Huelga

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Publicado por t800 27/02/2009 @ 11:37

Tags : huelga, empleo, sociedad

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Huelga de transportes en España de 2008

Camioneros colapsando las vías de acceso a Madrid en señal de protesta.

La llamada huelga de transportes en España del año 2008 fue un cierre patronal ocurrido entre el 9 y el 15 de junio, siendo secundado por una gran parte de los camioneros y pescadores. Esto causó importantes perturbaciones a la economía nacional.

El motivo del cierre fue el incremento del precio de los combustibles, que provocó un gran número de pérdidas en el sector del transporte y de la pesca. Este incremento, relacionado con la crisis global de 2008, se producía sobre un trasfondo de sobredimensionamiento del parque de transportistas surgido al calor de la burbuja inmobiliaria, que ahora se enfrentaba a la pérdida de pedidos en el sector de la construcción debido a la explosión de la misma como consecuencia de la crisis hipotecaria de 2007. En consecuencia, los transportistas sufrían mayores costes en un mercado contraído que presionaba los precios a la baja.

Los paros fueron convocados por las organizaciones empresariales Antid, Fenadismer (Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España) y Cofedetrans (Confederación Nacional de Transporte por carretera), además de varias patronales independientes y grupos locales y regionales de transportistas.

Ante el miedo al desabastecimiento, el consumo de combustibles aumentó un 40 por ciento, lo que desencadenó multitudinarias colas en gasolineras y el agotamiento de las reservas de algunas de ellas en cuestión de días. Sin embargo, la policía escoltó a los camiones cisterna para abastecer las gasolineras y garantizar el suministro de combustible.

Los piquetes patronales provocaron varios incidentes y daños, incluido el incendio de vehículos que no se habían sumado al cierre, con un saldo de numerosos heridos. El 11 de junio, un camionero miembro de un piquete, murió atropellado en Atarfe (Granada) al intentar obstruir a un camionero que estaba en contra del cierre. Varías factorías automovilísticas del país anunciaron la suspensión de su actividad por la falta de suministros, entre ellas: SEAT en Martorell, Renault en Valladolid y Mercedes-Benz en Vitoria. Además en Cataluña se llegó a un desabastecimiento de gasolina en el 80% de las gasolineras y en Madrid el porcentaje de desabastecimiento alcanzó el 20%.

De igual modo, el transporte de productos perecederos, como leche y frutas se vio seriamente afectado, ante la acumulación del género en los lugares de producción y suministro.

Mercamadrid anunció que a partir del día 12 de junio, comenzarían a notarse los efectos del desabastecimiento. De todos modos el día 11 de junio ya se notaba este desabastecimiento en muchas grandes superficies y pequeños comercios. Los dueños de estos últimos optaron por comprar mercancía y transportarla en sus coches para evitar a los piquetes. Muchos proveedores utilizaron también vehículos particulares para mantener el suministro a sus clientes.

Durante el transcurso del cierre, una decena de empresas —entre las que se encuentran Ford, Seat, Nissan o Campofrío—, presentaron Expedientes de regulación de empleo (EREs), alegando que el mismo había dejado desabastecidas algunas factorías y no podían hacerse cargo de las pérdidas causadas. Celestino Corbacho, Ministro de Trabajo del Gobierno declaró que los EREs le parcecían «una excusa» y que el gabinete miraría «con lupa» todos los expedientes presentados. A finales de junio el Departamento de Trabajo de la Generalidad de Cataluña denegó a Seat el ERE de 20.000 personas que había solicitado.

Los representantes de las organizaciones reclamaban al Gobierno el establecimiento de una tarifa mínima para el gasóleo. El Gobierno aseguró que era imposible de acometer porque rompería el libre mercado; en su lugar, ofrecieron un paquete de 54 medidas aceptado por el 88% del sector del transporte. Por otra parte, tras varios días de tolerancia, el Ministerio del Interior dio orden a la policía para que despejase las carreteras y asegurara el normal funcionamiento de la economía.

Tres de las organizaciones empresariales que aún mantenían el cierre acordaron el día 15 de junio suspenderlo temporalmente, pero descartaron desconvocarlo. Dijeron que era para no causar más problemas a la "maltrecha economía del sector"; aunque siguieron buscando un acuerdo con el Gobierno. A efectos prácticos, estas acciones finalizaron el cierre.

Al principio



Huelga estudiantil de la UNAM (1999-2000)

La Policía Federal Preventiva en la entrada principal de la UNAM. 12 de febrero de 2000.

