Defensor del Pueblo

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Publicado por daryl 05/03/2009 @ 14:07

Tags : defensor del pueblo, organismos oficiales, política, enrique mugica, psoe, partidos politicos

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Enrique Múgica Herzog

Enrique Múgica Herzog (San Sebastián, 20 de febrero de 1932) es un abogado y político español. Miembro histórico del PSOE, ex-ministro de Justicia (1988-1991), ex-diputado (1977-2000) y actual Defensor del Pueblo de España.

Su padre era un violinista vasco que falleció durante la Guerra Civil y su madre era una francesa de origen judeopolaco.

Estudió interno, al igual que sus hermanos e hijos, en el Colegio San José. Se licenció en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, en ella inició su actividad política tomando parte en las revueltas antifranquistas. Fue uno de los creadores del Congreso Universitario de Escritores Jóvenes, decisivo en los sucesos de febrero de 1956, y por esto fue encarcelado durante tres meses aquel mismo año. Fue militante clandestino del PCE durante 10 años y por ello estuvo más veces en prisión (cuatro meses y medio en 1959 y 22 meses entre 1962 y 1967). En su última estancia en la cárcel abandonó el PCE e ingresó en el PSOE. Tomó parte en el Congreso de Suresnes de 1974 como figura importante en la ascensión de Felipe González en perjuicio del sector partidario de la ruptura con el franquismo. En aquel congreso fue elegido secretario de Coordinación del PSOE.

En la Transición representó al PSOE en la Platajunta. Fue elegido diputado al Congreso por Guipúzcoa en las elecciones generales de 1977. Tras esta primera elección sería reelegido en este cargo en otras 7 ocasiones consecutivas, permaneciendo como diputado guipuzcoano hasta el año 2000. También sería nombrado presidente de la Comisión de Defensa y vicepresidente de la Comisión Constitucional.

En vísperas del golpe de Estado del 23-F en 1981, como presidente de la Comisión de Defensa estuvo en un almuerzo con varios comensales entre los que se encontraba el futuro general golpista Alfonso Armada. Hubo cierta polémica sobre dicho almuerzo ya que algunos golpistas aludieron a que en ella se había comentado entre los políticos presentes que era necesario un golpe de timón. Múgica fue llamado a declarar por ello en el juicio contra los golpistas, negando tales acusaciones. Aunque no fue a más, aquella polémica contribuyó a mantener a Múgica en un discreto segundo plano durante algunos años. Ricardo Pardo Zancada, comandante que actuó como enlace de Milans del Bosch en el 23-F, en su libro "23 F la pieza que falta" sitúa a Múgica en la lista de Gobierno a imponer que llevaba Alfonso Armada.

Tanto Enrique Múgica como su hermano Fernando se destacaron siempre como firmes defensores del establecimiento de lazos de amistad entre España e Israel. La aportación de ambos fue decisiva para el establecimiento de relaciones diplomáticas entre España e Israel en 1986. El 11 de julio de 1997, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto 1131/97, por el que Enrique Múgica era nombrado Presidente de la Comisión de Investigación de las Transacciones de Oro procedentes del Tercer Reich durante la Segunda Guerra Mundial. Firme defensor de Israel en el conflicto árabe-israelí, sus detractores (especialmente desde el nacionalismo vasco radical) lo han tachado habitualmente de sionista.

De julio de 1988 a marzo de 1991 Múgica Herzog fue ministro de Justicia. Durante su mandato se aprobaron, entre otras leyes, la de Demarcación y Planta Judicial, la de Sociedades Anónimas y las reformas procesales y penales que dieron lugar a la creación de los juzgados de lo penal.

El asesinato por parte de ETA en febrero de 1996 de su hermano Fernando, retirado por entonces de la política activa, marcó un punto de inflexión notable en la trayectoria política de Enrique Múgica. A partir de ese momento se destacó como uno de los políticos de su partido más críticos no solo con el terrorismo de ETA, sino con el nacionalismo vasco en general. Acuñó el término de eusko-nazis para referirse a la izquierda abertzale. También es famoso su "que se pudrán en la cárcel" refiriéndose a los presos de ETA.

