Cristina Fernández de Kirchner

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Publicado por roy 01/03/2009 @ 23:06

Tags : cristina fernández de kirchner, argentina, américa latina, internacional

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Cristina Fernández de Kirchner

Cristina Fernández de Kirchner

Cristina Elisabet Fernández de Kirchner (Ringuelet, La Plata, Provincia de Buenos Aires, 19 de febrero de 1953) es una política y abogada de Argentina. Fue elegida como Presidenta de la Nación Argentina el 28 de octubre de 2007, asumiendo el cargo el 10 de diciembre de dicho año, sucediendo a su esposo Néstor Kirchner.

Antes de ejercer dicho cargo, fue senadora por la provincia de Santa Cruz en dos oportunidades, así como también diputada.

Es la primera mujer de la historia argentina en ser elegida para la primera magistratura y la segunda en acceder al cargo. Pertenece al Partido Justicialista, integrante a su vez del Frente para la Victoria.

Hija de Eduardo Fernández y de Ofelia Wilhelm, nació el 19 de febrero de 1953 en Ringuelet, Provincia de Buenos Aires, descendiente de españoles por su padre, y de alemanes por su madre.

Realizó los dos primeros años de sus estudios secundarios en el ex Colegio Comercial San Martín (actual Escuela de Educación Media 31) de la ciudad de La Plata y los tres últimos en el Colegio Nuestra Señora de la Misericordia, de la misma ciudad.

Realizó sus estudios universitarios en la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional de La Plata en 1973. Allí inició su militancia política en el Frente de Agrupaciones Eva Perón (FAEP), una organización estudiantil ligada a las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que ese mismo año se fusionó con la Federación Universitaria por la Revolución Nacional (FURN) para constituir la Juventud Universitaria Peronista de la Universidad de La Plata, ligada a la organización Montoneros.

En este contexto, conoció a Néstor Kirchner en octubre de 1974, ya que ella era compañera de estudios de la novia de un compañero de estudios de él. Ambos formaron parte de la Juventud Universitaria Peronista, y tras sólo seis meses de noviazgo se casaron el jueves 8 de mayo de 1975.

La caída del gobierno de María Estela Martínez y el posterior Proceso de Reorganización Nacional volvía a la militancia política un gran riesgo, por el cual la pareja resolvió trasladarse a la Provincia de Santa Cruz, en la localidad de El Calafate. Muchos de sus compañeros de militancia resultaron asesinados o desaparecidos. Una vez instalados en la Patagonia, ambos se dedicaron a la actividad privada como abogados, formando el "Estudio Jurídico Kirchner". Él ya estaba recibido, a ella le faltaban tres materias al momento de viajar a la provincia. Hay evidencias que pretenden negar que se haya recibido realmente, dadas las irregularidades en la documentación que avala dicho título, descriptas por el periódico Tribuna de Periodistas en un artículo publicado el 22 de septiembre de 2007. La Universidad Nacional de La Plata ratificó que la presidenta se graduó en esa casa de estudios en 1979.

No obstante, el abogado Sergio Bergenfeld, presidente de la ONG Defensa Ciudadana y el periodista Christian Sanz, denunciaron ante la justicia penal a Cristina Fernández de Kirchner sosteniendo que el título de abogada emitido por la Universidad Nacional de La Plata se encuentra falsificado.

El matrimonio tiene dos hijos: Máximo y Florencia.

En 1989 fue electa legisladora provincial en la Cámara de Diputados de Santa Cruz y reelecta en 1993.

En el año 1995 ingresa al Senado Nacional representando a Santa Cruz. En 1997 ingresa a la Cámara de Diputados y en 2001 es otra vez electa senadora, siempre por la misma provincia.

Al asumir la presidencia su marido el 25 de mayo de 2003, ocupó, además, el rol de primera dama, dándosele una trascendencia especial a su participación política.

Para las elecciones legislativas del 23 de octubre de 2005 fue elegida senadora, pero esta vez por la provincia de Buenos Aires, representando al Frente para la Victoria, una escisión del Partido Justicialista. Venció por una diferencia de 26 puntos porcentuales a Hilda González de Duhalde, esposa del ex presidente Eduardo Duhalde.

Mantiene un perfil de activa defensora de los derechos humanos tanto en Argentina como en América Latina.

Es defensora de la actividad política de las mujeres. Ha tenido contactos con la Presidenta de Chile, Michelle Bachelet, con la senadora estadounidense Hillary Clinton y con Ségolène Royal, candidata a presidente durante las elecciones francesas de 2007.

El 19 de julio de 2007 lanzó oficialmente su candidatura presidencial para las elecciones previstas para octubre. El acto se realizó en el Teatro Argentino de la ciudad de La Plata. Ya había sido mencionada repetidas veces como “cuadro político presidenciable” por varios miembros del Partido Justicialista y del gabinete del gobierno kirchnerista. El 28 de octubre del citado año se consagra ganadora en primera vuelta con el 45,29% de los votos positivos -con uno de los más holgados márgenes de ventaja desde el retorno de la democracia en 1983-, en una elección donde la abstención fue la mayor desde 1922 y el voto en blanco el mayor desde las elecciones de 1963, sucediendo el 10 de diciembre a su esposo Néstor Kirchner, quien desempeñaba el cargo hasta esa fecha.

Las elecciones estuvieron signadas por denuncias de faltantes de boletas de los candidatos opositores, ya que no había reposición de boletas o la misma era insuficiente, sin olvidar que directamente no aparecían todos los candidatos a presidentes y se sucedieron numerosos inconvenientes y demoras durante la jornada electoral, lo que generó malestar en los votantes.

Durante la etapa de transición viajó a Brasil, en donde se reunió con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y acordaron realizar dos reuniones bilaterales al año, con el objetivo de mejorar la relación entre los países y el funcionamiento del Mercosur. En dicha reunión se planificó la construcción de aviones de carga, la coordinación del traspaso del control del espacio aéreo a organismos civiles, y la posibilidad de dejar de emplear el dólar como moneda en los intercambios monetarios entre ambos países.

El miércoles 14 de noviembre de 2007, aún en la etapa de transición, se dio a conocer el gabinete de ministros para su gobierno. De los 12 elegidos, siete ya ocupaban carteras en el gobierno de Néstor Kirchner y 5 asumieron por primera vez un Ministerio.

Una de las primeras medidas adoptadas por la presidenta Fernández fue la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, designando a su cargo a Lino Barañao, un reconocido biólogo molecular. La medida se complementó con el anuncio de creación de un polo científico-tecnológico en Buenos Aires, integrado por tres institutos: Ciencias Sociales y Humanas, Ciencias Biomédicas y Biotecnológicas y Ciencias Exactas y Tecnológicas.

