Guerra Civil Española

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Publicado por daryl 19/03/2009 @ 16:13

Tags : guerra civil española, historia, ciencia

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Guerra Civil Española

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Se conoce comúnmente como Guerra Civil Española al conflicto bélico que estalló tras el fallo del golpe de estado de un sector del Ejército de España contra el Gobierno legal y democrático de la Segunda República Española y que asoló el país entre el 17 de julio de 1936 y el 1 de abril de 1939, concluyendo con la victoria de los rebeldes y la instauración de un régimen dictatorial de carácter fascista, a la cabeza del cual se situó el general Francisco Franco.

No obstante, España ya había sufrido varias guerras civiles en el siglo anterior; actualmente, para éstas últimas se suele preferir el nombre de Guerras Carlistas.

La Guerra Civil Española ha sido considerada en muchas ocasiones como el preámbulo de la Segunda Guerra Mundial, puesto que sirvió de campo de pruebas para las potencias del Eje y la Unión Soviética, además de que supuso un desenlace, principalmente a raíz de la llamada Revolución social española de 1936, entre las principales ideologías políticas de carácter revolucionario y reaccionario (o contrarrevolucionario) que entonces se disputaban en Europa y que entrarían en conflicto poco después: el fascismo, el carlismo, el constitucionalismo de tradición liberal burguesa y el Socialismo de Estado del PCE y la Komintern (liderada por el régimen de Stalin en la URSS), y los diversos movimientos revolucionarios: socialistas, comunistas, comunistas libertarios, anarcosindicalistas o anarquistas, y poumistas. Los partidos republicanos defendieron el funcionamiento democrático parlamentario del Estado por medio de la Constitución vigente, la Constitución de la República Española de 1931. Los anarquistas de la CNT (y muchos comunistas del POUM) defendían la implantación de un modelo libertario, aunque tuvieron que renunciar a todo su esquema teórico al aceptar la participación en el gobierno a finales de 1936. Los nacionalistas defendieron su autonomía. La mayoría de revolucionarios buscaban bien implantar la dictadura del proletariado, o bien eliminar la coerción de cualquier estructura jerárquica, fundamentalmente a través de una economía de carácter comunista y autónomo, y una organización política basada en órganos de base y comités, sintetizado todo ello en la consigna del comunismo libertario. Muchos militares sublevados y los falangistas defendieron, en palabras del propio Franco, la implantación de un Estado totalitario. Los monárquicos pretendían la vuelta de Alfonso XIII. Los carlistas la implantación de la dinastía carlista, etc. En ambos bandos hubo intereses encontrados.

De hecho, estas divisiones ideológicas quedaron claramente marcadas al estallar la Guerra Civil: los regímenes fascistas europeos (Alemania e Italia), Portugal e Irlanda apoyaron desde el principio a los militares sublevados.

El Gobierno republicano recibió el apoyo de la URSS, único país comunista de Europa, quien en un primer momento movilizó las Brigadas Internacionales y posteriormente suministró equipo bélico a la República. También recibió ayuda de México, donde hacía poco había triunfado la Revolución Mexicana.

Las democracias occidentales, Francia, el Reino Unido y Estados Unidos, decidieron mantenerse al margen, según unos en línea con su política de no-confrontación con Alemania, según otros porque parecían preferir la victoria de los sublevados. No obstante, el caso de Francia fue especial, ya que estaba gobernada, al igual que España, por un Frente Popular. Al principio intentó tímidamente ayudar a la República, a la que cobró unos 150 millones de dólares en ayuda militar (aviones, pilotos, etc.), pero tuvo que someterse a las directrices del Reino Unido y suspender esta ayuda.

En cualquier caso, esta alineación de los diferentes países no hacía más que reflejar las divisiones internas que también existían en la España de los años 1930 y que sólo pueden explicarse dentro de la evolución de la política y la sociedad española en las primeras décadas del siglo XX.

Algunos ven en estas profundas diferencias político-culturales lo que Antonio Machado denominó las dos Españas. En el bando republicano, el apoyo estaba dividido entre los demócratas constitucionales, los nacionalistas periféricos y los revolucionarios. Éste era un apoyo fundamentalmente urbano y secular, aunque también rural en regiones como Cataluña, Valencia, País Vasco, Asturias y Andalucía. Por el contrario, en el bando nacional, el apoyo era básicamente rural y burgués, más conservador y religioso. Sobre todo fueron aquellas clases más o menos privilegiadas hasta entonces, (burgueses, aristócratas, muchos militares, parte de la jerarquía eclesiástica, terratenientes o pequeños labradores propietarios, etc.) que tras la victoria del Frente Popular veían peligrar su posición o consideraban que la unidad de España estaba en peligro.

El número de víctimas civiles aún se discute, pero son muchos los que convienen en afirmar que la cifra se situaría entre 500.000 y 1.000.000 de personas. Muchas de estas muertes no fueron debidas a los combates, sino a las ejecuciones sumarias, paseos, que ambos bandos llevaron a cabo en la retaguardia, de forma más o menos sistemática o descontrolada. Los abusos se centraron en todos aquellos sospechosos de simpatizar con el bando contrario. En el bando nacional se persiguió principalmente a sindicalistas y políticos republicanos (tanto de izquierdas como de derechas), mientras en el bando republicano esta represión se dirigió preferentemente hacia los falangistas, burgueses, aristócratas, militares, simpatizantes de la derecha o sospechosos de serlo, sacerdotes y laicos de la Iglesia Católica, llegando a quemar conventos e iglesias y asesinando a trece obispos, 4.184 sacerdotes, 2.365 religiosos, 263 monjas y millares de personas vinculadas a asociaciones confesionales o meramente católicas practicantes. Es incalculable la pérdida en el patrimonio histórico y artístico de la Iglesia Católica, pues se destruyeron unos 20.000 templos —entre ellos varias catedrales— incluyendo su ornamentación (retablos e imágenes) y archivos.

Tras la guerra, la represión franquista se cebó con el bando perdedor, iniciándose una limpieza de la que fue llamada España Roja y de cualquier elemento relacionado con la República, lo que condujo a muchos al exilio o a la muerte. La economía española tardaría décadas en recuperarse.

Los simpatizantes republicanos vieron la guerra como un enfrentamiento entre «tiranía y democracia», o «fascismo y libertad», y muchos jóvenes idealistas de otros países participaron en las Brigadas Internacionales pensando que salvar a la República Española era la causa idealista del momento. Sin embargo, los partidarios de Franco la vieron como una lucha entre las «hordas rojas» (comunistas y anarquistas) y la «civilización cristiana». Pero estas dicotomías son, inevitablemente, simplificaciones: en los dos bandos había ideologías variadas, y muchas veces enfrentadas (por ejemplo, anarquistas contra comunistas en uno, falangistas contra monárquicos y carlistas en el otro).

Al abandonar Alfonso XIII España, vista la falta de apoyo popular en las elecciones municipales de 1931, se proclama la República y se convocan elecciones que ganan las izquierdas republicanas y obreras (el PSOE se convierte en el partido con más diputados en las Cortes). Comienza el llamado Bienio Progresista, durante el cual el Gobierno de la República, formado por distintas formaciones republicanas de izquierda (Acción Republicana, radicales-socialistas...) y el Partido Socialista, trata de poner en marcha una serie de leyes de alto contenido social. El fracaso y la lentitud en la aplicación de las mismas llevan a un descontento popular, que culmina en una serie de levantamientos anarquistas (en enero y diciembre de 1933), reprimidos con dureza y que provocan un fuerte escándalo político, la caída del Gobierno y la celebración de elecciones anticipadas en 1933.

La CEDA, partido derechista, gana estas elecciones, pero el Presidente de la República no les permite formar gobierno, por lo que lo acaban formando los radicales de Lerroux con el imprescindible apoyo de la CEDA. Comienza el gobierno de centro derecha llamado por la izquierda Bienio Negro, ya que anuló muchos de los derechos sociales y reformas progresistas aprobadas durante el gobierno anterior, bienio progresista, oponiéndose especialmente a la reforma agraria. Gran parte del pueblo llano había esperado grandes cambios de la Segunda República. Pero la victoria de los conservadores truncó las esperanzas de muchos y reverdeció la agitación y las protestas al ver el rumbo de marcha atrás que tomaba su política.

Ante lo que consideran mal gobierno de Lerroux, la CEDA exige su participación en el gobierno. Se nombran tres ministros de la CEDA, pero este nombramiento (constitucional) no es aceptado ni por la izquierda ni por los nacionalistas. ERC (Esquerra Republicana de Catalunya) proclama desde Barcelona el Estado Catalán dentro de la República Federal Española y UGT declara una huelga general revolucionaria, lo que provoca la Revolución de 1934 y la proclamación desde Oviedo de la República Socialista Española. La situación queda rápidamente dominada por el Gobierno, salvo en Asturias, único lugar en el que los anarquistas se unen a los partidos y sindicatos de izquierdas. El Gobierno reprime la sublevación de Asturias con dureza, trayendo de África a la Legión y, una vez finalizada, se produce una fuerte represión.

Los escándalos financieros y políticos hacen caer al Gobierno radical-cedista y se convocan nuevas elecciones, en las que, por primera vez en mucho tiempo, la izquierda une fuerzas formando el Frente Popular, y los anarquistas, tradicionalmente abstencionistas, a pesar de no formar parte de la coalición, le dan su apoyo.

Con unos resultados muy ajustados, gana las elecciones el Frente Popular. Poco tiempo después, basándose estrictamente en una norma sobre la disolución de las Cortes, es destituido el Presidente de la República, Alcalá-Zamora; por otra parte, se destina fuera de Madrid a los generales que se consideran desafectos a la República.

Durante la Segunda República, la polarización de la política española que se inició a finales del siglo XIX alcanza su cenit. Conviven una izquierda revolucionaria y una derecha fascista importantes, con una izquierda moderada y una derecha republicana; un centro anticlerical y una derecha de fuerte componente católico y monárquico, una sociedad secular muy anticlerical y un catolicismo ultraconservador.

Desde 1808, la sociedad española intentaba salir de una tradición absolutista que, a diferencia del resto de los países de Europa, lastraba aún al país, manteniendo fuertes diferencias económicas entre privilegiados y no privilegiados, derivados del moderantismo decimonónico. Los conservadores, muchos militares, terratenientes y parte de la jerarquía católica ven peligrar su posición privilegiada y su concepto de la unidad de España.

Una población rural dividida entre los jornaleros anarquistas y los pequeños propietarios aferrados a (y dominados por) los caciques y la Iglesia; unos burócratas conformistas y una clase obrera con salarios muy bajos y, por lo tanto, con tendencias revolucionarias propias del nuevo siglo, hacen que también entre las clases pobres la división fuese muy acusada. También existía una tradición de más de un siglo (desde los tiempos del rey Fernando VII), según la cual los problemas no se arreglaban más que con los levantamientos. Este conjunto de circunstancias hace que, durante la Segunda República, el clima social sea muy tenso, la inseguridad ciudadana muy alta y los atentados de carácter político o anticlerical una lacra para el país.

No es extraño, pues, que en una España marcada por la reciente dictadura de Primo de Rivera e intentonas fallidas, como las de José Sanjurjo, volviese a haber ruido de sables y se temiese un plan para derribar al nuevo Gobierno establecido. Los acontecimientos darían la razón a los pesimistas.

Como consecuencia de la inacción del Gobierno en los primeros momentos de la revuelta militar, en las áreas controladas por los anarquistas (principalmente Aragón y Cataluña), en suma a las temporales victorias militares, se llevó a cabo un gran cambio social, en el cual los trabajadores y los campesinos colectivizaron la tierra y la industria y establecieron consejos paralelos al ya entonces paralizado Gobierno. A esta revolución se opusieron los republicanos y comunistas apoyados por la Unión Soviética. La colectivización agraria había tenido un considerable éxito a pesar de carecer de los recursos necesarios, cuando Franco ya había capturado las tierras con mejores condiciones para el cultivo. Este éxito sobrevivió en las mentes de los revolucionarios libertarios como un ejemplo de que una sociedad anarquista puede florecer bajo ciertas condiciones como las que se vivieron durante la Guerra Civil Española.

Cuando la guerra progresó, el Gobierno y los comunistas fueron capaces de acceder a las armas soviéticas para restaurar el control del Gobierno y esforzarse en ganar la guerra, a través de la diplomacia y la fuerza. Los anarquistas y los miembros del POUM fueron integrados al ejército regular, aunque con resistencia; el POUM fue declarado ilegal, denunciado falsamente de ser un instrumento de los fascistas. En las Jornadas de mayo de 1937, las milicias anarquistas y poumistas se enfrentaron a las fuerzas de seguridad republicanas por el control de los puntos estratégicos de Barcelona, tal como George Orwell lo relata en Homenaje a Cataluña.

El golpe de Estado tenía motivos políticos, pero el conflicto pronto tomó un cariz religioso. La Iglesia Católica, cuyo poder había sido socavado, se convirtió en blanco de ataques. Trece obispos, 4.184 sacerdotes, 2.365 religiosos, 263 monjas y millares de personas vinculadas a asociaciones confesionales o meramente católicas practicantes fueron asesinados por revolucionarios opuestos al golpe militar, que equiparaban a la Iglesia Española con la derecha. Se saqueó y prendió fuego a iglesias y monasterios. Ante esta barbarie, la Iglesia confió en los sublevados para defender su causa y «devolver la nación al seno de la Iglesia».

Menos lícito, mejor, absolutamente ilícito es, después de dividir, sumarse al enemigo para combatir al hermano, promiscuando el ideal de Cristo con el de Belial, entre los que no hay compostura posible...

De hecho no hay acto ninguno religioso de orden social en las regiones ocupadas por los rojos; en las tuteladas por el ejército nacional la vida religiosa ha cobrado nuevo vigor...

El cardenal Francisco Vidal y Barraquer, arzobispo de Tarragona, quien trató de mantener una posición imparcial durante la guerra, fue obligado por el Gobierno de Franco a permanecer en el exilio hasta su muerte en 1943.

