Extorsión

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Publicado por roy 27/03/2009 @ 04:16

Tags : extorsión, criminalidad, sociedad

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Extorsión

La extorsión es un delito consistente en obligar a una persona, a través de la utilización de violencia o intimidación, a realizar u omitir un acto o negocio jurídico con ánimo de lucro y con la intención de producir un perjuicio de carácter patrimonial o bien del sujeto pasivo, bien de un tercero.

Es una figura que se encuentra entre los delitos de apoderamiento, ya que hay ánimo de lucro; los delitos de estafa, porque requiere una actuación por parte del sujeto pasivo consistente en la realización u omisión de un acto o negocio jurídico; y el delito de amenazas condicionales, porque el sujeto activo coacciona al pasivo para la realización del negocio jurídico.

Este delito tiene una ubicación independiente, por lo cual, aunque guarde relación, es una figura distinta con sus propias características. Además, es un delito pluriofensivo, ya que no se ataca sólo a un bien jurídico, sino a más de uno: propiedad, integridad física y libertad.

En cuanto al momento de la consumación, no se puede esperar a que tenga efectos, porque en el ámbito civil ese acto nunca los tendría. Se puede dar tentativa cuando ese acto de violencia no alcanza su objetivo, siendo una tentativa inacabada.

En el aspecto subjetivo, la extorsión requiere de la existencia de ánimo de lucro por parte del sujeto. Este es más extenso que en el delito de hurto o robo, porque no sólo será la ventaja patrimonial sino que, además, debe esta derivarse de la lesión a la libertad del sujeto pasivo. La ventaja patrimonial se puede exigir para una tercera persona, aunque esta no tenga ningún conocimiento. Además puede afectar bien al patrimonio del sujeto pasivo, bien al de un tercero..

El art. 243 del CP español dice que “El que, con ánimo de lucro, obligare a otro, con violencia o intimidación, a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o del de un tercero, será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física realizados”.

El artículo 200º del Código Penal peruano regula el delito de Extorsión: "El que mediante violencia, amenaza o manteniendo en rehén a una persona, obliga a ésta o a otra a otorgar al agente o a un tercero una ventaja económica indebida o de cualquier otra índole." Asimismo, contempla como circunstancias agravantes: 1. Dura más de cinco días. 2. Se emplea crueldad contra el rehén. 3. El agraviado o el agente ejerce función pública o privada o es representante diplomático. 4. El rehén adolece de enfermedad. 5. Es cometido por dos o más personas. Y sanciona con cadena perpetua si el rehén es menor de edad, mayor de sesenta y cinco años o discapacitado o si la víctima sufre lesiones en su integridad física o mental o si fallece a consecuencia de dicho acto.

El Código Penal guatemalteco define la extorsión en su artículo 261º. "Quien, para procurar un lucro injusto o para defraudarlo obligare a otro, con violencia, a firmar, suscribir, otorgar, destruir o entregar algún documento, a contraer una obligación o a condonarla o a renunciar a algún derecho, será sancionado con prisión de uno a seis años".

Al principio



Extorsión telefónica

La extorsión telefónica o secuestro virtual es una modalidad de secuestro iniciado en México desde 2001 con el impulso masivo de los teléfonos celulares. Es posiblemente derivado del secuestro express, es básicamente una "extorsión telefónica", se calcula que cada extorsionador hace un aproximado de siete mil llamadas al mes actualmente.

Al principio afectaba más a personas con familiares en el extranjeros o ausentes y su modalidad consistía en engañar al familiar identificándose con un policía, médico o agente aduanal pidiendo dinero para sacar de la cárcel, pagar una multa o tratamiento médico de la supuesta víctima.

En muchos casos se conocía a las víctimas.

Surgieron modalidades mediante el uso de directorio telefónicos por delincuentes que hacen dichas llamadas desde los reclusorios usando celulares.

La modalidad de secuestro express usa un lenguaje agresivo, a veces simulando la voz del supuesto secuestrado en el que se intenta obligar al pago de un rescate en unas pocas horas. Por lo general los delincuentes dentro de las cárceles tienen ayuda del exterior para completar el fraude.

Dentro de sus variantes existen la extorsión telefónica y fraude telefónico; el primero consiste en amenazar con secuestrar o dañar a algún pariente si no se deposita cierta cantidad de dinero en una cuenta de banco que por lo general es abierta únicamente para la transacción y es cancelada tan pronto se haya concluido la misma, el extorsionador puede fingir ser miembro de alguna corporación policíaca o grupo delictivo (Cartel Zetas o Cartel del narcotráfico).

El fraude telefónico es aquel en el que notifica al "ganador" que ha sido acreedor a algún tipo de premio, otorgado por alguna "empresa" (generalmente crediticia o de teléfonos celulares), y que para poder reclamar el premio, el "ganador" debe comprar tarjetas de celular y darle los números de las mismas al que nos está llamando. A la fecha ninguna supuesta víctima ha reportado ningún percance que pudiera deberse a represalias por no haber seguido las "indicaciones" de estos extorsionadores o defraudadores.

Al principio



Euskadi Ta Askatasuna

Miembros de Euskadi Ta Askatasuna (ETA) disparan salvas al aire en el Gudari Eguna de Aritxulegi, Oiartzun, Guipúzcoa, el 25 de septiembre de 2006.

Euskadi Ta Askatasuna (en español: País Vasco y Libertad), conocida por sus siglas ETA, es una organización terrorista, autodeclarada independentista y nacionalista vasca, de ideología marxista-leninista, que invoca la lucha armada como método para obtener sus objetivos fundamentales en los que se encuentra de manera prioritaria la independencia de lo que el nacionalismo vasco denomina Euskal Herria de los estados de España y Francia. Para ello utiliza el asesinato, el secuestro, la extorsión económica tanto en España como, ocasionalmente, en Francia.

Fundada en 1959 durante la dictadura franquista tras la expulsión de miembros de las juventudes del Partido Nacionalista Vasco, cometió su primera acción violenta en julio de 1961 e, inicialmente, contó con el apoyo de una parte significativa de la población al ser considerada una más de las organizaciones opuestas al régimen, si bien tras el proceso democratizador iniciado en 1977, al cual no se incorporó, fue perdiendo apoyos públicos, siendo condenados sus actos y calificados de terroristas por la inmensa mayoría de las fuerzas políticas y sociales desde la aprobación del Estatuto de Gernika en 1979 hasta la actualidad en la que su condición terrorista es plenamente admitida por la inmensa mayoría de los estados, entre ellos; España, Francia, Estados Unidos, las organizaciones internacionales tales como el Consejo de Europa, las Naciones Unidas o la Europol, así como las organizaciones defensoras de los derechos humanos más prestigiosas.

Desde el 2002, diversos partidos políticos y organizaciones sociales han sido ilegalizados por su vinculación a ETA.

Los integrantes de ETA suelen ser llamados «etarras», un neologismo creado por la prensa española a partir del nombre de la organización y el sufijo vasco con el que se forman los gentilicios en euskera (en un primer momento, se les llamó «etistas»). En vasco, la denominación es etakideak, plural de etakide («miembro de ETA»), si bien tal denominación no se usa en castellano.

Los miembros y partidarios de la organización frecuentemente utilizan asimismo el término «gudaris» (gudariak en euskera), que significa guerrero, combatiente, etc. Era el nombre que recibían los combatientes nacionalistas vascos que lucharon contra el alzamiento de los nacionales durante la Guerra Civil de 1936 a 1939. El romanticismo de ese término proviene de que en la guerra civil, por medio de la prensa afín, se difundió que aquellos combatientes luchaban por Euskadi.

En los años cincuenta, la dictadura franquista empieza a ser reconocida internacionalmente; así el PNV es desalojado de su céntrica sede en París en 1951 y Franco firma un Concordato con la Iglesia católica en 1953, fallando la estrategia occidentalista por vias diplomáticas que durante esos años había desarrolado el PNV.

En 1952 se organiza un grupo de estudio universitario con el nombre Ekin (hacer en euskera) en Bilbao. A partir de 1953, y a través del Partido Nacionalista Vasco, el grupo toma contacto con la organización juvenil del PNV, Euzko Gaztedi (EGI). Es en 1956 cuando ambas asociaciones se funden, redactando una ponencia conjunta en el primer Congreso de mundial vasco celebrado ese mismo año en París en el que apostando por el relevo generacional, difieren de las directrices del partido. En 1958 se empiezan a vislumbrar tensiones en el interior de la asociación en confrontación con los altos dirigentes del PNV , que llevan a la expulsión de dirigentes de EKIN y que motivo la posterior escisión en el mes de mayo de ambos grupos puesto que EKIN propugnaba una estrategia de «acción directa» y actuar así como un movimiento de resistencia vasco, en una época en que abundaban las luchas de liberación nacional en el tercer mundo, como la descolonización de Argelia.

EKIN se convierte en ETA el 31 de julio de 1959 , constituyéndose la organización por una junta directiva colegiada formada por Eneko Irigaray, López Dorronsoro, Álvarez Emparanza "Txillardegi", Benito del Valle, J. Manuel Agirre, Julen Madariaga y Patxi Iturrioz.

En 1964, el ilegalizado PNV muestra su desvinculación con ETA y para ello, con el fin de desmentir ciertos rumores, declara públicamente "que la organización conocida con las siglas E.T.A. ni es nucleo activista, ni sección terrorista de nuestro partido, ni tiene con éste ningún lazo de disciplina", rechazándo sus metodos violentos .

Los elementos izquierdistas, que alejan a ETA de la tradición conservadora y católica del PNV, quedan más definidos a partir de la II Asamblea, en la que se constatan afinidades entre el ideario de ETA y el comunismo. Esta asamblea se celebró en Bayona en la primavera de 1963.

En la III Asamblea, que se reunió aproximadamente entre abril y mayo de 1964, se tomó la decisión de que la lucha armada era el mejor modo de conseguir los fines propuestos. La ponencia se publicó más tarde con el título La insurrección en Euskadi. En esta asamblea, además se decidió unánimemente la ruptura con el PNV, cuya labor ETA consideraba «contraria a los intereses de la liberación nacional».

Resulta difícil precisar cuál fue el primer atentado de ETA, ya que la autoría de los primeros que se atribuyen a esta organización no está clara. Hay fuentes que señalan que el primero fue el asesinato de la niña de 22 meses Begoña Urroz Ibarrola el 27 de junio de 1960, a causa de la colocación de una bomba en San Sebastián, y otras que fue un intento fallido de descarrilar un tren de veteranos de guerra en 1961. En todo caso, el primer ataque reivindicado fue la muerte del guardia civil José Ángel Pardines Arcay el 7 de junio de 1968. Donde sí parece haber más unanimidad es que fue en 1968 cuando cometieron su primer atentado de gran repercusión: el asesinato de Melitón Manzanas, jefe de la policía secreta de San Sebastián y represor de la oposición a la dictadura franquista. En 1970, varios miembros de ETA son juzgados y condenados a muerte en el proceso de Burgos, pero la presión internacional hace que se conmute la pena, que ya había sido aplicada a otros miembros de ETA con anterioridad. El atentado de mayor repercusión durante la dictadura fue en diciembre de 1973, cuando asesinaron al almirante y presidente de gobierno Luis Carrero Blanco en Madrid, acción que fue aplaudida por muchos exiliados políticos.

En esta asamblea se aprobó definitivamente el uso de la violencia armada como una de las formas de acción habituales de la organización. También se aprobó el uso de la violencia para conseguir fondos económicos (el primer atraco a mano armada tuvo lugar en Vergara (Guipúzcoa) el 24 de septiembre de 1965).

La V Asamblea da lugar a la primera escisión. Se realizó en dos fases, la primera en diciembre de 1966 en la casa parroquial de Gaztelu (Guipúzcoa). La segunda se celebró en marzo de 1967 en la casa de ejercicios espirituales de la Compañía de Jesús de Guetaria (Guipúzcoa). En la asamblea estallaron las divergencias entre obreristas y los dos sectores nacionalistas formados en la IV Asamblea. Los obreristas, tachados de «españolistas» por su pretensión de priorizar la alianza con grupos de izquierdas de todo el territorio español, se escindieron en una organización que llamaron ETA Berri (Nueva ETA), mientras que los otros dos sectores quedaron encuadrados en la llamada ETA Zaharra (Vieja ETA), que pronto volvería a ser ETA a secas. ETA Berri contribuyó a crear y acabó por disolverse en un partido político de ámbito español llamado Movimiento Comunista (MC). En ETA Zaharra el sector tercermundista arrinconó y apartó del poder al sector culturalista de Txillardegi, que formó un grupo interno llamado Branka. En la V Asamblea se decide también la creación de los cuatro frentes o grupos de trabajo interno que mantendrá la organización a lo largo de los años: político, militar, económico y cultural.

En la VI Asamblea, celebrada en el verano de 1970 en Bayona, resurgen con fuerza las tensiones, esta vez entre militaristas (partidarios de la preeminencia de la actividad terrorista), y un sector llamado otra vez «obrerista», que aboga por la supeditación de la lucha armada a la lucha política realizada en alianza con las organizaciones obreras. Este último sector es mayoritario durante la celebración de la asamblea, y su decisión de poner coto a la actividad armada hace que el sector militarista se niegue a aceptar las resoluciones de la asamblea, creando una escisión que llamarán ETA V Asamblea Askatasuna ala hil (Libertad o muerte) o ETA-V. El sector mayoritario emplea la denominación ETA VI Asamblea Iraultza ala hil (Revolución o muerte) o, abreviadamente, ETA-VI. Sin embargo, ETA-V logra hacerse con el control de la organización, en la que se integra un sector de EGI, las juventudes del PNV, partidario de la lucha armada. ETA-VI, por su parte, se divide en dos grupos, el mayoritario (llamado de los mayos) y el minoritario (minos). El primero aprueba en 1973 integrarse en la Liga Comunista Revolucionaria (LCR, partido de ámbito español que muchos años después se unificará con el MC). El otro sector, el de los minos, se disolverá al integrarse sus miembros en otras organizaciones como la Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT) y el PCE, o incluso en la propia ETA-V (nuevamente ETA a secas).