Los problemas de abastecimiento de energía en las postrimerías del año 2007 llevó a cabo un plan de ahorro de energía. El plan se propuso reemplazar las bombitas incandescentes por lamparitas de bajo consumo, y-por sanción del Congreso- se dispuso el atraso de 60 minutos de la hora oficial a partir del 30 de diciembre de ese mismo año, cambio que perduró hasta el día 16 de marzo de 2008. Como consecuencia se vieron descendidos los consumos de energía eléctrica, principalmente en las horas pico. Hasta 2008 el plan de reemplazo de lamparitas de bajo consumo se había cumplido parcialmente.

Cristina Fernández de Kirchner asumió su gobierno con problemas de inflación y una crisis institucional en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), cuestionado por la verosimilitud de sus índices de costo de vida, que algunos centros económicos han ubicado en más del doble de la inflación oficial. El índice es importante también para determinar el monto que el país debe pagar en concepto de intereses por la deuda externa, ya que de reconocerse los índices señalados por los centros privados, los pagos por la deuda externa también se duplicarían.

Como consecuencia de estos problemas el ministro de Economía Martín Lousteau presentó un plan para combatir la creciente inflación, reduciendo el crecimiento económico ("enfriando" la economía), recurso que fue expresamente rechazado por el ex presidente Kirchner, la misma noche en la que el ministro renunció. El gobierno sostiene que la inflación no está causada por el alto nivel de crecimiento económico, y que un enfriamento de la economía, con las altas tasas de endeudamiento y pobreza que aún registra el país, tendrían un costo social mayor que el mismo descenso de la inflación.

En la segunda mitad del año 2008, la tasa de inflación real bajó notablemente, ubicándose en el 0,4% mensual (según el INDEC) y alrededor del 0,7% para diversos estudios privados. En el caso de los alimentos y en algunas provincias, como Misiones, se registró una inflación cercana a 0%.

El 11 de marzo de 2008, en un contexto de fuerte aumento nacional e internacional del precio de los alimentos, influenciados por los movimientos especulativos en los mercados de commodities de los Estados Unidos en los momentos previos a la decalración abierta de la crisis económica de 2008-2009, el Ministro de Economía, Martín Lousteau, anunció un nuevo sistema de retenciones móviles a las exportaciones de cuatro productos y sus derivados: soja, girasol, maíz y trigo. La medida tenía como objetivo atenuar las oscilaciones bruscas de los precios internacionales, combatir la llamada "sojización" del campo argentino y preservar la "política de dólar alto". Adicionalmente se anunciaron incentivos para la industria lechera y una mesa de negociación para el sector de la carne bovina.

La medida significó, en lo inmediato, un incrementó de la tasa de retención sobre la soja y el girasol, reduciéndose levemente las correspondientes al maíz y al trigo. La Resolución 125 fue rechazada de plano por las cuatro organizaciones que reúnen al sector empleador de la producción agro-ganadera en la Argentina, las que, a partir del 13 de marzo, declararon un paro con bloqueos de rutas, que se extendería durante 129 días. El conflicto se agravó el 25 de marzo, cuando las organizaciones agroganaderas decidieron que el paro fuera "por tiempo indeterminado", hasta que el gobierno dejara sin efecto el incremento dispuesto, frente a lo cual la presidenta Cristina Fernández declaró que no negociaría hasta que el lock out fuera levantado. El paro afectó el comercio nacional e internacional, principalmente de alimentos y el abastecimiento de las ciudades.

El agravamiento del conflicto llevó a que miles de manifestantes en todo el país salieran a las calles tanto para oponerse como para apoyar las medidas del gobierno. En el curso de las manifestaciones se produjeron enfrentamientos entre partidarios de ambas posiciones. Durante el conflicto se produjo la renuncia del ministro de Economía Martín Lousteau, autor de las medidas cuestionadas.

El 17 de junio la presidenta Fernández envió al Congreso un proyecto de ley sobre las retenciones a las exportaciones de granos y las compensaciones a los pequeños productores, con el fin de que sea el Poder Legislativo el que resuelva en definitiva la situación. En la madrugada del 17 de julio, la Cámara de Senadores, en una votación que debió ser desempatada por el Vicepresidente de la Nación, rechazó el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, que había sido previamente aprobado con modificaciones por la Cámara de Diputados. El 18 de julio la Presidenta de la Nación ordenó dejar sin efecto la Resolución 125/08, luego de lo cual uno de los dirigentes ruralistas dio por terminado el conflicto.

El voto de desempate del vicepresidente Julio Cobos en contra del proyecto de retenciones a las exportaciones agropecuarias de la Presidenta, que causó el rechazo del mismo por el Congreso, llevó a una ruptura entre ambos y a un realineamiento político de un sector de los llamados radicales K, liderado por el primero, que se ubicó en la oposición, aún sin dejar de ocupar el cargo de vicepresidente.

El hecho produjo una situación anómala, porque por un lado Cobos se ubicó como uno de los principales referentes de la oposición al gobierno del Cristina Kirchner, pero por otro lado, en su condición de Vicepresidente, debe reemplazar a la Presidenta cada vez que ésta se ausenta del país, encontrándose en condiciones de tomar en ese caso medidas contrarias a la línea política marcada por la titular del Poder Ejecutivo.

Esta última situación se produjo el 21 de septiembre de 2008, cuando Cobos, en ejercicio de la Presidencia de la Nación a causa del viaje de la Presidenta a Nueva York, recibió al Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, uno de los principales líderes opositores, y transmitió al Jefe de Gabinete un reclamo financiero de Macri, con el que la Presidenta discrepaba.

Otro caso similar se produjo en ocasión de la sanción del proyecto de ley presentado por la presidenta Fernández, reestatizando el sistema de jubilaciones y pensiones que había privatizado el presidente Carlos Menem. El proyecto fue aprobado en ambas cámaras del Congreso y, en noviembre de 2008, al momento de ser promulgado como ley por el Poder Ejecutivo, la Presidenta se encontraba realizando una gira por África del Norte, razón por la cual estaba siendo reemplazada por el vicepresidente Cobos. En esa circunstancia, el partido PRO (macrismo) le pidió a Cobos que vetara la ley de la Presidenta sancionada por el Congreso.

Esta situación, que permitiría al Vicepresidente dejar sin efecto decisiones tomadas por el Presidente, o tomar decisiones que el Presidente desaprueba, generó un debate entre políticos, periodistas y especialistas. Algunos han sostenido que, por razones morales, el Vicepresidente debería renunciar. Otros han reflexionado que la Constitución Nacional no prohíbe que el Vicepresidente realice actos opuestos al Presidente, y que por lo tanto está habilitado para hacerlo.

La crisis económica de 2008-2009, iniciada en los Estados Unidos, tuvo su primer efecto en la Argentina con el aumento exponencial del precio internacional de los granos que llevó al llamado conflicto del campo, durante el cual las organizaciones de productores agropecuarios se opusieron a un alza de las retenciones a las exportaciones, consiguiendo finalmente que el Congreso anulara las medidas adoptadas por el gobierno en la Resolución 125/2008.