En la Guerra Civil española, ante la persecución religiosa en la zona republicana, la Iglesia y el Movimiento Nacional hicieron causa común, colaborando la Iglesia activamente durante ella (de forma muy similar que a la haría la Iglesia Ortodoxa Rusa en la URSS con Stalin durante la Segunda Guerra Mundial), legitimando el discurso de los sublevados con la idea de la cruzada, sirviendo los obispos y sacerdotes como capellanes a los combatientes nacionales, administrándoles los sacramentos y bendiciendo las armas y las banderas de los regimientos que partían al frente. Se sintió enormemente aliviada por el triunfo de las tropas de Franco, y recibió además la compensación económica que supuso el restablecimiento del presupuesto del clero en octubre de 1939.

El 20 de mayo de 1939, en la Iglesia de Santa Bárbara (Madrid), el general Franco entregó la espada de su victoria al cardenal Gomá. El Ejército, el Movimiento Nacional y la Iglesia celebraron juntos aquel triunfo.

En el mensaje Con inmenso gozo, difundido por Radio Vaticano el 16 de abril de 1939, el recientemente elegido Papa Pío XII saludaba el resultado de la guerra.

Entre febrero y julio de 1936 se produjeron grandes disturbios en la calle, contabilizándose centenares de tiroteos y decenas de muertos, además de asaltos a iglesias, partidos políticos o periódicos.

El 14 de abril de 1936 se produce el desfile de conmemoración del Quinto aniversario de la República, presidido por Manuel Azaña. Durante el paso de la Guardia Civil, los abucheos y los disturbios fueron abundantes, ya que se dudaba de la fidelidad al Gobierno de la misma, y el resultado fue la muerte del alférez De los Reyes durante una trifulca.

Pero el 16 de abril el entierro constituyó una excusa para que la derecha se echase a la calle para protestar efusivamente; la comitiva, que quiso recorrer mucha más distancia que la que la separaba del cementerio, acabó por provocar trifulcas (existen fotografías de tiroteos por las calles) que hicieron entrar en juego a los Guardias de Asalto. En todo este caos, resulta muerto Andrés Sáenz de Heredia (primo de José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange), y una muchedumbre, al observar cómo el teniente José del Castillo Sáez de Tejada dispara a un joven tradicionalista (carlista), José Llaguno Acha, enfurece e intenta lincharlo. Tanto el joven como él necesitaron atención médica.

Y el 12 de julio, el mencionado José del Castillo Sáez de Tejada muere asesinado mientras pasea tranquilamente por la calle (probablemente por falangistas. Castillo era conocido por su activismo izquierdista y por negarse a intervenir contra los rebeldes de la Revolución de Asturias, «Yo no tiro sobre el pueblo» fueron sus palabras, y este acto de rebeldía le costaría un año de cárcel.

La conmoción por el asesinato no tardó en extenderse entre la propia Guardia de Asalto a la que él pertenecía. Y a la madrugada siguiente, en represalia, un grupo de guardias, al no encontrar en su casa a Gil-Robles, secuestran y matan a José Calvo Sotelo, quien era miembro de las Cortes y líder de la oposición al Frente Popular y había sido ministro de finanzas durante la dictadura de Miguel Primo de Rivera. Este crimen convenció de la necesidad de dar el golpe de Estado a los militares que aún estaban indecisos, entre ellos y según Preston, a Franco. Este golpe de Estado estaba preparado por Mola (el Director) para mediados o finales de julio desde hacía tiempo (el Dragon Rapide ya estaba en camino), y contaba con el apoyo de la Falange y de los movimientos conservadores y católicos. El levantamiento acababa de comenzar.

El golpe de Estado fue cuidadosamente planeado, entre otros militares, por los generales José Sanjurjo, Emilio Mola (el Director del alzamiento) y secundado por Francisco Franco, con el que contaban desde el principio, pero que no confirmó su participación hasta el asesinato de Calvo Sotelo. Los planes se establecieron ya en la primavera de 1936, y en la conspiración participaron mandos militares —la Unión Militar Española, antirrepublicana, y la Junta de Generales (cuyo coordinador era el mismo Mola)—, monárquicos, carlistas y otros sectores de la extrema derecha.

El general José Sanjurjo debería haber sido el futuro Jefe de Estado pero murió en accidente de aviación al trasladarse a España desde Portugal, donde estaba exiliado por su intento de golpe de Estado en Sevilla el 10 de agosto de 1932.

Los últimos detalles de la sublevación se concretaron durante unas maniobras realizadas el 12 de julio en el valle del Llano Amarillo, en Ketama, Marruecos, estando previsto dar el golpe de Estado escalonadamente, el 18 en Marruecos y el 19 en el resto de España.

El 17 de julio por la mañana en Melilla, los tres coroneles que estaban al tanto del alzamiento militar se reúnen en el departamento cartográfico y trazan los planes para ocupar el 18 los edificios públicos, planes que comunican a los dirigentes falangistas. Uno de los dirigentes locales de la Falange informa al dirigente local de Unión Republicana, llegando esta información al General Romerales, Comandante Militar de Melilla, que a su vez informa a Casares Quiroga. Romerales envía por la tarde una patrulla de soldados y guardias de asalto a registrar el departamento cartográfico. El coronel al mando del mismo retrasa el registro y llama al cuartel de la Legión, desde donde le envían un grupo de legionarios. Ante estos, la patrulla se rinde y los sublevados proceden a arrestar a Romerales, proclaman el estado de guerra e inician anticipadamente el levantamiento, informando a sus compañeros del resto de Marruecos que habían sido descubiertos. Esto hizo que se adelantase en Marruecos la fecha prevista.

Mola decide adelantar las fechas previstas, por lo que al día siguiente, 18 de julio, la sublevación se generaliza en casi toda España, y el 19 de julio ya es general.

Excepto casos aislados, los militares triunfan en las zonas donde fueron más votadas las candidaturas de derechas en las elecciones de febrero de 1936, y fracasan donde la victoria electoral correspondió al Frente Popular, como en Madrid y Barcelona, donde la insurrección es aplastada sin miramientos. Así, el 21 de julio los rebeldes han tomado el control de la zona de Marruecos bajo protectorado español, las islas Canarias (excepto La Palma), las islas Baleares (excepto Menorca), parte de la provincia de Cádiz y su capital homónima, junto con las ciudades de Córdoba, Sevilla y Granada (España en Andalucía y la zona situada al norte de la Sierra de Guadarrama y del río Ebro (incluyendo a Galicia, la Región de León, Castilla la Vieja -excepto la provincia de Santander actual Cantabria-, el norte de Extremadura, Navarra y la parte occidental de Aragón), excepto Asturias (salvo su capital Oviedo que quedó en manos nacionales), Cantabria, Vizcaya y Guipúzcoa en la costa norte, la parte oriental de Aragón, la región de Cataluña en el nordeste, Valencia, parte de Castilla la Nueva y el oriente de Andalucía. El 27 de julio de 1936 llegó a España el primer escuadrón de aviones italianos enviado por Benito Mussolini.

Las fuerzas republicanas, por su parte, consiguen sofocar el alzamiento en la mayor parte de España, incluyendo todas las zonas industrializadas, gracias en parte a la participación de las milicias recién armadas de socialistas, comunistas y anarquistas, así como a la lealtad de la mayor parte de la Guardia de Asalto y, en el caso de Barcelona, de la Guardia Civil. El gobernador militar de Cartagena, Toribio Martínez Cabrera, era simpatizante del Frente Popular y la marinería también era contraria al golpe militar, lo que unido a los tumultos populares de los días 19 y 20 hicieron fracasar el movimiento golpista en Murcia.

Por otra parte, caen en manos de los sublevados algunas de las ciudades andaluzas más grandes, incluyendo Sevilla (donde el general Gonzalo Queipo de Llano se hace con inusitada facilidad con el mando de la 2ª División Orgánica), Cádiz, Córdoba y Granada. De éstas, las tres primeras se convirtieron en centros del levantamiento militar en la región de Andalucía.

Los centros del levantamiento militar eran 13: Ceuta en Marruecos; Cádiz, Sevilla y Córdoba en Andalucía; El Ferrol (la ciudad natal de Franco), provincia de La Coruña, en Galicia; Oviedo, capital de Asturias, la cual soportó un asedio por parte de los republicanos durante 90 días, hasta la entrada de las tropas franquistas el 17 de octubre; Salamanca y León en la entonces existente región de León; Valladolid y Burgos en la antigua Castilla la Vieja; Vitoria, capital de la provincia de Álava, en el País Vasco; Pamplona, capital de Navarra y Zaragoza, capital de la provincia del mismo nombre, en Aragón. Los principales núcleos republicanos eran 7: Madrid en la antigua Castilla la Nueva, Bilbao, capital de Vizcaya, en el País Vasco; Barcelona en Cataluña; Valencia actual capital de la Comunidad Valenciana; Cartagena y Albacete en la región de Murcia; y Málaga en Andalucía.

De los citados centros de la sublevación parten las ofensivas del Ejército de España, a hacer lo que la propaganda nacional llamó la Reconquista, para tomar las ciudades en manos de la República o a liberar a los lugares en manos de los rebeldes asediados por las tropas gubernamentales, como son los casos del sitio de Oviedo y del Alcázar toledano. En este contexto, los nacionalistas y los republicanos proceden a organizar sus respectivos territorios y a reprimir cualquier oposición o sospecha de oposición. Una estimación mínima señala que más de 50.000 personas fueron ejecutadas, muertas o asesinadas en cada bando, lo que nos da una indicación de la gran dureza de las pasiones que la guerra civil había desatado.

El resultado del levantamiento es incierto. Aproximadamente un tercio del territorio español ha pasado a manos rebeldes, con lo que ninguno de los dos bandos tiene absoluta supremacía sobre el otro. La intentona de derrocar de un golpe a la República había fracasado estrepitosamente. Ambos bandos se preparan para lo inevitable. Un enfrentamiento que iba a desangrar España durante tres largos años. La Guerra Civil Española acababa de empezar.

Toda esperanza de un rápido desenlace desaparece el 21 de julio, el quinto día de rebelión, cuando los sublevados conquistaron el puerto naval de Ferrol. El triunfo parcial de la sublevación militar anima a las potencias fascistas a apoyar a los rebeldes. En los primeros días muere el general Sanjurjo en un accidente de aviación, por lo que el mando de los rebeldes queda entonces repartido entre Emilio Mola y Franco.

Sin embargo, el mando de los nacionalistas fue asumido gradualmente por el general Franco que lideraba las fuerzas que había traído de Marruecos. El 1 de octubre de 1936 fue nombrado Jefe del Estado y formó gobierno en Burgos. El 3 de junio de 1937 muere en otro accidente de avión el general Emilio Mola, quedando definitivamente Franco solo al frente de la rebelión militar.

El presidente de la República Española hasta casi el fin de la guerra fue Manuel Azaña, un liberal anticlerical, procedente del partido Izquierda Republicana. En tanto que el Gobierno republicano estaba encabezado, a comienzos de septiembre de 1936, por el líder del partido socialista Francisco Largo Caballero, seguido en mayo de 1937 por Juan Negrín, también socialista, quien permaneció como jefe del Gobierno durante el resto de la guerra y continuó como jefe del Gobierno republicano en el exilio hasta 1945.

Al fracasar el golpe de Estado y preverse una guerra de larga duración, el primer problema con el que se enfrentan los sublevados es un problema logístico. El Ejército de África está en Marruecos, y debe pasar a la península, la flota republicana bloquea el estrecho de Gibraltar impidiendo su paso y el ejército de Mola está escaso de municiones. Se pone en marcha inmediatamente un puente aéreo, al principio sólo con medios propios, y luego apoyado por aviones italianos y alemanes, entre Marruecos y Sevilla. Con los pocos aviones de ataque y bombardeo disponibles, se hostiga a la escuadra republicana en el estrecho, permitiendo el paso de un primer convoy naval prácticamente desprotegido entre Ceuta y Algeciras, y se inicia la Campaña de Extremadura para tratar de unir las dos zonas en poder de los sublevados, lo que se consigue con la toma de Badajoz a mediados de agosto de 1936, menos de un mes después del alzamiento militar. La rapidez con que cayeron una tras otra las poblaciones en el avance por Extremadura y el Tajo puede atribuirse al avance del Ejército de África de Franco, las tropas mejor entrenadas y curtidas en combate, quizá las únicas verdaderamente profesionales en los primeros caóticos meses de guerra. Una vez unidas las dos fuerzas, se inicia el avance sobre Madrid, como intento de subsanar la contienda lo antes posible. En esta serie de acciones, pasó a la mitología de la guerra la liberación de los rebeldes asediados en el Alcázar de Toledo el 28 de septiembre, que bajo el mando del coronel José Moscardó soportaban los ataques republicanos desde el 22 de julio; al recibir Moscardó a Varela (encabezando al Ejército de África) éste le dijo la famosa frase: Mi general, sin novedad en el Alcázar. Franco ordenó desviarse hacia Toledo en contra de la opinión de sus consejeros que le recomendaron tomar Madrid; hoy en día hay quienes piensan que de haber tomado Madrid de inmediato la guerra se habría acortado sustancialmente de no haberse liberado el Alcázar toledano, pues de todos modos las tropas sitiadoras tenían que defender a la capital, pero el hecho levantó la moral franquista. El 8 de noviembre empieza la Batalla de Madrid pero los rebeldes no logran su objetivo (la toma de la capital), estabilizándose el frente el día 23. Por otra parte, el Gobierno de la República pasa sucesivamente de las manos de Santiago Casares Quiroga, quien dimite tras el alzamiento, a las de Diego Martínez Barrio, que ni siquiera jura el cargo. Tras él llegan José Giral, dirigente de Izquierda Republicana, y el miembro del PSOE Francisco Largo Caballero.

En el norte, las tropas nacionales toman Irún el 5 de septiembre y San Sebastián el 13 de septiembre, quedando el norte republicano rodeado por tierra por los nacionalistas. El 17 de octubre se rompe el cerco de Oviedo.

En torno a Madrid se producen diferentes ofensivas y batallas, tratando un bando de aislar Madrid y el otro de aliviar la presión sobre la capital. Son la batalla del Jarama, del 6 al 24 de febrero, la batalla de Guadalajara, con victoria republicana en parte gracias a los planes de ofensiva contra las tropas italianas de José Miaja, del 8 al 18 de marzo; y la batalla de Brunete del 6 al 26 de julio, con victoria de los nacionales. Las dos primeras son iniciativas de los sublevados y la tercera de los republicanos. Ninguna consigue su objetivo.

