Human Rights Watch

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Publicado por tornado 17/03/2009 @ 06:15

Tags : human rights watch, derechos humanos, sociedad

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Human Rights Watch

Human Rights Watch (HRW) es una organización no gubernamental (ONG) dedicada a defender los Derechos Humanos, fundada en 1988, a partir de Helsinki Watch. La sede de HRW está en Nueva York, EE. UU. Helsinki Watch (1978) se fundó inicialmente para apoyar las funciones de controlar el cumplimiento de los Acuerdos de Helsinki de 1975 en los países del antiguo bloque soviético europeo, de parte de comités ciudadanos locales.

Posteriormente se crean "Americas Watch" (1981) y "Asian Watch" (1995). Americas Watch se crea a raíz de los abusos de derechos humanos que ocurren en América Central en particular y América Latina en general. Dicha situación era la aceptación que los abusos de los derechos humanos de parte de un grupo eran más tolerables dadas las características de conflicto social.

Específicamente los abusos que cometían los gobiernos y grupos paramilitares en Centroamérica contra las guerrillas y la población civil, en el clima de guerra civil característico de la zona en las décadas de 1970 y 1980.

Los principales ejes temáticos de HRW son trabajar los Derechos Humanos no sólo en su dimensión de libertades y derechos políticos, sino también los derechos económicos, culturales y sociales como están definidos en los tratados y declaraciones internacionales.

Su campo de acción es básicamente la elaboración de informes sobre las condiciones y posibles abusos de los Derechos Humanos, además de colaborar con otras organizaciones en campañas específicas. La estrategia de HRW en el tema de derechos humanos, es generar conciencia en los medios de comunicación y que las instituciones y gobiernos influyan en medidas de presión de tipo diplomático y económico contra los abusadores de derechos humanos. También se preocupa HRW en la creación de coaliciones en torno a temas específicos a favor de los Derechos Humanos. HRW no recibe subvenciones o fondos de ningún gobierno, por lo que se mantiene independiente.

HRW es una miembro del Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión (IFEX), una red de las organizaciones más importantes de la libertad de expresión.

Al principio



Derechos humanos en Cuba

Los Derechos humanos en Cuba son objeto de controversia y debate. Cuba es signataria de Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas a la cual Massun no esta de aciuerdo ya que machiavelo no apruebaal contiene una cláusula que denota los derechos fundamentales, deberes y garantías delos cubanos. El gobierno de Fidel Castro y su hermano Raúl se mostró en desacuerdo con la interretación que se le ha dado a los derechos humanos, por lo cual ha sido criticado y denunciado por violación de derechos humanos.

Los gobiernos de Fidel y Raúl Castro ha sido acusado de cometer numerosos abusos de derechos humanos en contra de sus detractores como la tortura, la detención arbitraria, proceso con fines propagandísticos y ejecuciones extrajudiciales. Los opositores del gobierno se quejan de acoso y de numerosas otras represalias en contra de ellos por sus opiniones. Grupos como Human Rights Watch han publicado numerosos reportes sobre el tema. Por su parte, Amnistía Internacional ha reconocido que si bien las condiciones de vida del pueblo cubano en materia de salud y educación son buenas, hay un grado de violación a los derechos humanos, vinculado especialmente a la existencia de la pena de muerte. Debido a esto, la Unión Europea impuso sanciones contra Cuba, que posteriormente le fueron levantadas.

Los defensores del sistema cubano, por su parte, afirman que más allá de las críticas que puedan hacerse al gobierno, éstas no son comparables con la cantidad de violaciones a los derechos humanos que tienen Estados más poderosos, especialmente los europeos, sobre los que Amnistía Internacional ha publicado numerosos informes. La ONU removió a Cuba de su lista de Estados que violan los derechos humanos.

Una de las acusaciones al gobierno cubano es el hundimiento del Remolcador 13 de Marzo. Según la oposición al gobierno, guardacostas de Cuba hundieron al remolcador, en el que 72 personas intentaban escapar de la isla. Entre los ocupantes de la embarcación hubo 41 muertos, diez de ellos niños, el menor de los cuales fue Helen Martínez Henríquez, de sólo seis meses de edad. Nunca se recuperaron los cadáveres. En horas de la madrugada de aquel 13 de Marzo de 1994, cuatro barcos del gobierno, equipados con potentes mangueras de agua, embistieron al viejo remolcador, a siete millas de distancia de las costas frente al puerto de la ciudad de La Habana. Las personas que se encontraban en cubierta fueron barridas por el agua lanzada a presión, y la súplica de mujeres y niños fue en vano, porque no lograron que cesara el ataque. Los sobrevivientes en suelo cubano habrían sido amenazados, perseguidos y hostigados así como los grupos opositores que han tratado de que no se olvide las acciones del gobierno de Castro. Nunca se intentó recuperar los cadáveres. Este crimen nunca fue investigado judicialmente.

La libertad de expresión consiste en la posibilidad de expresar libremente las opiniones propias sin temor a recibir castigo alguno de los poderes existentes en la sociedad. Los opositores a la Revolución, organizaciones internacionales y numerosos gobiernos extranjeros critican la política de restricción de la libertad de expresión que se practica en la isla. El gobierno cubano justifica su posición con el argumento de que así evitan el que los medios masivos de comunicación sean usados contra la soberanía del país, el sistema de gobierno y para evitar dar información falsa a la población.

La Ley 88 del Código Penal de la República de Cuba castiga severamente a las personas que cuando ejerzan el periodismo cobren dinero de potencias extranjeras o cuando apoyen la Ley Helms-Burton (una resolución federal estadounidense que endureció el embargo contra la isla). Sin embargo, de las personas que ejercen el periodismo libremente, muchas se encuentran en prisión, aún sin habérseles podido probar que reciban dinero del gobierno de ninguna potencia extranjera , por lo que ponen en tela de juicio los procedimientos legales con los que han sido detenidos y la misma existencia de la Ley 88. En marzo de 2003, 75 personas fueron juzgadas bajo esta ley y sentenciadas a penas que llegan hasta los 28 años de cárcel.

Al principio



Guerra del Líbano de 2006

Mapa de la región en conflicto

Según Hezbolá: Incursión de tropas israelíes en Aita al Chaab (Líbano) y captura de dos soldados para canjear por presos árabes en cárceles israelíes.

La Guerra del Líbano de 2006, conocida en Israel como Segunda Guerra de Líbano (en hebreo מלחמת לבנון השניה, Miljemet Lebanon Ha-Shniá) y como Guerra de julio en el Líbano, fue un conflicto armado asimétrico entre las Fuerzas de Defensa Israelíes y la organización chiíta Hezbolá, considerada como una organización terrorista por Estados Unidos, la Unión Europea e Israel, y que opera desde territorio libanés y sirio contra Israel. Dicho enfrentamiento comenzó el 12 de julio de 2006 y finalizó el 14 de agosto al entrar en vigencia la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que estableció un alto el fuego a partir de las 05:00 horas UTC de ese mismo día.

El día 12 de julio de 2006 la organización Hezbolá, a través de su televisión Al-Manar, comunicó que había capturado a dos soldados israelíes (Ehud Goldwasser y Eldad Regev), acto justificado en la promesa que hiciera para liberar a los prisioneros árabes de las cárceles israelíes. Hezbolá manifestó que la captura se hizo en el sur del Líbano, en un enfrentamiento que se habría producido contra fuerzas israelíes que habrían penetrado en la ciudad fronteriza de Aitaa al-Chabb, cerca de las granjas de Shebaa. En la misma acción habrían bombardeado varios poblados y asentamientos agrícolas israelíes, hiriendo a cinco civiles, y atacado una patrulla israelí, resultando muertos ocho soldados israelíes, mientras que otros dos fueron capturados. Israel afirmó que el ataque se produjo en su territorio y que fue invadida y atacada por Hezbolá. El Primer Ministro israelí, Ehud Ólmert, responsabilizó al Gobierno del Líbano de la acción de Hezbolá, y aclaró que “los sucesos de esta mañana no se definen como un ataque terrorista, sino como el acto de un Estado soberano que atacó a Israel sin razón y sin provocación”.

El ejército israelí, en respuesta a las acciones de Hezbolá, inició la Operación Recompensa Justa, su primera ofensiva militar aérea y marítima sobre territorio libanés desde la retirada total israelí en el año 2000, de acuerdo con los límites reconocidos por las Naciones Unidas. Esta operación conllevó el bombardeo de instalaciones de transportes, comunicaciones, energéticas y militares, así como cuarteles de Hezbolá y zonas urbanas, provocando en 24 horas decenas de víctimas civiles, cuantiosos daños materiales y un bloqueo israelí de todo el Líbano por mar y aire.

El 1 de febrero de 2007, en el marco de la Comisión Winograd, Ehud Olmert declaró que la captura de ambos soldados activó los planes de contigencia aprobados cuatro meses antes para lanzar una intervención a gran escala en el Líbano. Asimismo, añadió ante la comisión que su gabinete empezó a estudiar las consecuencias de la inestabilidad en la frontera libanesa el 8 de enero de 2006, cuatro días después de sustituir a Ariel Sharón, quien había sufrido un derrame cerebral. Tras estudiar de nuevo el asunto con altos mandos militares durante marzo, abril y mayo, Olmert aceptó la postura del entonces Ramatcal, Dan Halutz, que señalaba que Israel perdería su capacidad de disuasión si no respondía a una eventual captura de soldados. La valoración se fundaba en un hecho similar acaecido en octubre de 2000, en el que Hezbolá capturó a tres militares israelíes, y en varios intentos posteriores por parte de esta guerrilla, el último en noviembre de 2005. En su defensa, Olmert argumentó que basó su decisión en lo que Dan Halutz le había confirmado, esto es, que disponía de un ejército de calidad, fuerte y listo para llevar a cabo cualquier misión, expresando que "(...) no podía saber que ése no era el caso", aunque añadió que "(...) actuamos de manera apropiada y responsable". No obstante, un sector de la población israelí interpretó la respuesta militar de Olmert como una reacción impulsiva y no premeditada, propia de un líder carente de experiencia militar. Por su parte, Meir Dagan, jefe del Mossad, expresó que el 12 de julio de 2006 había solicitado al ejército que retrasara su respuesta militar.

La intensidad de la respuesta israelí despertó reacciones encontradas en la comunidad internacional; mientras que algunos estados consideraron que las acciones eran duras pero normales dentro de un contexto bélico de legítima defensa, la ONU repudió lo que consideró un peligroso exceso de fuerza por parte de Israel. Ante el despliegue militar israelí, Hezbolá declaró la guerra abierta a Israel, lo que en un principio causó el rechazo público de Fuad Siniora, el primer ministro libanés.

