, y cuenta con importantes comunidades extranjeras, principalmente paraguayos, bolivianos, italianos y españoles. A partir de mediados de la década de 1960 comienzan a registrarse considerables corrientes emigratorias, que obedecen al proceso de fuga de cerebros, a las persecuciones políticas que existieron hasta 1983 y a las reiteradas crisis económicas, siendo los principales destinos España, Italia, Estados Unidos y México. El censo de 2001 registró un saldo migratorio negativo en el quinquenio 1995-2000, proceso que el INDEC ha estimado que continuó durante el quinquenio 2000-2005, revirtiendo así el histórico saldo positivo del país.

De acuerdo al Informe sobre Desarrollo Humano 2008/2009 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, compilado en base a datos de 2006 y publicado en 2008, la Argentina tiene un Índice de Desarrollo Humano (IDH) de 0,860. A nivel mundial, se sitúa en el puesto 46 dentro de los 179 países que participan en el ranking, y dentro de los 75 catalogados según el indicador como países con alto desarrollo humano.

La Argentina se encuentra en el puesto 49 de 191 países por el funcionamiento general de su sistema de salud, según un informe de la Organización Mundial de la Salud.

La atención a la salud está garantizada por el sistema de salud público, el sistema de obras sociales y el de la salud privada. Alrededor de un 37,6% de la población se atiende por el sistema público y un 51,52% por obras sociales.

La regulación de la atención a los problemas de salud está a cargo del Ministerio de Salud y Ambiente, dependiente del Poder Ejecutivo. El porcentaje del gasto en salud correspondiente al PBI fue de un 8,9% en 2003. Además, el país cuenta con una proporción favorable de 3,01 médicos por cada mil habitantes.

Las enfermedades que más afectan a la población son el Mal de Chagas, el SIDA y la tuberculosis.

La actual población argentina es el resultado directo de una gran ola de trabajadores inmigrantes que ingresaron entre 1850-1950, mayoritariamente italianos y en segundo lugar españoles y del mestizaje de estos entre sí y con las poblaciones indígenas originarias, criollas, españoles de la época colonial, afroamericanos, gauchos, frecuentemente mestizados, provenientes del período colonial. La población cuenta también con importantes comunidades de judíos, árabes, armenios, gitanos, británicos, franceses, alemanes, polacos, rusos, croatas, ucranianos, japoneses, chinos, coreanos, paraguayos, bolivianos, uruguayos, chilenos, peruanos, brasileños, etc.

La reforma de la Constitución realizada en 1994 reconoció "la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos", así como el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural.

Al igual que Australia, Brasil, Canadá, Estados Unidos o Uruguay, la Argentina es considerada como un país de inmigración, es decir una sociedad que ha sido influida decisivamente por uno o más fenómenos inmigratorios masivos.

La Constitución Argentina de 1853 y los gobiernos establecidos a partir de ese año, buscaron fomentar la inmigración proveniente de noroeste de Europa, aunque luego predominaron los inmigrantes mediterráneos, del este europeo y del medio oriente, bajo la base del precepto alberdiano de gobernar es poblar, destinada a generar un tejido social de tipo rural y a finalizar la ocupación de los territorios obtenidos mediante una campaña militar contra los indígenas denominada Conquista del Desierto y a la vez modificar sustancialmente la composición poblacional.

Al momento de organizarse constitucionalmente a mediados del siglo XIX, la Argentina era un país escasamente poblado, con menor población que otros países sudamericanos como Bolivia, Chile y Perú. Mediante la política inmigratoria el país pasó de tener una población de 1,1 millones de habitantes en 1850 (3,5% de América Latina), para alcanzar 11,8 millones de habitantes en 1930 (11,1% de América Latina). El país recibió alrededor de 6,5 millones de inmigrantes — la inmigración neta fue cercana a los 4 millones de inmigrantes-, y se constituyó como el tercer país receptor en América (después de los Estados Unidos y Canadá). El primer censo nacional de 1869 arrojó un total de 1.737.000 habitantes. En 1960 el país tenía ya un poco más de 20 millones, es decir que en 90 años había multiplicado su población inicial por 10.

El censo de 2001 registró la presencia de 1.531.940 extranjeros residiendo en el país (4,2%), siendo las cinco comunidades más numerosas la paraguaya (325.046), italiana (270.000), española (254.073), boliviana (233.464) y chilena (212.419). La proporción de extranjeros se ha reducido pasando de un máximo del 30% en 1914 al 4,2% en 2001.

Los datos definitivos de la Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas (ECPI) realizada en 2004-2005 destacan la existencia de 35 pueblos indígenas en la Argentina, integrados por 600.329 individuos (457.363 que se autorreconocen pertenecientes a algún pueblo aborigen más 142.966 que no pertenecen pero son descendiente en primera generación de un pueblo) equivalente a aproximadamente el 1,6% de la población total. Ello sin perjuicio de que poco más de la mitad de la población tiene al menos un antepasado indígena, aunque en la mayoría de los casos se ha perdido la memoria familiar de esa pertenencia.

En relación con los grupos originarios, en el área chaqueña habitan comunidades de tobas, pilagás, wichí, chorotes, mocovíes, chanés, chulupíes y guaraníes de los grupos chiriguanos y tapieté. En las zonas andinas de la región noroeste de país habitan diferentes pueblos englobados actualmente en la denominación de collas, además de diaguita calchaquíes y huarpes en Cuyo. En las regiones patagónicas y pampeanas se encuentran comunidades de mapuches, rankulches y tehuelches. La provincia de Misiones cuenta con comunidades mbyá guaraníes y grupos menores de chiripás y paí tavyterá, también integrantes del pueblo guaraní.

Los pueblos originarios que constituyeron la base del mestizaje en la época colonial estaban divididos en tres grandes grupos: los pertenecientes al grupo de la civilización andina, principalmente diaguitas, sanavirones y comechingones; los pertenecientes a grupo chaco-mesopotámico, principalmente la civilización guaraní, los guaycurúes y el pueblo wichí; y los pueblos de cazadores-recolectores del sur, principalmente los pueblos ranquel, tehuelche y mapuche.

En 1869, Argentina tenía al 11% de su población en aglomeraciones urbanas de más de 100.000 habitantes, concentración cinco veces superior al promedio mundial, similar al de los Estados Unidos y, aproximadamente, el doble de la concentración de la población europea.

En 1914 la población urbana superó por primera vez a la rural. Uno de los principales factores del rápido crecimiento de las zonas urbanas fue la gran inmigración europea que fue desarrollando los principales centros urbanos del país como Buenos Aires, Córdoba y Rosario.

En 1960 quince ciudades tenían una población de más de 100.000 habitantes, en donde vivía el 71% de la población urbana. Entre estas ciudades se destaca Buenos Aires, la única que superaba los 100.000 habitantes en 1869 y que constituye uno de los ejemplos más destacados de primacía en la urbanización. Por entonces, las zonas urbanas de Argentina constituían el 59% de la población, igual que en los Estados Unidos, en forma ligeramente superior a Oceanía (53%) y por debajo de Inglaterra, país que lideró el porcentaje de conglomeraciones urbanas desde los inicios del siglo XIX, con 69 por ciento.

El Censo de 2001 estableció que la urbanización del país había llegado al 89,3% de la población total. La Argentina presenta uno de los procesos de urbanización más temprana entre los países latinoamericanos.

La literatura argentina ocupa un lugar destacado dentro de la literatura en español, con exponentes de finales del siglo XIX como José Hernández (autor de Martín Fierro, traducido a más de 70 idiomas), o del siglo XX, como Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Adolfo Bioy Casares, Ernesto Sábato y Juan Gelman (salvo Cortázar, todos ellos ganaron el Premio Miguel de Cervantes).

El tango es un estilo musical y un baile nacido en los arrabales porteños con difusión internacional, ligado fuertemente con la Argentina y con Uruguay, pero sobre todo con Buenos Aires. En este género musical se destacaron Carlos Gardel, considerado como el Rey del Tango, y el marplatense mundialmente reconocido Astor Piazzolla.

El folclore argentino reúne las manifestaciones artísticas del interior de la Argentina. Han existido zonas en la cuales predominaba algún estilo (por ejemplo zambas, cuecas, chacareras, chamarritas, chamamés, malambo), aunque actualmente han experimentado una difusión nacional. Atahualpa Yupanqui, Mercedes Sosa y Soledad Pastorutti se encuentran entre los exponentes más importantes de estos géneros.

El «rock nacional» argentino ha tenido un amplio desarrollo desde finales de los años 1960 y una fuerte influencia en el rock iberoamericano cantado en español. Posee exponentes destacados como las bandas Soda Stereo, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, o los músicos Charly García o Fito Páez. Los recitales multitudinarios suelen celebrarse en estadios, siendo el de mayor capacidad el Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti. Uno de los festivales más exitosos de la actualidad es el Quilmes Rock, celebrado anualmente.

La balada romántica, con cantantes de fama sudamericana como Sandro de América, la cumbia, también llamada "bailanta", con un ritmo más simple que el modelo original colombiano, y el cuarteto (este ritmo especialmente en la Provincia de Córdoba), son los géneros de mayor arraigo en los sectores populares.

Buenos Aires suele ser escenario de la música electrónica en América Latina y es sede de importantes fiestas como la South American Music Conference o la Creamfields, que con su convocatoria de más de 60.000 personas, se convirtió en una de las más importantes del mundo. La ciudad, junto con Mar del Plata y Bariloche, tienen también su propio estilo de música electrónica.

Con base en el Conservatorio Nacional de Música y el Teatro Colón, se ha desarrollado una sólida escuela de música y danza clásicas. En la música clásica, destacan compositores como Alberto Ginastera, intérpretes como Martha Argerich y directores como Daniel Barenboim. En danza clásica, destacan Jorge Donn, Maximiliano Guerra, Paloma Herrera, Marianela Núñez y Julio Bocca; este último, director también del Ballet Argentino.

El cine argentino es, históricamente, uno de los más desarrollados de América Latina. Los primeros largometrajes animados, mudos y sonoros, fueron realizados por Quirino Cristiani. En 1986, la película La historia oficial, dirigida por Luis Puenzo, ganó el premio Óscar al mejor filme extranjero. Las películas argentinas han ganado, además, numerosos premios internacionales, entre ellos los del festival de Goya, y los del Festival Internacional de Cine de Berlín.

La pintura y la escultura de Argentina se nutren de estilos novedosos con influencias europeas e indoamericanas. La tercera década del siglo XX representó una etapa fundamental para el desarrollo de la pintura, realizándose grandes acontecimientos relacionados con nuevas orientaciones estéticas. Es por este motivo que el lapso comprendido entre 1920 y 1930 es considerado como el de formación de la pintura moderna argentina, teniendo exponentes como Antonio Berni, Gyula Kosice, fundador del Movimiento Madí, Raúl Soldi; y exponentes de pintura popular como Florencio Molina Campos y Benito Quinquela Martín.

La historieta argentina también tiene importantes representantes de fama internacional; al menos durante todo el siglo XX, el humor gráfico argentino ha ocupado un lugar preeminente en el género, gracias a artistas como Quino, Guillermo Mordillo y Roberto Fontanarrosa.

También es de destacar la importante tradición de publicaciones de revistas de historietas que han sido muy importantes dentro del mundo de la historieta en español, como es el caso de Fierro.

De todos los países del mundo donde el idioma español tiene estatus predominante, la Argentina es el de mayor extensión territorial. El idioma español es el único idioma de uso en la administración pública a nivel nacional, sin que ninguna norma legal lo haya declarado como oficial. Sin embargo, la provincia de Corrientes declaró en 2004 la cooficialidad del guaraní para la enseñanza y los actos de gobierno, aunque no se encuentra reglamentada.

La amplitud del país, la existencia de distintos sustratos lingüísticos producidos por la variedad de lenguas amerindias y las diferentes aportaciones de las lenguas vernáculas de los inmigrantes europeos de finales del siglo XIX y comienzos del XX, han dado lugar a varias modalidades dialectales diferentes.

El castellano rioplatense es el dialecto de prestigio en todo el territorio y el más reconocido como variante argentina fuera del país; está fuertemente influido por el italiano, y presenta la particularidad de ser voseante aún en los registros más formales de la lengua.

La región patagónica —poblada mayoritariamente por inmigrantes provenientes de la región central del país— adoptó también el uso de esta variante, con ligeras variantes fonológicas, probablemente por influjo de la inmigración chilena del siglo XX.

En el noroeste del país, por un lado, y en el Nordeste argentino, por otro, la influencia del quechua y del guaraní, respectivamente, ha dado origen a dialectos algo distintos, que a su vez presentan variaciones subdialectales regionales.

El influjo del castellano chileno es perceptible en la fonología de la región de Cuyo, aunque el léxico y la gramática se han visto menos afectados.

En el altiplano andino, el español andino es el dialecto de referencia. La provincia de Córdoba y en especial su capital provincial, posee una curva de la entonación singular, distintiva aún a primera oída.

Otros rasgos significativos del español hablado en Argentina, aparte de los lexicales (en los que abundan italianismos, quechuismos, guaranismos, y araucanismos), son el yeísmo con rehilamiento y el uso corriente de la expresión che. El yeísmo con rehilamiento, pronunciación de la ll y de la y como una fricativa postalveolar, se encuentra muy extendido en el habla culta, con la excepción más notable del Nordeste argentino.

El idioma guaraní (avañe'ë) cuenta con hablantes en todo el Nordeste y, especialmente, en el interior de la Provincia de Corrientes.

El idioma quechua cuenta con gran cantidad de hablantes en la provincia de Santiago del Estero, donde es denominado quichua, y también en la provincia de Jujuy, en una variedad de este idioma más similar a la que se habla en Bolivia.

En la periferia de las grandes aglomeraciones urbanas, producto de constantes migraciones del noreste argentino, de Paraguay, Bolivia y Perú, hay hablantes del guaraní, quechua y aimara.

En algunas zonas limítrofes con el Brasil, es habitual el uso del portuñol, hibridación del español de Argentina con el portugués de Brasil.

Diversas comunidades de inmigrantes e hijos de inmigrantes todavía mantienen las lenguas de su región de origen, aunque este uso se pierde a medida que avanzan las generaciones. El más destacable por la cantidad de hablantes es el italiano, siendo otros destacables el alemán, japonés, portugués, polaco, y más recientemente el chino mandarín.

Algunas jergas se han extendido tanto que han merecido tratamientos especiales, como el lunfardo y el rosarigasino. El primero se halla muy difundido por su uso en las letras del tango, pero ha perdido buena parte de su influencia en el habla corriente.

En la Argentina existe una amplia libertad de cultos garantizada por el artículo 14 de la Constitución Nacional, aunque el Estado reconoce un carácter preeminente a la Iglesia Católica, que cuenta con un estatus jurídico diferenciado respecto al del resto de iglesias y confesiones: según la Constitución argentina (artículo 2), el Estado Nacional debe sostenerla y según el Código Civil, es jurídicamente asimilable a un ente de derecho público no estatal. Se trata, con todo, de un régimen diferenciado que no conlleva su oficialidad como religión de la República. El Vaticano y Argentina tienen firmado un concordato que regula las relaciones entre el Estado y la Iglesia Católica.

El 88% de los argentinos han sido bautizados como católicos. Sin embargo, el porcentaje de habitantes del país que se considera practicante se ubica entre el 69% y el 78 %, de los cuales la cuarta parte nunca asiste a la iglesia. El 12% de la población profesa el evangelismo, el 12% se considera agnóstica, el 4% se considera atea, el 1,5% es musulmana y el 1% es judía.

Existen, asimismo, creencias populares de carácter religioso muy difundidas, como el culto a la Difunta Correa, a la Madre María, a Pancho Sierra, al Gauchito Gil. o a Ceferino Namuncurá. Este último fue beatificado por la Iglesia Católica en 2007.

El temprano desarrollo de la educación popular colocó a la Argentina junto a las naciones de mayor alfabetización del mundo. El uso del delantal blanco como uniforme escolar, como un paradigma de un ideal de igualdad o unidad, ha caracterizado siempre a la escuela pública, laica y gratuita, cuyo gran impulsor fue Domingo Faustino Sarmiento y se concretó con la Ley Nº 1420 de educación común.

Según la nueva ley de educación, sancionada el 15 de diciembre de 2006, la instrucción es obligatoria entre los 5 y los 18 años. En los años 1990 se implementaron distintos tipos de sistemas educativos como la Educación General Básica y Polimodal en la provincia de Buenos Aires, o la educación secundaria en la Capital Federal; la nueva ley marca el retorno al sistema tradicional de primaria, secundaria y colegios técnicos.

En todos los niveles de enseñanza existen instituciones educativas públicas y privadas. El Estado garantiza la educación gratuita en todos ellos con excepción del postgrado universitario.

La universidad pública argentina está organizada según los principios de la Reforma universitaria de 1918. Existen 38 universidades públicas nacionales en todo el territorio, y 41 privadas. La Universidad de Buenos Aires (UBA) es la más grande del país, con más de 300.000 alumnos.