El 23 de septiembre, en su discurso en la 63ª Asamblea General de la ONU, la presidenta Fernández denominó a la crisis como el Efecto Jazz, aludiendo a su origen en Estados Unidos, en clara contraposición a las denominaciones que los centros económicos utilizaron para denominar a las crisis anteriores que se originaban en países emergentes, como fueron el Efecto Tequila, Efecto Caipirinha, el Efecto Arroz y el propio Efecto Tango, como se conoció la crisis argentina de 1998-2002. La Presidenta cuestionó también a los "gurúes económícos" que defendíán el modelo económico estadounidense y criticaban las medidas anticrisis tomadas por los presidentes Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner, para ratificar su adhesión de fondo al enfoque neodesarrollista de las mismas. Estas declaraciones fueron muy criticadas por la prensa conservadora y algunos sectores de la oposición, que las calificaron como un acto de arrogancia.

En octubre la Presidenta puso en marcha un Comité de Crisis de alto nivel, para realizar un monitoreo permanente de la emergencia y recomendar medidas, integrado por el Jefe de Gabinete, el Ministro de Economía, los presidentes del Banco Central y de la Comisión Nacional de Valores, y el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

El plan fue apoyado por las dos centrales sindicales (CGT y CTA), la Unión Industrial Argentina que agrupa a los empresarios industriales, y CONINAGRO, que agrupa a las cooperativas rurales. Fue criticada por la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Federación Agraria Argentina (FAA), ambas asociaciones que agrupan a los propietarios y productores rurales.

Por su parte, en octubre de 2008, el Fondo Monetario Internacional anunció que decidió no incluir a la Argentina en el Plan Anticrisis del organismo, "por sus antecedentes negativos", haciendo referencia a la catástrofe económico-social padecida durante la crisis de 1998-2002, cuando la economía del país era dirigida de acuerdo a las pautas del Fondo.

En 2008, la desocupación se mantuvo en niveles similares a los que se encontraba el año anterior, pasando del 8,4% en el primer trimestre al 7,3% en el cuarto trimestre del año, la tasa más baja desde octubre de 1992, según datos del INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos).

En el mismo período el trabajo informal (no registrado), se redujo a un 37,3%, luego de que llegara al 49,50% en el primer semestre del 2003.

El 21 de octubre de 2008 la presidenta Cristina Fernández anunció que elevaba un proyecto al Congreso Nacional para poner fin al sistema de AFJP, un régimen privado de pensiones y jubilaciones que había constituido una de las principales medidas de la política generalizada de privatizaciones llevada adelante por el presidente Menem. El proyecto fue aprobado por el Parlamento el 20 de noviembre con apoyo de algunas fuerzas de oposición como los Partido Socialista y el ARI, votando en contra del mismo el PRO, la Coalición Cívica y la Unión Cívica Radical. La ley dio origen a un nuevo Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

El gobierno de Cristina Fernández profundizó la política de generalización de la negociación colectiva para regular las relaciones laborales que había iniciado el presidente Néstor Kirchner.

Finalizado el tercer trimestre de 2008, el Ministerio de Trabajo había homologado 890 convenios colectivos y acuerdos, una cifra que significó un aumento del 24%, comparado con el mismo período de 2007, y del 324% comparado con 2004. Más del 90% de los convenios se realizaron por rama de actividad económica (y subrama) y los restantes por empresa. Las cláusulas más habituales fueron las salariales, pero también se registró un aumento de la cantidad de cláusulas sobre “regulación de las relaciones laborales” en la empresa" y “condiciones de trabajo”, que en el III trimestre representaron el 20% y el 17% de las cláusulas totales, incluyéndose entre ellas la creación de “comités de higiene y seguridad” y cláusulas especiales de no discriminación.

El crecimiento de la presencia sindical en el sistema de relaciones laborales, ha impulsado modificaciones en los planes de estudios de algunas universidades, con el fin de incluir mayor información y análisis sobre los sistemas, reglas y técnicas de diálogo social en la gestión de los recursos humanos de las empresas.

El gobierno de Cristina Fernández continuó con el Plan Patria Grande iniciado en el gobierno anterior, con el fin de otorgar documentos a los inmigrantes en situación irregular. En 2008 se entregaron documentos argentinos a 144.549 personas, sumando de ese modo la cantidad de 714.907 inmigrantes regularizados, desde que se puso en marcha el plan en 2006. La cifra representa casi la mitad de los extranjeros registrados en el censo de 2001 (1.531.940). La regularización masiva de inmigrantes y la consecuente posibilidad de que puedan hacer valer sus derechos (sindicalización, asociación, demandas laborales, etc.) tiene un fuerte impacto en el mercado de trabajo, ya que los extranjeros suelen ocupar los empleos que se encuentran en los escalones salariales más bajos e informales, por lo que una mejora en los mismos, impacta directamente en toda la escala salarial.

Tres días después de asumir el mando, un fiscal federal de los Estados Unidos, comprometió a la presidenta Fernández de Kirchner, en un sonado caso de contrabando de dinero, al sostener públicamente que el mismo estaba destinado a su campaña electoral y había sido enviado por el gobierno de Venezuela. El anuncio provocó una dura respuesta de la Presidenta que calificó el hecho como una "operación basura" proveniente de los "basurales de la política internacional", impulsado por países que, "más que países amigos, quieren países empleados y subordinados", para ratificar su decisión de profundizar as relaciones de unidad con los demás países de América Latina. La respuesta de la Presidenta significó un deterioró las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Argentina, las cuales comenzaron a recomponerse a principios de febrero del 2008 tras una reunión de la presidenta con el embajador Anthony Wayne.

En enero de 2008 se conoció extraoficialmente que el Vaticano no otorgaría el placet al embajador designado ante la Santa Sede, Alberto Iribarne. Entre las razones mencionadas se señalaron desde el descontento de la Iglesia católica ante la condición de divorciado de Iribarne, hasta conflictos más profundos como la del vicariato castrense vacante desde el retiro del cuestionado obispo Antonio Baseotto y la cuestión del aborto. Luego de varios meses sin embajador, el 22 de octubre de 2008, la Presidenta con acuerdo del Senado, designó en el cargo a Juan Pablo Cafiero, cuyo placet fue inmediatamente aprobado por el Vaticano.

La primera mandataria ha intervenido en las gestiones relativas al canje humanitario de los rehenes de las FARC en la República de Colombia, problema sobre el que había venido trabajando desde un tiempo antes de asumir, cuando invitó al país a la madre de Íngrid Betancourt, en mayo de 2007. Ya asumido el poder como Presidenta, dispuso que su esposo —el ex presidente Néstor Kirchner— integrara la misión humanitaria que viajó a un municipio colombiano para instrumentar el canje, aunque finalmente el mismo no pudo realizarse en esa ocasión. En abril de 2008 viajó a París para participar en la Marcha Blanca por la libertad de Betancourt.

