Freddy Padilla

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Publicado por t800 02/05/2009 @ 04:10

Tags : freddy padilla, colombia, américa latina, internacional

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Freddy Padilla De León

General Freddy Padilla De León (nacido el 10 de octubre de 1948 en Montería, Córdoba) es un ingeniero y militar colombiano graduado en Ciencias Militares, miembro del Ejército Nacional de Colombia y comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia. Ha sido comandante de Batallón en varias oportunidades, Comandante de las Brigadas II, VII y XX, Comandante de la V División, Jefe de Operaciones del Ejército como encargado temporal, Inspector General Ejército y Jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares.

Ingresó a la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova en febrero de 1966. Fue ascendido al rango de Subteniente el 6 de diciembre de 1969. Padilla estudió Ingeniería Industrial en la Pontificia Universidad Javeriana con magíster en Estudios Políticos. Es Especialista en Geopolítica de la Universidad Militar Nueva Granada. Fue Profesor Militar e Ingeniero en Obras Civiles y Militares. Ha completado diplomados en Estrategias y Técnicas de Negociación de la Universidad de Chile, Research in Terrorism Studies (análisis en estudios de terrorismo) en la George Washington University y Fellows in Foreing Service Program de la Georgetown University en Estados Unidos. Es Profesional en Ciencias Militares de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova con diplomado en Estado Mayor. Tiene curso de Altos Estudios Militares en la Escuela Superior de Guerra y curso Avanzado de Ingenieros en Fort Belvoir, estado de Virginia, en Estados Unidos.

Es paracaidista experto y jefe de salto, además fue instruido en cursos de Explorador del Ejército, Lanceros curso en el cual luego se volvió instructor. Se volvió un especialista en Inteligencia militar y se graduó en Inteligencia estratégica en Washington, Estados Unidos, en el Centro de Análisis de Inteligencia de Defensa. También fue Profesor Militar y fue Profesor de Academia de Geografía Militar y Geopolítica en la Academia de Guerra del Ejército de Chile en 1999. En diciembre de 1997 fue ascendido a Brigadier General (1 Sol), el 6 de diciembre de 2001 ascendió a Mayor General (2 Soles) y el 7 de diciembre de 2004 a General (3 Soles).

Padilla era Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares de Colombia desde noviembre de 2003, hasta que asumió como comandante general de las Fuerzas Militares, el 15 de agosto de 2006, por Decreto 2767 del Ministerio de Defensa Nacional y atorización del presidente Álvaro Uribe, en remplazo del General Carlos Alberto Castro Ospina, quien renunció. Bajo su mando, fueron asignado como comandante de la Fuerza Aérea de Colombia, el general Jorge Ballesteros y en la Armada de la República de Colombia al admiral Guillermo Barreto. En el Ejército Nacional de Colombia fue ratificado el general Mario Montoya.

El escándalo de los Falsos Positivos surgió en 2008, a raiz de denuncias de desaparición de grupos de muchachos que poco tiempo después eran reportados como guerrilleros muertos en combates con el Ejército de Colombia u otra fuerza pública del estado. La mayoría de los casos ocurrieron en 2007, en departamentos con alta incidencia de desmovilizados de las Autodenfensas Unidas de Colombia (AUC), como Antioquia, Meta y Norte de Santander. miembros del Ejército fueron acusados de haber efectuado "ejecuciones extrajudiciales", con el fin de "mostrar resultados" a sus superiores.

Se realizaron cerca de 750 investigaciones por los casos de ejecuciones extrjudiciales, en los que aproximadamente 180 miebros de las fuerzas militares fueron acusados y 50 encontrados culpables. El General Padilla, como comandante de las Fuerzas Militares, dijo que él y el ministro de Defensa Juan Manuel Santos que debían asumir una actitud de cero tolerancia por los hechos, pero que también debian guiarse por la presunción de inocencia de algunos militares, ya que podrían ser inocentes. Dijo además que si la conducta irregular era comprobada, Padilla actuaria de forma severa contra los que cometieran la falta. Para prevenir las ejecuciones extra judiciales, Padilla estaba promoviendo y exaltando las desmobilizaciones de guerrilleros a traves de recompensas y la captura de guerrilleros. A raiz de los Falsos Positivos se creó una unidad del Ejército destinada a promover los derechos humanos y a recibir quejas por dichas violaciones.

Como consecuencia de los Falsos Positivos, pasaron al retiro 27 militares y el entonces comandante del Ejército Mario Montoya.

Al principio



Gustavo Petro

Gustavo Petro

Gustavo Francisco Petro Urrego es un economista y político colombiano de izquierda nacido el 19 de abril de 1960 en Ciénaga de Oro, Departamento de Córdoba aunque desde temprana edad vivió en Zipaquirá, Cundinamarca. Su familia proviene de inmigrantes italianos radicados en Córdoba. Fue militante del grupo guerrillero M-19, hoy desmovilizado. Ha sido Representante a la Cámara, agregado diplomático en Bélgica y Senador, cargo en el que se desempeña desde 2006 por el partido Polo Democrático Alternativo.

Como congresista se ha destacado por denunciar la corrupción de la clase política y los vínculos que esta ha tenido con los grupos armados ilegales (guerrillas y paramilitares ) y con las mafias del narcotráfico, así como por una fuerte oposición al modelo de gobierno de Álvaro Uribe.

Petro ha anunciado su intención de ser candidato para las elecciones presidenciales del año 2010.

Gustavo Petro estudió en el colegio católico de Hermanos de La Salle donde tuvo un periódico llamado Carta al Pueblo y fundó el Centro Cultural García Márquez, en honor al futuro nobel de literatura Gabriel García Márquez que había estudiado en dicha institución, si bien los sacerdotes del colegio ocultaban el paso de quien se convertiría en nobel pues lo consideraban un comunista y por poco expulsan a Petro por dicho homenaje y por rescatar de una bodega el mosaico de bachiller en el que aparecía García Márquez y exhibirlo a los demás estudiantes, el veto a García Márquez llamó la atención de Petro quien se interesó entonces por su obra e inicialmente leyó Cien años de soledad descubriendo la historia Masacre de las Bananeras y quedando cautivado con el personaje del Coronel Aureliano Buendía.

Por aquella época se vivía una agitación estudiantil en América Latina y desde muy joven Petro había estado involucrado en protestas por hechos como el golpe de Estado a Salvador Allende en Chile en 1973. Petro se graduó a los 16 años del colegio y un año después se vinculó al Movimiento 19 de Abril (M-19) desempeñándose principalmente en el campo político, ya que durante largo tiempo participó en la organización de masas haciéndose líder popular y logrando ser elegido como personero en 1981 y concejal de Zipaquirá de 1984 a 1986. Durante la época de tregua, en la presidencia de Belisario Betancur, hizo pública su militancia.

Tras los comicios presidenciales del 19 de abril de 1970, cuando la Alianza Nacional Popular (ANAPO) acusó al Frente Nacional de fraude electoral para hacer elegir a su candidato Misael Pastrana Borrero y de no permitir la participación de otros sectores de la democrácia diferentes a los partidos Liberal y Conservador que conformaban este frente que había decidido repartirse el poder, se originó en 1974 el movimiento guerrillero M-19. En diciembre de 1980 dicho movimiento robó más de cinco mil armas del Cantón Norte en Usaquén, una localidad al norte de Bogotá. Para entonces Petro que había adoptado el seudónimo de Aureliano en honor al personaje de García Márquez, tenía 20 años y había proclamado su militancia y logrado ser un líder popular en el municipio, a Zipaquirá llegaron algunos fusiles y Petro ayudó a esconder parte de las armas en un lote suburbano de dicho municipio donde tenía seguidores a raíz de su lucha política por conseguir vivienda para personas desamparadas. Años más tarde Petro sería capturado por el ejército y llevado a la escuela de caballería donde fue torturado. Después de dos años de permanecer en prisión, Petro fue liberado y regresó a recorrer Cundinamarca con el propósito de hacer política, para ese entonces los dirigentes y militantes de izquierda y cualquier persona que se declarara simpatizante del partido político Unión Patriótica, eran asesinados víctimas de un pacto con algunos miembros del ejército, políticos y algunos narcotraficantes y paramilitares. Para entonces Petro tomó la decisión de unirse a un frente del M-19 que se refugió en las montañas del Tolima hasta que se inició un proceso de paz con el gobierno de Belisario Betancourt bajo el compromiso de reformar la constitución nacional que no permitía la pluralidad del ejercicio político. Petro estuvo dentro de los desmovilizados.

