Ingrid Betancourt

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Publicado por daryl 01/03/2009 @ 13:37

Tags : ingrid betancourt, colombia, américa latina, internacional

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Íngrid Betancourt

Íngrid Betancourt

Íngrid Betancourt en Pisa, Italia en 2008.

Íngrid Betancourt Pulecio (n. Bogotá, 25 de diciembre de 1961) es una política colombiana que también posee nacionalidad francesa. Durante la década de 1990 se desempeñó primero en la Cámara de Representantes de Colombia, donde alcanzó un alto reconocimiento por su actividad contra la corrupción política, abogando por una salida pacífica del conflicto armado de su país. Después de renunciar al Partido Liberal tras haberlo denunciado en la crisis conocida como Proceso ochomil, postuló por el Partido verde Oxígeno al Senado en las elecciones legislativas del año 1998, siendo electa con la primera mayoría nacional. Renunció a su escaño en el año 2001 para postularse a la presidencia de su país en las elecciones del año 2002.

El 23 de febrero de 2002, en momentos que se dirigía a la zona de distensión establecida por el entonces presidente Andrés Pastrana con el fin de realizar conversaciones de paz con la guerrilla de las FARC, fue secuestrada junto a su acompañante y asesora Clara Rojas. Su secuestro, que tuvo una duración de seis años, cuatro meses y nueve días, mantuvo en vilo a Colombia, así como a Francia y otros países. Durante su cautiverio sufrió los rigores de su reclusión en zonas selváticas de Colombia, junto con varios compañeros en su prisión. Su caso ganó crecientes sentimientos de solidaridad, convirtiéndose en una cause célèbre. Su situación dio un dramático vuelco el 2 de julio de 2008, cuando miembros de las Fuerzas Armadas realizaron una operación de inteligencia militar que tuvo como resultado su liberación junto con tres contratistas estadounidenses y once miembros del Ejército Nacional, que habían permanecido secuestrados algunos por más de diez años. Su liberación por medio de la llamada Operación Jaque constituyó un gran triunfo político para el gobierno de Álvaro Uribe.

Betancourt ha recibido varias distinciones internacionales. En mayo de 2008, aun cautiva, fue declarada presidenta de honor del congreso internacional de los Partidos Verdes, que tuvo lugar en Sao Paulo. Igualmente recibió la Legión de Honor francesa en el grado de Caballero y fue propuesta, junto a los otros catorce rehenes rescatados de las FARC para el Premio Nobel de la Paz. En 2008 obtuvo el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia. El 30 de noviembre de 2008 fue designada embajadora y vocera de los familiares de secuestrados de Colombia. En el mes de enero de 2009 personalidades italianas volvieron a proponer su nombre para el Premio Nobel de la Paz ante el Comité del Premio Nobel en Oslo.

Hija de Gabriel Betancourt, Ministro de Educación y fundador del ICETEX (Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior) durante la dictadura del General Gustavo Rojas Pinilla y de Yolanda Pulecio, quien fue reina de belleza y Representante a la Cámara por Bogotá. Betancourt cursó sus estudios de secundaria en el Liceo Francés de Bogotá y más tarde Ciencias Políticas en Francia en el Instituto de Estudios Políticos de París (popularmente conocido como Sciences Po'), se especializó en comercio exterior y relaciones internacionales. Vivió varios años en París donde su padre se desempeñaba como embajador ante la Unesco. Allí conoció a su primer marido, el diplomático francés Fabrice Delloye con quien se casó en 1981 y se separó en 1990. De este matrimonio tuvo dos hijos, Melanie y Lorenzo.

Regresó a Colombia en 1989 después del asesinato del líder liberal y candidato presidencial Luis Carlos Galán de quien su madre Yolanda, había sido colaboradora y amiga. Se divorció en 1990 y se unió al Partido Liberal inicialmente desempeñándose como asesora del Ministro de Hacienda Rudolf Hommes, y de Comercio Exterior, Juan Manuel Santos, durante el gobierno de César Gaviria.

En 1994 se lanza a la Cámara de Representantes haciendo fórmula con Claudia Blum que aspiraba al Senado, Betancourt obtiene 15.800 votos que le permitieron salir elegida, allí se destacó por sus denuncias en contra de la corrupción. Junto con los parlamentarios María Paulina Espinosa, Guillermo Martínez Guerra y Carlos Alonso Lucio, formaron un bloque que se conoció como «Los cuatro mosqueteros» y que hizo importantes denuncias de corrupción. Betancourt inicialmente apoyó al presidente liberal Ernesto Samper, pero más tarde sería una de sus más fuertes contradictoras al destaparse el escándalo del proceso 8.000, que revelaba la filtración de dineros de las mafias del narcotráfico del Cartel de Cali en la financiación de la campaña política que llevó a Samper a la presidencia. Durante esta época y junto con Guillermo Martínez Guerra realizó una huelga de hambre en el Congreso de la República para protestar por la conformación de la Comisión de Acusaciones de la Cámara que absolvió al presidente Samper dentro del escándalo. Betancourt continuaría denunciando en el Congreso los vínculos entre la clase política y los narcotraficantes, razón por la cual recibió en 1996 varias amenazas de muerte por lo que toma la decisión de enviar a sus hijos fuera del país a vivir con su padre. Igualmente se enfrentó a sus copartidarios cuando en marzo de 1997, en medio de una convención del liberalismo gritó "En el Partido Liberal hay intereses mafiosos" y continuó “Desde hace muchos años el Partido Liberal viene teniendo unas relaciones vergonzosas con los delincuentes del país". Íngrid fue abucheada y sacada del recinto.

Para las elecciones de 1998 dejó el Partido Liberal y fundó el Partido Verde Oxígeno, afín a los partidos verdes europeos aunque su principal bandera fue la lucha contra la corrupción.

En 1998 llega al Senado de la República con la votación más alta del país, más de 150.000 votos, durante su gestión como parlamentaria lideró el referendo contra la corrupción con el objetivo de realizar una Reforma Política anticlientelista. Sin embargo esta posibilidad se frustró después de que más de 500 mil firmas fueran anuladas por la Registraduría. Para esta época decide respaldar la candidatura presidencial de Andrés Pastrana con el compromiso de que este realice la Reforma Política una vez que alcance el poder. Pastrana incumplió su promesa e Íngrid dijo haberse sentido traicionada.

Betancourt se casó por segunda vez con el publicista colombiano Juan Carlos Lecompte. Durante este período escribe el libro La Rage au cœur, (La rabia en el corazón), originalmente publicado en francés, sobre su visión de la corrupción durante el gobierno de Ernesto Samper. El libro fue un "bestseller" en Francia mientras que en Colombia fue muy criticado. El ex presidente Samper demandó la publicación del libro en Francia por considerar que presentaba acusaciones sin fundamento en su contra buscando que el libro fuera retirado del mercado. Un tribunal de París resolvió que el libro incluyera la nota de protesta de Samper pero no prohibió su publicación.

En las elecciones regionales de 1999 el Partido Verde Oxígeno obtiene su mayor logro con la alcaldía del municipio de San Vicente del Caguán en Caquetá, parte de la Zona de Distensión en la cual el gobierno celebraba diálogos con la guerrilla de las FARC.

Durante su carrera política, Íngrid despertaría el interés en la opinión pública por su lenguaje directo e irreverente denunciando la corrupción de los grandes caciques políticos del país, y por su forma simbólica de hacer política, desligada de la clase política tradicional, además de la huelga de hambre que realizó en el Congreso, también son recordados los episodios en los que repartió condones en las calles argumentando que "la corrupción es el sida de la política en Colombia" y Viagra para "parar a los corruptos", así como el momento en que daba a conocer su programa montada en una Chiva y cuando inició su campaña a la presidencia dándole tres besos a la estatua del libertador Simón Bolivar en la Plaza de Bolívar de Bogotá.

En 2001 renunció a su escaño en el Senado aduciendo que aquel era un "nido de ratas" y presentó su aspiración para llegar a la presidencia en la campaña de 2002 por el partido Verde Oxígeno. En dicha campaña, con su acostumbrado estilo polémico, no ahorró calificativos para sus adversarios Horacio Serpa y Álvaro Uribe Vélez, del primero cuestionó el haber estado involucrado en el escándalo de corrupción del proceso 8.000 “¿Cómo una persona que estuvo alcahueteando lo que estaba sucediendo en el gobierno de Samper puede hoy en día decir que quiere luchar contra la corrupción?” dijo. Mientras del segundo cuestionó sus supuestos vínculos con el paramilitarismo: “Yo diría que Alvaro Uribe tolera los asesinatos en Colombia como un método de enfrentar la guerrilla”. De igual forma a la candidata Noemí Sanín le reclamaba el presentarse como candidata independiente mientras hacía alianzas con políticos tradicionales como Fabio Valencia Cossio. No obstante, Íngrid presentaba un respaldo muy bajo en las encuestas. Antes de ser secuestrada aparecía sólo con un 0,8% de intención de voto, en parte debido a que la publicación de su libro La rabia en el corazón que había tenido gran acogida en Francia, había generado polémica en Colombia en detrimento de la imagen de Betancourt, puesto que según los sus críticos afectaba la "buena imagen" del país en el exterior. A la vez que se imponía Uribe, el candidato considerado de mano dura frente a la guerrilla tras los evidentes fracasos de los diálogos de paz del Caguán del Gobierno Pastrana.

Como aspirante presidencial asistió a una reunión con los jefes guerrilleros de las FARC en una sesión especial con los candidatos por invitación del gobierno en la zona de distensión, allí sentada frente a algunos de los principales miembros del secretariado les increpó por la práctica del secuestro y pidió que acabaran definitivamente con dicho método. Que liberaran a todos los secuestrados. Que sin ese paso, la paz y la reconciliación entre los colombianos no era posible.

Al suspenderse los diálogos con las FARC en febrero de 2002 el gobierno de Pastrana ordena la toma de la llamada Zona de Distensión por parte del ejército.

Para el 23 de febrero, el presidente Pastrana viaja a San Vicente del Caguán con el objetivo de reconocer la presencia de la fuerza pública nuevamente en el municipio. Íngrid Betancourt, en medio de su propia campaña presidencial decide hacer acto de presencia, según dijo, para solidarizarse con el pueblo de San Vicente y acompañar a su alcalde quien había sido elegido por el partido de Betancourt y a quien había prometido acompañar en las buenas y en las malas.

Íngrid parte hacia San Vicente del Caguán, por tierra desde Florencia, ya que no se le había permitido viajar en un helicóptero militar que se desplazaba hacia aquel lugar, en contra de las advertencias realizadas por el gobierno ante la presencia de guerrilleros y los combates en la zona. Cuando los detuvieron dos retenes del Ejército, uno regular y un segundo al mando de un General colombiano, éste le advierte sobre la presencia de la guerrilla kilómetros más adelante. Íngrid le dice a su conductor que siga su trayecto. Después de avanzar varios kilómetros, Íngrid y su jefe de debate Clara Rojas son detenidas y secuestradas por las FARC, Rojas es subida a un vehículo diferente. Los entonces ministros de Justicia e Interior declararon ante los medios que la candidata era responsable de su secuestro, el Partido Verde Oxígeno se declaró sorprendido por estas afirmaciones y respondió en un comunicado: "Reclamamos al Gobierno que asuma su responsabilidad en la búsqueda de la liberación de Íngrid, no sólo porque es su obligación garantizar el ejercicio de la democracia, sino también porque fue por su negligencia que la candidata tuvo que transportarse por tierra hacia San Vicente del Caguán".

Junto con otros congresistas y políticos secuestrados por las FARC, el secuestro de Betancourt y Rojas fue catalogado como político. Junto con varios militares secuestrados desde el gobierno de Samper, las FARC esperan canjear estos secuestrados por guerrilleros detenidos en prisiones colombianas, en lo que se ha denominado un Acuerdo Humanitario.