La crisis aparece en un contexto diferente del habitual en el conflicto árabe-israelí, debido a la retirada unilateral de Gaza por parte de Israel en septiembre de 2005, y a la victoria de Hamás en las elecciones legislativas (enero de 2006). Las semanas previas a la crisis israelo-libanesa habían estado marcadas por el significativo aumento de los cohetes Qassam, lanzados desde Gaza por grupos palestinos sobre objetivos civiles israelíes, y las consiguientes respuestas israelíes, causantes de numerosas bajas entre los palestinos, además de la presión sobre la Autoridad Nacional Palestina.

El 24 de junio se producía en la Franja de Gaza la captura, por parte de efectivos israelíes, de dos palestinos, identificados como los civiles Osama Muamar, médico de 31 años, y su hermano Mustafá, de 20 años, sospechosos según el ejército israelí de militar en Hamás.

Al día siguiente, un grupo de milicianos palestinos reaccionaron cruzando la frontera entre Gaza e Israel mediante un túnel de 250 metros para atacar un puesto del ejército israelí. Durante este ataque murieron dos milicianos palestinos, así como dos soldados israelíes, mientras que cuatro soldados más fueron heridos, y el cabo Gilad Shalit fue capturado. Los captores de Shalit propusieron un intercambio negociado por los prisioneros menores de 18 años tomados por los israelíes (aproximadamente 400 de los 10.000 presos palestinos en cárceles de Israel). En represalia, Israel capturó a más de 30 políticos palestinos relacionados con Hamás y destruyó varios ministerios e infraestructuras. Dos semanas después, en plena ofensiva israelí sobre Gaza para recuperar al soldado secuestrado, Hezbolá atacó a una patrulla israelí, secuestrando a dos soldados y matando a otros ocho en una emboscada.

Algunos analistas, como David Hirts, consideraron que Hezbolá lanzó este ataque como una nueva estrategia dentro del conflicto regional árabe-israelí, en concreto como un apoyo al partido gobernante Hamás, que en esos momentos se hallaba acosado en la Franja de Gaza. Por su parte, otros analistas y políticos, como el líder libanés Druso Walid Jumblat, lo han relacionado con una maniobra de distracción hacia la negativa de Irán sobre las exigencias de la ONU para que suspendiese su programa nuclear.

La ofensiva israelí sobre el sur del Líbano se vio facilitada por el hecho de que las tropas sirias abandonaran el país tras la llamada Revolución del Cedro en febrero de 2005, y por la caída del gobierno pro-sirio.

En horas de la mañana del día 12 de julio de 2006, dos vehículos blindados del Ejército Israelí que patrullaban la frontera con el Líbano, fueron atacados por una emboscada de Hezbolá, en la que murieron tres soldados y otros tres resultaron heridos (uno de ellos de gravedad), y otros dos fueron tomados prisioneros. Paralelamente, y como método de distracción, la organización armada bombardeó asentamientos civiles del norte de Israel con cohetes Katiusha, hiriendo a cinco civiles. El propio Nasralá había señalado tiempo atrás la intención de Hezbolá de capturar a soldados israelíes, después de que el ex primer ministro Ariel Sharon incumpliera la ratificación de los acuerdos —tres en total— acerca de la liberación de todos los prisioneros de Hezbolá durante el último intercambio de prisioneros entre Hezbolá e Israel.

En una fallida incursión dentro del territorio libanés, realizada en las horas subsiguientes al ataque por tanques del Ejército Israelí con la intención de rescatar a los soldados capturados, explotó un tanque Merkavá israelí mediante una potente bomba emboscada de antemano por Hezbolá, matando a los cuatro soldados que lo tripulaban. En el intento de las tropas israelíes por rescatar los cadáveres de los tanquistas, murió un octavo soldado israelí bajo fuego nutrido de Hezbolá, los cuerpos pudieron ser repatriados sólo al día siguiente.

Ante el ataque sorpresa al Estado de Israel, el gabinete del Gobierno Israelí presidido por el premier Ehud Ólmert, respaldado inicialmente por un amplio consenso en los diversos estamentos de la sociedad israelí, decidió en sesión de emergencia poner fin a los ataques esporádicos y sorpresivos del grupo armado Hezbolá, que controla el sur del Líbano desde la retirada del Ejército Israelí en mayo de 2000, ordenada por el primer ministro Ehud Barak.

El Gobierno de Israel se fijó como metas de la operación en el Líbano, la liberación de los dos soldados secuestrados, el cese de los disparos de cohetes a poblaciones israelíes, y la aplicación de la resolución 1559 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que ordena el desarme y el desmantelamiento de Hezbolá, y el despliegue en su lugar del Ejército Libanés a lo largo de la frontera israelo-libanesa.

En una primera etapa, el Ejército Israelí voló puentes y carreteras del sur del Líbano, inutilizó las pistas de aterrizaje del Aeropuerto de Beirut, e impuso un bloqueo marítimo al país, ante el temor de Israel de que los soldados secuestrados sean sacados del país y entregados a manos sirias o iraníes. Posteriormente, los ataques se centraron en presionar a las autoridades libanesas a salir de su indiferencia y pasividad ante la inmunidad e impunidad otorgadas a Hezbolá, mediante daños infligidos a la economía, el turismo y las infraestructuras del Líbano.

El Comandante en Jefe del Ejército de Israel, de ese momento, el Teniente General Dan Halutz, anunció previamente que si Hezbolá no liberaba a los soldados israelíes, harían "retroceder 20 años el reloj de Líbano". La respuesta de Hezbolá ha sido un ataque masivo y sin precedentes de cohetes «Katiusha» a todo el norte de Israel, incluyendo poblaciones que por largos años no habían sido blanco de bombardeos desde el Líbano, como Safed y Carmiel, y el ataque a un buque de guerra apostado en aguas territoriales libanesas, realizado con un misil antibuque moderno de fabricación iraní, que se saldó con cuatro marineros israelíes muertos.

El 26 de julio 4 observadores de la ONU murieron tras ataque israelí.

Los ataques israelíes llegaron al norte del Líbano, hasta Trípoli, donde parte de la población del sur se había refugiado en su huida del teatro de operaciones.

En la tercera semana de lo enfrentamientos, Israel sumó al ataque aéreo el ingreso de tropas terrestres al sur del Líbano, que avanzaron hasta seis kilómetros. El objetivo, según Israel, era derribar la líneas de puestos de vigilancia de Hezbolá a lo largo de la frontera, destruir la infraestructura de Hezbolá en el sur del país y desplazar al grupo armado hacia el norte.

El Presidente del Líbano denunció el uso por parte de Israel de bombas de fósforo blanco, en bombardeos sobre zonas civiles. El Colegio de Médicos de Líbano decidió solicitar, una vez comprobada la existencia de ciertas "heridas anormales" entre víctimas civiles, varios análisis en el extranjero dada la imposibilidad de aquél momento de que sean llevados a cabo en el país Posteiores análisis confirmaría el uso del Fósforo blanco contra civiles. Así mismo, el gobierno israelí ha reconocido haber utilizado el polémico armamento con fósforo en los ataques contra sus objetivos durante el mes de guerra en el Líbano. El agente químico puede utilizarse en proyectiles, misiles y granadas, y provoca espantosas quemaduras al entrar en contacto con la carne humana.

Hay que recordar que, del otro lado, Hezbolá –que no necesita atenerse a la legalidad internacional al ser una organización irregular– ha lanzado ya varios miles de misiles de forma indiscriminada sobre ciudades israelíes del norte, cargados de bola de acero y con cabezas explosivas de hasta cien kilos capaces de derribar edificios enteros.

Hezbolá es también acusada de haber instalado sus arsenales y sus lanzaderas de misiles en zonas densamente pobladas, ir vestidos con ropas de civil y mezclarse entre la población, lo que maximiza el riesgo de bajas civiles entre los libaneses (lo cual es aprovechado por Hezbolá como propaganda). En ese sentido, el sub-secretario de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, Jan Egeland, ha dicho que "Hezbolá debe de dejar de mezclarse cobardemente entre mujeres y niños".

El 30 de julio, un edificio de apartamentos en la ciudad libanesa de Caná se desplomó tras un bombardeo israelí. Numerosos medios hablaron de 54 personas muertas, 27 de ellos niños, y provocó una gran conmoción internacional (véase: Bombardeo de Caná de 2006). Una vez que un informe de Human Rights Watch cuestionó las cifras de fallecidos, el hospital libanés de Tiro ha reconocido que el número de muertos en Caná son en realidad la mitad, es decir, 28, entre ellos 16 niños. La cifra definitiva de muertos es de 27 personas, entre ellas 17 menores de 18 años. La cifra de muertos es una de las inconsistencias que se estaban señalando desde fuentes hebreas. El Primer Ministro Israelí, Ehud Ólmert, lamentó las muertes de inocentes, alegando que los habitantes de la localidad habían sido advertidos con octavillas de que debían abandonar Caná ante la inminencia de los bombardeos.

El informe de Naciones Unidas, de 8 de agosto, señaló la imposibilidad de escapar de la ciudad debido a los continuos ataques de los israelíes sobre carreteras y transportes de todo tipo. El mismo informe calificó el ataque de "modelo de violación del derecho internacional, incluido el derecho humanitario internacional y las leyes sobre derechos humanos". Según el informe de la ONU, "la Fuerza Provisional de la ONU en el Líbano (FPNUL) no puede confirmar o negar si Hizbulá estaba llevando a cabo actividades militares desde Qana en los días anteriores al ataque del 30 de julio". El informe de Annan también recogió la opinión del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que estima que "avisar previamente a la población civil del inminente ataque no exime a Israel de sus obligaciones bajo las normas y principios del derecho internacional humanitario". Ólmert afirmó que la ciudad era utilizada como base de operaciones por Hezbolá, lo que posteriormente fue negado por el gobierno libanés. Kofi Annan, Secretario General de la ONU, declaró tras el ataque: "nadie duda del derecho de Israel a la legítima defensa, pero que la manera en que actúa está causando muertes y sufrimiento en proporciones inaceptables". Por su parte, la Fuerza Aérea Israelí investigó el suceso, incluida la causa de que el edificio bombardeado se desplomase siete horas después del ataque.. En el informe oficial, dado a conocer el 3 de agosto, el Ejército Israelí acusa a Hezbolá de usar a la población como escudos humanos y sostiene que el bombardeo se efectuó porque se desconocía que en el edificio de Caná hubiese civiles. Según declararon pilotos de cazas, la táctica de Hezbolá –sin uniformes, sin separación entre milicia y población– supone un dilema permanente para la aviación israelí.