Los museos más sobresalientes son el Museo Histórico Nacional de Argentina y el MALBA, donde se hacen exposiciones de pintura y escultura. Son muy importantes también los museos paleontológicos de la Patagonia (Trelew, Plaza Huincul, etc.); las ruinas jesuíticas de San Ignacio, en Misiones; el Teatro Argentino de La Plata; la actividad cultural veraniega en Mar del Plata y Villa Carlos Paz; y las fiestas y festivales populares como el Festival de Cosquín en Córdoba y el Tantanakuy en Jujuy.

En Buenos Aires existen alrededor de 100 cines y 90 teatros, con una abundante cartelera de espectáculos. La capital de argentina también se distingue en la presentación de espectáculos o artistas de renombre internacional. Se encuentran, entre otros, los centros culturales como el Borges, el Recoleta o el San Martín. El Teatro Colón es uno de los teatros líricos más importantes del mundo. Otros teatros importantes son el Teatro Nacional Cervantes o el Teatro General San Martín.

En otras ciudades existen importantes centros de cultura, como el Teatro Argentino en La Plata, el Patio de la Madera en Rosario, o el Teatro del Libertador General San Martín (ex Rivera Indarte) de Córdoba.

La gastronomía argentina se destaca fundamentalmente por la carne vacuna y los vinos, así como por una amplia disposición de alimentos de todo tipo a precios relativamente bajos. Puede considerarse básicamente configurada sobre las culturas alimentarias de las civilizaciones precolombinas andinas y guaraníes, y luego colonial, aunque la principal característica de la cocina argentina son los muy fuertes influjos de las gastronomías italiana y española.

La comida típica argentina es el asado o parrillada (carne y entrañas de vaca cocinadas a las brasas), además de las empanadas (especie de pasteles rellenos de carne y otros gustos), los tamales, la humita y el locro. Como en los países vecinos, es muy habitual el consumo de un sándwich de chorizo, denominado choripán. La papa y la batata son alimentos ampliamente utilizados desde tiempos precolombinos. Las pastas, la pizza, y el puchero también se han constituido en comidas típicas de la gastronomía argentina. La tradición italiana de los ñoquis del día 29 del mes forma parte de la cultura popular tanto en la Argentina como en Uruguay.

La producción y consumo de leche es muy importante, consumiéndose alrededor de 240 litros por persona por año. De la existencia de grandes disponibilidades de leche se ha derivado un alto consumo de alimentos derivados como quesos (el país cuenta con 8 quesos propios) y dulce de leche, entre otros.

Entre los dulces, el alfajor es un producto ampliamente consumido y producido con múltiples variables regionales. Lo mismo sucede con los helados, en especial con los de tipo italiano, aunque ya desde el tiempo de la colonia española existía alguna afición a los helados de tipo sorbete.

La bebida característica que Argentina comparte con otros países vecinos es una infusión precolombina de origen guaraní preparada con hojas de yerba mate (planta originaria de América del Sur) llamada mate. El mate también puede ser preparado como un té, siendo denominado en este caso mate cocido. La colonización española introdujo el consumo del café, que se ha hecho masivo, generalizándose desde los tiempos coloniales los cafés como lugares de encuentro. Existe también un amplio consumo de té, ya sea de su variedad clásica introducida por influencia de la inmigración británica, como de hierbas digestivas de provenientes de antiguas tradiciones precolombinas como el boldo y la peperina. En menor medida, existe la costumbre de consumir infusiones de chocolate, también por influencia colonial.

Entre las bebidas alcohólicas se destaca el vino, del cual la Argentina es el quinto productor mundial, y que es producido principalmente en Mendoza y San Juan, y en otras provincias cordilleranas. Entre los vinos característicos del país se destaca el malbec.

El desayuno clásico es pan con manteca y dulce, acompañado de café, leche y, eventualmente, mate; este último suele reemplazar totalmente al desayuno. La cena suele realizarse después de las 21.00. Existe la tradición de dedicar el almuerzo del domingo al asado o las pastas, en reuniones familiares o con amigos.

El deporte nacional es el pato, que comenzó a practicarse en el país a principios del siglo XVII. En 1941 se fundó la Federación Argentina y en 1953, en razón de la historia, el arraigo popular y la tradición, fue declarado Deporte Nacional. Sin embargo, actualmente es casi desconocido por la mayoría de la población.

Por su parte, el fútbol superó a todas las disciplinas en el gusto de los argentinos. Miembro de la FIFA, la Selección Argentina de Fútbol participó en catorce de las dieciocho fases finales de los Campeonatos Mundiales, logrando ser campeona dos veces, en 1978 en Argentina y en 1986 en México, además de llegar a ser subcampeona también dos veces en 1930 en Uruguay y en 1990 en Italia. También obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, además de 14 campeonatos en la Copa América.

El futbolista Diego Armando Maradona es considerado uno de los máximos exponentes en la historia mundial de este deporte, tanto por aficionados como por colegas, directores técnicos, directivos o periodistas deportivos. Marcó el llamado Gol del Siglo.

En boxeo la Argentina se ha destacado con más de 30 boxeadores que lograron títulos mundiales. Carlos Monzón fue campeón mundial mediano entre 1970 y 1977. También obtuvieron en los Juegos Olímpicos 7 medallas de oro, 7 de plata y 10 de bronce.

El básquet tiene un rico pasado en el país: Argentina fue campeón mundial en 1950. Sin embargo, en las décadas de 1960 y 1970 fue perdiendo importancia. Con la creación de la Liga Nacional en 1984, recuperó y ganó en popularidad. La irrupción de Emanuel Ginóbili en la NBA, y las grandes actuaciones de la Selección Argentina a nivel internacional, contribuyeron a un mayor seguimiento por parte del público. En 2002, la Selección dirigida por Rubén Magnano alcanzó la final del Campeonato Mundial en Indianápolis, el cuarto lugar en el Campeonato Mundial Japón 2006, y obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, el título más importante de su historia.

Los tenistas argentinos han ganado muchos lauros desde la irrupción en el tenis masculino de Guillermo Vilas en la década de 1970 y de Gabriela Sabatini en el femenino, en las décadas de 1980 y de 1990. Contemporáneamente, algunos tenistas argentinos han tenido logros destacados como David Nalbandian, que se consagró campeón del Masters 2005; Gastón Gaudio, que fue campeón de Roland Garros en 2004, en una “final argentina” contra Guillermo Coria; y Paola Suárez, que obtuvo medalla de bronce en dobles femenino en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, así como 4 torneos de dobles de Roland Garros. En la Copa Mundial por Equipos la Argentina obtuvo el título tres veces, la última en el 2007.

El hockey femenino también ha registrado importantes logros como la obtención la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000, el Champions Trophy en 2001, el 10º Campeonato Mundial jugado en Perth en 2002, y la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Medalla de Bronce en el Mundial de Hockey Madrid 2006, y Medalla de Plata en la Champions Trophy Quilmes 2007. Cabe destacar a Luciana Aymar, considerada por muchos la mejor jugadora de hockey del mundo en la actualidad de este deporte.

El rugby en Argentina es aficionado, con más de setenta mil practicantes registrados. El seleccionado argentino, conocido como Los Pumas, se encuentra entre los seis mejores equipos del mundo. Su mejor colocación después del quinto puesto en el Campeonato Mundial de 1999 es la actual, ya que se encuentra entre los 3 mejores del mundo al llegar a la semifinal de la Copa Mundial de Rugby Francia 2007, tras vencer al país anfitrión por el tercer puesto y galardonándose con el bronce.

El automovilismo también ocupa un lugar importante en las preferencias de los argentinos, siendo Juan Manuel Fangio el mayor deportista en este rubro, quien logró en la década de 1950 cinco títulos mundiales de Fórmula 1.

Los feriados en Argentina se clasifican en días feriados y días no laborables. Estos pueden ser nacionales, provinciales o municipales, o ser exclusivos de una rama laboral o educativa. Asimismo, existen diversos aniversarios no tipificados como feriados, en los cuales se recuerdan acontecimientos generalmente de tipo contemporáneo y que pueden incluir actividad social o cobertura mediática, pero que permanecen como días laborables.

Los feriados nacionales incluyen festividades de la Iglesia Católica, fiestas cívicas y conmemoraciones. Existen feriados que caen siempre en el mismo día de cada año y otros que son móviles. Algunos feriados son trasladables a un día lunes por motivos de promoción turística. Los días no laborables nacionales incluyen al Jueves Santo y días específicos para los habitantes judíos y musulmanes.

La República Argentina posee una serie de elementos emblemáticos definidos por ley. La Bandera Nacional, compuesta por tres franjas horizontales proporcionales celestes y blancas y con un sol en el medio, fue diseñada por Manuel Belgrano en 1812 y adoptada como símbolo patrio el 20 de julio de 1816. El Escudo de Argentina, que representa la unión de las provincias, comenzó a utilizarse en 1813 como sello de los documentos oficiales. El Himno Nacional Argentino fue aprobado en 1813, escrito por Vicente López y Planes y con música de Blas Parera; aunque a partir de la presidencia de Julio Argentino Roca se acortó a sólo tres párrafos para omitir las proclamaciones antiespañolas. La Escarapela de Argentina se usó por primera vez durante la Revolución de Mayo y se oficializó dos años después. El hornero, presente en casi todo el territorio nacional, fue proclamado pájaro oficial en forma unánime en 1927. La piedra nacional es la rodocrosita, la cual se puede encontrar en las Sierras Capillitas, en la Provincia de Catamarca. El ceibo fue nombrado flor y árbol nacional por el decreto N° 138474/42, de 1942. El deporte nacional es el pato, y la danza nacional es el pericón.

Al principio



Juan Alberto Belloch

Juan Alberto Belloch Julbe es un político español, (1950 - ), alcalde de Zaragoza desde 2003.

Nació el 3 de febrero de 1950 en Mora de Rubielos, Teruel, Aragón (España).

Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona, ingresó en la carrera judicial en 1976 y su primer destino como juez lo cubrió en el Juzgado de Instrucción y Primera Instancia de la Isla de La Gomera. Sucesivamente fue destinado a Berga, Vic y Alcoy. En el año 1980 es trasladado al País Vasco. Magistrado desde 1981, fundó en 1984 la Asociación Pro Derechos Humanos del País Vasco y fue nombrado portavoz del colectivo progresista de magistrados Jueces para la Democracia. También fue fundador de la Asociación de Magistrados Europeos para la Democracia y las Libertades, organización de la que en 1984 fue vicepresidente. En 1985 fue presidente de la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Provincial de Bilbao. El 3 de noviembre de 1988 fue nombrado por el Consejo General del Poder Judicial, CGPJ, presidente de la Audiencia Provincial de Bilbao, cargo en el que permaneció hasta 1990, en que, el 30 de octubre, fue elegido vocal del CGPJ por el Congreso de los Diputados a propuesta del PSOE.

El 14 de julio de 1993, fue designado ministro de Justicia en el séptimo gobierno de Felipe González. El 5 de mayo de 1994, sucedió como ministro de Interior a Antoni Asunción que había dimitido tras la fuga de Luis Roldán, que fue capturado durante su mandato. El 28 de marzo de 1996 queda en situación de excedencia voluntaria en la carrera judicial para poder afiliarse al Partido Socialista. Afiliado al PSOE en mayo de 1996, fue elegido diputado independiente por la provincia de Zaragoza en los comicios generales. Siendo ministro de Justicia e Interior se produjo la controvertida captura de Luis Roldán en Laos con la intervención del ex agente Paesa, que posteriormente simuló su muerte.

Como ministro de Justicia e Interior cesó el 6 de mayo de 1996. En el Congreso de los Diputados, fue vocal suplente de la Diputación Permanente, vocal de la Comisión Constitucional y portavoz de la comisión de Justicia e Interior. En el seno del PSOE es presidente de la Comisión ejecutiva Regional de los socialistas aragoneses desde la celebración del XI Congreso regional. El 26 de junio de 1998, resultó elegido candidato socialista, en las elecciones primarias, a la Alcaldía de Zaragoza para los comicios del 13 de junio de 1999. Consiguió el 44,2 por ciento de los votos. Juan Alberto Belloch es miembro de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País. Ha sido galardonado con el título de "Defensor del Jurado 1993" por la Asociación Pro-Jurado por su compromiso de remitir al Parlamento un proyecto de ley regulador del jurado.

Se presentó como cabeza de lista a las elecciones municipales de 1999 para el Ayuntamiento de Zaragoza con un programa electoral que proponía la celebración de la Exposición Internacional de 2008 como conmemoración del bicentenario de Los Sitios. Quien obtuvo la alcaldía en aquella ocasión fue Luisa Fernanda Rudi (PP). No obstante, el Partido Popular en el ayuntamiento, a la llegada de José Atarés en 2000, asumió la idea liderada por el socialista.

En las elecciones generales del 12 de marzo de 2000 resultó elegido senador por la provincia de Zaragoza.

En junio de 2003, Juan Alberto Belloch resultó elegido Alcalde de Zaragoza tras ganar las elecciones con 114.952 votos (33.90%) y 12 concejales del PSOE frente a 110.747 votos (32.66%) y 11 concejales del PP. Tras pactar con Chunta Aragonesista que consiguió 62.211 votos (18.34%) y 6 concejales, alcanzó la mayoría absoluta en la primera votación del consistorio zaragozano. En la oposición quedaron el PP y el Partido Aragonés.

En las elecciones locales de mayo de 2007 volvió a ser elegido alcalde de Zaragoza, con 13 concejales y 115.723 votos frente a los 103.191 votos obtenidos por el Partido Popular, y en coalición, ahora, con el Partido Aragonés.

Está casado con la periodista Mari Cruz Soriano desde el 19 de diciembre de 2002.

Al principio



Historia del cristianismo en España

La Conversión de Recaredo, en una pintura histórica de Antonio Muñoz Degrain (1887)

Tras haber sido impuesto como religión oficial en el último siglo del Imperio Romano, el cristianismo sufrió las vicisitudes de una prolongada Edad Media, que comenzó experimentando la segregación entre el arrianismo que traían los invasores germánicos y el catolicismo de los hispanorromanos (hasta la conversión de Recaredo en 586), para pasar a enfrentarse con el Islam en la Reconquista, periodo que presenció tanto la tolerancia como los intentos de erradicación entre religiones alternativamente dominantes.

La conformación de los reinos que terminaron reuniéndose en la Monarquía Católica o Monarquía Hispánica del Antiguo Régimen se hizo en gran medida a través de la construcción de una personalidad fuertemente religiosa, representativa del dominio social del grupo que se identificaba a sí mismo con el concepto étnicamente excluyente de cristiano viejo, y que desembocó en lo que ha podido llamarse política de "máximo religioso" de los Reyes Católicos, incluyendo la creación de la Inquisición española, la expulsión de los judíos y el bautismo forzoso de los moriscos, así como una fuerte reforma institucional del clero, a cargo del cardenal Cisneros. La Iglesia española de la Edad Moderna fue desde entonces un mecanismo disciplinado y al servicio de la monarquía y los estamentos privilegiados, poco accesible a las innovaciones de la Reforma luterana, que sólo alcanzó a círculos minoritarios (algunos, incluso con poca relación con el luteranismo, como los alumbrados), con lo que los conflictos religiosos de España no fueron comparables a los que desgarraron Francia, Inglaterra o Alemania en esa misma época. España, garantizado el consenso interior en materia religiosa gracias al férreo control social, fue un firme bastión del catolicismo romano, que los reyes de la Casa de Austria reclamaban defender en sus guerras exteriores en Europa (frente a luteranos o anglicanos, aunque a veces llegaran a enfrentarse a la católica Francia o a los mismísimos Estados Pontificios), en el Mediterráneo (frente a los turcos) y en la colonización de América (justificada como evangelización, no sin reflexiones en contra, como la de Bartolomé de las Casas).

En cambio sí se produjeron fortísimos debates, como el que se dio en torno al erasmismo, vinculado a la resistencia a la modernización en las órdenes religiosas. Durante el siglo XVI se suscitó un movimiento reformista de carácter místico en el que se implicaron con no pocos enfrentamientos los carmelitas Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz; también en el contexto de la Contrarreforma fundó San Ignacio de Loyola la muy influyente Compañía de Jesús. La complaciente imagen de una España "más papista que el Papa", o "martillo de herejes, luz de Trento, espada de Roma", cuyas ciudades se disputaban la primacía en el fervor mariano (votos asuncionista y concepcionista), tuvo su caricatura en la Leyenda Negra que fijó el estereotipo del español como adusto, cruel, intolerante y supersticioso. La mayoritaria identificación de lo español con la versión más rancia del catolicismo, o la minoritaria resistencia a ello, empapó buena parte de la mentalidad y la literatura española: siglos más tarde, Valle Inclán plasmó en tres adjetivos el retrato de ese eterno y quijotesco hidalgo español, el Marqués de Bradomín como "feo, católico y sentimental".