Pese a que Largo Caballero mejoró la coordinación del Ejército republicano, fue incapaz de contener las disputas entre las formaciones políticas de la coalición gubernamental (que incluía pensamientos tan distantes como el socialismo, el comunismo, el republicanismo burgués, el nacionalismo regional y, unos meses después, el anarquismo) y, por tanto, fue sustituido por Juan Negrín, sobre el que pronto cayó la acusación de estar dominado por los comunistas.

En el frente de Aragón, la República inicia a finales de agosto una ofensiva en Belchite, para intentar aliviar la presión en el frente del norte. Casi al mismo tiempo, los nacionales rompen en el norte el llamado Cinturón de Hierro y ocupan Bilbao, Santander y finalmente, el 20 de octubre, Gijón, poniendo fin al frente norte. Los prisioneros del Frente Norte fueron recluidos en el campo de Miranda de Ebro. En el sur, toman Málaga el 8 de febrero, estabilizándose el frente en la provincia de Almería. Al finalizar el año, la República toma la iniciativa y comienza la batalla de Teruel siguiendo los planes del general Vicente Rojo.

Continúa la batalla de Teruel, que es tomado el 8 de enero por los republicanos y vuelto a recuperar el 20 de febrero por los nacionales. En el Gobierno de la República, Negrín se hace además con el ministerio de la Defensa Nacional, sustituyendo a Indalecio Prieto, y propone a los insurrectos los 13 puntos de Negrín como acuerdo de paz, para restablecer una democracia consensuada sobre principios alejados del conflicto bélico.

El 7 de marzo se inicia la ofensiva de Aragón por parte de los nacionales, con el firme propósito de dividir en dos la zona repúblicana. Se realizó en 3 fases, con uso intensivo de tácticas modernas con medios motorizados y aviación (es probable que en el Bajo Aragón se ensayara por primera vez la "Blitzkrieg" o guerra relámpago alemana). Alcañiz es bombardeado el 3 de marzo, y tomado poco después, Caspe cae el 17 de marzo y Lleida el 3 de Abril.

Las tropas de Franco toman Vinaroz el 15 de abril, partiendo finalmente en dos la España republicana. La República contraataca el 24 de julio mediante la batalla del Ebro, que se convierte en una dura guerra de desgaste para ambos bandos y termina el 16 de noviembre con la retirada republicana. A partir de este momento, la ruta de acceso a Cataluña queda despejada. El 23 de diciembre se inicia la Ofensiva de Cataluña.

Se precipitan los acontecimientos, cayendo Barcelona el 26 de enero y Gerona el 5 de febrero. En fechas sucesivas, las tropas nacionales avanzan hacia la frontera francesa y toman los pasos desde Puigcerdá hasta Portbou (Gerona).

En las últimas Cortes republicanas, las de Figueras, Negrín pide entre otras cosas que el pueblo pueda decidir sobre el futuro del régimen, pero ante la inminencia de la victoria los nacionales rechazan sus peticiones.

En Madrid, el Coronel Casado da un golpe de Estado anticomunista en marzo, creándose el Consejo Nacional de Defensa, mientras que Juan Negrín —siguiendo su criterio de mantener la resistencia— y buena parte del Gobierno se refugian en Elda y Petrer, en la llamada «Posición Yuste».

La nueva institución se hace con el control de Madrid tras un cruento enfrentamiento entre las mismas tropas republicanas e inicia las diligencias con el Gobierno de Burgos con el objetivo de acordar la paz. Fracasadas estas, el 26 de marzo cae la ciudad. Y el Gobierno republicano pierde rápidamente las últimas capitales de provincia que mantenía: el 29 de marzo Cuenca, Albacete, Ciudad Real, Jaén y Almería; el 30 de marzo Valencia y Alicante, y el 31 de marzo Murcia.

La escuadra republicana, consciente de que debe impedir el paso del Ejército de África a la península, bloquea el estrecho de Gibraltar, siendo hostigada por unos pocos aviones nacionales. Sólo consigue pasar un pequeño convoy con unos mil hombres, lo que se interpreta desde el bando franquista como un gran éxito. Pero ante el avance de los nacionales en el Norte de España, la República decide enviar la Escuadra (salvo dos destructores que quedan a cargo del bloqueo del Estrecho) al frente Norte, consiguiendo así ayudar a las operaciones terrestres y retrasar el avance de los sublevados, al impedirles avanzar por la costa. Pero este alivio en el frente norte es fatal para la República, ya que los cruceros Canarias y Cervera acuden al Estrecho, y el 29 de septiembre de 1936 hunden uno de los destructores (el Almirante Ferrándiz) de la clase Churruca después de inutilizar una de las calderas con un tiro casi imposible (la tercera salva a 20 km) y hacen huir al otro, el Gravina, que se refugia en Casablanca, dejando libre el paso al Ejército de África.

En septiembre, la República decide enviar al Cantábrico al Acorazado Jaime I, dos cruceros, seis destructores y cinco submarinos, dejando en el Estrecho sólo dos destructores y un submarino. El 24 de septiembre, la Escuadra republicana llega al Cantábrico y paraliza o retrasa las operaciones en tierra de los sublevados. Impide las operaciones en Guipúzcoa y retrasa el avance de las columnas gallegas hacia Oviedo, obligándoles a ir por el interior. Su superioridad es absoluta, y durante la estancia de la flota republicana en el Cantábrico, no hay actividad en el mismo de la marina rebelde. Pero este triunfo relativo permite, al tener abandonado el bloqueo del Estrecho de Gibraltar, el paso del grueso de las tropas de África a la península. El 13 de octubre de 1936, el grueso de la escuadra republicana vuelve al Mediterráneo. Las acciones navales en el bando nacional el resto del año 1936 se limitan a las protagonizadas por el España, el Velasco, los bous y algunos mercantes armados por el bando nacional, dedicándose al bloqueo, a minar los puertos republicanos y al bombardeo de costa. La República sólo había dejado en el Cantábrico al destructor José Luis Díez (conocido en Bilbao por «Pepe el del puerto», por su poca agresividad) y dos submarinos.

El Gobierno vasco, nacionalistas aliados al bando republicano, crea la Marina de Guerra Auxiliar de Euzkadi, al mando de Joaquín Eguía, con algunos bous armados (cuatro bacaladeros con cañones de 101,6 mm), nueve bous en misión de dragaminas y hasta 24 pesqueros pequeños más como dragaminas costeros o de puerto. Estas unidades del Gobierno nacionalista vasco, a diferencia de las unidades aliadas republicanas, demuestran un alto grado de preparación y espíritu combativo, interceptando mercantes alemanes con cargamento para los franquistas y llegando a enfrentarse al Velasco el 15 de noviembre de 1936.

Se cierra el año con la desaparición del submarino C5.

En el año 1937, la misión de la flota rebelde es apoyar las operaciones de tierra encaminadas a terminar con el frente Norte, bloqueando y minando los puertos del Cantábrico para evitar el aprovisionamiento de las fuerzas republicanas y apoyar con fuego naval el avance de las tropas de tierra. Intervinieron con base principal en Ferrol, apoyándose en Pasajes, Bilbao y Santander, a medida que iban siendo conquistadas.

Participaron el España, el Velasco, los minadores gemelos Vulcano y Júpiter, tres mercantes armados y unas flotillas de bous. Esporádicamente se incorporaron los cruceros Canarias y Almirante Cervera. La República reforzó sus fuerzas con el destructor Císcar y los submarinos C6 y C4. Pero se enfrenta con el problema de falta de mando único. Los nacionalistas vascos no aceptan que sus buques sean mandados por la República. Esto, unido a la baja moral de las dotaciones republicanas, hace que los nacionales tengan prácticamente el dominio del mar. Las operaciones de bloqueo impuesto se vieron dificultadas por la Marina británica, que tenía en estas aguas al crucero de batalla HMS Hood, los acorazados HMS Royal Oak y HMS Resolution, y varios cruceros y destructores que protegían a los mercantes británicos hasta aguas territoriales españolas, con lo que llegaban con facilidad (sólo quedaban tres millas) a los puertos republicanos víveres y suministros militares. Esto permitió la resistencia republicana al avance nacional, pese al relativo dominio del mar. El 5 de marzo de 1937, el Canarias llega al Cantábrico y apresa al mercante Galdames, a la altura del cabo Machichaco. Para ello tuvo que enfrentarse a los bous nacionalistas vascos que, pese su inferioridad manifiesta, le hicieron frente con gran valor y arrojo, siendo hundido uno de ellos (el Navarra) y averiados los otros dos. El 30 de abril, frente a Santander, el acorazado España se hunde tras tocar con una mina propia. La tripulación es rescatada por el Velasco. Al finalizar la campaña del norte, la República había perdido al destructor Ciscar, hundido por la aviación en el puerto de Gijón, y al submarino C6. Los submarinos C4 y C2 se refugiaron en Francia, desde donde volvieron a manos republicanas a mediados de 1938, y el José Luis Díez se refugió en Inglaterra, después en Francia y en agosto de 1938 intentó pasar al Mediterráneo camuflado como el destructor inglés HMS Grenville (D 19), siendo interceptado por el Canarias. Se refugió en Gibraltar, y en diciembre de 1938, al intentar unirse a la flota republicana, fue inutilizado por el minador Vulcano.

En el Mediterráneo, la guerra naval se centró en el bloqueo de los puertos enemigos, la protección de convoyes, el bombardeo de costa y el apoyo a operaciones terrestres.

El 20 de julio de 1936, el Libertad y varios destructores bombardean Ceuta, y el día 22 con el Cervantes, Algeciras y La Línea. El 5 de agosto, los nacionales hacen pasar un convoy con éxito a través del Estrecho. El día 7 de agosto de 1936, el Libertad y el Jaime I bombardean Algeciras (donde hundieron al cañonero Dato) y Cádiz.

En agosto de 1936, la Generalidad de Cataluña y el Comité Central de Milicias Antifascistas intentan recuperar Mallorca enviando a un conglomerado de fuerzas de milicias, al mando del capitán de aviación Alberto Bayo, con el apoyo de unidades de submarinos y de la Escuadra republicana basada en Tánger. El intento de toma de Mallorca, mal organizado y peor dirigido, fue un rotundo fracaso, teniendo que retirarse después del fallido intento de desembarco en la isla por la costa este.

El 12 de diciembre de 1936, el Canarias hundió el vapor soviético Konsomol frente a Orán, hundimiento que tuvo repercusión internacional e hizo a los soviéticos más reticentes a utilizar sus mercantes en apoyo de los republicanos. La flota franquista apoya el avance sobre Málaga, con bombardeos en la costa. El 7 de septiembre de 1937, el crucero Baleares se encuentra con los cruceros republicanos Libertad, Méndez Núñez y varios destructores escoltando un convoy frente al cabo Cherchel. Entabla combate y, pese a sufrir averías, obliga a los buques de guerra republicanos a retirarse y a los mercantes del convoy a refugiarse en el puerto de Cherchell. El 23 de abril de 1938, el Libertad, Jaime I, Méndez Núñez y algunos destructores republicanos bombardearon Málaga. El 25 de abril de 1937, el Canarias y el Baleares acosan a la escuadra republicana cuando entra en Cartagena tras bombardear Málaga. Tras un corto intercambio de disparos, los cruceros nacionales se alejan para evitar a las baterías de costa (380 mm). El 6 de marzo de 1938 es torpedeado y hundido el crucero Baleares, tras un encuentro nocturno de las dos escuadras en la Batalla de Cabo Palos. Las escuadras se separan y los destructores ingleses Boreas y Kempenfelt acuden a ayudar al salvamento de los náufragos. Rescatan a 435 hombres y desaparecen 786. Durante el salvamento, aviones republicanos bombardean a los destructores ingleses, causándoles bajas (un muerto y cuatro heridos en el Boreas). En enero de 1938, el Canarias bombardea Barcelona, y en febrero los cruceros nacionales bombardean diversos puertos de la costa republicana y escoltan varios convoyes.

Hasta febrero del 38, la marina franquista tuvo un fuerte apoyo de la Armada Italiana, que participa con cruceros auxiliares y submarinos en el bloqueo de los envíos de armamento ruso. El escándalo producido al hundir por error un submarino italiano a un destructor británico, hace que los italianos dejen de participar directamente, cediendo cuatro «submarinos legionarios» y vendiendo cuatro destructores y dos submarinos a Franco. Los alemanes enviaron dos submarinos al Mediterráneo en la conocida como Operación Úrsula, hundiendo el U-34 al submarino republicano C3 frente a Málaga. También aportaron cruceros, pero estos no intervinieron, salvo en el bombardeo de Almería por el Admiral Scheer el 31 de mayo de 1937, efectuado en represalia por el ataque aéreo que había sufrido el 28 de mayo de 1937 el acorazado de bolsillo Deutschland en Ibiza. Este ataque fue efectuado probablemente por tripulaciones rusas, sin conocimiento por parte del mando republicano. Pero el escándalo internacional que provocó hizo que la República dijese que era un error y que se trataba de aviones republicanos que creían atacar al Canarias. El bombardeo de Almería, que se había producido abiertamente (exhibiendo el pabellón alemán), llegó a ser considerado como motivo para que la República declarara la guerra a Alemania (posición defendida por el coronel Rojo e Indalecio Prieto, en búsqueda de la generalización del conflicto a toda Europa), pero finalmente se impuso la postura contraria de Negrín y Azaña. La aportación de la URSS fue mínima. Aportaron unos pocos mandos y especialistas a los submarinos y a algún buque de superficie. Francia y Gran Bretaña participaron con varias unidades para evitar el apresamiento de buques propios por la flota nacional, siendo la participación francesa prácticamente testimonial.

Durante la guerra civil española se utiliza masivamente la aviación de combate, de forma que algunas de sus acciones llegan a ser hitos en la historia de la aviación militar.