La VI Asamblea de 1973 (recordemos que quien se queda con el nombre de ETA no reconoce la anterior VI Asamblea) es la que provoca las últimas y más importantes escisiones hasta la fecha. Se celebra en dos partes, la primera en la localidad vascofrancesa de Hasparren en agosto de 1973, y la segunda tras el atentado de la calle Correo de Madrid. En la primera parte resurgen las tensiones entre militaristas y obreristas, que se plasman en dos sectores enfrentados y con poca comunicación entre ellos. Son los militaristas quienes deciden unilateralmente atentar contra Carrero Blanco en diciembre de 1973, provocando la escisión del sector obrerista, que se constituirá en el Partido Revolucionario de los Trabajadores Vascos (PRTV), abandonando ETA.

Tras el atentado indiscriminado de la calle Correo resurge, durante la celebración de la segunda parte de la asamblea, la antigua discrepancia entre los que abogan por la prioridad absoluta de la actividad terrorista y quienes desean su supeditación a las luchas políticas. Así surgen los «militares» (milis, esencialmente provenientes del Frente Militar) y los «político-militares» (poli-milis, procedentes del Frente Obrero), que se escindirán en dos organizaciones: ETA Militar (ETAm, ETA (m) o ETA mili) y ETA Político-Militar (ETApm, ETA (pm) o ETA poli-mili). Esta última es mayoritaria.

Cuando se inicia la llamada transición a la democracia española, por tanto, no hay una ETA sino dos. ETApm apoyó la fundación de un partido político que representara el ideario de la organización ante las elecciones generales de 1977, el Euskal Iraultzarako Alderdia (Partido para la Revolución Vasca, EIA). Más tarde ETApm aceptó la amnistía concedida por el gobierno español a todos los presos etarras aunque tuvieran delitos de sangre, abandonando la violencia e integrándose en el partido político Euskadiko Ezkerra («izquierda del País Vasco», que luego se fusionaría con el PSE-PSOE). El abandono de la violencia, decidido en la VII Asamblea de ETA (pm), fue contestado por buena parte de su militancia, que se integró en ETAm (que en adelante, volvió a ser conocida simplemente como ETA), en especial los llamados comandos bereziak (especiales), comandos dedicados a las acciones violentas más importantes. Algunos de los dirigentes de lo que en adelante sería ya la única ETA proceden de ETApm, como Antxon o Pakito, y se debe a personas de esta procedencia también la llamada Alternativa KAS.

ETA, por su parte, consideraba que con el sistema constitucional posterior a 1978 las cosas no habían cambiado sustancialmente en lo que al derecho de autodeterminación se refería, y decidió continuar su actividad terrorista sin cambios, es decir, de acuerdo con la idea que venía defendiendo de preeminencia de la lucha armada sobre la política y de los aspectos nacionalistas sobre los obreristas o revolucionarios. Los atentados aumentaron en número e intensidad. Destacan el secuestro y asesinato de José María Ryan, ingeniero-jefe de la central nuclear de Lemóniz en 1981, el primer atentado con coche bomba en Madrid, en septiembre de 1985, con un muerto y 16 heridos; la bomba que mató a 12 guardias civiles e hirió a 50 en julio de 1986; o el atentado de Hipercor, el 19 de junio de 1987, cuando pusieron una bomba en un centro comercial de Barcelona, que causó la muerte de 21 personas e hirió a 45. ETA explicó en un comunicado que había avisado previamente de la colocación de la bomba y que la policía no desalojó el local.

Durante la dictadura franquista, y gran parte de la democracia, ETA disfrutó de la tolerancia del gobierno francés, que permitía a sus integrantes moverse libremente por su territorio, creyendo así contribuir al fin del régimen franquista. Se hablaba entonces del «santuario francés» de ETA. Actualmente, Francia colabora intensamente con las autoridades españolas en la lucha contra ETA.

Desde 1975 a 1980 (Véase: Terrorismo tardofranquista) operaron diversos grupos como Alianza Apostólica Anticomunista (AAA o "Triple A"), Antiterrorismo ETA (ATE), Grupos Armados Españoles (GAE), Guerrilleros de Cristo Rey, Batallón Vasco Español (BVE) y otros de menor resonancia, como los Comandos Antimarxistas, todos ellos afines a la dictadura franquista y a los que se les atribuye entre 15 y 40 asesinatos.

Tras la victoria electoral socialista de 1982 surgen los grupos Antiterrorista de Liberación (G.A.L.) que en 1983, y hasta 1989, iniciaron sus acciones terroristas de "guerra sucia" contra ETA. Se les atribuye el asesinato de 27 personas. Dichos atentados y secuestros fueron perpetrados en su mayoría por mercenarios franceses contratados por policías españoles, financiados con fondos reservados, y organizados desde el propio ministerio del Interior, a través de responsables de la lucha antiterrorista del País Vasco.

En julio de 1983, el CESID elabora la llamada "acta fundacional" de los GAL en la que se examinaba la posibilidad de llevar a cabo acciones de "guerra sucia" en el sur de Francia ante la falta de colaboración en la lucha antiterrorista y se afirma su viabilidad y conveniencia.

Por el secuestro en 1983 de Segundo Marey, un vendededor de mobiliario de oficinas al que confundieron con Mikel Lujúa, por entonces dirigente de ETA, el Tribunal Supremo condenó condenó en julio de 1998 a penas de cárcel a José Barrionuevo, Ministro de Interior, Rafael Vera, Secretario de Estado para la Seguridad, Ricardo García Damborenea, Secretario general del PSOE en Vizcaya, Francisco Álvarez, Jefe de la Lucha Antiterrorista, Miguel Planchuelo, Jefe de la Brigada de Información de Bilbao, José Amedo, Subcomisario de la policía, Julián Sancristóbal, Gobernador civil de Vizcaya, por secuestro y malversación de caudales públicos, y a Michel Domínguez, Policía. En septiembre de 1998 ingresaron en la cárcel y tres meses después, Vera y Barrionuevo, condenados a diez años de prisión, fueron excarcelados gracias a un indulto parcial del Gobierno popular .

En marzo de 1999, la Audiencia Nacional dictó auto de procesamiento por secuestro, lesiones y asesinato en relación con dos miembros de ETA, José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, secuestrados en Bayona (Francia) en 1983 y cuyos cadáveres torturados fueron descubiertos cerca de Alicante, en el sureste español, en marzo de 1995.

En 2000, el ex general de la Guardia Civil, Enrique Rodríguez Galindo, fue condenado por el Tribunal Supremo a 75 años de cárcel. También se condenó por este caso al ex gobernador civil de Guipúzcoa, José Julián Elgorriaga Goyeneche, y a los ex mandos de la Guardia Civil, Ángel Vaquero Hernández, Enrique Dorado Villalobos y Felipe Bayo Leal, como autores, cada uno de ellos, de dos delitos de detención ilegal y dos delitos de asesinato. Rodríguez Galindo estuvo solo tres años en prisión y cumplió el resto de la condena en su casa debido a una supuesta enfermedad cardiaca.

Durante los años de "guerra sucia" además de los atentados y secuestros se vivió una tensión sin precedentes en el País Vasco y Navarra y el entorno de ETA se vio impulsado, junto con la crisis derivada de la reconversión industrial, el paro..., por lo que consideraban una evidencia, entonces siempre negada por las autoridades, de que el gobierno socialista estaba detrás de los incidentes, para estos sectores ETA pasaba a ser una víctima y sus atentados una respuesta a las acciones del Gobierno.

Durante esa época surge el llamado "rock radical vasco", movimiento musical que denunciaba en muchas de sus canciones la situación de acoso ilegal al que se veía sometido el llamado M.L.N.V.. Algunas de las situaciones que denunciaban fueron posteriormente avaladas por las Sentencias condenatorias de los Tribunales.

En 1986 se fundó la Coordinadora Gesto por la paz, que comenzó a convocar manifestaciones silenciosas en todos los pueblos al día siguiente de cada muerte causada por la violencia política relativa al País Vasco, ya fuera de ETA o del GAL, en lo que fueron las primeras manifestaciones contra la violencia terrorista. Ese mismo año, ETA asesinó en Ordicia a María Dolores González Katarain, Yoyes, antigua dirigente de la organización, que había decidido dejar la lucha armada y ya se había reinsertado en la sociedad, acusándola de «desertora».

En junio de 1987 ETA comete el atentado más sangriento contra poblacion civil; una bomba explota en un centro comercial "Hipercor" de Cataluña en el que mueren de 21 personas y hay 45 heridos. Generalmente avisa con antelación de los atentados con bomba contra objetivos civiles, no haciéndolo en el caso de objetivos militares. En algunas ocasiones, se han producido fallos en el sistema de avisos empleado ocasionando numerosas víctimas, como en el caso del atentado contra el citado centro comercial en el que finalmente, por sentencia judicial, se reconoció la responsabilidad del Estado por la tardanza en evacuar dicho centro al considerarse una falsa alarma, habiendo avisado ETA 35 minutos antes de producirse la trágica explosión.

En el atentado de contra casa-cuartel de Vic en mayo de 1991 ETA asesina a nueve personas.

En 1992, la cúpula dirigente de ETA al completo (Pakito, Txelis y Fiti) es detenida en Bidart (en Labort, Francia), lo que forzó el cambio de dirección. Tras una tregua de dos meses, adoptan postulados más radicales, siendo la principal consecuencia de este cambio de rumbo la supuesta creación de los «comandos Y», formados por jóvenes (generalmente menores de edad) dedicados a la llamada kale borroka («lucha callejera» en vasco), cuyas actividades incluirían la quema de autobuses y mobiliario urbano, y el lanzamiento de cócteles molotov. Su aparición se atribuyó a una hipotética debilidad de ETA, que les obligaría a recurrir a menores para mantener o aumentar su impacto en la sociedad tras importantes detenciones de sus militantes, incluida su cúpula militar. También empezaron a ser amenazados los concejales de partidos políticos no nacionalistas vascos. Sin embargo, dentro del llamado Movimiento de Liberación Nacional Vasco se niega la existencia de los Comandos Y, y se afirma que su descripción es una maniobra para imponer una mayor pena de prisión a quien realiza estas acciones. El papel de ETA como organizador de la kale borroka ha sido considerado probado por la Audiencia Nacional; por otro lado, desde distintos sectores políticos de izquierda (principalmente de la izquierda abertzale) se niega este papel.

En 1995, la organización lanzó una serie de exigencias al gobierno español como condición para el cese de la violencia. La llamada Alternativa Democrática actualizaba y venía a sustituir a la alternativa KAS como propuesta de mínimos para el reconocimiento de Euskal Herria. A partir del reconocimiento por parte del Gobierno Español de la territorialidad vasca, de que la soberanía reside en el pueblo vasco y de que éste tiene el derecho de autodeterminarse, se derivaría el cese total de las actividades armadas de ETA. El gobierno español rechazó las exigencias de ETA, intentó silenciar su difusión y los tribunales procesaron a la mesa nacional de HB por aprovechar los espacios gratuitos de publicidad electoral para difundir las exigencias, añadiendo a su anuncio algunas imágenes extraídas de un vídeo de ETA.

El 19 de abril de 1995 fracasó un atentado con coche bomba contra el entonces principal líder de la oposición José María Aznar, que pronto sería elegido Presidente de Gobierno con el apoyo del PNV; también, según las fuerzas de seguridad, fue abortado el asesinato del rey Juan Carlos I.

ETA comienza una táctica de "socialización de la violencia" realizando acciones de gran impacto mediático y crueldad. El 30 de junio de 1997, la Guardia Civil liberó al funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, que llevaba secuestrado 532 días. Un día después, ETA libera al empresario Cosme Delclaux (232 días). El 10 de julio de 1997 ETA secuestró al concejal del Partido Popular de Ermua (Vizcaya) Miguel Ángel Blanco, amenazando con matarlo si el gobierno español no cedía a sus exigencias. Se llevaron a cabo multitudinarias manifestaciones de solidaridad para exigir su liberación, pero, al cabo de dos días ETA cumplió su amenaza asesinando al concejal, lo que desencadenó nuevamente manifestaciones masivas de rechazo. A esta reacción ciudadana se le denominó el «espíritu de Ermua».

En enero de 1998, llega a oídos de la banda que la policía francesa tiene todo preparado para realizar una muy importante operación policial contra la organización.

Por orden del juez Garzón se cierra el periódico "Egin". Ante la posibilidad de verse envuelta en un proceso judicial, Herri Batasuna pasa a denominarse Euskal Herritarrok (EH).

Esta tregua estuvo precedida por un acuerdo firmado un mes antes por la propia organización terrorista ETA, el Partido Nacionalista Vasco y Eusko Alkartasuna, en el que todas las partes se comprometían a buscar la integración de los seis territorios en una institución única y soberana, y los partidos políticos PNV y EA se comprometían a "dejar sus acuerdos con los partidos que tienen como objetivo la destrucción de Euskal Herria y la construcción de España (PP y PSOE)". Por su parte, ETA se obligaba a anunciar el "alto el fuego indefinido".