La Huelga en la UNAM de 1999-2000 fue un movimiento estudiantil que se inició el 20 de abril de 1999 en contra de la modificación del Reglamento General de Pagos (RGP) de la Universidad Nacional Autónoma de México, la más importante institución de educación media-superior, superior y de postgrado del país.

El 15 de marzo de 1999 se aprobó en el pleno del Consejo Universitario una modificación al Reglamento General de Pagos (RGP) que el entonces rector de la UNAM, Dr.Francisco Barnés de Castro, presentó ante el pleno del Consejo Universitario (la máxima autoridad de la institución); con este hecho se incrementaban las erogaciones que la comunidad universitaria tenía que hacer por conceptos de inscripción, cuota semestral y servicios, entre otras.

Las modificaciones aprobadas al RGP se sumaban a una larga serie de reformas administrativas y a los modelos y planes de estudio, impulsadas por las autoridades universitarias. Dichas modificaciones, a pesar de haber sido aprobadas por el Consejo Universitario, no contaban con la aceptación de una parte importante de la comunidad universitaria y esto provocó que, recién iniciada la suspensión de labores en la UNAM y sus escuelas, existiera consenso entre estudiantes, investigadores, académicos, padres de familia y sociedad civil que exigían la derogación del RGP recíen aprobado.

La huelga en la UNAM de 1999-2000 fue, durante el tiempo que duró conflicto, tema de discusión permanente en los medios de comunicación de México; muchos actores políticos fijaron posturas ante ella, entre otros: el alto clero católico, los partidos políticos, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), intelectuales, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y los medios de comunicación.

A la propuesta de modificación del RGP comenzó a llamársele desde febrero de 1999: "El Plan Barnés", en alusión al apellido de su impulsor, el rector Francisco José Barnés de Castro. Dicha propuesta contemplaba el aumento de un millón por ciento de las cuotas por concepto de inscripción (actualmente 20¢ MXN), pago semestral y otros servicios y contaba, según el dicho del secretario de Planeación de la UNAM, Salvador Malo Álvarez, con la anuencia del del Presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León y el visto bueno del entonces jefe de gobierno capitalino, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, quien después se deslindaría. La propuesta ocupó grandes espacios de tiempo en los medios electrónicos, además de cientos de artículos en la prensa de México.

Mientras todo lo anterior acontencía fuera de los recintos universitarios, en el salón 104 de la Facultad de Economía, representantes de varios bloques estudiantiles analizaban la forma en que responderían de ser aprobada la propuesta del rector. Los grupos, constituidos como Asamblea Estudiantil Universitaria (AEU) consideraban que, frente a la postura de rectoría que se empeñaba en llevar a cabo su proyecto no importando el descontento de la comunidad, el único camino era la huelga; sin embargo, no lograban ponerse de acuerdo en los tiempos.

El 11 de marzo de 1999 la AEU llamó a un paro parcial para manifestarse contra las reformas.

La mañana del 15 de marzo del mismo año, en el auditorio Ignacio Chávez del Instituto Nacional de Cardiología fue aprobado el nuevo Reglamento General de Pagos. La forma en la que tuvieron que ser aprobadas las modificaciones orilló a muchos universitarios que apoyaban el aumento a sumarse al movimiento estudiantil en contra de las mismas.

De nueva cuenta el 24 de marzo la AEU convocó a un paro de labores al que se sumaron 27 escuelas. Desde ese momento las discusiones sobre la fecha del estallido de la huelga se intensificaron, lo que originó que el 7 de abril en la sesión de la Asamblea Universitaria se resolviera estallar la huelga el 20 de abril. De igual forma se acordó integrar una comisión que elaborara una propuesta sobre el pliego petitorio.

El 25 de abril del Consejo General de Huelga de la UNAM publica su Primer Manifiesto a la Nación, donde expresan sus puntos de desacuerdo con el aumento de coutas y presenta un primer esbozo de lo que después se convertiría en el pliego petitorio del movimiento. En el documento se argumenta que la huelga es, históricamente, el último recurso del movimiento ante la falta de diálogo con las autoridades universitarias y se invita a un Diálogo Nacional sobre la universidad pública y gratuita.

Finalmente el 15 abril, 92,355 estudiantes se manifestaron contra "El Plan Barnés", mediante una consulta convocada por la AEU.

El 20 de abril de 1999 a las cero horas la Asamblea Estudiantil Universitaria se constituyó Consejo General de Huelga.