Con los aviones que la República compró a Francia, André Malraux forma la Escuadrilla España y pasa a actuar en Extremadura Al principio obtiene éxitos relativos, retrasando a las tropas nacionalistas en su avance para unir las dos zonas sublevadas. A mediados de agosto de 1936, al recibirse en el bando nacional los cazas italianos Fiat, estos empiezan a apoyar el avance en Extremadura, proporcionando a las tropas sublevadas el dominio del aire e impidiendo la actuación de la aviación republicana.

El 20 de noviembre de 1936 se da por terminada la primera ofensiva sobre Madrid, aunque continúan los bombardeos aéreos y artilleros sobre la capital.

Las principales potencias democráticas de Europa, Francia (salvo un período inicial en el que vendió aviones y proporcionó pilotos a la República) y Gran Bretaña se mantuvieron oficialmente neutrales, pero dicha neutralidad era engañosa, ya que impusieron un embargo de armas y un bloqueo naval (poco efectivo, puesto que los dos bandos recibieron armamento y municiones por vía marítima) a España, además de intentar desalentar a la participación anti-fascista de sus ciudadanos en apoyo de la causa republicana. Pero pese a estos intentos, muchos franceses e ingleses (Malraux, Orwell, etc.) participaron individualmente como voluntarios en la lucha. Dos temores alimentaban esta política: el triunfo de la revolución en España y una confrontación total en el ámbito europeo.

La neutralidad de las democracias occidentales tuvo su justificación oficial a través de su participación en el denominado Comité de No Intervención, del cual formaban parte, además de Francia e Inglaterra, Italia, Alemania, la URSS y otros países menores. Si la misión del comité era impedir el suministro de armas a cualquiera de los dos bandos enfrentados, es fácil suponer, viendo su composición, que su gestión necesariamente habría de ser un completo fracaso, como así ocurrió.

A pesar de todo, el hecho cierto es que mientras los nacionales recibieron armamento, equipo y efectivos de las potencias fascistas, la República solo recibió ayuda importante desde la lejana URSS y, en mucha menor medida, de México. Las principales democracias occidentales (Gran Bretaña, Francia o los Estados Unidos), no le prestaron ayuda, temerosas de su carácter revolucionario y de un enfrentamiento abierto con Alemania e Italia.

Las potencias democráticas, concentradas en su política de apaciguamiento de los regímenes fascistas, no miraban con buenos ojos la oposición frontal de las izquierdas revolucionarias, en las que veían una cierta amenaza de que se extendiera el mal ejemplo soviético. Por ello, la República era vista por esos países como un régimen inclinado a un comunismo al que no tenían gran simpatía.

La Guerra Civil Española fue una guerra total en la que ambos bandos se volcaron con todos los recursos disponibles e hicieron uso hasta del último hombre. Por tanto, cualquier ayuda era poca, siendo esta significativamente mayor para el bando sublevado, lo que resultaría decisivo en el transcurso de la guerra.

Ayudó a Franco enviando a España la Legión Cóndor, y miles de técnicos y asesores militares. Aprovechó la guerra para probar sus nuevos modelos de armas y tácticas. Se probaron los cazas Messerschmitt Bf 109 Junkers Ju 87 A/B y los bombarderos Junkers Ju 52 y Heinkel He 111. Estrenó en España sus tácticas de bombardeo sobre ciudades. Aunque no fue el único, el más famoso fue el bombardeo de Guernica representado por Picasso en su cuadro Guernica, expuesto en el pabellón español de la Exposición Universal de París de 1937. La Legión hizo su último desfile oficial en España el 22 de mayo de 1939, cuatro días después 5.136 oficiales y soldados alemanes salieron por barco para Alemania, llevándose con ellos unas 700 toneladas de equipo y la mayor parte de los aviones que quedaban. Desde su llegada a España en julio de 1936 habían reivindicado la destrucción de 386 aviones enemigos (313 de ellos en combate aéreo), con la pérdida de 232 de los suyos (de los cuales sólo 72 fueron destruidos por la acción enemiga). Además, los aviones de la Legión Cóndor habían lanzado unas 21.000 toneladas de bombas, contribuyendo en no escasa medida a la victoria final de los nacionales. 226 miembros de la Legión perdieron la vida en España.

Envió a España al Corpo Truppe Volontarie y la Aviación Legionaria. Ayudó al bloqueo del armamento enviado desde la URSS a España con acciones puntuales de su propia Armada. Aportó cuatro «submarinos legionarios» a la flota de Franco y le vendió cuatro destructores y dos submarinos. La ayuda italiana fue, en palabras de R. Serrano Suñer, la ayuda más «grande, delicada y desinteresada», pues es de mencionar que Italia tenía en España tres divisiones completas y que, mientras Alemania cobraba inmediatamente la ayuda material, Italia ofrecía la ayuda prácticamente gratuita. Además, Italia colaboró con cerca de 300 aviones a la causa rebelde.

Probaron tácticas y comportamiento en combate de los I-15 («Moscas») e I-16 («Chatos»), así como tácticas de carros y bombardeos a objetivos navales. Aportaron asesores militares, e incluso oficiales de marina para mandar algunos submarinos republicanos. El 29 de octubre de 1936, 15 tanques rusos T-26 tripulados por rusos y mandados por Paul Arman (a Greiser), atacan a la caballería franquista ensayando las tácticas de Blitzkrieg alemana tan admiradas en Rusia. En 1937 había 125 carros de combate rusos al mando del general ruso Rudolf.

La mayoría de los Chatos y todos los Moscas estaban pilotados por pilotos rusos.

El 26 de de 1937, dos aviones pilotados por rusos bombardean al acorazado alemán Deustchland en aguas de Ibiza, matando a 22 marineros e hiriendo a 75, de los que más tarde morirían 9.

La Unión Soviética vendió a la República una cantidad indeterminada de armas, vehículos y material. Algunos autores hablan de 680 aviones, 331 carros de combate, 1.699 piezas de artillería, 60 coches blindados, 450.000 fusiles Mosin Nagant, 20.486 ametralladoras y fusiles ametralladores DPM y 30.000 toneladas de munición. La República presuntamente pagó estos y otro envíos con las reservas de oro del Banco de España. Hay que tener en cuenta que, entonces, España poseía la cuarta reserva de oro más grande del mundo, con un valor aproximado de 783 millones de dólares, de los que se pagaron a la URSS unos 500 millones de dólares. Algunos han condenado, posiblemente con razón, a la URSS de abusar de la precaria situación republicana para venderles armas a precios excesivos, llegando algunos (Gerald Howson) a hablar de una verdadera estafa. Los soviéticos también enviaron muchos asesores militares, los cuales participaron activamente, incluso en los combates. Tanto el bando nacional como los propios republicanos criticaron la salida de reservas de oro, realizada en secreto, sosteniendo que había sido un expolio, y se acuñó la expresión «Oro de Moscú», alegando que era una especie de cuenta del Gobierno republicano, depositada en Moscú y no un pago por el material bélico adquirido.

El Comintern organizó y dirigió a través del NKVD una tropa de voluntarios para que fueran a luchar en favor de la República, las popularmente conocidas como Brigadas Internacionales. Los voluntarios americanos formaron el Batallón Lincoln y los canadienses el Batallón Mackenzie-Papineau (los Mac-Paps). También hubo un pequeño grupo de pilotos estadounidenses que formaron el Escuadrón Yankee, liderado por Bert Acosta. Hubo brigadistas famosos, escritores y poetas como Ralph Fox, Ernest Hemingway, Charles Donelly, John Cornford y Christopher Caudwell que describirían sus experiencias en el frente. Lucharon alrededor de 40.000 brigadistas y otros 20.000 sirvieron en unidades médicas o auxiliares. El 23 de septiembre de 1938 se ordenó su retirada total, con el fin de modificar la posición de no-intervención mantenida por el Reino Unido y Francia.

Durante los primeros días, unas 50.000 personas que quedaron atrapadas en el bando contrario fueron ejecutadas mediante los llamados paseos. Estos eran realizados por grupos armados que iban a buscar a la gente a sus casas o las cárceles donde se hallaban presos y bajo el eufemismo de vamos a dar un paseo los llevaban a cualquier carretera o a las tapias del cementerio y los ejecutaban.

Posiblemente el más divulgado, por la personalidad del ejecutado, de tales ajusticiamientos, entre los llevados a cabo por el bando nacionalista, sea el del poeta y dramaturgo Federico García Lorca en el barranco de Víznar en Granada. También adquirió gran relevancia la masacre de Badajoz, perpetrada por las tropas sublevadas tras la toma de la ciudad. Por parte del bando republicano se puede citar el caso de los presos sacados de las cárceles de Madrid (entre los que se encontraba el dramaturgo Pedro Muñoz Seca) y ejecutados en la localidad de Paracuellos, hecho que se asocia con la figura de Santiago Carrillo, responsable de Orden Público en aquellos días.

En el contexto de la guerra fueron muchos los que se aprovecharon para realizar tan macabros actos, a veces por venganza sin relación con la propia contienda, y cuando una zona caía en manos de uno u otro bando, no tardaban en llegar los paseos. Especialmente cruel para la población fue el caso de las localidades que fueron intermitentemente ocupadas por ambos bandos, con las consiguientes y repetidas ejecuciones y venganzas.

En la zona bajo control de la República, los enfrentamientos entre milicias y facciones opuestas también sirvieron de coartada a episodios de represión sangrientos, como en el caso de los levantamientos populares de Barcelona en mayo de 1937.

El militar Ramón Salas Larrazábal estudió las cifras de víctimas que pudieron morir en estas retaguardias. Consideró, según sus estudios que todas las víctimas fueron inscritas en los Registros Civiles, haciendo un cálculo aproximado de las muertes de la Guerra. En el Anexo:Mortalidad en la Guerra Civil Española, por inscripción en juzgados, se puede ver un resumen de sus conclusiones. Sin embargo en estudios posteriores, y por ejemplo, en Navarra que el consideraba lugar testigo, se ha podido comprobar que las víctimas de la represión eran muy superiores a las cifras que él había calculado.

El número de muertos en la Guerra Civil española sólo puede ser estimado de manera aproximada. Las fuerzas nacionalistas pusieron la cifra de 500.000, incluyendo no sólo a los muertos en combate, sino también a las víctimas de bombardeos, ejecuciones y asesinatos. Estimaciones recientes dan asimismo la cifra de 500.000 o menos. Esto no incluye a todos aquellos que murieron de malnutrición, hambre y enfermedades engendradas por la guerra. La cifra de 1.000.000, a veces citada, procede de una novela de Gironella, que la justifica entre los 500.000 reconocidos y otros tantos cuya vida resultó irremediablemente destrozada.

Las repercusiones políticas y emocionales de la guerra trascendieron de lo que es un conflicto nacional, ya que, por muchos otros países, la Guerra Civil española fue vista como parte de un conflicto internacional que se libraba entre la religión y el ateísmo, la revolución y el fascismo. Para la URSS, Alemania e Italia, España fue terreno de prueba de nuevos métodos de guerra aérea y de carros de combate. Para Gran Bretaña y Francia, el conflicto representó una nueva amenaza al equilibrio internacional que trataban dificultosamente de preservar, el cual se derrumbó en 1939 (pocos meses después del fin de la guerra española) con la Segunda Guerra Mundial. El pacto de Alemania con la Unión Soviética supuso el fin del interés de esta en mantener su presión revolucionaria en el sur de Europa.

En cuanto a la política exterior, la GCE supuso el aislamiento de España y la retirada de embajadores de casi todo el mundo. Sólo unos pocos países mantuvieron relaciones diplomáticas con España desde el final de la II Guerra Mundial hasta el inicio de la Guerra Fría. A partir de los años 50, las relaciones internacionales españolas, con el apoyo de EE.UU pasan a ser casi normales, salvo con los países del Bloque Soviético.

Durante la Guerra Civil Española de 1936 a 1939, muchos pueblos y ciudades, a lo largo de la geografía española, fueron total o parcialmente destruidos. Una vez finalizada la guerra, se constituyó la Dirección General de Regiones Devastadas que asumió la función de reconstruirlos.

Al suprimirse todos los regimientos del Ejército, se dejó temporalmente de utilizar, siendo sustituida por las de las diferentes milicias, que adoptaron banderas rojas o rojinegras, en muchos casos con emblemas partidistas, como la hoz y el martillo, un puño cerrado, o el escudo de algún sindicato.

A primeros de octubre de 1936 se crea el Ejército Popular Republicano, disponiéndose que se vuelva a usar la tricolor.

Al empezar la sublevación, se utiliza la bandera de la II República a excepción de algunas regiones como Navarra.

Por el Decreto de 29 de agosto de 1936 se restableció la bandera bicolor como oficial, sin especificar escudo.

Los regimientos existentes, sin posibilidades de renovar las banderas taparon con una franja roja la morada, por lo que utilizaron banderas rojigualdas con sus tres franjas de la misma anchura. Sin embargo las unidades nuevas sí utilizaron la representada.

El 2 de febrero de 1938, aún sin terminar la guerra civil, se establece de forma oficial la bandera rojigualda, con banda gualda de doble ancho que las rojas laterales. Como escudo central se establece uno inspirado por Falange en elementos de la heráldica de los Reyes Católicos, es decir, el águila de San Juan, las flechas y el yugo.

Bandera imperial con la Cruz de Borgoña o de San Andrés. Se empleó por algunas unidades carlistas en banderas, guiones y banderines. La mayoría de las unidades utilizaron la bandera bicolor con diferentes anchuras de cada color y con diferentes escudos y textos.

Algunas obras teatrales eran radiadas, como Miaja defiende la Villa y rinde culto a Zorrilla (Joaquín Pérez Madrigal, por Radio Nacional desde Salamanca).

La Exposición Internacional de París de 1937 alojó un Pabellón de España gestionado por el gobierno de la República en que, entre otros testimonios de la guerra, se presentó el Guernica de Pablo Picasso, la Fuente de Mercurio de Alexander Calder, La Montserrat de Julio González, El Campesino catalán en rebeldía de Joan Miró o El Pueblo Español tiene una estrella de Alberto Sánchez.

En el famoso simulador de vuelo IL-2 Sturmovik (en el original no pero en internet) hay misiones y pinturas de la GCE para el juego.