El 25 de febrero de 2009, en la primera conferencia de prensa que realizó el nuevo director de la CIA, Leon Panetta, designado por el presidente Barak Obama, el funcionario al responder a una pregunta, se refirió a la Argentina, Ecuador y Venezuela, al citar a un informante no identificado que insistió en señalar que "hay algunos problemas serios a los que tenemos que prestar atención en América Latina que involucran inestabilidad económica".

El 27 de febrero el director de la CIA, Leon Panetta, se comunicó con el embajador argentino en Estados Unidos, Héctor Timerman, para pedir disculpas al gobierno y al pueblo arentinos, sí como para confirmar que el dato conflictivo se lo había comentado un "funcionario latinoamericano", cuya identidad no reveló.

Ese mismo día, el embajador estadounidense en la Argentina, Earl Anthony Wayne, le explicó al ministro Taiana que "los comentarios del director de la CIA no fueron una expresión de la opinión del gobierno de los Estados Unidos sobre la Argentina", confirmando también que los mismos provinieron de un funcionario extranjero que no identificó. En la misma reunión, el embajador Wayne organizó con el ministro Taiana, una agenda de trabajo conjunto de la presidenta Fernández y el presidente Obama en la reunión del Grupo de los 20.

El 10 de noviembre de 2008, se publicó en el Boletín Oficial el decreto 1837/08, a través del cual la presidenta vetó la ley 26.418, mejor conocida como Ley de los Glaciares, que había sido aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados y con solamente tres votos en contra en el Senado. Este proyecto de ley, proponía principalmente la regulación de las actividades permitidas en los glaciares y su entorno, prohibiendo actividades industriales y mineras. Entre los motivos para vetar la ley, se citó la preocupación de algunos gobernadores de la zona cordillerana ya que el texto sancionado repercutiría negativamente en el desarrollo económico y en las inversiones que se llevan a cabo en dichas provincias.

El paro del campo de 2008 y la derogación del sistema de retenciones móviles por el Congreso, significó una importante caída de la imagen de Cristina Fernández, sobre todo entre los sectores medios y altos. Debido a ello, algunos medios de comunicación y políticos opositores sostuvieron al finalizar el conflicto del campo, que el kirchnerismo era "un cadáver político al que solamente faltaba ponerle fecha de entierro".

Pasados unos meses y ya iniciada la crisis económica mundial de 2008, también la oposición ha alcanzado altas tasas de imagen negativa.

A pesar de la caída de su imagen positiva, a fines de noviembre de 2008 era la candidata preferida por los argentinos —según una encuesta realizada por Canal 26 en su página web— en la cual figura con el 32.43% de las preferencias, seguida por Elisa Carrió con 23.67% y Mauricio Macri con el 23.39%.

En febrero de 2009, la imagen negativa de la Presidenta creció del 39% al 41%, mientras que la imagen positiva se mantuvo sin cambios en un 29%. La evolución se produjo en el contexto de la fuerte recesión global, lo que acarrea un enfriamiento de la actividad económica. Los sectores donde se registró mayor apoyo a la Presidenta fueron los mayores de 30 años y los de menor nivel educativo. Geográficamente, el sector donde se registra la mayor tasa de imagen positiva es el conurbano bonaerense, donde predomina la actividad industrial, con un 38%, en tanto que la más baja se registró en la región agrícola pampeana, con un 20% de imagen positiva. La encuesta fue realizada telefónicamente sobre una muestra de 1.000 casos, entre el 3 y el 12 de febrero de 2009.

Al principio



Paro agropecuario patronal en Argentina de 2008

Cacerolazo contra el gobierno en Rosario, Argentina (16 de junio de 2008).

El paro agropecuario, lock out o bloqueo de rutas en Argentina de 2008 fue un extenso conflicto en el que las cuatro organizaciones que reúnen al sector empleador de la producción agro-ganadera en la Argentina protestaron contra la decisión del gobierno de incrementar las retenciones a las exportaciones de soja y girasol y establecer un sistema móvil para las mismas (Resolución 125/08).

El paro se extendió por 129 días, desde el 11 de marzo de 2008 hasta el 18 de julio, culminando con la suspensión de la Resolución número 125/08 del Ministerio de Economía y Producción por parte de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Durante este tiempo las patronales agropecuarias declararon una serie de medidas con el fin de interrumpir algunas actividades económicas de sus asociados, así como el transporte interurbano y las exportaciones agrarias, realizando cierres patronales parciales (lock out), bloqueos de rutas y puertos y otras medidas de acción directa.

Posteriormente, al conflicto se le sumó un paro de los empresarios transportistas con bloqueo de rutas, que agravó la situación y el abastecimiento de las ciudades.

El proceso se politizó rápidamente y el oficialismo y sectores cercanos al mismo, como la Federación Trabajo y Vivienda de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), liderada por Luis D'Elía, y la Asociación Madres de Plaza de Mayo, acusaron a los dirigentes ruralistas, al ex-presidente Eduardo Duhalde y al multimedio Clarín de buscar la desestabilización del gobierno con el fin de provocar la caída de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Dichas acusaciones fueron negadas por uno de los líderes del paro ruralista, Alfredo de Angeli, de la Federación Agraria Argentina, quien aseguró que las medidas de fuerza fueron pacíficas y que no buscaban desestabilizar al gobierno, sosteniendo también que "el gobierno promueve un golpe porque no sabe cómo arreglar el país". Asimismo la Unión Cívica Radical negó que hubiera intenciones desestabilizadoras.

El conflicto tuvo una primera escalada el 25 de marzo, cuando las organizaciones agroganaderas decidieron extender la medida por tiempo indeterminado hasta que el gobierno «vuelva para atrás con el aumento de las retenciones», y de que la presidenta Cristina Fernández respondiera a la decisión afirmando que no negociaría mientras el lock out no fuera levantado. El paro afectó el comercio nacional e internacional, principalmente de alimentos y combustible, y el abastecimiento de las ciudades.

En el curso del mismo se produjeron manifestaciones masivas y declaraciones provenientes de distintos sectores, tanto a favor como en contra del paro, así como algunos hechos de violencia involucrando a simpatizantes de ambas posiciones. El gobierno y las cuatro organizaciones de productores rurales se reunieron varias veces para dialogar, sin llegar a ningún acuerdo. En el curso del conflicto el gobierno anunció reformas al sistema cuestionado en dos ocasiones, el 31 de marzo y el 29 de mayo, en la primera estableciendo reintegros y subsidios a los pequeños productores y en la segunda para reducir las retenciones marginales que afectaban a los mercados de futuros. Las entidades empresarias consideraron que ambas reformas eran insuficientes o inadecuadas. Durante el conflicto se registró también la renuncia del ministro de Economía Martín Lousteau, autor de las medidas cuestionadas por los ruralistas.