Petro se graduó como economista de la Universidad Externado de Colombia y tras su desmovilización del grupo guerrillero realizó una especialización en administración pública en la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP). Posteriormente, hizo un máster en economía en la Universidad Javeriana, luego viajaría a Bélgica donde realizó una especialización en Medio Ambiente y Desarrollo Poblacional en la Universidad Católica de Lovaina y más tarde realizaría un Doctorado en Nuevas Tendencias en Administración de Empresas en la Universidad de Salamanca. Estudió también los idiomas inglés y francés.

Después de su prematuro inicio en la vida política y guerrillera, Petro fundó, junto con los desmovilizados del proceso de paz, el partido político Alianza Democrática M-19, movimiento que logra un gran respaldo popular y que ayuda a redactar la Constitución de 1991. Con el apoyo de este movimiento Petro llega a la Cámara de Representantes en 1991 por el departamento de Cundinamarca. En 1994 aspira a ser reelegido en la Cámara pero no alcanza suficientes votos. Para ese entonces Petro propone a Antanas Mockus lanzarse a la alcaldía de Bogotá y Mockus gana las elecciones derrotando a Enrique Peñalosa. Durante este tiempo, Petro es amenazado de muerte debido a las denuncias que hace sobre corrupción y decide abandonar el país, es nombrado en la embajada de Colombia en Bélgica como agregado diplomático para los Derechos Humanos de 1994 a 1996.

En 1998 regresa a Colombia y aspira junto con Antonio Navarro Wolff a la Cámara de Representantes nuevamente, esta vez en la circunscripción de Bogotá y por el Movimiento Vía Alterna que había fundado junto con otros ex militantes del Partido AD M-19 que había sido disuelto. En esta oportunidad logra regresar a la Cámara de Representantes como segundo renglón de la lista encabezada por Navarro, la más votada de la ciudad. En las elecciones de 2002 aspira de nuevo a esta corporación obteniendo la más alta votación. En ese período, fue elegido el mejor congresista tanto por sus colegas como por la prensa nacional gracias a sus denuncias sobre corrupción y sus debates de control político. Desde ese entonces (2002), Petro denunciaba la presunta infiltración paramilitar en la Fiscalía General de la Nación durante la gestión de Luis Camilo Osorio. Además de las múltiples alianzas de la mafia narco-paramilitar y decenas de congresistas de la coalición del gobierno.

En Vía Alterna conformaría una coalición electoral junto con el Frente Social y Político para las elecciones del 2002, dicha coalición se consolidaría luego como el partido Polo Democrático Independiente (PDI), que logró alcanzar el que se considera el segundo cargo de mayor importancia en el país con la llegada de Lucho Garzón a la alcaldía de Bogotá. A partir de 2005 el PDI se uniría con Alternativa Democrática para conformar el Polo Democrático Alternativo (PDA), movimiento que agrupó a los diferentes sectores de izquierda del país.

En el 2006 fue elegido senador de la República con la segunda votación más alta del país. Durante ese año destapó el escándalo de la llamada parapolítica, que demostraba vínculos de políticos con grupos paramilitares, hecho que lo llevó a ser elegido como el personaje del año por diferentes medios de comunicación. A finales de 2007 realizó también el debate sobre la farc-política que relacionaba a algunos políticos con la guerrilla de las FARC, denunciando casos como el del representante Luis Fernando Almario quien fue detenido meses después.

Durante su militancia en el PDA tuvo algunas diferencias con el presidente del partido Carlos Gaviria Díaz ya que, según Petro, los comunicados que emite el Polo no eran lo suficientemente contundentes a la hora de rechazar las acciones de la guerrilla de las FARC, afirmación que rechazó Carlos Gaviria y que por momentos deterioró la relación entre diferentes sectores del partido. Sin embargo las diferencias y confortaciones por este tema fueron luego solucionadas en una reunión extraordinaria del partido donde se expidió un comunicado en el que se rechazaba una vez más el accionar de los grupos guerrilleros en el territorio colombiano.

Como senador, Petro se caracterizó por liderar la oposición al gobierno de Álvaro Uribe Vélez, Petro denunció varias acciones del gobierno y sus aliados políticos que fueron calificadas por este como calumnias para ganar protagonismo. En 2005 cuando era representante a la cámara, Petro denunció que la empresaria del chance Enilse López conocida como La Gata, quien es investigada por sus presuntos nexos con las Autodefensas Unidas de Colombia, había financiado la campaña del presidente Uribe en 2002, lo cual desmintió en su momento el gobierno, sin embargo en la campaña por la reelección en 2006 el presidente Uribe reconoció el apoyo económico. Durante el segundo mandato de Uribe, Petro promovió algunos debates en el congreso a raíz del escándalo de la parapolítica. En febrero de 2007, libró una batalla verbal con el presidente de la república Álvaro Uribe Vélez al señalar que el presidente se debería declarar impedido para intervenir en el proceso de desmovilización de paramilitares por acusaciones sobre los presuntos vínculos del hermano del mandatario, Santiago, con un antiguo grupo paramilitar conocido como "Los doce apóstoles" a mediados de los noventa en Antioquia, a lo que el primer mandatario respondió en los medios de comunicación acusando a Petro y a los miembros de la oposición de ser "terroristas vestidos de civil" y a plantear un debate. El presidente decidió retractarse del debate dos días después cuando Everth Bustamante y Rosemberg Pabón, dos ex guerrilleros del M-19 otrora compañeros de Petro y para entonces vinculados al gobierno de Uribe, acusaron a Petro de ser un "terrorista mental" que "no dice la verdad", diciéndole al presidente que les dejara la pelea a ellos. Petro respondió al calificativo dado por el presidente diciendo: "Creo que existen terroristas vestidos de civil y de corbata, pero los están cogiendo presos y casi todos son amigos del Presidente Uribe", en referencia al creciente escándalo de la parapolítica por el cual ya habían sido detenidos varios congresistas mayoritariamente de la coalición de gobierno.

El 17 de abril de 2007, el senador Petro llevó a cabo en la plenaria del Congreso un debate sobre las CONVIVIR y el desarrollo del paramilitarismo en Antioquia. Habló por dos horas durante su intervención y expusó varios documentos sobre las relaciones que presuntamente tendrían miembros de las fuerzas de seguridad y de la clase política con el paramilitarismo y el narcotráfico. Durante el debate Petro cuestionó la actuación del actual presidente Álvaro Uribe Vélez frente al fenómeno cuando era gobernador de ese departamento. Presentó una fotografía del hermano del presidente, Santiago Uribe, donde aparece junto al narcotraficante Fabio Ochoa.

Al debate fue citado el ministro del interior y de justicia Carlos Holguín Sardi, quien junto con el ministro de transporte, Andrés Uriel Gallego, encabezó la defensa del presidente y su gobierno. Ambos cuestionaron el pasado guerrillero de Petro y lo acusaron de "no perdonar que se combata a los violentos". Varios de sus argumentos fueron calificados por ellos como calumnias. Al día siguiente del debate el presidente Uribe sin mencionar el nombre de Petro dijo "yo habría sido buen guerrillero, porque no habría sido guerrillero de calumnias sino de fusil. Habría sido exitoso militarmente, no protagonista de calumnias". El hermano del presidente, Santiago Uribe, dijo que su padre y el de los Ochoa crecieron juntos y se involucraron en los negocios de caballos. También afirmó que "yo me tomé muchas fotos con mucha gente, pero no de forma clandestina sino en sitios públicos". El 18 de Abril, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad expidió un comunicado en el cual rechazó varias de las afirmaciones del senador Petro sobre las Convivir, afirmando que varios de los grupos mencionados durante el debate fueron autorizados en los departamentos de Sucre y Córdoba pero no en Antioquia, que el gobernador Uribe canceló las personerías de ocho Convivir en 1997, y que el paramilitar "Julian Bolívar" no figuraba como asociado de una Convivir al momento de su autorización.