Debe aclararse que los políticos y militares canjeables en diciembre de 2007 eran 46 según la Fundación País Libre, de los cuales 20 eran policías, 14 militares, nueve políticos y tres estadounidenses algunos de ellos liberados a inicios del año 2008 (Operación Emmanuel) y otros que fueron rescatados junto con Betancourt en julio del mismo año (Operación Jaque); sin embargo, estos no son los únicos secuestrados por las FARC. Dicha organización también realizan secuestro extorsivo (por dinero), siendo mucho mayor el número de estos secuestrados que el de secuestrados canjeables. Según cifras del año 2006 de la ONG Fundación Nueva Esperanza, las FARC retienen secuestrados a 1.100 personas de diversas nacionalidades de todo tipo de condición social reclamando dinero a cambio de su devolución.

El 23 de julio de 2002, cinco meses después de su retención, el informativo Noticias Uno reveló un video en el que se conocieron las primeras imágenes de la ex candidata durante su cautiverio, en estas pruebas de supervivencia aparecía Betancourt junto a Clara Rojas, aparentemente el video había sido grabado en mayo, 11 días después de las elecciones presidenciales que había ganado Álvaro Uribe. Allí Betancourt criticaba la indiferencia del gobierno Pastrana frente a los secuestrados y reiteraba que debía viajar a San Vicente del Caguán a acompañar a los habitantes de esta zona puesto que les había prometido estar con ellos en las buenas y en las malas desde que Néstor León Ramírez, un miembro de su movimiento había resultado electo. Dijo además que hubo negligencia por parte del gobierno que conocía su propósito y no le había permitido viajar en un helicóptero militar que se desplazaba hacia la zona y a cambio le había facilitado un vehículo del DAS pero que a los escoltas les habían dado la orden de no acompañarla. También pidió al procurador Edgardo Maya Villazón abrir una investigación sobre las circunstancias que rodearon su secuestro.

En octubre de 2003 se conoció un nuevo video, en esta ocasión Betancourt no estaba acompañada de Clara Rojas, en este video Betancourt habla sobre la posibilidad de un rescate militar pero siempre y cuando se hagan “milimétricamente y bajo la responsabilidad del presidente de la República” y también plantea la necesidad de un acuerdo humanitario. Después de este video no se volvieron a tener pruebas de vida ni noticias sobre Íngrid y Clara, tan solo existían diferentes rumores que iban desde que Betancourt había muerto hasta que padecía el síndrome de Estocolmo y se había unido a la guerrila, todo esto se vería desvirtuado más tarde. En el 2006 el periodista Jorge Enrique Botero en su libro "Últimas noticias de la guerra" reveló que Raúl Reyes, uno de los comandantes de las FARC había confirmado el rumor de que Clara Rojas había tenido un hijo varón con un guerrillero raso, noticia que fue tomada con escepticismo en su momento aunque se confirmaría tiempo después.

En febrero de 2007, el presidente Álvaro Uribe Vélez declaró a la prensa francesa que, "si bien hasta el momento lo que hay son rumores sin confirmar, existe una información reciente de que la ex candidata presidencial podría encontrarse fuera del país". En sus declaraciones también le pidió al gobierno francés colaboración tecnológica para dar con su paradero y pidió a ese país no oponerse al rescate militar de los secuestrados. "Iván Márquez", del secretariado de las FARC, desmintió dichas declaraciones, asegurando que ella se encontraba todavía en Colombia. Las afirmaciones de Márquez se confirmaría meses después con las declaraciones de uno de los compañeros de cautiverio de Betancourt que logró fugarse.

El 17 de mayo de 2007, el policía Jhon Frank Pinchao llegó a la ciudad de Bogotá después de haberse fugado de un campamento de las FARC en el Departamento de Vaupés, entonces afirmó haber sido compañero de cautiverio de Íngrid Betancourt durante dos años y haberla visto por última vez el 28 de abril, pocos días antes de su fuga, y confirmó que Clara Rojas tenía un hijo fruto de la relación con un guerrillero sin mando y que el niño se llamaba Emmanuel, dijo además que los guerrilleros eran quienes criaban al niño y ocasionalmente dejaban a Clara verlo, razón por la que ella sufría mucho. También confirmó que Betancourt estaba en un grupo diferente al de Rojas y que la ex candidata presidencial había estado enferma de hepatitis y que había intentado fugarse cinco veces sin éxito, en una ocasión habría logrado escapar pero fue recapturada a los 5 días y después de ese hecho le impusieron como castigo llevar una cadena en el cuello durante las 24 horas, aunque después le fue levantado ese castigo. Dijo que por dichos intentos se le habían suprimido a Betancourt por periodos de tiempo el acceso a la radio y a la prensa y que eran constantes sus enfrentamientos verbales con los guerrilleros. El uniformado agregó que Íngrid se encontraba en buen estado de salud, que leía, escribía y recorta todas las noticias de los periódicos que llegan a ella. Tras hablar con Pinchao, Juan Carlos Lecompte, esposo de la candidata, manifestó que "Íngrid se encuentra bien de salud, hace ejercicios físicos a diario y duerme encadenada del cuello sobre una cama hecha de ramas” y añadió que era tratada como un animal.

El 30 de noviembre de 2007, días después de que el gobierno diera por terminada la gestión del presidente venezolano Hugo Chávez y la senadora Piedad Córdoba para lograr el acuerdo humanitario, el gobierno colombiano informó que se habían incautado a milicias urbanas de las FARC en Bogotá las pruebas de supervivencia de Íngrid Betancourt y otros secuestrados. La prueba de vida de Íngrid, según el gobierno colombiano, data del 24 de octubre de 2007. En dichas pruebas se podía apreciar a Íngrid demacrada y cabizbaja. Entre las pruebas se encontraba una carta dirigida a su madre, que fue filtrada irregularmente a los medios, en la que relataba su situación en cautiverio, la pérdida de las ganas de seguir adelante, y daba agradecimientos y consejos a amigos y familiares. La carta además hacía un paralelo entre la esclavitud contra la que Abraham Lincoln combatió y la situación de los secuestrados.

Varios detalles de su vida en cautiverio se revelaron después de que varios de los que la acompañaron recuperaron su libertad. Uno de los eventos más traumáticos fue el enterarse de la muerte de su padre quien falleció días después de su secuestro pero ella se enteró un año después. Otro de los hechos relatados han sido sus intentos de fuga, como ya lo había hecho saber el subintendente Pinchao después de recuperar su libertad, Betancourt había intentado fugarse en varias ocasiones. Según información de este y de Luis Eladio Pérez, Betancourt y Clara Rojas habían intentado fugarse en tres ocasiones pero habían terminado de nuevo recapturadas, situación por la cual fueron atadas durante un tiempo a una misma cadena. La relación entre Rojas y Betancourt se deterioró mucho durante el tiempo que permanecieron juntas. Luego de ser separada de Rojas, Betancourt se intentó fugar una vez más con Luis Eladio Pérez con quien alcanzó a estar 6 días en libertad hasta que fueron recapturados. Dicho intento provocó que los guerrilleros decidieran ponerle una cadena al cuello a pesar de los intentos de Íngrid por impedirlo. Por su constante rebeldía frente a sus captores era castigada y maltratada. Después de conocidas las pruebas de supervivencia de noviembre de 2007 se le atribuyó un mayor deterioro psicológico y desinterés por seguir luchando por su libertad y por su vida.

Íngrid es una de las personas que hubiesen entrado dentro de un futuro acuerdo humanitario entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. El presidente de Francia Nicolas Sarkozy adelantó conversaciones con la familia de Íngrid y con el gobierno colombiano con el fin de lograr su liberación.

El gobierno colombiano permitió que la senadora Piedad Córdoba y el presidente de Venezuela Hugo Chávez, participaran como facilitadores para el acuerdo humanitario en agosto de 2007. El gobierno suspendió unilateralmente dichas gestiones el 21 de noviembre de 2007, argumentando que el presidente Chávez se había comunicado con un Alto Mando militar colombiano a pesar de que el presidente Uribe se lo había negado previamente. La decisión de interrumpir la mediación ha causado un incidente diplomático entre los dos países. Días después se conocieron, al ser interceptados sus portadores por las fuerzas militares colombianas, las pruebas de supervivencia que habían anunciado los facilitadores Chávez y Córdoba. Más tarde las FARC anunciaron que liberarían a Clara Rojas, a su hijo Emmanuel y a la ex representante Consuelo González de Perdomo como desagravio al presidente Chávez.

El operativo para concretar la liberación se conoció como Operación Emmanuel. Un comunicado de las FARC dado a conocer por el presidente venezolano responsabilizó de las demoras para la liberación a la presencia de actividades militares en la zona. Las FARC, en otro comunicado, admitieron que no tenían en su poder al pequeño, quien fue hallado en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Más tarde vendría la liberación de Consuelo Gonzáles de Perdomo y Clara Rojas quien logró reunirse con su hijo. El día 27 de Febrero de 2008, las FARC liberaron a Luis Eladio Pérez, Gloria Polanco, Orlando Beltrán Cuéllar y Jorge Eduardo Gechem Turbay. Entre las declaraciones de Luis Eladio Pérez, se menciona la gravedad del estado de salud de Íngrid Betancourt, la cual según el liberado, esta aun peor que como se veía en la última prueba de supervivencia. Al conocerse su grave estado de salud el presidente francés Nicolas Sarkozy dijo que estaría dispuesto a ir hasta la selva en la frontera colombo venezolana si es necesario, para lograr su liberación.

Mientras tanto los familiares de Íngrid, su madre Yolanda, su hermana Astrid, su esposo Juan Carlos Lecompte, su ex esposo Frabice Delloye y sus hijos Melani y Lorenzo continuaron realizando manifestaciones y gestiones para lograr su liberación.

En marzo de 2008 se conocieron rumores sobre la salud de Betancourt que fueron ampliamente difundidos por la prensa. Decían que había sido vista en centros de salud de lejanas poblaciones rurales custodiada por numerosos guerrilleros y que se encontraba en grave estado de salud por padecer hepatitis B, leishmaniasis y otras enfermedades, además de un estado de depresión profunda que ponían en alto riesgo su vida. El gobierno anunció entonces que estaría dispuesto a liberar a guerrilleros presos a cambio de Betancourt además de anunciar que el gobierno francés estaba dispuesto a recibir a los guerrilleros que entregaran prisioneros en su poder.

El 2 de julio de 2008, Íngrid Betancourt fue rescatada por el ejército colombiano en una zona selvática del departamento del Guaviare de Colombia en una operación de inteligencia militar denominada "Operación Jaque", junto a tres ciudadanos estadounidenses y siete miembros del Ejército de Colombia y cuatro miembros de la Policía Nacional de Colombia.

Para la noche de ese mismo día, participó en una conferencia de prensa junto a los demás rescatados (excepto los 3 norteamericanos, quienes fueron trasladados de inmediato a Estados Unidos) organizada por el presidente Uribe, y contó con la presencia de todos los ministros del gobierno y los comandantes de las Fuerzas Militares de Colombia. Los rescatados dieron testimonios de su cautiverio, de su liberación y exhortaron a las FARC a alcanzar la paz.

La Radio Suisse Romande reportó sobre un supuesto pago de 20 millones de dólares a alias "César" por la liberación de Betancourt y los demás secuestrados La cancillería francesa rechazó oficialmente que su gobierno hubiese realizado cualquier pago. El Comandante de las Fuerzas Armadas colombianas negó cualquier pago del gobierno colombiano y afirmó que, en caso de haber pagado, habría sido mejor comunicarlo para desmoralizar a las FARC.

Después de su liberación Íngrid Betancourt se trasladó con su familia a Francia, dedicándose a trabajar por las víctimas del terrorismo y en especial por quienes aun permanecían en poder de las FARC, manifestó que no descansaría hasta que todos quienes permanecían en cautiverio por esa guerrilla recobraran su libertad y que símbolo de ello sería su cabello el cual no se cortaría hasta que el último de los secuestrados fuera liberado. Betancourt continuó enviando reiterados mensajes a Alfonso Cano y a sus hombres para que buscaran caminos de paz. Más tarde anunció que se retiraría de la vida política.