Las medidas de fuerza declaradas por las asociaciones ruralistas fueron también implementadas por grupos ajenos a las mismas y sin organización visible que los agrupe, que se autodenominaron productores autoconvocados, y que no siempre respondieron a las decisiones que adoptaron los convocantes del paro.

El 17 de junio la presidenta Fernández, envió al Congreso un proyecto de ley sobre las retenciones a las exportaciones de granos y las compensaciones a los pequeños productores, con el fin de que sea el Poder Legislativo el que resuelva en definitiva la situación. En la madrugada del 17 de julio, la Cámara de Senadores, en una votación que debió ser desempatada por el Vicepresidente de la Nación, rechazó el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, que había sido previamente aprobado con modificaciones por la Cámara de Diputados. El 18 de julio la Presidenta de la Nación ordenó dejar sin efecto la Resolución 125/08, luego de lo cual uno de los dirigentes ruralistas dio por terminado el conflicto.

El 3 de octubre de 2008 las organizaciones ruralistas declararon un nuevo paro por seis días con cortes parciales de rutas en caso de ser necesario, esta vez para reclamar la completa anulación de las retenciones a la exportación.

En la Argentina suele utilizarse la expresión «el campo» para referirse a las actividades rurales primarias. Con un sentido estricto, la expresión está utilizada para hacer mención de la actividad agro-ganadera (o agropecuaria) de la región pampeana, donde se concentra mayoritariamente la producción de granos y la ganadería vacuna. Con un sentido más amplio, la expresión se utiliza para referirse a las actividades rurales que se realizan en el resto del país, que también suelen estar incluidas en la expresión «economías regionales».

Toda la producción rural incluido el sector forestal, representaba en 2007 el 5,61% del PBI total, empleando un 5% (325.000) del total de trabajadores registrados (formales) en el país. Sin embargo, las oleaginosas (soja y girasol), los cereales (maíz y trigo) y la carne bovina, constituyen sumadas el 18,2% del total de las exportaciones, a la vez que las manufacturas de origen agropecuario (MOA) constituyen poco más de la mitad del total de las manufacturas exportadas.

El Censo Agropecuario de 2002 estableció que en la Argentina existían 333.533 establecimientos agropecuarios, un 21% menos de los 421.221 que registró el Censo de 1988, y casi la mitad de los 600.000 censados en 1966. De ellos 137.021, casi la mitad, poseen 2,28 millones de hectáreas (16,7 ha cada uno), mientras que 936 propietarios poseen 35,51 millones de hectáreas (38.000 ha cada uno).

La superficie agropecuaria es de 174,8 millones de hectáreas, de las cuales 57 millones se encuentran en la Patagonia. De aquel total 38,1 millones de hectáreas se encuentran implantadas, y el 90% de ellas se encuentran en la región pampeana. Mientras que en 2002, la siembra de granos (oleaginosas y cereales) abarcó 23 millones de ha, en la campaña 2007/2008 la superficie sembrada con granos alcanzó 30,7 millones de ha, de las cuales 16,9 millones se dedicaron a la soja.

El censo agropecuario contabilizó 138.328 establecimientos en la región pampeana, con 73,7 millones de hectáreas en conjunto. Como ha sido tradicional, debido al predominio de la estancia, existe en la Argentina una considerable concentración de la propiedad rural, resultado del cual un 3,7% de los productores son dueños del 40% de la tierra.

En particular, la alta rentabilidad derivada del incremento excepcional de los precios internacionales de la soja, llevaron a los empresarios agropecuarios a volcarse progresivamente hacia la siembra de soja transgénica, en un proceso denominado de «sojización», que llevó al país a convertirse en el tercer productor mundial de soja en bruto y el primero de aceite de soja. Este proceso es en gran medida controlado por grandes grupos económicos organizados en Aapresid (Asociación de Siembra Directa de Soja), ACSoja (Asociación de la Cadena de la Soja) y la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA). La soja es una planta originaria de China, de muy alto valor proteico (cercano al 35%), capaz por lo tanto de reemplazar a las carnes en las dietas, además de ser la materia prima del aceite de soja, el aceite de mayor producción en el mundo, de la harina de soja y de pellets de alimentos balanceados. También se utiliza para producir plásticos y biocombustibles.

Existe un debate sobre el proceso de «sojización» de la producción agropecuaria y sus límites. Algunos sectores lo han cuestionado, por su impacto en la desertificación, la deforestación, la tendencia hacia el monocultivo, las amenazas ecológicas derivadas de los productos transgénicos, y la crisis de importantes sectores de la producción rural, en especial la carne y la leche. Desde otro punto de vista, quienes defienden el proceso de sojización, sostienen que es la soja el principal producto demandado por el mercado internacional, y que si la Argentina no lo produjera, hubiera sido imposible producir el salto productivo que dio el campo argentino.

A comienzos de 2008, Enrique Martínez, presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), publicó un análisis sobre el conflicto agrario, señalando las altas tasas de rentabilidad en el sector sojero y de granos en general, y el ingreso masivo del capital financiero en el mismo, analizando el rol de las retenciones y otras medidas de desconcentración económica y promoción de los pequeños productores. La investigación del INTI también reveló la novedad de la aparición de gran cantidad de propietarios rurales que han tomado la decisión de arrendar sus tierras a los grandes grupos económicos, a cambio de una renta no menor al 15%; en 2008, un arrendamiento de 300 hectáreas para el ciclo sojero está valuado en 180.000 dólares, mientras que el capital con el que cuenta un propietario de 100 hectáreas en el sur de Santa Fe, supera el millón de dólares.

La sojización del campo argentino estuvo acompañada de profundas transformaciones de la estructura de tenencia de la tierra y los sistemas de producción. Estas transformaciones están lideradas por la aparición de dos nuevas formas de producción rural, los grandes grupos económicos agrarios y los pooles de siembra, vinculados a su vez con las grandes empresas exportadoras, y las empresas agroindustriales.

Los grandes grupos económicos agrarios comenzaron a aparecer a fines de la década de 1980, consolidándose en la década de 1990, en consonancia con la disolución de la Junta Nacional de Granos. Se trata de productores rurales que abandonaron el sistema tradicional de la estancia, de raíz colonial, para organizar empresas rurales integradas (siembra, cosecha, acopio y comercialización), con utilización intensiva de la informática y la biotecnología, y aplicación de técnicas empresariales modernas, como la tercerización, la profesionalización de la gestión y la innovación productiva. Entre estas empresas se destacan grupos multinacionales, que actúan en una gran región agraria subcontinental que abarca Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, como Los Grobo, Adecoagro (del magnate George Soros), Cresud del grupo Elsztain, el grupo Bemberg, el grupo Werthein y El Tejar.