El 20 de abril se publica el Segundo Manifiesto a la Nación del Consejo General de Huelga de la UNAM. En el documento el movimiento universitario declararía ser garante "de una de las conquistas más importantes de las luchas revolucionarias de 1910, y de los movimientos estudiantiles de 1929, 1966, 1968, 1987 y 1992 que defendieron y refrendaron este derecho: la gratuidad de la educación" y refrendaría su pliego de peticiones que exigía la abrogación del RGP. Además de lo anterior demandaba la conformación de un espacio de diálogo democrático y resolutivo, el retiro de sanciones y castigos a quienes participasen en el movimiento, la recuperación de días de clase invertidos en el movimiento; y la derogación de las reformas de 1997, con lo que, según el documento, se recuperaría el "pase automático", elimininaría los límites de permanencia de los estudiantes en la universidad y se respetaría la elección de carrera.

La aprobación, por parte del Consejo Universitario (de la UNAM) del Reglamento general de pagos fue lo que detonó la Huelga Estudiantil, Este reglamento incluía entre otras cosas el cobro de cuotas semestrales, con carácter voluntario, de 15 días de salario mínimo para bachillerato y nivel técnico y 20 días para licenciatura. En el caso de posgrado serían los directores de cada entidad los que fijarían las cuotas. A los extranjeros se les cobraría 10 veces más. El exámen profesional, incluyendo los trámites de titulación costaría 40 días de salario mínimo. Este Reglamento fue suspendido oficialmente por acuerdo del 13 de abril de 2000.

Pliego Petitorio oficial del Consejo General de Huelga.

Este pliego petitorio fue el que se aceptó y firmó en los acuerdos del diálogo público entre el CGH y las autoridades universitarias el 10 de diciembre de 1999.

A los pocos días de estallada la huelga, las posiciones entre quienes estaban a favor y quienes estaban en contra del movimiento y el CGH se radicalizaron. Por un lado, a favor de la propuesta del entonces todavía rector de la UNAM y algunos ex rectores recientes, así como todas las autoridades académicas y administrativas universitarias; el Gobierno federal, los partidos Acción Nacional (PAN) Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD) y los medios masivos de comunicación. Por otro lado, en contra de la propuesta estarían madres y padres de familia de los huelguistas, constituidos ya en una asamblea, un número importante de profesores y académicos, comunidades universitarias de otras institucionales de México, organizaciones sociales y movimientos de izquierda, incluyendo al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN); así como algunos medios impresos de comunicación, entre los que destacaría el diario La Jornada.

Al tercer mes de la huelga los profesores eméritos de la UNAM (Miguel León-Portilla, Héctor Fix Zamudio, Manuel Peimbert, Luis Villoro, Adolfo Sánchez Vázquez, Luis Esteva Maraboto, Alfredo López Austin y Alejandro Rossi) propondrían suspender la actualización de pagos por servicios directos y llevar el debate sobre la relación entre la UNAM y el CENEVAL, así como los reglamentos de exámenes e inscripciones a "espacios de discusión y análisis sobre los problemas fundamentales de la Universidad"; es decir, a un Congreso Universitario, en el momento que el CGH manifestara su intención de levantar la huelga. La propuesta sería respaldada por 41 académicos de diversas disciplinas, pero no sucedería igual por parte del CGH, quien la rechazaría rotundamente por lo que alegaron era "no garantizar mínimamente la resolución del conflicto creado por las autoridades universitarias".

El conflicto se recrudecería con el inicio de las llamadas "clases extramuros", que contaron con una muy baja participación de los estudiantes inscritos. En estos intentos por romper la huelga también participaron algunos porros.

Mientras tanto, al interior del CGH comenzarían también a vivirse algunas divisiones surgiendo dos grupos, los "moderados" (también querían el cumplimiento cabal de los 6 puntos solo que con otros medios) y los "ultras" (renuentes a terminar la huelga hasta que no se cumplieran los 6 puntos del "pliego petitorio").

Para finales del año, el movimiento estudiantil estaba cada vez más dividido y con menos apoyos de la sociedad civil. Por su parte, Barnés de Castro presentaría su renuncia a la rectoría la noche del 12 de noviembre de 1999 y sería sucedido el doctor, Juan Ramón de la Fuente. Al poco tiempo del cambio en rectoría, el 11 de diciembre, serían detenidos brevemente 98 estudiantes que habían participado en una manifestación frente a la embajada de Estados Unidos, reivindicando las protestas en Seattle contra la Organización Mundial de Comercio.