Betancourt realizó varios encuentros con líderes mundiales como Ban Ki-moon, Rodríguez Zapatero, Benedicto XVI y Giorgio Napolitano y recibió varios reconocimientos entre ellos la Legión de Honor en el grado de caballero, otorgada por el presidente francés Nicolás Sarkosy. Betancourt declaró que dedicaba el galardón a "todos los que sufrieron", "los que no volvieron" y "los que siguen cautivos". La recepción fue organizada en los jardines del Palacio del Elíseo tras el desfile militar del 14 de julio que celebra la Toma de la Bastilla.

En septiembre de 2008 mientras Betancourt se encontraba en Nueva York participando en un foro de Naciones Unidas a favor de las víctimas del terrorismo se anunció que había sido ganadora del Premio Príncipe de Asturias de la Concordia porque «personifica a todos aquellos que en el mundo están privados de libertad por la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la violencia terrorista, la corrupción y el narcotráfico», según la Fundación Príncipe de Asturias.

Días después el gobierno chileno manifestó que había postulado oficialmente a Betancourt al Premio Nobel de Paz como ya lo había anunciado la presidenta Michelle Bachelet meses atrás quien entonces manifestó que estaba impresionada por la fortaleza de Betancourt.

La gira americana de Betancourt terminó en Caracas donde se reunió con el presidente Hugo Chávez a quien agradeció los esfuerzos llevados a cabo en su liberación y la del resto de rehenes de las FARC afirmando que, sin dicho esfuerzo, dicha liberación "posiblemente jamás se hubiese realizado".

Al principio



Conflicto armado en Colombia

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El conflicto armado colombiano es un conflicto armado interno que se desarrolla en Colombia desde principios de la década de los años 1960 pasando por una serie de etapas de recrudecimiento, en especial cuando algunos sectores se comenzaron a financiar con el narcotráfico. El conflicto, tiene antecedentes históricos en "La Violencia" conflicto bipartidista de la década de 1950 y de años anteriores que datan a la época colonial cuando Colombia siendo la Nueva Granada se independizó del régimen monárquico español. Sin embargo, la época en que se presentó un mayor recrudecimiento ocurrió entre 1988, cuando el estaba en la presidencia Belisario Betancur y se rompieron los diálogos de paz con las guerrillas, hasta 2003 con el accionar del estado, las guerrillas, grupos de narcotraficantes y paramilitares, durante el inicio de la presidencia de Alvaro Uribe.

El debate por la definición de "conflicto interno", al referirse a la confrontación de grupos armados ilegales contra el estado en Colombia, obtuvo trascendencia durante la presidencia de Alvaro Uribe. El 7 de febrero de 2008, el principal asesor del presidente Uribe, José Obdulio Gaviria, calificó a las guerrillas de ser una amenaza terrorista y no un grupo beligerante, que ya no tenía ningún proyecto político, y que si se aceptaba un "conflicto interno" les daria cierto poder a las FARC y eso entorpecería lograr la paz.

Desde la independencia de Colombia, el país no ha estado ajeno a la violencia partidista, lo cual se evidencia en varias guerras civiles que se desarrollaron durante el siglo XIX y culminando en la Guerra de los Mil Días (1899–1902).

Entre 1902 y 1948, Colombia gozó de una relativa paz, primero bajo los gobiernos de la hegemonía conservadora (1886–1930) y luego con los presidentes reformistas liberales (1930–1946). Sin embargo durante esta época ciertos incidentes de violencia política fueron constantes en diversas regiones.

El 9 de abril de 1948, durante el gobierno del conservador Mariano Ospina Pérez, fue asesinado en Bogotá el jefe liberal Jorge Eliécer Gaitán. Aún cuando el magnicidio no tuvo aparentemente un móvil político partidista, este creó levantamiento popular violento, conocido como el Bogotazo, siendo Bogotá dónde se vieron las reacciones más grandes, pero diferentes grados de violencia se extendieron por gran parte del país.

El gobierno de Ospina Pérez logró controlar la situación y terminó completo su mandato en 1950. En las elecciones de 1950 no participó el partido Liberal alegando falta de garantías. Esto facilitó el triunfo del partido Conservador en cabeza de Laureano Gómez, quien continuó y profundizó la política de seguridad de su antecesor ante la violencia partidista, la cual no contemplaba negociar con el Partido Liberal.

El Partido Liberal, no sin controversias internas, tomó la decisión de promover guerrillas para oponerse al poder militar del gobierno de Gómez. Además de las guerrillas liberales, que operaban principalmente en los Llanos Orientales, en varias regiones se crearon diferentes tipos de bandas armadas irregulares, tanto por parte de sectores afines al gobierno como por parte de miembros del Partido Comunista, entre otros.

El fracaso de las políticas oficiales y la desconfianza que inspiraban algunas de las actitudes personales de Gómez llevaron a que perdiera el apoyo de buena parte de los miembros de su propio partido, y en 1953 la clase política se apoya en el establecimiento militar para propinar un golpe de estado. El poder fue asumido por el general Gustavo Rojas Pinilla.

Rojas Pinilla buscó un acercamiento con los líderes de las guerrillas liberales garantizando una amnistía. La mayoría se acogió a los términos de la misma y se desmovilizó, lo cual redujo efectivamente buena parte de la violencia. Sin embargo, el asesinato de algunos de los líderes contribuyó a crear desconfianza en varios de los grupos armados quienes continuaron en la clandestinidad. Algunos de los grupos formaron "repúblicas independientes" donde portaban armas principalmente para la defensa perimetral y ocasionalmente realizaban asaltos, retenciones y acciones armadas limitadas en las zonas cercanas.

Cuando la dirigencia política del país y los sectores sociales opuestos al régimen consideraron que el gobierno de Rojas Pinilla debía finalizar y no prolongarse por otros cuatro años o más, se promovió un paro que obligó al retiro del general Rojas Pinilla. El poder fue asumido por una junta militar de transición mientras se pensaba en reanudar el sistema político democráctico tradicional de la república.

Los líderes de los partidos Liberal y Conservador finalmente acordaron que durante un nuevo período de transición, que se extendería por los próximos cuatro períodos (16 años), se alternarían en el poder. Éste sistema se denominó el Frente Nacional, y fue concebido como una forma de concluir las diferencias entre los dos partidos y evitar que se repitiera la violencia política bipartidista.

El Frente Nacional logró ese objetivo, pero con el tiempo también se hizo claro que obstaculizaba en la práctica la posibilidad de participación de grupos políticos diferentes a los dos partidos tradicionales, incluyendo a sus disidencias internas.

Durante el gobierno de Guillermo León Valencia (1962–1966), segundo presidente del Frente Nacional, y ante la preocupación por la existencia de algunas de las llamadas "repúblicas independientes" al interior del país, el presidente ordenó al ejército someter tales repúblicas y restablecer allí la autoridad.

Una de estas repúblicas, situada en Marquetalia, logró sobrevivir al cerco del ejército y sus líderes, tanto de tendencia Liberal como Comunista, entre los que se encontraba Pedro Marín, alias Manuel Marulanda, pudieron escapar junto con gran parte de sus tropas, en total entre dos y cuatro decenas de hombres. El hecho llamó la atención de algunos dirigentes estudiantiles, quienes eventualmente se unieron al grupo de Marulanda fundando las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en asociación con un sector del Partido Comunista.

Para el último período presidencial del Frente Nacional, el candidato conservador oficial del Frente Misael Pastrana Borrero se enfrentó contra el candidato conservador independiente, el ex presidente Gustavo Rojas Pinilla. En las elecciones del 19 de abril de 1970 Pastrana ganó bajo numerosos alegatos de fraude. Esto impulsó a varios jóvenes universitarios a formar posteriormente el Movimiento 19 de Abril M-19, un grupo insurgente el cual se dio a conocer tras una campaña publicitaria de expectativa en la prensa.

El período presidencial de Alfonso López Michelsen, iniciado en 1974, se caracterizó por un intento de promover la liberalización económica. Se intentó abrir una negociación con el ELN, grupo que había sufrido una serie de varias derrotas militares anteriormente, para lo cual se suspendieron las operaciones en su contra, pero no se alcanzó a iniciar en firme dicho proceso.

Las FARC, el ELN, el M19, el EPL, el Movimiento Armado Quintin Lame y otros grupos insurgentes se oponían al estado y utilizaban las armas para tal oposición, junto con un discurso generalmente de carácter marxista y nacionalista.

Durante el gobierno de Julio César Turbay Ayala (1978–1982) se impulsó una política de seguridad nacional. Como resultado de la misma, se encarceló (y en ocasiones también torturó o asesinó) a varios líderes y miembros de estos grupos, pero en su mayoría siguieron activos. En 1980, el M19 realizó la toma de la embajada de la República Dominicana, como una muestra de su capacidad de acción. Se logró negociar pacíficamente el fin de la toma, partiendo los participantes del M-19 hacia un exilio en Cuba.

El gobierno de Belisario Betancur (1982–1986) buscó un acercamiento y una tregua con los grupos armados insurgentes. El fracaso de estas negociaciones por las diferencias políticas entre los distintos sectores del gobierno, las fuerzas militares y los grupos políticos condujo a una ruptura y a la posterior toma del Palacio de Justicia en 1985 por parte del M19, que terminó con la muerte de varios de los civiles retenidos, como consecuencia del operativo ofensivo del ejército y de la resistencia armada de los ocupantes guerrilleros.

El gobierno de Virgilio Barco (1986–1990) promovió una política de "pulso firme y mano tendida", la cual encontró eco en el M19 que inició un proceso de desmovilización que terminó en 1989.

Más adelante y durante el gobierno de César Gaviria (1990–1994), el EPL y una fracción del ELN se desmovilizaron y participaron en la Asamblea Constituyente que promulgó la Constitución de 1991.

Las FARC, si bien participaron de la tregua y las negociaciones de Belisario Betancur, han venido endureciendo su posición a medida que pasan los años y se prolonga el conflicto. Se argumenta que en gran parte esto sería una consecuencia del asesinato de un buen número de líderes y miembros de la Unión Patríotica, un grupo político creado inicialmente por las FARC durante el gobierno de Betancur, como alternativa a la lucha armada. Algunos documentos internos de estrategia político-militar de las FARC que datan de ésta época han sido citados por historiadores y analistas posteriores para plantear interrogantes sobre su grado de voluntad de paz aún antes de dichos asesinatos.

El fortalecimiento de los grupos de narcotraficantes y su creciente conflicto personal con los grupos insurgentes, quienes extorsionaban y secuestraban a varios de sus miembros y familiares, llevó a la acelerada conformación de grupos paramilitares ilegales en la década de 1980. Varios de los diferentes grupos, no todos relacionados con el narcotráfico en un principio, se unieron en una alianza militar amplia al formarse las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) hacia 1997.

Durante el gobierno de Ernesto Samper (1994–1998), en medio de controversias judiciales y políticas, las FARC evidenciaron una capacidad de adaptarse a la guerra de posiciones, que se concretó en varios asaltos de columnas de tropas concentradas, como la toma de Mitú y a diversas bases rurales del ejército, en los cuales capturaron y retuvieron a varios militares. La captura y retención de militares llevaron a las FARC a un primer canje de prisioneros, en el cual, en una zona desmilitarizada en los municipios de Cartagena del Chairá y San Vicente del Caguán, entregaron al gobierno varios soldados a cambio de la liberación de varios guerrilleros presos.

El antecedente del despeje y la percepción de fortaleza que transmitieron las FARC llevó al próximo presidente: Andrés Pastrana (1998–2002) a ofrecer el territorio de cinco municipios como zona de negociación desmilitarizada. En vista de los fracasos de las políticas de paz anteriores que exigían una tregua antes de comenzar la negociación, Pastrana ofreció negociación "en medio del conflicto". En un proceso de negociación de más de tres años en el cual no hubo avances y sí continuó el conflicto, el secuestro de un senador por parte de las FARC llevó al gobierno a tomar la decisión de suspender las negociaciones. El proceso tuvo que enfrentar múltiples controversias, entre ellas las relativas al grado de voluntad del gobierno Pastrana para desmantelar a los grupos paramilitares y al uso militar que las FARC le dieron a la zona despejada.