Gustavo Petro ha denunciado en diferentes ocasiones amenazas contra su vida y la de sus familiares así como persecución de organismos de seguridad del estado por las denuncias que ha planteado en el congreso. El 7 de mayo de 2007 el ejército confirmó la detención de dos suboficiales de inteligencia quienes fueron capturados días antes por presunto espionaje a la familia de Gustavo Petro en el municipio de Tenjo Cundinamarca por la policía local, los militares se identificaron inicialmente como miembros del DAS, sin embargo el director de la institución Andrés Peñate lo desmintió. El comandante de las Fuerzas Militares General Freddy Padilla De León, dijo que se trató de una "increíble torpeza" por parte de los hombres de inteligencia.

En octubre de 2008 el senador Petro denunció con pruebas documentales que funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que es la agencia de inteligencia del Estado, había ordenado seguirlo a él y a los demás miembros de su partido por ser opositores del gobierno de Álvaro Uribe. Por dicho hecho María del Pilar Hurtado, directora de dicha organización asumió la responsabilidad política y presentó renuncia a su cargo la cual fue aceptada por el gobierno, si bien Hurtado aseguró que nunca dio la orden de seguir a los miembros de la oposición.

En 2008 Gustavo Petro anunció su interés de ser candidato presidencial para el 2010. Petro se ha distanciado de las decisiones oficiales de su partido y ha liderado junto con Lucho Garzón y María Emma Mejía una disidencia ideológica al interior del Polo Democrático Alternativo. Petro propuso un "gran acuerdo nacional para sacar a Colombia de la guerra", basado en la separación de la mafia del poder, del crimen de la justicia, de la tierra fértil de las mafias, y de la política social del mercado, así como la intención de una política de seguridad que garantice el pleno uso del territorio por parte de los colombianos, que sea diferente a las políticas de Álvaro Uribe.

Al principio



Computadores de Raúl Reyes

Raúl Reyes.

Los Computadores de Raúl Reyes se refiere a los computadores del guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) Raúl Reyes encontrados luego del desarrollo de la Operación Fénix por parte de las Fuerzas Militares de Colombia en territorio ecuatoriano. La incursión en territorio ecuatoriano desató la Crisis diplomática de Colombia con Ecuador y Venezuela de 2008.

Según el gobierno colombiano, los computadores fueron extraídos de la zona, y detallan información histórica relacionada a las actividades del grupo guerrillero, incluyendo información que relaciona a las FARC con el gobierno venezolano de Hugo Chávez y el gobierno ecuatoriano de Rafael Correa, además de una extensa red de cooperantes en varios países de Latinoamérica.

Los gobiernos de los presidentes Chávez y Correa han negado categóricamente la veracidad de éstos computadores y han acusado al presidente de Colombia, Álvaro Uribe de querer provocar un conflicto bélico. También han alegado que Uribe pretende tapar el escándalo interno de la parapolítica que vincula a círculos cercanos al gobierno colombiano con paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

El gobierno de Colombia envió los computadores a la Policía Internacional (Interpol) para que se demostrara la veracidad de éstos. Interpol asignó a tres técnicos expertos en computadores de Corea del Sur, Singapur y Australia para analizar el contenido.

La información revelada se relaciona con una supuesta estrategia militar y política entre los gobiernos de Correa y Chávez con las FARC que incluían reuniones clandestinas, compra de misiles a Libia, la estrategia para desprestigiar al gobierno de Álvaro Uribe y el pago en petróleo y dólares por la liberación de los secuestrados. Los computadores tenían 37.872 documentos de texto, 452 hojas de cálculo, 210.888 imágenes, 10.537 archivos multimedia, que pesaban 610 gigabytes de información.

El ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Fernando Araújo y los directores de la Policía, general Óscar Naranjo, y del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), María del Pilar Hurtado, entre otros altos cargos, fueron los receptores del informe de la Interpol dado a conocer a la opinión pública el 15 de mayo del 2008.

Según el informe presentado por Ronald K. Noble, secretario general de la Interpol, la información de los computadores no ha sido manipulada por las autoridades colombianas. De acuerdo al informe original de la Interpol, la información tuvo un tratamiento ajustado al protocolo internacional para este tipo de pruebas a partir del 3 de marzo fecha en que se entregó la información a autoridades especializadas en Colombia. Entre el 1 de marzo y el 3 de marzo (fechas en las que el computador también estuvo en manos de las autoridades colombianas antes de ser entregada a expertos de la DIJIN), el acceso a los datos no se ajustó a los protocolos internacionales para el manejo de este tipo de pruebas. Añade el informe que desde el día de la incautación, 1 de marzo, en adelante no se encontraron indicios de que se hayan creado, modificado o suprimido archivos de usuario en ninguna de dichas pruebas.

El Gobierno colombiano pidió a la Fiscalía de Colombia comenzar cuanto antes los procesos judiciales.

El presidente Hugo Chávez calificó la presentación de la información como un "Show de payasos, ridiculez" montado por "un policía gringo, agresivo, corrupto y vagabundo", sobre el cual "no vale perder tiempo" refiriéndose a Noble. También lanzó agravios contra el chileno Arturo Herrera, también funcionario de Interpol, haciendo alusión a que éste había trabajado para la policía durante la dictadura militar de Augusto Pinochet en Chile y de haber participado en la operación “Retiro de televisores”, en la que los cadáveres de ejecutados durante la dictadura de Augusto Pinochet fueron exhumados ilegalmente y lanzados al mar, para evitar que los crímenes salieran a la luz pública. El Gobierno de Chile descartó que Herrera, haya estado implicado en el encubrimiento de violaciones a los derechos humanos.

Además de desatar la crisis diplomática entre Colombia y Venezuela-Ecuador, la información encontrada en los computadores reveló el nexo con las FARC de un traficante de armas llamado Viktor Bout y ayudó a su posterior localización y captura en Tailandia el Jueves 6 de marzo de 2008. Bout, también llamado "el mercader de la muerte" es acusado de suministrar armas a las FARC además de otros grupos terroristas. Bout es requerido por la justicia de Estados Unidos, Rusia, Tailandia y Colombia.

Con información tomada del computador de Reyes, las autoridades colombianas informaron a las autoridades costaricenses de la existencia de un dinero perteneciente a Raúl Reyes y alias Rodrigo Granda. El monto del dinero encontrado fue de 480 mil dólares camuflados y que serían enviados a Colombia a petición de estos. El dinero fue dado a una pareja costaricense: Francisco Gutiérrez Cruz y Mery Prado Rojas, quienes dijeron que desde 1997 o 1998 guardaban en su casa la caja fuerte por solicitud directa de Granda, pero alegaron no saber el contenido real en la caja fuerte.

Gobierno colombiano halló en la vereda (caserío) Pasquila, de la comuna 20 de Bogotá unos 30 kilos de uranio empobrecido, localizado tras revisar la información de los ordenadores del guerrillero Raúl Reyes. Según el general de las fuerzas militares de Colombia Freddy Padilla de León Las FARC al parecer pretendían crear una "bomba sucia". El vicepresidente Francisco Santos denunció esto ante la Conferencia de Desarme de las Naciones Unidas que se llevó a cabo en Europa.

El 19 de marzo de 2008 las FARC emitieron un comunicado en el desmentían dicha información ya que no tenían los medios para procesar dicho material.

Según información revelada por el diario español El País, las FARC estaban planeando derribar diez aviones del Ejército colombiano para "cambiar las reglas de la guerra en Colombia". Jorge Briceño, alias el Mono Jojoy, su hermano Grannobles y Henry Castellanos Alias Romaña habrían sido los encargados de desarrollar esa acción, considerada por Raúl Reyes una operación para cambiar el diseño de la seguridad.

La senadora colombiana Piedad Córdoba se vio envuelta en el escándalo debido a que según el ministro de la defensa se encontraron una serie de documentos donde aparentemente Raúl Reyes le asigno un correo electrónico con el seudónimo de "Teodora de Bolívar".

Piedad Córdoba alegó que los computadores de Reyes eran una farsa y montaje del Gobierno para vincularla con las FARC y negó cualquier relación con el seudónimo de Teodora.

Según la interpretación del gobierno colombiano de los documentos de los computadores de "Reyes", Venezuela habría ayudado a armar a los insurgentes y junto con las FARC acordaron un plan común de la seguridad y se buscó el entrenamiento básico en técnicas de la guerrilla a las fuerzas militares venezolanas. El gobierno colombiano reiteró que jamás manipuló los cerca de 16.000 archivos que contenían los portátiles del subversivo.