Los denominados "pools de siembra", son fideicomisos transitorios a través de los cuales se reúnen grandes masas de capitales financieros, tierras y recursos, para ganar poder de mercado y capacidad de influir sobre los precios de la cadena. Aparecieron precariamente en la década de 1990, para desaparecer durante la recesión de 1998-2002; pero luego de 2003, con la recuperación de la economía argentina, volvieron a aparecer para instalarse sólidamente. Aunque no se encuentran bien individualizados, se estima que existen al menos 30 grandes pooles de siembra con un promedio de 70.000 hectáreas cada uno, que concentran aproximadamente un 7% de la superficie total sembrada con granos. Por otro lado, sólo en Entre Ríos, actúan 68 pooles de siembra administrados desde fuera de la provincia.

Los pools de siembra permitieron el ingreso masivo de sectores ajenos al campo, sobre todo financieros, en la producción agropecuaria y modificaron sustancialmente el régimen de tenencia de la tierra, al convertirse en grandes arrendatarios y provocar que una gran cantidad de productores agropecuarios propietarios de sus tierras, abandonen la producción para volverse rentistas.

El auge de los pools de siembra ha sido defendido por su capacidad para crear economías de escala en el campo, sobre todo desde el sector financiero.

A fines de 2007, la provincia de Entre Ríos estableció un impuesto a los pooles de siembra que tengan domicilio fuera de la provincia. Como resultado del mismo, quedaron gravados 68 pooles de siembra, que deben abonar el 3% del impuesto inmobiliario. El nuevo impuesto fue apoyado por la Federación Agraria Argentina.

Paralelamente al crecimiento de los grandes grupos empresarios agrícolas y de los pools de siembra, los pequeños y medianos productores organizados según el modelo tradicional de "la chacra", comenzaron a arrendar sus tierras a aquellos, a cambio de una renta fijada en el valor de la cosecha.

La producción de soja pasó de 11.004.890 toneladas en la campaña 1996/1997 a 47.482.784 en la campaña 2006/2007, record histórico que implica un 331% de crecimiento en la década. Para la campaña 2007/2008, que finaliza durante el mes de mayo, se esperaba otra cosecha extraordinaria, con record de superficie implantada (16,5 millones ha) y un poco por debajo del record del año anterior (46,5 millones de tn).

La producción de granos, liderada por la soja, aumentó su rendimiento económico de manera sustancial, a través de cuatro vías: aumento del área sembrada y de la productividad, aumento del precio internacional, sobrevaluación del dólar en Argentina y desendeudamiento.

El aumento del precio de la soja en el curso de la primera década del siglo XXI, si bien resulta extraordinario al igual que el del petróleo, es parte de un aumento general del precio de las materias primas, que ha abierto un considerable proceso de inflación internacional, y llevado a un preocupante encarecimiento del costo de vida y de los alimentos en particular. De manera simultánea, los países productores de esas materias primas, han contado con la posibilidad de obtener ganancias inusuales en el mercado mundial, revirtiendo en algunos casos, como el de la Argentina, tendencias de varias décadas.

En general, el "boom de la soja" es acompañado de manera secundaria por el girasol, otra oleaginosa como la soja, con altos rendimientos económicos. En el caso de los cereales, los indicadores económicos del trigo y el maíz resultan menos uniformes, ya que ambos han visto reducida la superficie sembrada, sobre todo para el trigo, y aunque en la década 1996-2006, la producción sumada de ambos registró un crecimiento de 30 a 50 millones de toneladas (66% en una década), el trigo registró una importante caída en 2006/2007, que llevó al gobierno a suspender las exportaciones con el fin de asegurar el abastecimiento de la población. De la mano del crecimiento de "el campo", la venta de maquinaria agrícola, creció de 18.908 a 28.028 unidades entre 1996 y 2007, es decir un 48,2%.

En 2007 la Argentina estaba ubicada como primer exportador mundial de aceite y residuos de la soja, el primero también en aceite de girasol, el segundo de maíz, el tercero de soja, y el quinto exportador de trigo. Entre los granos, el trigo fue el cultivo que más retrocedió, en cuánto a superficie sembrada, cayendo casi a la mitad en una década, pasando del 30% en 1996/97 al 18% en 2006/2007.

En las exportaciones de origen agrario, la mitad son granos sin manufacturación (50,53%), en tanto que la otra mitad son subproductos manufacturados, como harina y pellets (39,44%) y aceites vegetales (10,03%). El principal comprador es China, adonde se dirigieron el 24,31% de los granos (todo soja) y el 29,53% de los aceites, en tanto que los subproductos fueron adquiridos principalmente desde la Unión Europea. La mayor parte de los embarques se realizan en puertos de lo que se denomina el "Up-River", es decir aquellos ubicados sobre el Río Paraná, entre Arroyo Seco, en el extremo sur de la Provincia de Santa Fe, hasta Timbúes, 35 kilómetros al norte de Rosario, también en la provincia de Santa Fe. Entre las empresas exportadoras, el ránking es liderado por Cargill, que concentra el 21% del total agrario, y en segundo lugar Bunge, con un 14%.

Uno de los fenómenos más notables sucedidos a partir de 2003, es el aumento sostenido del precio de la tierra, de la mano del aumento de su rentabilidad, alcanzando un 380% de aumento en dólares para 2007. Se trata de un fenómeno de raíces globales.

El valor de la tierra en la región agro-ganadera pampeana ya había tenido un pico histórico en 1997, que el diario Clarín calificó entonces como un "revival de la pasión por la tierra, que remeda la epopeya de las pampas un siglo atrás". De este modo, el precio de la hectárea en las zonas más fértiles del norte de la Provincia de Buenos Aires y el sur de Santa Fe, fue pasando de 1.500 dólares en 1987, a u$s 2.225 en 1995, u$s 4.500 en 1997, cayendo nuevamente a u$s 2.500 en 2002, pero trepando a u$s 15.000 en 2008.

Ello ha impulsado a una gran cantidad de propietarios, estimada entre el 40% y el 80%, según la zona, a arrendar sus tierras a las grandes empresas y pools de siembra, para volverse rentistas. En la región pampeana esa renta oscila desde 8.300 dólares mensuales para un pequeño propietario de 200 ha y 41.600 dólares mensuales para un propietario de 1.000 ha; en la década de 1990, esas mismas tierras generaban una renta pura, seis veces menor, insuficiente para que el propietario pequeño y mediano pudiera vivir de las rentas, debido a lo cual prácticamente la totalidad de los mismos trabajaba sus propias tierras.

El aumento de la tierra ha impulsado también un alza generalizada del costo de los alimentos, que presiona sobre los precios, en particular los de la leche, el trigo y la carne vacuna, componentes esenciales de la dieta de la población.

Contrastando con las cifras de la producción de granos, el stock vacuno se estancó o aumentó levemente entre 55-65 millones de cabezas, y la producción de leche sólo aumentó un 5% en la década, por lo que ambas han decrecido si se las relaciona con la cantidad de población.