El año 2000 traería consigo una mayor fragmentación interna del CGH. Ante la larguísima y desgastante situación de la huelga, se convocó a un plebiscito por parte de Rectoría para pulsar la opinión de la comunidad universitaria respecto a la llamada "Propuesta Institucional", del mismo rector, ofreciendo dejar sin efecto el RGP aprobado en 1999, la realización del Congreso Universitario, donde se analizaría y definiría lo relativo a los reglamentos generales de inscripciones y exámenes, aprobados en 1997, así como la relación entre la UNAM y el CENEVAL, la regularización de todas las situaciones escolares, y que las autoridades universitarias gestionarían en el ámbito de su competencia el retiro de actas en contra de universitarios participantes en el movimiento, todo ello a cambio de que se levantara la huelga.

Diversas voces, entre las que se encontraban personalidades del ámbito cultural como Sealtiel Alatriste, Homero Aridjis, Alí Chumacero, José Ramón Enríquez, Carlos Fuentes, Cristina Pacheco, Elena Poniatowska, Carlos Monsiváis, Ignacio Solares, Joaquín Ramón Xirau, Sara Sefchovick, entre otras, se expresaron a favor del plebiscito e hicieron un llamado al CGH a aceptar sus resultados, pues, decían, "el movimiento ya había ganado y de no levantar la huelga podría perderse incluso la propia Universidad".

El Consejo General de Huelga no aceptaría como válidos los resultados del plebiscito, en el que entre ocho y nueve de cada diez participantes (que asistieron a votar con credencial de estudiante en mano) estaría a favor de que la huelga se resolviera a partir de la "Propuesta Institucional" de Rectoría. Para sustentar su rechazo al plebiscito, el CGH llamaría unilateralmente al ejercicio "el gran fraude plebiscitario". Como consecuencia de los resultados del plebiscito, estudiantes del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC), la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia (ENEO), todos identificados con el ala "moderada", determinarían la entrega de sus instalaciones a Rectoría.

Dicha encuesta fue realizada con el apoyo de la casa encuestadora "Consulta Mitofsky". Los resultados fueron cuestionados por el CGH por motivos como decir que "se basaba en un ejercicio estadísitico", que no existía un padrón de toda la comunidad universitaria lo cual propiciaba que se pudiera votar en más de una ocasión, que el conteo del total de los votos fue a puerta cerrada donde ni los medios ni el resto de la comunidad pudo estar presente de la veracidad de los resultados, y que ellos mismos determinaron no asisitr al plebiscito, según ellos invalidando los resultados al "excluirlos". A pesar de ello el amplísimo margen de la votación que respaldaba el fin de la huelga (más del 90%) fue tan claro que el ala "ultra" del CGH perdió casi toda la credibilidad que les quedaba al negarse a aceptar los claros resultados.

La carta de los intelectuales validando el plebiscito y la entrega de instalaciones por parte de los llamados "moderados", fue visto por el Gobierno federal como un espaldarazo para la intervención, y la madrugada del 6 de febrero de 2000, elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) entrarían en la máxima casa de estudios y detendrían a poco más de 700 estudiantes, el grueso de los miembros aún pertenecientes al ala "ultra" del CGH. No sería sino hasta el 23 de abril, a un año y tres días de iniciada la huelga y más de ocho meses de la propuesta de los eméritos, que los 3 mil 100 elementos de la PFP que patrullaron Ciudad Universitaria desde el mes de febrero abandonarían las instalaciones para dar paso al reinicio de las actividades académicas y administrativas.

Si bien la huelga se rompió con la entrada de la policía federal preventiva, y para entonces el movimiento había perdido apoyo pero no tanto como dice el mediatismo, logró parcialmente lo que se proponía inicialmente: evitar la implementación del "Plan Barnés" y continuar la gratuidad de la UNAM, no logró la derogación de las reformas de 1997 pero si se logró su suspensión, ni se realizó el congreso universitario, y el porrismo y los llamados "órganos represivos" continúan en diferentes campus universitarios, preparatorias y CCH, auspiciados por el gobierno o la misma rectoría.

A la fecha el CGH mantiene ocupado el auditorio Justo Sierra - Che Guevara de la Facultad de Filosofía y Letras (UNAM) de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Al principio



Huelga de Río Blanco

Obreros amotinados frente a la fábrica de Río Blanco, 7 de enero de 1907.

La Huelga de Río Blanco fue una rebelión obrera en la fábrica de tejidos de Río Blanco, en, Veracruz, México, el 7 de enero de 1907, que se extendió a las fábricas aledañas de Nogales y Santa Rosa. La rebelión de Río Blanco es considerada un suceso precursor de la Revolución Mexicana de 1910.