En los documentos revelados por el gobierno colombiano se incluye una correspondencia de Raúl Reyes en la que destaca el agradecimiento de Chávez por la ayuda recibida por las FARC cuando estaba en prisión, en 1992, después de intentar un golpe de estado, por 100 millones de pesos (unos 50.000 dólares a la tasa de cambio actual).

El Wall Street Journal y el periódico El País de España revelaron que "Ángel", el supuesto pseudónimo de Chávez en la correspondencia de las Farc, habría puesto en contacto a las Farc con traficantes de armas internacionales que las enviarían vía Maracaibo. De acuerdo con información que obtuvo la revista colombiana Semana de los computadores, a través de emisarios como el ministro del interior de Venezuela, Ramón Rodríguez Chacín, o miembros retirados del ejército, Venezuela habría aportado 300 millones de dólares a las Farc.

Otra revelación del portátil de Raúl Reyes es que las Farc mataron a seis soldados venezolanos en territorio de Venezuela y Hugo Chávez se puso de acuerdo con esa guerrilla para ocultarlo y echarles la culpa a los paramilitares.

La revista Semana conoció que las Farc hablan en algunos correos electrónicos sobre las relaciones que han tenido con algunos de los capos de la droga. En los correos aparecen mencionados Juan Carlos Abadía, más conocido como Chupeta, el narco Asprilla y Macaco. A Chupeta le habrían hecho una venta millonaria de cocaína o "Cristal" y él les habría ofrecido misiles y contactos con libaneses. El envío de drogas de las Farc según los computadores se haría a través de México. En otro correo mencionan que han hecho una venta de 700 kilos de cocaína por 1.5 millones de dólares.

Según los datos recogidos, habrían conexiones entre las FARC y la banda separatista vasca ETA, lo cual está siendo investigado por la justicia española.

En agosto de 2008, el senador chileno Alberto Espina (RN) entregó un informe al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Inteligencia de ese país, en el que se revelan intercambios de correos electrónicos entre Raúl Reyes y su contacto en Chile, apodado "Roque". Éste último les solicita a las FARC instruir a mapuches en tácticas guerrilleras. También se revelan contactos con el Partido Comunista de Chile y con grupos subversivos chilenos como el Movimiento de Izquierda Revolucionaria y el Frente Patriótico Manuel Rodríguez.

En el mismo informe, se reveló que un funcionario de rango menor del Palacio de La Moneda llamado Hugo Guzmán Rambaldi, jefe del Departamento Intragubernamental de la Secretaría de Comunicaciones, participaba de un grupo de apoyo a las FARC.

Con posterioridad, el Ministerio del Interior y la Agencia Nacional de Inteligencia de Chile, junto con negar la existencia de vínculos operativos entre las FARC y grupos chilenos, sostuvieron que la filtración del documento del senador Espina fue parte de una operación de inteligencia del gobierno colombiano.

Al principio



Operación brasileña para la liberación de seis secuestrados por las FARC

La operación es coordinada por el Comité Internacional de la Cruz Roja.

La Operación brasileña para la liberación de seis secuestrados por las FARC (Portugués: Operação brasileira de resgate de reféns das Farc) se refiere a la operación de rescate humanitario organizada para los dias entre el 30 de enero y 5 de febrero de 2009, bajo aprobación del gobierno colombiano del presidente Alvaro Uribe, el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, el Ejército de Brasil y el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja para la posible liberación de seis secuestrados colombianos en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Entre los secuestrados se encuentra el ex gobernador del departamento del Meta, Alan Jara, el ex diputado del departamento del Valle del Cauca, Sigifredo López, y tres policías y un militar que no han sido identificados. Las Farc anunciaron la liberacion el 21 de diciembre de 2008 mediante un comunicado divulgado a través de la agencia Anncol por Internet. Los encargados de recibir buscar y recibir a los secuestrados serán los soldados brasileños, una comisión del Cicr y miembros de una Ong llamada "Colombianos por la Paz", encabezada por la senadora colombiana Piedad Córdoba.

El gobierno de Alvaro Uribe y los voceros de las Farc acordaron que se pidiera la ayuda del gobierno brasileño, por ser el de mayor neutralidad entre los paises que han participado anteriormente, como los incidentes diplomáticos que surgieron entre el gobierno Uribe y el gobierno del venezolano Hugo Chávez durante la Operación Emmanuel.

El gobierno de Alvaro Uribe y personajes de la oposición entre las que sobresalen la senadora liberal, Piedad Córdoba y miembros del Polo Democrático Alternativo (PDA), han mantenido roces políticos y personales con el tema del "acuerdo humanitario", en el que la guerrilla de las Farc pide una zona desmilitarizada para llevar a cabo un intercambio de guerrilleros presos por secuestrados. Los intercambios se han dado durante la presidencia de Ernesto Samper y Andrés Pastrana, pero la opinión pública los veía como debilidad frente a las guerrillas, en especial por los hechos ocurridos durante los diálogos de paz entre el gobierno Pastrana y las FARC (1998-2002). Tras la llegada del presidente Uribe a la poder en 2002, con un discurso de derrota militar de las guerrillas, la política sobre los intercambios o "acuerdo humanitarios" se convirtieron en inamovibles. Desde el 2002, se han presentado liberaciones unilaterales tanto por el gobierno del Presidente Uribe, como por las Farc. El gobierno realizó un intento de rescate militar fallido y un rescate militar exitoso, la Operación Jaque.

Según el senador del Polo Democrático Alternativo (PDA), Gustavo Petro, las marchas fueron otro factor para que se dieran las liberaciones, diciendo "Las liberaciones unilaterales de secuestrados de comienzos de 2009 son resultado de la movilización nacional contra las Farc del 4 de febrero de 2008”, refiriendose a las marchas llamadas Un millón de voces contra las FARC.

En diciembre de 2008, las FARC anunciaron que liberarían unilateralmente a los politicos Alan Jara y Sigifredo López, además de otros cuatro miembros de la fuerza publica colombiana secuestrados por el grupo guerrillero. Según un artículo del diario El Tiempo, los secuestrados están separados por cientos de kilómetros y que la operación de liberación se llevaría a cabo en al menos dos puntos de Colombia. Las FARC condicionaron la entrega con que se le diera participación al presidente Hugo Chavez y que se despejaran militarmente los municipios de Florida y Pradera para iniciar las negociaciones.

El presidente Uribe avaló la intervención de Cruz Roja Internacional y descartó figuras internacionales en posibles liberaciones alegando que "simplemente terminan creándole dificultades a las relaciones internacionales del país", al tiempo que la senadora Piedad Córdoba anunciaba que estaba dispuesta a hablar con el Presidente Álvaro Uribe y el ex presidente Ernesto Samper pidió al gobierno no descartar mediación internacional por parte los Gobiernos de Argentina, Brasil y Venezuela. El 24 de diciembre de 2008, la Cruz Roja Internacional estableció contactos con el gobierno y con las Farc, para establecer las condiciones en las que serían liberados los seis secuestrados, después del anuncio hecho por las FARC.

El 31 de diciembre de 2008, el diario colombiano El Espectador informó que los contactos confidenciales y por separado entre el Gobierno y las Farc con el Comité Internacional de la Cruz Roja continuaban y solo esperaban que el grupo guerrillero entregara las coordenadas para la liberación de los secuestrados.

El gobierno de Alvaro Uribe y los voceros de las Farc acordaron que se pidiera la ayuda del gobierno brasileño, por ser el de mayor neutralidad entre los paises que han participado anteriormente, como los incidentes diplomáticos que surgieron entre el gobierno Uribe y el gobierno del venezolano Hugo Chávez durante la Operación Emmanuel.

El 29 de enero de 2009, la senadora colombiana Piedad Córdoba dijo a los medios de comunicación colombianos, que el ex gobernador del Meta, Alan Jara había estado cerca de perder la vida y dijo al respecto: "Hace como cuatro días nos dijeron que casi matan a Alan Jara (...) ustedes saben que nosotros estamos haciendo esta tarea en medio de la política de seguridad democrática, es decir, lo que significa la persecución y bombardeos, y el miedo es que nos puedan matar un secuestrado".

Por su parte el ministro colombiano de Defensa Nacional, Juan Manuel Santos, coordinó operaciones de sobrevuelo con los brasileros y los altos mandos militares colombianos, para el curso a tomar en la operación, incluyendo los aeropuertos que fueron autorizados y otra acomodaciones.