Este pacto es muy posteriormente mencionado por ETA en una carta al PNV, en el que ETA muestra su desacuerdo con la contrapropuesta realizada por el PNV, acusándole de haber mostrado más interés por la paz que por la soberanía, al tiempo que califican el acuerdo como apropiado e importante por ser un paso en búsqueda de la soberanía de Euskal Herria.

El 12 de septiembre de ese mismo 1998, cuatro días antes del anuncio oficial de tregua por parte de ETA, se firmó en la localidad navarra de Estella un pacto entre el Partido Nacionalista Vasco, Herri Batasuna, Eusko Alkartasuna, Ezker Batua-Berdeak, el sindicato LAB, y otras organizaciones en el que se analizaba la situación de Irlanda del Norte y se trataba de proyectar el proceso de paz allí seguido para el caso del País Vasco. Declaraban los firmantes el proceso que debía seguirse para la "resolución política del conflicto". Este método se basaba en la negociación política, en ausencia de violencia, para dar respuesta "a la tradición y aspiraciones de soberanía de las ciudadadanas y ciudadanos de Euskal Herria". El acuerdo se conoció como Pacto de Estella.

Según Vázquez Montalbán los firmantes de Estella estaban "Convencidos de la parálisis política que afectaba al PP y al PSOE en el tratamiento del problema vasco y de que el PP dependía de las ayudas del PNV en el Parlamento español, los firmantes de Lizarra forzaron la tuerca del soberanismo y plantearon con toda claridad el objetivo de la autodeterminación y de una negociación política con ETA”.

El 16 de septiembre de 1998, ETA declaraba una "tregua indefinida y sin condiciones" que entraría en vigor dos días después de su anuncio. ETA decía en su comunicado que "Los ciudadanos vascos estamos sojuzgados bajo dos Estados fuertes. Ambos Estados utilizan todos sus instrumentos armados, políticos, económicos y culturales para evitar las posibilidades que tenía Euskal Herria, un pueblo libre en el futuro". Pero advertía ETA que el objetivo de este paso no era la "pacificación", y que sería un engaño a la sociedad decir que este paso lleva a la "normalización", "la consolidación del marco actual y una paz sin que nada cambie.". Respecto a las instituciones, recordaban su objetivo de crear una institución única y soberana que integre todos los territorios que reclaman, y que era la hora "de acabar con los partidos, estructuras institucionales y represoras que tienen por objetivo la construcción de España y Francia, y la desaparición de Euskal Herria.".

Su comunicado, por último, matizaba la suspensión de sus actividades, reconociendo que seguiría desarrollando las labores de suministro, mantenimiento de sus estructuras y su "derecho de defensa en hipotéticos enfrentamientos", y advertía de la posibilidad de revocación de la tregua indefinida, condicionándola a los acontecimientos futuros.

Poco después de la tregua y en una teórica situación de "ausencia de violencia", aunque la violencia denominada "de baja intensidad" acosaba y atacaba a todos los partidos políticos y en mayor medida a PP y PSOE, se celebraron elecciones autonómicas en la Comunidad Autónoma Vasca en las que nuevamente ganó en votos el PNV aunque los extremos políticos PP y EH lograron un considerable aumento de sus sufragios; el Partido Popular venció en Alava y ganó 100.000 votos convirtiéndose en la segunda fuerza desplazando al PSOE y “Euskal Herritarrok” (E.H.) venció en Guipuzkoa y logró 223.264 votos y en San Sebastián el PP fue el partido más votado (25,7%) y EH fue el segundo (19,3%).

Ya iniciada la tregua , ese mismo mes de septiembre, comenzaron los contactos entre el Gobierno del Partido Popular y el entorno etarra; tres miembros del Gobierno de José María Aznar se entrevistaron de manera secreta con Arnaldo Otegi y otros dirigentes de Herri Batasuna en un chalé de la comarca de Juarros, en Burgos Durante ese periodo, el Partido Popular mostró signos de buena voluntad, suavizando su postura y sus declaraciones y acercando a 135 presos etarras a cárceles próximas al País Vasco , todo ello en cumplimiento de lo dispuesto por el Congreso de los Diputados español que aprobó en noviembre de 1998 una moción de IU a la que se sumó el PP, y fue aprobada unánimemente, sobre el acercamiento de los presos por la que se instaba al gobierno español a poner en práctica «una nueva orientación, consensuada, dinámica y flexible, de la política penitenciaria en la forma que mejor propicie el final de la violencia.

Ello suponía suponiá para algunos dirigentes políticos, que por medio de ese pacto "los dirigentes abertzales quedan atados de pies y manos a la política del PNV".

Dichos acuerdos culminaron en una reunión secreta entre PP y ETA en Zúrich en el mes de mayo de 1999. Esa reunión pretendía ser para ETA un primer contacto para una serie de reuniones en las que se abordasen cuestiones políticas. Para el gobierno pretendía ser un modo de tratar de verificar de primera mano si la banda estaba dispuesta a cesar de un modo definitivo sus actividades criminales. La reunión no fructificó.

Sin embargo las conversaciones no tuvieron éxito y se contabilizaron 390 acciones de terrorismo callejero durante 1999. Un sector del PP, encabezado por Mayor Oreja, presidente del PP vasco, receló de la tregua, considerándola una estrategia de ETA para reorganizarse y rearmarse, denominándola “tregua-trampa”, interpretando el contenido de una comunicación interna de ETA interceptada al responsable de los comandos José Javier Arizkuren Ruiz, Kantauri, en la que se le comunica que habría una tregua, pero que sería cosa de poco tiempo.

Poco después del encuentro con el Gobierno, dos de los interlocutores fueron detenidos. El parlamento nunca llevó a efecto la moción sobre el acercamiento de 1998.

En agosto de 1999, ETA propuso a PNV y EA suscribir una actualización del compromiso adquirido el año anterior, en el que buscaban la materialización de los objetivos fijados, mediante la celebración de unas elecciones en toda Euskal Herría (tanto la parte española como francesa) que eligiese un parlamento encargado de redactar una Constitución para el nuevo Estado. ETA condicionaba el cese definitivo de sus actividades terroristas a la "fortaleza y estabilidad" del nuevo parlamento. Este nuevo acuerdo fue rechazado por los firmantes del pacto anterior y por tanto no llegó a formalizarse.

El 28 de noviembre ETA anunciaba la ruptura de la tregua mantenida durante un año. En su comunicado, recordaba el pacto firmado con PNV y EA y los planteamientos del Pacto de Estella, y aludía como razones para la reanudación de sus actividades criminales, la presión ejercida por los gobiernos de España y Francia y la pretensión del gobierno español de "que de ser un proceso de construcción nacional pasara a ser un proceso de paz sin contenido, intentando ahogar a la izquierda abertzale en la «normalidad» política y con la intención obstinada y maligna de que la interrupción «provisional» de las acciones de ETA pasara a ser «definitiva» e irreversible.". También se quejaba de que PNV y EA no habían respondido a su propuesta de actualización de pacto. Se anunciaba la fecha del 3 de diciembre como la escogida para la vuelta a la violencia.

ETA declaró el fin del alto el fuego el 2 de diciembre de 1999, cometiendo un nuevo asesinato el 21 de enero de 2000, finalizando ese año con 23 asesinatos más, entre ellos el de uno de los fundadores del Foro de Ermua, incluyendo entre sus víctimas a jueces y periodistas.

El PNV realizó una declación institucional ese mismo día en el que reprochaba a ETA su actitud de intentar tutelar el proceso, le acusaba de perjudicar al nacionalismo vasco y, a su vez, animaba a HB a defender democráticamente sus propuestas invitándola al diálogo. La ruptura de la tregua por parte de ETA supuso el fin del acuerdo parlamentario con EH que no condenó el posterior atentado y abandonó la cámara vasca en septiembre de 2000 anunciando que sólo volvería al Parlamento de Vitoria en "ocasiones puntuales" y dejando al gobierno PNV-EA en minoría parlamentaria.

Por su parte ETA dio a conocer a la opinión pública el 30 de abril de 2000 los textos hasta entonces secretos de las negociaciones de 1998 y 1999 entre PNV y ETA, mediante su publicación en el periódico “Gara”. y reconoció que la tregua en realidad había sido una “tregua-trampa”. En el año 2000 ETA acabó con la vida de 23 personas.

También se produjeron importantes escisiones en la "izquierda abertzale" formando Aralar y Batzarre grupos políticos independientes contrarios a la via armada. Patxi Zabaleta, miembro fundador y ex dirigente de HB y EH, encabezaba ya desde finales de los años ochenta una postura critica que había condenado el asesinato de Miguel Angel Blanco y exigía la desaparición de ETA y se convirtió en el coordinador de Aralar.

El 8 de octubre de 1999 se aprobaba en España la Ley de Solidaridad con las víctimas del terrorismo, que tiene como objetivo "rendir testimonio de honor y reconocimiento a quienes han sufrido actos terroristas y, en consideración a ello, asumir el pago de las indemnizaciones que le son debidas por los autores y demás responsables de tales actos". Dos meses después, el 23 de diciembre, se aprobaba otro Real Decreto en el que se aprobaba el reglamento de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las víctimas del terrorismo.

Tras la ruptura de las negociaciones, el Gobierno del Partido Popular, con el apoyo del partido socialista, continuó el acoso que ya se había iniciado en 1998, no solo a ETA, si no además a su entorno, por todas las vías democráticas posibles, perdurando casi todas ellas en la actualidad. Además se reanudó la ofensiva a nivel judicial y policial.

Las elecciones generales del 12 de marzo de 2000 otorgaron la mayoría absoluta al Gobierno e Aznar por lo que los pactos con los nacionalistas de la anterior legislatura ya no eran necesarios y podía desarrollar una política antiterrorista sin ataduras.

El 21 de enero de 2000, ETA hizo explotar un coche bomba cargado de 20 kg de dinamita en el barrio de Virgen del Puerto de Madrid, muriendo el Teniente Coronel de Intendencia Pedro Antonio Blanco. Este asesinato obligó a Ibarretxe a dejar en suspenso su pacto de legislatura con EH. No fue, sin embargo, hasta después del asesinato por parte de ETA del dirigente socialista alavés Fernando Buesa y su escolta, el ertzaina Jorge Díez (22 de febrero de 2000), cuando el pacto se rompió definitivamente. La ruptura del acuerdo parlamentario y el subsiguiente abandono de la Cámara por parte de EH en septiembre (que anunció que sólo volvería al Parlamento de Vitoria en «ocasiones puntuales») dejaron al gobierno PNV-EA en minoría parlamentaria.

Las elecciones generales en el año 2000 renuevan a Aznar como presidente, pero esta vez por mayoría absoluta, por lo que ya no necesita el apoyo parlamentario del PNV y se inicia una seria confrontación entre PP y PNV.

El 12 de diciembre de 2000, los dos principales partidos políticos españoles, Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español, suscribieron el llamado Acuerdo por las libertades y contra el Terrorismo tras el abandono de ETA de la "tregua" de 1998 y una vez puesto de manifiesto, según el propio texto del acuerdo, "el fracaso de la estrategia del PNV y Eusko Alkartasuna, que abandonaron el Pacto de Ajuria Enea para, de acuerdo con ETA y EH, poner un precio político al abandono de la violencia. Ese precio consistía en la imposición de la autodeterminación para llegar a la independencia del País Vasco.".

En este acuerdo, PP y PSOE convenían en que correspondía al Gobierno dirigir la lucha antiterrorista y se comprometían a abandonar del ámbito de la legítima confrontación política o electoral, las políticas para acabar con el terrorismo. Se comprometían también a trabajar para que desapareciera cualquier intento de legitimación política de la violencia y afirmaban públicamente que de la violencia terrorista no se extraerá, en ningún caso, ventaja o rédito político alguno.

La política penitenciaria asimismo, se decía que se aplicaría asegurando el más completo y severo castigo a los condenados por actos terroristas, aunque contemplaría las formas de reinserción de aquellos que abandonen la organización y muestren actitudes inequívocas de arrepentimiento y voluntad de resocialización.

Las víctimas se convierten, tras este acuerdo, en la principal preocupación, e instan a los jóvenes a que se rebelen contra la violencia.

El objetivo del pacto es impulsar conjuntamente las libertades y la política contra el terrorismo, y requiere, según sus firmantes, una colaboración permanente entre el PP y el PSOE que implica el intercambio de información, la actualización concertada en las reformas legislativas, política penitenciaria, cooperación internacional, movilización ciudadana e instituciones, y la búsqueda de posiciones comunes en este tema.

Tras varios meses de precariedad parlamentaria vasca, debido a la activa oposición de socialistas y populares y a la imposibilidad de aprobar leyes por la ausencia de apoyos parlamentarios (los presupuestos del año 2001 no pudieron aprobarse y debieron prorrogarse los del año anterior, anunció elecciones anticipadas para el 13 de mayo del 2001. La legislatura finalizada había sido la más corta del Parlamento Vasco desde la llegada de la democracia, y finalizaba con altos grados de crispación política y una renovada ofensiva de la organización terrorista ETA, que sólo en el 2000 acabó con la vida de 23 personas.

En ese escenario se celebraron unas duras elecciones vascas, planteadas como un plebiscito entre "nacionalismo" y "constitucionalismo" en las que la coalición PNV-EA casi triplicó el aumento de votos del PP. Pero el aspecto más sobresaliente fue el serio descalabro que sufrió el nacionalismo radical violento representado por Euskal Herritarrok (EH), que, tras la ruptura de la tregua de ETA, perdió la mitad de sus 14 escaños, pasando del 17,9% de 1998 al 10,1%, perdiendo casi 80.000 votos.