Unos meses después de ser elegido por octava vez consecutiva diputado al Congreso por la provincia de Guipúzcoa, en las elecciones generales de marzo de 2000, fue designado Defensor del Pueblo de España por el gobierno del Partido Popular de José María Aznar. Su designación fue considerada como de consenso entre el partido gobernante y el principal partido de la oposición (PSOE) ya que, aunque militante del segundo, Enrique Múgica era un político bien considerado por el PP. En la actualidad (2008) ejerce el cargo de Defensor del Pueblo.

Al principio



Defensor del Pueblo de España

Palacio de los marqueses de Bermejilla del Rey, en Madrid. Actual sede del Defensor del Pueblo.

El Defensor del Pueblo de España es una institución definida como el alto comisionado designado por las Cortes Generales cuya misión principal es la protección y defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos ante los abusos que puedan cometer los funcionarios del Estado.

Regulado por la LO3/81 del Defensor del Pueblo, en el art. 1, lo define como alto comisionado de las Cortes Generales , designado por estas para la defensa de los derechos comprendidos en el Titulo I de la Constitución, supervisa la actividad de la administración dando cuenta a las Cortes Generales, ejerce las funciones que le encomienda la Constitución y la presente Ley.

La figura del Defensor del Pueblo viene reflejada en el artículo 54 de la Constitución Española de 1978. Actualmente, el cargo de Defensor del Pueblo lo desempeña Enrique Múgica Herzog.

Art. 54. Constitución, una Ley orgánica regulará la institución del defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales, designados por estas, por la defensa de los derechos comprendidos en el Titulo de la Constitución, cuyo efecto podrá supervisar la actividad administrativo dando cuentas a las Cortes Generales.

LO 3/81,de 6 de abril de 1981 Defensor del Pueblo, modificada por la LO 10/95 el Código Penal.

LO 36/85 de 6 de noviembre, regula las relaciones entre la institución del Defensor del Pueblo y las figuras similares de las Comunidades Autónomas.

De estas actividades debe renunciar en el plazo de 10 días siguientes a su nombramientos y antes de tomar posesión.

El defensor del pueblo esta auxiliado por dos adjuntos, en los que se delegarán sus funciones que le sustituye, son nombrados y separados previa conformidad de las Cámaras. Desde el 2000, es obligatorio que uno de los dos adjuntos sea hombre y el otro mujer.

El defensor del pueblo tiene además ocho asesores, para las diversas áreas.

Función: Se estudian las quejas referidas al funcionamiento de la Administración militar, y las relativas a seguridad ciudadana, tráfico, y régimen penitenciario.

Función: Se estudian las quejas referidas al funcionamiento de la Administración de Justicia, la situación de los presos españoles en el extranjero, y las cuestiones relativas a la violencia doméstica.

Función: En esta área se estudian los asuntos de carácter tributario ,las quejas sobre agricultura, ganadería, pesca, comercio y consumo, así como las que afectan a los servicios públicos, infraestructuras y el procedimiento económico- administrativo.

Función: Se estudian las quejas que afectan a asuntos de extranjería, registro civil, asuntos exteriores y emigración.

Función: Se estudian las quejas que afectan a la situación del personal al servicio de todas las Administraciones Públicas.

Función: Se estudian las quejas relativas a medio ambiente, urbanismo y vivienda.

Función: Se estudian las quejas referentes a sanidad, trabajo, seguridad social, y acción social.

Función: Se estudian las quejas relativas a educación , investigación científica y técnica, cultura y deportes y responsabilidad patrimonial.

Art. 5. Por renuncia, expiración del plazo, muerte, incapacidad, actuar negligentemente, condena por sentencia firme por delito doloso.