El fracaso del proceso y la percepción de que las FARC se habían engrandecido con una retaguardia en el Caguán desde la cual lanzaban sus ataques, realizaban actividades relacionadas con el narcotráfico y concentraban a los secuestrados, fue uno de los factores que contribuyó a la elección de un candidato considerado como de "mano dura" en Álvaro Uribe Vélez en el 2002.

Las FARC acusan a Uribe, entre otros aspectos, de plantear una guerra sin cuartel y de haber apoyado grupos paramilitares, por lo cual argumentan que se niegan a negociar con el presente gobierno algo distinto a una nueva zona de despeje en el departamento de Valle del Cauca y el ya mencionado "intercambio humanitario" o intercambio de prisioneros: un canje de los guerrilleros de las FARC en prisión por un grupo de políticos y militares cautivos por las FARC.

El 10 de enero del 2008 Venezuela llevó a cabo la "Operación Emmanuel", con la autorización de Colombia y el apoyo de la Cruz Roja, la cual consistió en concretar la liberación de dos de los secuestrados que había sido previamente anunciada por las FARC. Fueron liberadas Clara Rojas y Consuelo de Perdomo. Emmanuel, hijo de Clara Rojas nacido en cautiverio, ya no se encontraba en manos de los guerrilleros sino en las del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pudiendo reunirse con su madre biológica después de casi dos años de separación.

El 1 de marzo a las 12:25, alias Raúl Reyes, vocero internacional de las FARC, murió a causa de un bombardeo realizado por la Fuerza Aérea de Colombia en la Operación Fénix, en territorio ecuatoriano, muy cerca de la frontera, constituyendo el golpe más duro a las FARC. En el operativo, murieron varios guerrilleros más. Dicho operativo desencadenó una controversia internacional entre Colombia y Ecuador, principalmente, al igual que entre Colombia y Venezuela.

El 13 de mayo de 2008, 14 jefes de las autodefensas (Entre ellos "Jorge 40" y Salvatore Mancuso) fueron extraditados a Estados Unidos. El argumento que dio el gobierno para dar vía libre a la extradición fue que ellos seguían delinquiendo desde la cárcel, incumpliendo los compromisos adquiridos en la ley de justicia y paz.

El 2 de julio de 2008, Íngrid Betancourt fue rescatada por el ejército colombiano en una zona selvática del departamento del Guaviare de Colombia en una operación de inteligencia militar denominada "Operación Jaque", junto a tres ciudadanos estadounidenses y siete miembros del Ejército de Colombia y cuatro miembros de la Policía Nacional de Colombia.

Las causas para que el conflicto armado colombiano se desarrollara se centran en la pobreza, en la falta de educación, al abandono estatal, en las deficiencias socio-económicas en los núcleos familiares y los valores de la sociedad. La activa participación de menores en el conflicto.

Según la Comisión de Estudios sobre la violencia, creada por el gobierno de Belisario Betancourt en 1987, a cargo del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (Iepri) de la Universidad Nacional de Colombia. El estudio indicaba que la violencia política, tomada como una herramienta para lograr el acceso al control del Estado, no afectaba los indicadores de violencia de una forma significativa, pues sólo constituía un 7,5 por ciento de los homicidios en 1985. Lo que realmente afectaba considereablemente los indicadores eran hechos como las riñas, las venganzas personales, la violencia intrafamiliar y el sicariato sobresalían considerablemente.

Otra causa radica en la concentración o monopolización del campo por terratenientes y el desplazamiento de campesinos hacia los centros urbanos, que en ocasiones generaba resistencia. El llamado gamonalismo, heredado de la colonizadores españoles a las élites criollas que luego se tomaron el poder político y económico del estado, y que luego evolucionó al "Terrorismo de Estado".

Con el boom del narcotráfico hacia Estados Unidos y Europa en las décadas de 1970 y 1980, los campesinos se dedicaron a la plantación de cultivos ilícitos finanziados inicialmente por narcotraficantes. El narcotráfico, fuente de dinero fácil, generó corrupción, constituyendo redes que comprometieron a todos los actores presentes en el conflicto armado colombiano, mientras que Estados Unidos declaraba la Guerra contra las drogas. Muchos de esos movimientos campesinos se consolidaron en movimientos de campesinos cocaleros, que sentaron las bases de las guerrillas como las FARC y con notoria similitud a lo ocurriodo en Peru y Bolivia. El narcotráfico degeneró los ideales iniciales y creó una nueva economía que se mantiene como el principal combustible del conflicto.

El conflicto armado colombiano ha generado como resultado miles de muertos, lisiados, secuestrados, una de las peores crisis de desplazamiento forzado en el mundo y desaparecidos, lo que ha conllevado a que Colombia sea clasificado como uno de los países más violentos del mundo y uno de los principales exportadores de drogas ilegales.

Se calcula que en Colombia hay sembradas unas 100 mil minas antipersonal, donde las principales víctimas son los civiles que han contribuido a aumentar las cifras de muertes o lisiados.

En el 2008, la organización no gubernamental, Consejería para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Forzado (Codhes), reportó que 270.000 personas en Colombia tuvieron que desplazarse en los primeros seis meses de 2008, un aumento del 41% frente a los primeros seis meses de 2007. La agencia presidencial Acción Social difere de la cifra total de desplazados y afirma que el número oscila entre 2,6 millones de personas, mientras que el Codhes dice que hay unos 4 millones de desplazados en Colombia.

Según el Codhes los desplazamientos forzados se están produciendo por culpa de los grupos paramilitares y guerrilleros, y por prácticas como el reclutamiento masivo, por lo que familias enteras huyen. El gobierno, a través de Acción Social alega que el desplazamiento se debía a "procesos de reacomodación de hogares", ya que "muchas familias que estaban registradas como desplazadas, se dividieron y volvieron a inscribirse con otros miembros".

El gobierno y el sector industrial de Colombia han abogado e implementado monocultivos de plantas que generan daño a la fertilidad de los suelos, como el caso de la palma africana para la generación de biocombustibles. Las implicaciones ambientales de algunos monocultivos causan el deterioro acelerado de los suelos, el uso intensivo de agroquímicos, que implica daños al medio ambiente, especialmente en regiones selváticas, y la creación de carreteras. Los cultivos de palma africana en regiones selváticas del Pacífico colombiano, uno de los lugares con mayor biodiversidad en el mundo. El gobierno busca abrir paso al desarrollo capitalista y que además disminuye las selvas que dan ventaja táctica a las guerrillas y demás grupos ilegales.

Los grupos guerrilleros como las FARC y el ELN, adoptaron políticas de destrucción de la infraestructura económica que sirve al gobierno y a los intereses de multinacionales capitalistas. Desde 1984, la destrucción de oleoductos petroleros es la táctica que más han utilizado las guerrillas y han afectado el medio ambiente. Dichos derrames de petróleo han causado la contaminación de suelos, fauna y flora, e importantes cuencas hidrográficas.

Los grupos armados ilegales envueltos en el negocio del narcotráfico como las FARC, ELN y AUC han promovido su expansión, con la generación de demanda, lo que genera mayor destrucción de selva o bosque virgen para dar paso al cultivo ilicito.

A lo largo del conflicto armado colombiano se han producido protestas populares contra los hechos violentos causados por los diferentes actores del conflicto armado, y en otros en apoyo a alguno de los actores. Los mas importantes han sido el Movimiento de la "Séptima papeleta" que en parte se le atribuyó el impulso para la creación de la Constitucion de Colombia de 1991, el del Mandato por la Paz de 1997. A principios del siglo XXI se llevaron a cabo Homenaje a las víctimas del paramilitarismo, la parapolítica y los crímenes de Estado, Un millón de voces contra las FARC y el Gran Concierto por la Paz del 20 de julio de 2008.

En paises que se presentan fenomenos de mafias y narcotraficantes se le empezó a denominar "Colombianización", donde hacen convergencia el narcotráfico, la violencia y la corrupción. El término ha sido utilizado por la prensa de paises como Guatemala, México, Venezuela, Nicaragua y Ecuador. A Colombia se le ha asociado incluso con Afganistán por la asociación entre mafias terroristas y narcotráfico, que se define en un "narcoestado".

Al principio



Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia

Bandera de las FARC-EP

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo o FARC-EP son un grupo guerrillero que se autoproclama marxista-leninista. Opera en Colombia y en las regiones fronterizas de Venezuela, Ecuador, Panamá y Perú. Son partícipes del conflicto armado colombiano desde su conformación en 1964 y son dirigidas por un secretariado de siete miembros que estuvo bajo el comando de Pedro Antonio Marín, conocido por los alias de Manuel Marulanda o Tirofijo hasta su fallecimiento en marzo de 2008, desde entonces su comandante en jefe es 'Alfonso Cano'.

Las FARC son consideradas como una agrupación terrorista por 31 Estados (Colombia, Perú, Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea ). Los gobiernos de otros países latinoamericanos como Ecuador, Brasil, Argentina y Chile no le aplican esta calificación. El Gobierno de Venezuela ha solicitado que se le otorgue un estatus de grupo beligerante a las FARC y no las considera terroristas.

Hacen presencia en 24 de los 32 departamentos de Colombia sobre todo al sur y oriente del país, concretamente en Putumayo, Huila, Nariño, Cauca y Valle del Cauca. Se ha reportado la existencia de operaciones militares y campamentos en los países que tienen frontera con Colombia, como Venezuela, Ecuador, Panamá y Brasil.

Sus acciones consisten en guerra de guerrillas y combate regular convencional así como técnicas terroristas, como el asesinato de civiles, miembros del gobierno y militares, el secuestro con fines políticos (como el de Íngrid Betancourt) o extorsivos, atentados con bombas o cilindros de gas, y actos que han provocado desplazamientos forzados de civiles violando así el Derecho Internacional Humanitario.

Según un informe del Gobierno de Colombia, esta organización obtiene del narcotráfico más de $1.000 millones de doláres al año (el 78% de su presupuesto). Según esas mismas fuentes, la extorsión (a través de vacunas) les significan a las FARC más de 600 millones de dólares, mientras que el robo de ganado ocupa el tercer de sus métodos de financiamiento.

Su número de efectivos varía según las fuentes, desde 6.000 hasta 16.000. Según un informe de Human Rights Watch, aproximadamente el 20-30% son menores de 18 años, muchos reclutados forzosamente, de igual forma se acusa a las FARC de torturar y abusar sexualmente de estos menores.

Las FARC-EP son la guerrilla más antigua y numerosa de América Latina. Fundada después de la ofensiva que, "con el fin de reafirmar la autoridad del llamado Frente Nacional", el ejército colombiano realizó en 1964 contra la "República de Marquetalia", una de las comunidades autónomas creada por grupos armados comunistas y liberales radicales a finales de la época de la violencia que siguió al Bogotazo en 1948.

En 1953 el General Gustavo Rojas Pinilla llegó al poder luego de un golpe de estado y buscó llevar a su fin la época de La Violencia. Por medio de las amnistías, cerca de 5.000 guerrilleros liberales dejaron las armas.

El Partido Comunista Colombiano (PCC) desconfió de la amnistía de Rojas Pinilla y se negó a entregar las armas, si bien hubo grupos que se declararon conformes con la amnistía. Durante las negociaciones varios de los grupos comunistas que seguían en armas se concentraron en Sumapaz donde, según su versión de los hechos, fueron atacados por fuerzas militares que usaron helicópteros y Napalm provisto por el gobierno de los Estados Unidos a través de la CIA.

Estas guerrillas comunistas y varios liberales radicales de los cuales hacía parte el actual comandante de las FARC Manuel Marulanda, también conocido como "Tirofijo", se retiraron hacia el sur, en la región de Marquetalia, donde establecieron lo que llamaron una "zona liberada".

Luego crearon zonas similares en El Pato Caquetá, Riochiquito Cauca, Guayabero y el sudoeste de Tolima. Campesinos acosados por bandoleros y en algunos casos por el ejército colombiano se establecen en las llamada "zonas liberadas", por lo que surgió una administración civil además de la armada. Surgen discrepancias teóricas y algunos grupos tratan de establecer una estrategia guerrillera ofensiva. Hecho por el cual fracasan el MOEC (Movimiento de Obreros, Estudiantes y Campesinos), el FUAR (Frente Unido de Acción Revolucionaria) y el Movimiento Vichada. El PCC asienta su estrategia basada en la autodefensa armada y el ejemplo de las "zonas liberadas".