El día después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobaba una resolución en la que, además de condenarlos inequívocamente, exhortaba a la comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos por prevenir y reprimir los actos de terrorismo cumpliendo plenamente los convenios internacionales.

El 28 de septiembre de 2001 el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobaba su resolución 1373 decidiendo que todos los estados miembros debían congelar los fondos y los demás recursos financieron de las personas y grupos terroristas, así como que debían abstenerse de proporcionarles todo tipo de apoyo, activo o pasivo y denegarles refugio. También obligaba a asegurar el enjuiciamiento de toda persona que participe en la financiación, planificación o comisión de actos de terrorismo o preste apoyo a estos actos. Se creó un Comité específico en el seno del Consejo para el seguimiento del cumplimiento de esta resolución.

Esta resolución del Consejo inspiró muchas de las políticas que se tomaron en las más diversas instituciones públicas de cara a combatir todos los tipos de terrorismo. Muchos países miembros, así como organismos supranacionales como la Unión Europea, tomaron nota de esta resolución para endurecer las medidas de la lucha antiterrorista, especialmente en lo que a la financiación se refiere.

De este modo, el 27 de diciembre de 2001 el Consejo Europeo modificó la anterior lista de medidas específicas con el fin de luchar contra el terrorismo. En la posición común del Consejo se definía a las personas o grupos terroristas de tal forma que se entendía por acto terrorista «el acto intencionado que, por su naturaleza o su contexto, pueda perjudicar gravemente a un país o a una organización internacional tipificado como delito según el Derecho nacional», y cometido con el fin de, entre otras cosas, intimidar gravemente a una población, obligar a Gobiernos a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, desestabilizar gravemente o destruir las estructuras políticas fundamentales, atentados contra la vida o la integridad física, la toma de rehenes, causar destrucciones masivas a instalaciones públicas, la dirección o financiación de grupos terroristas, etc.

En esta Posición común se adjuntaba una lista de personas y organizaciones terroristas entre las que figuraban muchos miembros de ETA y la organización ETA como tal.

Condena internacional a ETA : El 26 de febrero de 2002, el gobierno de los Estados Unidos emitió una orden por la que se añadía a ETA (y con ella a Euskal Herritarrok, Herri Batasuna, Jarrai-Haika-Segi, Gestoras Pro amnistía) a su lista de terroristas y organizaciones terroristas, así como a algunos terroristas de esta organización.

La Guardia Civil ha recogido los nombres de los incluidos en esta lista para especificar algunas acciones terroristas que han llevado a cabo.

El 19 de abril de 2002, el Consejo de Ministros aprobó la remisión a las Cortes del proyecto de nueva Ley de Partidos Políticos, tras los informes favorables del Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado.

Tras la aprobación de la Ley de Partidos políticos, las instituciones judiciales trataron de hacer cumplir la nueva norma. Así, el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón decretaba en un auto con fecha 26 de agosto de 2002 la suspensión total de actividades de Batasuna, así como la clausura de sus sedes y su página web, con la prohibición expresa de efectuar ningún acto político o de propaganda.

Con la aprobación de la ley y esta suspensión, el gobierno, a través de Abogado del Estado presentaba una demanda ante el Tribunal Supremo para la ilegalización del Batasuna. Asimismo, la fiscalía presentaba también una demanda ante la justicia motivando una petición igual.

Después de estudiar estas dos demandas, el 27 de marzo de 2003 el Tribunal Supremo en una sentencia resolvió ilegalizar Batasuna tras considerar probado que la creación de este partido político fue un hecho instrumental por parte de la banda terrorista ETA, y que forma parte de ella.

En la reunión del Consejo Europeo del 5 de junio de 2003, se acordó la ampliación de la lista de personas y organizaciones terroristas. En esta ampliación, se incluyó a Batasuna (y como alias de ella a Herri Batasuna y Euskal Herritarrok), y a Jarrai-Haika-Segi, consideradas como un bloque común, y algunas otras organizaciones de la izquierda abertzale, todas ellas consideradas por la UE parte "del grupo terrorista ETA".

El 26 de enero de 2004, el diario ABC desvelaba que el entonces primer consejero de la Generalidad de Cataluña, Josep-Lluís Carod-Rovira se había entrevistado los días 3 y 4 de enero en la localidad francesa de Perpiñán con dirigentes de ETA y que supuestamente ultimaba un pacto con la banda terrorista según el cual ésta se habría comprometido a no atentar en Cataluña a cambio de que el líder de Esquerra Republicana de Cataluña proclamara una declaración independentista en favor del derecho de autodeterminación de los pueblos. El mismo día, y tras la publicación de la información en ABC, el propio Carod-Rovira confirmó la reunión, aunque aseguró que, pese a haber hablado de política, no había llegado a ningún "pacto, ni ningún acuerdo ni ninguna contraprestación, porque no hablaba en nombre de ningún gobierno". Pidió disculpas a la Generalidad por no haber informado y por hacerlo cuando era el número dos de la misma, tras lo cual presentó su dimisión, que fue aceptada por el presidente de la Generalidad, Pasqual Maragall, permaneciendo como consejero sin cartera hasta el día 3 de febrero de 2004.

El 18 de febrero, ETA anunciaba una tregua únicamente para el territorio de Cataluña con el "deseo de unir los lazos entre el pueblo vasco y el catalán". El entonces presidente del gobierno, José María Aznar, declaró que este anuncio era la contribución de ETA a "esta estrategia repulsiva, promovida por Esquerra Republicana de Catalunya". El líder del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, opinaría que "el contenido del comunicado de establecer una tregua en Cataluña es absolutamente rechazable e inadmisible y, desde luego, debe tener consecuencias políticas". El presidente de la Generalidad, Pasqual Maragall diría "Que digan que no matarán en Catalunya nos indigna más todavía por lo que tiene de perversión. No queremos el perdón de ETA. Nos repugna". Por su parte, Carod-Rovira, insitió en que en su reunión no se llegó a ninguna clase de pacto a la vez que pidió su extensión al resto del Estado español, el abandono de las armas y que dejara de matar.

El 11 de marzo de 2004 se produjeron en Madrid atentados mediante diez explosiones de bombas en trenes de pasajeros. En un primer momento se atribuyó el atentado a ETA, debido a que el día de Nochebuena de 2003 la Policía Nacional detuvo en San Sebastián y Hernani a dos etarras que habían dejado dinamita en un vagón presuntamente preparado para estallar en la estación de Chamartín de Madrid; y el día 1 de marzo de 2004, la Guardia Civil detuvo en la provincia de Cuenca una furgoneta con 536 kg de explosivos, impidiendo un atentado en la capital española.

Los representantes de Batasuna negaron esta hipótesis; asimismo, una persona que hablaba en nombre de ETA llamó a la televisión pública vasca (ETB) y negó toda responsabilidad por los atentados del 11-M, este comunicado tuvo credibilidad ya que la voz del interlocutor era muy similar a la que anunció la tregua de ETA en Cataluña.

El mismo día de los atentados del 11 de marzo de 2004, cuando el gobierno español del Partido Popular señalaba como segura la autoría de ETA (ver Reacciones políticas a los atentados del 11 de marzo de 2004), en la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se aprobó una resolución en la que se condenaba en los términos más enérgicos los atentados. Ante las presiones del representante español, se accedió a atribuir los atentados al grupo terrorista ETA.

Los atentados del 11-M tuvieron gran repercusión dentro y fuera de España, afectando a varias políticas contra el terrorismo.

En la declaración de solidaridad adjunta se establece que los Estados miembros actuarán en un espíritu de solidaridad en el caso de que uno de ellos sea víctima de un atentado terrorista, movilizando todos los instrumentos de que dispongan, incluidos los medios militares para prevenir la amenaza terrorista, proteger las instituciones democráticas y la población civil, y aportar asistencia al Estado si sus autoridades políticas así lo solicitan.

El 8 de octubre de 2004 el Consejo de Seguridad recordaba que "los actos criminales, inclusive contra civiles, cometidos con la intención de causar la muerte o lesiones corporales graves o de tomar rehenes con el propósito de provocar un estado de terror en la población en general, en un grupo de personas o en determinada persona, intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto, o a abstenerse de realizarlo, que constituyen delitos definidos en los convenios, las convenciones y los protocolos internacionales relativos al terrorismo y comprendidos en su ámbito, no admiten justificación en circunstancia alguna por consideraciones de índole política, filosófica, ideológica, racial, étnica, religiosa u otra similar e insta a todos los Estados a prevenirlos y, si ocurren, a cerciorarse de que sean sancionados con penas compatibles con su grave naturaleza".

El juez instructor acerca de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, Juan del Olmo, sin embargo, no ha encontrado indicio alguno sobre la supuesta participación de ETA en los mismos.

Un sector ideológico, vinculado principalmente al Partido Popular, sostuvo la participación, ya sea logística o directa, de ETA en el 11-M y su decisiva influencia en el resultado de las posteriores elecciones que dieron la presidencia del Gobierno al PSOE. dicha hipótesis fue largamente apoyada por parte de algunos medios de comunicación como El Mundo o Libertad Digital y el periodista Luis del Pino.

El juez Javier Gómez Bermúdez en su sentencia sobre el atentado negó cualquier tipo de vinculación entre el 11-M y ETA.

En las elecciones del 14 de marzo de 2004, tras los atentados del 11 de marzo en Madrid, contrapronóstico y debido en parte a la sensación de que el gobierno popular había gestionado mal la crisis posterior a los atentados, el Partido Socialista alcanzó el Gobierno y su presidente, Rodríguez Zapatero anunció un nuevo "talante" en su política y especialmente en materia antiterrorista. La activa oposición realizada por el Partido Popular acosó continuamente al Gobierno por lo que el PSOE y el PNV recuperaron la sintonía de finales de los años 80, basando su política antiterrorista en el diálogo pero sin anular las medidas adoptadas anteriormente por los populares.

El 4 de octubre de 2004 la policía francesa lanzó una operación contra el aparato logístico de ETA en la que se realizaron 20 detenciones. Entre ellos estaban Mikel Albizu Iriarte, Mikel Antza, y su compañera sentimental, Soledad Iparragirre, Anboto, máximos responsables de la banda, junto con otros dirigentes destacados. Se descubrieron cuatro zulos con una gran cantidad de armamento, muy superior a la que se estimaba en su poder; también se intervino material con información sobre ETA y se requisó la imprenta con la que se editaba el boletín interno, aunque no se localizó ninguna suma importante de dinero. La operación fue calificada como la más importante desde las detenciones en Bidart en 1992. En medios afines a ETA se restó importancia a los hechos, señalando que la dirección de ETA tendría en breve nuevos responsables. España solicitó la extradición de Mikel Antza y Anboto mediante una euroorden.

ETA no cometió asesinatos desde el 30 de mayo de 2003 hasta el 30 de diciembre de 2006, aunque durante ese periodo se sucedieron infinidad de actos de "violencia de baja intensidad". Durante el 2004 se detuvieron entre España y Francia a más de 130 personas por su vinculación con ETA y la organización parecía dar síntomas de estar en sus momentos más bajos, teniendo en cuenta además el rechazo internacional propiciado por los atentados de los grupos islamistas radicales. La masacre de Madrid y la repulsa nacional e internacional a los atentados islamistas de Londres o Nueva York hicieron surgir ciertas voces en el entorno de la organización que se oponían a continuar con unas prácticas terroristas tan denostadas aa nivel mundial.

El 14 de noviembre de 2004, Batasuna organizó un acto político multitudinario en el Velódromo de Anoeta, que su portavoz, Arnaldo Otegui, presentó como "un acto ilegal de una organización ilegal". En ese acto se formalizó su propuesta para la "superación del conflicto", que sería asumida también por ETA y gran parte de la izquierda abertzale, en la que se apostaba “por la paz” y “por la utilización de vías exclusivamente políticas y democráticas” para resolver “el conflicto vasco”. Esta propuesta se basaba en el establecimiento de dos mesas de diálogo. La primera entre el gobierno y ETA para tratar el tema del cese de las actividades terroristas, y la segunda mesa, constituida por todos los partidos políticos, pero al margen del Parlamento vasco, para debatir el tema político.

Solo pocas horas después hacían explosión dos bombas en Navarra a las que siguieron otras más que no causaron víctimas y Batasuna no condenó los atentados.

Después de múltiples intentos de atentados frustrados por la policía y la guardia civil, la banda ETA propuso una tregua poco antes de las elecciones del 17 de abril de 2005 al Parlamento Vasco. La respuesta del gobierno fue una petición a ETA para que abandonase las armas como condición de cualquier negociación. Entre todas las fuerzas políticas españolas de las Cortes (partidos políticos vascos incluidos) había consenso en que el Estado no haría concesiones de tipo político a la banda terrorista.

Un mes después, el 19 de junio, ETA anunciaba que suspendía desde el 1 de junio sus acciones terroristas contra cargos políticos electos, teniendo en cuenta lo que, en su opinión, había sido el fracaso del pacto antiterrorista. Esta tregua fue matizada unos días después para aclarar que las Autoridades del Estado y quienes tienen responsabilidades de gobierno están excluidos de esta medida y por tanto sí pueden sufrir atentados.

Hasta marzo de 2006, ETA continuó colocando bombas en instalaciones de entidades públicas, de empresas del País Vasco, y en vías de comunicación. Sin embargo, señalizó la mayor parte de las bombas colocadas a lo largo de 2005 y 2006 con avisos como "Peligro bomba".