Los distintos sectores relacionados con "el campo" argentino, están organizados en asociaciones de distintas características. Desde el punto de vista de las relaciones laborales, pueden distinguirse las asociaciones sindicales (que agrupan a los trabajadores asalariados), las asociaciones patronales (que agrupan a los empleadores), y las asociaciones de campesinos (que agrupan a minifundistas que utilizan solo mano de obra propia). Desde el punto de vista de valor agregado de cada sector, pueden distinguirse las asociaciones rurales de las asociaciones agro-industriales. Y desde el punto de vista territorial, hay que distinguir la zona de actuación o preponderancia de cada asociación.

En la Argentina, existen cinco asociaciones patronales, que representan a los productores rurales, a los propietarios de tierras y a los empresarios de maquinarias para faenas rurales: la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Federación Agraria Argentina (FAA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), CONINAGRO y la Federación Argentina de Contratistas de Máquinas Agrícolas. El paro agropecuario fue declarado conjuntamente por las cuatro primeras organizaciones y son ellas las que negocian con el gobierno, articulando su accionar por medio de una Mesa de Enlace.

Existen numerosas cámaras patronales de empresas manufactureras de productos de origen agro-ganadero. En general pueden dividirse en dos grandes ramas: las que producen alimentos y las que producen bienes no alimentarios. En general estas industrias no resultan afectadas por las retenciones a las exportaciones de granos, con excepción de la industria de aceites vegetales, que ocupa el primer lugar mundial entre las exportadoras y se encuentra organizada en CIARA, íntimamente relacionada con los productores de oleaginosas. CIARA ha cuestionado el aumento de las retenciones dispuesto por la Resolución 125/2008, así como la "demonización" de la expansión de los cultivos de soja realizados tanto desde las organizaciones en paro como desde el gobierno, pero no ha adherido al paro.

Otras organizaciones empresariales relacionadas con el agro, pero sin la representación patronal del sector son la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agropecuaria (AACREA), Asociación Argentina de Grasas y Aceites (ASAGA), Asociación Argentina de Poscosecha de Granos (APOSGRAN), Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa - AAPRESID, Asociación de la Cadena de la Soja de Argentina (ACSoja), Prosoja, Centro de Exportadores de Cereales (CEC), Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Bolsa de Cereales de Córdoba, Bolsa de Cereales de Entre Ríos, Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Centro de Corredores de Cereales de Rosario, Centro de Corredores, Comisionistas y Consignatarios de Cereales y Oleaginosas de Santa Fe, Federación de Centros y Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales, etc.

También es de considerable importancia el Foro de la Cadena Agroindustrial Argentina, una instancia de articulación entre 39 influyentes asociaciones empresariales, desde la Sociedad Rural Argentina hasta la Asociación de Bancos, el Centro Azucarero o la Cámara de Puertos Privados.

Las organizaciones de campesinos, definiéndose como muy pequeños propietarios o tenedores de tierras, se encuentran en general organizadas fuera de la región pampeana. Muchas incluyen a las comunidades indígenas. Frente al paro agropecuario declarado por las cuatro organizaciones patronales, algunas organizaciones campesinas han establecido distancia, acusándolas de defender exclusivamente los intereses de su propio sector, sin contemplar las necesidades y reclamos de los campesinos.

Algunas de estas organizaciones están afiliadas a la Federación de Tierra y Vivienda, que lidera Luis D'Elía, una de las ramas de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA).

El 3 de junio, el Frente Nacional Campesino manifestó su repudio al paro agropecuario organizado por SRA, FAA, CRA y CONINAGRO.

Entre las entidades de productores agropecuarios, también se encuentran incluidas los sindicatos de trabajadores rurales, siendo el más importante de ellos, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), que representa a unos 500.000 trabajadores en relación de dependencia del sector. UATRE decidió mantener una posición equidistante entre las organizaciones patronales en paro y el gobierno, sin participar en los piquetes de bloqueo de rutas, ofreciéndose como mediador entre ambos "para que haya negociación y se alcancen acuerdos que permitan salir de este conflicto que ha provocado pérdidas irreparables para el país".

Otros sindicatos relacionados con la producción de alimentos, son el Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA), el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de Rosario, el Sindicato del Personal de la Industria Aceitera, la Federación de los Trabajadores de la Industria de la Carne, la Federación Obrera Tucumana de la Industria del Azúcar (FOTIA), la Federación Argentina de Trabajadores de Aguas Gaseosas (FATAG), el Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria del Chacinado, el Sindicato Argentino de Trabajadores de la Industria Fideera, la Asociación Trabajadores Lecheros, la Unión Obrera Molinera Argentina, el Sindicato de Trabajadores de la Industria de Pastas Alimenticias, la Federación Argentina de Obreros Pasteleros, Confiteros, Heladeros, Pizzeros y Alfajoreros, etc. En la industrialización de productos agropecuarios que no son alimentos se destacan la Asociación Obrera Textil (AOT), el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Calzado, la Federación Argentina de Trabajadores de la Industria del Cuero, el Sindicato de Obreros y Empleados Vitivinícolas (SOEVA), la Federación Argentina de Trabajadores Cerveceros, el Sindicato de Trabajadores del Tabaco, entre otros.

En 1998 la economía argentina comenzó una grave recesión que se extendería hasta 2002 y que tendría su momento culminante en la crisis política, económica y social que provocó la caída del presidente Fernando de la Rúa. A partir de 2003, el país se recuperó económicamente, a través de una serie de medidas y factores, como el establecimiento de una política de dólar alto, el incremento de los precios internacionales de los principales productos de exportación del país, los altos ingresos por exportaciones de soja y petróleo, y una recuperación sostenida de la actividad industrial y el empleo formal. Este esquema económico se complementó con un sistema de retenciones a las exportaciones de soja, girasol, maíz, trigo, los aceites derivados, el petróleo y otros productos, impuestos con el fin declarado de compensar el plus de ganancia generado por el tipo de dólar alto, regular la oferta de dólares con el fin de evitar que el mismo descienda, moderar el impacto sobre los alimentos y la energía de los altos precios internacionales y desalentar la exportación de bienes con menor valor agregado.

Las retenciones a las exportaciones han sido un mecanismo de recaudación tributaria relativamente habitual en la historia económica de la Argentina. Establecidas por primera vez en 1862 por el presidente Bartolomé Mitre, se mantuvieron casi sin modificaciones hasta 1905, durante el modelo agroexportador llevado adelante por los gobiernos conservadores-liberales del Partido Autonomista Nacional. La Unión Cívica Radical volvió a establecerlos entre 1918 y 1925, durante las presidencias de Hipólito Yrigoyen y Marcelo T. de Alvear. Las llamadas Revolución Libertadora en 1955, y Revolución Argentina en 1967, también establecieron retenciones a la exportaciones, alcanzando en este último caso un monto del 40%. También durante el gobierno de Raúl Alfonsín y la primera etapa de los dos gobiernos de Carlos Menem se impusieron considerables tasas de retenciones a las exportaciones agropecuarias, llegando en éste último caso a tasas del 44% para la soja y del 33% para el maíz y el trigo.