Entre 1956 y 1958 liberales y conservadores llegan a un acuerdo de reparto del poder con la intención de frenar La Violencia bipartidista después del Bogotazo de 1948, y se crea el Frente Nacional. El nuevo régimen, en medio de la Guerra Fría, considera que se debe poner fin al experimento comunista y califica a las zonas liberadas de "repúblicas independientes", al estar fuera del control y jurisdicción de la administración nacional.

Las «Repúblicas Independientes» Las guerrillas comunistas consideran que esta expresión fue elegida por el gobierno para acusarlos de separatismo y apelar al patriotismo de los colombianos en su contra. En la década del 1960 se articula el Plan LASO con ayuda de Estados Unidos, cuyo desarrollo comienza en 1962, pero a pesar de varios avances fracasa en Marquetalia (el mayor de los establecimientos de los comunistas). En 1964 se inicia la segunda ofensiva contra El Pato. Miles de soldados del gobierno (según fuentes militares participaron 1.600), consiguen entrar en las zonas.

Durante sus primeros años de existencia, las FARC-EP tenían un carácter exclusivamente rural y limitado a acciones relativamente esporádicas en pequeñas zonas de influencia, primando todavía el componente de autodefensa campesina. El gobierno colombiano intentó varios operativos militares para acabar con el grupo guerrillero, que al final no lograron su fin.

En junio de 1964, Marulanda y unas docenas de hombres, dispersados por la acción militar, se internaron en la selva y el 20 de julio de 1964 se reunieron para crear oficialmente el llamado Bloque Sur, la primera insurgencia guerrillera del Partido Comunista en Colombia, de donde nacerían las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del pueblo). El 5 de mayo de 1966, la Segunda Conferencia del Bloque Sur oficializa la conformación de las FARC-EP como brazo armado del partido comunista.

Así, la guerrilla de las FARC-EP ha mantenido hasta la actualidad una insurgencia armada contra el Estado colombiano (El conflicto colombiano es calificado por varios analistas como guerra civil, sin existir consenso al respecto ni en Colombia, ni en el mundo) . Es probablemente el conflicto bélico más prolongado del mundo junto con los desarrollados en Birmania y Cachemira.

Hasta la década de 1980, las FARC crecieron de manera relativamente lenta; además de sufrir una escisión por parte de Javier Delgado y Hernando Pizarro Leongómez, antiguos comandantes de las FARC, formando aparte una guerrilla llamada Comando Ricardo Franco Frente-Sur. Las FARC contaban entonces con entre 1.000 y 3.000 hombres. En la Séptima Conferencia del 4 al 14 de mayo de 1982, bajo el mando del líder político «Jacobo Arenas», se plantearon varias directrices estratégicas nuevas y se reafirmó el principio de la «combinación de todas las formas de lucha», la lucha política y la armada.

A partir de ese momento las FARC se nombran «Ejército del Pueblo» (FARC-EP) y se plantea la política del desdoblamiento de frentes, con objetivo duplicar el número de integrantes y se fijan fechas para una futura toma efectiva del poder en los años noventa.

Se produce también un rechazo a toda relación con el emergente fenómeno del narcotráfico y de sus cultivos, pero gradualmente durante los años 80 se termina aceptando porque en los campos se constituye en una actividad creciente. Se establece gradualmente el cobro de impuestos a productores y a narcotraficantes como fuente de financiación, mediante el llamado «gramaje».

El 28 de mayo de 1984, tras una reunión de los líderes de los 27 frentes y del Estado Mayor, se establece un alto el fuego, como parte de los acuerdos firmados con el gobierno de Belisario Betancourt («Acuerdos de Cese al Fuego, Tregua y Paz», conocidos como los Acuerdos de la Uribe). Las FARC formaron la Unión Patriótica (UP) para liderar el movimiento político.

Este intento de negociación fracasó debido en gran medida a dos elementos: las violaciones del cese de hostilidades por las dos partes, y la violencia política de sectores de la extrema derecha, entre ellos líderes políticos locales y varios miembros de las Fuerzas Armadas, así como actores de izquierda (entre ellos sectores de las FARC), incluyendo entre ambas partes (derecha e izquierda) algunos mandos importantes y narcotraficantes..

A pesar de un intento inicial de miembros de las diferentes guerrillas por llegar a un acuerdo con Pablo Escobar, entre otros narcotraficantes, eventualmente se rompen los contactos formales debido a los secuestros de familiares y amigos de los mismos por parte de los insurgentes.

El narcotráfico, posteriormente también en guerra frontal contra el estado para impedir el inicio de la posible extradición de sus miembros a Estados Unidos, decide tomar venganza contra la guerrilla y los campesinos simpatizantes, financiando escuadrones privados a partir de sus propios grupos de sicarios, incluyendo también la participación de asociaciones de ganaderos y propietarios rurales (terratenientes), contando además con la colaboración de varios militares del Ejército colombiano, tanto directa o indirectamente, constituyendo los inicios de los grupos conocidos actualmente como autodefensas o paramilitares (que, desde 1997, se unirían en torno a las AUC).

En septiembre de 1987 todos los grupos guerrilleros operativos (el EPL, las FARC-EP y el ELN) se constituyeron en la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB), que sería el resultado del ingreso de los anteriores grupos armados a la ya existente Coordinadora Nacional Guerrillera (CNG) en asocio con el Comando Ricardo Franco Frente-Sur (el cual luego seria declarado enemigo de las FARC-EP y expulsado de la CGSB por los sucesos de Tacueyó) y el Movimiento Armado Quintín Lamé; buscando coordinar tanto las acciones armadas como las negociaciones de paz hacia el futuro. Este intento tuvo muy poca eficacia y eventualmente se dividió. El M-19 acabó firmando la paz, y las FARC y el ELN actuaron completamente separados, si bien posteriormente se realizaron acciones conjuntas en casos específicos.

La violencia cobró las vidas de importantes políticos tanto del establecimiento legal tradicional opuesto al narcotráfico, entre ellos el ministro Rodrigo Lara Bonilla, como de numerosos miembros de la izquierda legal en particular del entonces recientemente fundado partido legal de las FARC-EP: la Unión Patriótica. Este movimiento, a pesar de las intenciones iniciales de incluirlo dentro del estrategia de la «combinación de todas las formas de lucha», no fue exclusivamente un órgano de las FARC-EP, pues con el contó con participaciones de movimientos civiles, sindicales y obreros con diferentes intenciones. Varios dirigentes de la UP llegaron a no estar de acuerdo con el accionar armado de las FARC-EP y pedían mantener la vía política a pesar de la nueva ola de violencia desatada, criticando tanto al gobierno como a las FARC-EP por no hacer más intentos de controlar la situación.

La UP como tal siguió insistiendo en seguir con la vía política, hasta prácticamente su exterminio, del cual se dan diversas cifras, de entre 2.000 a 4.000 militantes asesinados o desaparecidos.

El 9 de diciembre de 1990, día de las elecciones para la Asamblea Constituyente, el ejército, sin previa declaratoria expresa de guerra y cuando informalmente todavía se continuaba el proceso de diálogo, lanzó una ofensiva contra Casa Verde, sede del Secretariado Nacional de las FARC-EP, pero fracasó y obtuvo pocos resultados. El gobierno colombiano argumentó que se tomó esa medida porque las FARC-EP no habían cumplido con sus compromisos, ya que todavía realizaban actividades delictivas y no se habían acogido a vía negociada.

El gobierno colombiano no sólo negociaba con las FARC en aquel entonces, también sostenían negociaciones con otros grupos armados, lográndose por acuerdos políticos y contactos con otras guerrillas la desmovilización de varios grupos armados en 1991 (proceso en el que no participaron las FARC-EP). La gran mayoría de los desmovilizados, si bien no recibieron contrapartidas específicas, fueron indultados, se incorporaron a la vida civil y no se les siguieron procesos legales. Bajo la firma de la paz se desmovilizaron algunos grupos (EPL, ERP, Movimiento Armado Quintín Lame, M-19), y pronto lo que quedaba de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar comenzó una serie de negociaciones con el estado.

Durante ese mismo año murió el jefe guerrillero Jacobo Arenas.

El 3 de junio de 1991 se reinició el diálogo entre la Coordinadora y el gobierno, en territorio venezolano (Caracas) y luego mexicano (Tlaxcala). La guerra no se detuvo y continuaron las acciones armadas por ambas partes. El proceso de negociación se rompió en 1993 al no llegarse a un acuerdo. La Coordinadora como tal desapareció no mucho después de ese momento, y los grupos guerrilleros siguieron sus actividades independientemente.

Antes de dicho rompimiento, se dio a conocer una carta escrita por un grupo de intelectuales colombianos (entre los cuales se incluía el Nobel de Literatura Gabriel García Márquez) dirigida a la Coordinadora Guerrilla Simón Bolívar, donde se les reclamaba acerca de la forma en que están llevando a cabo su lucha y las consecuencias nefastas que ésta estaba dejando en el país.

A inicios de los años noventa, las FARC-EP disponían de entre 7.000 y 10.000 combatientes, organizados en 70 frentes distribuidos en todo el país. En los años 1996 a 1998 las FARC-EP le propinaron al Ejército Colombiano una serie de golpes, incluyendo una toma de tres días a Mitú en el departamento de Vaupés. De esta última, resultaron un gran número de soldados prisioneros.

Por este mismo periodo en Colombia se expandían los cultivos de las diferentes drogas y se organizaron amplias marchas de campesinos cocaleros que paralizaron varias vías del sur de Colombia, en las cuales, según el gobierno de este país, las FARC-EP tuvieron influencia. No se ha investigado a fondo cuál sería o no su responsabilidad específica en dicha situación.

En 1998, mediante acuerdos con el gobierno del recién elegido presidente Andrés Pastrana Arango, se creó la Zona de distensión, una zona desmilitarizada que se extendidaa en 40.000 km², aproximadamente el tamaño de Dinamarca, entre los municipios de Mesetas, La Uribe, La Macarena, Villahermosa y San Vicente del Caguán, con el fin de llevar a cabo un proceso de paz con este grupo armado. En dicha zona las FARC-EP hicieron presencia en cascos urbanos y se les acusa de asumir de hecho, en algunos de éstos, la administración armada contra la población civil (a pesar de que esto último no estaba contemplado en los acuerdos).

Al mismo tiempo, en los corregimientos como el Caguán se siguieron desarrollando las actividades propias al estado democrático en cabeza del alcalde y diputados elegidos mediante sufragio secreto y universal. El "proceso de paz" duró entre 1998 y 2002, pero a pesar de varios avances teóricos y documentales, las tensiones y polémicas alrededor de la negociación no permitieron que se concretara el proceso.

El 20 de febrero de 2002, la columna móvil de las FARC-EP Teófilo Forero, secuestró un avión de la aerolínea Aires en el que viajaba el senador Jorge Gechem. La guerrilla liberó ese mismo día a todos los pasajeros excepto al senador. Este episodio y los profundos desacuerdos entre el Gobierno Colombiano y la guerrilla en relación a los controles aéreos, terrestres y fluviales en la zona desmilitarizada, llevaron al gobierno de Pastrana a dar por terminadas las negociaciones con las FARC-EP.

La llegada a la presidencia de la República de Colombia de Álvaro Uribe, quien inicia la implementación del Plan Patriota, implicó la intensificación de la guerra contra las guerrillas, sosteniendo la tesis de que en Colombia no existe un conflicto armado sino una amenaza terrorista. Por su parte las FARC decidieron promover un regreso a la estrategia de guerra de guerrillas, para de esta manera conservar su estructura, a pesar de estar sometidos a un alto grado de presión y de sufrir en el camino varias deserciones e incautaciones de material logístico.