En 22 de marzo de 2006 ETA anuncia mediante un comunicado remitido a Euskal Irrati Telebista (EITB), la Radio Televisión Vasca, y al diario en euskera Berria un alto el fuego permanente a partir del día 24 de marzo de 2006 con la intención de impulsar un proceso que culminase con un nuevo marco político. En este comunicado instaba a España y Francia a que cesasen lo que consideran la represión hacia ellos.

Al día siguiente ETA difundió otro comunicado aclarando que el cambio político busca la superación del marco actual, que es de "negación, partición e imposición".

El 29 de junio de 2006, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, informó a los medios de comunicación, en una declaración institucional en el vestíbulo del Congreso de los Diputados, del inicio del diálogo con ETA, tras el alto el fuego.

Durante la tregua se iniciaron contactos entre representantes del Gobierno socialista y el entorno de ETA, pero ese verano surgieron diferencias irreconciliables que tuvieron como consecuencia el bloqueo de la situación y, por parte de ETA, el 18 de agosto de 2006 se realizó un comunicado en tal sentido. Ambas partes se comprometieron a dar un giro a la situación invitando a participar en dichos contactos al PNV.

Finalmente el acuerdo se rompió, culpándose mutuamente los intervinientes por ello según el rotativo abertzale Gara, y el 5 de junio de 2007 ETA anunció mediante un comunicado enviado a dicho diario y a Berria que daba por finalizado el alto el fuego iniciado el 22 de marzo de 2006 y que la vuelta a las armas se hará efectiva a partir de las 0:00 del 6 de junio.

El presidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero dijo en comparecencia en el Palacio de la Moncloa que "ETA vuelve a equivocarse" y solicitó el "apoyo unánime de los demócratas al gobierno" mientras que el líder de la oposición Mariano Rajoy le solicitó al gobierno una rectificación en su política antiterrorista. ETA deja atrás con este comunicado 439 días de tregua.

El 30 de diciembre de 2006 la explosión de una furgoneta bomba en el Aeropuerto de Barajas supone el fin del alto el fuego permanente. En este atentado murieron dos ecuatorianos (Diego Armado Estacio, de 19 años, y Carlos Alonso Palate, de 35).

Desde ese momento ha asesinado a varias personas más: los dos guardias civiles Fernando Trapero, de 24 años, y Raúl Centeno, de 23 (1 de diciembre de 2007); el ex-concejal socialista de Mondragón Isaías Carrasco (7 de marzo de 2008, dos días antes de las elecciones generales); el guardia civil Juan Manuel Piñuel, el día 14 de mayo de 2008, en un atentado perpetrado en la casa-cuartel de Villarreal de Álava (Legutiano) (Álava).

El 20 de mayo de 2008 cae la cúpula de ETA con la detención de Thierry.

A mediados del mes de septiembre de 2008, fueron consideradas terroristas diversas organizaciones como "Gestoras Pro Amnistía" y su sucesora "Askatasuna", por su vinculación con ETA; en el fin de semana siguiente, ETA atentó con tres coches bomba contra la sede de la policía autonómica vasca (Ertzaintza) en Ondárroa, la nueva sede de la Caja Vital en Vitoria y el Patronato Militar Virgen del Puerto de Santoña, en Cantabria, asesinando en este último atentado al brigada de artillería Luis Conde de la Cruz.

A finales de 2008 la cúpula de ETA cae dos veces en tan sólo tres semanas: el 17 de noviembre detienen a Txeroki y el 8 de diciembre hacen lo propio con Aitzol Iriondo. Esta detención fue seguida por otros dos etarras que iban a acompañarle; Eneko Zarrabeitia y Aitor Artetxe. En la localidad guipuzcoana de Irún, ese mismo día son detenidos otros tres etarras, que fueron quienes llevaron a Eneko Zarrabeitia y Aitor Artetxe a entrevistarse con Aitzol Iriondo; se realizaron varios registros en Getxo, dando como resultado la detención de dos presuntas terroristas en Getxo y Berango. La madrugada del 15 al 16 de diciembre, se detienen cuatro miembros "legales" de ETA en Guipúzcoa, tres en San Sebastián y otro en Pasaia; Arkaitz Landaberea, June Villarrubia, Julen Etxaniz y Saioa Urbistazu.

El 31 de diciembre de 2008, ETA colocó una bomba en la Sede Central de la cadena pública de radio y televisión Euskal Irrati Telebista en Bilbao, en un edificio que EiTB comparte con la Hacienda Foral de Vizcaya, la aseguradora Lagun Aro y otros medios de comunicación como Antena 3, Onda Cero, Deia, El Mundo, Marca y Expansión.

El lema de ETA es bietan jarrai («adelante con las dos», es decir, con la contundencia del hacha y la fuerza de la serpiente, en la lucha militar y en la política). Su emblema consiste en una serpiente envolviendo un hacha, y fue creado por Félix Likiniano, veterano antifranquista exiliado en Francia. Este emblema inspiró un símbolo utilizado en el sello de los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación): un hacha y una serpiente con la cabeza cortada.

Con frecuencia a ETA se la vincula con el llamado Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV), formado por distintas organizaciones independentistas vascas, como los partidos y agrupaciones electorales Batasuna, Euskal Herritarrok y Herri Batasuna (ilegalizados en España), el movimiento juvenil Segi (antes Haika, antes Jarrai y Gazteria, también ilegalizados), el sindicato LAB, Gestoras Pro Amnistía (también ilegalizada) y otras, que asumen unos principios comunes, dentro de lo que llaman izquierda abertzale (ezker abertzalea en euskera, que se traduciría como izquierda patriótica o izquierda nacionalista). Sus postulados ideológicos se resumen en la alternativa KAS. Aunque muchos miembros de organizaciones consideradas afines al MLNV no apoyan la lucha armada, la banda terrorista ejerce una influencia central como principal organización y referencia del Movimiento. En instrucciones de procesos del juez Baltasar Garzón se considera a varias de estas organizaciones y sociedades como parte de ETA. En 2005 comenzó el juicio contra varios representantes de este tipo de organizaciones, dentro del proceso 18/98 y siguientes.

Se organiza en distintos «comandos», cuyo objetivo es atentar en una zona geográfica determinada, coordinados por una dirección o «cúpula militar». Además, suelen tener redes de refugios o «casas seguras», y zulos («agujero», en vasco), lugares ocultos donde suelen esconder armas y explosivos. Además, varios ex-militantes viven en países latinoamericanos autodenominándose como refugiados políticos. Entre sus miembros se distingue entre los «legales», o miembros no fichados por la policía; los «liberados», o refugiados en Francia; o los «quemados», que son los que están libres tras ser detenidos.

Muchos miembros de la organización han fallecido por diversas circunstancias, principalmente en enfrentamientos armados con la policía.

Lleva a cabo gran parte de sus atentados en el País Vasco español y Navarra, aunque frecuentemente su actividad se extiende a otras zonas de España. En el pasado ha tenido contactos con grupos como las FARC y, especialmente, el Ejército Republicano Irlandés Provisional (IRA), y sus miembros han recibido entrenamiento en Argelia, Libia, el Líbano y Nicaragua.

Desde su creación en 1968 ETA ha asesinado a 839 personas, de las cuales 353 eran civiles (el 42%) y 486 policías o militares (el 58%). Asimismo desde 1978, año de aprobación de la actual Constitución española, y 1995, de las 623 víctimas de ese periodo únicamente 10 eran políticos (el 1,6%). Sin embargo, desde 1995 de los 93 asesinatos perpetrados 26 eran personalidades políticas (el 27,96%), de los cuales 16 eran concejales, 5 dirigentes o ex-dirigentes de partidos no nacionalistas y 5 cargos institucionales. De esto se observa que ETA desde mediados de los noventa apostó fuertemente por el asesinato de personajes de la vida política frente a otros sectores.

En la siguiente gráfica se observa la evolución del número de asesinatos por año desde 1968.

En atentados indiscriminados con bomba, ETA ha matado también a niños y ancianos (atentado contra el centro comercial "Hipercor" en junio de 1987 con muerte de 21 personas y 45 heridos), turistas extranjeros y familiares de objetivos terroristas, principalmente a familiares de guardias civiles que se encontraban en las casas cuartel contra las que ha atentado (cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza el 11 de diciembre de 1987 que causó 12 víctimas o casa-cuartel de Vic en mayo de 1991 que causó la muerte de nueve personas). Generalmente avisa con antelación de los atentados con bomba contra objetivos civiles, no haciéndolo en el caso de objetivos militares. En algunas ocasiones, se han producido fallos en el sistema de avisos empleado ocasionando numerosas víctimas, como en el caso del atentado contra el citado centro comercial en el que finalmente, por sentencia judicial, se reconoció la responsabilidad del Estado por la tardanza en evacuar dicho centro al considerarse una falsa alarma, habiendo avisado ETA 35 minutos antes de producirse la trágica explosión.

ETA ha secuestrado a 77 personas y 1980 fue su año con más víctimas sumando un total de 99 asesinados. Se calcula que el perjuicio ocasionado por ETA solo en el País Vasco podría ascender entre 9.000 y 12.000 millones de euros, según estimaciones realizadas por Mikel Buesa, profesor de la Universidad Complutense, y Baltasar Garzón, juez de la Audiencia Nacional .

Se estimaba en 2002 que el presupuesto anual de ETA era de unos dos millones de euros y disponía en esa fecha de unos 500 militantes activos.

Una de sus vías de financiación más conocidas, y que en 2002 podía llegar a suponer el 75% de los ingresos de la banda, es el llamado «impuesto revolucionario», por el que ETA obliga a pagar a empresarios y profesionales cualificados de Euskal Herria (especialmente del País Vasco español, pero en ocasiones también del País Vasco francés) bajo amenazas de asesinato, secuestros y daños contra propiedades. También ha cobrado rescates por secuestros. Parte del material empleado lo consiguen mediante robos. Han sido frecuentes los robos de automóviles que luego eran utilizados como coches-bomba o para huir del lugar de un atentado. También cometía de vez en cuando robos en almacenes de explosivos. Menos frecuentemente, robaban dinero en metálico, troqueladoras y material para falsificar placas de matrícula. En sus primeros años, robaban también material de imprenta para difundir sus escritos.

Entre 2004 y 2007 se realizaron investigaciones de posibles 296 operaciones financieras vinculadas financiación de ETA.

Durante la dictadura franquista, los presos de ETA permanecían en prisiones militares. Desde la transición, se les recluye en centros penitenciarios civiles.

Alegando la necesidad de evitar que ETA impidiera mediante coacción la reinserción de sus presos, anteriormente agrupados en cárceles del País Vasco y Navarra, el gobierno del PSOE decidió la dispersión de los presos de ETA por las cárceles de todo el país. Esta medida antiterrorista fuera del ordenamiento penitenciario se justifica políticamente en intentar que los presos etarras no formen un grupo de presión en las cárceles vascas y ha provocado rechazo, especialmente desde sectores nacionalistas, que proclaman su ilegalidad. . En un estudio sociológico llevado a cabo por la Universidad del País Vasco en 1999, el 80% de los encuestados se mostraba favorable a que dicho acercamiento se llevara a cabo y un 9% en contra, considerando en parecido porcentaje que dicha medida facilitaría la pacificación, al igual que la desaparición del "terrorismo callejero" y las amenazas .

A mediados de 2005, la Dirección de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior español cifraba en 544 los miembros o colaboradores de ETA en prisiones españolas, de los que 24 se encontrarían en el País Vasco. La asociación de familiares de presos de ETA, "Etxerat", reducía a 507 la cifra de miembros de ETA encarcelados en España, de los que sólo 14 se hallarían en centros del País Vasco. Una parte importante de los reclusos de ETA se encuentran en las seis prisiones de la Comunidad de Madrid, entre ellos, la mayoría de los que tienen juicios pendientes, ya que los procesos por terrorismo se celebran en la Audiencia Nacional. Según Etxerat había unos 110 miembros de ETA en estas seis prisiones. El resto estaban repartidos por otras cárceles de España.

En Francia, según Etxerat, había 153 miembros de ETA encarcelados, repartidos por 30 centros penitenciarios, 109 de los cuales se encontraban en las nueve cárceles del distrito de París, debido en parte a que es allí donde se sitúan los tribunales centrales que juzgan este tipo de causas. Ningún miembro de ETA se encuentra encarcelado en prisiones del País Vasco francés; además había cinco presos de ETA en dos cárceles de México y uno en el Reino Unido.

En 2008 con 670 se alcanzó la cifra más alta de presos encarcelados de ETA (lo que suponía un incremento del 35% respecto del 2006) de los que 413 cumplían condena y 201 se hallaban en prisión preventiva, el resto se encontraba en prisiones fuera de España. José María Sagardui "Gatza", encarcelado en 1980, es el preso que llevaba más tiempo encarcelado.

Según la citada organización Etxerat el número ascendía a 762 presos repartidos en 85 centros de reclusión que estaban alejados de sus domicilios una media de 630 kilómetros, encontrándose 14 de ellos en las cárceles del País Vasco y Navarra. 157 estarían repartidos en 33 centros franceses.

En 2008 la Audiencia Nacional, órgano judicial con sede en Madrid encargado del procesamiento de delitos de terrorismo en España, juzgó a 81 etarras en 45 juicios, en los que 21 acusados resultaron absueltos.

En la siguiente gráfica se observa la evolución del número de presos del Movimiento de Liberación Nacional Vasco desde 1978.