La crisis del Antiguo Régimen, rematado por la Guerra Carlista, destruyó las bases económicas y el monopolio ideológico e intelectual del clero, así como buena parte del consenso social existente hasta entonces, pudiéndose hablar a partir de la Edad Contemporánea de Dos Españas que tenían en la oposición anticlericalismo/catolicismo integrista una de las grietas separadoras que las condujeron a una Guerra Civil. Ésta fue justificada como cruzada por el clero, víctima de una violentísima represión en la retaguardia republicana (que se ha llegado a calificar de persecución religiosa recordada desde el pontificado de Juan Pablo II con canonizaciones multitudinarias).

Para el primer franquismo, el nacionalcatolicismo fue una de sus principales señas de identidad, además de componer los "católicos" una de las familias en que Franco se apoyaba en el ejercicio de su poder. Tras el Concilio Vaticano II, la jerarquía católica aparece dividida entre una orientación progresista y otra conservadora (sin que esa diferencia, como la que también existe entre una orientación centralista y otra más cercana a los nacionalismos periféricos le impida mantener la unidad estrechamente coordinada y controlada desde el papado). Simultáneamente, las comunidades cristianas de base se alinean claramente con la oposición al franquismo. La Transición supuso la plena libertad religiosa según la Constitución de 1978, que no obstante reconoce la peculiar condición de la Iglesia Católica, protegida en cuestiones relativas a la financiación y la enseñanza (conciertos educativos y asignatura de religión), lo que ha dado origen, ya en plena democracia, a algunos enfrentamientos con movilizaciones masivas. Otras cuestiones que separan a la Conferencia Episcopal de los sucesivos gobiernos han sido asuntos relacionados con la moral, como el divorcio, el aborto o el matrimonio homosexual.

No han sido tanto las conversiones sino la reciente incorporación a la sociedad española de numerosos contingentes de inmigrantes lo que ha ampliado la presencia de confesiones cristianas no católicas, sin conflictos significativos, además de aportar una numerosa población musulmana de más problemática integración. Pero el mayor desafío a la personalidad cristiana de España es la secularización de la sociedad, creciente desde el desarrollismo del franquismo final. Si son significativas las encuestas de práctica religiosa, el cambio social del último medio siglo ha sido mucho más agresivo que la frase de Manuel Azaña en 1931: España ha dejado de ser católica. Sin embargo, la pervivencia de las tradicionales manifestaciones multitudinarias de religiosidad popular, vertebradoras de la identidad local de la práctica totalidad de pueblos y regiones españolas, y de nuevas instituciones con presencia social decisiva (Cáritas, colegios religiosos, medios de comunicación como la COPE...) siguen haciendo del cristianismo, en su versión católica, el principal referente ideológico y social; incomparablemente más importante, en términos cuantitativos, que partidos políticos, sindicatos o movimientos culturales como la música o el deporte.

Aun aceptando la venida de Pablo, la expansión del cristianismo primitivo en Hispania tiene estrechas relaciones con los soldados de la Legio VII Gemina y las comunidades cristianas de África, además de la influencia decisiva de la patrística oriental. Su vehículo de expansión sería el elemento militar, a través de la Vía de la Plata y sus interconexiones con Gallaecia y Caesaraugusta. Se han encontrado varios rasgos de influencia africana en el cristianismo español primitivo: el análisis filológico de los primeros documentos de la Iglesia (como las actas del Concilio de Elvira -Iliberis-); la arquitectura de las primeras basílicas; el elemento militar y origen africano de los primeros mártires hispanos; e incluso características de la propia liturgia.

Los testimonios más antiguos de la presencia del cristianismo en Hispania son los de Ireneo de Lyon, Tertuliano y la Carta LXVII de San Cipriano, obispo de Cartago (254, en plena persecución de Decio), en la que condenaba a los obispos libeláticos Basílides de Mérida y Marcial de Astorga.

Sea como fuere, de lo temprano y extenso de la cristianización, sobre todo en zonas urbanas, fueron muestra los mártires de las persecuciones de finales del siglo III y comienzos del siglo IV, como los Santos Niños Justo y Pastor, en Complutum (Alcalá de Henares) o Santa Justa y Santa Rufina en Sevilla; y concilios como el ya citado de Ilíberis (de fecha incierta, entre el 300 y el 324, en el primer caso sería anterior a la persecución de Diocleciano y en el segundo, posterior al Edicto de Milán de Constantino). En sus 81 cánones, todos disciplinares, se encuentra la ley eclesiástica más antigua concerniente al celibato del clero, la institución de las vírgenes consagradas (virgines Deo sacratae), referencias al uso de imágenes (de interpretación discutida), a las relaciones con paganos, judíos y herejes, etc. Posiblemente el primer martirio con constancia documental ocurrió el 21 de enero del año 259 en el anfiteatro de Tarraco (Tarragona), donde fueron quemados vivos el obispo Fructuoso, y los diáconos Augurio y Eulogio (persecución de Valeriano y Galieno).

Los cristianos hispanos tuvieron oportunidad de llegar a puestos de responsabilidad en la iglesia romana: la tradición citada por San Agustín sitúa en Huesca el lugar de nacimiento de San Lorenzo mártir (diácono romano muerto en 258); incluso un texto de San Donato lo sitúa en Valencia, a donde habría hecho llegar el Santo Grial por orden del papa Sixto II.

Son de muy reciente descubrimiento (2006) unos polémicos restos arqueológicos (que destacados expertos consideran falsos) hallados en el yacimiento de Iruña-Veleia (cercano a Iruña de Oca, Álava) que parecen representar una escena de calvario, la siglas RIP y otros signos y palabras propias del cristianismo (de un modo anacrónico e impropiamente utilizadas), de una cronología excepcionalmente temprana (siglo III), que de haber sido ciertos los convertirían en los más antiguos no sólo de España, sino del mundo, como sigue sosteniendo el director del yacimiento, que insiste en la veracidad de los restos.

La instauración del cristianismo como religión oficial del Imperio con Teodosio, emperador de origen hispano, hizo que se extendiera en perjuicio de los cultos "paganos" como pasaron a denominarse. La cristianización de los templos, espacios sagrados y festividades de cultos anteriores produjo un sincretismo en el que pervivieron ritos y divinidades precristianas, sobre todo en la religiosidad popular, que a veces han podido rastrearse.

La crisis del siglo III produjo una ruralización de la sociedad y una retracción de las instituciones romanas urbanas, cuyo espacio es ocupado en buena medida por la institución episcopal. La atracción por la vida monástica en el campo tampoco es ajena de los intereses económicos de los latifundios y del emergente modo de producción feudal que sustituye al esclavista, sobre todo en el periodo siguiente a las invasiones. A partir de esos momentos, en medio de la descomposición del Imperio, se produjo la llegada a Hispania de distintas versiones del cristianismo: el arrianismo de suevos y visigodos y la aportación de una influencia migratoria de acceso más pacífico que llegó por una ruta tan insospechada como la atlántica (diócesis de Britonia, creada entre Asturias y Galicia por cristianos de Bretaña).

Entre la élite intelectual de la época final del Imperio, algunos hispanorromanos se cuentan entre los clásicos cristianos, como Osio (polemista contra Arrio y autor del Credo del Primer Concilio de Nicea, que presidió en 325) o Paulo Orosio (historiador agustinista y polemista contra Prisciliano). Este mismo Prisciliano, opuesto al papa Dámaso I (de origen hispano), abre la larga lista de heterodoxos españoles que estudió Marcelino Menéndez y Pelayo, como heresiarca del priscilianismo, condenado por los Concilios de Zaragoza (380) y de Burdeos, y posteriormente ejecutado (385), tras soportar uno de los primeros procesos con tortura, que puede considerarse precedente de la inquisición medieval.

La llegada de las invasiones germánicas del siglo V causó el fin del Imperio en Hispania y gran destrucción de vidas y propiedades, tanto civiles como eclesiásticas, además de contribuir en el plano teórico a la reflexión providencialista. Pero sobre todo influyó en el terreno religioso por la llegada de dos pueblos que se habían cristianizado en el arrianismo: los suevos, asentados en el noroeste, y los visigodos, principalmente en el centro de la península (con capital en Toledo). Ambos pueblos comenzaron con una estrategia religiosa de exclusión, aprovechando la circunstancia de las sutiles diferencias teológicas y rituales (unión hipostática, trinidad, bautismo por inmersión) para proscribir incluso los matrimonios mixtos (lo que garantizaba la segregación de los invasores, minorías dominantes, de los hispanorromanos, mayoría dominada). En ambos casos se producen tensiones internas que conducen a la adopción del catolicismo por la persona de los reyes, a los que siguen sus pueblos. En el caso de los visigodos, la muerte de San Hermenegildo por su padre Leovigildo, es seguida por la conversión de Recaredo (586). La iglesia será a partir de entonces protegida por la monarquía, lo que está en el origen de la recurrente imbricación de la Iglesia y el Estado en la Historia de España, aunque tenía su origen en la etapa constantiniana y fue recogida por otros pueblos germánicos, como los francos. Son buen ejemplo los Concilios de Toledo: eran convocados siempre por el rey, que abría las sesiones con su discurso y se ausentaba tras dejar el tomo regio que indicaba los temas a tratar (de carácter religioso pero también civil), y confirmaba los cánones con la promulgación de una ley (lex in confirmatione concilio) para darles valor civil. Acudían los obispos o sus representantes, pero también abades de monasterios y nobles del Aula Regia y Oficio palatino. Sin firmar las actas, asistían sacerdotes, diáconos y "seglares piadosos". También hubo concilios provinciales.

Destacaron a nivel europeo las figuras de San Ildefonso (obispo de Toledo, teórico de la mariología) San Isidoro (obispo de Sevilla, con una obra de pretensiones enciclopédicas -Etimologías-) y San Braulio (obispo de Zaragoza, que tuvo con el anterior una fecunda relación epistolar). La extensión del cristianismo se produce incluso en territorios donde su presencia no estaba aún muy desarrollada, como en las zonas apartadas de la cornisa cantábrica, a través de los eremitas.

Una amplia nómina de eclesiásticos de alta formación intelectual, como Leandro, Isidoro (hermano del anterior, y de los demás cuatro santos de Cartagena), Fructuoso de Braga o Juan de Bíclara, compusieron reglas monásticas, para organizar unas instituciones cada vez más numerosas en las zonas rurales que se adaptaban perfectamente a las condiciones económicas y las demandas sociales. El clero secular se institucionalizó jerárquicamente, con diócesis bien repartidas por los núcleos urbanos que salpicaban el territorio y con centro en Toledo. Los templos eran dotados con un terreno patrimonial que permitía la supervivencia del sacerdote: en la ley canónica para alimento (ad cibarium) se indicaba un recinto de setenta y dos pasos alrededor del atrio, que irá modificando su extensión y situación. En el II Concilio de Toledo ya se reflejaban algunos conflictos: Si algún clérigo se comprueba que se ha hecho algún guerto o alguna viña en las tierras de la Iglesia para su propia sustentación, poséalo hasta el día de su muerte... restituirá a la Iglesia lo que le pertenece y no lo dejará a ninguno de sus herederos. En el XII Concilio de Toledo, la prevención iba en el sentido de otorgar protección jurídica: que ninguno se atreva a sacar de allí a los que se refugiaron en la iglesia o están en ella, ni a causar ningún daño, mal o despojo a los que se encuentran en lugar sagrado, sino que se permitirá a aquellos que se refugian moverse libremente dentro de una distancia de treinta pasos, desde las puertas de la iglesia, dentro de los cuales treinta pasos, alrededor de cualquier iglesia, se guardará la debida reverencia. La liturgia, que puede denominarse hispánica mejor que visigoda, pervivirá en la mozárabe. Todo en conjunto hizo que la cultura hispanorromana perviviese, constituyendo una iglesia nacional con personalidad propia frente a la normativa que la curia romana terminaría por imponer en toda Europa Occidental.

En alguna cuestión la iglesia hispana tenía marcadas diferencias: por ejemplo, era muy rigurosa con la expiación de las culpas de los penitentes, que debía ser pública. Para ello participaban en una ceremonia especial de imposición de manos y se les impedía la asistencia a la misa (al igual que a las mujeres "impuras" cuarenta días después del parto y los catecúmenos), debiendo utilizar un espacio arquitectónicamente destacado en el exterior del templo y que también tenía uso funerario: el pórtico (que seguirá siendo una característica en el románico segoviano, por ejemplo) hasta una nueva ceremonia pública de "reconciliación", que exigía la máxima humillación y contrición. Dentro de la iglesia, tres espacios aparecían separados con barreras o canceles, la primera similar al iconostasio de la Iglesia oriental (aunque probablemente no se usaba como soporte de iconos) y que convertía la consagración en un ritual secreto ("misterio" o "arcano"). Las naves laterales permitían una circulación fluida de una gran parte de los asistentes (penitentes y catecúmenos) que escuchaban la lectura de los evangelios y, después de la epístola debían abandonar el recinto, donde quedaban los "católicos" (con pleno derecho de participar en los oficios religiosos).

La sustitución de los visigodos por los árabes como minoría dominante en la mayor parte de la península Ibérica a comienzos del siglo VIII no suprimió la religión cristiana. Los mozárabes conservaron sus iglesias (aunque las catedrales se convirtieron en mezquitas) e incluso el obispo metropolitano de Toledo continuó manteniendo su prelación sobre las sedes de los reinos independientes del norte en los primeros tiempos.

Esto cambió cuando los reyes de Asturias-León, que habían consolidado su autoridad sobre un territorio relativamente extenso, pusieron en práctica un ambicioso programa ideológico en el que la religión tenía un importante papel: al mismo tiempo que se justificaba la legitimidad de la monarquía por su "herencia gótica", se insistía en sus orígenes sobrenaturales (intervención de la Virgen de Covadonga en la batalla que supuso la creación del reino). Poco después se produjo la "invención" del sepulcro de Santiago, que dio comienzo a las peregrinaciones y al Camino de Santiago, al tiempo que se lograba el triunfo en la polémica teológica sobre el adopcionismo (quizá un intento sincrético entre catolicismo y arrianismo más conciliable con la concepción unitaria de dios en el Islam), en la que Beato de Liébana consiguió el apoyo de la cristiandad europea frente a los mozárabes de Toledo. Los núcleos pirenaicos (Navarra, Aragón y los condados catalanes) dependían más estrechamente del Imperio Carolingio, tanto en el aspecto político (relaciones de vasallaje) como en cuestiones eclesiásticas.

Las instituciones eclesiásticas, especialmente las sedes episcopales restauradas —Lugo, Valpuesta, Seo de Urgel, Ausona (Vich)— o de nueva creación —Oviedo, Santiago—, y los monasterios, tuvieron un papel decisivo en las primeras etapas del movimiento repoblador —presuras en el norte de la Meseta del Duero y tierras al sur de la cordillera pirenaica—, gracias a lo cual la Iglesia se convirtió en la principal poseedora de tierras. Junto con ello, las instituciones eclesiásticas adquirieron funciones políticas e incluso militares similares a las de cualquier señorío laico, y una influencia si cabe mayor, dado que entre el clero se encontraban las únicas personas ilustradas de la época, capaces de leer y escribir documentos (habilidad que no se consideraba necesaria para los nobles, ni siquiera para los reyes). Entre los siglos VIII y X se fundaron cerca de un millar de monasterios en la estrecha franja cristiana del norte peninsular, muchos de ellos como patrimonio familiar de nobles (Sobrado, de los condes de Présaras) o dotes reales (San Juan de Aboño, San Salvador de Deva). Aunque en los reinos orientales la fiebre monástica fue cuantitativamente menor, no lo fue la importancia de las fundaciones, protegidas por reyes y condes (] en Aragón, San Juan de las Abadesas y Santa María de Ripoll en Cataluña).

La inicial tolerancia de los emires hacia el cristianismo pasó por algunos altibajos, entre los que se encuentran en el siglo IX los martirios provocados de los llamados mártires de Córdoba, liderados por San Eulogio, que más bien fueron una reacción al debilitamiento del cristianismo en la mayor parte de España, cada vez más islamizada y arabizada. Las revueltas de mozárabes (Bobastro) fueron reprimidas sin contemplaciones, y muchos de ellos emigraron a los reinos del norte, que no se mantuvieron sin embargo libres de interferencias, sobre todo bajo el califato, desde Abderramán III hasta Almanzor, quienes realizaron expediciones de castigo en las que saquearon monasterios y catedrales, llevando a Córdoba rehenes (San Pelayo mártir), reliquias y objetos litúrgicos que darían origen a un extraño tráfico en los siglos siguientes.