Al principio



Víctimas de la persecución religiosa durante la Guerra Civil Española

El fenómeno de la persecución de los miembros de la Iglesia Católica que se enmarca en el contexto histórico de la Guerra Civil Española comprende a miles de personas, religiosos y laicos, que forman parte del conjunto más amplio de víctimas de la Guerra Civil, e incluye también la destrucción de patrimonio artístico religioso y documental. Entre estas personas se encontraron numerosos religiosos. pertenecientes al clero secular, órdenes, congregaciones y distintas organizaciones dependientes de la Iglesia Católica española que sufrieron actos de violencia que culminaron en miles de asesinatos, alcanzando las dimensiones de un fenómeno de persecución en las áreas de control nominal republicano principal, aunque no únicamente, durante los primeros meses del conflicto armado y de la revolución social que tuvo lugar en dicha zona. En la zona bajo control de las fuerzas sublevadas existieron también episodios, en un número muchísimo menor y en momentos puntuales, hacia religiosos (católicos o de otras confesiones).

Esta violencia no sólo se manifestó en contra de los derechos fundamentales de miles de personas, muchas de las cuales fueron asesinadas —algunas, incluso, tras sufrir tortura—, sino que también se ejerció de manera sistemática contra aquellos bienes y objetos considerados símbolos de la religiosidad, dañando o destruyendo gran parte del patrimonio arquitectónico, artístico y documental.

La interpretación del origen y motivaciones generales de estos hechos, así como de las circunstancias de algunos de ellos, en particular en lo que respecta a su consideración desde la dimensión política y religiosa, pero también sobre su terminología, la actitud de la Iglesia y sus consecuencias en el desarrollo de la contienda y la posterior represión del régimen franquista, son todavía objeto de fuerte controversia entre los especialistas.

Citado como referencia en numerosas otras obras, un detallado estudio publicado en 1961 por Antonio Montero Moreno, identificó a un total de 6.832 víctimas religiosas asesinadas en el territorio republicano, de las cuales 13 eran obispos, 4.184 sacerdotes, 2.365 religiosos y 283 religiosas.

La Iglesia Católica, considerando que muchas de estas víctimas lo fueron como "consecuencia de su fe", las definió como mártires. Esta denominación de carácter religioso fue también adoptada por la propaganda del bando sublevado y posteriormente, por la dictadura franquista, haciéndola extensiva a todas las víctimas afines a su causa, quienes fueron llamadas mártires de la Cruzada o mártires de la Guerra Civil.

Aunque reclamado por el régimen franquista y a pesar de su estrecha relación con la Iglesia Católica, no fue hasta después de la Transición Española, que el Vaticano, durante el papado de Juan Pablo II y tras la modificación en 1983 del Normae servandae in inquisitionibus ab episcopis faciendis in causis sanctorum el Código de Derecho Canónico aplicable y vigente hasta entonces, que establecía un plazo mínimo de cincuenta años antes de presentar los procesos en Roma, impulsó numerosas causas de beatificación y canonización, generando un polémico debate entre distintos sectores de la sociedad española, que desembocaron a partir de 1987 en las primeras ceremonias.

En el contexto de la controvertida iniciativa del Gobierno español presidido por José Luis Rodríguez Zapatero sobre la llamada "Ley de Memoria Histórica" y a pesar de las críticas recibidas, el Vaticano, prosiguiendo con las causas de beatificación que comenzaron a abrirse más de veinte años antes, anunció una masiva ceremonia de declaración de beatos "mártires" prevista para el otoño de 2007.

A lo largo de la historia contemporánea de España anterior a la guerra civil de 1936, la violencia ejercida en contra de las personas relacionadas con la Iglesia Católica, los símbolos de su religión o sus intereses, ha sido estudiada por su carácter recurrente y prolongado en el tiempo como uno de los rasgos más destacados del anticlericalismo español, que surgido en el ideario político liberal, luego sería retomado por las corrientes republicanas más radicales y del movimiento obrero. Los asesinatos en el bienio de 1822-1823 (durante el Trienio Liberal), la matanza de sacerdotes en Madrid de 1834 (durante la Primera Guerra Carlista) y luego, durante las otras Guerras Carlistas o los episodios de la Semana Trágica de Barcelona de 1909 son los ejemplos de violencia más significativos del periodo anterior al establecimiento de la Segunda República, y muestran la existencia de un significativo sentimiento anticlerical en la sociedad española.

En vísperas de la proclamación republicana, la Iglesia Católica era una institución identificada por una parte importante de la sociedad española con parte de los estamentos del poder heredados del Antiguo Régimen junto a la Corona, a la que apoyaba en su acción política en la misma extensión que la de los sectores promonárquicos y de la oligarquía, coincidiendo en las reclamaciones para conservar sus privilegios sociales y económicos tradicionales. Desde esta perspectiva también, la mayoría del clero se había asociado a los intereses de la clase propietaria e incluso, se la asimilaba directamente con esta clase social. Los medios de comunicación y el discurso de los políticos, generalmente desde los movimientos obreros y el republicanismo, pero también desde algunas posiciones reformistas del propio movimiento monárquico, justificaban e incluso alentaban la hostilidad de las clases populares hacia la Iglesia y su jerarquía.

El cardenal primado, Pedro Segura declaró a las pocas semanas que "monarquía y república caben en la doctrina católica" y en una pastoral fechada el 30 de abril de 1931, aconsejó a los monárquicos "discutir noblemente cuando se trate de la forma de gobierno de nuestra noble nación".

Sin embargo, a medida que se fueron conociendo los planes de actuación del nuevo Gobierno, en el mes de mayo de 1931, la prensa madrileña reflejó la división de opiniones en el seno de los sectores católicos, divididos entre los que desde las posiciones más "integristas" o "rupturistas", encabezada entre otros por el cardenal primado Segura mantenían la identificación del catolicismo con la monarquía, y los que aceptaban la República según la posición llamada "vaticana", que aunque conservadora, abogaba por posturas legalista y conciliadoras.

Al día siguiente, Segura prosiguió, ignorando los consejos de moderación de la Secretaría de Estado del Vaticano, enviando una circular interna en la instaba a los religiosos a retirar los fondos de sus cuentas bancarias del país y depositarlos en el extranjero, acción que en caso de producirse, contravendría las disposiciones en contra de la fuga de capitales adoptadas por el Gobierno provisional. La respuesta del ministro de la Gobernación, el católico Miguel Maura, a ambos escritos fue la decretar la expulsión del país del cardenal, hecho que no se completó hasta varias semanas más tarde. La actitud del sector "integrista" fue entonces considerada como una provocación, contribuyendo a avivar el sentimiento anticlerical que surgiría en los episodios del 10 de mayo de 1931 en Madrid.

Aquella jornada dominical, tras una reunión de personas derechistas en la inauguración del Círculo Monárquico Independiente fue colocado un altavoz del que podía oírse la Marcha Real, en la calle de Alcalá de Madrid, cuando numerosos ciudadanos regresaban del tradicional paseo por El Retiro. El enfrentamiento entre los asistentes al acto monarquista y los ciudadanos que les recriminaban su actitud fue aprovechado por simpatizantes de la extrema izquierda, que habían planificado actos de protesta por el acto monárquico previsto, para provocar disturbios violentos en la proximidad de edificios de filiación monarquista, como en la sede del diario ABC, donde la Guardia Civil pudo controlarlos pero en los que resultaron muertas dos personas, un niño de 13 años y el portero de una finca, primeras víctimas mortales tras la proclamación pacífica de la República en abril. Al día siguiente, las protestas, que habían concentrado a 5.000 personas en la Puerta del Sol en contra del ministro de Gobernación y de las fuerzas de orden, se reanudaron pero esta vez, con la convocatoria de una huelga general por parte de la CNT y del Partido Comunista, pero sin el apoyo del sindicato y partido socialistas, en la que se incrementó el carácter violento anticlerical resultando incendiadas varias iglesias, colegios religiosos y conventos sin que el Gobierno, entonces dividido, decidiera usar la fuerza para evitarlo. Los destrozos se extendieron a otras ciudades en la jornada del 11 de mayo, como Málaga, donde ardió el palacio episcopal, Sevilla, Cádiz, Córdoba, Murcia o Valencia, provocando el pánico entre frailes y monjas. Para cuando se hubo controlado la situación, el día 15 de mayo, un centenar de edificios habían sido afectados por los incendios provocados.

Pocas semanas después de los disturbios anticlericales, la definitiva expulsión de Segura tras su arresto el 11 de junio en Pastrana, perpetuado por unas célebres imágenes tomadas por los reporteros gráficos que cubrían el evento, sirvió para acrecentar el cruce de acusaciones y caldear aún más el clima de tensión social generado, si bien la Santa Sede anunció la renuncia a la sede primada de Toledo del cardenal Segura el 30 de septiembre de 1931.

En los meses que siguieron, durante los debates de ponencia de la nueva Constitución se plasmó nuevamente la divergencia entre los sectores catolicistas, una parte de ellos representados desde abril por la asociación Acción Católica, que iría aumentando progresivamente su influencia en la escena política, y los republicanos laicistas. La Constitución estipulaba, en su artículo 26, párrafo 3, la separación entre Iglesia y Estado y el sometimiento de las órdenes religiosas "que estatutariamente impongan, además de los tres votos canónicos, otro especial de obediencia a autoridad distinta de la legítima del Estado" (en referencia a su obediencia al Vaticano), a un Estatuto especial por el que se les prohibía la enseñanza. También se contemplaba la finalización de las partidas del presupuesto del Estado correspondientes a Culto y Clero, extinguiendo la vía pública de financiación de la Iglesia Católica. En un parlamento en el que, en virtud de la ley electoral, la conjunción republicano-socialista había obtenido una holgada mayoría parlamentaria, tras las elecciones de junio de 1931, el artículo 26 fue aprobado con 178 votos a favor y 59 en contra, pero sumó numerosas abstenciones y provocó la retirada de 42 diputados de los partidos agrarios y de los representantes vasconavarros. Las disposiciones constitucionales, una vez aprobado el texto el 9 de diciembre de 1931, resultaron en la disolución de la representación en el país de la Compañía de Jesús, llevada a cabo el 24 de enero de 1932 y provocó que la mayoría de los jesuitas partiera al exilio.

En las postrimerías del bienio reformista, el 17 de mayo de 1933, el gobierno aprobó la controvertida Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas, aprobada por las Cortes el 2 de junio de 1933, y reglamentada por un Decreto de 27 de julio por la que se desarrollaba el carácter laico del Estado según estipulaba la Constitución. La ley confirmaba la prohibición de la enseñanza a las órdenes religiosas, a la vez que se declararon de propiedad pública los monasterios e iglesias. Sin embargo, la ley que afectaba a la escolarización de más de 350.000 alumnos en un país donde el 40% de la población era analfabeta, fue en la práctica suspendida por la imposibilidad del Gobierno de izquierdas, derrotado en las elecciones del mes de noviembre, de construir el número suficiente de escuelas primarias en sustitución de las dependientes de la Iglesia.

La movilización religiosa del electorado, que en estas elecciones tuvo una candidatura única a la que votar, tras una dura campaña en la que los medios conservadores y de extrema izquierda acentuaron por una y otra parte la sensación de "persecución" y de amenaza del "fascismo", fue una de las causas de la recuperación de la derecha no republicana en las elecciones de noviembre de 1933 que permitieron la formación de un nuevo Gobierno de carácter conservador que iniciaría una etapa de revisión de las decisiones tomadas durante el bienio precedente.

El aumento de la conflictividad social durante el bienio conservador desembocó en los sucesos revolucionarios de octubre de 1934 en Asturias en los que el Ejército tuvo que sofocar una insurrección proletaria. El episodio se saldó con la muerte de cerca de 1.400 personas y con 3.000 heridos, y durante el cual el anticlericalismo resurgió brutalmente. Durante la insurrección, encontraron la muerte 34 religiosos en episodios como el asesinato de los ocho Hermanos de La Salle y un padre pasionista del valle de Turón y resultaron dañadas o destruidas 58 iglesias, el palacio episcopal y la Cámara Santa de la catedral, que fue gravemente dañada por una explosión, además de contabilizarse la pérdida del patrimonio documental del seminario, hechos que no habían acontecido en el país desde las matanzas de Madrid y Barcelona de 1834 y 1835. Estos hechos de Asturias, avivados por la propaganda partidista que reclamó al castigo y represión de los revolucionarios, evidenciaron el grado de radicalización y división de la sociedad española en dos sectores que unos meses más tarde se enfrentaron nuevamente de manera general y trágica durante la Guerra Civil.

El colapso del sistema legal republicano y de poder estatal en los días siguientes a la sublevación militar del 18 de julio de 1936, junto a la decisión tomada de facilitar armamento a los civiles, facilitaron el estallido de la revolución popular durante la cual milicias y tribunales revolucionarios se hicieron rápidamente con el control de las ciudades, pueblos y aldeas de la zona republicana en sustitución del Gobierno, que no pudo reaccionar y recuperar la autoridad hasta varios meses más tarde.

La Revolución fue acompañada en los primeros meses por una escalada de terror anticlerical que sólo entre el 18 y el 31 de julio, causó la muerte a 839 religiosos, prosiguiendo durante el mes de agosto con otras 2.055 víctimas, incluyendo a 10 de los 13 obispos asesinados en el total de la guerra, es decir, un 42% del total de víctimas registradas. Los efectos de esta violencia, dirigida no solo contra la Iglesia, sino contra todos aquellos que se consideraban identificados con la sublevación o, simplemente, enemigos de clase, corrieron en paralelo con la que se ejerció en el mismo periodo de tiempo en la zona de control de los sublevados, con casi el 80% de los 7.000 civiles asesinados en Zaragoza y el 70% de los 3.000 de Navarra en toda la contienda, víctimas durante el año 1936.

Los asesinatos de religiosos y la destrucción de edificios de culto sucedieron inmediatamente a las noticias de la insurrección sin que en ocasiones quedara claro que bando se haría con el control definitivo de la localidad. Así, el 20 de julio murieron frailes carmelitas en Barcelona, en medio del enfrentamiento entre un regimiento del Ejercito, que se hallaba atrincherado en el convento, con la milicias revolucionarias y las fuerzas de orden público leales a la República, mientras que en Sevilla las iglesias ardían la misma tarde del 18 de julio resultando muertos el párroco de la barriada obrera de San Jerónimo y un salesiano vestido de civil, cuyo cadáver fue arrojado a la iglesia en llamas de San Marcos.