La cuestión de los presos de ETA ha sido motivo de negociación en la decena de veces que ETA ha decidido supender sus acciones y las negociaciones con el gobierno español , así durante la tregua de 1999 el Gobierno del Partido Popular presidido por José María Aznar acercó a 135 presos etarras a cárceles próximas al País Vasco y Navarra y concedió 42 terceros grados en cumplimiento de lo dispuesto por el Congreso de los Diputados español que aprobó en noviembre de 1998 una moción de IU a la que se sumó el PP, y fue aprobada unánimemente, sobre el acercamiento de los presos por la que se instaba al gobierno español a poner en práctica "una nueva orientación, consensuada, dinámica y flexible, de la política penitenciaria en la forma que mejor propicie el final de la violencia" aunque tras la ruptura de las negociaciones esta política jamás se llevó a cabo. La única oposición a esta medida partió de la "Asociación de Víctimas del Terrorismo" (AVT) que criticó duramente la postura del Partido Popular, considerando la dispersión como la mejor medida antiterrorista .

A finales del 2008 el Gobierno socialista, en respuesta a una información publicada en prensa, manifestó que algunos presos de la banda habían sido acercados a sus domicilios y otros alejados solicitando discreción por motivos de seguridad y Rubalcaba reclacando que la política penitenciaria era "un instrumento más en la lucha antiterrorista".

En el mismo sentido, durante el 2009, dirigentes históricos de ETA como "Santi Potros" (Santiago Arrospide Sarasola), con pena de prisión hasta el 2030 al ser condenado por el ya citado atentado contra Hipercor y que rechazaba la lucha armada fue acercado desde Cádiz a Zaragoza, mientras que otros presos de ETA y sus organizaciones satélites fueron alejados al sur de la península .

Así mismo, mediáticamente se ha utilizado a los presos reinsertados o que condenan la violencia para erosionar a ETA y por su parte la organización ha realizado grandes esfuerzos para controlar y aunar las opiniones de este colectivo .

ETA disponía de un considerable apoyo social durante el franquismo, periodo en que asesinó a Luis Carrero Blanco, pero la transición a la democracia y su progresiva radicalización le hicieron ir perdiendo apoyos, lo cual se hizo especialmente patente con el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, que generaría un gran rechazo en la sociedad. Su pérdida de simpatizantes fue tan grande que la plataforma Euskal Herritarrok perdió la mitad de sus votantes tras la ruptura de la tregua.

Actualmente, su apoyo social es minoritario. Según el Euskobarómetro (estudio sociológico realizado por un equipo de profesores de la Universidad del País Vasco) de noviembre de 2005, más del 60% de los vascos rechazaba totalmente a ETA. Un 17% opinaba que en el pasado su violencia había estado justificada, pero en el momento de la encuesta no. Un 12% compartía sus fines, pero no sus métodos violentos. Un 3% justificaba parcialmente la acción ETA, criticando sus errores, mientras que sólo un 0,4% la apoyaba totalmente.

El debate sobre la tortura en España está profundamente ligado a la historia de ETA. Las torturas que algunos detenidos han sufrido por parte de las fuerzas policiales españolas, fundamentalmente durante la dictadura franquista, han contribuido al deterioro de la imagen de la administración española, a la radicalización de ETA, y a su captación de miembros. Y, a la inversa, la escalada en la adopción por ETA y otros grupos de métodos violentos permite que aún después de la transición, se mantengan medidas como los interrogatorios sin abogado, o la potestad de retener a un detenido incomunicado durante cinco días sin permitirle contactar con su defensa o su familia. Precisamente, uno de los primeros asesinados por ETA fue Melitón Manzanas quien, como jefe de la Brigada Político-Social de San Sebastián, había torturado a numerosos opositores al régimen franquista.

Las denuncias por torturas no cesaron con la Constitución de 1978, desde el Gobierno español se afirma que las denuncias son falsas y que se deben a una consigna de ETA a sus militantes. Fuentes próximas a la organización denuncian la muerte de varios de sus militantes de ETA debido a las torturas recibidas bajo régimen de incomunicación . Los detenidos acusados de pertenecer a ETA alegan en muchos casos haber recibido torturas que no dejarían lesiones duraderas (asfixia, agresiones sexuales, golpes o presión en los genitales, golpes con objetos romos, descargas eléctricas, exposición al frío, amenazas). Cuando los acusados presentan marcas de lesiones al acabar la incomunicación, las fuerzas de seguridad alegan que se las han autoinfligido los propios detenidos a sí mismos o bien que son resultado de caídas o de forcejeos en los que los agentes se han limitado a defenderse. .

Las asociaciones de la llamada izquierda abertzale suelen ser las más activas en la denuncia de la práctica de torturas contra sus simpatizantes, dando crédito a todas las denuncias. Por el contrario, PP, PSOE y los sindicatos policiales niegan que la tortura sea una práctica extendida, reconociendo sólo los casos confirmados por sentencia judicial.

Por parte de éstos últimos se señala que las denuncias de torturas son una estrategia de ETA al haberse encontrado a manuales de instrucción etarras, intervenidos por la policía durante determinadas detenciones, en los que se aconseja a sus miembros denunciar torturas si son detenidos; así, en enero de 2008 fueron incautados a los etarras Igor Portu y Martin Sarasola, el primero, ingresado en la UCI al dia siguiente de su detención , un manual titulado Atxiloketari Aurre Eginez, 2º zkia (Haciendo frente a la detención, segundo volumen), en el que se informa a los miembros de la banda terrorista: "Sé listo, no vas a ser devuelto otra vez a comisaría (...) Lo peor ya ha pasado. Por tanto, decirle al forense que escriba que te han torturado tanto física como psicológicamente". Tras abandonar las dependencias policiales y ser conducidos a la Audiencia Nacional, "la pesadilla ha terminado", no van a ser devueltos a "manos del enemigo". En ese momento deben comunicar que: "Todo lo declarado en dependencias policiales es mentira. Son declaraciones hechas bajo tortura" Aun conociendo de antemano esas instrucciones, el ministro de interior Alfredo Pérez Rubalcaba ha subrayado que se investigan todas las denuncias, ya que "los primeros interesados en que esas investigaciones se lleven a cabo" son el Gobierno y la Guardia Civil .

La Organización de las Naciones Unidas ha enviado en varias ocasiones a España a Theo van Boven y Martin Scheinin, en función de relatores contra la tortura. Durante su última visita (en mayo de 2008), Scheinin (en sus valoraciones provisionales) solicitó a las autoridades españolas la derogación del régimen de incomunicación de los detenidos y que se reforme el régimen especial de la Audiencia Nacional ya que, a su juicio «se conculcan derechos y crea deficiencias estructurales –no permite la posibilidad de recurrir ante un tribunal superior– en el funcionamiento democrático de la Justicia». Además, Scheinin alertó sobre la tendencia del sistema judicial español a calificar como «terrorismo» delitos que no lo son, manifestando que «cuando se empieza a caer por esa pendiente se corre el riesgo de conculcar muchos derechos».

Otras entidades, como Human Rights Watch no confirman la tortura aunque creen que se podría mejorar las garantías para evitarla. Amnistía Internacional, por su parte, afirma en su informe «Sal en la herida», que aunque "no cree que los malos tratos a manos de funcionarios españoles encargados de hacer cumplir la ley sean algo habitual, basándose en sus investigaciones la organización no está de acuerdo con la afirmación de que constituyen hechos aislados, de cuya comisión sólo cabe responsabilizar a unos cuantos agentes de policía deshonestos." En el mismo informe "Amnistía Internacional presenta algunas recomendaciones a las autoridades españolas que la organización considera que contribuirían a prevenir los malos tratos y a poner fin a la impunidad de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley responsables de tales actos". Gesto por la Paz de Euskal Herria, y partidos políticos como IU, PNV o EA mantienen sus reservas sobre la mayoría de las denuncias, aunque dan credibilidad a algunos casos, aun sin sentencia firme, cuando el detenido sale del periodo de incomunicación con lesiones que ha sido fuente de gran controversia para la opinión pública (como en el caso de Unai Romano ) o cuando la víctima tiene un amplio prestigio social (como en el caso de Martxelo Otamendi, director de Egunkaria).

En este sentido, en 2006 el Gobierno Vasco accedió a las peticiones de Amnistía Internacional y anunció que la Ertzaintza grabaría en vídeo los periodos de incomunicación de los detenidos.

El tema de ETA ha sido tratado en novelas como Gálvez en Euskadi y Gudari Gálvez de Jorge Martínez Reverte, Operación Ogro de Eva Forest, Esos cielos de Bernardo Atxaga o Exkixu, novela del ex-militante de ETA José Luis Álvarez Enparantza Txillardegi. También es tocado en forma tangencial por Manuel Vázquez Montalbán en el primer capitulo de su obra Galíndez, sobre el exilado vasco asesinado por el dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo.

Al principio



Mutualismo (economía)

Símbolo moderno asociado al mutualismo

Sus principios parten de promulgar el derecho a la personas sobre sí mismas y su derecho a la propiedad sobre el producto de su trabajo y su libre disposición, así como la prohibición de la coacción, la extorsión y el fraude en contra de personas o sus propiedades, siendo las normas de convivencia el resultado de la celebración de contratos voluntarios entre individuos soberanos. Une la libertad individual junto a una visión igualitarista en lo que concierne a los recursos naturales, como consecuencia de su individualismo, por lo que para estos bienes reconoce sólo el dominio privado más no la propiedad.

Su fin es una sociedad sin Estado y con acceso popular a la propiedad (sin restricciones monopólicas), con servicios provistos por asociaciones voluntarias, políticamente libre, horizontal en poder, económicamente próspera e igualitaria en derechos, de la mano con el más amplio desarrollo individual y de una libre empresa justa y efectiva. Puede ser conocido también como anarquismo de mercado o anticapitalismo de libre mercado, en contraste con el anarquismo colectivizante contrario a la propiedad privada y el mercado.

Los mutualistas apoyan una sociedad basada en el comercio voluntario de propiedad privada (incluido dinero, bienes de consumo, bienes de capital, suelos en uso) y servicios para maximizar la libertad individual y la prosperidad a la vez que reconocen la necesidad de que los recursos naturales o de naturaleza libre estén al acceso de todo aquel que quiera o necesite darles uso a manera de propiedad y usufructo derivado de la posesión o de algún mecanismo similar, asegurando además que la existencia de recursos libres favorece la libre iniciativa y la cooperación voluntaria. Se oponen a la renta, intereses o cualquier ganancia sobre capitales inactivos, debido a que consideran que los individuos no están trabajando para ganarlos y/o que es económicamente improductivo y contraproducente. Si bien no apoyan ninguna prohibición sobre acuerdos pacíficos de este tipo, sostienen que sin intervención estatal o imposición alguna este tipo de ingresos sencillamente desaparecerían.

Proyectan que en una sociedad de libre empresa la consecuencia lógica sería que cada quien tenga la oportunidad genuina de acceder a la propiedad y así trabajar para sí mismo o asociarse empresarialmente entre iguales en poder para producir o proveer servicios libremente, dándole a este tipo de sociedad un espíritu democrático. Por lo tanto rechazan el Estado, basados en que es una institución agresiva que roba propiedad, inicia la agresión, tiene el monopolio de la fuerza defensiva y punitiva y usa su poder coercitivo para beneficiar algunas empresas e individuos a expensas de otros, creando monopolios y restringiendo el acceso a la propiedad, el mercado y la iniciativa de los ciudadanos comunes.

Es una teoría económica y social de carácter evolucionista, pero eso no excluye que los mutualistas sean partidarios de la revolución social; es más, pueden considerar ambas cosas como parte del mismo proceso. El mutualismo no es pacifista por sí mismo sin embargo sus teorías y programas normalmente no llaman al uso de la violencia.

Es el modelo económico al que históricamente adhirieron los anarquistas individualistas por lo que ambos conceptos guardan una gran relación. (3) Sin embargo, otras personas comentan que existen algunas diferencias entre la visión del mutualismo de Pierre-Joseph Proudhon y la del mutualismo de los anarquistas individualistas, situándose la visión de Proudhon en un punto intermedio entre el individualismo y el colectivismo. También se conoce al mutualismo por ser la primera propuesta económica planteada históricamente por los anarquistas (desde mediados del siglo XIX), razón por la que sus partidarios pueden denominarlo en ocasiones anarquismo original.

Ante lo descrito los mutualistas proponen como medidas universales el libre acceso a los suelos a quienes les den uso o los vuelvan productivos, la eliminación de las patentes, la libre provisión de servicios por medio de entidades privadas (lucrativas o no lucrativas), el libre comercio voluntario, la reducción de la intermediación comercial, la libre emisión de moneda por medio de asociaciones voluntarias, la creación de asociaciones de consumidores para empoderar a los usuarios, la libre competencia financiera para democratizar el crédito; además plantean facilitar la educación para lograr empresas democráticas (sin jefes).

Los anarquistas mutualistas plantean que el objetivo central de su proyecto es la libre elección y la voluntariedad genuina (no meramente formal) de la economía y la sociedad, aunque de todas formas debido a su oposición moral hacia las jerarquías de poder, normalmente prefieren mecanismos que faciliten una sociedad de propietarios voluntarios antes que una de asalariados voluntarios. Consideran además que de una sociedad de propietarios resultaría una gestión más eficiente de los recursos y una calidad superior de los servicios dentro de un clima de equidad social y de generosidad solidaria que favorecería la sostenibilidad de la voluntariedad en el tiempo y el espacio.

Los anarquistas mutualistas sostienen que la única forma justa de adquirir propiedad es a través de producirla por el trabajo, el comercio o el intercambio voluntario de tales propiedades, y la donación, más no lo producido gracias al poder coactivo (intervención estatal o explotación), el chantaje y el fraude.