Amnistía Internacional y Human Rights Watch desestimaron las conclusiones de la investigación israelí y afirmaron que investigadores de ambas organizaciones que visitaron Qana el 31 de julio, el día después del ataque, no encontraron ningún equipo militar destruido en o cerca de la casa. Del mismo modo, ninguna de las decenas de periodistas internacionales, trabajadores de rescate y observadores internacionales que visitaron Qana el 30 y 31 de julio dijeron haber visto ninguna prueba de la presencia militar de Hezbolá en o alrededor de la casa. Según Human Rights Watch, los trabajadores de rescate tampoco recuperaron cuerpos que parecieran de combatientes de Hezbolá en el interior o cerca del edificio. Según un testigo, "hay aviones de vigilancia cerniéndose en lo alto cada día. (...) Es imposible que los aviones no hayan visto que el lugar estaba lleno de mujeres y niños".

A 3 de agosto la ofensiva de Israel en el Líbano ha causado la muerte a más de 900 personas y herido a otras 3.000, y un tercio de las víctimas tiene menos de 12 años, según información del Primer Ministro Libanés, Fuad Siniora. Según sus cifras un cuarto de la población del país —un millón de personas— había sido desplazada debido al conflicto armado. Por el lado israelí, ya son 55 los muertos a 2 de agosto, entre ellos 19 civiles. 300.000 israelíes han abandonado sus casas en el norte del país.

El 4 de agosto la Agencia para los Refugiados de la ONU (UNHCR) advirtió que la continua destrucción de carreteras y puentes en el Líbano por parte de la aviación israelí está dificultando la distribución de la ayuda humanitaria. Por su parte el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) dio la voz de alarma sobre la situación humanitaria en el sur del Líbano debido a los continuos bombardeos israelíes. Un portavoz de la organización señaló los problemas de escasez de agua y de combustible en la zona, así como la amenaza de epidemias. Por su parte la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) afirmó que los bombardeos israelíes de la pasada madrugada sobre el norte de Beirut "han cortado una vía de comunicación vital con la frontera siria" que se utilizaba para evacuar personas hacia el país vecino.

El mismo día (4 de agosto) un ataque israelí sobre un grupo de agricultores libaneses dejó la cifra de entre 23 y 33 (según fuentes) muertos civiles cerca de la frontera con Siria. Por otro lado, al menos 17 personas murieron y varias más resultaron heridas en un ataque israelí contra un edificio en la ciudad sureña de Taiba (Sur de Líbano), cerca de la frontera con Israel. También las zonas cristianas del norte del país, hasta la fecha ajenas a la guerra, sufrieron por primera vez ataques israelíes. Ocho civiles y cuatro soldados murieron ese mismo día en lo que fue el día más mortífero para Israel desde el comienzo de los ataques del Hezbolá sobre el norte israelí. Decenas de personas resultaron heridas por la ola de cohetes que azotó el norte durante esta tarde. La policía dijo que unos 130 cohetes fueron disparados hacia Israel en solo 90 minutos entre las 16 y las 17:30 horas.

Un portavoz de la policía israelí informó que, a 10 de agosto, han impactado en suelo israelí 3526 misiles, 716 en ciudades, con el resultado de 51 ciudadanos israelíes muertos, 810 heridos, de ellos 59 heridos graves. Estos datos no incluyen a soldados muertos y heridos en suelo libanés.

Los efectos en ambos territorios fueron negativos. En el norte de Israel, la ciudad de Haifa sufrió numerosos daños. En el Líbano, la ciudad de Tiro, además de Beirut, sufrieron muchos bombardeos.

Al principio, en Israel, el apoyo a la guerra era total, pero ante las perdidas humanas, esa situación cambió. Además el otro 20 % contrario a la guerra estaba formado por los palestinos del 48 o arabe-israelíes (como los denomina Israel) y los pequeños grupos pacifistas israelíes.

La reacción unánime de la comunidad internacional fue de honda preocupación por el deterioro de la frágil situación geopolítica en el conflictivo Oriente Medio, y por la estabilidad del Gobierno del Líbano. A ello se sumó por un lado la comprensión de los argumentos israelíes y el apoyo a su derecho de defensa propia frente a los ataques de Hezbolá, conjuntamente con críticas por la dureza de los ataques y la muerte de civiles, interpretada como reñida con el principio de proporcionalidad establecido por el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Otros estados, principalmente aquellos enfrentados con Israel o Estados Unidos, se pronunciaron condenando la ofensiva israelí.

Por su parte, Israel resaltó la provocación y beligerancia de Hezbolá, después de que las Naciones Unidas certificaran en el año 2000 la retirada total del país de territorio libanés, y se quejó de la falta de comprensión por parte de algunos gobiernos europeos de las circunstancias en que Israel se ha visto obligada a actuar. El Gobierno Libanés pidió ante el Consejo de Seguridad de la ONU un inmediato alto el fuego, sin que el Consejo aprobara una resolución al respecto.

En Europa, las críticas más duras a la acción israelí fueron hechas por el Presidente Francés, Jacques Chirac, aliado del Líbano, quien se preguntó si Israel buscaba la destrucción del Líbano y consideró que su reacción a la captura de sus soldados era totalmente desproporcionada. El Presidente del Gobierno Español, José Luis Rodríguez Zapatero, también fue muy crítico y declaró: «Los silencios ante lo que hoy se vive en Oriente Medio pueden ser arrepentimientos mañana», declaraciones del 16 de julio de 2006 en Alicante y por el Vaticano, quienes fustigaron la dura reacción israelí, aunque salvaguardaron su derecho a la legítima defensa. Los gobiernos cubano y venezolano emitieron sendos comunicados condenando enérgicamente a Israel, al tiempo que las reacciones más duras vinieron por parte de Irán y Siria. Por su parte, el Presidente Ruso, Vladímir Putin, no excluyó que Israel persiguiese "objetivos mucho más amplios" que la liberación de sus militares secuestrados.

El Primer Ministro Británico, Tony Blair y el Presidente Estadounidense George W. Bush, en tanto, han respaldado el derecho a la defensa de Israel y acusado a Hezbolá de comenzar el conflicto, y han hecho un llamamiento a Siria y a Irán para que ejerza su influencia y detengan a Hezbolá. Arabia Saudí por su parte, atacó las acciones de Hezbolá, tildándolas de "inesperadas, inadecuadas e irresponsables", y culpando a la organización de hacer retroceder a la región en años, secundado en su posición por Egipto, Jordania, Iraq, la Autoridad Palestina, los Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Kuwait. El propio Primer Ministro libanés, Fuad Siniora, criticó con dureza a Hezbolá, acusándolo de haberse convertido en un «problema gravísimo», al ser un «estado dentro de un estado» que responde a las agendas políticas de Irán y Siria, e hizo un llamado al mundo a «ayudar en el desarme» de la organización.

El 26 de julio el Secretario de las Naciones Unidas, Kofi Annan, pidió a Israel una investigación por la muerte de cuatro observadores de la ONU en un bombardeo del Ejército Israelí en Khiam donde están desplegadas las fuerzas de UNIFIL y en donde los israelíes fueron advertidos en diez ocasiones por el propio organismo internacional que les estaban bombardenado y ha declarado estar "conmocionado y profundamente desolado por el ataque deliberado de las Fuerzas de Defensa Israelíes contra un puesto de observación de la ONU" al tiempo que ha considerado la acción como un "trágico asesinato". El Primer Ministro Israelí, Ehud Ólmert, expresó a Annan su "profundo pesar" por la muerte de los observadores internacionales y aseguró que se investigarán los hechos, aunque negó las imputaciones de que haya sido una acción deliberada, tachando las palabras de Kofi Annan como «prematuras y erróneas». Un día después de las graves acusaciones del secretario de la ONU, se ha conocido un correo electrónico del observador canadiense muerto en Khiam en el que informaba unos días antes de que Hezbolá estaba usando el puesto de UNIFIL como escudo de su posición y que las IDF israelíes les bombardeaban «por necesidades tácticas, no por ser el objetivo». El día 3 de agosto un comunicado de las Naciones Unidas comunicó que un misil de Hezbolá impactó directamente en una posición de UNIFIL en el área de Hula, y media hora más tarde, otro misil de Hezbolá impactó en la misma posición.

El Presidente Venezolano, Hugo Chávez, un estrecho aliado de Irán, ordenó el 3 de agosto la retirada del embajador de Venezuela en Israel por su rechazo al "genocidio" que, a su juicio, ese Estado "comete" contra los pueblos libanés y palestino, según ha declarado el propio Presidente. Chávez también ha condenado que EE.UU. se haya "negado a permitir que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tome alguna decisión para frenar el genocidio que Israel está cometiendo contra los pueblos palestino y del Líbano". Por su parte, el Presidente Iraní, Mahmud Ahmadineyad, principal soporte político y militar de Hezbolá, ha declarado que la "mejor solución" a la crisis del Líbano es la eliminación de Israel, aunque pidió, como primera medida, un "inmediato alto el fuego" entre Israel y la milicia chií libanesa Hezbolá.

Tales palabras fueron pronunciadas en la cumbre de la Organización de la Conferencia Islámica, que se celebraba en Malasia. Ahmadineyad, además pidió a todos los estados musulmanes que "corten todas sus relaciones políticas y económicas, abiertas y secretas, con el falso e ilegal régimen sionista" en represalia por los ataques contra Líbano. Asimismo, instó a todos los países islámicos que "aíslen" a Estados Unidos y Reino Unido por apoyar la ofensiva israelí en Líbano. El Presidente de Francia, crítico de la ofensiva israelí, desestimó las declaraciones del Presidente de Iraní al acusar a Irán de tener "una parte de responsabilidad en el conflicto actual" ya que alegó disponer de informaciones que demostrarían que Irán "proporciona armas sofisticadas y financiación" a Hezbolá para atacar a Israel, lo que la República Islámica niega. . Irán, que no reconoce el Estado de Israel y que ha amenazado en numerosas ocasiones con destruirlo, ha hecho público su total respaldo a la milicia islamista Hezbolá.

Paralelamente a la intensificación y el agravamiento de la situación, y al cabo de cinco días de hostilidades, se notó una febril actividad diplomática tanto en el terreno bilateral como a nivel de las relaciones multilaterales.

La principal iniciativa en tal sentido provino por parte de los líderes de los países industrializados (G-8), en su reunión cumbre de San Petersburgo del 16 de julio de 2006. Tras evidenciar una profunda disparidad de criterios durante la reunión, los países lograron consensuar un comunicado conjunto que llama al cese del fuego y a la liberación de los militares israelíes prisioneros, afirmando el derecho israelí de defensa propia, y culpando a "los elementos extremistas y los que los apoyan" de arrastrar a la zona al caos.