La mayoría de las víctimas asesinadas fueron parte del clero masculino y por fusilamiento en los llamados paseos, nombre eufemístico con el que se conoció al procedimiento y aplicación arbitraria del asesinato político, sin ningún tipo de juicio o tribunal previo. A imagen de otros numerosos episodios de brutalidad en ambos bandos, hubo casos en que las víctimas sufrieron torturas y otros abusos antes de morir, como los casos de Carmen García Moyón, muerta tras ser quemada viva en Torrente el 30 de enero de 1937, Plácido García Gilabert, muerto tras sufrir mutilaciones el 16 de agosto de 1936 o Carlos Díaz, enterrado aún con vida en el cementerio de Agullent, siendo poco más tarde fusilado.

Uno de los ejemplos más destacados entre los casos de la brutalidad revolucionaria durante el verano de 1936 aconteció en la diócesis de Barbastro, la de mayor mortandad del país entre sus miembros incardinados pues se causó la muerte a 123 de los 140 sacerdotes, es decir, el 88% de sus miembros, incluyendo a su obispo, además de 51 frailes claretianos, 18 benedictinos y 9 escolapios, pero en la que no sufrió la misma suerte ninguna de las religiosas. En otras diócesis la proporción de religiosos asesinados alcanzó cifras considerables, como la de Lérida con el 66% de miembros ejecutados, Tortosa el 62%, Málaga al 48%, Menorca el 49%, Segorbe el 55% o la de Toledo, que perdió al 48% de los religiosos. En las grandes ciudades, los porcentajes relativos son inferiores, pero superan a muchas otras en términos absolutos: Madrid, con 334 sacerdotes fusilados, perdió al 30% de su comunidad religiosa, Barcelona al 22% con 279 muertos y Valencia al 27%, con 327 víctimas.

Tras el sangriento mes de agosto del 1936, diversos dirigentes del bando republicano realizaron declaraciones justificando la violencia anticlerical desde la perspectiva política, considerando que la Iglesia se había posicionado ella misma, por su apoyo al bando sublevado, como parte beligerante de la contienda y por lo tanto, enemigo de la República. Aunque visibles desde los primeros días de la guerra en algunas unidades de combate como las de Navarra, donde muchos religiosos se habían integrado en las unidades de requetés para acompañar a los combatientes, como recuerda un testigo, los casos en la que los religiosos empuñaron armas fueron escasos y en circunstancias poco claras, como recuerda el hispanista Ranzato, pues según él, solo se ha podido confirmar un único episodio en los una iglesia participó en los combates armados, el caso de las Carmelitas de la Diagonal de Barcelona.

A partir de 1937, con la llegada a la presidencia del Consejo de Ministros de Largo Caballero y la formación de un Gobierno de unidad (el denominado Gobierno de la Victoria) que incorporó a un católico, representante del Partido Nacionalista Vasco, Manuel de Irujo, y ante la presión de la opinión pública internacional, se impuso paulatinamente el control gubernamental y los episodios de represión, de todo tipo, se hicieron más esporádicos y localizados, si bien asesinatos de sacerdotes, religiosos y laicos católicos continuaron teniendo lugar hasta el final de la guerra, con un brever repunte de violencia simultáneo a la retirada del Ejército Popular del frente de Cataluña hacia la frontera hispanofrancesa en el que resultaron muertos, entre otros elementos relevantes identificados con el bando franquista, el obispo de Teruel, Anselmo Polanco y Felipe Ripoll, vicario general de la misma diócesis, que fueron ejecutados el 7 de febrero de 1939 en Pont de Molins.

Los planteamientos de Irujo comenzaron a dar sus frutos tímidamente cuando entró como titular de Justicia en el Gobierno de Negrín, al proponer el restablecimiento, aunque de manera restringida, del culto católico y el retorno de los obispos catalanes. Pero las medidas llegaron demasiado tarde y así, el mismo vicario de Barcelona se negó a exponer el culto público, como tampoco aceptó el retorno del arzobispo de Tarragona Francisco Vidal y Barraquer, quien había sido salvado por la Generalidad de las milicias anarquistas y se había negado a firmar la Carta colectiva del Episcopado Español, ni el Vaticano el envío de un legado a la Cataluña republicana.

Si la inmensa mayoría de las muertes fueron causadas por acción de partidarios del bando republicano, en el otoño de 1936 tras la toma de control, por parte de las tropas del general Mola, de la práctica totalidad de Guipúzcoa, tampoco pudieron escapar de la represión 16 sacerdotes, 13 diocesanos y 3 religiosos miembros de la Iglesia Católica considerados hostiles por el bando sublevado en Euskadi, donde mientras se había mantenido el control por parte del gobierno leal a la República, no se produjeron episodios masivos de violencia contra las personas o los bienes eclesiásticos como en el resto del territorio republicano.

Martín de Lekuona y Gervasio de Albizu, vicarios en la parroquia guipuzcoana de Rentería fueron fusilados el 8 de octubre de 1936. A estos les siguieron el cura y escritor José de Ariztimuño "Aitzol", Alejandro de Mendikute y José Adarraga, ejecutados en Hernani el 17 de octubre de 1936. El 24 de octubre fueron fusilados José Iturri Castillo, párroco de Marín, así como a los también sacerdotes Aniceto de Eguren, José de Markiegi, Leonardo de Guridi y José Sagarna, mientras que en el cementerio de Oyarzun fue muerto el arcipreste de Mondragón, José de Arin. El 27 de octubre fue muerto el vicario de Marquina y al día siguiente, el cura auxiliar de Elgóibar. En el mismo mes se acabó con la vida de los padres Lupo, Otano y Román, del convento de los carmelitas de Amorebieta.

Isidro Gomá fue informado de los casos el 26 de octubre por una nota del presidente de la Junta de Acción Católica de San Sebastián y tras reunirse con Franco, envió una nota el 8 de noviembre a la Santa Sede en la que daba parte de que lo ocurrido se había producido "por abuso de autoridad por parte de un subalterno" y de la promesa de Franco de que "no ocurrirá fusilamiento alguno de sacerdotes sin que se observen juntamente con las leyes militares las disposiciones de la Iglesia". Sin embargo, la opinión pública no supo del posicionamiento de Gomá y el 22 de diciembre, el lehendakari José Antonio Aguirre en una alocución para Radio Bilbao denunció además del asesinato, la persecución y destierro de sacerdotes por "ser amantes del pueblo vasco", intervención que fue replicada desde Pamplona el 13 de enero de 1937 por el cardenal en su Carta abierta al Sr. Aguirre negando los motivos expuestos por Aguirre, y explicando que dichos religiosos fueron fusilados "por haberse apeado del plano de santidad en el que tenían que haber permanecido". La posición oficial de la Iglesia Católoca española y de autores afines insisten en afirmar la diferenciación, por motivos políticos "asociados al separatismo vasco", de éstas víctimas.

Otros actos de represión contra religiosos que acontecieron en territorio bajo control franquista y que cayeron en el olvido, han sido investigados desde los años noventa. En Mallorca fue ejecutado el 7 de junio de 1937, tras consejo de guerra, Jeroni Alomar Poquet, sacerdote acusado por los franquistas de utilizar un radiotransmisor para comunicarse con sus enemigos y abandonado por la jerarquía eclesiástica de la isla, que justificó su asesinato al consideralo "díscolo" e "izquierdista". En Galicia, Andrés Ares Díaz, párroco de Val do Xestoso fue asesinado por falangistas el 3 de octubre de 1936, acusado de ofrecer el dinero de una colecta al Socorro Rojo.

Al término de la contienda, según el estudio de Antonio Montero Moreno, historiador y periodista que fue arzobispo de Mérida-Badajoz entre 1994 y 2004, que fue su tesis doctoral por la Universidad de Salamanca, el número de religiosos asesinados en la retaguardia republicana ascendió a 6.832, de las cuales 4.184 eran sacerdotes, 2.365 frailes y 283 monjas. Otras fuentes promovidas por la Iglesia, entre ellas el estudio de Vicente Cárcel Ortí para la preparación del "catálogo de los mártires cristianos del siglo XX", solicitado por el papa Juan Pablo II en el marco del Gran Jubileo del Año 2000 amplían la estimación con 3.000 seglares, en su mayoría pertenecientes a la Acción Católica, con lo cual estiman en torno a 10.000 el número de víctimas pertenecientes a organizaciones eclesiásticas.

Los obispos asesinados fueron Florentino Asensio y Barroso, obispo de Barbastro (1877-1936); Manuel Basulto Jiménez, obispo de Jaén (1869-1936); Manuel Borrás Ferré, obispo auxiliar de Tarragona (1880-1936); Narciso de Esténaga Echavarría, obispo de Ciudad Real (1882-1936); Salvio Huix Miralpeix, obispo de Lérida (1877-1936); Manuel Irurita Almándoz, obispo de Barcelona (1876-1936); Cruz Laplana y Laguna, obispo de Cuenca (1875-1936); Manuel Medina Olmos, obispo de Guadix (1869-1936); Eustaquio Nieto Martín, obispo de Sigüenza (1866-1936); Anselmo Polanco Fontecha, obispo de Teruel (1881-1939); Juan de Dios Ponce y Pozo, administrador apostólico de Orihuela (1878-1936); Miguel Serra Sucarrats, obispo de Segorbe (1868-1936) y Diego Ventaja Milán, obispo de Almería (1880-1936).

Simultáneamente a los casos de violencia contra las personas, resultó afectada una gran parte de las propiedades y bienes eclesiásticos así como del patrimonio cultural asociado a las obras de arte en ornamentación, retablos, imágenes y lienzos, hechos que los autores católicos denominan "el martirio de las cosas".

Durante la contienda, resultaron destruidas 20.000 iglesias, entre ellas varias catedrales, incluyendo su patrimonio artístico y sus archivos tanto como resultado de las acciones revolucionarias como por efectos de bombardeos indiscriminados como el de Guernica y Durango.

En Madrid se destruyeron casi todas las iglesias mientras que en la vecina localidad de Getafe el monumento al "Sagrado Corazón" situado en la cima del Cerro de los Ángeles fue volado con dinamita el 7 de agosto de 1936.

A pesar de que en el ideario inicial de los sublevados no se reflejaba la cuestión religiosa, la respuesta de los representantes de la Iglesia Católica a la "persecución religiosa", con el cardenal primado Isidro Gomá al frente, fue la de apoyar su causa, aunque de manera no pública hasta la publicación de la Carta Colectiva de los obispos españoles del 1 de julio de 1937 cuando se manifestó de manera abierta a la opinión pública internacional.

Desde los primeros días del conflicto, diversas unidades combatientes del bando sublevado adoptaron la simbología católica en sus distintivos e integraron a numerosos religiosos en labores de asistencia religiosa pero también de adoctrinamiento. Aunque como recordaba en 1993 Gabriele Ranzato no existen practicamente casos documentados y contrastados de participación directa de religiosos en la violencia, salvo en circustancias no muy claras, algunos casos adquirieron popularidad como el ejemplo citado en las memorias del general sublevado Queipo de LLano recopiladas por Antonio Bahamonde, sobre los "curas guerreros", que el autor denomina los "anti-mártires", como el llamado el "cura-legionario" de Zafra.

Terminada la guerra, en abril de 1939, se celebró un acto en la [iglesia madrileña de Santa Bárbara en el que Franco recibió la "espada de la Victoria" de manos de Gomá, mientras pronunciaba unas palabras en las que describió a sus adversarios como los "enemigos de la Verdad" religiosa.

El apoyo y soporte ideológico de la Iglesia Católica al gobierno franquista fue recompensado con una situación privilegiada de aquella. Esta situación se hizo más patente tras la derrota del Eje en la Segunda Guerra Mundial, y ha sido denominada por muchos autores como "nacionalcatolicismo"; entre otras características, se multiplicaron los actos religiosos y ceremonias fúnebres en memoria de las víctimas. Los entierros de "mártires" fueron celebrados por todo el país en actos de gran solemnidad y exaltación.

El régimen franquista promulgó la "Causa General Instruida por el Ministerio Fiscal sobre la dominación roja en España" por decreto del 26 de abril de 1940 con el fin de instruir «los hechos delictivos cometidos en todo el territorio nacional durante la dominación roja». La investigación se llevó a cabo de manera sistemática y detallada en toda España bajo la responsabilidad del fiscal jefe de la Causa General, figura establecida en 1943, y duró prácticamente hasta 1960.

La enorme documentación acumulada fue dividida en once piezas o capítulos, uno de ellos abierto expresamente bajo el epígrafe Persecución religiosa: Sacerdotes y religiosos asesinados y conventos destruidos o profanados. Las diócesis colaboraron con la Causa General mediante la labor del provisor de la Diócesis, encargado de suministrar los informes y recolectar los testimonios de los asesinatos y sus circunstancias.

Esta Causa, utilizada por la propaganda del régimen franquista para legitimar la sublevación contra la República y empleada como instrumento de represión, es desde entonces la única versión oficial de los hechos ofrecida a la sociedad sin que tras la Transición, las autoridades democráticas hayan realizado una investigación imparcial que asegure el esclarecimiento de los hechos atribuidos y la responsabilidad de las personas condenadas sobre tales fundamentos.

Sin embargo, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, las discrepancias entre la Santa Sede, que se había manifestado tímidamente en contra del fascismo y del nacionalsocialismo, y el régimen franquista, interrumpieron los procesos tempranos emprendidos de beatificación al pretender éste último, desde un interés político, que se realizaran de manera masiva.

Según el Código de Derecho Canónico vigente entonces, estos procesos no podían llevarse a cabo antes de cincuenta años tras el fallecimiento del futuro beato. Fue el papa Juan Pablo II, con el nuevo Código, quien permitió, a partir de ese momento, que el tiempo previo a las beatificaciones se redujera considerablemente.

Durante el papado de Juan Pablo II se inició un periodo de beatificaciones de "mártires", que comenzó con el reconocimiento de varias carmelitas de Guadalajara, asesinadas el 24 de julio de 1936, en una ceremonia celebrada en Roma el 29 de marzo de 1987.