Definen el libre mercado como el "intercambio voluntario y pacífico" sin restricción impuesta o ajena a la voluntad de los intercambiantes, en contraste con el capitalismo, entendido por ellos como una economía de monopolios y oligopolios privados favorecidos por la legislación coactiva sobre la propiedad que los favorece y el control del Estado que los protege; por lo que no consideran libre empresa a las medidas de economía liberal que tienden a favorecer el "capitalismo monopolista", el "corporativismo" y el "elitismo patronalista" donde la libre iniciativa, los incentivos y desincentivos están opacados por la coacción y el abuso.

Sostienen que todo trabajador tiene el derecho al producto de su trabajo de lo que se deriva su derecho a que éste producto se convierta en su propiedad privada y a comerciarlo libremente. Para "equilibrar las contradicciones" capital-trabajo normalmente fomentan la existencia de empresas de capital asociado de trabajadores o de economías de autoempleo.

De todas formas, sostienen la necesidad de títulos condicionados sobre la tierra, donde el dominio privado está legitimado sólo mientras esté en uso y ocupación verificable, lo que es llamado posesión, lo contrario a esto según los mutualistas sólo puede ser sostenido por la intervención del Estado o condiciones similares de intimidación y violencia. En cambio para bienes de capital (artificiales, no sobre suelos, "medios de producción"), las opiniones mutualistas tienden a favorecer la propiedad privada aunque también existen quienes abogan por su posesión privada (reconocer el uso antes que los títulos).

Los mutualistas, como algunos otros anarquistas clásicos se consideraban a sí mismos como socialistas libertarios. Ellos postulaban la teoría del valor-trabajo, sin embargo algunos mutualistas contemporáneos no necesariamente son partidarios de esa teoría del valor, adhiriendo a tesis de valoración subjetivista, aunque siguen sosteniendo que el trabajador tiene pleno derecho a la propiedad de su trabajo (siempre bajo mecanismos de asociación libre y mercado pacífico).

En el siglo XXI mientras siguen orientados a la idea de la cooperación mutua, los mutualistas favorecen soluciones de libre mercado y competencia pacífica, considerando que la mayoría de las desigualdades son el resultado de condiciones de preferencia creadas por la intervención gubernamental. El mutualismo es algo a medias entre la economía clásica (y actualmente también neoclásica y austríaca) de la economía liberal y el socialismo antiestatal, con algunas características de ambos. Los mutualistas anarquistas modernos como Kevin Carson, consideran el anarquismo mutualista como "socialismo de libre mercado".

Los mutualistas consideran al libre mercado y al capitalismo como dos cosas muy diferentes entre sí e incompatibles y creen que su alternativa se presenta como el resultado coherente de una economía de mercado genuina, sin ninguna clase de monopolios (4), que desplace o contrarreste al sistema económico capitalista. Además consideran que el capitalismo, debido a que para la teoría anarquista es posible sólo a partir de su legislación coactiva y de un tercero sobre la propiedad, crea áreas protegidas (y hasta blindadas) que limitan en demasía la libre iniciativa y la asociación voluntaria, ya que lo que los capitalistas liberales ven como derechos y libertades individuales, los mutualistas lo ven como restricciones al mercado y a la libertad individual e idenfican al liberalismo elitista como liberalismo vulgar.

Por ejemplo, Lysander Spooner sostenía que todas las personas tenían un "derecho natural" a los frutos de su propio trabajo y que el capitalismo se los negaba.

El principio del costo es un concepto económico que sostiene que es necesario y beneficioso llegar a una noción de precio justo tanto para el productor como para el consumidor, donde el precio se aproxime al coste de trabajo de producir o de adquirir un bien/servicio junto al coste de intoducirlo al mercado. El “coste” aquí refiere a una cantidad de trabajo ejercida más que al coste monetario.

Originalmente enunciado por el anarquista estadounidense Josiah Warren, sostiene que el valor natural de un producto o servicio es la cantidad de trabajo empleada en producirlo o servirlo. No todos los mutualistas posteriores a Warren necesariamente fueron partidarios de la explicación original de esta teoría que pretendía un límite del costo, sin embargo tampoco es descartada ya que usualmente adhieren a los resultados pretendidos, es decir la búsqueda del precio justo no como límite de este precio sino como resultado de la libre concurrencia.

Los mutualistas en general explican el principio del costo como que en un libre mercado genuino los precios de mercado tenderían por efecto de la competencia al precio de coste, usando éste como referencia, considerando también posibles excepciones.

Es decir, en vez de intentar dar un principio normativo a las transacciones individuales los mutualistas posteriores han tendido a considerar que es la misma libre competencia la que presionaría naturalmente los precios al costo como tendencia.

Pierre-Joseph Proudhon fue un famoso filósofo que ha expuesto sus ideas sobre la naturaleza de la propiedad. Es conocido por exclamar "La propiedad es el robo", pero es menos conocido por también haber exclamado "La propiedad es libertad" y la "La propiedad es imposible". (8) De acuerdo con Colin Ward, Proudhon no vio contradicción entre estos lemas. Esto es porque Proudhon distinguía entre lo que él consideraba dos formas distintas de propiedad a menudo nombradas con la misma etiqueta. Para los mutualistas esta es la distinción entre la propiedad creada gracias a la coerción y la propiedad creada por la labor. La propiedad es el robo "cuando está relacionada a un terrateniente o capitalista cuyo dominio es derivado de la conquista o explotación y sólo puede ser mantenido a través del Estado, leyes de propiedad, policía, y un ejército". La propiedad es libertad para "la familia de campesinos o artesanos que tienen el derecho a un hogar, tierras que deben cultivar, como herramientas de comercio", y los frutos cultivados, pero no la apropiación o control de las tierras o de las vidas de otros.

Proudhon se opuso al beneficio de cualquier transacción económica, viéndolo como un pago extra sin trabajar, siendo el trabajo la fuente principal de la legítima propiedad. De todas formas los mutualistas contemporáneos sostienen que es la libre competencia la que disminuye el margen de ganancias y no es necesario normar (voluntariamente) las transacciones, más allá del posible valor acordado del dinero, entre particulares sino hacerlas de formas directas.

Los mutualistas prefieren y defienden la propiedad individual algo como esencial para la anarquía, ya que "la libre disposición del producto, entraña la posesión del medio de producción, de la herramienta y del suelo", y tienen como un objetivo básico lograr de forma natural un mínimo de propiedad privada para todo individuo, expandible según el mérito personal, para así lograr el equilibrio propiedad-trabajo y asegurar un mínimo de autonomía económica al individuo frente a cualquier tipo de coacción. De esta manera piensan se cumple la definición libertaria de socialismo como "medios de producción en propiedad de los productores", en este caso de manera individual. Y así mismo entienden la prosperidad particular como opción legítima.

Con todo, los mutualistas advierten que una sociedad con propiedad privada pero sin equidad conduciría a relaciones sociales similares a las estatales, es decir de carácter coactivo. A diferencia de los simpatizantes de la propiedad privada capitalista, los mutualistas ven su complemento en la equidad y en el acceso democrático al capital, pretendiendo que los ciudadanos comunes sean trabajadores propietarios capaces de acceder a capital para ellos mismos. Por ello su énfasis en la abolición de los privilegios legales sobre capital inactivo o de acceso naturalmente libre, aparte también dicen que en empresas privadas de asociación, todo trabajador en la asociación de preferencia (debería) tener una parte de su capital de forma compartida e indivisible en la propiedad de la compañía.

Algunos de los primeros anarquistas individualistas pensaban que los elementos del comunismo económico (comunidad de bienes) eran inconsistentes con los principios anarquistas. Benjamin Tucker llamó al comunismo anarquista pseudo-anarquismo; sin embargo, muchos de los anarcoindividualistas de aquella época, como el propio Tucker y Émile Armand, sentían que tenían mucho en común con los anarcocomunistas y trabajaban juntos para difundir sus ideas.

Los mutualistas argumentan que toda la sociedad y funciones particulares y colectivas que se dan en ésta deben desarrollarse a través de pactos voluntarios y asociaciones particulares, lucrativos como en las empresas privadas asociativas, sin fines de lucro como las mutuales, pero siempre voluntarias y particulares. Sin embargo para los mutualistas hay diferentes grados de asociación según la naturaleza de la actividad a relizarse. Cabe aclarar que la palabra asociación en el lenguaje clásico anarquista suele significar uniones o asociaciones entre iguales en poder (y se usará aquí en ese sentido sólo en cursivas).

En caso de la empresa especializada, se requiere de un tipo específico de asociaciones debido a sus carecterísticas específicas, ésta asociación con características democráticas, sólo es necesaria allí donde hay una combinación orgánica de fuerzas. Por ejemplo, una operación que requiere especialización y a muchos diferentes trabajadores desarrollando su talento individual para completar un producto unificado, como en una fábrica. En esta situación, los trabajadores son inherentemente dependientes unos a otros; por lo que sin asociación están condenados a relacionarse como subordinado y superior, sojuzgado y dueño del salario.

Es decir, se proyecta que bajo una sociedad de propietarios, en un sistema de libre empresa, con acceso popular a recursos y sin ganancias sobre capital inactivo, se crearían formas diversar de relaciones productivas y contratación en negocios pequeños y medianos, individuales o familiares, dependiendo también del nivel de especialización de cada unidad productiva; pero es en los negocios grandes, o aquellos que requieren un nivel de especialización considerable para quienes en ellos se desenvuelvan en que se proyecta la necesaria existencia de una asociación de trabajadores-propietarios para la formación de la empresa, debido a que la especialización crea un ambiente de mutua dependencia entre los trabajadores que vuelve necesario lo que se denomina democracia industrial.

En torno al trabajo asalariado-subordinado (diferenciando de otros trabajos asalariados ya que por ejemplo existe salariado también en organizaciones cooperativas), si bien es considerada legítima su voluntariedad, han existido criterios diferentes en torno a si es deseable o moralmente válido en una sociedad libre (sin que ello signifique oposición por la fuerza). Los comentarios diametralmente distintos entre los mutualistas Stephen Pearl Andrews y William B. Greene son un reflejo de ello.

Los mutualistas defienden el derecho de cada quien a los frutos de su trabajo, independientemente de su necesidad o la de otros. Después de ser creada mediante el trabajo, la propiedad sólo puede cambiar de manos legítimamente cuando es intercambiada voluntariamente o cuando es regalada o donada. Las transferencias forzadas, para las cuales una de las partes utiliza o amenaza con utilizar alguna forma de violencia o chantaje, son consideradas ilegítimas. El libre intercambio, afirman, traería justicia generalizada.

La idea del mutualismo es que los productores intercambien libremente productos, mercancías, bienes y servicios. Para lograrlo la producción estaría en manos de artesanos y campesinos autónomos, pequeñas cooperativas de productores, negocios pequeños o familiares, empresas grandes controladas por los trabajadores y cooperativas de consumidores, siendo la idea de la asociación voluntaria central al sistema, con la libertad de escoger un competidor o de entrar en la competencia como una forma universal de preservar y promover la calidad de los servicios.

Sobre el valor de los intercambios, clásicamente los mutualistas adoptaron la teoría del valor trabajo de la escuela clásica. Sin embargo luego otros, como los partidarios de la libre economía de Silvio Gesell, adoptaron la valoración subjetiva de la escuela neoclásica. Gesell toma como referencia su concepto de la valoración subjetiva de los precios de los estudios de Léon Walras y de uno de los fundadores de la escuela austríaca, Carl Menger. De todas formas partidarios de la economía mutualista históricamente han estado abiertos a las teorías económicas y los estudios siempre que respeten los pactos voluntarios y nociones básicas de justicia como la reciprocidad.

Los mutualistas creen que así se lograría una sociedad libre, pacífica y horizontal, donde por un lado la competencia evitaría excesivas acumulaciones de riqueza de tal manera que ningún individuo pudiese dominar a otros y por otra parte la cooperación haría aflorar sentimientos de solidaridad, lográndose de esta manera un equilibrio.

Los mutualistas defienden que los bancos al estar en un ambiente de libre competencia otorgarían créditos de bajo interés (calculaban una tasa entorno al 0,5% que serviría para pagar los gastos de la transacción, no siendo por tanto una renta de capital) a los productores y trabajadores. La banca popular, de carácter particular para sus usuarios, serviría para tener un lugar de intercambios así como para estabilizar posibles inequidades en el mercado. Los intercambios se harían directamente entre productor y consumidor o indirectamente a través de este sistema de banca popular o bancos mutualistas.

El mutualismo sostiene que los productores deben intercambiar sus mercancías a precio de coste usando sistemas de "contratos". Mientras las primera definiciones de Proudhon del precio de coste estaban basadas en apreciaciones sobre horas de trabajo, redifinió luego el precio de coste para incluir otros factores como la intensidad del trabajo, la naturaleza del trabajo implicado, etc. También expandió sus nociones de "contrato" en términos más amplios de "federación". Es posible que estas ideas desarrolladas completamente, se asemejasen a la economía participativa.

El derecho de libre asociación no deja de incluir la libertad sindical, que en muchos aspectos originó el concepto moderno de libre asociación, justamente debido a que el mutualismo apoya lo que se llamaba movimiento de reforma del trabajo y ya que consideran adecuada la existencia de la organización solidaria entre los obreros como un factor de equilibrio natural del mercado. Los sindicatos que apoyan los mutualistas son los que preservan los principios originales del sindicalismo: lucha de los obreros por los obreros mismos, libre asociación, organización paraestatal.