El clero, convertido en una estructura jerarquizada siguiendo la cadena del vasallaje, funcionaba como un estamento privilegiado paralelo a la nobleza, con la que mantenía vínculos inseparables. Los hijos segundones de las casas nobles, tanto varones como mujeres, estaban destinados a formar parte del alto clero: bien al clero secular (obispos, canónigos, arciprestes y titulares de beneficios eclesiásticos), bien al regular (abades y abadesas, monjes y monjas). El bajo clero, de aún más escasa formación, estaba nutrido por los numerosos curas de las parroquias menos favorecidas y los hermanos legos de los monasterios. Los obispos y las fundaciones monásticas eran una fuerza política trascendental en los reinos cristianos, apoyados en sus inmensas rentas (basadas en el diezmo) y dominios territoriales). Por ejemplo: el obispo Gelmírez en Santiago de Compostela (percibía además el voto de Santiago), el abad Oliba (de Monasterio de Ripoll y Cuixá, a la vez que obispo de Vich), el monasterio de las Huelgas en el reino de Castilla o el monasterio de Poblet en Cataluña.

Los tres votos del clero regular, además de por su valor espiritual, tuvieron tanto éxito por su adecuación a la estructura económica y social del feudalismo: la pobreza no impedía a muchos clérigos vivir de forma opulenta, pero sí disputar a sus hermanos mayores la herencia de los bienes y títulos familiares, en tanto que la castidad, aunque no evitaba que se tuviesen relaciones sexuales, garantizaba que, de tener hijos, estos serían ilegítimos y por tanto tampoco podrían disputarla. La obediencia mantuvo la cohesión interna de las fundaciones monásticas y diócesis no sin conflictos, a veces violentos y coincidentes con los enfrentamientos civiles. Uno de los motivos de las recurrentes reformas monásticas era el abandono del ideal de vida ascética propuesto por las reglas originales.

La conquista de Toledo (1086) significó la llegada de los reyes cristianos a territorios en los que la población era muy diversa: judíos, mudéjares y mozárabes (cuyos ritos, de origen visigodo, se mantuvieron distintos a los romanos impuestos desde hacía tiempo en el norte), a los que se añadían repobladores del norte de la península e incluso de fuera de ella (francos). La convivencia no siempre fue tolerante, ni siquiera entre los cristianos: la presión hacia los mozárabes significó que en poco tiempo se realizaron grandes transferencias de propiedad, en muchos casos hacia la Iglesia. La archidiócesis de Toledo se convirtió con el tiempo en la más rica de la cristiandad después de la propia sede papal.

Simultáneamente, las invasiones de almorávides y almohades significaron episodios de intolerancia religiosa en la España musulmana, dándose los últimos grandes movimientos de población mozárabe, sobre todo al valle del Ebro recién reconquistado por el reino de Aragón (Alfonso I el batallador). También hubo una importante emigración de comunidades judías que se asentaron en los reinos cristianos.

Tras la batalla de las Navas de Tolosa (1212), uno de los pocos momentos de la Reconquista en que hay una intervención militar europea con explícito tratamiento de Cruzada por el papado, se produce la conquista de las taifas del Valle del Guadalquivir, Murcia, Valencia y Mallorca. Los cuatro reinos cristianos peninsulares se estabilizan territorialmente, en algunas zonas sobre importantes minorías no cristianas. Fernando III se titulará rey de las tres religiones e incluirá en su tumba un epitafio cuadrilingüe en caracteres latinos (castellano y latín), árabes y hebreos; lo que no ha de imaginarse como un síntoma de buena convivencia: la rebelión de los mudéjares (1260) es prueba de lo contrario. La tolerancia religiosa que permite incluso la más fructífera de las colaboraciones (escuela de traductores de Toledo) no oculta que es una concesión desde la más clara imposición del cristianismo como religión de la "casta" dominante, cada vez más orgullosa y excluyente, siendo las demás "toleradas" en cuanto subordinadas. Incluso los intentos de acercamiento, como el de Ramon Llull, lo son con propósito proselitista, más que con un simple deseo de conocimiento del otro.

El siglo XIII expande la fiebre constructiva religiosa, con las impresionantes catedrales góticas que sustituyen a las románicas o se levantan sobre las mezquitas conquistadas restaurando las diócesis romano-visigodas: Oviedo, León, Palencia, Burgos, Toledo, Cuenca... en la Corona de Castilla; Zaragoza, Gerona, Lérida, Barcelona, Tarragona, Valencia, Orihuela, Palma de Mallorca... en la de Aragón). Lo propio ocurre en Portugal. Navarra quedó excluida del avance territorial. Los edificios de las catedrales de Segovia, Murcia, Córdoba, Sevilla y Nueva de Salamanca fueron reconstruidos a finales de la Edad Media o a comienzos de la Moderna, así como la de Granada, de nueva construcción, con lo que sus estilos son más recientes. En cambio, la de Teruel, contemporánea a las anteriores, es de arte mudéjar.

Las Cruzadas ocasionaron la extensión en Europa Occidental de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén, Orden del Hospital (llamada de Malta o de San Juan) y la del Temple, que con su violenta supresión como consecuencia del enfrentamiento con el rey de Francia provocó el nacimiento de nuevas órdenes militares: las de Santiago, Alcántara y Calatrava en la Corona de Castilla; y la Orden de Montesa en Aragón. Estas órdenes tendrían un papel decisivo en la reconquista y repoblación de la Meseta Sur (actuales Extremadura y Castilla-La Mancha), y el Maestrazgo aragonés y valenciano. Hubo una orden orientada a la defensa naval de Castilla, la Orden de Santa María de España u Orden de la Estrella, con base en Cartagena, pero tras varios fracasos militares fue disuelta e incorporada a la de Santiago.

Órdenes redentoras de cautivos fueron los trinitarios y mercedarios, ésta última nacida en Cataluña (San Pedro Nolasco, San Pedro Armengol y San Ramón Nonato).

El desafío de las herejías urbanas, que denunciaban la riqueza de la iglesia y su contradicción con la pobreza evangélica, supuso una convulsión en los siglos XI al XIII. Los albigenses fueron particularmente importantes en los territorios ultrapirenaicos de interés para la corona de Aragón (que los perdió intentando defenderlos en la batalla de Muret). En los territorios peninsulares no hubo una dimensión semejante del fenómeno. La vida monástica tradicional no se adecuaba a las exigencias de la respuesta a ese desafío, que llevó al éxito un nuevo tipo de orden religiosa: las órdenes mendicantes. Las dos principales fueron los dominicos y los franciscanos. Estas exigencias a las que respondían eran: la visualización de su presencia ejemplarizante, el combate dialéctico (con decisiva presencia en las nuevas universidades), e incluso la imposición física (los tribunales de la Inquisición). Incluso hubo cambios en el uso de los espacios arquitectónicos: mientas que los edificios de las comunidades benedictinas estaban casi cerrados a los laicos, las órdenes mendicantes ofrecían una mayor apertura, lo que se traducía en el templo a restringirse a un espacio limitado, un pequeño coro tras el altar para el rezo de las horas canónicas.

Santo Domingo de Guzmán, castellano, fue el fundador de los dominicos, bajo el nombre de Orden de Predicadores. Preocupación personal suya fue también la extensión de la devoción mariana a través del rezo del rosario. Conventos importantes de esta orden fueron San Esteban de Salamanca, San Pablo de Valladolid o de Sevilla, y Santo Domingo de Madrid o de Valencia; también fuera de ciudades importantes, como Santa María la Real de Nieva (Segovia).

La extensión de los franciscanos, cuya forma de entender la vida conventual estuvo muy presente en la sociedad y adaptada a la realidad urbana, les hizo alcanzar una gran popularidad, y una gran atracción de recursos y vocaciones, entre las que se incluyen personalidades destacadas, como Ramon Llull, el Fray Juan Pérez de Marchena (el que acogió a Colón en el Monasterio de La Rábida), y algunos reyes. Son importantes conventos como San Francisco de Teruel (uno de los primeros en fundarse), Santa Clara de Palencia, el de clarisas de Pedralbes (Barcelona, fundada por Elisenda de Montcada) y San Francisco de Palma. El propio San Francisco de Asís estuvo en España en 1217, fundando el convento de Rocaforte (Sangüesa, Navarra) en su peregrinación a Santiago. La división original entre terciarios, clarisas y frailes menores, fue aumentada con la confusión de diversos enfrentamientos, que terminaron dibujando una agrupación en capuchinos, conventuales y observantes.

Hubo en Valencia desde el siglo XIV una comunidad de beguinas (beaterios de seglares que hacen vida ascética en común aunque no entran propiamente en religión, es decir, en el clero regular, y pueden salir libremente de su comunidad para casarse), a las que no afectó la supresión de Juan XXIII (antipapa) (no el homónimo del siglo XX, sino el considerado antipapa durante el Cisma de Occidente), por la bula Cum inter nonnulos, centrada en las comunidades de beguinos y franciscanos espirituales de Europa Septentrional. En el habla popular, el nombre de beguina pasó a ser sinónimo de beata, y aplicado a cualquier persona con inclinaciones ascéticas. Arnau de Villanova realizó una encendida defensa de beguinos y beguinas ante los reyes Jaime II de Aragón y Federico III de Sicilia, escribiendo el tratado Raonament d'Avinyó en defensa de las prácticas penitencia entre seglares. Se ha planteado su posible relación con el posterior movimiento de los alumbrados.

El clero secular añadió a su base de propiedades territoriales e inmuebles un recurso económico que representaba un porcentaje altísimo del excedente productivo: el diezmo, que pasa de ser de cobro esporádico y voluntario a hacerse general en el siglo XII y formalmente obligatorio desde el IV Concilio Lateranense, aunque sólo con la colaboración de la monarquía (Alfonso X el Sabio en Castilla y León) pudo hacerse efectivo. Se distribuía en un principio en tres tercios: el pontifical (al obispo) el parroquial (al sacerdote) y el de fábrica (a la construcción y mantenimiento del edificio de la iglesia). La hacienda real consiguió detraer para sí las dos terceras partes del tercio de fábrica (Tercias Reales).

La existencia de una población judía se conocía desde época romana y visigoda, pero aumentó notablemente hasta constituir cientos de miles a mediados del siglo XIV. El antisemitismo funcionó eficazmente al aportar un cómodo chivo expiatorio de las tensiones sociales producidas por la crisis del siglo XIV. Las predicaciones antisemitas del arcediano de Écija Ferrán Martínez actuaron como desencadenante de una energía social contenida que estalló en los pogromos de 1391. Lo mismo puede decirse de las de San Vicente Ferrer, que también ejerció un papel político fundamental en el Compromiso de Caspe. Las conversiones masivas que se habían producido a finales del siglo XIV llevaron a la presencia de un numeroso colectivo de conversos o cristianos nuevos, cuya prosperidad económica y social —ya no obstaculizada por la diferencia religiosa— no dejó de observarse y plantear un hondo resentimiento en los que se sentían superiores por su condición de cristiano viejo. Esos extendidos sentimientos, convenientemente manipulados por Pedro Sarmiento en Toledo en 1442, condujeron a una revuelta en la que se implicaron de forma decisiva los canónigos cristiano-viejos de la catedral, en contra de los canónigos cristiano-nuevos. La redacción por parte de los ideólogos de la revuelta de un documento (el primer estatuto de limpieza de sangre) que impedía a los cristianos nuevos la entrada en el regimiento de la ciudad, el cabildo catedralicio o cualquier otro cargo público fue imitada con entusiasmo por toda Castilla. Sus opositores llegaron hasta el Papa, que les dio la razón, pero el movimiento social era imparable. La sospecha de criptojudaísmo e incluso la imaginación de prácticas sacrílegas y aberrantes (presunto crimen del Santo Niño de la Guardia), excitaba la imaginación popular y alimentaba el denominado "problema converso", que no acabó ni con la institución de la moderna inquisición (1478) ni con la expulsión de los judíos de España (1492).

Un caso particular fueron los judíos mallorquines, forzados a convertirse (1435), y sometidos al control de la inquisición (1478), que mantuvieron una religiosidad problemática incluso después de la intensificación de la represión el siglo XVII, cuando se originó una fortísima estigmatización y segregación de su comunidad, que se sigue conociendo en la actualidad con el nombre de chuetas.

La Crisis del siglo XIV produjo una notable presión sobre los recursos económicos del clero, dejando en evidencia la subordinación de su justificación espiritual a su función estamental de defensa de los privilegiados y su dominio social. El penoso espectáculo del Cisma de Occidente —que llegó a traer la sede pontificia a Peñíscola, entre excomuniones cruzadas que devaluaron la eficacia de tan terrible castigo y el prestigio papal— evidenció más aún la necesidad de lo que se demostró inevitable en el siglo siguiente: una reforma que adaptara las instituciones eclesiásticas a la nueva realidad urbana, en la que la presencia de una minoría culta, formada en las universidades, ya no era escasa, y las monarquías autoritarias estaban en proceso de construcción.

El papel de la iglesia en la crisis bajomedieval, y su relación con monarquía, nobleza y ciudades, convirtió al clero en una de las más importantes instituciones españolas del Antiguo Régimen, fijando su función económica, social y política para los siglos siguientes.

Este famoso fragmento (tal como lo interpreta Martí de Riquer) abre el siglo de Oro Español con un juego sacrílego que identifica la belleza de la amada y el lugar donde los amantes se encuentran: una iglesia. De una manera más evidente, Joanot Martorell había situado un encuentro amoroso entre Tirant y Carmesina en la mismísima catedral de Santa Sofía de Constantinopla. El Renacimiento y el Humanismo están pasando del teocentrismo medieval a un antropocentrismo que significará la apertura de la modernidad. Sin embargo, mediado el siglo XVI esa precoz secularización parece muy lejos de la realidad histórica española, en la que los asuntos religiosos seguían teniendo un violentísimo protagonismo.

Los Reyes Católicos han sido vistos por la historiografía tradicionalista como figuras providenciales que consiguieron una unificación en todos los ámbitos: político, territorial, ideológico y religioso (a pesar de lo forzada que a los historiadores actuales parezca esa interpretación). Incluso está gestionándose por influyentes personalidades la beatificación de Isabel (ante el escándalo de otros).

Lo que sí puede afirmarse con más seguridad es que los reyes intentaban una política de "máximo religioso", que pudieron permitirse tras el fin de la Guerra de Granada en 1492. Inmediatamente se afrontó lo que se percibía como un grave problema: la convivencia entre judíos y conversos, que se creía daba pie al mantenimiento de prácticas judaizantes. La expulsión de los judíos de España fue vista como una solución, y una oportunidad de incrementar las conversiones (cosa que se produjo sólo en menor medida). La situación de los musulmanes que habían quedado en Granada protegidos por las condiciones de la capitulación y la política apaciguadora del confesor real y primer obispo de la ciudad, Fray Hernando de Talavera, se vio alterada por la presión ejercida por el nuevo confesor, el Cardenal Cisneros. Tras el edicto de 1502 no podía quedar en territorio de la Monarquía nadie que no fuera cristiano. Los bautismos masivos obtenidos con pocos miramientos originaron para las siguientes generaciones el problema morisco (nombre que recibe este grupo al que sólo con mucha laxitud puede considerarse cristiano), que no se solucionó con su dispersión por el interior del reino tras la Rebelión de las Alpujarras y sólo acabó con la expeditiva solución que se dio en 1609: la expulsión de los moriscos.

Una inquisición de nuevo cuño, bien diferente de la medieval, y que se convirtió en una de las pocas instituciones comunes al conjunto de reinos hispánicos, tuvo un papel trascendental en la configuración de la sociedad española del Antiguo Régimen. Clérigos de fuerte personalidad la fueron conformando, como Tomás de Torquemada (también confesor de la reina) o Pedro Arbués, el primer inquisidor de Aragón, asesinado mientras rezaba en la catedral (a pesar de ir prevenido con armadura). La planta de los tribunales cubría el territorio de un modo más racional que las propias diócesis, y la tupida red de familiares (sus temidos informantes) hacía llegar su influjo hasta el último rincón.

Los miles de procesados y condenados, y el clima obsesivo de persecución entre los posibles objetivos de su represión resultaron en un control social mucho más eficaz que el que pudieran haber efectuado las instituciones civiles. Otro resultado fue la extraordinariamente mala imagen que tiene la inquisición española en el imaginario popular actual. No está de más recordar que las truculentas formas del proceso inquisitorial eran universalmente aplicadas en las instituciones judiciales civiles y eclesiásticas de todos los estados y religiones en Europa (como pudo comprobar Miguel Servet, tan herético para los católicos como para los calvinistas de Ginebra que le ajusticiaron), y que la censura y prohibición de libros, aunque fue extraordinariamente severa en España, no estaba ausente de los demás países, aunque fuera más relajada en algunos (Holanda y Venecia, notablemente).

La reforma de la iglesia castellana había sido objeto de preocupación desde mediados del siglo XV, ante la evidencia de su situación desde la poca instrucción de los párrocos hasta la vida poco edificante de los más altos dignatarios, envueltos en las intrigas políticas y militares de la Guerra Civil Castellana. Los Fonseca habían creado una verdadera dinastía episcopal. El Cardenal Mendoza o el Arzobispo Carrillo eran personajes imprescindibles en la corte. Uno de los intentos más interesantes hacia la reforma fue el del obispo de Segovia Juan Arias Dávila, que convocó el Sínodo de Aguilafuente para debatir con los clérigos sobre cómo reformar sus costumbres y obtener una labor pastoral más eficaz. Un resultado lateral de sus preocupaciones humanistas fue la introducción de la imprenta, probablemente el primer libro impreso en España (el Sinodal de Aguilafuente, 1472). En la Corona de Aragón, la situación no era distinta, y se emprendió su reforma sistemática a partir de finales de 1493, con la concesión de una serie de bulas y breves pontificios que habían sido repetidamente solicitados por los reyes. Se empezó por la reforma de los monasterios femeninos catalanes (visitadores, capellanes, relevo de las religiosas más problemáticas, insistencia en la clausura...), que se extendió al resto.