Dentro del transcurso de la crisis, Estados Unidos, haciendo uso de su poder de veto, ha evitado que el Consejo de Seguridad condene explícitamente determinadas acciones de Israel en territorio del Líbano, pese a las peticiones del Secretario General al respecto. Pese a lo anterior, respecto a la muerte de observadores del organismo y la masacre de Caná, el Consejo ha emitido una serie de declaraciones consensuadas en las cuales expresa su preocupación por "la amenaza de la escalada de violencia, con graves consecuencias humanitarias".

Por su parte, el Primer Ministro Italiano, Romano Prodi, mantuvo contactos con el premier Israelí, y comunicó al Líbano que este país estaría dispuesto a un cese del fuego, en caso de ser devueltos los soldados, y que Hezbolá se retirase al norte del río Litani, en el sur libanés.

En tanto, el Alto Comisionado de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Javier Solana, efectuó una visita sorpresa al Líbano, junto con el representante de las Naciones Unidas para Oriente Medio, Terje Rød-Larsen. El Primer Ministro Libanés, Fuad Siniora, por su parte, se expresó dispuesto a desplegar el Ejército de su país hasta la frontera internacional, según la resolución 1559 del Consejo de Seguridad y la demanda del gabinete de Ehud Ólmert.

El Presidente del Congreso Libanés, Nabih Berri, ha manifestado que su Gobierno busca la mediación de un tercer actor para obtener un alto al fuego. Parte de la población israelí se ha manifestado en ese sentido: el 16 de julio, una manifestación ante la Knéset pidió el fin de las acciones militares y la reanudación de un proceso político.

El día 29 de agosto, el Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, realizó una visita a Jerusalem, capital de Israel, y declaró que esperaba que las fuerzas de paz fueran reunidas a la mayor brevedad para que así el ejército israelí pudiera regresar a casa.

Durante su visita a Israel, durante los días 10 y 11 de septiembre, el Primer Ministro Británico, Tony Blair, afirmó que sería "insensato" ignorar la amenaza que supone Irán y emplazó a Israel y al Gobierno palestino a reforzar el proceso de paz en una entrevista publicada hoy por el diario israelí Haaretz.

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España, Miguel Ángel Moratinos, se reunió el día 11 de septiembre en la capital del Estado de Israel, Jerusalén, con Ehud Ólmert y con la ministra israelí de Asuntos Exteriores, Tzipi Livni y afirmó que España no necesita "garantías" del Gobierno de Israel para el despliegue de sus tropas en el sur de Líbano porque son dos países "amigos" y "no nos atacamos mutuamente". Israel, por su parte, dice apreciar la participación española pero recuerda que no ha pedido el despliegue de una fuerza internacional para garantizar su defensa. El titular de Exteriores, Miguel Angel Moratinos, admitió que "fue Hezbolá quien desencadenó la crisis.

Kofi Annan intentó desde el primer momento lograr una resolución del Consejo de Seguridad para un inmediato alto al fuego de las hostilidades, pero el representante de EE.UU., John Bolton, se negó sistemáticamente a dichas peticiones, vetando los proyectos que se presentaban, hasta que finalmente se llegó a un acuerdo con todos los miembros de dicho consejo.

En los últimos dos días, ante el anuncio de un acuerdo para una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que llamaba a un alto al fuego, ambos bandos intesificaron sus acciones bélicas. Hezbolá intensificó sus ataques con misiles sobre la ciudad de Haifa, bombardeando instalaciones civiles de forma indiscriminada. Por su parte Israel procedió a desplegar una amplia operación de invasión terrestre hasta el río Litani, 24 horas antes de la vigencia del cese al fuego.

El armamento utilizado en ambos bandos incluyó armas no convencionales y con usos no admitidos por el Derecho internacional humanitario. Hezboláh, que usó estrategias similares a las de las Guerra de guerrillas uso misiles para los mencionados ataques sobre la ciudad de Haifa, con munición de fragmentación, Israel afirma que dichos misiles son de origen iraní, los dirigentes de Hezbolah expresan que sus misiles son de fabricación estadounidense Sin embargo existe un consenso mayoritario que indica que los misiles son de origen sirio e iraní, aunque no hay una confirmación al respecto.

Además de las armas propias de un ejército altamente organizado, Hezboláh contó con un arma que le sería clave para su relativa victoria sobre las Fuerzas de Defensa Israelíes, el lanzagranadas ruso RPG-29 con la cual Hezboláh habría destruido una división completa de tanques de las fuerzas terrestres israelíes, lo cual retrasó la invasión terrestre en el sur del Líbano.

Por su parte Israel hizo mayor uso de su superioridad aérea, usando su arsenal de bombas convencionales, sobre todo bombas antibúnkeres, que fueron lanzadas principalmente en Beirut, sobre posiciones del Hezboláh e instalaciones civiles. También hizo uso de Bombas de Fósforo blanco lanzadas incluso sobre población civil y hay supuestas pruebas del posible uso de bombas nucleares antibunker, según una publicación hecha por Robert Fisk; conocidas en inglés como Nuclear Bunker Buster; cuyos efectos radiactivos podrían incluso afectar a la población civil israelí, aunque se sospecha que las bombas que se usaron son de un nuevo tipo, una investigación de la ONU descartó el uso de munición de uranio empobrecido. y la RAI expuso un documental que certifica el uso de un nuevo tipo de bomba de uranio, no existe ni afirmación ni negación alguna del gobierno israelí al respecto, tampoco del gobierno libanés; por tanto sólo se cuenta con lo publicado por Fisk, en The Independent y la RAI . Sin embargo las armas más controvertidas, por su uso, fueron las Bombas de Racimo cuya utilización ha sido cuestionada fuera y dentro de Israel y que causaron víctimas mucho tiempo después de concluidas las hostilidades.

Con los buques de guerra, las Fuerzas de Defensa Israelíes bloquearon marítimamente al Líbano, realizando estos buques esporádicos ataques con misiles.

Finalmente, las fuerzas terrestres contaban con divisiones blindadas de tanques de origen estadounidense y de tanques Merkava, de fabricación israelí, además de equipos de última generación para la infantería y comandos de élite como las Brigadas Golani; en inglés Golani Brigade.

El 14 de agosto de 2006, pocas horas después del comienzo del alto el fuego, cuatro morteros fueron disparados desde el sudeste libanés, confirmado por el UNIFIL en un comunicado de prensa, mientras que un portavoz militar israelí afirmó que Israel no responderá a esta acción. En ese mismo día se registraron otros cuatro incidentes cuando miembros armados de Hezbolá se aproximaron a posiciones militares israelíes, sufriendo cuatro bajas.

El 15 de agosto soldados israelíes abrieron fuego de nuevo cuando cuatro combatientes de Hezbolá, según la versión de las IDF, se acercaron a sus posiciones, sufriendo la milicia chií tres nuevas bajas. Ese mismo día, 10 misiles Katyusha fueron disparados por Hezbolá desde el Líbano. Israel reiteró que no respondería, puesto que los cohetes no cruzaron la frontera.

El Ministro de Exteriores libanés, Fawzi Sallukh, ha informado al enviado especial de la ONU a Líbano e Israel, Terje Roed-Larsen, del enfrentamiento entre soldados israelíes y milicianos de Hezbolá durante la madrugada del 19 de agosto, debido a una operación armada llevada a cabo por el ejército israelí para evitar la entrada desde Siria de nuevas armas destinadas al rearme de la milicia chií, en lo que sería el incumplimiento más destacado del alto el fuego desde su entrada en vigor. El secretario general de la ONU, Kofi Annan, ha declarado en un comunicado de prensa que el ataque israelí de este sábado contra Hezbolá en Líbano constituye "una violación" del cese de hostilidades. "El secretario general está profundamente preocupado por una violación, por la parte israelí, del cese de hostilidades previsto por la resolución 1701 del Consejo de Seguridad", explica un comunicado hecho público por el portavoz de Annan. El secretario general de la ONU ha hablado por teléfono con el primer ministro israelí, Ehud Ólmert, que ha indicado que el ataque trataba de evitar el tráfico de armas a Hezbolá y no constituye, en opinión de Israel, una violación de la resolución 1701.

A su vez, el Ministerio del Exterior de Israel ha asegurado en un comunicado que la operación militar israelí ayer en el este de Líbano fue "una respuesta a una clara violación del alto el fuego", ya que la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU prohíbe la transferencia de armas de Siria e Irán a Hezbolá.

El Ejército Israelí afirmó que su incursión en el valle del Bekaa pretendía impedir la entrega de armas a Hezbolá por estos dos países, sin que haya demostrado a la comunidad internacional que tal transferencia de armas se haya producido o se estuviera produciendo, y sin que reclamase la actuación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Según uno de los informes de la ONU, el 29 de agosto el Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, se reunió con el Ministro de Defensa Israelí, Amir Péretz, en Jerusalén, y le hizo saber que Israel violo el cese el fuego más cantidad de veces que Hezbolla.

El Gobierno Libanés a fecha 27 de agosto de 2006 estimaba que los daños causados por la guerra en su país se elevaban a 1.187 nacionales muertos, 4.060 heridos, 256.000 desplazados y 15.000 viviendas destruidas, muchos de los muertos y heridos eran miembros de Hizbollá. Por parte de Israel, las cifras ofrecidas por los medios de comunicación, citando como fuente las Fuerzas Armadas Israelíes, cifraban en 116 los soldados muertos y 450 los heridos. Entre los civiles, 41 muertos y 604 heridos.

Según un informe publicado por Amnistía Internacional el 14 de setiembre, la milicia chií libanesa Hezbolah cometió "graves violaciones" de los derechos humanos al atacar "deliberadamente" a la población civil israelí durante el conflicto. Amnistía Internacional asegura que Hezbolah lanzó cerca de 4.000 cohetes contra el norte de Israel, causando la muerte de civiles y heridos graves y obligando a miles de civiles a cobijarse en refugios o huir. Aproximadamente, una cuarta parte de los cohetes se dispararon directamente contra zonas urbanas, especifica el documento. Según la Secretaria General de AI, Irene Khan, "la escala de los ataques de Hezbolah contra ciudades y pueblos israelíes, el carácter indiscriminado de las armas utilizadas, y las declaraciones de los dirigentes del grupo confirmando su intención de atacar a civiles dejan perfectamente claro que Hezbolah violó las leyes de la guerra".

Muchos de los sitios bombardeados, las fábricas quemadas y los complejos industriales están contaminados con una variedad de tóxicos y sustancias dañinas para la salud.

A ello se suma el derrame de petróleo provocado por el bombardeo contra los depósitos de la planta energética de la ciudad de Djubayl o Biblos, en el Líbano.

Según Paul Ginsberg que dirige el Departamento Forestal del Fondo Nacional Judío, Israel también sufrió graves daños ambientales, expresó que Va a demorar 50 años, dos generaciones enteras, para que nuestros bosques vuelvan a ser como eran antes de la guerra En total, según el informe difundido por la citada organización, se quemaron 750 mil árboles y 6.680 héctáres por los incendios provocados por los cohetes del movimiento islamista.