Para el mutualismo luego de la libre empresa y de un mercado de libre concurrencia, que poseen fines lucrativos, se podrían necesitar instancias colectivas de coordinación y cooperación voluntaria, unas pueden ser los mercados sociales entre empresas privadas alternativas para el fortalecimiento empresarial mutuo, las otras son las mutualidades (entidades particulares que estarían bajo dominio de sus usuarios) que sin fines de lucro harían alguna parte de la vida pública, equilibrarían las áreas sociales no lucrativas o defenderían los derechos e intereses de consumidores y usuarios. El apoyo a estas entidades particulares de fortalecimiento mutuo, en gran parte no lucrativas, se convirtió en un movimiento que llegó a ser más conocido que el apoyo a la libre empresa lucrativa del mutualismo.

Se esgrimen como precedentes del movimiento de las mutualidades las sunedrias y las heterias griegas así como las asociaciones de ahorro y las guildas medievales, aunque el movimiento de las mutualidades moderno nació en Inglaterra en el siglo XVIII. Las primeras mutualidades se constituyeron como pequeños grupos de personas que se comprometían a soportar en común los gastos derivados de enfermedades y entierros de sus miembros. Francia conoció las societés de sécours mutuels (sociedades de socorros mutuos), que lograron una fuerte implantación en la última mitad del siglo XIX pese a la oposición estatal. El movimiento de las mutualidades acabó por extenderse finalmente por todos los países. Aunque al extenderse en algunos lugares y al paso del tiempo perdió su radicalidad y ansias de transformación y vació parte de su contendido ideológico (principalmente por haber sido cooptadas en muchas ocasiones por la Iglesia y el Estado), sin embargo eso no impidió que al menos los esbozos de las ideas originales siguieran avanzando con la práctica de las mutualidades, principalmente de la mano del cooperativismo que identificó varias de las ideas libertarias mutualistas -aunque despolitizadas- como parte de su programa.

Los anarquistas Pierre-Joseph Proudhon y Josiah Warren utilizaron —al igual que su contemporáneo Karl Marx y como ya había hecho con anterioridad Thomas Hodgskin— la teoría laboral del valor de los economistas clásicos para denunciar lo que consideraron la apropiación de los capitalistas de una parte del salario de los trabajadores.

Acusaron a los economistas de su época de ser inconsecuentes con la doctrina del laissez faire.

Sin embargo coincidieron con ellos en que la libre competencia ejerce el papel en el largo plazo de nivelador de los precios hasta el coste de producción, y acusaron de la desviación del precio de cambio del valor de producción a una serie de monopolios salvaguardados por la legislación estatal.

Proudhon y Warren defirieron de los economistas marxistas en la consideración del capital.

Para los anarquistas el capitalismo es un fenómeno político y no económico; la capacidad del capital de extraer beneficios al trabajo se sustenta en una serie de monopolios salvaguardados por el Estado.

Kevin Carson despreció varias de las críticas de los economistas marginalistas a la teoría laboral del valor, considerando por una parte que los propios clásicos ya había previsto una serie de excepciones y por otra considerando que las fluctuaciones entre la oferta y la demanda y por lo tanto la desviación del coste de producción del precio de mercado de los productos no es una razón significativa y que por lo tanto invalide el principio de que el trabajo es la medida del precio.

Sin embargo existen anarquistas mutualistas partidarios de la valoración subjetiva de los precios, entre las partes de un intercambio voluntario.

El primer uso del término "mutualismo" para describir un sistema económico lo hizo Charles Fourier en 1822, (11) aunque su pensamiento económico no era coincidente con el de los autores que luego definieron definitivamente los principios de esta teoría. El primer uso del nombre adjetivo "mutualista" fue en el New-Harmony Gazette por un seguidor estadounidense de Robert Owen en 1826. (12) William Batchelder Greene usó en 1850 esta etiqueta para un sistema similar al de Pierre-Joseph Proudhon. Proudhon la utilizó para describir su filosofía económica también.

Los contactos de Proudhon durante la década de 1840 no se limitaban a los de los intelectuales. Mientras trabajaba en Lyon se hizo conocido de un grupo revolucionario de trabajadores que se llamaban a sí mismos los "Mutualistas". Los trabajadores de Lyon insistieron en la necesidad de que sean los propios trabajadores quienes tomen el control de su destino uniéndose juntos en una red de organizaciones cooperativas. Directamente regulando su propia producción y cambio, las asociaciones de trabajadores eliminarían la explotación capitalista, proveyendo independencia y seguridad de sus miembros.

Estas ideas deben haber tenido respuesta en Proudhon. No sólo por el nombre de su propia doctrina económica "mutualismo", presentado propuestas notablemente similares. Proudhon vio en las asociaciones de trabajadores la "verdadera síntesis de la libertad y el orden". Las ideas mutualistas fueron en un principio las imperantes en el naciente movimiento anarquista, los mutualistas, seguidores de las ideas de Proudhon, participaron en los debates de la Primera Internacional y aportaron en varios de sus principos liderados por Henri Tolain, donde se enfrentaron con Karl Marx por la cuestión de la socialización de la tierra, idea a la que se oponían. Cuando prosperó la moción en favor de la socialización de la tierra, los mutualistas fueron sustituidos por Mijaíl Bakunin, defensor de las tesis colectivistas.

El mutualismo fue implementado en la práctica por el anarquista individualista Josiah Warren en Estados Unidos y por otros en Inglaterra. Algunas de las experiencias mutualistas fueron la Tienda de tiempo de Cincinnati, la Colonia Utopía y la Colonia Tiempos Modernos.

En los Estados Unidos terminaron siendo el bastión fuerte del mutualismo(13), teniendo de bases de campesinos, artesanos, pequeños comerciantes, etc. La situación también fue cambiando al principio del siglo XX, al irse industrializando la sociedad, el crecimiento del capitalismo fue concentrando recursos y proletarizando a los antiguos granjeros y pequeños propietarios, por ello estuvo en la necesidad de más mano de obra lo que fomentó la migración de europeos, muchos de ellos anarquistas.

Bajo la influencia de la gran migración europea, donde el mutualismo había sido dejado a un lado por el movimiento anarquista (a excepción de algunos pocos militantes y pensadores) y el anarcosindicalismo era la tendencia en crecimiento (y con éste vino el comunismo libertario), la predominancia americana terminó siendo para este último. Esto hizo que varias tendencias ideológico-económicas convivieran aunque con uno que otro roce en el plano ideológico, discrepancias que eran conocidas como el debate entre los anarquistas de Boston (mutualistas) y los anarquistas de Chicago (comunistas); hasta que finalmente el mutualismo fue perdiendo adherentes, cuestión agravada por el incendio del edificio donde funcionaba la publicación Liberty y donde además había un archivo creado por años dedicado a autores individualistas preferentemente anticapitalistas que se perdió en su totalidad, así el mutualismo perdió esta publicación, su más importante referente intelectual.

Por décadas el mutualismo se conviritió en una perspectiva minoritaria y dispersa dentro del movimiento anarquista, sin embargo no dejaron de mostrarse ejemplos de mutualismo práctico a escala reducida y su influencia aún latente pero débil en sectores del movimiento de empresas cooperativas.

En la actualidad, Kevin Carson ha retomado el mutualismo conjugando las ideas de Pierre-Joseph Proudhon, las de los anarquistas individualistas estadounidenses del siglo XIX como Benjamin Tucker, Lysander Spooner, William Batchelder Greene (llamado el Proudhon americano) o Henry David Thoreau, e ideas contemporáneas como algunos conceptos de los economistas marginalistas, presentando una alternativa de libre mercado laissez faire no capitalista, en un libro titulado Estudio de una economía política mutualista, en el cual también se encuentra una análisis de la historia del capitalismo.

Se experimenta dentro del movimiento anarquista principalmente norteamericano un renovado interés en el mutualismo y una actualización a los nuevos tiempos, entre estas actualizaciones están: por un lado el estudio de la economía marginalista para su revisión, y posible aplicación al socialismo libertario, con el sindicalismo independiente, entendiendo los sindicatos como asociaciones voluntarias y paraestatales promoviendo dentro de ellos alguna forma de "anarcosindicalismo de mercado" para que las asociaciones de trabajadores formen empresas y brinden servicios particulares. También hay un clima de diálogo (no sin debate)(14) con aquellos anarcocapitalistas (cuya clasificación como anarquistas es algunas veces compleja y discutida) de línea rothbardiana de izquierda, es decir, que apoyan un proyecto de "capitalismo de libre mercado" pero que lo diferencian claramente del "capitalismo realmente existente" del orden corporativista neoliberal y del liberalismo vulgar o elitista, así la diferencia de éste segmento emancipador de los anarcocapitalistas con los mutualistas probablemente sería más de forma que de fondo (debe notarse que el anarcocapitalismo surge en buena parte de la fusión de los corolarios mutualistas con los de la escuela austríaca de economía). De esta acercamiento ha surgido la alianza y colaboración mutua con el agorismo, una forma de anarquismo de mercado rothbardiano y revolucionario.

Ciertas formas de mutualismo (o aproximados) se practican hoy en día a pequeña escala como forma de contraeconomía. Por ejemplo el comercio justo o la economía social comparten algunas características y filosofías del mutualismo, entre otras. También algunos proyectos de software libre (16) como Debian, los grupos de usuarios de Linux o las comunidades Wi-Fi como Red Libre, o el sistema de pagos directo por Internet Ripple, comparten conceptos básicos típicos del mutualismo como la ayuda mutua o recíproca, la descentralización, la libre asociación y el intercambio libre.

Estos son algunos de los más destacados teóricos y partidarios del mutualismo.

Nota 1: Para conocer las opiniones de los mutualistas sobre la propiedad, véase La teoría de la propiedad en Proudhon de Ángel Cappelletti. Fragmentos Nota 2: Texto de la página de inicio de Mutualist.Org. Traducción al castellano en el Ateneo Virtual de A las barricadas. Nota 3: La perspectiva económica individualista anarquista se trata en ¿Qué es el anarquismo individualista? de Daniel Burton. Nota 4: Benjamin Tucker habla de estos monopolios en Socialismo de Estado y anarquismo: en qué coinciden y en qué difieren. Nota 5: Véase la sección Tipo de interés cero en Guía para el economista inconformista. Nota 6: Véase The Iron Fist Behind the Invisible Hand (en inglés). Nota 7: Posesión y propiedad según Proudhon, fragmento del libro Sociología de Proudhon, de Pierre Ansart. Nota 8: La perspectiva anarquista de la propiedad, en el artículo La propiedad, de BK Markus. Nota 9: Véase la sección Tipo de interés cero en Guía para el economista inconformista. Nota 10: Larry Gambone, Más allá de Karl... ¡el anarquismo ha vuelto!. Reseña del libro Estudio de una economía política mutualista de Kevin Carson. Nota 11: Charles Fourier, Traité (1822), citado por Arthur E. Bestor en The Evolution of the Socialist Vocabulary Vol. 9, No. 3 (Jun., 1948), 259-302. Nota 12: New-Harmony Gazette, I, 301-02 (14 de junio de 1826) citado por Arthur E. Bestor, Jr. en The Evolution of the Socialist Vocabulary', Journal of the History of Ideas, Vol. 9, No. 3 (Jun., 1948), 259-302. Nota 13: El anarquismo individualista en los Estados Unidos, en Inglaterra y en otras partes: los antiguos intelectuales libertarios americanos, por Max Nettlau. Nota 14: Journal of Libertarian Studies Vol. 20 Num. 1. (en inglés) Edición dedicada a Studies in Mutualist Political Economy de Kevin Carson. Incluye cuestionamientos a y las respuestas de Carson. También véase La doctrina de Tucker y Spooner, por Murray Rothbard Nota 15: Mutualize! Nota 16: Miquel Vidal habla del modelo cooperativo del software libre en el ensayo Cooperación sin mando: una introducción al software libre.

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Concierto para delinquir

El concierto para delinquir es, en el Derecho penal de Colombia, un delito que se estableció con el fin de tomar medidas contra delitos como el secuestro, la conformación de grupos armados ilegales, el terrorismo y la extorsión entre otros.

Se presenta cuando dos o más personas se reúnen o conciertan para celebrar un convenio o un pacto que tiene como fin la organización de dichos individuos en una sociedad con fines delictivos, sin que se especifique qué tipo de delitos se cometerá, el momento y el lugar ni contra quién o qué se va a atentar, pero sí cuál va a ser su actividad principal: delinquir.

Para que se reconozca este delito debe darse la conjunción de tres factores: primero, la existencia permanente de una organización con objetivos delictivos; segundo, que los miembros de dicha organización se hayan organizado voluntariamente con un objetivo en común; por último, que dicho objetivo ponga en peligro la seguridad pública.

Se considera que el delito es agravado, cuando el concierto sea para cometer delitos de lesa humanidad tales como genocidio, secuestro, tortura, desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, narcotráfico, extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato o para organizar, promover, armar o financiar grupos armados al margen de la ley.

Este delito ha sido aplicado en varios casos de juzgamiento dentro del conflicto armado en Colombia, de acuerdo al Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, "(...) el concierto para delinquir es una asociación para delinquir con el propósito de derrocar al Estado en el caso de la guerrilla o suplantarlo en el caso de las autodefensas".

Recientemente la Corte Suprema de Justicia de Colombia, ha dictaminado este delito para procesar a varios políticos envueltos en el escándalo de la parapolítica así como a varios líderes de grupos paramilitares desmovilizados, pero los acusados rechazan la sindicación de este delito y solicitan ser juzgados por el delito de sedición. La corte dice que lo hecho por los paramilitares no es un acto de sedición.

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