El Presidente del Congreso declara la vacante en los casos de renuncia, muerte o espiración del plazo del mandato. Y desempeñara sus funciones los adjuntos.

En los casos de incapacidad, actuación negligente, condena, se debe decidir por debate de las Cortes y debe ser aprobado por 3/5 de cada cámara.

Supervisa la actividad de las Comunidades autónomas dentro de sus competencias, coordina las funciones del Defensor del Pueblo de las Comunidades, y remite las quejas de la administración de justicia al ministerio Fiscal...

El procedimiento se iniciara de oficio o a instancia, y su fin es el esclarecimiento de los actos y resoluciones de las Administraciones, la actividad de los ministros, autoridades de la administración y cualquier persona que actúe al servicio de la administración.

Se dará a conocer las quejas al responsable de los servicios, para que en el plazo de 15 días dicte un informe aclaratorio. El contenido de las resoluciones sugerirán la modificaciones de los criterios utilizados, o formula advertencias o recomendaciones de los deberes de la administración.

El Defensor del Pueblo, realizará un informe anual que remitirá a las Cortes generales, cuando las cuestiones lo considere urgente presentara un informe extraordinario.

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Defensor del Pueblo Andaluz

El Defensor del Pueblo Andaluz es una institución cuya misión principal es la protección y defensa de los derechos y libertades establecidos en el primer título de la Constitución. Para ello puede inspeccionar a los ayuntamientos y diputaciones provinciales así como a la Junta de Andalucía.

Es elegido por el Parlamento de Andalucía para un mandato de cinco años, que puede ser renovado. Actualmente, el cargo de Defensor del Pueblo Andaluz lo desempeña José Chamizo de la Rubia.

La institución del defensor del pueblo andaluz figura en el Estatuto de Autonomía de Andalucía de 1981, reformado en 2007. Así, el artículo 128, en el capítulo VI del estatuto define su autoridad, sus funciones y su modo de elección.

En España, esta función de control de la administración y protección de los ciudadanos tuvo su origen en la Constitución Española de 1978. El título I de la Constitución establece los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos españoles. El capítulo IV está dedicado más específicamente a garantizar las libertades fundamentales. El artículo 54 establece un Defensor del Pueblo, nombrado por las Cortes Generales para garantizar el respeto de estos derechos y recoger en este sentido las quejas de los ciudadanos.

La figura del Defensor del Pueblo está aclarada y regulada por la Ley Orgánica 3/1981 del 6 de abril de 1981. En dicha ley se defienen las funciones, las atribuciones y el funcionamiento de la autoridad supervisora. Además, el artículo 12 de la Ley establece que los órganos similares de las comunidades autónomas están obligadas a coordinar sus esfuerzos con los del Defensor del Pueblo, que podrá recabar su colaboración. El Defensor del Pueblo andaluz está, por tanto, sujeto a este reglamento, según lo confirmado por el artículo 128-3 del Estatuto de Autonomía y la Ley 36/1985 sobre las relaciones entre el Defensor del Pueblo y sus homólogos de cada comunidad autónoma.

La Ley 9/1983 del 1 de diciembre de 1983, aprobada por el Parlamento andaluz, establece las condiciones para la designación del Defensor del Pueblo andaluz. Este último es elegido por una mayoría cualificada de la Asamblea Regional cada cinco años. El candidato a estas funciones es propuesto por la comisión parlamentaria de Gobierno Interior y de los derechos humanos. El titular debe ser un ciudadano andaluz (es decir, ciudadano español establecido en Andalucía), no puede tener empleo público ni privado, no puede tener ningún cargo político o ejercer alguna actividad de propaganda política y no puede estar afiliado a ningún partido político o sindicato. Aunque es nombrado y presta juramento ante el parlamento, el Defensor del Pueblo Andaluz no responde ante éste desempeñando sus funciones con autonomía y conforme a su propio criterio.