Según un artículo del diario estadounidense El Nuevo Herald, indígenas de la étnia Tatuyo, que habitan zona fronteriza selvática entre el departamento colombiano de Vaupés y Brasil, habrían declarado haber visto a los uniformados secuestrados por las Farc en territorio brasileño, "un grupo de más de 15 personas muy enfermas" dijeron.

La operación se inició el viernes, 30 de enero de 2009, a las 9:00 a.m. (UTC-5) con el viaje de la senadora colombiana Piedad Córdoba, delegados del Cicr, la activista de derechos humanos Olga Amparo Sánchez, y los periodistas miembros de "Colombianos por la Paz", Jorge Enrique Botero y Daniel Samper Pizano a bordo de un avión King 300 de la Fuerza Aérea de Colombia, que los llevaría a Brasil.

Durante el viaje se realizarán tres escalas en la región Amazónica entre Colombia y Brasil, hasta llegar a la localidad brasileña de São Gabriel da Cachoeira, Estado de Amazonas a unos 900 kilómetros de distancia en línea recta, desde Bogotá. El Gobierno brasileño del presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha mantenido prudencia sobre la liberación y el Ejército de Brasil negó dar detalles oficialmente de la operación alegando que está en manos del Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr).

Para la segunda fase de la operación, el gobierno de Brasil facilitó dos helicópteros Cougar 532UE con capacidad para 25 personas cada uno, que llevaran a los intermediarios hacia territorio colombiano nuevamente y aterrrizar en San José del Guaviare, departamento del Guaviare, portando los emblemas del Cicr. Tendrán un helicóptero Black Hawk de salvamento de la Fuerza Aérea de Colombia, para un eventual percance.

El equipo brasileño estaría integrado por 4 pilotos, 4 mecánicos, 2 técnicos en comunicaciones, 4 especialistas en mantenimiento y un coordinador, ademas de otros que hacen parte del aeronáutico del 4to Batallón de Aviación del Ejército de Brasil con sede en la ciudad de Manaos, sede de 18 militares, incluyendo los pilotos. En la operacion de rescate 5 de estos participaran en la mision, mientras que la otra aeronave quedara en territorio brasileño ante un eventual percance. Los militares brasileros tendran prohibido el porte de cámaras fotográficas o video. 36 horas antes del inicio de la operación se hizo un contacto con el ministro colombiano de Defensa, Juan Manuel Santos y con el jefe de las Fuerzas Armadas, general Freddy Padilla de León, para coordinar la entrada de las aeronaves una vez se realice un despeje militar de la zona.

Sin embargo, durante la fase II, la misión se retrasó debido al mal clima en la zona de la operación. Los dos helicópteros Cougar, dispuestos por el Ejército brasileño para la misión, llegaron a las 7:00 p.m. (UTC-5) a Florencia, capital del Caquetá ya que por problemas climáticos tampoco pudieron aterrizar en San José del Guaviare.

Walter José Lozano Guarnizo (nacido el 5 de abril de 1973 en Ibagué, Tolima) es un agente de policía colombiano, miembro del grupo Gaula de la Policía Nacional de Colombia. Lozano fue secuestrado por el Frente 15 de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) el 9 de junio de 2007 cuando se dirigía a la población de Cartagena del Chairá en misión especial. En ese momento llevaba 15 años de servicio en la policía. Fue secuestrado como parte del plan de secuestrar miembros de la fuerza pública para presionar a un "acuerdo humanitario" e intercambiarlos por guerrilleros presos. Lozano fue incluido entre los posibles uniformados elegidos para ser liberados por las FARC en enero de 2009, junto a los patrulleros Juan Fernando Galicia Uribe y Alexis Torres Zapata de la Policía Nacional y el soldado profesional del Ejército William Giovanni Domínguez Castro, según Colprensa. Sin embargo, estos datos no fueron confirmados oficialmente por la senadora Piedad Córdoba, ni por miembros de la Ong Colombianos por la Paz, quienes se han apersonado de la operación de rescate.

Patrullero Juan Fernando Galicia Uribe (nacido el 21 de mayo de 1981 en Ituango, Antioquia) es un policía colombiano, miebro de la Policía Nacional de Colombia. Lozano fue secuestrado por el Frente 15 de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) el 9 de junio de 2007 cuando se dirigía a la población de Cartagena del Chairá en misión especial. En ese momento llevaba 7 años de servicio en la policía.

Galicia fue incluido entre los posibles uniformados elegidos para ser liberados por las FARC en enero de 2009, junto a los patrulleros Walter José Lozano Guarnizo y Alexis Torres Zapata de la Policía Nacional y el soldado profesional del Ejército William Giovanni Domínguez Castro, según Colprensa. Sin embargo, estos datos no fueron confirmados oficialmente por la senadora Piedad Córdoba, ni por miembros de la Ong Colombianos por la Paz, quienes se han apersonado de la operación de rescate.

El Patrullero Alexis Torres Zapata (nacido en 1982 en Andalucia, Valle del Cauca) es un policia colombiano, miembro de la Policía Nacional de Colombia. Ingresó a la Policía Nacional el 10 de enero de 2002 y laboraba para la Dijín seccional Neiva cuando fue secuestrado por la guerrilla de las FARC. Alexis es hijo de María Jovita Zapata y Arnul Torres Pérez, su padre. Es el menor de seis hijos.

Torres fue secuestrado por el Frente 15 de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) el 9 de junio de 2007 cuando se dirigía a la población de Cartagena del Chairá en misión especial. En ese momento llevaba 15 años de servicio en la policía. Fue secuestrado como parte del plan de secuestrar miembros de la fuerza pública para presionar a un "acuerdo humanitario" e intercambiarlos por guerrilleros presos.

William Giovanni Domínguez Castro es un soldado profesional colombiano, miembro del Ejército Nacional de Colombia. Fue secuestrado el 20 de enero de 2007 en el municipio de Florencia, departamento del Caquetá y liberado el 2 de febrero de 2009. Seis meses después su secuestro fue confirmado, cuando su familia recibió un video con mensajes de supervivencia. En dicho video, Dominguez dijo haber visto a la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, secuestrada desde el 2002, y a su compañera y candidata a vice presidenta Clara Rojas. El video fue grabado en octubre y enviado al canal internacional de noticias Al Jazeera. Tras el escape del sub intendente John Frank Pinchao, éste desmintió las afirmaciones de Dominguez. Tras la Operación Jaque se corroboró la versión de Pinchao.

Según la senadora colombiana, Piedad Córdoba, el domingo 1 de febrero de 2009, partiran a las 3:00 AM o 4:00 AM (UTC-5) desde la población de Florencia, hacia el sitio en el que las Farc tendrán a tres policías y un militar secuestrados. Antes de llegar y cuando estén en vuelo, la senadora Córdoba recibirá por radio las coordenadas del lugar exacto del lugar de la liberación. Tras recibir a los uniformados secuestrados, se procederá a llevarlos a Villavicencio, departamento del Meta, y donde planean llegar a las 12:00 PM (UTC-5).

El diario El País de Cali informó que los uniformados que quedarían en libertad serían los policías Walter José Lozano Guarnizo, Juan Fernando Galicia Uribe y Alexis Torres Zapata, y el soldado profesional William Giovanni Domínguez, citando a una fuente de Colprensa.

Según la cadena colombiana de noticias Caracol Radio, habrá un grupo que coordinará las tareas de los intelectuales y políticos que acompañarán el proceso de liberación en el Aeropuerto Vanguardia de la ciudad de Villavicencio, y a donde llegaran los uniformados y Alan jara. Estarán Iván Cepeda Castro, la ex alcaldesa de Apartadó, Gloria Cuartas y el profesor Gustavo Moncayo, padre del cabo Pablo Emilio Moncayo, en poder de las Farc desde 1997. También tienen planeado desplazarse a la ciudad de Cali para recibir a Sigifredo López, María Teresa de Mendieta, esposa del general Luis Mendieta, la representante a la Cámara, Clara Pinillos, el director del Semanario Voz, Carlos Lozano Guillén y el cineasta Lisandro Duque Naranjo.

El ministro de Defensa Nacional Juan Manuel Santos afirmó que las operaciones militares fueron suspendidas por 36 horas en el corredor humanitario que básicamente se concentra en el departamento del Caquetá.