Hacia el año 2002, según cifras del gobierno, el número de guerrilleros de las FARC-EP solía estimarse en 18.000 hombres, y a inicios del 2005, según estas mismas cifras, entre 12.000 y 13.000. Las FARC-EP no suelen mencionar cifras específicas, pero estiman que tendrían más de 20.000 hombres.

Durante el primer periodo presidencial de Álvaro Uribe, no hubo contactos serios entre las FARC-EP y la administración para hablar de paz. Posteriormente, continuaron algunas esporádicas gestiones diplomáticas en pro de la realización de un acuerdo humanitario, conocido también como intercambio de prisioneros o canje, entre las FARC y el gobierno colombiano.

Hasta la fecha, las dos partes no han conseguido ponerse de acuerdo. Las FARC-EP piden que se liberen todos sus guerrilleros presos, incluidos alias «Simon Trinidad» y alias «Sonia» (quienes fueron extraditados a Estados Unidos acusados de tráfico de drogas y terrorismo) y después de ser reintegrados a la organización, Las FARC-EP liberarían un pequeño grupo de 44 secuestrados, los denominados «canjeables». Para que dicho cambio se haga realidad, las FARC-EP han pedido como requisito la desmilitarización de dos municipios (Pradera y Florida) Para varios observadores, ambas partes aprovechan la situación para promover sus intereses políticos o militares, ante lo cual las partes en conflicto han recibido numerosas críticas de la población civil nacional e internacional.

El 1 de Marzo del 2008 las FARC sufren uno de los más duros golpes de toda su historia, al morir Luis Edgar Devia Silva alias Raúl Reyes durante un bombardeo por parte de las fuerzas militares colombianas a su campamento guerrillero ubicado en Ecuador, cerca de la frontera colombiana. A su vez, esta incursión desencadena una crisis diplomática entre los países de la región.

El 7 de marzo de 2008 se anuncia que otro miembro del secretariado de las FARC: Iván Ríos fue asesinado por su guardia personal, quienes huyeron entregándose al gobierno Colombiano.

31 países del mundo, entre ellos todos los miembros de la Unión Europea Colombia, Perú, Estados Unidos, y Canadá consideran a las FARC como una organización terrorista.

Los gobiernos de Ecuador Bolivia y Brasil no lo hacen y no intervienen en el conflicto, pues lo consideran un asunto interno de Colombia.

El gobierno de Venezuela no considera como terroristas a las FARC. Su presidente, Hugo Chávez, solicitó un estatus de beligerancia para dicho grupo y que fuesen excludidas de las listas de organizaciones terroristas de los gobiernos latinoamericanos y de la Unión Europea. También ha dicho que las FARC tienen un «proyecto político bolivariano» que en su opinión es respetado en Venezuela. Dos años atrás había afirmado estar en contra de las FARC y no tener el más mínimo vínculo con las mismas. A este respecto, el Gobierno de Venezuela solicitó a la Unión Europea, por un lado retirar al grupo de la lista de grupos terroristas y por otro otorgarles el estatus de «grupo beligerante».

En cambio, el bloque de la Unión Europea por intermedio de su presidente José Manuel Durao Barroso, rechazó esta propuesta y reafirmó la posición de la Comunidad Europea respecto al calificativo de terroristas para las FARC.

La organización defensora de los derechos humanos Amnistía Internacional, al responder a una crítica del gobierno colombiano por no considerar a las FARC como una organización terrorista, ha afirmado que «en lugar de detenerse en un debate semántico sobre cómo calificar a las FARC, el gobierno colombiano debería preocuparse por el hecho de que las partes en conflicto, sea la guerrilla, los paramilitares o las fuerzas de seguridad, siguen ignorando los derechos humanos y la legislación humanitaria internacional». Amnistía Internacional también ha afirmado que el Comité internacional de la Cruz Roja y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos rechazan la interpretación de que en Colombia no exista un conflicto armado sino que existe una guerra contra el terror.

En agosto de 2007, Uribe designa a la senadora del Partido Liberal y opositora del gobierno Piedad Córdoba como facilitadora para el Acuerdo Humanitario de prisioneros y rehenes. Posteriormente se autoriza también la participación del Presidente de Venezuela Hugo Chávez en la facilitación. Los sujetos del eventual acuerdo incluían, entre otros, a Íngrid Betancourt, tres ciudadanos estadounidense, prisioneros de las FARC así como a alias «Simón Trinidad» y alias «Sonia», dos integrantes de FARC extraditados a los EEUU.

Las gestiones de Córdoba y de Chávez lograron que se aceptara la ciudad de Caracas como territorio neutral para las conversaciones. Los gobiernos de EEUU, Francia, España y Suiza demostraron gran interés en el proceso iniciado. El Movimiento de Países No Alineados, Brasil, Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y el partido gobernante en Uruguay también respaldaron las gestiones.

Durante su gestión la senadora Córdoba logró que tanto «Sonia» como «Trinidad» manifestaran el hacerse a un lado para evitar que el canje no se lograra. Durante el mes de noviembre, en medio de la visita de Chávez a París, el gobierno Uribe estableció como límite de las gestiones el 31 de diciembre de 2007 para lograr el intercambio. Según el gobierno, este plazo era motivado por el hecho de que se trataba de un proceso puntual que no debía dilatarse excesivamente en el tiempo.

El 21 de noviembre de 2007 el gobierno colombiano decidió terminar con la mediación del presidente Chávez. El gobierno mencionó que tuvo lugar una conversación telefónica entre el presidente venezolano y el Comandante del Ejército Colombiano General Mario Montoya, añadiendo que Uribe le había dicho a Chávez con anterioridad que «no estaba de acuerdo con que el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela se comunicara directamente con el Alto Mando institucional de Colombia».

Organizaciones de apoyo a los secuestrados y la familia de Betancourt expresaron su desacuerdo con esta decisión y pidieron que se reiniciaran las gestiones. El presidente francés Nicolas Sarkozy expresó que seguía apoyando la gestión realizada por Chávez. El martes 20 de noviembre, Chávez le había dicho al presidente francés que Betancourt estaba viva sin aportar pruebas de supervivencia, según dijo porque estas no habían podido llegar a sus manos debido a operativos militares en Colombia.

El 29 de noviembre, el ejército colombiano incautó a milicianos urbanos de las FARC en Bogotá unas grabaciones en vídeo donde se muestran con vida y en precarias condiciones a varios rehenes, entre ellos la ex candidata presidencial. Según Córdoba, esta era la prueba de que la gestión de Chávez y de ella iban por buen camino. La interrupción de la gestión de Chávez causó un incidente diplomático entre los dos países.

Tanto «Iván Márquez», representante las FARC, como Uribe expresaron su confianza en la mediación de Sarkozy para que el proceso de canje de rehenes siguiera adelante.

La financiación para sus actividades tiene múltiples orígenes.

Según un estudio realizado por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Ministerio de Hacienda de Colombia, en el año 2003 la principal fuente de ingresos de las FARC fue el cobro de rescates por secuestros y el robo de ganado, obteniendo ganancias de 37,32 y 22,19 millones de dólares estadounidenses, respectivamente. Las ganancias obtenidas del narcotráfico son el 30% del total, y la mayor parte del dinero que obtienen por este delito es por el «Impuesto al gramaje», el cual es pagado por cada gramo producido por los campesinos cocaleros y grupos narcotraficantes. Según algunos expertos, la extensión de los campos de coca (algo muy necesario para la economía de las FARC), causa daños irreparables en el medio ambiente.

En un informe de circulación restringida elaborado por el gobierno de Colombia se afirma que las FARC obtienen el 78% de sus recursos del narcotráfico, obteniendo más 1000 millones de doláres al año sólo por venta de droga.

Sus métodos de combate incluyen la guerra de guerrillas y combate regular convencional. Sus actividades también incluyen los secuestros, actos terroristas y la utilización de armas no convencionales como cilindros bombas.

Organismos defensores de derechos humanos como Human Rights Watch, entre otros, le han solicitado a las FARC que deje de usar armas no convencionales, pues según el organismo internacional "El continuo uso de cilindros de gas por las Farc-Ep muestra un flagrante desprecio por la vida de los civiles por parte de estos grupos armados".

Según la "ley 002" del 2000 anunciada públicamente por el "Mono Jojoy" de las FARC durante las conversaciones de paz en el Caguán, cualquier directivo de empresa o persona natural con un patrimonio mayor a un millón de dolares deberá pagar un equivalente al 10% de dicho patrimonio bajo la amenaza de secuestro. Esta amenaza provocó en su momento un éxodo de colombianos hacia el exterior.

Se ha denunciado que las FARC utilizan armas químicas que violan el Derecho Internacional Humanitario, con serias repercusiones contra la población civil.

Según estadísticas de la Campaña Internacional contra las Minas Antipersonales, las FARC son los mayores sembradores de minas antipersonales en Colombia y el mundo.

La Unión Europea y el gobierno de Estados Unidos de América incluyeron en 2001 a las FARC-EP en la lista de organizaciones terroristas, al igual que a la guerrilla del ELN y las AUC. Organizaciones de Derechos Humanos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional los consideran, al igual que a otros grupos ilegales, culpables de violar los derechos humanos, de atacar y perjudicar indiscriminadamente a civiles.

Según Human Rights Watch, las FARC han reclutado a niños, incluyendo a menores de 18 y 15 años.

Las FARC han utilizado carros o vehículos bomba en diferentes oportunidades, ocultando los explosivos dentro de un vehículo posteriormente abandonado o engañando al conductor del mismo para que lo transporte al lugar del atentado. En algunos casos han hecho explotar dichos vehículos remotamente, matando al conductor y provocando la muerte o heridas a transeúntes que se encuentren alrededor.

Entre las variantes de este tipo de atentados se incluyen los animales bomba, carretillas bomba y según el Comandante de la Policía del Departamento de Arauca, coronel Luis Alcides Morales, también bicicletas bomba. El gobierno colombiano, y algunos países de la comunidad internacional, considera estos actos como atentados terroristas.

En la masacre de Bojayá murieron 74 personas a causa de una bomba lanzada por las FARC contra una iglesia, en medio de un combate contra paramilitares de las AUC, según un informe de las Naciones Unidas.

El 14 de Abril de 2005, La guerrilla realizó una incursión armada a Toribío, lanzando cilindros-bomba en su enfrentamiento con las fuerzas públicas. Tres policías y un niño murieron en el ataque dejando y más de 30 heridos entre civiles y militares. La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en un comunicado manifestó "La Oficina condena los injustificables actos de violencia cometidos por las FARC-EP en Toribio, con los cuales se han infringido en forma grave los principios y las normas del derecho internacional humanitario, y se ha demostrado nuevamente un total menosprecio por la vida, la integridad y la seguridad de los civiles".

En algunos de los casos existen dudas sobre los responsables de los atentados. En varias ocasiones se ha llegado a acusarse inmediatamente a las FARC-EP, sin que se haya comprobado plenamente su responsabilidad. Esto se debe en gran parte a que el ELN no ha cometido atentados terroristas desde hace mucho tiempo. A finales del 2006 se presentaron casos donde militares colombianos fueron investigados por la justicia colombiana por su presunta participación en el montaje de falsos atentados en la ciudad de Bogotá durante ese año, originalmente atribuidos a las FARC, la mayoría de los cuales habrían sido desactivados presuntamente para presentarlos como "falsos positivos" en beneficio de los involucrados.

Originalmente, los guerrilleros de las FARC se oponían al cultivo de la coca. Durante los años 80 lo aceptaron, participando en el narcotráfico a través de la creación de un «impuesto» (el llamado gramaje) sobre los cultivos ilícitos, aplicable a los campesinos cultivadores. Al mismo tiempo, presentaron propuestas para una posible sustitución de cultivos. Posteriormente las FARC diversificarían su activad más allá de la regulación de los cultivos, cobrando «impuestos» a las actividades de los cárteles de la droga, incluyendo a los laboratorios y las pistas de aterrizaje clandestinas.