En 1905 se fundó la Sociedad Mutualista de Ahorros que logró numerosos adeptos y el 1 de junio de 1906 se constituyó en el Gran Círculo de Obreros Libres promovido por José Neira Gómez y Juan Olivar, delegados del Partido Liberal Mexicano. En las clausulas secretas de la constitución de dicho Círculo se estipulaba que se mantendrían relaciones secretas con la Junta Revolucionaria residente en Saint Louis, Missouri y de la cual Ricardo Flores Magón era presidente.

En diciembre de 1906, obreros textiles de Tlaxcala y Puebla se declaran en huelga para exigir mejores condiciones laborales. Para frenar la creciente organización del movimiento obrero en la región, los industriales realizaron un paro patronal (lock-out) el 24 de diciembre en toda la zona industrial. Los obreros solicitan la intervención de Porfirio Díaz, quién favorece a los empresarios y ordena la reanudación de labores en las fábricas el 7 de enero de 1907, no sólo sin satisfacer las demandas de los trabajadores sino con nuevas condiciones que atentaban contra la libertad de asociación y prensa de toda la vida social.

Los obreros de Río Blanco no aceptaron la resolución del presidente.

El día 7 de enero en Río Blanco cerca de dos mil operarios agrupados en el Circulo de Obreros Libres se amotinaron frente a la fábrica, le lanzaron piedras e intentaron quemarla pero la policía montada lo impidió, entonces saquearon y quemaron la tienda de raya propiedad de Víctor Garcín, que además era el dueño de otros dos almacenes en Nogales y Santa Rosa. Después los obreros se dirigieron a la cárcel y liberaron a los presos.

Soldados del 13º Batallón dispararon contra la multitud que huyó a Nogales y a Santa Rosa, donde también saquearon la tienda de raya, paralizaron el servicio de tranvías, cortaron los cables de energía eléctrica y saquearon las casas de particulares acaudalados. De regreso a Río Blanco los amotinados fueron interceptados por más fuerzas federales que dispararon contra hombres, mujeres y niños. No existe un registro exacto, pero se estima que entre 400 y 800 obreros fueron asesinados, durante dos noches algunos testigos vieron plataformas de ferrocarril con docenas de cuerpos amontonados que serían arrojados al mar, el 9 de febrero sólo se presentaron a trabajar 5.512 de los 7.083 operarios de esa zona, la diferencia es de 1.571 de los cuales unos habían sido muertos, heridos o desplazados. Cerca de 223 operarios varones y 12 mujeres más fueron encarcelados.

Los sucesos de Río Blanco se han conocido en la historia oficial, como la Huelga de Río Blanco, sin embargo en esa localidad la patronal fue quien había cerrado la fábrica y no los trabajadores, los obreros que sí habían declarado la huelga pertenecían a las fábricas de Tlaxcala y Puebla. La rebelión que tuvo lugar en Río Blanco respondía a la inconformidad con el decreto de Porfirio Díaz y el paro patronal que afectó a todos los obreros textiles de la zona.

Una vez restablecido el orden por las fuerzas militares, el gobierno de Porfirio Díaz ofreció un gran banquete a los empresarios extranjeros propietarios de las fábricas en compensación por la rebelión obrera.

Al principio



Huelga general de noviembre

La huelga general de noviembre de 1922 de la ciudad de Guayaquil, en Ecuador, fue una huelga general convocada por la sindical FTRE, de inspiración anarcosindicalista, que organizaba a la mayoría de los trabajadores y artesanos de la ciudad. Sus demandas originales si bien obreristas, tenían un enfoque general antipartidista y antiestatista.

La FTRE logró hacerse con el control del casco urbano el día 13 de noviembre organizando el tránsito y la seguridad, tuvo el respaldo de un pequeño sector empresarial y contó con la simpatía de la población. No fue especialmente violenta, ni llegaron a existir enfrentamientos o desmanes considerables que alteraran significativamente las actividades cotidianas de la ciudad, al punto que la FTRE nunca procuró abastecerse de armas luego de tomarse la ciudad y de la retirada de la fuerza pública.

Fue acallada violentamente el día 15 de noviembre luego del reingreso en la ciudad de la policía por órdenes directas del presidente de la república presionado por los grupos de poder de la ciudad, causando una masacre (la mayoría estaban desarmados) en la que murieron cientos de guayaquileños (los cálculos varían de 100 a 500), cuyos cuerpos fueron arrojados al río Guayas.

El Estado ecuatoriano nunca ha reconocido este crimen de Estado, mientras que durante algunas décadas del siglo XX el ya desaparecido movimiento obrero ecuatoriano consideró el 15 de noviembre como fecha conmemorativa.

Al principio



Source : Wikipedia