El 6 de septiembre Israel anunció de forma oficial, tras recibir una fuerte presión internacional, el levantamiento del bloqueo marítimo del Líbano para el día 7, lo que se ha considerado en algunos medios como una "marcha atrás" del Gobierno de Olmert después de afirmar que también levantará por completo el bloqueo aéreo. Esa posibilidad de levantar el bloqueo fue negada el 3 de septiembre. La decisión ha sido tomada tras anunciar una empresa dependiente de British Airways, y con el consentimiento del gobierno británico, su intención de volar a Beirut sin solicitar el permiso de Israel , además de las gestiones del secretario general de la ONU y las amenazas del Ministro de Asuntos Exteriores Libanes el día 6, Fauzi Salluj, "Esperaremos a las 48 horas dadas por (el secretario general de la ONU, Kofi) Annan, y si la situación se resuelve, le daremos las gracias. Si no, el Gobierno libanés tomará las medidas necesarias y romperá el bloqueo" si no era levantado unilateralmente por Israel.

A pesar de las declaraciones amenazantes, Israel mantiene aun el bloqueo marítimo, "El bloqueo aéreo ha acabado. En coordinación con las Naciones Unidas, el bloqueo naval continuará hasta que la fuerza naval internacional esté en el lugar", dijo Miri Eisin, portavoz del primer ministro israelí, Ehud Ólmert.

Al preguntársele por qué se había demorado el fin del embargo naval dijo Siniora en una rueda de prensa "Hubo un problema en Naciones Unidas que está siendo resuelto. Estén seguros de que el embargo será levantado (...) Hay un pequeño problema por la noche, y pienso que por la mañana, si Dios quiere, esto estará levantado", agregó.

Finalmente el bloqueo fue levantado el día 8 de setiembre. Israel entrego la custodia de las costas libanesas a una fuerza naval de la ONU con tropas de Italia, Francia y Grecia que comenzaron a patrullar las costas de Libano.

El 20 de setiembre, el Ministro de Defensa de Israel, Amir Péretz, declaro que "Israel pretende completar la retirada de tropas de Líbano este fin de semana. Esa es nuestra intención, definitivamente queremos completarlo". Las Fuerzas de Defensa Israelíes se han retirado gradualmente del territorio que capturaron durante la guerra de un mes con las guerrillas de Hezbolá que acabó con un alto el fuego el 14 de agosto. El Ejército dijo que se había retirado de más del 80 por ciento del territorio conquistado durante la guerra, cediéndolo a los cascos azules de la ONU, bajo la misión de pacificación FPNUL II, una versión ampliada de la existente en el área.

El 30 de septiembre las tropas israelíes cruzaron la frontera sur del Líbano, iniciando la última fase de su retirada, de acuerdo con la resolución de las Naciones Unidas que puso fin a la guerra con los guerrilleros de Hezbolah, informo una fuente de las fuerzas de seguridad de Israel. Autoridades militares israelíes dijeron tener la esperanza de que las últimas fuerzas consigan dejar el Líbano antes del início del Yom Kippur, el día más sagrado del calendário judío.

El 1 de octubre las Naciones Unidas confirmaron que el Ejército israelí abandonó las últimas posiciones que ocupó durante más de dos meses en el sur del Líbano, con la excepción de un sector fronterizo estratégico del que podría retirarse la próxima semana. Israel anunció que mantendrá su última posición en el sector de Ghajar hasta que se alcance un acuerdo sobre seguridad con los cascos azules y el Ejército libanés que se están desplegando en el sur de Líbano. Sin embargo, tras su retirada casi total del sur de Líbano, Israel lanzó una nueva advertencia a Hezbolah, resuelto a no desarmarse: "Si Hezbolah se acerca a la frontera con armas y trata de reconstruir las infraestructuras que destruimos, utilizaremos todos los medios de que disponemos para impedirlo", declaró el jefe del Estado Mayor, el general Dan Halutz.

Para Olmert la guerra fue un éxito que ha permitido que Israel tenga mayor seguridad al norte. "Tuvimos grandes logros en esta guerra" aseguró y si bien reconoció que existieron deficiencias en la campaña militar, manifestó que las mismas se están corrigiendo, con lo cual Israel, según él, está mucho más seguro que antes.

Un informe de Micha Lindenstrauss, Supervisor del Estado israelí, considera que la guerra fue un fracaso y culpa a Olmert y Halutz de tal derrota. A Lindenstrauss se suma el Obussman de Israel, quien en su informe expresa que "...todo marchó mal. Los refugios antiaéreos eran insuficientes y no estaban preparados para proteger a los ciudadanos contra los ataques de misiles. Muchos lugares carecían de un sistema de alerta para ataques con misiles, y, en diversos casos, ni los bomberos ni la policía emprendieron acción y, en cambio, funcionarios públicos abandonaron sus puestos de trabajo, y dejaron a la población abandonada a su suerte. Pese a ser por ley obligatorio, los hospitales carecían de la protección especial contra ataques de misiles" Todo esto se suma a las críticas de la comisión Winograd.

Al principio



Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia

Bandera de las FARC-EP

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo o FARC-EP son un grupo guerrillero que se autoproclama marxista-leninista. Opera en Colombia y en las regiones fronterizas de Venezuela, Ecuador, Panamá y Perú. Son partícipes del conflicto armado colombiano desde su conformación en 1964 y son dirigidas por un secretariado de siete miembros que estuvo bajo el comando de Pedro Antonio Marín, conocido por los alias de Manuel Marulanda o Tirofijo hasta su fallecimiento en marzo de 2008, desde entonces su comandante en jefe es 'Alfonso Cano'.

Las FARC son consideradas como una agrupación terrorista por 31 Estados (Colombia, Perú, Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea ). Los gobiernos de otros países latinoamericanos como Ecuador, Brasil, Argentina y Chile no le aplican esta calificación. El Gobierno de Venezuela ha solicitado que se le otorgue un estatus de grupo beligerante a las FARC y no las considera terroristas.

Hacen presencia en 24 de los 32 departamentos de Colombia sobre todo al sur y oriente del país, concretamente en Putumayo, Huila, Nariño, Cauca y Valle del Cauca. Se ha reportado la existencia de operaciones militares y campamentos en los países que tienen frontera con Colombia, como Venezuela, Ecuador, Panamá y Brasil.

Sus acciones consisten en guerra de guerrillas y combate regular convencional así como técnicas terroristas, como el asesinato de civiles, miembros del gobierno y militares, el secuestro con fines políticos (como el de Íngrid Betancourt) o extorsivos, atentados con bombas o cilindros de gas, y actos que han provocado desplazamientos forzados de civiles violando así el Derecho Internacional Humanitario.

Según un informe del Gobierno de Colombia, esta organización obtiene del narcotráfico más de $1.000 millones de doláres al año (el 78% de su presupuesto). Según esas mismas fuentes, la extorsión (a través de vacunas) les significan a las FARC más de 600 millones de dólares, mientras que el robo de ganado ocupa el tercer de sus métodos de financiamiento.

Su número de efectivos varía según las fuentes, desde 6.000 hasta 16.000. Según un informe de Human Rights Watch, aproximadamente el 20-30% son menores de 18 años, muchos reclutados forzosamente, de igual forma se acusa a las FARC de torturar y abusar sexualmente de estos menores.

Las FARC-EP son la guerrilla más antigua y numerosa de América Latina. Fundada después de la ofensiva que, "con el fin de reafirmar la autoridad del llamado Frente Nacional", el ejército colombiano realizó en 1964 contra la "República de Marquetalia", una de las comunidades autónomas creada por grupos armados comunistas y liberales radicales a finales de la época de la violencia que siguió al Bogotazo en 1948.

En 1953 el General Gustavo Rojas Pinilla llegó al poder luego de un golpe de estado y buscó llevar a su fin la época de La Violencia. Por medio de las amnistías, cerca de 5.000 guerrilleros liberales dejaron las armas.

El Partido Comunista Colombiano (PCC) desconfió de la amnistía de Rojas Pinilla y se negó a entregar las armas, si bien hubo grupos que se declararon conformes con la amnistía. Durante las negociaciones varios de los grupos comunistas que seguían en armas se concentraron en Sumapaz donde, según su versión de los hechos, fueron atacados por fuerzas militares que usaron helicópteros y Napalm provisto por el gobierno de los Estados Unidos a través de la CIA.

Estas guerrillas comunistas y varios liberales radicales de los cuales hacía parte el actual comandante de las FARC Manuel Marulanda, también conocido como "Tirofijo", se retiraron hacia el sur, en la región de Marquetalia, donde establecieron lo que llamaron una "zona liberada".

Luego crearon zonas similares en El Pato Caquetá, Riochiquito Cauca, Guayabero y el sudoeste de Tolima. Campesinos acosados por bandoleros y en algunos casos por el ejército colombiano se establecen en las llamada "zonas liberadas", por lo que surgió una administración civil además de la armada. Surgen discrepancias teóricas y algunos grupos tratan de establecer una estrategia guerrillera ofensiva. Hecho por el cual fracasan el MOEC (Movimiento de Obreros, Estudiantes y Campesinos), el FUAR (Frente Unido de Acción Revolucionaria) y el Movimiento Vichada. El PCC asienta su estrategia basada en la autodefensa armada y el ejemplo de las "zonas liberadas".

Entre 1956 y 1958 liberales y conservadores llegan a un acuerdo de reparto del poder con la intención de frenar La Violencia bipartidista después del Bogotazo de 1948, y se crea el Frente Nacional. El nuevo régimen, en medio de la Guerra Fría, considera que se debe poner fin al experimento comunista y califica a las zonas liberadas de "repúblicas independientes", al estar fuera del control y jurisdicción de la administración nacional.

Las «Repúblicas Independientes» Las guerrillas comunistas consideran que esta expresión fue elegida por el gobierno para acusarlos de separatismo y apelar al patriotismo de los colombianos en su contra. En la década del 1960 se articula el Plan LASO con ayuda de Estados Unidos, cuyo desarrollo comienza en 1962, pero a pesar de varios avances fracasa en Marquetalia (el mayor de los establecimientos de los comunistas). En 1964 se inicia la segunda ofensiva contra El Pato. Miles de soldados del gobierno (según fuentes militares participaron 1.600), consiguen entrar en las zonas.

Durante sus primeros años de existencia, las FARC-EP tenían un carácter exclusivamente rural y limitado a acciones relativamente esporádicas en pequeñas zonas de influencia, primando todavía el componente de autodefensa campesina. El gobierno colombiano intentó varios operativos militares para acabar con el grupo guerrillero, que al final no lograron su fin.