Los helicópteros brasileños, identificados con los símbolos de la Cruz Roja Internacional, despegaron pasadas las 8:00 AM (UTC-5) del aeropuerto de Florencia, ya que persitió el mal tiempo en la zona de la liberación. El 1 de febrero fueron liberados, como se habia especulado, los agentes de la Policía Wálter José Lozano Guarnizo, Juan Fernando Galicia Uribe y Alexis Torres Zapata, y el soldado profesional del Ejército William Giovanni Domínguez Castro.

A las 9:56 a.m. (UTC-5), se supo que los dos helicópteros ya se encontraban en el lugar indicado, en un lugar no detallado en el departamento del Caquetá. Casi una hora después, 10:39 a.m. los secuestrados son entregados a la Misión Humanitaria encabezada por Piedad Cordoba.

Con un inesperado retraso a las 2:45 p.m., el canal TeleSur informó a través de una entrevista telefónica con el periodista Jorge Enrique Botero, integrante de la Comisión de "Colombianos por la Paz", que les acababan de entregar a los secuestrados y no a las 10:30 a.m.

La cadena de noticias TeleSur, con información corroborada por el periodista Jorge Enrique Botero, informó que se presentaron combates entre el Ejército Nacional de Colombia y guerrilleros de las Farc que debian entregarle los secuestrados a la comisión. Según informó el canal, el Ejército habría seguido a los helicópeteros donde se desplazaba la comisión. Uno de los jefes de las FARC, con el alias de "Jairo Martínez", comandante guerrillero encargado de entregar los secuestrados a la operacion humanitaria en tierra dijo que un guerrillero de alias "Saúl" habia muerto en los comabtes y que uno de los guardias de los prisioneros está desaparecido o retenido por el Ejército de Colombia. Botero asegró tener un video de los hostigamientos realizados por aeronaves. El Comisionado de Paz colombiano Luis Carlos Restrepo desmintió que se hubiera dado tal combate, alegando que los miembros del Cicr no les habia comunicado nada acerca de dichos hostigamientos. El Comisionado de Paz, Restrepo acusó a Botero de haber roto el protocolo de la entrega de los secuestrados porque el único autorizado para dar información desde la zona de liberación era el Cicr, al tiempo que confirmaba que los liberados se encontraban en buen estado de salud.

Durante la estancia de la comisión humanitaria se presentaron caminando dos periodistas al punto donde se iba a efectuar la entrega de los secuestrados. Uno de esos periodistas fue Holman Morris. Según inteligencia del Ejército colombiano el grupo de guerrilleros eran miembros de la Compañía 'Miller Chacón' de las FARC al mando de Luis Emiro Mosquera alias "El negro Mosquera".

A las 5:02 p.m. (UTC-5), Yves Heller, representante del Cicr, confirmó que los secuestrados habian sido entregados a la misión humanitaria y el Cicr habi informado a sus familiares. El Cicr agradeció a las partes que participaron en la operación y que permitieron el éxito de la liberación. En el comunicado el Cicr no mencionó que se hubieran presentado complicaciones por supuestos operativos militares.

Por el retraso en la operación, el gobierno tuvo que enviar los aviones que llevarían a los secuestrados liberados de Villavicencio a Bogotá. El Aeropuerto Vanguardia de Villavicencio, después de las 6:00 PM no puede recibir o permitir el despegue de aeronaves ya que no tiene luces para operaciones nocturnas.

Los secuestrados serían dejados por los helicópteros en el Aeropuerto Vanguardia, y de Villavicencio seran trasladados en otro helicóptero hacia la Base militar de Apiay que si está acondicionada para operaciones nocturnas.

Los dos helicópteros brasileños con los secuestrados aterrizaron a las 7:00 p.m., en el Aeropuerto Vanguardia de Villavicencio, donde fueron recibidos por el Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo y algunos miembros de "Colombianos por la Paz". Luego fueron llevados en otro helicóptero del gobierno hacia la base militar de Apiay, donde tomaron un avión que los llevó a Bogotá.

El gobierno Uribe reconoció que se habían efectuado sobrevuelos sobre el área donde se llevaron a cabo las liberaciones, pero alegó que bajo conocimiento y previo acuerdo con el Cicr, y el que estipulaba que se podría sobrevolar a una altura sobre los 6.600 msnm.

Por petición del Cicr, el gobierno terminó aceptando la continuación de la senadora Córdoba. En respuesta Córdoba pidió al gobierno la inclusión de un delegado más para que la acompañara.

El periodista Jorge Enrique Botero, generó polémica por haber tomado fotografías y videos del momento de la liberación, además de haberle concedido una entrevista a la cadena de noticias TeleSur, vía telefónica y de la que tiempo atrás fue director. Como miembro de la Comisión Humanitaria, Botero habría dado o vendido a la agencia de noticias AP, provocó la protesta de otros medios de comunicación. Botero respondió que su intenció no había sido la de darle prioridad a alguien en particular y que no había recibido ningún dinero a cambio del material. El gobierno colombiano había estipulado que el uso de aparatos de video o de registro quedaban vetados. En cuanto a la entrevista con la cadena de noticias TeleSur, Botero dijo que ningún otro medio había contestado a su llamada.

Tras conocer que el periodista Hollman Morris y Camilo Raigozo, del semanario Voz, habían estado presenten en el lugar donde la comisión recibió a los secuestrados, el ministro de Defensa Juan Manuel Santos cuestionó al periodista y se preguntó cómo habían logrado conseguir las coordenadas del sitio. Tras abandonar el Morris y Raigozo fueron abordados por tropas Batallón "Héroes de Guapí" del Ejército de Colombia en la localidad de Unión Peneya, en el departamento de Caquetá, tras regresar por vía terrestre del sitio donde se produjo la liberación. Los periodistas Morris y Raigozo se cruzaron en medio del operativo de liberación, cuando las partes en conflicto habían acordado para que no hubiera prensa en el momento de las liberaciones, por lo que se crearon roces entre el gobierno y la comisión de Colombianos por la Paz, y la casi suspesión de la misión humanitaria. El ministro Santos calificó la presencia y entrevistas de Morris como "apología a la violencia" y lo calificó como "afín a la guerrilla", entrevistas que el mismo Morris dijo haber reconocido como fabricadas por los liberados, ya que aun estaban aun en poder de la Farc. Morris tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que obliga al gobierno a proteger al periodista y abstenerse de atacar periodistas que le son críticos o presentan información que hace parte de su libertad de expresión. Santos alegó que Morris se había sometido a riesgo extremo al estar presente en una zona de alto riesgo, sin informar al Estado "del cual demanda protección". Moris afirmó haber logrado la entrevista una semana antes, por autorización de un comandante guerrillero. Morris también afirmó no saber que iba a entrevistar a los que iban a ser liberados.

Tras ser liberados, los agentes de policia y el soldado narraron que las Farc hicieron montajes con las pruebas de supervivencia, mintiendo sobre el tiempo y las fechas. Walter Lozano dijo que en las primeras pruebas, adulteraron las fechas del video de supervivencia en 2007, y les habían dado un libreto del cual tuvieron que leer y decir que estaban en 2008. Según el patrullero Alexis Torres, los guerrilleros de las Farc pretendian modificar la información para confundir a los medios de comunicación y a los militares.

El soldado Geovanny Domínguez, mostró una cinta negra que utilizó para ponerse en el cuello y evitar que el óxido de las cadenas no le rasparan el cuello. Además de relatar que cuando tenian diferencias con sus captores, éstos le castigaban ammarrandole a un árbol o quitandole el radio con el que escuchaban los programas radiales desde donde familiares les enviaban mensajes. Constantemente los amenazaron con quitarles la vida si no accedian a hacer lo que las Farc querían.

Para el lunes, 2 de febrero de 2009 se tienia planeada la liberación del ex gobernador del departamento del Meta, Alan Jara. Sin embargo por los incidentes presentados en la primera liberación, la fecha se atrasó para el 3 de febrero.

A las 7:30 AM (UTC-5) del 3 de febrero, el alto comisionado para la paz, Luis Carlos Restrepo, no le permitió inicialmente a la prensa que cubriría la llegada de Alan Jara, aduciendo que se ponía en riesgo la operación, com oocurrió con la liberación durante la tercera fase. Solo hasta le medio día dejaron entrar a los periodistas.