Para el 2005, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Ministerio de Hacienda de Colombia, estimaba que el porcentaje del dinero embolsado por las FARC procedente de los «impuestos sobre el gramaje» era alrededor de un 30% de sus ingresos totales, siendo estos de unos $600 millones de dólares durante el año 2003. Según los estimativos de la UIAF, el secuestro y la extorsión ganadera constituyen todavía las principales fuentes de financiación de las FARC.

La relación de las FARC con los cárteles de la droga ha sido controvertida. El grupo guerrillero niega rotundamente que participen en el negocio de las drogas más allá del «impuesto de gramaje» a la cultivación. Tanto el Gobierno de Colombia como el de EE.UU. afirman que las FARC actúan como un gran cártel. Existen analistas políticos que niegan que las FARC sean un grupo de narcotraficantes propiamente dicho, aún si existen relaciones entre el grupo guerrillero y las actividades del narcotráfico. El politólogo León Valencia ha afirmado que «hasta ahora ninguna de las personas que han estudiado este fenómeno han encontrado que las Farc trafican con drogas a EE.UU., o que directamente las introduzcan».

En Colombia y en EE.UU. se han iniciado procesos penales acusando a miembros de las FARC de delitos relacionados con el narcotráfico, basándose en testimonios de personas identificadas como reinsertados y colaboradores, interceptaciones de radio grabadas y documentos emitidos por las FARC.

En febrero de 2007, la extraditada Nayibe Rojas, conocida como «Sonia» en las FARC, y otras dos personas fueron declaradas culpables de narcotráfico por un jurado en una corte de los Estados Unidos. «Sonia» había sido acusada por los fiscales estadounidenses por cargos relacionados con el tráfico de drogas hacia ese país. La defensa de «Sonia» insistió en que ni ella ni las FARC participan en el tráfico de drogas, afirmando en cambio que le cobran un impuesto a la producción de coca. Existen analistas que consideran a estos juicios como una estrategia de presión para forzar a las FARC a negociar un proceso de paz con el Gobierno Colombiano.

El secuestro es una de las principales actividades de las FARC, ya sea por fines económicos, políticos (como el de Íngrid Betancourt) o simplemente mediante pescas milagrosas no-selectivas en las carreteras del país. Terratenientes, comerciantes, campesinos, empresarios, turistas niños, políticos, militares y policías se encuentran entre sus víctimas.

Las FARC secuestran a personas de diversos sectores de la población colombiana, incluyendo a terratenientes, comerciantes, campesinos, empresarios, turistas, niños, políticos, militares y policías, de entre éstos últimos, algunos ya llevan alrededor de 10 años de cautiverio. Uno de los casos más conocidos es el secuestro de la ex candidata presidencial colombiana Íngrid Betancourt, quien fue secuestrada por los mismos insurgentes cuando se dirigía a dialogar con ellos (en medio de su campaña presidencial).

Cada secuestrado en poder de las FARC es encadenado durante varias horas al día y supervisado por un guerrillero de la misma, con la orden de asesinarlo en el caso de un intento de rescate por parte las fuerzas militares colombianas como ejemplo de ello se tiene el caso del intento de rescate del asesor de paz de Antioquía Gilberto Echeverry Mejía, el Gobernador de Antioquía Guillermo Gaviria y varios soldados colombianos secuestrados, al percatarse de la operación de rescate las FARC les dispararon y asesinaron antes de huir de la presión del ejército, según relataron sobrevivientes.

En aras de negociar el intercambio humanitario o de prisioneros, varios analistas han empezado a diferenciar a los secuestrados, dándoles el estatus de secuestrados políticos o secuestrados extorsivos, ya que en dicho intercambio lo más probable es que sólo los primeros sean incluidos en un intercambio humanitario.

El día 18 de junio de 2007, las FARC reportaron la muerte de 11 de 12 diputados del Valle del Cauca, luego de haberlos tenido secuestrados durante 5 años. Según el grupo guerrillero, los diputados murieron durante el fuego cruzado que se habría presentado en medio de un combate con un «grupo militar no identificado». La guerrilla culpó a la «intransigencia» del gobierno de Álvaro Uribe. Human Rights Watch responsabilizó de manera directa a las FARC por la muerte de los secuestrados. Amnistía Internacional y ONGs de derechos humanos, repudiaron la muerte de los diputados y responsabilizaron a las FARC por mantenerlos en cautiverio y ponerlos en peligro. Ángela Giraldo, hermana del diputado Francisco Giraldo, le exigió al gobierno acceder al despeje de Pradera y Florida. El presidente colombiano acusó a las FARC de asesinar a los diputados y negó cualquier participación de las fuerzas militares en los hechos. Posteriormente fue demostrado que los diputados no murieron en combate. Por el contrario, la mayoría de ellos fueron asesinados por disparos en sus espaldas, algunos de ellos con disparos ejecutados a menos de un metro de distancia y con fusiles AK-47 arma utilizada por la guerrilla de las FARC.

En comunicados a la opinión publica las FARC-EP afirman que su objetivo es acabar con las desigualdades sociales, políticas y económicas, la intervención militar y de capitales estadounidenses en Colombia, mediante el establecimiento de un Estado marxista-leninista y bolivariano, lo que es desestimado por el gobierno y también por gran parte del pueblo colombiano, ya que Colombia tiene el mayor número de víctimas de minas antipersonales. Además de que el grupo esta involucrado en negocios considerados ilegales como el robo, la extorsión, el secuestro y trafico de armas y droga.

Sus operaciones, intermitentes, abarcan parte del territorio Colombiano y se realizan de acuerdo a necesidades operacionales y de movilización de este grupo. Las FARC-EP también tienen presencia urbana (frentes urbanos, conocidos como milicias o células) en varias ciudades colombianas, particularmente en zonas pobres o marginales.

En varias operaciones han utilizado medios y armas no convencionales que se encuentran prohibidas por la Convención de Ginebra y las Naciones Unidas.

En Venezuela las FARC son acusadas por el gobierno colombiano de tener campamentos sobre ese territorio. Según el gobierno, utilizan la zona como refugio de los ataques de la fuerza publica colombiana, para reabastecerse, recuperarse y mantener secuestrados. Las periodistas venezolanas Marianella Salazar, Ibéyise Pacheco, Marta Colomina y Patricia Poleo presentaron un video de un encuentro entre el ejército venezolano y las FARC (de junio del 2000) Sin embargo, el general en jefe de las Fuerzas Armadas Nacionales de Venezuela, Lucas Rincón, afirmó que la grabación muestra tan sólo una misión "humanitaria" del Ejército. Según el periódico español El País también usarían a Venezuela para tráfico de armas y drogas. El 16 de diciembre del 2007 dicho periódico, el periodista John Carlin publicó un artículo en el que, mencionando a cuatro desertores de las FARC identificados solo por sus nombres, afirmaba que hay campamentos de las FARC en ese país y que son permitidos por el gobierno del presidente Hugo Chávez. También cita fuentes de inteligencia y a diplomáticos de distintos países (sin especificar cuales). Muchos guerrilleros como Rodrigo Granda han recibido ciudadanía venezolana.

Recientemente, se han reportado extorsiones por parte de las FARC a ciudadanos de dicho país a los cuales se les entrega su respectivo recibo de pago.

En la zona fronteriza de Ecuador las FARC operan en forma similar a Venezuela. El jefe guerrillero Juvenal Ricardo Palmera alias Simón Trinidad fue capturado en ese territorio mientras circulaba con papeles de identificación falsos bajo el nombre de Cristo Rey Mariscal Peralta. Las FARC usan la frontera Colombo-Ecuatoriana también para el reabastecimiento de armas y el trafico de droga, así como también para tratamientos médicos.

A finales de 2006, Robinson Rivadeneyra, Gobernador del departamento peruano fronterizo de Loreto, denunció la presencia y accionar de las FARC en el Perú. Ribadeneyra denunció que las FARC utilizaba Loreto para reclutamiento de jóvenes para la guerrilla, algo que fue posteriormente negado por Germán Galvis, General del Ejército Colombiano. Galvís admitió que las FARC cruzaban la frontera, pero negó que reclutasen gente en Perú.

En Paraguay, fueron detenidas seis personas acusadas del secuestro y asesinato de Cecilia Cubas, hija del ex presidente paraguayo Raúl Cubas. Entre las seis personas detenidas se encontraba Osmar Martínez, de quien el presidente Nicanor Duarte acusó de haberse entrenado en Colombia en campos de las FARC, algo que fue puesto en duda por periodistas y analistas políticos paraguayos. Duarte también dio a entender que la guerrilla tenía presencia en ese país.

En México, a principios de los 90, las FARC mantuvieron una oficina en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que luego fue cerrada a petición del Gobierno Colombiano. En 2003, el embajador Colombiano en México alertó al gobierno colombiano de la presencia de las FARC en ese territorio aduciendo que aun mantenían oficinas pero de forma clandestina, lo cual fue negado por la UNAM en un comunicado oficial. Por otro lado, tanto la Procudaría General de México como el Gobierno Colombiano han acusado a las FARC, en base a «informaciones consistentes», de estar implicadas en el narcotráfico desde Colombia hasta territorio mexicano y de tener un «papel operacional directo» en éste.

Como reacción a las acciones del grupo insurgente, y amparados por un decreto gubernamental de los años 60, surgen a principios de los años 80 grupos de autodefensa paramilitares contrainsurgentes, algunos apoyados en parte por hacendados, multinacionales extranjeras y narcotraficantes. También participaron algunos sectores de la sociedad civil y miembros de institutiones estatales. En algunos casos las FARC han negociado armamento y distribución de drogas ilegales conjuntamente con grupos paramilitares.

Más de un million de colombianos hicieron una marcha organizada por el movimiento Colombia soy Yo. La marcha fue realizada en Febrero 4 del 2008 en más de 160 ciudades alrededor del mundo bajo un mensaje: Un millón de Voces contra las FARC.

Al principio



Operación Emmanuel

Mapa de la Operación Emmanuel

La Operación Emmanuel (o Emanuel ) fue una operación humanitaria iniciada entre el 26 y el 31 de diciembre 2007 y reanudada entre el 9 y el 10 de enero de 2008, por el Presidente de Venezuela Hugo Chávez para facilitar el rescate de Clara Rojas, su hijo Emmanuel, quién nació en cautiverio y la ex senadora colombiana Consuelo González de Perdomo, quienes permanecieron más de seis años en poder de las guerrilla de las FARC en las selvas colombianas y quienes las FARC anunciaron que entregarían antes de la navidad de 2007. El Presidente Chávez dio nombre a la operación en referencia al hijo de Clara Rojas.

Luego de una serie de retrasos en el proceso de entrega de rehenes, el 31 de diciembre de 2007, las FARC anunciaron que la liberación de los tres rehenes se retrasaría aún más por las "intensas operaciones militares" que el ejército colombiano supuestamente practicaba en la zona, hecho que fue desmentido por el Gobierno de Colombia. La situación cambió cuando el presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, declaró que el retraso se podía deber a que las FARC no tenían en su poder a Emmanuel, a quien habrían abandonado en una instalación del ICBF tres años antes.

El niño abandonado, Juan David Gómez Tapiero, resultó ser Emmanuel, y fue identificado gracias a un análisis de ADN mitocondrial practicado con muestras genéticas de familiares de Clara Rojas. Poco después, las FARC reconocieron que no tenían a Emmanuel en su poder.

El hallazgo de Emmanuel no significó el fin de la operación que llevaba su nombre, ya que se esperaba la liberación de Clara Rojas y Consuelo González.

El 9 de enero de 2008, el presidente venezolano aseguró que las FARC entregaron a las autoridades de su país las coordenadas del lugar donde liberarían a las dos rehenes y envió a través de su canciller una solicitud para que Colombia lo autorice a retomar la operación. La misión fue autorizada por el gobierno colombiano.

Finalmente el 10 de enero de 2008, en presencia de la Cruz Roja Internacional, pero en ausencia de los garantes internacionales, las FARC liberan a Clara Rojas y a Consuelo González de Perdomo.