En junio de 1964, Marulanda y unas docenas de hombres, dispersados por la acción militar, se internaron en la selva y el 20 de julio de 1964 se reunieron para crear oficialmente el llamado Bloque Sur, la primera insurgencia guerrillera del Partido Comunista en Colombia, de donde nacerían las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del pueblo). El 5 de mayo de 1966, la Segunda Conferencia del Bloque Sur oficializa la conformación de las FARC-EP como brazo armado del partido comunista.

Así, la guerrilla de las FARC-EP ha mantenido hasta la actualidad una insurgencia armada contra el Estado colombiano (El conflicto colombiano es calificado por varios analistas como guerra civil, sin existir consenso al respecto ni en Colombia, ni en el mundo) . Es probablemente el conflicto bélico más prolongado del mundo junto con los desarrollados en Birmania y Cachemira.

Hasta la década de 1980, las FARC crecieron de manera relativamente lenta; además de sufrir una escisión por parte de Javier Delgado y Hernando Pizarro Leongómez, antiguos comandantes de las FARC, formando aparte una guerrilla llamada Comando Ricardo Franco Frente-Sur. Las FARC contaban entonces con entre 1.000 y 3.000 hombres. En la Séptima Conferencia del 4 al 14 de mayo de 1982, bajo el mando del líder político «Jacobo Arenas», se plantearon varias directrices estratégicas nuevas y se reafirmó el principio de la «combinación de todas las formas de lucha», la lucha política y la armada.

A partir de ese momento las FARC se nombran «Ejército del Pueblo» (FARC-EP) y se plantea la política del desdoblamiento de frentes, con objetivo duplicar el número de integrantes y se fijan fechas para una futura toma efectiva del poder en los años noventa.

Se produce también un rechazo a toda relación con el emergente fenómeno del narcotráfico y de sus cultivos, pero gradualmente durante los años 80 se termina aceptando porque en los campos se constituye en una actividad creciente. Se establece gradualmente el cobro de impuestos a productores y a narcotraficantes como fuente de financiación, mediante el llamado «gramaje».

El 28 de mayo de 1984, tras una reunión de los líderes de los 27 frentes y del Estado Mayor, se establece un alto el fuego, como parte de los acuerdos firmados con el gobierno de Belisario Betancourt («Acuerdos de Cese al Fuego, Tregua y Paz», conocidos como los Acuerdos de la Uribe). Las FARC formaron la Unión Patriótica (UP) para liderar el movimiento político.

Este intento de negociación fracasó debido en gran medida a dos elementos: las violaciones del cese de hostilidades por las dos partes, y la violencia política de sectores de la extrema derecha, entre ellos líderes políticos locales y varios miembros de las Fuerzas Armadas, así como actores de izquierda (entre ellos sectores de las FARC), incluyendo entre ambas partes (derecha e izquierda) algunos mandos importantes y narcotraficantes..

A pesar de un intento inicial de miembros de las diferentes guerrillas por llegar a un acuerdo con Pablo Escobar, entre otros narcotraficantes, eventualmente se rompen los contactos formales debido a los secuestros de familiares y amigos de los mismos por parte de los insurgentes.

El narcotráfico, posteriormente también en guerra frontal contra el estado para impedir el inicio de la posible extradición de sus miembros a Estados Unidos, decide tomar venganza contra la guerrilla y los campesinos simpatizantes, financiando escuadrones privados a partir de sus propios grupos de sicarios, incluyendo también la participación de asociaciones de ganaderos y propietarios rurales (terratenientes), contando además con la colaboración de varios militares del Ejército colombiano, tanto directa o indirectamente, constituyendo los inicios de los grupos conocidos actualmente como autodefensas o paramilitares (que, desde 1997, se unirían en torno a las AUC).

En septiembre de 1987 todos los grupos guerrilleros operativos (el EPL, las FARC-EP y el ELN) se constituyeron en la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB), que sería el resultado del ingreso de los anteriores grupos armados a la ya existente Coordinadora Nacional Guerrillera (CNG) en asocio con el Comando Ricardo Franco Frente-Sur (el cual luego seria declarado enemigo de las FARC-EP y expulsado de la CGSB por los sucesos de Tacueyó) y el Movimiento Armado Quintín Lamé; buscando coordinar tanto las acciones armadas como las negociaciones de paz hacia el futuro. Este intento tuvo muy poca eficacia y eventualmente se dividió. El M-19 acabó firmando la paz, y las FARC y el ELN actuaron completamente separados, si bien posteriormente se realizaron acciones conjuntas en casos específicos.

La violencia cobró las vidas de importantes políticos tanto del establecimiento legal tradicional opuesto al narcotráfico, entre ellos el ministro Rodrigo Lara Bonilla, como de numerosos miembros de la izquierda legal en particular del entonces recientemente fundado partido legal de las FARC-EP: la Unión Patriótica. Este movimiento, a pesar de las intenciones iniciales de incluirlo dentro del estrategia de la «combinación de todas las formas de lucha», no fue exclusivamente un órgano de las FARC-EP, pues con el contó con participaciones de movimientos civiles, sindicales y obreros con diferentes intenciones. Varios dirigentes de la UP llegaron a no estar de acuerdo con el accionar armado de las FARC-EP y pedían mantener la vía política a pesar de la nueva ola de violencia desatada, criticando tanto al gobierno como a las FARC-EP por no hacer más intentos de controlar la situación.

La UP como tal siguió insistiendo en seguir con la vía política, hasta prácticamente su exterminio, del cual se dan diversas cifras, de entre 2.000 a 4.000 militantes asesinados o desaparecidos.

El 9 de diciembre de 1990, día de las elecciones para la Asamblea Constituyente, el ejército, sin previa declaratoria expresa de guerra y cuando informalmente todavía se continuaba el proceso de diálogo, lanzó una ofensiva contra Casa Verde, sede del Secretariado Nacional de las FARC-EP, pero fracasó y obtuvo pocos resultados. El gobierno colombiano argumentó que se tomó esa medida porque las FARC-EP no habían cumplido con sus compromisos, ya que todavía realizaban actividades delictivas y no se habían acogido a vía negociada.

El gobierno colombiano no sólo negociaba con las FARC en aquel entonces, también sostenían negociaciones con otros grupos armados, lográndose por acuerdos políticos y contactos con otras guerrillas la desmovilización de varios grupos armados en 1991 (proceso en el que no participaron las FARC-EP). La gran mayoría de los desmovilizados, si bien no recibieron contrapartidas específicas, fueron indultados, se incorporaron a la vida civil y no se les siguieron procesos legales. Bajo la firma de la paz se desmovilizaron algunos grupos (EPL, ERP, Movimiento Armado Quintín Lame, M-19), y pronto lo que quedaba de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar comenzó una serie de negociaciones con el estado.

Durante ese mismo año murió el jefe guerrillero Jacobo Arenas.

El 3 de junio de 1991 se reinició el diálogo entre la Coordinadora y el gobierno, en territorio venezolano (Caracas) y luego mexicano (Tlaxcala). La guerra no se detuvo y continuaron las acciones armadas por ambas partes. El proceso de negociación se rompió en 1993 al no llegarse a un acuerdo. La Coordinadora como tal desapareció no mucho después de ese momento, y los grupos guerrilleros siguieron sus actividades independientemente.

Antes de dicho rompimiento, se dio a conocer una carta escrita por un grupo de intelectuales colombianos (entre los cuales se incluía el Nobel de Literatura Gabriel García Márquez) dirigida a la Coordinadora Guerrilla Simón Bolívar, donde se les reclamaba acerca de la forma en que están llevando a cabo su lucha y las consecuencias nefastas que ésta estaba dejando en el país.

A inicios de los años noventa, las FARC-EP disponían de entre 7.000 y 10.000 combatientes, organizados en 70 frentes distribuidos en todo el país. En los años 1996 a 1998 las FARC-EP le propinaron al Ejército Colombiano una serie de golpes, incluyendo una toma de tres días a Mitú en el departamento de Vaupés. De esta última, resultaron un gran número de soldados prisioneros.

Por este mismo periodo en Colombia se expandían los cultivos de las diferentes drogas y se organizaron amplias marchas de campesinos cocaleros que paralizaron varias vías del sur de Colombia, en las cuales, según el gobierno de este país, las FARC-EP tuvieron influencia. No se ha investigado a fondo cuál sería o no su responsabilidad específica en dicha situación.

En 1998, mediante acuerdos con el gobierno del recién elegido presidente Andrés Pastrana Arango, se creó la Zona de distensión, una zona desmilitarizada que se extendidaa en 40.000 km², aproximadamente el tamaño de Dinamarca, entre los municipios de Mesetas, La Uribe, La Macarena, Villahermosa y San Vicente del Caguán, con el fin de llevar a cabo un proceso de paz con este grupo armado. En dicha zona las FARC-EP hicieron presencia en cascos urbanos y se les acusa de asumir de hecho, en algunos de éstos, la administración armada contra la población civil (a pesar de que esto último no estaba contemplado en los acuerdos).

Al mismo tiempo, en los corregimientos como el Caguán se siguieron desarrollando las actividades propias al estado democrático en cabeza del alcalde y diputados elegidos mediante sufragio secreto y universal. El "proceso de paz" duró entre 1998 y 2002, pero a pesar de varios avances teóricos y documentales, las tensiones y polémicas alrededor de la negociación no permitieron que se concretara el proceso.

El 20 de febrero de 2002, la columna móvil de las FARC-EP Teófilo Forero, secuestró un avión de la aerolínea Aires en el que viajaba el senador Jorge Gechem. La guerrilla liberó ese mismo día a todos los pasajeros excepto al senador. Este episodio y los profundos desacuerdos entre el Gobierno Colombiano y la guerrilla en relación a los controles aéreos, terrestres y fluviales en la zona desmilitarizada, llevaron al gobierno de Pastrana a dar por terminadas las negociaciones con las FARC-EP.

La llegada a la presidencia de la República de Colombia de Álvaro Uribe, quien inicia la implementación del Plan Patriota, implicó la intensificación de la guerra contra las guerrillas, sosteniendo la tesis de que en Colombia no existe un conflicto armado sino una amenaza terrorista. Por su parte las FARC decidieron promover un regreso a la estrategia de guerra de guerrillas, para de esta manera conservar su estructura, a pesar de estar sometidos a un alto grado de presión y de sufrir en el camino varias deserciones e incautaciones de material logístico.

Hacia el año 2002, según cifras del gobierno, el número de guerrilleros de las FARC-EP solía estimarse en 18.000 hombres, y a inicios del 2005, según estas mismas cifras, entre 12.000 y 13.000. Las FARC-EP no suelen mencionar cifras específicas, pero estiman que tendrían más de 20.000 hombres.