La comisión humanitaria partió a las 9:00 AM (UTC-5) desde el Aeropuerto Vanguardia de Villavicencio. Según Yves Heller, vocero del Cicr, en el helicóptero que viajó a recibir al ex gobernador del departamento del Meta, Alan Jara viajaron tres delegados del Cicr, la senadora Piedad Córdoba y cinco tripulantes brasileños.

Jara descendió del helicóptero a las 2:13 PM (UTC-5) y se abrazó con su esposa Claudia Rugeles y su único hijo Alan Felipe, de 15 años. Los tres se juntaron en un solo abrazo y lloraron. El ex gobernador, en pantalones jeans y camisa a rayas con un morral a la espalda y del que colgaba una olla, llevaba también un poncho en su cuello.

Tras su liberación Jara dio una rueda de prensa en la que narró la experiencia de su secuestro, criticó al presidente Alvaro Uribe por no realizar el "acuerdo humanitario" con las Farc y agradeció a Piedad Córdoba, los miembros de "Colombianos por la Paz" y al ex presidente de Colombia, Ernesto Samper. Entre los comentarios de que hizo Jara mencionó que las "Farc no estaban derrotadas" y que la solución al conflicto armado colombiano era "política".

Jara Narró que compartió cautiverio con el cabo Libio José Martínez, el cabo Pablo Emilio Moncayo, el General de la policia Luis Mendieta y el teniente Enrique Murillo entre otros uniformados que llevan más de una década secuestrados.

El canciller colombiano Jaime Bermúdez, agradeció la ayuda prestada por Brasil para facilitar la liberación de los secuestrados por las Farc, exaltando al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, al ministro de Exteriores Celso Amorim y al embajador de Brasil en Bogotá Valdemar Carneiro Leao.

Tras los hechos ocurridos durante la mañana, en la que el Comisionado de Paz Luis Carlos Restrepo, impidió a los medios de comunicación la covertura de las liberaciones, el comisionado viajó a Bogotá, donde le presentó personalmente su renuncia al presidente Uribe. El General y director de la Policía Nacional de Colombia, Óscar Naranjo lo reemplazó en sus funciones para continuar con las labores de oganización de la próxima liberación que sería la de Sigifredo López desde la ciudad de Cali.

El martes, 3 de febrero de 2009, los intermediarios tienían planeado viajar desde Villavicencio hasta la ciudad de Cali, departamento del Valle del Cauca para desde ahí preparar el viaje del ex diputado del Valle del Cauca, Sigifredo López. Tras los incidentes presentados durante la primera entrega de secuestrados, el viaje de Villavicencio a Cali se realizó el miércoles 4 de febrero. A las 11:00 AM (UTC-5), los helicópteros brasileños llegaron al Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Palmira, el cual presta servicios a la ciudad de Cali.

Para el miércoles, 5 de febrero de 2009, se planeó la liberación del ex diputado del Valle del Cauca, Sigifredo López en el Valle del Cauca.

Tras el anuncio de la senadora colombiana Piedad Córoba de haber recibido las coordenas del sitio de entrega, los helicópteros partieron del Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón con la comisión humanitaria a las 8:50 AM (UTC-5). Estimaron que la operación tendría una duración de 5 a 6 horas dependiendo del estado del clima en la región.

La comisión regresó al aeropuerto con el ex diputado Sigifredo López a las 2:00 p.m., siendo llevado después a la Plaza de San Francisco en el centro de Cali, donde le rindieron un homenaje y dio declaraciones a la prensa.

López hizo un llamado al presidente Álvaro Uribe y a las Farc para que se sienten a negociar un acuerdo humanitario. También relató su versión sobre la muerte de sus 11 compañeros diputados y cómo logró salvarse.

El ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, estuvo presente en la llegada de López al aeropuerto tras su liberación en representación del Gobierno asumiendo funciones temporales del comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, quien presentó su renuncia tras el incidente con los medios de comunicación en Villavicencio. Se especuló que el reemplazo de Restrepo sería Frank Pearl, quien trabaja como Alto Consejero Presidencial para la Reintegración.

Al principio



Operación Fénix

La muerte de Raúl Reyes desató un incidente diplomático regional.

La Operación Fénix, también llamado bombardeo de Angostura fue un ataque de la Fuerza Aérea de Colombia, con la posterior incursión de helicópteros y personal militar, realizado en una zona selvática denominada Angostura en las cercanías de la población Santa Rosa de Yanamaru, en la provincia ecuatoriana de Sucumbíos, el día 1 de marzo de 2008, causando la muerte de 22 personas, incluyendo el segundo comandante en rango del grupo terrorista Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), quienes se encontraban en un campamento guerrillero. El ataque produjo una crisis diplomática regional en torno a la violación colombiana de la soberanía territorial ecuatoriana.

Los comuneros locales conocen el sector bombardeado como de Angostura, ubicado en lado ecuatoriano a unos 2 kilómetros de Colombia, para acceder es necesario sobrevolar en helicóptero y luego caminar dos horas y media por medio de la selva virgen y con un sol que pone la temperatura a al menos 38 grados.

El ataque comenzó a las 00:25. El campamento del guerrillero Raúl Reyes se encontraba en Ecuador a unos 1.800 metros de la frontera con Colombia. La operación militar colombiana, llamada operación Fénix, contó con la participación de la Policía, el Ejército y de la Fuerza Aérea Colombiana.

La localización del campamento fue posible gracias a un informante y, según declaraciones de una fuente militar anónima, a que Raúl Reyes hizo uso de un teléfono satelital para recibir el 27 de febrero una llamada de Hugo Chávez, quien le informó sobre la liberación de rehenes de aquel día. Entre sus pertenencias estaban una argolla de matrimonio y un reloj Rolex, el cual facilitó la identificación del cadáver.

Según informó el Ministerio de Defensa de Colombia, durante el ingreso de helicópteros colombianos a la zona de los hechos se encontraron con fuego enemigo desde el campamento de las FARC, y como consecuencia murió el soldado profesional Carlos Hernández León.

El presidente Rafael Correa ordenó una investigación de los hechos tras ser informado del incidente por su par colombiano Álvaro Uribe Vélez. Según las autoridades ecuatorianas que acudieron a la escena de los hechos y encontraron los cadáveres de al menos quince guerrilleros, muchos de los muertos vestían paños menores y pijamas cuando su campamento fue bombardeado por Colombia utilizando "tecnología de punta", registrándose como resultado lo que el presidente Correa calificó de "masacre" y no un enfrentamiento o "persecución en caliente". También se encontraron tres mujeres heridas en el campamento.

El ministro de defensa del Ecuador, Wellington Sandoval, declaró que el armamento utilizado en el bombardeo correspondía con la descripción de las bombas inteligentes guiadas por satélite. El ministro dijo que se utilizaron un total de cinco bombas inteligentes en el bombardeo.

Las tropas ecuatorianas encontraron un campamento que contaba con una red de áreas de entrenamiento, dormitorios, áreas de cocina y para guardar provisiones. Encontraron ropa, documentación, equipos electrónicos de entretenimiento y de comunicación, al igual que generadores para abastecerlos de energía. Después del bombardeo se observaron pedazos de uniformes camuflados que colgaban de las ramas de las copas de los árboles más de 30 metros arriba del suelo, como resultado del ataque. Los misiles abrieron cráteres profundos, en forma totalmente circular, de al menos unos 5 metros de diámetro cada uno, y abrieron un claro amplio a través de la espesa vegetación.

Luis Edgar Devia Silva, alias Raúl Reyes, (La Plata, Huila, 30 de septiembre de 1948 - Santa Rosa de Yanamaru, Ecuador, 1 de marzo de 2008) fue un guerrillero colombiano, considerado como terrorista por el Estado Colombiano, y muchos estados en el mundo, miembro del Secretariado, portavoz y asesor del Bloque del Sur de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, grupo calificado por la Unión Europea, Estados Unidos, OEA, ONU, y otros países como terroristas. Antes de unirse a las FARC fue sindicalista y político local.

Contra ‘Raúl Reyes’ habían varias condenas y 25 ordenes de captura por terrorismo, homicidio agravado, narcotráfico, secuestro con fines terroristas, rebelión, lesiones personales y porte ilegal de armas.

Estos son algunos de sus procesos.