Hasta el 2007 se han realizado diez ceremonias de beatificación, que incluyen a 471 "mártires", de los que 4 son obispos, 43 sacerdotes seculares, 379 religiosos, y 45 laicos. También ha habido varias ceremonias de canonización, las de los nueve Hermanos de las Escuelas Cristianas de Turón muertos en 1934, otro religioso de la misma orden asesinado en Tarragona en febrero de 1937, y Pedro Poveda Castroverde, fundador de la Institución Teresiana, asesinado en Madrid el 28 de julio de 1936.

La argumentación usada por la Santa Sede para abordar la beatificación únicamente de personas asesinadas en la zona republicana es que la Iglesia no procede a la beatificación de ninguna persona si en su asesinato se mezclan, aparte de lo que consideran motivos exclusivamente religiosos, motivaciones políticas, o existen serias dudas sobre si en la muerte pesaron más otras causas que las estrictamente religiosas. De esta forma, los sacerdotes vasconavarros, asesinados por "separatistas", no podrían ser considerados mártires.

El 27 de abril de 2007, la Conferencia Episcopal Española en su octuagésimonovena asamblea plenaria celebrada en Madrid, emitió un comunicado "Mensaje con motivo de la beatificaciónde 498 mártires del siglo XX en España" por el que se anunciaba una nueva ceremonia de beatificación, prevista para octubre de 2007, de 498 religiosos asesinados no solo durante la Guerra Civil española, sino también en los episodios de Asturias en 1934.

La iniciativa emprendida por el arzobispado de Valencia para construir un templo llamado "Parroquia Santuario de los Beatos Mártires Valencianos", con el que según el arzobispado pretende honrar la memoria de los valencianos muertos en la Guerra Civil "por el odio a la fe" es criticada por sectores sociales como "estrategia para que la iglesia venda su memoria al estilo de otros monumentos erigidos durante el franquismo".

Al principio



Víctimas de la Guerra Civil Española

Un grupo de fusilados, ante los nichos del Cementerio Viejo de Badajoz. Esta imagen, en poder del Ministerio de Cultura, se encuentra en el dominio público y fue exhibida en 2006 durante una exposición en la Biblioteca Nacional.

A la sublevación del 18 de julio de 1936 en España, siguió de forma casi inmediata una brutal represión ejercida desde ambos bandos que, persiguiendo la eliminación física de adversario, produjo decenas de miles de muertes.

Estudios, basados en evoluciones demográficas, cifran en 540.000 la sobremortalidad de los años de la Guerra Civil y la inmediata postguerra, y en 576.000 la caída de la natalidad. La estimación de víctimas mortales en la Guerra Civil Española consecuencia de la represión puede cifrarse en 220.000 personas. De ellas, se calcula en unas 50.000 las asesinadas en la retaguardia de la zona republicana y unas 130.000 en la retaguardia de la zona franquista, a las que hay que añadir unos 40.000 muertos en la represión que siguió a la Guerra Civil. Estas estimaciones, aun hoy, 2008, están sometidas a revisión; aunque las víctimas producidas por el bando republicano fueron bien identificadas, las producidas por los sublevados, habiendo sido ignoradas durante el franquismo, hoy existen dificultades para cuantificarlas e identificarlas.

Desde los primeros días, en ambas zonas, se desató una represión que se concretó en juicios sumarisimos y numerosos paseos, eufemismo que utilizaron aquellos que sacaban de sus casas, amparados por la noche en la mayoría de los casos, a los que consideraban enemigos y los llebaban para fusilarlos, normalmente, al borde de las cunetas.

Esta situación de terror se concentró en los primeros meses de la contienda y respondían a un objetivo común, la eliminación física del adversario. Aunque las características fueron diferentes en las dos distintas zonas. En el bando sublevado fueron los mecanismos judiciales instaurados por los rebeldes, y las milicias falangistas y carlistas, los que llevaron a cabo esta represión, con el benepalacito e instigados desde la cúpula militar. En el bando republicano, desatada la contienda, el Gobierno y el resto de instituciones públicas perdieron el control de los acontecimientos, se desató una revolución que los desbordó, propiciando la creación de fuerzas paralelas y tribunales que fueron los que, principalmente, ejercieron la represión. La represión continuó, aunque en menor medida, hasta el final de la contienda y, aun, se prolongó con la represión que el franquismo ejerció en los años siguientes.

El deterioro de la justicia fue común en ambas zonas. Tanto los tribunales militares como los populares estaban compuestos en su mayoría por personas ajenas a la magistratura. En el bando sublevado, en tribunales militares únicamente uno de cada cinco miembros debía ser jurista, los juicios duraban breves minutos y en ocasiones los acusados eran juzgados en grupo. Se llegaba al absurdo de juzgar por "rebelión militar" a aquellos que no se sumaron a la sublevación. En la zona republicana, los tribunales populares, creados el 14 de agosto de 1936, estaban formados por tres funcionarios judiciales y un jurado de catorce miembros pertenecientes a diferentes organizaciones del Frente Popular. A estos tribunales populares, más adelante, vendrían a sumarse los de urgencia que restringían aún más las garantías procesales.

Los parlamentarios fueron un grupo especialmente castigado por ambas partes. Uno de cada cinco miembros de este colectivo fue asesinado. Los sublevados ejecutaron a unos cuarenta diputados del Frente Popular, mientras que en la zona republicana fueron ejecutados veinticinco de la coalición de derechas.

Las declaraciones públicas de destacados republicanos como Manuel Azaña, quien en un discurso pedía "paz, piedad y perdón" o Indalecio Prieto que apelaba: "No imitéis esa conducta, os lo ruego, os lo suplico. Ante la crueldad ajena, la piedad vuestra; ante los excesos del enemigo, vuestra benevolencia generosa"; contrastaron con el silencio entre las autoridades del bando sublevado. Igualmente, si hubo voces en la prensa de la zona republicana que mostraron su malestar ante la violencia desatada como la del periodista Zugazagoitia que escribiría: "para juzgar a cuantos hayan delinquido disponemos de la ley", en la zona sublevada, anulada la libertad de presa, la represión ejercida en su zona fue silenciada. No obstante, desde el bando de los sublevados también se alzaron voces en contra de la represión, destacando las declaraciones de Marcelino Olaechea, obispo de Pamplona que declaró: "Nosotros no podemos ser como nuestros hermanos de la otra banda: esos hermanos ciegos, que odian, que no saben de perdón".

La zona sublevada se militarizó desde los primeros días de la contienda. Se prohibieron los partidos políticos, únicamente se mantuvieron legales la Falange y el carlismo que desarrollaron una actividad más militar que civil. Esta militarización alcanzó a la magistratura. Los jueces debían demostrar sus simpatías por los sublevados. Los primeros en sufrir la represión fueron las autoridades civiles. Sometidos a simulacros de juicio que duraban menos de cinco minutos, en su mayoría, fueron condenados a la pena de muerte y casi de inmediato eran fusilados. Fueron candidatos a sufrir la represión todos aquellos que, no pudiendo demostrar simpatías por los sublevados, desempeñaban cargos públicos en el momento de la sublevación. Promulgada una huelga general en contestación a la sublevación fueron fusilados, estos sin juicio, los sindicalistas que se significaron. Masones, socialistas, sindicalistas y nacionalistas eran condenados a muerte por el simple hecho de serlo. Esta represión fue llevada a cabo principalmente por el ejército, aunque también participaron en ella las milicias de la Falange y los carlistas.

Especialmente significativa fue la represión en Navarra, donde la sublevación triunfó el primer día sin apenas enfrentamientos. El general Mola, el día 19 de julio, dio instrucciones bien explícitas: "Es necesario propagar una atmósfera de terror. Tenemos que crear una impresión de dominación . cualquiera que sea abierta o secretamente defensor del Frente Popular debe ser fusilado".

Destacó, también, el terror ejercido por Queipo de Llano en Andalucía, jactándose por radio de las hazañas represivas que cometía. Málaga, Granada y Córdoba fueron las provincias andaluzas más castigadas. Esta última sufrió un doble castigo primero a cargo del Frente Popular y, después, por parte de los nacionalistas. La masacre de la carretera Málaga-Almería acaecida el 8 de febrero de 1937, durante la entrada en Málaga de las tropas franquistas causó la muerte a varios miles de de personas que intentaban alejarse da la ciudad.

En Valladolid, una denominada "patrulla del amanecer", grupo de falangistas dirigidos por Onésimo Redondo, cofundador de las JONS, fusilaba a unas cuarenta personas cada día. Allí, como en otras ciudades de la zona sublevada, los presos eran sacados por la noche en camiones para ser fusilados en las afueras de la ciudad sin tan siquiera el simulacro de un juicio. El general Mola enviaría un comunicado pidiendo que estas ejecuciones se hiciese en lugares más discretos y que se enterrase a los muertos, algo que hasta entonces no se hacía.

En Zaragoza se asesinaron a más de 6.000 personas, de las cuales, la mayoría lo fueron en los primeros meses de la contienda.

La toma de Badajoz supuso una gran matanza protagonizada por las fuerzas moras que tomaron la ciudad al mando del general Yagüe.

Cuantificar el número de víctimas de la represión en la zona franquista, hasta ahora ha sido un problema. Durante el franquismo, éste intentó silenciar esta represión y, en todo caso, minimizar su dimensión. Tradicionalmente, los estudios más o menos documentados sobre estas víctimas, han corrido a cargo de historiadores cercanos al franquismo y basándose en los datos suministrados por el propio franquismo. Los registros utilizados por estos historiadores (Instituto Nacional de Estadística y Registros Civiles, principalmente) se ha demostrado no fiables, reflejando tan sólo la mitad, incluso sólo la tercera parte, de las muertes.

A partir de 2008, este problema comenzó a superarse. Poco a poco fueron apareciendo estudios, que mediante trabajos de campo y la consulta de archivos, desvelaron el verdadero alcance de la represión en buena parte de municipios y provincias españoles. Estos trabajos avanzan despacio, en parte, por las dificultades intrínsecas de esta labor y, en parte, por la, expresada por los investigadores, resistencia de los Gobiernos Militares y dificultades en el acceso a determinados archivos. Los actuales estudios apenas cubren la mitad de la geografía española. La Ley sobre la Recuperación de la memoria Histórica puede contribuir a dar un impulso a estos trabajos y lograr un mejor conocimiento de estos hechos.

Con los datos disponibles en 2008, el número de víctimas mortales puede cifrarse en 140.000; siendo éstas, principalmente, sindicalistas, intelectuales, políticos republicanos y nacionalistas (el colectivo de maestros fue objetivo de una dura represión). Historiadores, en 2002, ya cifraban el número de víctimas en 150.000. Las asociaciones de la memoria histórica cifraron este número en 130.000 y algunos historiadores elevan esta cifra. El historiador británico Paul Preston calculó el número de muertos en la retaguardia franquista en 180.000 y, el también historiador, Santos Juliá aporta una cifra mínima de 90.000 para las 36 provincias que ha estudiado. Eduardo Guzmán, estudiando especialmente la represión de posguerra, da la cifra de 200.000 muertos.

En 2008, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón solicitó a Ayuntamientos y otros organismos un listado de desaparecidos durante la Guerra y la posguerra. El listado, que se reunió el 22 de septiembre de 2008 incluía 143.353 nombres, aunque sus propios autores avisan que faltan muchísmos nombres y, al mismo tiempo, que muchos de los nombres podrían estar duplicados e incluso triplicados (lo que hicieron en el momento de hacer entrega del material para evitar suspicacias). Presenta la siguiente distribución geográfica (según las actuales comunidades autónomas): Galicia (7.000), Asturias (6.000), Cantabria (2.535), País Vasco (1.900), Navarra (3.920), La Rioja (2.070), Cataluña (3.338), Baleares (1.486), Aragón (9.538), Castilla-La Mancha (8.851), Castilla y León (14.660), Extremadura (9.486), Madrid (3.424), Andalucía (42.131), Valencia (29.034), Murcia (1.000), Canarias (2.211), Ceuta y Melilla (768).

Tras el levantamiento, en las zonas en las que no triunfó la insurrección, se desató una revolución que propició la desaparición o transformación de muchas instituciones. En las grandes ciudades surgieron las fuerzas paralelas a las de orden público, cada partido político contaba con sus milicias y también disponían de sus propias "checas", especie de cárceles al margen de la autoridad de la república, que pronto se significaron por la práctica de la tortura (en Madrid llegaron a abrirse varias docenas). Los revolucionarios dieron especial importancia a la autoridad municipal y numerosos ayuntamientos fueron tomados y los comités revolucionarios asumieron sus funciones, desplazando, también, a las fuerzas de orden público.

La revolución se inició con una oleada de asesinatos, destrucciones y saqueos. En las grandes ciudades, las milicias de los diferentes partidos se dedicaron dar el paseo a todo aquel que identificaban como potencial enemigo. Los sacerdotes y frailes fueron los que más sufrieron sus iras, desatándose lo que se ha conocido como la persecución religiosa, asesinando a cerca de 7.000 eclesiásticos en toda la geografía española. Uno de los ejemplos más destacados entre los casos de la brutalidad revolucionaria ejercida contra el clero aconteció en la diócesis de Barbastro, donde se asesinó a 123 de los 140 sacerdotes, es decir, el 88% de sus miembros.

En Madrid, durante el mes de noviembre de 1936 se produjeron las sacas masivas de presos que, ante la cercanía del frente, se consideró que debían ser trasladados. La mayoría de estos presos no llegaron a su destino, entre 2.000 y 5.000 fueron fusilados en el municipio de Paracuellos y Torrejón de Ardoz.

Los tres primeros meses de la guerra fueron de especial terror en las grandes ciudades de la zona republicana. Las pasiones revolucionarias estaban en su zénit y la autoridad del Gobierno en su nadir. Madrid se convirtió en territorio ocupado por un laberinto de milicias que, al amparo de la noche, sacaban de sus casas a aquellos que arbitrariamente eran denunciados por colaborar con los sublevados; en casos, la prueba consistía en haber escuchado radio Sevilla o haber encendido las luces del coche, supuestamente para orientar a los aviones de los sublevados. Esos meses, las embajadas se llenaron de refugiados.