Durante el primer periodo presidencial de Álvaro Uribe, no hubo contactos serios entre las FARC-EP y la administración para hablar de paz. Posteriormente, continuaron algunas esporádicas gestiones diplomáticas en pro de la realización de un acuerdo humanitario, conocido también como intercambio de prisioneros o canje, entre las FARC y el gobierno colombiano.

Hasta la fecha, las dos partes no han conseguido ponerse de acuerdo. Las FARC-EP piden que se liberen todos sus guerrilleros presos, incluidos alias «Simon Trinidad» y alias «Sonia» (quienes fueron extraditados a Estados Unidos acusados de tráfico de drogas y terrorismo) y después de ser reintegrados a la organización, Las FARC-EP liberarían un pequeño grupo de 44 secuestrados, los denominados «canjeables». Para que dicho cambio se haga realidad, las FARC-EP han pedido como requisito la desmilitarización de dos municipios (Pradera y Florida) Para varios observadores, ambas partes aprovechan la situación para promover sus intereses políticos o militares, ante lo cual las partes en conflicto han recibido numerosas críticas de la población civil nacional e internacional.

El 1 de Marzo del 2008 las FARC sufren uno de los más duros golpes de toda su historia, al morir Luis Edgar Devia Silva alias Raúl Reyes durante un bombardeo por parte de las fuerzas militares colombianas a su campamento guerrillero ubicado en Ecuador, cerca de la frontera colombiana. A su vez, esta incursión desencadena una crisis diplomática entre los países de la región.

El 7 de marzo de 2008 se anuncia que otro miembro del secretariado de las FARC: Iván Ríos fue asesinado por su guardia personal, quienes huyeron entregándose al gobierno Colombiano.

31 países del mundo, entre ellos todos los miembros de la Unión Europea Colombia, Perú, Estados Unidos, y Canadá consideran a las FARC como una organización terrorista.

Los gobiernos de Ecuador Bolivia y Brasil no lo hacen y no intervienen en el conflicto, pues lo consideran un asunto interno de Colombia.

El gobierno de Venezuela no considera como terroristas a las FARC. Su presidente, Hugo Chávez, solicitó un estatus de beligerancia para dicho grupo y que fuesen excludidas de las listas de organizaciones terroristas de los gobiernos latinoamericanos y de la Unión Europea. También ha dicho que las FARC tienen un «proyecto político bolivariano» que en su opinión es respetado en Venezuela. Dos años atrás había afirmado estar en contra de las FARC y no tener el más mínimo vínculo con las mismas. A este respecto, el Gobierno de Venezuela solicitó a la Unión Europea, por un lado retirar al grupo de la lista de grupos terroristas y por otro otorgarles el estatus de «grupo beligerante».

En cambio, el bloque de la Unión Europea por intermedio de su presidente José Manuel Durao Barroso, rechazó esta propuesta y reafirmó la posición de la Comunidad Europea respecto al calificativo de terroristas para las FARC.

La organización defensora de los derechos humanos Amnistía Internacional, al responder a una crítica del gobierno colombiano por no considerar a las FARC como una organización terrorista, ha afirmado que «en lugar de detenerse en un debate semántico sobre cómo calificar a las FARC, el gobierno colombiano debería preocuparse por el hecho de que las partes en conflicto, sea la guerrilla, los paramilitares o las fuerzas de seguridad, siguen ignorando los derechos humanos y la legislación humanitaria internacional». Amnistía Internacional también ha afirmado que el Comité internacional de la Cruz Roja y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos rechazan la interpretación de que en Colombia no exista un conflicto armado sino que existe una guerra contra el terror.

En agosto de 2007, Uribe designa a la senadora del Partido Liberal y opositora del gobierno Piedad Córdoba como facilitadora para el Acuerdo Humanitario de prisioneros y rehenes. Posteriormente se autoriza también la participación del Presidente de Venezuela Hugo Chávez en la facilitación. Los sujetos del eventual acuerdo incluían, entre otros, a Íngrid Betancourt, tres ciudadanos estadounidense, prisioneros de las FARC así como a alias «Simón Trinidad» y alias «Sonia», dos integrantes de FARC extraditados a los EEUU.

Las gestiones de Córdoba y de Chávez lograron que se aceptara la ciudad de Caracas como territorio neutral para las conversaciones. Los gobiernos de EEUU, Francia, España y Suiza demostraron gran interés en el proceso iniciado. El Movimiento de Países No Alineados, Brasil, Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y el partido gobernante en Uruguay también respaldaron las gestiones.

Durante su gestión la senadora Córdoba logró que tanto «Sonia» como «Trinidad» manifestaran el hacerse a un lado para evitar que el canje no se lograra. Durante el mes de noviembre, en medio de la visita de Chávez a París, el gobierno Uribe estableció como límite de las gestiones el 31 de diciembre de 2007 para lograr el intercambio. Según el gobierno, este plazo era motivado por el hecho de que se trataba de un proceso puntual que no debía dilatarse excesivamente en el tiempo.

El 21 de noviembre de 2007 el gobierno colombiano decidió terminar con la mediación del presidente Chávez. El gobierno mencionó que tuvo lugar una conversación telefónica entre el presidente venezolano y el Comandante del Ejército Colombiano General Mario Montoya, añadiendo que Uribe le había dicho a Chávez con anterioridad que «no estaba de acuerdo con que el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela se comunicara directamente con el Alto Mando institucional de Colombia».

Organizaciones de apoyo a los secuestrados y la familia de Betancourt expresaron su desacuerdo con esta decisión y pidieron que se reiniciaran las gestiones. El presidente francés Nicolas Sarkozy expresó que seguía apoyando la gestión realizada por Chávez. El martes 20 de noviembre, Chávez le había dicho al presidente francés que Betancourt estaba viva sin aportar pruebas de supervivencia, según dijo porque estas no habían podido llegar a sus manos debido a operativos militares en Colombia.

El 29 de noviembre, el ejército colombiano incautó a milicianos urbanos de las FARC en Bogotá unas grabaciones en vídeo donde se muestran con vida y en precarias condiciones a varios rehenes, entre ellos la ex candidata presidencial. Según Córdoba, esta era la prueba de que la gestión de Chávez y de ella iban por buen camino. La interrupción de la gestión de Chávez causó un incidente diplomático entre los dos países.

Tanto «Iván Márquez», representante las FARC, como Uribe expresaron su confianza en la mediación de Sarkozy para que el proceso de canje de rehenes siguiera adelante.

La financiación para sus actividades tiene múltiples orígenes.

Según un estudio realizado por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Ministerio de Hacienda de Colombia, en el año 2003 la principal fuente de ingresos de las FARC fue el cobro de rescates por secuestros y el robo de ganado, obteniendo ganancias de 37,32 y 22,19 millones de dólares estadounidenses, respectivamente. Las ganancias obtenidas del narcotráfico son el 30% del total, y la mayor parte del dinero que obtienen por este delito es por el «Impuesto al gramaje», el cual es pagado por cada gramo producido por los campesinos cocaleros y grupos narcotraficantes. Según algunos expertos, la extensión de los campos de coca (algo muy necesario para la economía de las FARC), causa daños irreparables en el medio ambiente.

En un informe de circulación restringida elaborado por el gobierno de Colombia se afirma que las FARC obtienen el 78% de sus recursos del narcotráfico, obteniendo más 1000 millones de doláres al año sólo por venta de droga.

Sus métodos de combate incluyen la guerra de guerrillas y combate regular convencional. Sus actividades también incluyen los secuestros, actos terroristas y la utilización de armas no convencionales como cilindros bombas.

Organismos defensores de derechos humanos como Human Rights Watch, entre otros, le han solicitado a las FARC que deje de usar armas no convencionales, pues según el organismo internacional "El continuo uso de cilindros de gas por las Farc-Ep muestra un flagrante desprecio por la vida de los civiles por parte de estos grupos armados".

Según la "ley 002" del 2000 anunciada públicamente por el "Mono Jojoy" de las FARC durante las conversaciones de paz en el Caguán, cualquier directivo de empresa o persona natural con un patrimonio mayor a un millón de dolares deberá pagar un equivalente al 10% de dicho patrimonio bajo la amenaza de secuestro. Esta amenaza provocó en su momento un éxodo de colombianos hacia el exterior.

Se ha denunciado que las FARC utilizan armas químicas que violan el Derecho Internacional Humanitario, con serias repercusiones contra la población civil.

Según estadísticas de la Campaña Internacional contra las Minas Antipersonales, las FARC son los mayores sembradores de minas antipersonales en Colombia y el mundo.

La Unión Europea y el gobierno de Estados Unidos de América incluyeron en 2001 a las FARC-EP en la lista de organizaciones terroristas, al igual que a la guerrilla del ELN y las AUC. Organizaciones de Derechos Humanos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional los consideran, al igual que a otros grupos ilegales, culpables de violar los derechos humanos, de atacar y perjudicar indiscriminadamente a civiles.

Según Human Rights Watch, las FARC han reclutado a niños, incluyendo a menores de 18 y 15 años.

Las FARC han utilizado carros o vehículos bomba en diferentes oportunidades, ocultando los explosivos dentro de un vehículo posteriormente abandonado o engañando al conductor del mismo para que lo transporte al lugar del atentado. En algunos casos han hecho explotar dichos vehículos remotamente, matando al conductor y provocando la muerte o heridas a transeúntes que se encuentren alrededor.

Entre las variantes de este tipo de atentados se incluyen los animales bomba, carretillas bomba y según el Comandante de la Policía del Departamento de Arauca, coronel Luis Alcides Morales, también bicicletas bomba. El gobierno colombiano, y algunos países de la comunidad internacional, considera estos actos como atentados terroristas.

En la masacre de Bojayá murieron 74 personas a causa de una bomba lanzada por las FARC contra una iglesia, en medio de un combate contra paramilitares de las AUC, según un informe de las Naciones Unidas.

El 14 de Abril de 2005, La guerrilla realizó una incursión armada a Toribío, lanzando cilindros-bomba en su enfrentamiento con las fuerzas públicas. Tres policías y un niño murieron en el ataque dejando y más de 30 heridos entre civiles y militares. La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en un comunicado manifestó "La Oficina condena los injustificables actos de violencia cometidos por las FARC-EP en Toribio, con los cuales se han infringido en forma grave los principios y las normas del derecho internacional humanitario, y se ha demostrado nuevamente un total menosprecio por la vida, la integridad y la seguridad de los civiles".

En algunos de los casos existen dudas sobre los responsables de los atentados. En varias ocasiones se ha llegado a acusarse inmediatamente a las FARC-EP, sin que se haya comprobado plenamente su responsabilidad. Esto se debe en gran parte a que el ELN no ha cometido atentados terroristas desde hace mucho tiempo. A finales del 2006 se presentaron casos donde militares colombianos fueron investigados por la justicia colombiana por su presunta participación en el montaje de falsos atentados en la ciudad de Bogotá durante ese año, originalmente atribuidos a las FARC, la mayoría de los cuales habrían sido desactivados presuntamente para presentarlos como "falsos positivos" en beneficio de los involucrados.