El programa reformador en Castilla fue ocupado por el Cardenal Cisneros, que desde su proximidad a la Reina Isabel y, posteriormente, con su papel como regente, tuvo oportunidad de llevar a cabo un plan ambicioso de reforma, que incluía todos los aspectos, incluyendo la investigación filológica y teológica en la refundada Universidad de Alcalá. Comienza entonces, junto a la literaria, la edad de oro de las universidades españolas: la de Alcalá, la de Salamanca y la de Valladolid, con sus colegios universitarios administrados por las órdenes religiosas (dominicos, agustinos, jesuitas) fueron testigo de sonadas polémicas, de clases magistrales que se esperaban con expectación y de publicaciones que se recibían e influían en toda Europa, incluyendo una decisiva intervención española en el Concilio de Trento.

La llamada escuela de Salamanca, presidida por Francisco de Vitoria, significó la pervivencia y renovación de la escolástica en lo que se ha dado en llamar neoescolástica, así como una orientación neoaristotélica, opuesta al neoplatonismo paganizante del humanismo italiano. Personajes como Melchor Cano, Tomás de Mercado, Martín de Azpilicueta, el Padre Suárez o el Padre Mariana (con su Historia de España y su divulgada justificación del tiranicidio) cubrieron todo el amplísimo abanico de disciplinas que pudieran ser influidas por la teología, que son todas, incluida una estrecha relación con el naciente pensamiento económico (arbitrismo). Además de su función intelectual, la universidad fue durante toda la Edad Moderna un poderoso mecanismo de ascenso social y de reclutamiento burocrático, tanto para la Iglesia como para las instituciones civiles. Su mayor carencia fue su incapacidad para incluir la revolución científica (que tampoco tuvo acogida en sus inicios en las universidades europeas, sino en otras instituciones).

Otras influencias menos "académicas" fueron esenciales para la Contrarreforma: la fundación de la disciplinada Compañía de Jesús por San Ignacio de Loyola, en la que entraron personalidades españolas tan decisivas como San Francisco de Borja y San Francisco Javier.

Difícilmente hubieran tenido los clérigos españoles tanta influencia intelectual sin la influencia material, política, financiera y militar de España sobre el Papado, y su hegemonía en Europa. No sólo los Reyes Católicos dispusieron de un complaciente Alejandro VI (de la familia valenciana Borgia) para otorgarles el título de Católicos y las bulas alejandrinas que les proporcionaron la justificación de la colonización de América. También los Habsburgos ejercieron toda la influencia que fueron capaces para conseguir de los cónclaves papas favorables: empezando por Carlos V, que obtuvo el nombramiento de su preceptor e ideólogo Adriano de Utrecht; o Felipe II con Pío V, tan agradecido tras la batalla de Lepanto, que llegó a comparar a Juan de Austria con el Bautista vino un hombre, enviado de dios, que se llamaba Juan. Las relaciones no fueron siempre cordiales, y la Guerra de la Liga de Cognac y el Saco de Roma (1527) lo certificaron, por mucho que la justificación de la política exterior y militar de los Habsburgo en Europa fuera el mantenimiento de la fe católica. Enemigos protestantes y católicos alimentaron la leyenda negra española, divulgada en forma de propaganda antiespañola desde la rebelde Holanda de Guillermo de Orange.

Aun rehusando venir en persona, como se le propuso (respondió: Non placet Hispania), Erasmo de Rotterdam fue la personalidad más destacada en el panorama religioso español de la primera mitad del siglo XVI. El erasmismo, un humanismo cristiano crítico, intermedio entre los extremos que se terminarían fijando como luteranismo y catolicismo romano, se divulgó a través de sus escritos, verdaderos éxitos editoriales, y de sus discípulos directos: Luis Vives y los hermanos Juan y Alfonso de Valdés. Se extendió incluso a capas populares, notablemente gracias a la divulgación que supuso la novela anónima Lazarillo de Tormes (cuya autoría ha sido atribuida a muy distintos personajes, entre otros a alguno de los hermanos Valdés). La recepción que tuvieron sus ideas supone la previa existencia en España de una atmósfera cultural y unas elites culturales y sociales que la permitiera. Aun así, el apoyo del emperador Carlos V, de la universidad de Alcalá y de buena parte de la jerarquía no impidió que sus poderosos adversarios: las órdenes religiosas, apoyadas por teólogos de Salamanca (Francisco de Vitoria) y Valladolid (Pedro Margallo y Fernando de Préjano), se terminaran imponiendo. A punto estuvieron de conseguir su condena en la Conferencia de Valladolid (1527), de la que sólo se libró gracias a la suspensión de las sesiones ordenada por el inquisidor proerasmista Alfonso Manrique.

Desde 1521 la persecución inquisitorial de todo lo que pudiera asociarse a la reforma luterana va creando la imagen, mucho más poderosa que la realidad, de un utilísimo enemigo, al que se asocian tanto erasmistas como místicos o renovadores que poco o nada tenían que ver con el protestantismo, en un ambiente cada vez más cerrado y xenófobo, que culminó con la prohibición de estudiar fuera de España (Pragmática de 22 de noviembre de 1559).

Hasta mediados de siglo, los procesados y ejecutados son extranjeros que vagamente han oído hablar de Lutero: el pintor Gonzarlo en Mallorca (1523), el mercader alemán Blay en Valencia (1524) y en la misma ciudad el pintor Cornelius de Gante y el agustino Martín Sanchís, primer español en ser ejecutado (1528). En 1532, el proceso de los iluministas o alumbrados (Vergara, Tovar, Eguía, María de Cazalla y Castillo, que reunidos en conventículos de Pastrana o Escalona -desde 1511 Pedro Ruiz de Alcaraz, Isabel de la Cruz y Bedoya que para algún autor consideraban ya el “amor de Dios” no como idea mística, sino como certeza absoluta de que Dios guía a la mente humana para poder leer la Escrituras con entera libertad, influyendo en Juan de Valdés- leían e interpretaban personalmente la Biblia y preferían la oración mental a la vocal, como hicieron posteriormente los quietistas, o pretendían comulgar sin confesar, por considerar que gente justificada y confirmada en el bien no pueden ya pecar como antes que ellos los begardos ) significó el comienzo de una persecución más sistemática, encabezada por el inquisidor Fernando de Valdés. Bajo su dirección, y al tiempo que se publica el índice de libros prohibidos, se produjeron los autos de fe de 1559, que acabaron con los núcleos de Valladolid (restringido a élites intelectuales y de alto nivel social) y de Sevilla (divulgado por algunos predicadores como el doctor Constantino Ponce de la Fuente, con un carácter más popular aunque también minoritario). Aún se discute la verdadera naturaleza teológica de las creencias de ambos núcleos. Escaparon a la represión muchos reformistas exiliados, como Juan Pérez de Pineda, Cipriano de Valera, Casiodoro de Reina, Antonio del Corro y los hermanos Francisco y Juan de Encinas. Los erasmistas que quedan en España han de tomar muchas cautelas, incluso negar la orientación de su pensamiento, que pasa a centrarse más que en el menosprecio de las ceremonias y la sublimación del espíritu, en el problema de la justificación por la fe y del beneficio de Cristo. El año 1559 también presenció el extraordinario escándalo que conllevó el proceso del arzobispo de Toledo Bartolomé de Carranza, que a pesar de ser uno de los principales ponentes del Concilio de Trento, y protegido de Felipe II, había publicado en sus Comentarios sobre el catecismo romano proposiciones que al Inquisidor Fernando de Valdés le permitieron acusarle de todo un conjunto de desviaciones, en la peligrosa línea que bordea el erasmismo y el luteranismo. La recusación de su juez, la defensa de Martín de Azpilicueta, y la intervención final del papado, no impidieron que Carranza terminara muriendo en Roma sin poder volver a su sede.

Hubo un resurgir de grupos alumbrados entre 1570 y 1579, y ya en el siglo XVII, otros núcleos surgieron en Sevilla y Valencia, de extracción más popular que los elitistas de los núcleos castellanos, algunas de ellas herederas del movimiento de beguinas o beatas (que dio también manifestaciones más extravagantes, como las emparedadas por su propia voluntad.

Una de las mayores peculiaridades de la vida religiosa española del Antiguo Régimen fue la existencia de la categoría social de cristiano nuevo, que no se perdía con el paso de las generaciones, lo que dejaba claro la motivación étnica de la diferenciación, a pesar de la insistencia inquisitorial en buscar casos de criptojudaísmo.

A los judeoconversos se les otorgaba el apelativo de marranos, y los estatutos de limpieza de sangre les impedían entrar en la mayor parte de las instituciones, incluyendo las universitarias, las órdenes militares y algunas órdenes religiosas. Eso hizo que muchos de ellos procuraran ocultarlo, sobrecompensando con una mayor intransigencia religiosa (el denominado celo del converso) o con una mayor espiritualidad. La ocultación y desvelamiento de orígenes judíos se hacía obsesivamente en todas las capas de la sociedad, incluida la nobleza, el clero (también los propios inquisidores) y la misma monarquía (Tizón de la nobleza). La historiografía, sobre todo a partir de la polémica Américo Castro-Sánchez Albornoz, convirtió en un lugar común la búsqueda de eso mismo para en la mayor parte de los personajes de la Edad de Oro como Santa Teresa o San Juan de la Cruz, a veces con pruebas convincentes y otras veces a través de indicadores discutibles (posturas críticas, miedo a la Inquisición; sobrecompensaciones, como la frecuente invocación a la Santísima Trinidad o posturas casticistas, o salidas escapistas, como la búsqueda de la fama o el atormentado "vivir desviviéndose").

Los moriscos no fueron tan perseguidos por la Inquisición (seguramente por ser mayoritariamente comunidades campesinas sujetas a un fuerte sistema señorial, que al tiempo que les explotaba también les protegía de interferencias). Se ha interpretado que los extraños Plomos del Sacromonte, un famoso caso de falsificación histórica, eran en realidad un intento de conciliación del cristianismo con el Islam por parte de algún grupo de moriscos de alta posición social tras la Rebelión de las Alpujarras. Los plomos pretendían ser un quinto evangelio que habría sido revelado por la Virgen en idioma árabe para ser divulgado en España, presuntamente a San Cecilio, uno de los misteriosos varones evangélicos del siglo I al que para la ocasión se le imagina como un árabe cristiano que acompañaba a Santiago.

Los teólogos católicos españoles distaron mucho de presentar un pensamiento monocorde: además de la existencia reducidísima de un pensamiento más o menos cercano a la reforma protestante y de los humanistas de corriente erasmista, la escolástica tradicional se vio desafiada por lo que puede denominarse "teología positiva" o "historicista" (Melchor Cano). El proceso de Fray Luis de León fue sin duda una consecuencia de esos enfrentamientos. Por otro lado, las órdenes religiosas mantenían visiones distintas sobre puntos de importancia, como los dominicos, defensores de un tomismo ortodoxo y los jesuitas, partidarios de una concepción que para aquéllos sobrepasaba la ortodoxia católica en los temas de la gracia divina y la libertad humana. A la publicación de Concordia liberi arbitii (Lisboa, 1588) del jesuita Luis de Molina, se respondió con Apología gratum predicatorum... adversus quesdam novas assectationes cusdam doctores Ludovici Molinae... de Domingo Báñez y otros dominicos. La cuestión llegó a la inquisición y al papa. Paulo V, salomónico, consideró que el tema se movía en márgenes opinables. Francisco Suárez terció en la polémica defendiendo un punto intermedio: el congruismo. En Defensio fidei el mismo autor apoya la prelación del Papa frente a la autoridad temporal de los reyes, suscitada por la cuestión del juramento de fidelidad (Jacobo I de Inglaterra); otras obras muy divulgadas en Europa fueron De legibus y sobre todo Disputaciones metafísicas (diecisiete ediciones). El enfrentamiento entre los racionalistas dominicos (Melchor Cano, De iustitia et de iure, Bartolomé de Medina, definidor del probabilismo moral o Diego de Zúñiga) y los franciscanos (el penalista Alfonso de Castro De potestatae legis poenalis), comprensivos con posturas cercanas al iluminismo (alcanzar la perfección únicamente mediante la oración, sin someterse a prácticas piadosas o rituales) y el recogimiento; se conoce como la polémica de los espirituales (no confundir con el movimiento de los espirituales, de los siglos XII y XIII, que pretendía una iglesia pobre) o controversia sobre el quietismo, y acabó con el triunfo de los dominicos tras el proceso a Miguel de Molinos. La trascendencia de la obra de Molinos fue muy importante en otras partes de Europa, sobre todo en Francia, donde sus propuestas (denominadas molinosismo, que no conviene confundir con el molinismo de Luis de Molina), fueron recogidas por Fenelon (que también fue condenado).

Para la fijación de la ortodoxia y la extensión de la instrucción religiosa, un instrumento de alcance secular fue el Catecismo de la doctrina cristiana del padre jesuita Gaspar Astete, al que se añadió en el siglo siguiente el de su correligionario Jerónimo Ripalda (1616). Ambos siguieron utilizándose con pequeñas modificaciones hasta el siglo XX.

En la ascética y mística española, el final de la Edad Media había supuesto un periodo de importación o iniciación, en que algunos autores consideran decisiva la influencia de los místicos árabes (Ramon Llull sería el eslabón entre el misticismo musulmán y el cristiano según Helmut Hatzfeld) y judíos, además de los gérmánicos: Ruysbroeck, Tauler, Eckhart y, sobre todo, Tomás de Kempis (Imitación de Cristo, traducida en Zaragoza en 1490 y muy divulgada en España).

En la primera mitad del siglo XVI, hasta 1560, viene el denominado periodo de asimilación, caracterizado por las ediciones de literatura espiritual estimuladas por Cisneros (Eiximenis, Ludolfo de Sajonia, Santiago de la Vorágine) y producciones propias como las de Hernándo de Zárate, Alonso de Orozco, Francisco de Osuna, san Pedro de Alcántara y Fray Alonso de Madrid; así como los Ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola y el Audi, filia de Juan de Ávila.

Tras los más importantes predicadores del siglo, San Pedro de Alcántara (que también creó el convento más pequeño del mundo) y Fray Luis de Granada, vino el periodo culminante de la mística en el último tercio del siglo XVI: Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, que además de su vida interior y producción literaria realizaron una activísima presencia en la vida de su tiempo, fundando los primeros conventos de carmelitas descalzos a partir de 1562 y 1568 respectivamente, en medio de una fortísima lucha contra los carmelitas calzados, que incluso llevó a Juan a prisión.

La mística del siglo XVII suele denominarse de decadencia, o compilación doctrinal (más barroca y extravagante aún), y está representado por Sor María Jesús de Ágreda.

Superados los enfrentamientos del siglo XVI, no hay nada de trascendencia similar al contemporáneo escándalo del jansenismo en Francia. La actitud de Baltasar Gracián (El Criticón), no interesado en las implicaciones doctrinales ni teológicas de su reflexiones morales, tomando como referentes a los moralistas de la tradición clásica (Maquiavelo, Bocallini, Barclay, Botero) y la Antigüedad grecolatina (Marcial, Séneca), chocó con sus superiores en la Compañía de Jesús, muy interesados en mantenerse dentro de la más clara ordotoxia, en la coyuntura crítica de los debates en que se encontraban inmersos contra los jansenistas. El casuismo de los jesuitas (a veces llamado jesuitismo), que se plantea todo tipo de casos, especialmente la problemática del fracaso matrimonial, enfatizando el análisis de la compleja casuística de la moral sexual; era visto por sus adversarios como laxismo moral. Se traducía, a través de sus influyentes confesores, en la costumbre de permitir la comunión frecuente; frente al respeto reverencial al sacramento de la comunión de otros movimientos, que consideraban la aproximación a la Hostia como una ocasión especialísima. La costumbre popular era la de comulgar "burocráticamente" por Pascua en la parroquia bajo cuya jurisdicción estaba domiciliado el feligrés (comunión pascual), de lo que incluso se levantaba testimonio por los párrocos, dando en algunos casos un registro tan fiable que ha sido utilizado como fuente documental para estudios de demografía histórica e historia local.

Se hizo omnipresente la defensa contrarreformista de las obras, y por tanto de la colaboración necesaria del hombre para la salvación, que en su interpretación católica no debe fiarse al mero abandonarse a la gracia y la fe (como insistían los protestantes o los quietistas) es lo que justificaba el papel mediador de la Iglesia, administradora de los sacramentos y depositaria (por la comunión de los santos) méritos de los santos, la Virgen (corredentora y mediadora) y de Cristo para el "negocio de la salvación": sacar pronto a las ánimas del purgatorio.