Se establece un informe anual de sus actividades, que presenta al Parlamento en sesión plenaria. Por otro lado, para el ejercicio de sus funciones, dispone de servicios de gestión, así como de adjuntos y de asesores encargados de un dominio particular de competencia.

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Defensor del Pueblo de la República Argentina

El Defensor del Pueblo de la República Argentina, según lo establece el Art. 86 de la Constitución Nacional, constituye un órgano independiente en el ámbito del Congreso de la Nación, con autonomía funcional.

Su misión es doble: en primer lugar, la defensa de los derechos humanos y otros derechos, garantías e intereses tutelados por la constitución, ante actos u omisiones de la administración pública, y por otro,el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas.

Cuenta con legitimación procesal e iguales inmunidades y privilegios que los legisladores.

Es elegido por el voto afirmativo de 2/3 de los miembros presentes de cada cámara del Congreso por un periodo de 5 años, pudiendo ser reelegido.

Se trata de un órgano ajeno al poder, vinculado al Congreso pero independiente de él, ya que no recibe instrucciones de autoridad alguna y goza de inmunidades y fueros iguales a los de un legislador.

Esta figura proviene del derecho escandinavo, (nació en Suecia) y se lo integró al orden normativo argentino en la reforma constitucional de 1994 con el fin de mejorar los mecanismos de control entre los tres poderes clásicos de las democracias liberales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), así como para combatir la corrupción y hacer más accesible la justicia para muchos sectores de la población a través de su legitimación procesal. Ésta última supone la facultad del Ombudsman para iniciar procesos judiciales sin perjuicio del derecho del afectado a hacer lo propio.

Si bien se trata de un órgano unipersonal, nada obsta a que tenga tantos colaboradores y asesores como estime necesario (dadas la complejidad y el alcance de sus tareas y atribuciones).

El Defensor del Pueblo circunscribe su ámbito de competencia al espacio federal, lo cual significa que no puede intervenir en aquellos ámbitos reservados a las provincias. Asimismo, actúa siempre a nombre propio, por lo que sus actos no pueden ser atribuidos al Congreso Nacional.

Sus competencias incluyen las preventivas y las reparadoras.

Por las primeras, tiene la atribución de investigar, criticar, opinar y recibir denuncias, requiriendo para todo esto la colaboración de los órganos del poder. En relación a las segundas, hace uso de su legitimación procesal para demandar ante organismos jurisdiccionales las violaciones contempladas en sus facultades. Su competencia se extiende, por el Art. 43 de la Constitución, también a derechos de incidencia colectiva. Además, la expresión "funciones administrativas públicas" del Art. 86, permite considerar dentro de su ámbito a todo tipo de entidades públicas no necesariamente estatales (como las empresas prestatarias de servicios públicos).

En el caso de delitos administrativos, sólo puede incitar la acción pública ante el Procurador General de la Nación.

Eduardo R. Mondino nació en la ciudad de Córdoba, República Argentina, el 3 de mayo de 1958.

Diplomado de Periodista Profesional en el Colegio Universitario de Periodismo Obispo Trejo y Sanabria de la ciudad de Córdoba, República Argentina.

Profesor Titular de la Cátedra de "Política Contemporánea". Desde 1993 desarrolla actividad académica y de investigación en el Instituto de Investigación Científica de Aplicación Periodismo Idea, en el Colegio Universitario de Periodismo de Córdoba.

Como parte de su actividad profesional ha cumplido tareas en distintos medios de comunicación social en la provincia de Córdoba, desde 1983.

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Defensor del Pueblo Europeo

El Defensor del Pueblo Europeo, está habilitado para recibir de los ciudadanos de la Unión Europea (UE) o de las personas físicas o jurídicas, toda queja relativa al mal funcionamiento de las instituciones o de los organismos comunitarios (con excepción del Tribunal de Justicia o del Tribunal de Primera Instancia).

El Defensor es nombrado por el Parlamento Europeo después de cada elección y para toda la duración de la legislatura. Trabaja en Estrasburgo.

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Source : Wikipedia