En Barcelona la situación fue muy similar a Madrid, con el añadido de que fueron frecuentes los enfrentamientos entre las distintas milicias pricipalmente las de la UGT se enfrentaban a las de la CNT y los comunistas del PSUC se enfrentaban a los trotskistas del POUM.

Al contrario de lo ocurrido con las victimas en la zona nacional, puede considerarse que las víctimas en la zona republicana están bien identificadas y sobre su número existen menos controversias. Al concluir la Guerra Civil, el franquismo acometió un exhaustivo estudio que quedó reflejado en la llamada Causa General. El estudio recoge las consecuencias del denominado "terror rojo" desde febrero de 1936 hasta el fin de la contienda. Se trata de un minucioso estudio realizado municipio por municipio y que ocupa más de 1.500 legajos, hoy conservados en el Archivo Histórico Nacional. Según los datos que obran en este archivo, el número de victimas de la represión republicana sería de 38.563. Ramón Salas publicaría un estudio, según el cual este número ascendería a más de 70.000; aunque en este estudio se han descubierto duplicaciones. Estimaciones actuales calculan que el número de estas victimas no debió superar las 50.000.

Las víctimas, en esta zona fueron, principalmente, religiosos, terratenientes, empresarios y políticos de derechas, y éstas se concentraron principalmente los primeros meses de la contienda, producto de numerosos paseos que, aunque en menor medida, siguieron produciéndose hasta el fin de la misma.

Acabada la guerra, con el triunfo de los sublevados, los vencedores iniciaron otra etapa de represión cuya finalidad fue atemorizar a todos aquellos que no se identificaban con el nuevo régimen.

En la geografía española surgieron numerosos campos de concentración donde se hacinaban los detenidos viviendo en condiciones durísimas, sometidos a malos tratos y muertes arbitrarias. La primera represión la ejercieron las milicias falangistas que se presentaban en estos campos y se llevaban a aquellos a los que consideraban debían darles el "paseo". Antes de terminar la guerra ya funcionaba el campo de concentración de Castuera que se construyó una vez caída en manos del ejército franquista la comarca de la Serena. En el campo de concentración de Albatera fueron ingresados muchos republicanos que no pudieron exilarse desde Alicante en los últimos momentos de la contienda. A finales de 1940 estos campos ya habían sido desmantelados en su mayoría y los presos pasaron a diferentes cárceles en las que las condiciones no eran mucho mejores. no obstante, los campos de concentración siguieron existiendo hasta 1947, año en que se cierra el último, el campo de concentración de Miranda de Ebro.

La primera depuración la sufrió el sistema judicial, el franquismo tuvo especial cuidado en que los tribunales estuviesen compuestos por elementos afines. Estaban compuestos principalmente por militares, el defensor era otro militar al que no se le pedía una formación jurídica y debía subordinación al presidente del tribunal, también militar. Estos tribunales se encargaron de juzgar a aquellos que, como en un mundo al revés, eran acusados de promover o apoyar la insurrección. Los juicios duraban breves minutos, en ocasiones se juzgaban a grupos de sesenta personas las que podían o no ser escuchadas.

En 1939, el número de detenidos esperando juicio superraba los 270.000. Ramón Salas, en los años 1970, daba la cifra de 30.000 ejecuciones dictadas por estos tribunales y Ramón Tamames, posteriormente, la elevaba a 100.000. En la actualidad se calcula que fueron entre 40.000 y 50.000 las personas que fueron ejecutadas. A esta cifra habría que sumar todas aquellas muertes que se produjeron en las cárceles como consecuencia de las pésimas condiciones en las que intentaban sobrevivir los presos. Como ejemplo, se conoce que en Albacete, donde hubo un millar de ejecuciones, murieron en la cárcel 300 personas. Los datos sobre las víctimas que murieron ejecutadas o en las cárceles franquistas se obtienen por extrapolación de los pocos datos con los que cuentan los investigadores, ya que el franquismo se preocupó de que muchos de estos crímenes no figuraran en registros oficiales y los datos existentes, aún hoy son de difícil acceso.

Los Tribunales y los procesos no sólo sirvieron a una finalidad represora sino que también tuvieron la misión de amedrentar a la población. Como ejemplo, el caso conocido de Albacete, donde los tribunales militares juzgaron a 34.000 personas lo que supuso que el 9% de la población pasó por estos tribunales.

Otra forma de represión fue la administrativa y la económica. El franquismo, en su afán de combatir al "enemigo interior", depuró todos los organismos oficiales (siendo maestros y catedráticos sospechosos, puso especial atención en la depuración de la enseñanza) y la economía se montó favoreciendo a los adictos al Régimen, excluyendo de ella a todo sospechoso de desafección. En todas las ciudades y pueblos, la autoridad civil y religiosa, esta última encarnada por el párroco, emitían informes que, en el caso de ser negativos, conllevaban sanciones de todo tipo. Se impusieron sanciones no sólo a los condenados sino también a familias completas y determinadas regiones y provincias fueron castigadas por haber permanecido fieles a la República o ser consideradas izquierdistas. La represión no sólo alcanzó a aquellos que se habían opuesto al Régimen sino que se extendió a aquellos a los que se les consideró discrepantes.

Los primeros meses del conflicto provocaron desplazamientos de población principalmente en las regiones fronterizas con Francia, que se sentían amenazadas por la acción de ambos contendientes y especialmente, numerosas personas afectadas por la violencia durante la revolución social y la acción de milicias. La provisionalidad y carácter minoritario de estos primeros refugiados fue dejando paso a formas más permanentes y masivas que afectaron mayormente a la población de las zonas de control "republicano" a medida que progresaban las áreas bajo autoridad de las fuerzas franquistas, para generar a término del conflicto, una situación de exilio o de no retorno a cientos de miles de personas.

Los desplazamientos masivos se produjeron como consecuencia de la batalla del Norte, periodo durante el cual cerca de 200.000 personas cruzaron a Francia, de las cuales 165.000 regresaron a España para reincorporarse a la zona republicana. Desde entonces Francia recogería un goteo de exiliados hasta que en los últimos momentos de la guerra, con la caída de Cataluña, se produjera la gran oleada en la que pasaron a Francia otras 350.000 personas. En los días siguientes al cese de hostilidades y final de la contienda, desde Alicante, zarparon unas 15.000 personas, la mayoría con destino al norte de África y la Unión Soviética. En total se calcula que fueron unos 450.000 personas las que permanecían exiliadas en la primavera de 1939, inmediatamente después de acabada la Guerra Civil, de ellas, casi la totalidad, 430.000, lo estaban en Francia, confinadas, en su mayoría, en campos de concentración habilitados para acogerlas.

Francia no previó la gran cantidad de españoles que cruzarían la frontera, no destinó suficientes medios y los campos de concentración se convirtieron en lugares inhabitables donde los exilados se hacinaban en condiciones de vida penosas. Francia negoció con Franco para que aceptara el retorno de aquellos exiliados que quisieran regresar y a finales de 1939 el número de refugiados que permanecían en los campos se redujo a 140.000, otros 42.000 se distribuyeron en otros países. Rusia, Argentina, Cuba, Santo Domingo y especialmente Chile, por los esfuerzos de Pablo Neruda (en aquel tiempo embajador en París) y, México, que llegaría a acoger a unos 22.000 refugiados, fueron los principales países de acogida.

Los campos de Francia no se desmantelaron hasta bien entrado el año 1940. Los refugiados fueron incorporándose a la Legión extranjera y compañías de trabajo destinadas a trabajadores extranjeros.

Con la ocupación alemana de Francia, los exiliados españoles pasaron a sufrir una nueva represión. Dirigentes del Frente Popular fueron reclamados por Franco y entregados a la policía franquista, éste fue el caso del Presidente de la Generalidad Companys, y el de Peiró y Zugazagoitia que posteriormente fueron ejecutados. 13.000 españoles fueron enviados a campos de concentración en Alemania, el campo de concentración de Mauthausen fue su destino principal, pero también a otros, como Sachsenhausen-Oranienburg al que fue enviado Largo Caballero. De los 13.000 españoles que fueron enviados a campos de concentración nazis únicamente lograron sobrevivir 2.000 pereciendo el un 85% de ellos, porcentaje de muertos superior al de cualquier otra nacionalidad. Entre 30.000 y 40.000 españoles fueron enviados a campos de trabajo en Alemania.

Con el inicio de la II Guerra Mundial, la mayoría de los refugiados que permanecían en Francia se incorporaron a unidades militares para combatir a Alemania y unos 10.000 refugiados, principalmente comunistas, se integraron en la resistencia jugando un papel importante en la lucha contra la ocupación alemana. Los combatientes españoles liberaron gran parte del sur de Francia, una de las primeras unidades en entrar París la integraban exiliados españoles y los batallones Guernica y Libertad participaron en liberación de posiciones en la zona del Atlántico. El número de exiliados españoles muertos en la II Guerra Mundial puede acercarse a la cifra de 25.000. Acabada la II Guerra Mundial, los exiliados españoles en Francia adquirieron un estatus legal, del que carecían con anterioridad, que les permitió permanecer en el país. También es de destacar la comunidad de exiliados en México.

El exilio republicano permanente se calcula en 200.000 exiliados, compuesto principalmente por combatientes del Frente Popular, cargos públicos, profesionales e intelectuales. En determinadas áreas como la poesía, las ciencias o el pensamiento, quienes emigraron representaban una parte trascendental de la cultura española, por lo que la sociedad española se vio mutilada por la desaparición de esas personas.

El franquismo, desde un primer momento, se preocupó de dar el debido reconocimiento a las víctimas de la represión en la zona republicana. Estas víctimas fueron identificadas y sus cuerpos exhumados para proporcionales una sepultura digna.

Contrariamente, las víctimas de la represión franquista fueron, en el mejor de los casos, ignoradas, cuando no denigradas. Muchas de estas víctimas se encuentran enterradas en fosas comunes dispersas por la geografía española; sus muertes, en muchos casos ni siquiera figuran en los registros civiles. Superado el franquismo e instaurada la democracia, por las particularidades de la la Transición, tuvieron que pasar varias décadas para que aflorara a la opinión pública la reivindicación de su memoria.

A finales de los años 90, pasados 25 años desde que se instaurarse la democracia sin que ninguna institución pública se hubiera preocupado de promover una investigación general sobre estas víctimas, familiares de represaliados comenzaron a reivindicar de forma organizada la localización y exhumación de los cuerpos de sus allegados para proporcionarles una sepultura digna. Estos esfuerzos se han visto acompañados por la labor de historiadores interesados en llegar al conocimiento de la verdadera magnitud, y otros extremos, de la tragedia. Estas familias, agrupadas en la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, desde el año 2000 han promovido la apertura de las fosas comunes y en septiembre de 2008 el número de cuerpos exhumados era de 2.317.

Entre marzo y abril de 2001, la Comisión Cívica de Alicante conmemoró el 70 aniversario de la II república y el 62 del fin de la Guerra Civil con el lema Recuperar la memoria histórica, comentando sus promotores que "si un pueblo olvida su historia no comprende el presente ni puede labrarse el futuro".

El 22 de junio de 2006 se aprobó en el Congreso de los Diputados con la única oposición del Partido Popular (PP) que el año 2006 fuese declarado año de la memoria histórica. El 28 de junio de ese año, el Gobierno de Rodríguez Zapatero presentó el proyecto de la Ley de Memoria Histórica de España con el fin de reconocer, amplían derechos y establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. El PP se opuso a este proyecto alegando que ya se habían adoptado "numerosas iniciativas a favor de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura" y que el PSOE con la propuesta de esta ley, se estaba traicionando a sí mismo al haber roto la "reconciliación" pactada en la Transición, acusándolo de "hipocresía", "disfrazando de iniciativa de concordia lo que no es más que un paso adelante en el proceso de ruptura del pacto de convivencia". Esquerra Republicana de Catalunya e Izquierda Unida presentaron otros proyectos alternativos por considerarlo insuficiente. El Congreso de los Diputados aprobó la ley el 31 de octubre de 2007.

El desarrollo de la ley de la Memoria Histórica apenas ha sido un tímido avance en el tema que se propone. Hay realidades que son esclarecedoras, (en otoño de 2008) la Generalidad de Cataluña tenía un presupuesto superior, destinado a la investigación de estos hechos y la dignificación de las fosas comunes, que el propio Gobierno de la nación; y mientras comunidades autónomas colaboran con ella (Andalucía, Asturias, Aragón,...) otras, las gobernadas por el PP, no ha destinado fondos ni han inicado investigaciones.

La Conferencia Episcopal se negó a acatar el requerimiento, declarándose incompetente ante la petición del juez. El Ministerio de Defensa respondió al juez que no tenía documentación sobre el número de víctimas, siendo el Ejército de Tierra, el único de los tres ejércitos que manifestó que, en sus archivos, podría disponer de alguna información sobre casos puntuales. El 23 de septiembre de 2008, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica envió al Juez Garzón el listado de 143.353 desaparecidos víctimas de la represión franquista.

Esta iniciativa del juez Garzón para investigar el paradero de estas víctimas y las circunstancias de su muerte se ha encontrado con obstáculos de diferente tipo. aunque algunos ayuntamientos e instituciones han mostrado su disposición para colaborar, a la negativa de la Conferencia Episcopal y los escasos datos que se encuentran en los archivos militares se suma las reticencias de ayuntamientos gobernados por le PP y el boicot de alguno de ellos, como el de Almería. El PP acogió la iniciativa arremetiendo contra el juez Garzón, acusándole de "perder el norte" y considerando la iniciativa de "disparate", "error gravísimo", y "Esperpéntico".

La prensa internacional calificó la iniciativa de "hecho histórico". El The New York Times, The Guardian, The Daily Telegraph, El Clarín, Le Monde,... se hicieron eco de la iniciativa.

El 7 de noviembre, la Audiencia Nacional, a solicitud del Fiscal del Estado, tras un tenso debate, suspendía la apertura de fosas y exhumaciones solicitadas por el Juez Garzón. El día 18, el juez garzón se inhibe de investigar la causa contra el ‘franquismo’ por considerarla extinguida al comprobarse el fallecimiento de los acusados. En el auto remitió las investigaciones de los desaparecidos a los juzgados territoriales donde se hallen situadas las fosas.

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