Los manuales de confesiones de Martín de Azpilicueta o Jaime de Corella responden a la intensificación del control social de la Iglesia a través de las conciencias. El papel del confesor trasciende su labor espiritual para convertirse en un orientador vital en todos los aspectos materiales, tanto personales (médicos, psicológicos) como sociales (económicos, educativos, incluso legales).

Las prácticas religiosas rituales, devocionales y caritativas, tanto en el ámbito público como en el privado constituían una considerable parte de la vida social. Múltiples instituciones se hacen cargo de todas las posibles manifestaciones de esas prácticas, desde los hospicios para niños huérfanos, los hospitales para enfermos y transeúntes y las casas de "arrecogías" para prostitutas, hasta las múltiples instituciones ligadas al fenómeno de la muerte. Creció extraordinariamente el número e influencia de las cofradías, congregaciones, esclavitudes y otras instituciones de laicos, asociadas a devociones nuevas, como la Escuela de Cristo o las Ánimas del Purgatorio. Muchas de ellas eran una especie de mutualidades de enterramientos, un asunto muy importante en la consideración social. Órdenes mendicantes y parroquias competían tan duramente que tuvo que regularse un pago del 25% (cuarta funeral) para quien quisiera ser enterrado fuera de su parroquia.

Se pretende conquistar los espíritus a través de los sentidos, y paradójicamente, además de los movimientos quietistas y místicos, vividos individualmente, la religión se vive sobre todo socialmente, como un espectáculo. Ejemplo máximo son las procesiones de Semana Santa, durante las que una ciudad entera se convierte en una obra de arte que remite a todos los sentidos (música y esculturas ambulantes, arquitectura efímera, tapices florales, dramatizaciones y vestuarios que implican a buena parte de la comunidad, especialidades gastronómicas concebidas para la ocasión...). Los autos de fe se conciben como un espectáculo popular y una catarsis colectiva. Las canonizaciones barrocas fueron numerosísimas en España: en el siglo XV sólo se había hecho una, en el XVI otra, mientras que en el siglo XVII se beatificaron 23 y se canonizaron 20 (en el siglo XVIII las beatificaciones descendieron a 16 y las canonizaciones a 9). Se rescataron figuras medievales de interés político San Isidro labrador (patrón de Madrid, capital de la Monarquía) y San Fernando Rey (primo de San Luis Rey, rey de la enemiga Francia). En 1622 se canonizó simultáneamente, entre desmesurados festejos, a Santa Teresa de Jesús, San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier. Se logró una verdadera popularización de los asuntos teológicos a través de la vivencia religiosa del arte y la música, logrando una especial repercusión la imaginería (Gregorio Fernández en Valladolid, Juan Martínez Montañés en Sevilla, Francisco Salzillo en Murcia) y el teatro (autos sacramentales de Calderón de la Barca). Buena parte de los dramaturgos son clérigos o terminan tomando los hábitos (Tirso de Molina, Lope de Vega). El uso de las imágenes religiosas y ámbitos santificados era omnipresente, y se extendió a todo tipo de fines, incluso para "proteger" una pared de los que hacían sus necesidades; acogerse a "sagrado" cuando se huye de la justicia; poner fin a las peleas a la vista de una cruz o el paso de un viático que producía procesiones espontáneas siguiendo al sacerdote que llevaba los últimos sacramentos a un enfermo grave.

Se puede hablar de una "inflación milagrera", con un total de 118 milagros recogidos en 150 Relaciones en el siglo XVII (en el último cuarto del siglo XVI habían sido sólo 13). Hubo numerosos escándalos: el de el eremita Juan de Jesús en Córdoba o la beata de Carrión (ambos en 1635), mossen Simón en Valencia... La jerarquía intentó controlar los excesos más evidentes, a veces impidiendo ritos propiciatorios ancestrales (los goigs catalanes que recordaban a divinidades paganas, las procesiones excesivamente supersticiosas en petición de lluvia o contra las epidemias o la langosta) y reprimiendo el carnaval. Todo ello con poco éxito: ante el riesgo de tormentas que amenazaban una próxima cosecha, los párrocos no podían resistirse a la presión popular que les exigía subirse a los conjuratorios de las torres para espantar el nublado. El tañido de Velilla (parroquia cercana a Zaragoza, cuyas campanas se decía que estaban fundidas por los ángeles con las treinta monedas de Judas), se oyó sin que nadie lo tocara entre 1601 y 1686, para avisar que algo malo iba a ocurrir en España, según fue comprobado y avalado por el prestigioso teólogo Padre Guadalajara (desgraciadamente, era difícil no acertar con una desgracia). En 1641 la reproducción milagrosa de la pierna cortada de Miguel Pellicer fue aprovechada para la propaganda real en la sublevación de Cataluña.

La sinceridad de la vivencia religiosa cristiana en la inmensa mayoría del pueblo no impedía que se manifestaran contradicciones y disfunciones en el funcionamiento de las instituciones religiosas. El aumento considerable de la presión económica de las fundaciones conventuales sobre los municipios produjo, ya en 1523, la petición 45 de las Cortes de Valladolid. En ella se solicitaba que los monasterios, iglesias y personas eclesiásticas no puedan comprar ni heredar bienes raíces, lo que fue concedido por Carlos V, aun previendo la confirmación del Papa, pero no tuvo cumplimiento, reiterándose en cortes sucesivas, y recibiendo la negativa de Felipe II a hacer novedad en ese asunto. En torno a 1600 Rodrigo Sánchez Doria, procurador por Sevilla, insistía en lo gravoso de ese peso sobre la economía castellana: en los lugares de más consideración las mejores casas, viñas, dehesas y heredades están en su poder, y aunque este daño es antiguo no se había notado como al presente, porque antes daban las casas a censo perpetuo y ahora las arriendan, y crecen las rentas. Aunque se fueron dictando prohibiciones, eran fáciles de eludir, y durante todo el siglo XVII la queja se renovó. Las fundaciones de conventos se hicieron muy escasas a partir de mediados del siglo XVII, y muchos de los creados con anterioridad pasaron por dificultades, al menos hasta después de la Guerra de Sucesión (1714). Eso no significó que las propiedades eclesiásticas no siguieran expandiéndose, más mediante compras de tierras que por las donaciones.

En cuanto a las élites, su devoción tenía rasgos diferenciales, empezando por la vinculación con el alto clero. Las fundaciones religiosas privadas, capellanías, etc. eran un símbolo de prestigio social. La monarquía daba ejemplo con la especial atención a determinadas instituciones, a las que vinculaba a su familia, como el convento de las Descalzas Reales de Madrid. La ocupación de cargos eclesiásticos con fines políticos, empezando por la designación de cargos eclesiásticos para los segundones de la familia real, sin que eso significara apartarlos de la primera línea política o militar (el Cardenal-Infante). Un cuidado exquisito se ponía en el nombramiento de los confesores reales, que más que significar un asunto espiritual privado de los reyes, era tratado con criterios políticos. En otras ocasiones la carrera eclesiástica era una salida al fracaso político y una manera de evitar las represalias (Duque de Lerma).

Las diócesis de Ceuta y de Tánger fueron restauradas con la ocupación portuguesa (1418 y 1459). Las plazas de Melilla y Orán fueron ocupadas por los castellanos (Cardenal Cisneros). La Conquista de las Islas Canarias fue acompañada de la creación de toda una estructura eclesiástica de nueva planta, desde las diócesis hasta las parroquias, monasterios, conventos y demás instituciones, en unas islas previamente y en otras de manera paralela a los comienzos de la colonización y evangelización de América, para la que su ejemplo sirvió de precedente.

Las misiones de los jesuitas, destacadamente de San Francisco Javier se desarrollaron de forma muy ambiciosa desde la India hasta China y Japón, bajo el control de la corona portuguesa -incluida en la Monarquía Hispánica de 1580 a 1640-. Las Islas Filipinas fueron colonizadas por España, y el peso de los clérigos fue incluso superior al que alcanzaron en la colonización americana, destacando la presencia de los llamados Agustinos Filipinos (desde 1565). Desde allí los agustinos Martín de Rada y Jerónimo Martín fueron los primeros españoles en llegar a China (1575). La presencia secular en esos lugares explica la existencia de un singular Museo Oriental en el Convento de los Agustinos Filipinos de Valladolid, que fue la sede central donde se formaba a los misioneros antes de enviarlos.

Tras el descubrimiento de Colón, los Reyes Católicos se garantizaron el apoyo papal para la conquista y colonización del Nuevo Mundo y el Patronato regio (el control de los nombramientos de todo tipo de beneficios eclesiásticos, incluídos los obispos) mediante las Bulas Alejandrinas, a cambio de la misión espiritual de la evangelización. La ejecución en la práctica de ese mandato dio lugar a instituciones controvertidas: las encomiendas, que significaron una verdadera catástrofe humana en las islas del Caribe. El Sermón de Montesinos, por el que Antonio de Montesinos denunciaba esa situación con argumentos cristianos y humanistas fue amplificado por uno de sus oyentes, el encomendero arrepentido Bartolomé de las Casas, a partir de ese momento el mayor defensor de los indígenas americanos. Su mayor opositor en España fue Juan Ginés de Sepúlveda, que en la Junta de Valladolid tuvo oportunidad de contrarrestar sus argumentos. Previamente, otro debate teológico, la Junta de Burgos había instituido el requerimiento como documento a leer en los contactos con los pueblos a descubrir, para justificar su conquista.

Fue constante del siglo XVI al XVII la emigración a América de clérigos españoles, tanto a cubrir los puestos beneficiales seculares como las misiones (sobre todo franciscanos y jesuitas). Alcanzaron particular importancia las reducciones jesuíticas del Paraguay, que fueron objeto de polémica a raíz de los acuerdos hispanoportugueses y su resistencia armada.

El cristianismo americano se hizo en buena parte a partir del sincretismo religioso (caso claro de la Virgen de Guadalupe), cuando no por la destrucción junto con su cultura material de las creencias precolombinas (vistas como idólatras y demoníacas). Algunos clérigos tuvieron un interés antropológico por ellas (Fray Bernardino de Sahagún).

La América hispana fue una sociedad compartimentada en "castas", en la que la religión cumplía un papel esencial como amortiguador de los conflictos: sor Juana Inés de la Cruz, la China Poblana, el indio Juan Diego y San Martín de Porres, son ejemplos de los papeles reservados a las mujeres, los indios y los negros en cuanto a su función religiosa.

Los alemanes llegados con la Familia Welser a Venezuela (1528-1546) con el respaldo de Carlos V fueron la primera comunidad protestante de América, pero se desmanteló en cuanto se hizo evidente su naturaleza contraria a la uniformidad católica que se pretendía para el Nuevo Mundo. También hubo otros casos individuales, pero eran reprimidos en cuanto se detectaban, y no se llegaron a formar otros núcleos protestantes hasta después de la Independencia de la América Hispana.

El Siglo de las Luces comenzó con una afirmación del regalismo de la nueva dinastía de Borbón, que acentuó el control del rey sobre el clero en perjuicio del Papa. Las negociaciones del Concordato de 1753 tuvieron altibajos, con enfrentamientos internos que supusieron el proceso inquisitorial y exilio de uno de los principales partidarios del regalismo, Melchor de Macanaz.

La prerrogativa de regium exequatur (que confería a los reyes el derecho de retener hasta dar su aprobación las bulas y breves papales), había sido utilizada en el siglo XVI por Carlos V y Felipe II, pero había caído en desuso en el siglo siguiente. El regalismo de cuño borbónico no hizo más que restaurar esta regia prerrogativa en tiempos de Carlos III (18 de enero de 1762) y ampliar su aplicación a los asuntos relacionados con el dogma. La razón fue la polémica por la condena de la Exposition de la doctrine chrétienne de François Philippe Mesenguey. De todas maneras, al poco tiempo el exequatur se declaró en suspenso. Además se establecieron los recursos de fuerza, por los cuales la administración de justicia civil (Audiencias y Consejo de Castilla) revisarían en apelación las sentencias de los tribunales eclesiásticos, pudiendo revocarlas y dictar otras si encontraban vicios de procedimiento.

Sumado a todo ello, la expulsión de la Compañía de Jesús (fuertemente vinculada al Papado) en 1767 representó el punto más extremo al que llegó la política de orientación regalista en el siglo XVIII, bajo el reinado de Carlos III, influido por Tanucci y el denominado "partido jansenista" (Campomanes). La orientación regalista también se encauzó hacia otros asuntos económicamente muy sustanciosos: el expediente sobre amortización eclesiástica; la reforma del excusado (teóricamente el diezmo del mayor contribuyente de cada parroquia); y distintas disposiciones que afectaban al clero regular (prohibición de cuestaciones en las eras excepto a los franciscanos, mercedarios y trinitarios; prohibición de ocupaciones temporales a los monjes -1767-, y ajuste del número de religiosos de cada convento a sus ingresos -1770-).

Desde principios del siglo XVIII se había iniciado un nuevo planteamiento de la misión asistencial de la Iglesia y del valor de la pobreza, como puede verse en la fundación del Monte de Piedad de Madrid por el Padre Piquer (1702). La preocupación por la no interferencia de la vida religiosa en la esfera económica produjo propuestas de reforma del calendario laboral, como la de Campomanes, quien lo criticaba por excesivo, ya que para algunos oficios gremiales y meses del año existían casi tantos días festivos como laborables (no obstante, prudentemente, no criticaba las devociones por sí mismas, ni el cumplimiento de los preceptos).

Los ilustrados dieciochescos fueron muy críticos con la Iglesia: se satirizó la degeneración de la oratoria sagrada (como en la conocida obra del padre Isla Fray Gerundio de Campazas, alias Zotes) y se criticó clandestinamente a la Inquisición (Moratín Quema de brujas en Logroño) y al modo en que se reclutaba a los miembros del clero, que, muchas veces faltos de vocación, se comportaban con frecuencia de forma licenciosa (por ejemplo, los escándalos del abuso de las confesiones: la solicitación). Se criticó incluso la implantación territorial del clero secular, muy tupida en el norte de España y muy dispersa en el sur, con zonas en Andalucía, La Mancha, Extremadura y Murcia, donde la atención pastoral era muy deficiente, mientras se hacía visibles en la vida social las figuras poco edificantes del beneficiado, que acumulaba las rentas de varios beneficios, del capellán que cantaban misa con escasos asistentes (o ninguno, aparte del monaguillo) en los palacios nobiliarios, del tonsurado, que no ejercía ninguna cura de almas o la del que recibía órdenes menores con el único fin de adquirir el fuero eclesiástico. Sobre todo eran objeto de las críticas ilustradas el excesivo número alcanzado por el clero regular (cuando no su propia función o existencia), y la distorsión al mercado e impedimentos para el desarrollo de una economía capitalista que significaban en conjunto tanto la riqueza de la iglesia (las tierras y propiedades urbanas del clero, sometidas a manos muertas y sus rentas, sobre todo el diezmo), como la manera de utilizarla: no en inversiones productivas que permitieran una acumulación de capital, sino en gastos suntuarios o en subvencionar la pobreza (en las Cortes de Cádiz un diputado liberal llegó a argumentar que la Iglesia producía pobreza justificándose en tener que socorrerla). Es significativo que la pobreza evangélica hubiera dejado de ser un valor social, y que las instituciones religiosas no recibieran críticas tanto por ser ricas como por no saber serlo: si en la época feudal se comportaron como un señorío más, en la transición al capitalismo no estaban demostrando la misma habilidad para convertirse en empresarios.

Todo es muestra del nuevo ambiente intelectual del siglo de las luces, que se había ido gestando en Europa noroccidental desde la crisis de la conciencia europea de finales del XVII y principios del XVIII, y que aunque llega tarde a España (excepto por una pequeñísima minoría de novatores), se va imponiendo sobre todo en la segunda mitad del XVIII. Emerge una nueva concepción racionalista, enciclopedista o volteriana, que en algunos puede llamarse deísta o panteísta (Bernardo de Iriarte, condenado con esos cargos por la inquisición en 1779; mientras que fueron obligados a abjurar de sus errores su hermano Tomás de Iriarte, el fabulista, en 1786 y Luis García Cañuelo, editor de El Censor, en 1788) o incluso relacionada con la masonería. Los grados en que se compartía ese programa intelectual variaban enormemente: las posturas críticas podían ser moderadas y perfectamente asumibles dentro de la mayor ortodoxia, en la línea de ilustración cristiana que había marcado Feijoo y adoptaron muchos clérigos (como Ramón Pignatelli) y buena parte de los obispos (Francisco Armañá, José Tormo, José Climent). Algunas posiciones eran más extremas, como la de Pedro Centeno (que pretendía depurar el catecismo de Ripalda, arsenal de embustes y patrañas, y las erratas, solecismos y disparates del Misal), o la del "jansenista" Joaquín Lorenzo Villanueva (De la lección de la Sagrada Escritura en lengua vulgar, un atrevimiento antes de la autorización de 1782, Recomendación de la lectura de la Biblia, que todavía parecía una costumbre protestante, y el regalista Catecismo de Estado según los principios de la religión de 1793).