Originalmente, los guerrilleros de las FARC se oponían al cultivo de la coca. Durante los años 80 lo aceptaron, participando en el narcotráfico a través de la creación de un «impuesto» (el llamado gramaje) sobre los cultivos ilícitos, aplicable a los campesinos cultivadores. Al mismo tiempo, presentaron propuestas para una posible sustitución de cultivos. Posteriormente las FARC diversificarían su activad más allá de la regulación de los cultivos, cobrando «impuestos» a las actividades de los cárteles de la droga, incluyendo a los laboratorios y las pistas de aterrizaje clandestinas.

Para el 2005, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Ministerio de Hacienda de Colombia, estimaba que el porcentaje del dinero embolsado por las FARC procedente de los «impuestos sobre el gramaje» era alrededor de un 30% de sus ingresos totales, siendo estos de unos $600 millones de dólares durante el año 2003. Según los estimativos de la UIAF, el secuestro y la extorsión ganadera constituyen todavía las principales fuentes de financiación de las FARC.

La relación de las FARC con los cárteles de la droga ha sido controvertida. El grupo guerrillero niega rotundamente que participen en el negocio de las drogas más allá del «impuesto de gramaje» a la cultivación. Tanto el Gobierno de Colombia como el de EE.UU. afirman que las FARC actúan como un gran cártel. Existen analistas políticos que niegan que las FARC sean un grupo de narcotraficantes propiamente dicho, aún si existen relaciones entre el grupo guerrillero y las actividades del narcotráfico. El politólogo León Valencia ha afirmado que «hasta ahora ninguna de las personas que han estudiado este fenómeno han encontrado que las Farc trafican con drogas a EE.UU., o que directamente las introduzcan».

En Colombia y en EE.UU. se han iniciado procesos penales acusando a miembros de las FARC de delitos relacionados con el narcotráfico, basándose en testimonios de personas identificadas como reinsertados y colaboradores, interceptaciones de radio grabadas y documentos emitidos por las FARC.

En febrero de 2007, la extraditada Nayibe Rojas, conocida como «Sonia» en las FARC, y otras dos personas fueron declaradas culpables de narcotráfico por un jurado en una corte de los Estados Unidos. «Sonia» había sido acusada por los fiscales estadounidenses por cargos relacionados con el tráfico de drogas hacia ese país. La defensa de «Sonia» insistió en que ni ella ni las FARC participan en el tráfico de drogas, afirmando en cambio que le cobran un impuesto a la producción de coca. Existen analistas que consideran a estos juicios como una estrategia de presión para forzar a las FARC a negociar un proceso de paz con el Gobierno Colombiano.

El secuestro es una de las principales actividades de las FARC, ya sea por fines económicos, políticos (como el de Íngrid Betancourt) o simplemente mediante pescas milagrosas no-selectivas en las carreteras del país. Terratenientes, comerciantes, campesinos, empresarios, turistas niños, políticos, militares y policías se encuentran entre sus víctimas.

Las FARC secuestran a personas de diversos sectores de la población colombiana, incluyendo a terratenientes, comerciantes, campesinos, empresarios, turistas, niños, políticos, militares y policías, de entre éstos últimos, algunos ya llevan alrededor de 10 años de cautiverio. Uno de los casos más conocidos es el secuestro de la ex candidata presidencial colombiana Íngrid Betancourt, quien fue secuestrada por los mismos insurgentes cuando se dirigía a dialogar con ellos (en medio de su campaña presidencial).

Cada secuestrado en poder de las FARC es encadenado durante varias horas al día y supervisado por un guerrillero de la misma, con la orden de asesinarlo en el caso de un intento de rescate por parte las fuerzas militares colombianas como ejemplo de ello se tiene el caso del intento de rescate del asesor de paz de Antioquía Gilberto Echeverry Mejía, el Gobernador de Antioquía Guillermo Gaviria y varios soldados colombianos secuestrados, al percatarse de la operación de rescate las FARC les dispararon y asesinaron antes de huir de la presión del ejército, según relataron sobrevivientes.

En aras de negociar el intercambio humanitario o de prisioneros, varios analistas han empezado a diferenciar a los secuestrados, dándoles el estatus de secuestrados políticos o secuestrados extorsivos, ya que en dicho intercambio lo más probable es que sólo los primeros sean incluidos en un intercambio humanitario.

El día 18 de junio de 2007, las FARC reportaron la muerte de 11 de 12 diputados del Valle del Cauca, luego de haberlos tenido secuestrados durante 5 años. Según el grupo guerrillero, los diputados murieron durante el fuego cruzado que se habría presentado en medio de un combate con un «grupo militar no identificado». La guerrilla culpó a la «intransigencia» del gobierno de Álvaro Uribe. Human Rights Watch responsabilizó de manera directa a las FARC por la muerte de los secuestrados. Amnistía Internacional y ONGs de derechos humanos, repudiaron la muerte de los diputados y responsabilizaron a las FARC por mantenerlos en cautiverio y ponerlos en peligro. Ángela Giraldo, hermana del diputado Francisco Giraldo, le exigió al gobierno acceder al despeje de Pradera y Florida. El presidente colombiano acusó a las FARC de asesinar a los diputados y negó cualquier participación de las fuerzas militares en los hechos. Posteriormente fue demostrado que los diputados no murieron en combate. Por el contrario, la mayoría de ellos fueron asesinados por disparos en sus espaldas, algunos de ellos con disparos ejecutados a menos de un metro de distancia y con fusiles AK-47 arma utilizada por la guerrilla de las FARC.

En comunicados a la opinión publica las FARC-EP afirman que su objetivo es acabar con las desigualdades sociales, políticas y económicas, la intervención militar y de capitales estadounidenses en Colombia, mediante el establecimiento de un Estado marxista-leninista y bolivariano, lo que es desestimado por el gobierno y también por gran parte del pueblo colombiano, ya que Colombia tiene el mayor número de víctimas de minas antipersonales. Además de que el grupo esta involucrado en negocios considerados ilegales como el robo, la extorsión, el secuestro y trafico de armas y droga.

Sus operaciones, intermitentes, abarcan parte del territorio Colombiano y se realizan de acuerdo a necesidades operacionales y de movilización de este grupo. Las FARC-EP también tienen presencia urbana (frentes urbanos, conocidos como milicias o células) en varias ciudades colombianas, particularmente en zonas pobres o marginales.

En varias operaciones han utilizado medios y armas no convencionales que se encuentran prohibidas por la Convención de Ginebra y las Naciones Unidas.

En Venezuela las FARC son acusadas por el gobierno colombiano de tener campamentos sobre ese territorio. Según el gobierno, utilizan la zona como refugio de los ataques de la fuerza publica colombiana, para reabastecerse, recuperarse y mantener secuestrados. Las periodistas venezolanas Marianella Salazar, Ibéyise Pacheco, Marta Colomina y Patricia Poleo presentaron un video de un encuentro entre el ejército venezolano y las FARC (de junio del 2000) Sin embargo, el general en jefe de las Fuerzas Armadas Nacionales de Venezuela, Lucas Rincón, afirmó que la grabación muestra tan sólo una misión "humanitaria" del Ejército. Según el periódico español El País también usarían a Venezuela para tráfico de armas y drogas. El 16 de diciembre del 2007 dicho periódico, el periodista John Carlin publicó un artículo en el que, mencionando a cuatro desertores de las FARC identificados solo por sus nombres, afirmaba que hay campamentos de las FARC en ese país y que son permitidos por el gobierno del presidente Hugo Chávez. También cita fuentes de inteligencia y a diplomáticos de distintos países (sin especificar cuales). Muchos guerrilleros como Rodrigo Granda han recibido ciudadanía venezolana.

Recientemente, se han reportado extorsiones por parte de las FARC a ciudadanos de dicho país a los cuales se les entrega su respectivo recibo de pago.

En la zona fronteriza de Ecuador las FARC operan en forma similar a Venezuela. El jefe guerrillero Juvenal Ricardo Palmera alias Simón Trinidad fue capturado en ese territorio mientras circulaba con papeles de identificación falsos bajo el nombre de Cristo Rey Mariscal Peralta. Las FARC usan la frontera Colombo-Ecuatoriana también para el reabastecimiento de armas y el trafico de droga, así como también para tratamientos médicos.

A finales de 2006, Robinson Rivadeneyra, Gobernador del departamento peruano fronterizo de Loreto, denunció la presencia y accionar de las FARC en el Perú. Ribadeneyra denunció que las FARC utilizaba Loreto para reclutamiento de jóvenes para la guerrilla, algo que fue posteriormente negado por Germán Galvis, General del Ejército Colombiano. Galvís admitió que las FARC cruzaban la frontera, pero negó que reclutasen gente en Perú.

En Paraguay, fueron detenidas seis personas acusadas del secuestro y asesinato de Cecilia Cubas, hija del ex presidente paraguayo Raúl Cubas. Entre las seis personas detenidas se encontraba Osmar Martínez, de quien el presidente Nicanor Duarte acusó de haberse entrenado en Colombia en campos de las FARC, algo que fue puesto en duda por periodistas y analistas políticos paraguayos. Duarte también dio a entender que la guerrilla tenía presencia en ese país.

En México, a principios de los 90, las FARC mantuvieron una oficina en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que luego fue cerrada a petición del Gobierno Colombiano. En 2003, el embajador Colombiano en México alertó al gobierno colombiano de la presencia de las FARC en ese territorio aduciendo que aun mantenían oficinas pero de forma clandestina, lo cual fue negado por la UNAM en un comunicado oficial. Por otro lado, tanto la Procudaría General de México como el Gobierno Colombiano han acusado a las FARC, en base a «informaciones consistentes», de estar implicadas en el narcotráfico desde Colombia hasta territorio mexicano y de tener un «papel operacional directo» en éste.

Como reacción a las acciones del grupo insurgente, y amparados por un decreto gubernamental de los años 60, surgen a principios de los años 80 grupos de autodefensa paramilitares contrainsurgentes, algunos apoyados en parte por hacendados, multinacionales extranjeras y narcotraficantes. También participaron algunos sectores de la sociedad civil y miembros de institutiones estatales. En algunos casos las FARC han negociado armamento y distribución de drogas ilegales conjuntamente con grupos paramilitares.

Más de un million de colombianos hicieron una marcha organizada por el movimiento Colombia soy Yo. La marcha fue realizada en Febrero 4 del 2008 en más de 160 ciudades alrededor del mundo bajo un mensaje: Un millón de Voces contra las FARC.

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Source : Wikipedia