La operación tuvo su origen en el anuncio de las FARC de entregar a tres rehenes en su poder antes de la navidad de 2007 como un gesto de desagravio para con el presidente Hugo Chávez y con Piedad Córdoba, después de que Uribe puso un abrupto fin a sus gestiones como mediadores para lograr un canje humanitario de 45 rehenes en manos de las FARC -entre ellos Betancourt y tres norteamericanos- por unos 500 rebeldes presos. Esta entrega debía llevarse a cabo en el oriente del territorio colombiano entre el piedemonte andino y la frontera con Venezuela, en la región conocida como los Llanos.

Para la operación, el gobierno venezolano había proporcionado dos helicópteros Mil Mi-17V-5, de fabricación rusa, pintados con los emblemas de la Cruz Roja Internacional. También dos helicópteros Bell 412 pertenecientes a la compañía EDELCA, así como dos aviones Falcon 50 y Falcon 900 de PDVSA.

Los helicópteros están equipados con medicamentos y alimentos necesarios para llevar a cabo la operación humanitaria y dar ayudo a los rescatados.

Para llevar a cabo la operación sólo los dos helicópteros rusos viajan a Villavicencio.

El gobierno colombiano había autorizado la entrada en territorio colombiano de las aeronaves venezolanas a ser utilizadas en la misión de rescate.

Los garantes de la comisión humanitaria fueron el ex Presidente de Argentina Néstor Kirchner, el embajador francés en Venezuela, Hadelin de la Tour de Pin, el embajador cubano en Venezuela, Germán Sánchez. De la misma manera, los delegados de los gobiernos de Ecuador, Gustavo Larrea, del gobierno de Brasil, Marco Aurelio García y de Bolivia, Sacha Llorente. El grupo de garantes estaba coordinado por el Capitán de Navío, Ramón Rodríguez Chacin.

Este grupo de delegados internacionales fueron recibidos por el comisionado para la paz de Colombia, Luis Carlos Restrepo, quien fue encargado por el presidente Uribe para la misión.

El 28 de junio de 2001 el comandante de las FARC alias Mono Jojoy, anunció que dicha organización comenzaría a secuestrar a algunos dirigentes políticos y numerosos miembros de la fuerza pública para presionar la liberación de sus compañeros capturados por miembros de las fuerzas armadas de Colombia. Para ese entonces las FARC ya practicaban el secuestro extorsivo. A los dos meses del anuncio, las FARC secuestraron al gobernador Alan Jara y a los congresistas Luis Eladio Pérez y Orlando Beltrán y el 10 de septiembre a la representante a la cámara Consuelo González de Perdomo quien se dirigía a la ciudad de Neiva a tomar un avión hacia Bogotá y fue retenida por la columna móvil Teófilo Forero de las FARC.

Al suspenderse los diálogos con las FARC en febrero de 2002 el gobierno de Pastrana ordena la toma de la llamada Zona de distensión por parte del ejército. Clara Rojas era asesora de la candidata presidencial Íngrid Betancourt cuando las dos fueron secuestradas el 23 de febrero de ese año mientras viajaban hacia dicha zona de la que hacía parte San Vicente del Caguán, según dijo Betancourt a dar apoyo al pueblo de San Vicente y a su alcalde a quienes les había prometido estar en las buenas y en las malas ya que el alcalde pertenecía a su movimiento político. Clara Rojas fue nombrada durante el secuestro como fórmula presidencial de Betancourt. En el 2006 el periodista Jorge Enrique Botero en su libro "Últimas noticias de la guerra" reveló que Raúl Reyes, uno de los comandantes de las FARC había confirmado el rumor de que Clara Rojas había tenido un hijo varón con un guerrillero raso, noticia que fue tomada con escepticismo en su momento aunque se confirmaría tiempo después.

El 17 de mayo de 2007, el policía Jhon Frank Pinchao llegó a la ciudad de Bogotá después de haberse fugado de un campamento de las FARC en el Departamento de Vaupés, entonces afirmó haber sido compañero de cautiverio de Íngrid Betancourt durante dos años y haberla visto por última vez el 28 de abril pocos días antes de su fuga y confirmó que Clara Rojas tenía un hijo fruto de la relación con un guerrillero sin mando y que el niño se llamaba Emmanuel, dijo además que los guerrilleros eran quienes criaban al niño y ocasionalmente dejaban a Clara verlo, razón por la que ella sufría mucho.

Consuelo González, Clara Rojas y su hijo Emmanuel, hacen parte del grupo de 46 rehenes que las FARC han categorizado como "canjeables" por más de 400 guerrilleros que actualmente se encuentran presos en cárceles colombianas.

En 6 años de aplicar una política de línea dura para marginar a la mayor guerrilla colombiana, el presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez ha buscado rescatar a los secuestrados con operativos militares pero dichos operativos suponen un alto riesgo para la vida de los cautivos y algunos de estos rescates han resultado en la muerte de estos como fue el caso de ex gobernador de Antioquia Guillermo Gaviria y del ex ministro de defensa Gilberto Echeverry Mejía.

En diciembre de 2007 después de que el gobierno colombiano diera por terminada la mediación del presidente venezolano Hugo Chávez y la senadora colombiana Piedad Córdoba para lograr el acuerdo humanitario y de que esto causara un incidente diplomático entre los dos países, las FARC informaron que liberarían de manera unilateral a Clara Rojas, a su hijo Emmanuel y a Consuelo González, según las FARC esta liberación se haría como un desagravio al presidente Chávez. Fue entonces cuando el presidente venezolano puso en marcha el plan para el retorno de los tres secuestrados, inicialmente la llamaría "Operación Transparencia" y más tarde "Operación Emmanuel".

El lunes 31 de diciembre de 2007, las FARC anunciaron que la liberación de los tres rehenes era "imposible" momentáneamente debido a las "intensas operaciones militares" llevadas a cabo por el presidente Uribe. El comunicado de las FARC fue leído en la televisión por el presidente Chávez. Al mismo tiempo Chávez anunció que la operación continuaba y que no descartaba la realización de una operación clandestina, pero aclaró que no es lo que desea.

En respuesta, en discurso dado por el presidente Uribe en la ciudad de Villavicencio, el gobierno denunció que las FARC mentían y que el retraso se debía a que no tenían en su poder al hijo de Clara Rojas como estos afirmaban. Según el presidente Uribe, Emmanuel fue probablemente abandonado por las FARC en San José del Guaviare, donde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) lo ingresó, según Uribe, debido a que presentaba signos de tortura, además de maltrato y desnutrición. El niño, quien habría sido registrado con el nombre de Juan David por el ICBF supuestamente fue reconocido por las descripción que de él hizo el agente de policía Jhon Frank Pinchao sobre un problema en el brazo izquierdo debido a que lo halaron mal al nacer. El agente Pinchao había escapado de manos de las FARC el 28 de abril de 2007, después de ocho años de cautiverio. Según Uribe, el ICFB recibió una solicitud del Defensor del Pueblo de San José del Guaviare donde asegura que le estaban reclamando un niño que había sido entregado al ICBF en julio del año 2005, el cual presume es el hijo de Clara Rojas. Juan David había sido trasladado hace dos años a la sede del ICBF en Bogotá.

El 2 de enero de 2008, el diario El Nuevo Herald informó que un rotativo de noticias del Ejército Colombiano del 19 de diciembre del 2007 había reportado que hubo combates en el municipio de Vistahermosa, Meta. El rotativo de la IV brigada del ejército dice que se llevaba a cabo una operación militar que también llevaba el nombre de Emmanuel. El comunicado del ejército dice: “En desarrollo de la operación Emmanuel, tropas del batallón de infantería Nº 44 Ramón Nonato Pérez, de la XVI Brigada en la vereda Sardinata... sostuvieron contacto armado contra integrantes de la cuadrilla 27 de las FARC”, en la cual resultó muerto un miembro de las FARC.

El diario argentino El Clarín informó el 2 de enero del 2007 que el Ejército de Colombia reportó haber "abatido a un emisario y hombre de confianza del secretariado" el 31 de diciembre del 2007 en el Departamento de Arauca que limita con Venezuela. Según el diario, el sitio estaba distante de Villavicencio, lugar de espera para el operativo humanitario, y cerca al estado de Apure donde está ubicado Guasdualito, uno de los aeropuertos venezolanos elegidos por Chávez para recibir a los rehenes al final de la operación. Según el diario, el comunicado de ejército fue titulado "Contundente golpe a las finanzas de las Farc" y anunciaba la muerte en "intensos combates de dos integrantes de la organización armada ilegal", uno de ellos "alias Carpintero" que el comunicado asociaba a un líder guerrillero.

Para probar su hipótesis, Uribe solicitó al gobierno venezolano permiso para que especialistas en genética del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación de Colombia (órgano judicial independiente del gobierno) puedan ir a Caracas a tomar muestras de sangre de la madre y del hermano de Clara Rojas, concediéndosele el pedido. Tanto Iván Rojas como su madre aceptaron someterse a dichas pruebas, sin embargo no piensan dejar Caracas porque "Vinimos por ellos y nos vamos con ellos", declaró al mismo tiempo que agradecía al gobierno de Chavez todas las gestiones. Para los mismos la operación ya se inició y no debe detenerse, "Esto ya arrancó y no tiene revés" "...Aquí no ha pasado nada, no se ha abortado nada..." expresó Iván Reflexionó que la Operación Emmanuel es una acción netamente humanitaria y no parte de estrategias políticas.

La seguridad de Uribe acerca de su teoría se basa en el hecho de que la persona que entregó al niño, a la sede del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en San José del Guaviare, y que ahora está bajo protección del gobierno; José Crisanto Gómez; confesó que el no era el abuelo del niño como había declarado ante el ICBF en 2005, sino que las FARC se lo habían entregado.

Ese mismo día los familiares de Clara Rojas aceptaron los resultados como válidos y anunciaron que iniciarían las gestiones necesarias para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar les entregue el niño. Esta revelación no representa el fin de la operación Emmanuel, ya que los familiares de los otros dos rehenes están esperando que las FARC cumplan su promesa.

El 9 de enero de 2008, el presidente venezolano aseguró que las FARC entregaron a las autoridades de su país las coordenadas del lugar donde liberarían a las rehenes y envió a través de su canciller una solicitud para que Colombia lo autorice a retomar la operación de liberación de los cautivos. La misión fue autorizada por el gobierno colombiano, según anunció el Alto comisionado para la Paz en Colombia, Luis Carlos Restrepo, con la participación de la Cruz Roja Internacional, pero en ausencia de los garantes internacionales.

El 10 de enero de 2008, pasadas las 10:00 am (horario local), helicópteros con equipamiento médico aterrizaron en una zona desconocida para el gobierno colombiano y con coordenadas secretas en algún lugar del Guaviare (Latitud Norte: entre 0°38´53″ y 12°11´46″ Longitud Oeste: entre 59°47´30″ y 73°23´00″), con una comisión internacional de la Cruz Roja en su interior y representantes del gobierno de Hugo Chávez Frías, así como la senadora colombiana Piedad Córdoba. Ellos recibieron a Clara Rojas y a Consuelo González de Perdomo. La comisión, junto con las liberadas, se dirigieron luego a territorio venezolano, donde las esperaban algunos de sus familiares.

Thierry Gribet, de la comisión especial del CICR (Cruz Roja) sobre la liberación expresó “Nos alegramos que las dos rehenes liberadas hoy estén felices con su familia y logren un primer contacto luego de mucho tiempo de cautiverio” además destacó que la Cruz Roja Internacional y sus miembros son facilitadores, mas no mediadores para lograr la paz en Colombia.

Luego del reencuentro con familiares, a las 05:29, hora de Venezuela, Rojas y González de Perdomo, junto con sus familiares, se encontraron con Chávez en la puerta dorada del Palacio de Miraflores, en la ocasión Chávez expresó “La liberación de Clara y Consuelo es la reivindicación con lo humano. Sí es posible que nosotros conversando logremos libertades, vida y la paz. Ahí está demostrado” con lo que se dio por concluida la operación humanitaria de liberación de las citadas.

Fernando Marín, embajador colombiano en Venezuela, declaró que Álvaro Uribe Vélez habló telefónicamente con las liberadas y que en las próximas horas estaría realizando una declaración pública al respecto.

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