Pero la gran mayoría de la sociedad, en todos los estamentos, se mantenía dentro de posiciones tradicionalistas, sobre todo en el terreno religioso. Es el momento en el que aparece la España Sagrada del Padre Flórez, un monumento historiográfico que busca en el pasado las esencias del cristianismo como rasgo esencial de lo español. Fray Diego José de Cádiz y otros predicadores capuchinos alentaban una religión afectiva y adaptada a las circunstancias locales, frente a la piedad elitista y uniformadora de los ilustrados, a través de los sermones masivos y de las misiones itinerantes, que creaban en los pueblos un clima de efusiva exaltación merced al premeditado empleo de recursos teatrales destinados a conmover los corazones de los fieles, actuando como una de las principales fuerzas opositoras a todas las corrientes ilustradas, incluso ante los recelos de buena parte del clero (denominado por aquéllos como "jansenistas").

No hay que olvidar tampoco que el ascendiente de los clérigos seguía siendo enorme, sobre todo entre las masas populares: en la coyuntura crítica del Motín de Esquilache la plebe madrileña, que había iniciado una violenta revuelta, recondujo de una manera organizada la protesta tras la intervención del Padre Yecla, un franciscano (de los denominados gilitos (del convento de San Gil), que se puso una soga al cuello y con un crucifijo salió al encuentro de las turbas. También se produjo, sobre todo durante la primera mitad del siglo, una intensificación de las peregrinaciones a Santiago de Compostela.

En la educación, se había producido incluso un aumento de la influencia clerical desde el siglo anterior, tanto entre las élites (colegios jesuitas, como el Seminario de Nobles de Madrid, hasta su expulsión) como entre el pueblo bajo, casi totalmente analfabeto y confiado a la predicación del cura o a la llegada puntual y espectacular de predicadores de misiones. Incluso los escasos maestros municipales impartían una formación fuertemente religiosa. Los colegios escolapios (orden fundada en el siglo XVII por el español San José de Calasanz) aparecieron y se extendieron en esta época. Su proliferación hizo que fuesen incluso objeto de críticas economicistas como las de Olavide: "como enseñan de balde, quitan labradores".

Otra cosa eran las élites, o al menos parte de ellas: la pérdida del monopolio intelectual como consecuencia de la irrupción de los ilustrados laicos originó no pocos choques, con víctimas de ambos bandos, como la expulsión de los jesuitas (chivo expiatorio del Motín de Esquilache, lo que no dejó de ser bien visto por órdenes religiosas rivales) y el proceso inquisitorial a Pablo de Olavide. La animadversión por parte del catolicismo casticista a todo lo afrancesado tuvo su oportunidad de volver a identificar a lo español con lo católico en la guerra contra la Convención (1792), en que los párrocos leían homilías encendidamente patrióticas contra los franceses ateos y revolucionarios (tuvo gran difusión la obra de Fray Diego de Cádiz El soldado católico en guerra de religión). La Guerra de Independencia Española intensificó esa actitud del clero, que incluso llegó a tomar las armas (como fue el caso del cura Merino).

Alcanzó mucha resonancia, pero escasa trascendencia, el denominado Cisma de Urquijo (1799), durante la invasión napoleónica de los Estados Pontificios, que devolvía a los obispos españoles algunas atribuciones que había concentrado el Papa (dispensas matrimoniales). La medida fue defendida por el obispo de Salamanca Antonio Tavira (de tendencia "jansenista"), en aplicación de las ideas del episcopalista flamenco-holandés Zeger Bernhard van Espen que estaban en el ambiente europeo desde el Sínodo de Pistoia (1786) y las medidas de la Revolución Francesa (Constitución Civil del Clero).

En esa época se produjo también la abolición definitiva de la Inquisición, que había recibido con el libro de Juan Antonio Llorente una crítica demoledora.

Con los gobiernos liberales, comenzó a plantearse la posibilidad de permitir la presencia e incluso predicación de protestantes (un interesante testimonio sobre esta actividad puede hallarse en la conocida obra de George Borrow La Biblia en España). Con anterioridad, y vinculadas al exilio, se habían producido algunas conversiones —entre ellas, la de José María Blanco White—, numéricamente poco significativas. Guillermo Harris Rule, metodista inglés, presbítero en Gibraltar, fundó en Cádiz la primera escuela (1838) y la primera iglesia (1839) del protestantismo español, que funcionó clandestinamente hasta 1868.

Un listado de protestantes españoles sólo recoge diez entradas para el siglo XIX (además de los antes citados). Dos de ellas se refieren a misioneros extranjeros: la estadounidense Alice Gordon Gulick (1847-1903) y el alemán Federico Fliedner (1845-1901). Los ocho españoles, muchos de ellos relacionados entre sí y exiliados en Gibraltar en 1863 (a causa de la presión del gobierno), son: José Alhama Teba (1826-1892, organizador de la primera iglesia evangélica de Granada); Juan Bautista Cabrera Ivars (1837-1916, escolapio, que a raíz de la revolución de 1868 obtuvo del general Prim facilidades para su actividad y fundó la primera iglesia evangélica de Sevilla. Llegó a ser el primer obispo de la Iglesia Española Reformada Episcopal (anglicana), rescatando el uso de la liturgia mozárabe); Antonio Carrasco Palomo (1842-1873, organizador de la primera iglesia evangélica de Madrid, en 1869); Juan Labrador Sánchez (1855-1935, general de artillería de la armada); Lorenzo Lucena Pedrosa (1807-1881, catedrático de Teología y vicerrector, que hizo carrera eclesiástica en Gibraltar e Inglaterra); Manuel Matamoros García (1834-1866, encarcelado por su actividad religiosa en 1861); Pedro Sala y Vilaret (1838-1916, inicialmente sacerdote católico, filósofo, ateneísta y profesor de un colegio protestante de enseñanza media en Madrid, que terminó por abandonar su militancia protestante); y Luis Usoz y Río (1805-1865, cercano a los cuáqueros, filólogo y editor de Reformistas antiguos españoles, de 1847 a 1880, especialista en Juan de Valdés, que reunió una biblioteca de 10.000 volúmenes, hoy en la sección de raros de la Biblioteca Nacional).

El 24 de enero de 1869 Julio Vizcarrondo (abolicionista de origen puertorriqueño), como presidente del Comité Central de la Unión Evangélica Española, obtuvo licencia municipal para celebrar públicamente culto protestante en Madrid. Las divisiones entre los protestantes españoles multiplicaron las denominaciones de sus iglesias: La primera asamblea de la Iglesia Reformada Española (1869) dará paso a la Iglesia Cristiana Española (1871) y a la Iglesia Evangélica Española (1897), todas ellas de régimen presbiteriano. El régimen episcopal produjo una escisión denominada Iglesia Española Reformada Episcopal (anglicana) (1880, la de Juan Bautista Cabrera). Por otro lado, la Iglesia Bautista se fundó en Madrid el 10 de agosto de 1870.

El reinado de Isabel II comenzó con un enfrentamiento claro de los liberales contra el clero, pero la situación se recondujo tras el abrazo de Vergara. La búsqueda de un acercamiento de la intelectualidad católica a la nueva situación la encarna la obra y trayectoria vital del sacerdote y filósofo Jaime Balmes (1810-1848) —autor de El Criterio, El protestantismo comparado con el catolicismo en sus relaciones con la civilización europea y el manual La religión demostrada al alcance de los niños—, partidario del aperturismo liberal de Pío IX, ante la incomprensión de la mayor parte de la opinión católica española, profundamente tradicionalista, y que incluso pretendió superar la división dinástica con un matrimonio entre Isabel II y el heredero de la rama carlista.

Los gobiernos moderados se reconciliaron con el papado, firmándose el Concordato de 1851. La clave fue la renuncia del clero a la recuperación de los bienes desamortizados, mientras que el estado se comprometía al mantenimiento de un Presupuesto de Culto y Clero. España seguiría siendo un estado confesional, con capellanías en el ejército y las prisiones. Se mantendrían las peculiaridades del derecho canónico y la condición católica del matrimonio. La propia reina se rodeó de lo que Valle Inclán llamaba la corte de los milagros, en la que figuraban Sor Patrocinio (la monja de las llagas) y San Antonio María Claret, fundador de la orden claretiana. Isabel II recibió la Rosa de Oro, la más importante condecoración papal, que suponía un apoyo no por simbólico menos importante, teniendo en cuenta que hasta entonces el pretendiente carlista había sido mejor visto por la jerarquía eclesiástica.

La revista jesuita Razón y Fe se centró en la defensa de la función docente de la Iglesia, tanto en las escuelas públicas como en las de las congregaciones religiosas, presentando la enseñanza confesional reconocida en el Concordato como una función patriótica.

El sexenio revolucionario significó un nuevo periodo de desencuentro entre gobiernos progresistas, demócratas y republicanos y la Iglesia, que no estaba en condiciones de organizar un partido político con una base electoral suficiente, como el Zentrum alemán. Los llamados neocatólicos no fueron una fuerza parlamentaria decisiva. Hay que recordar que cuestiones como la soberanía nacional o el mismo concepto de liberalismo habían sido recientemente declarados anatemas por la Iglesia Católica. Ya en época de la Restauración, tuvo una amplia difusión el libro de Felix Sardà i Salvany El liberalismo es pecado (1884), que recibía el sobrenombre de la Biblia de los intransigentes. La Constitución de 1869 fue la primera de las españolas en reconocer la libertad religiosa, el matrimonio civil y los derechos civiles plenos para los no católicos (artículo 27). El código civil de 1889, en el contexto nuevamente confesional de la Restauración, reconocía dos formas de matrimonio: el civil y el canónico que deben contraer todos los que profesan la religión católica, frase que suscitó distintas interpretaciones.

La Iglesia protagonizó un espectacular resurgimiento en España en el último cuarto del siglo XIX, gracias a la actualización de su función social. Estimulada por el papado, llevó a cabo un amplio programa de actuación social, sobre todo en educación y labor asistencial. La doctrina social de la iglesia, definida por el magisterio pontificio, se difundió sin tensiones graves, aunque un sector estaba intranquilo por lo que se percibía como una sensibilidad demasiado avanzada, a pesar de su evidente paternalismo y actitud de respuesta a la amenaza del encuadramiento obrero con los movimientos socialistas y anarquistas. Si las encíclicas me despojan, me haré cismático, llegó a decir un diputado.

Los Círculos Católicos de Obreros (que no habían tenido demasiado éxito en Francia o Bélgica) fueron introducidos por el jesuita Antonio Vicent, para restaurar la caridad y la abnegación en el patrono y la paciencia y la religiosidad en el obrero. Nunca pasaron de ser centros piadosos y de recreo en locales cedidos por los patronos. Aunque se extendieron por toda España, para 1900 estaba claro que sólo tenían una presencia efectiva en zonas rurales, donde desarrollaron algunos proyectos cooperativos. Incluso canónigos como Arboleya los censuraban por insistir más en las obligaciones de los obreros que en las de los capitalistas, y no proponer seriamente la reivindicación de derechos ni la reparación de injusticias.

La exigencia de que las enseñanzas en la universidad fueran conformes a la doctrina católica produjo la salida de un nutrido grupo de intelectuales cercanos al krausismo, liderados por Francisco Giner de los Ríos, que fundaron la Institución Libre de Enseñanza. La intelectualidad católica también contaba con figuras de nivel, como el polígrafo Marcelino Menéndez Pelayo.

Para 1902, la Institución Libre de Enseñanza y otras instituciones laicas no llegaban a las cien escuelas, mientras que las dirigidas por instituciones religiosas eran casi cinco mil, repartidas entre 294 comunidades religiosas masculinas y 910 femeninas. Ejercían en la práctica el monopolio de la enseñanza secundaria (un ochenta por ciento del alumnado). El interés por aumentar su presencia también en la escuela primaria, donde solo estaba escolarizado en centros religiosos un tercio de los alumnos, produjo la fundación de las Escuelas del Ave María por el sacerdote y pedagogo Andrés Manjón.

A partir de principios de siglo, la acción social católica se reorientó desde el interclasismo de los Círculos Católicos a la creación de sindicatos católicos que representaran únicamente a los obreros, aunque no tuvieron un crecimiento comparable a los sindicatos de izquierda, a excepción de los Vizcaya y Guipúzcoa, donde apareció Solidaridad de los Trabajadores Vascos (ELA-STV), un sindicato de orientación católica y nacionalista vasca, cercano al PNV.

La Ley del candado (1910), promulgada por el gobierno Canalejas, impidió el establecimiento de nuevas órdenes religiosas, cuya expansión era vista con recelo por los liberales dinásticos, cuyo anticlericalismo no era tan radical como el de la oposición republicana.

Con la creación del Ministerio de Instrucción Pública comenzó un enfrentamiento explícito entre los gobiernos liberales y la enseñanza religiosa. Con motivo de los decretos que pretendían controlar la contratación de profesorado, el arzobispo de Sevilla pronunció en el Senado (1901) un discurso en que por primera vez la Iglesia propugnaba la defensa de la libertad de enseñanza (hasta entonces considerada un anatema, como en el escándalo de la expulsión de los krausistas): el monopolio de la enseñanza... era el camino abierto a la esclavitud de los espíritus, mientras que la "libertad de enseñanza, por la emulación que crea, hace que todos trabajen para eumentar sus conocimientos... enseñadores y enseñados, maestros y discípulos". Se crea la Federación de Amigos de la Enseñanza (FAE)y es aprobada por el papa la Institución Teresiana (1924, aunque había sido iniciada en 1911 por San Pedro Poveda).

Los primeros años del siglo son también los del lanzamiento de una cabecera periodística que representará la opinión católica: el diario El Debate.

El Estado, las regiones, las provincias y los Municipios, no mantendrán, favorecerán, ni auxiliarán económicamente a las Iglesias, Asociaciones e Instituciones religiosas.

Una ley especial regulará la total extinción, en un plazo máximo de dos años, del presupuesto del Clero.

Quedan disueltas aquellas Órdenes religiosas que estatutariamente impongan, además de los tres votos canónicos, otro especial de obediencia a autoridad distinta de la legítima del Estado. Sus bienes serán nacionalizados y afectados a fines benéficos y docentes.

Los cementerios estarán sometidos exclusivamente a la jurisdicción civil. No podrá haber en ellos separación de recintos por motivos religiosos.

Todas las confesiones podrán ejercer sus cultos privadamente. Las manifestaciones públicas del culto habrán de ser, en cada caso, autorizadas por el Gobierno.

Nadie podrá ser compelido a declarar oficialmente sus creencias religiosas.

Las disposiciones relativas a la libertad religiosa y determinadas limitaciones previstas en la constitución (artículos 26 y 27) son interpretadas habitualmente en el sentido de que la Segunda República Española dispuso de una legislación claramente anticlerical. En la práctica, las más importantes y polémicas eran la supresión del presupuesto de Culto y Clero y las exenciones impositivas, y las relativas a la enseñanza y la supresión de la Compañía de Jesús. Otras de menor trascendencia eran la secularización de los cementerios, necesidad de autorización para las manifestaciones públicas de culto, prohibición a los eclesiásticos del acceso a las más altas magistraturas del Estado, etc.).

La concesión del sufragio femenino en 1932 tuvo detractores desde ambientes progresistas por considerar que las mujeres votarían según la orientación de sus confesores (enfrentamiento entre Clara Campoamor y Victoria Kent).

Mientras en la España marxista se vive sin Dios, en las regiones indemnes o reconquistadas se celebra profusamente el culto divino y pululan y florecen nuevas manifestaciones de la vida cristiana.

La Carta colectiva del episcopado español durante la Guerra Civil Española tuvo una gran repercusión internacional, atrayendo apoyos al bando franquista, sobre todo entre los católicos franceses y estadounidenses y el Vaticano. Ante la supresión casi total de las actividades de culto en la zona republicana y los asesinatos de miles de personas especialmente relacionadas con la Iglesia (obispos —13 de un total de 70—, sacerdotes, religiosos masculinos y femeninos y seglares), el documento consideraba la situación como una persecución religiosa y a sus víctimas como mártires, y justificaba la sublevación militar como algo providencial: una verdadera Cruzada que debía salvar a España del ateísmo marxista.

Entre los obispos con más destacada actividad durante la Guerra Civil estuvieron Enrique Plá y Deniel (Las dos ciudades, 1936; El Triunfo de la Ciudad de Dios y la resurrección de España, 1939) y los cardenales Pedro Segura e Isidro Gomá. La influencia vaticana en el nuevo Estado Nacional de Franco fue muy importante, tanto que incluso consiguió impedir (enero 1939) la ratificación de un convenio de cooperación cultural firmado con la Alemania nazi, que veía como peligroso en términos ideológicos. No obstante hubo algún obispo (Francisco Vidal y Barraquer) que se negó a firmar la Carta colectiva y que se negó a reconocer el régimen franquista, muriendo exiliado en Roma.