Inicialmente se informó de la muerte de Guillermo Enrique Torres Cueter, alias Julián Conrado, ideólogo y compositor musical de las FARC, cuyo presunto cuerpo fue trasladado a Bogotá después de la operación militar. El 3 de marzo, el director de Medicina Legal en esa ciudad, Pedro Franco, descartó que el cuerpo encontrado fuese el de Conrado.

A mediados del mes de marzo, los padres del ecuatoriano Franklin Guillermo Aisalla, un cerrajero de Quito cuyo paradero se desconocía desde el 21 de febrero, lo identificaron al ver fotografías del cadáver y afirmaron que había sido "confundido" por las autoridades colombianas. La familia anunció que viajaría a Bogotá para identificar y reclamar el cuerpo. Las autoridades ecuatorianas abrieron una investigación.

El 22 de marzo, el presidente ecuatoriano Rafael Correa advirtió que emprendería una "dura lucha diplomática" contra el gobierno colombiano de confirmarse la muerte de un ecuatoriano. Al mismo tiempo, instó a la OEA a "actuar de forma contundente" en tal caso. En un comunicado, la Casa de Nariño, sede de la presidencia colombiana, respondió ese día afirmando que acataría las decisiones de la OEA sobre el incidente.

El 24 de marzo, en un comunicado del Ministerio de Defensa de Colombia se afirmó que el cadáver correspondería al del guerrillero Franklin Ponelia Molina, alias Lucho, quien junto con Nubia Calderón, alias Esperanza, había sido investigado en el 2004 por "proporcionar identificaciones falsas a otros guerrilleros y de facilitar su desplazamiento dentro de Ecuador". El Ministerio agregó que al comparar las fotografías de Ponelia Molina y Aisalla "posiblemente" se trataría de la misma persona, siendo necesaria su confirmación.

El 27 de marzo, el Ministro de Defensa de Ecuador, Wellington Sandoval, afirmó que Aisalla fue investigado por presuntos vínculos con las FARC, inicialmente por la inteligencia militar ecuatoriana de 2003 a 2005 y luego por la policía. Según el ministro, dicha investigación "aún no ha concluido". El presidente Rafael Correa declaró que "si Aisalla era delincuente, guerrillero, no justifica que se asesine a un ecuatoriano en suelo de Ecuador por tropas extranjeras" y que su gobierno "no va a permitir que este caso quede en la impunidad".

El cuerpo de Aisalla fue enviado de vuelta a Quito ese mismo día. Su padre, Guillermo Aisalla, negó que su hijo fuera miembro de las FARC y dijo estar satisfecho de que las autoridades ecuatorianas reabrieran una investigación al respecto. La Fiscalía ecuatoriana anunció que se hará un "examen complementario" del cuerpo para determinar la causa de muerte.

El 28 de marzo, Marcelo Jácome, jefe forense de Medicina Legal de la Policía de Ecuador, informó que la autopsia indicaba que Aisalla murió por "una laceración cerebral y una fractura de cráneo efecto de una onda explosiva". Según el funcionario, no se presentaron disparos en el cuerpo.

El 6 de mayo, el gobierno ecuatoriano presentó los resultados de varios informes forenses preeliminares, después de estudiar el cadáver de Aisalla y los de otras tres personas sin identificar. Según el gobierno, los informes indican que Aisalla no habría muerto por la onda explosiva ni por un disparo ubicado en su región dorsal, sino como consecuencia de un trauma craneoencefálico, presuntamente provocado por un objeto cuadrangular usado en una serie de golpes contundentes, uno de ellos en la nuca, y que probablemente se encontraba arrodillado al momento de su muerte. El gobierno ecuatoriano sospecha que se habría presentado una ejecución en los casos de Aisalla y las otras tres personas examinadas. El ministro de Gobierno, Fernando Bustamante, dijo ignorar si Aisalla murió en Angostura o en Bogotá. La canciller María Isabel Salvador solicitará a Colombia, a través de la embajada Argentina en Bogotá, el informe completo de la autopsia realizada a Aisalla, buscando aclarar las situación.

El 7 de mayo, el general Freddy Padilla de León, Comandante de las FF.MM. colombianas, afirmó que durante la operación militar se respetaron el derecho internacional y las leyes colombianas. El general Padilla dijo que la muerte de Aisalla se produjo como consecuencia de la acción de un artefacto metálico, pero dijo que no correspondería a un golpe de gracia. Ese mismo día, la cancillería colombiana emitió un comunicado rechazando las declaraciones de los miembros del gabinete ecuatoriano y anexando un informe pericial de la necroscopia realizada al cuerpo de Aisalla en Bogotá, remitido al Ecuador y a la OEA. El canciller Fernando Araújo calificó de "irregular" la divulgación de los informes forenses ecuatorianos dos meses después de los hechos, y dijo que el examen de Medicina Legal, siguiendo el protocolo de Minnessota, no encontró señales de una ejecución extrajudicial. Según el canciller, la necroscopia indica que las causas de la muerte de Aisalla fueron "lesiones por elementos explosivos y penetrantes que comprometieron severamente el cráneo y las estructuras encefálicas y vísceras toracoabdominales".

Los estudiantes Soren Ulises Avilés Ángeles, Fernando Franco Delgado, Juan González del Castillo y Verónica Natalia Velásquez Ramírez, todos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fueron identificados por el gobierno ecuatoriano como desaparecidos que podrían estar entre los muertos hallados en el campamento de las FARC. Según el secretario ejecutivo de la Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos, Juan de Dios Parra, los estudiantes habían participado en un congreso bolivariano que se realizó en Ecuador durante el mes de febrero.

El martes 18 de marzo, la identidad de los cuerpos de los mexicanos fue confirmada oficialmente por las autoridades ecuatorianas. Ese mismo día, en un informe la policía de Ecuador afirmó que los estudiantes, quienes según el informe se encontraban juntos y vestidos de civil, murieron "por efecto de la onda expansiva del bombardeo y no por heridas de bala". Al día siguiente, los restos fueron cremados y posteriormente enviados a México.

El 2 de marzo, el gobierno de Ecuador reportó el hallazago de 3 mujeres sobrevivientes a los ataques. La única que fue identificada al momento fue la estudiante mexicana de 21 años, Lucía Morett Álvarez, una estudiante de filosofía de la UNAM. Posteriormente se dieron a conocer los nombres de las colombianas Martha Pérez, de 24 años y Diana González.

En un video difundido el 16 de marzo del 2008 por la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos con sede en Ecuador, Lucía Morett relató su versión de los hechos. Afirmó en el video que se encontraba durmiendo durante los bombardeos al campamento, que luego "llegaron personas disparando. Yo alcance a oír gente que contaba muertos, gente que gritaba, que decía: 'estoy herido, ayuda!', y otra que decía: 'denle bala, denle bala!', y después, disparos", y acusó a soldados y policías colombianos de hacerle "hostigamiento sexual" mientras le cambiaban la ropa y le daban los primeros auxilios. Según Morett, la visita al campamento fue organizada por los otros mexicanos que murieron en el ataque, y el motivo de la misma fue conocer "cómo ahí en ese campamento se llevan a cabo actividades culturales".

Mientras tanto, el 18 de enero de 2009 fue requerida en extradición por Ecuador, y se dice que mintió a las autoridades al negar su relación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), tras sobrevivir al ataque, afirmó el fiscal general Washington Pesántez.

Poco antes de que viajaran a Nicaragua, la fiscalía ecuatoriana pidió prisión para las tres por su relación con el grupo guerrillero atacado por Colombia, acción que provocó la ruptura de relaciones diplomáticas entre Bogotá y Quito.

Morett, en una versión libre, “se declaró totalmente inocente, pero después aparecieron videos (...) y ahí acepta ciertos contactos” con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, señaló Pesántez al canal de televisión Ecuavisa.

El fiscal afirmó que la mexicana “le mintió”, y culpó a un juez ecuatoriano de no haber procedido a tiempo con la orden de captura para evitar la salida de las tres implicadas.

Estudiante de filosofía de 28 años, Morett Álvarez ha negado cualquier relación con las FARC y justificado su presencia en el campamento clandestino que tenía ese grupo en Ecuador como parte de una tesis que venía realizando sobre arte revolucionario.

De ser hallada culpable, la estudiante mexicana podría enfrentar una condena de por lo menos cuatro años de prisión.

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