Paradójicamente, hubo también religiosos muertos por las tropas franquistas, aunque en reducido número: varios sacerdotes católicos relacionados con el nacionalismo vasco y algunos miembros de otras confesiones, al menos un testigo de Jehová que se declaró objetor de conciencia y un pastor protestante (amigo de Unamuno) que además era masón. La masonería fue un movimiento que, precisamente por no ser religioso sino su contrafigura, fue especialmente reprimido por el bando vencedor, que tuvo hacia la presunta conspiración judeomasónica una verdadera obsesión.

El Estado asumirá la protección de la libertad religiosa, que será garantizada por una eficaz tutela jurídica que, a la vez, salvaguarde la moral y el orden público...

El Estado reconoce y ampara a la familia como institución natural y fundamento de la sociedad, con derechos y deberes anteriores y superiores a toda ley humana positiva. El matrimonio será uno e indisoluble. El Estado protegerá especialmente a las familias numerosas.

Con un lenguaje marcadamente agustinista, el Concordato de 1953 reconocía importantísimas áreas competenciales al papado, y una libertad de expresión y actuación de la que no gozaba ninguna otra institución ni individuo (cosa que produciría conflictos en el futuro), al tiempo que garantizaba a Franco el ejercicio del derecho de presentación de obispos que tradicionalmente correspondía los reyes (y que continuó vigente y utilizado hasta que Juan Carlos I renunció a él en julio de 1976).

La Religión Católica, Apostólica Romana, sigue siendo la única de la Nación española y gozará de los derechos y de las prerrogativas que le corresponden en conformidad con la Ley Divina y el Derecho Canónico.

El Estado español reconoce a la Iglesia Católica el carácter de sociedad perfecta y le garantiza el libre y pleno ejercicio de su poder espiritual y de su jurisdicción, así como el libre y público ejercicio del culto... la Santa Sede podrá libremente promulgar y publicar en España cualquier disposición relativa al gobierno de la Iglesia y comunicar sin impedimento con los Prelados, el clero y los fieles del país, de la misma manera que éstos podrán hacerlo con la Santa Sede.

Gozarán de las mismas facultades los Ordinarios y las otras Autoridades eclesiásticas en lo referente a su Clero y fieles.

Los católicos eran considerados como una de las familias del franquismo, y el nacionalcatolicismo como una de sus principales señas de identidad, al menos hasta el Concilio Vaticano II, pero eso no ocultaba la existencia de distintas corrientes dentro del complejo mundo englobado en la expresión "los católicos": desde posturas cercanas a la democracia cristiana europea (Joaquín Ruiz-Giménez), los activistas de la Acción Católica y sus secciones (presentes en el mundo laboral, a veces solapados e incluso enfrentados con la "familia nacionalsindicalista" o falangista), la prensa católica (Ángel Herrera Oria y el diario Ya) o la debatida actividad del Opus Dei, fundado en 1928 por José María Escrivá de Balaguer, pero que alcanza desde finales de los años cincuenta una considerable presencia en el mundo político (los ministros tecnócratas: Gregorio López Bravo, Laureano López Rodó) y económico (Banco Popular) viéndose afectada por la repercusión mediática y la instrumentalización política de algunos escándalos del final del franquismo (Matesa). Más tarde, el fundador sería beatificado (1999) y canonizado (2002) por Juan Pablo II, tras convertir a la Obra en una prelatura personal.

A partir del Concilio Vaticano II (que fue calificado como un "aggiornamento" o puesta al día), la Iglesia española experimentó profundas transformaciones, empezando por las relativas a la aplicación de sus consecuencias. Las más evidentes fueron los cambios litúrgicos: de la misa en latín a las lenguas vernáculas (en la mayor parte de España en castellano, y en menor medida en las demás lenguas no oficiales en ese momento —catalán, gallego y vasco—, con alguna controversia). El aspecto tradicional de las iglesias, recargadas de imágenes, es sustituido en las de nueva creación por espacios diáfanos, vitrales abstractos y simplicidad decorativa, que deja un protagonismo máximo a los crucifijos de grandes dimensiones, lo que las hace asemejarse a los templos protestantes. Habían marcado el precedente las iglesias de los agustinos de Moratalaz y de los dominicos de Alcobendas (1955), ambas de Miguel Fisac, en ese momento próximo al Opus Dei. La música de órgano, el gregoriano y la polifonía pierden su monopolio, y comienza a ser habitual encontrarse con grupos musicales juveniles que introducen instrumentos propios del pop (guitarras, percusión) y cambian los hábitos por un atuendo más callejero, como hacen los mismos sacerdotes, no sin escándalo de la opinión más conservadora.

Cada vez se hizo más habitual la presencia de cristianos en la oposición al franquismo, incluyendo a miembros de la jerarquía apoyados por el pontificado de Pablo VI (considerado "progresista"), con notables escándalos, como el protagonizado por Monseñor Añoveros. Cabeza visible de esta corriente era Vicente Enrique y Tarancón, que ya se había hecho notar por su sensibilidad social en marzo de 1950 con una pastoral titulada El pan nuestro de cada día, y que demostró tener la confianza del Vaticano al suceder al "conservador" Casimiro Morcillo en el arzobispado de Madrid (1971, en un momento delicado, los últimos años de Franco, que aún ejercía el derecho de presentación de obispos). Tarancón, que había sido en los años 1950 secretario del Episcopado Español, se convirtió en presidente de la conferencia episcopal española (institución fundada en 1966).

En lo que empezó a denominarse comunidades cristianas de base se contó con la presencia de los llamados curas obreros, entre los que destacó el Padre Llanos, en el Pozo del Tío Raimundo (periferia chabolista de Madrid). Las Hermandades Obreras de Acción Católica (HOAC) empezaron a entrar en contacto con la actividad de los sindicatos clandestinos vinculados a los partidos ilegales (socialista o comunista), fundándose uno de inspiración cristiana: la USO (Unión Sindical Obrera). El mundo del nacionalismo vasco, siempre próximo al clero local, vio cómo al tradicional PNV se le añadía una escisión partidaria de la acción terrorista (ETA), que fue evolucionando hacia la ideología marxista y tercermundista. En el ámbito social, la presencia del clero fue esencial en el movimiento cooperativista de Mondragón (fundado por José María Arizmendiarrieta en 1956). En Cataluña, el Monasterio de Montserrat acogió en diversas ocasiones a movimientos catalanistas y de oposición al franquismo. Además de Unió Democràtica de Catalunya, el partido democristiano catalanista existente desde la Segunda República, se fundó en 1956 Crist i Catalunya o Catòlics Catalans, reconvertido en la Convergència Democràtica de Catalunya de Jordi Pujol, que tuvo en el mismo monasterio su asamblea fundacional el 17 de noviembre de 1974.

Más importante numéricamente fue la parte los obispos y de los movimientos católicos de actitudes más tradicionales o "conservadoras", incluso algunos que pueden considerarse próximos al búnker (ultraderecha): tanto en la jerarquía (Monseñor José Guerra Campos, de destacada actividad en las cortes franquistas, y fundador de la Hermandad Sacerdotal Española), como en movimientos de inspiración católica, pero cuya vinculación con la iglesia institucional es más lejana, y que se implicaron en actividades violentas (Guerrilleros de Cristo Rey).

Muchos clérigos y seglares católicos salieron al exterior en labores misionales, siendo especialmente importante la presencia de clérigos españoles en América Latina, donde algunos de ellos participaron en la construcción del movimiento denominado teología de la liberación, enfrentándose con las estructuras de poder político y económico, y con el mismo Vaticano (Ignacio Ellacuría, asesinado con otros jesuitas en El Salvador, o Pedro Casaldáliga que prosigue su actividad en Brasil).

Pero lo que puede considerarse como cambio más llamativo de la última etapa del franquismo fue la secularización de la sociedad española. La modernización económica, la emigración del campo a la ciudad o a Europa, la influencia del turismo y la apertura al exterior, fueron todos factores que influyeron en una cada vez mayor liberalización de las costumbres: crisis de la familia tradicional, búsqueda de la planificación familiar, uso de anticonceptivos, relaciones prematrimoniales, nuevas formas de ocio, movimientos juveniles, un incipiente feminismo... Los valores de la sociedad de consumo, urbana e industrial prevalecían sobre los valores de la sociedad preindustrial. El distanciamiento que grupos cada vez mayores de la población española demostraban con sus actitudes y opiniones no tenía que ver, como en los años anteriores a la guerra civil, con un anticlericalismo violento. Tampoco era consecuencia de las consignas políticas de izquierda, de seguimiento minoritario, que consideraban a la Iglesia como uno de los "poderes fácticos". La "España real" se alejaba cada vez más de la "España oficial", y junto a esta, de lo que se identificaba con ella, incluidas las prácticas religiosas, a pesar de las transformaciones que pretendían hacerlas atractivas para jóvenes y gentes de sensibilidad avanzada. La llamada crisis de vocaciones amenazaba con vaciar los seminarios y los conventos, al tiempo que, por otros motivos, se llenaba la cárcel especial para religiosos y se acumulaban peticiones se secularización de sacerdotes. Los tiempos de la posguerra, en que hubo incluso reclutamiento de "vocaciones tardías", habían quedado atrás.

2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.

3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.

La Constitución de 1978, aun proclamando la libertad religiosa, otorga un tratamiento especial de la Iglesia Católica. Mucho más compromisos por parte del Estado obtuvo el Vaticano en el Concordato de 1979, tildado por algunos juristas de preconstitucional. Una parte de esas concesiones fue la garantía de continuidad de la financiación de la Iglesia Católica, que incluso ha ido más allá del Concordato, que preveía la autofinanciación en un futuro que sucesivamente se ha ido retrasando, aunque los últimos acuerdos lo hacen parecer próximo. Como procedimiento para los pagos, se ha venido fijando un porcentaje del IRPF (impuesto de la renta) de los contribuyentes que marcan voluntariamente una casilla (un tercio del total de declaraciones) sin que esto suponga para ellos pagar más. Todos los años ha habido necesidad de suplementar esa cantidad. El total fue de 144 millones de euros en 2005. Además de eso, la Iglesia goza de exenciones de impuestos (que están siendo cuestionadas por la Unión Europea), y subvenciones a múltiples instituciones por muy distintas razones, normalmente en atención a su función social (educativa, asistencial, cultural, preservación del patrimonio, etc.). Las demás confesiones religiosas suelen quejarse por no recibir un trato semejante.

La Conferencia Episcopal Española suele presentarse por los medios de comunicación dividida entre obispos de dos sensibilidades: "moderada" (ya no suele utilizarse el término "progresista" de los años 1970), y "conservadora", ganando terreno esta última a partir de los años 1980 (presidencias de Elías Yanes, Antonio María Rouco Varela, y en los últimos años Ricardo Blázquez Pérez). También se han reflejado tensiones territoriales que reproducen las existentes en la configuración autonómica del estado. Se ha llegado a solicitar al Vaticano la constitución formal de una conferencia separada o Provincia Tarraconense para las diócesis catalanas, que suelen coordinarse entre sí. De un modo similar también lo hacen las diócesis vasconavarras. A pesar de todo ello, la sujeción a la autoridad papal, transmitida directamente o mediante la figura de el Nuncio apostólico ha hecho que fueran escasos los momentos que pueden considerarse verdaderamente problemáticos. Quizá los más notables fueron los protagonizados por la actitud polémica hacia el terrorismo de ETA del obispo de San Sebastián José María Setién, que no obstante siempre recibió la solidaridad de la Conferencia. Mucha menor trascendencia han tenido algunos enfrentamientos entre diócesis, como la de los pueblos aragoneses que han pasado a depender de Huesca y reclaman su patrimonio artístico que está depositado en Lérida, en un litigio que ha llegado al Vaticano y aún no está resuelto.

En cambio, las visitas a España de Juan Pablo II, desde 1982, permitieron la visibilización de la fuerza del catolicismo "tradicional", pasada la Transición. Es muy notable que las movilizaciones masivas contra determinados proyectos políticos hayan sido mucho más importantes en los últimos años (sobre temas relativos a la enseñanza y el matrimonio homosexual) que los realizados en los años 1980 contra el divorcio y el aborto.

Estadísticas comparativas consideran que España es el octavo país católico del mundo por número de fieles: 37,165,000 (un 87.79% de un total de 42,335,000 habitantes), y su estructura institucional es de las más desarrolladas (70 diócesis, 25,281 sacerdotes -16,920 de ellos diocesanos y el resto "religiosos"- 176 diáconos permanentes, 13,364 religiosos masculinos 52,243 religiosas femeninas y 22,680 parroquias).

Las encuestas de adscripción religiosa del CSIC están sujetas a todo tipo de interpretación o valoración, así como el porcentaje de contribuyentes que ponen la "crucecita" en la declaración de la renta (un tercio). Otras cosas son evidentes: consciente o inconscientemente la vida de la mayoría de los españoles sigue presidida por un ritmo sacramental cristiano (bautizo, comunión, boda, funeral), aunque el porcentaje de seguimiento de estas prácticas se ha reducido sustancialmente: las bodas civiles han pasado del 24% en 2000 al 44% en 2006. Los nombres que se ponen a los hijos siguen siendo los cristianos, incluso entre los no creyentes. El ritmo laboral sigue marcado por las "fiestas de guardar" (sea cual sea el valor espiritual que les den los que las disfrutan, puesto que domingos, festivos y vacaciones están casi mayoritariamente secularizados y sometidos a las nuevas formas de ocio). No hay en España un debate similar al francés para la "multiculturalización" del calendario de fiestas.

La secularización generalizada de todos los ámbitos de la vida social, hace que se produzcan interferencias entre las creencias particulares de los católicos y lo que se espera socialmente del ejercicio de algunas actividades profesionales, notablemente en el caso de los médicos y los farmacéuticos. Se han llegado a dar conflictos en este ámbito, utilizando un considerable número de ellos el recurso a la objeción de conciencia en temas como la práctica legal de abortos, la dispensación de anticonceptivos y la llamada píldora del día siguiente. En el caso de los jueces, la aplicación de la ley del matrimonio homosexual ha suscitado también un intento similar, que no ha sido admitido por el Consejo General del Poder Judicial.

Las manifestaciones multitudinarias siguen significando movilizaciones de identidad local, regional o nacional: Semana Santa en España, Romería del Rocío, Procesión del Corpus de Toledo, Misterio de Elche, pasiones vivientes, ciclo festivo de la Navidad (con costumbres como el belenismo, o los regalos de Reyes), cofradías que presiden la vida social de algunas localidades (blancos y azules en Lorca), devociones muy extendidas en determinados colectivos (rosarios, novenas, vigilias, campanilleros...). Desde un punto de vista quizá frívolo, pueden considerarse las fiestas de moros y cristianos, muy significativas por la identificación con la concepción de la historia que transmiten, con un referente religioso al fin y al cabo.

En muchas localidades rurales, la misa dominical sigue siendo el principal acto social. Los ritmos anuales ligados a la naturaleza y la agricultura siguen siendo importantes en las zonas rurales, y hacen que las festividades religiosas ligadas a la cosecha de cereal y a la vendimia sigan siendo muy importantes (San Juan, la Virgen de Agosto...). En cambio el carnaval, considerado tradicionalmente como una "contrafigura" de la Semana Santa, se ha secularizado por completo. En el lado contrario, la identificación nacionalista (Monserrat), localista (Virgen de los Desamparados, Virgen de la Macarena) o "hispánica" (Virgen del Pilar, Virgen de Covadonga), de profundo arraigo en una sensibilidad fácilmente manipulable, permite la instrumentalización política de las devociones religiosas, que sin llegar a la violencia de épocas pasadas, produce puntualmente algún escándalo (por ejemplo los suscitados por las parodias de Els Joglars).

Juan Pablo II tuvo en sus visitas a España varias referencias a este tópico.

Desde 1895 hay actividad religiosa del cristianismo ortodoxo u oriental en España, actualmente en dos parroquias diferentes, cada una dependiente de su patriarcado: la parroquia de San Andrés y San Demetrio (Madrid, 1949, consagrada en 1973) de la Iglesia Ortodoxa Griega, que depende de Constantinopla a través del exarca de París; y la parroquia de la Santísima Virgen María (1979, aún sin templo propio) de la Iglesia Ortodoxa Rumana, dependiente del Patriarcado de Rumanía.

Las distintas confesiones protestantes españolas, muy divididas, se han visto estimuladas a constituir conjuntamente la FEREDE (Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, 10 de noviembre de 1992) para posibilitar el diálogo con el Estado español, dado que se consideró al protestantismo como una de las religiones de "notorio arraigo", condición que comparte con el Islam y el judaísmo (no obstante, cada una de las confesiones tiene que inscribirse separadamente en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia).

Algunas estimaciones calculan en un millón doscientos mil el número de protestantes en España, cuatrocientos mil españoles de origen y ochocientos mil inmigrantes latinoamericanos o europeos.

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