A partir de 1991, el presidente Carlos Menem adoptó una posición contraria a las retenciones a las exportaciones, dejando sin efecto las que se imponían a maíz, el trigo, el sorgo y los derivados manufacturados de la soja, y reduciendo la de esta última y e girasol, cuando se exportaban en bruto, al 3%. Esto resulta coherente con su política monetaria de dolar bajo o convertibilidad.

Luego de la crisis de 2001, el presidente Eduardo Duhalde tomó la decisión de aumentar las retenciones a la exportación en abril de 2002, luego de un amplio debate en el gabinete en el que se registraron posiciones encontradas. La medida fue propuesta por el ministro de Economía Remes Lenicov, con el apoyo del Fondo Monetario Internacional, sosteniendo que se trataba del único modo de financiar el déficit del presupuesto y que, además, parte de dichos fondos podrían financiar el plan de subsidios a los desocupados que había anunciado el presidente Duhalde.

Duhalde se oponía inicialmente a elevar las retenciones a las exportaciones, ante los argumentos que sostenían que las mismas profundizarían la recesión, pero luego cambió de opinión, aceptando un sistema que no fuera general. Se establecieron excepciones para los bienes con alto valor agregado y esenciales para las economías regionales, como la miel y los limones. Finalmente decidió aumentar las retenciones a la exportación de granos (maíz y trigo) y oleaginosas (soja y girasol), llevándolas a un 20% promedio, un 10% para productos manufacturados, y un 5% para el calzado. El gobierno evaluó también la posibilidad de establecer un sistema de retenciones móviles "que acompañaran la cotización del dólar", pero finalmente se impuso el sistema de retenciones fijas defendido por el ministro Lenicov.

Luego de una caída del precio internacional de la soja en 2005, su valor volvió a subir en los años subsiguientes, hasta alcanzar valores record a comienzos de 2008. En ese contexto, el gobierno del presidente Néstor Kirchner aumentó dos veces las retenciones en enero y noviembre de 2007, acanzando un porcentaje de 35% para la soja en bruto, 32% para el aceite, 28% para el trigo y 25% e maíz. Medidas similares se establecieron para el petróleo cuando el precio del barril llegó a 100 dólares en noviembre de 2007, elevando las retenciones al 45%. Adicionalmente el petróleo debe abonar regalías a cada una de las provincias en donde se encuentran los pozos.

El dirigente político peronista Mario Cafiero, denunció una serie de maniobras realizadas por las empresas exportadoras de granos, por medio de las cuales se apropian indebidamente de un porcentaje de las retenciones, en perjuicio del Estado y los productores agropecuarios.

Según Cafiero, al momento de comprar en el mercado interno las cerealeras descuentan al productor/vendedor la alícuota correspondiente de retenciones aplicada sobre precio FOB (Free On Board), cuando la ley establece que debe aplicarse sobre el precio neto que recibe el productor (a este precio se lo denomina como precio FAS, acrónimo de Free Along Shipping, al que hay que sumarle los gastos de comercialización). Por ejemplo, para una operación de exportación de soja a 500 dólares FOB las cerealeras descuentan Derechos de Exportación por un 43 por ciento al precio FOB, o sea 215 dólares, y por lo tanto liquidan un neto para el productor de 285 dólares. Pero de acuerdo con el Código Aduanero (artículo 737), los Derechos de Exportación deben aplicarse sobre el precio neto que percibe el exportador/productor y no sobre el precio FOB. Por lo tanto el Derecho de Exportación a cobrar legalmente sería de: 500(500/1,43)= 150 dólares, y por lo tanto el precio neto que debería recibir el exportador/productor debería ser de: 500-130= 350 dólares.

Por lo tanto, sostiene el político peronista, las exportadoras cerealeras informan al productor que debe pagar pagar al Estado 215 dólares en concepto de retenciones, cuando en realidad luego, liquidan impuestos por 150. Suponiendo que las nuevas retenciones móviles anunciadas significaran para el complejo cerealero un promedio del 38 por ciento, Cafiero estima que las exportaciones totales del complejo podrían alcanzar los 35.000 millones de dólares. De utilizar los mecanismos denunciados, Cafiero sostiene que las empresas exportadoras le descontarían a los productores un 38 por ciento sobre el valor FOB, o sea, 13.448 millones de dólares, pero sólo le abonarían al fisco un 38 por ciento del valor FAS, aproximadamente 9732 millones dólares. De este modo, la diferencia indebida de la que se apropiarían las exportadoras de granos, podría alcanzar los 3715 millones de dólares.

El hecho fue denunciado en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 8, a cargo del juez Marcelo Martínez Di Giorgi.

Esa primera medida fue dejada sin efecto debido al inicio de negociaciones entre los empresarios y el Ministerio de Economía a cargo entonces de la ministra Felisa Miceli. En un marco de insatisfacción de los productores con las propuestas gubernamentales, la Federación Agraria Argentina realizó el 28 y 29 de septiembre de 2006 su 94º Congreso Nacional, en el que decidieron hacer efectivas medidas de acción directa.

En octubre de 2006 la FAA dispuso un primer cierre patronal con bloqueo de rutas en varias partes del país, repitiendo la medida en diciembre durante once días, esta vez en alianza con Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y la Sociedad Rural Argentina. En ese momento el grupo Pampa Sur, liderado por la diputada María del Carmen Alarcón sostuvo que la protesta empresaria "debe ser acompañada por una movilización masiva, ya sea a nivel regional, provincial y, en su momento, nacional", pero la generalización de la medida no prosperó.

El 4 de agosto de 2007, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luciano Miguens, pronunció un crítico discurso sobre el modelo económico llevado adelante por el presidente Néstor Kirchner, cuestionando "el intervencionismo en los mercados" y proclamando que "ha llegado la hora de eliminar totalmente las retenciones".

El 28 de octubre de 2007 se realizaron elecciones en las que Cristina Fernández resultó elegida presidenta en primera vuelta con el 45,29% de los votos positivos, en una elección donde la abstención fue la mayor desde 1922 y el voto en blanco el mayor desde las elecciones de 1963, afirmando que se continuaría con el plan económico que se estaba implementando desde 2002 y en especial las retenciones a los productos de exportación con menor valor agregado. Una de las propuestas de campaña de Cristina Fernández fue dar prioridad al proceso de redistribución de la riqueza que, luego de seis años continuados de crecimiento a tasas cercanas al 10% anual, había quedado estancado, con un alto porcentaje de la población (26,9%) aún bajo la línea de pobreza.

El 11 de marzo de 2008, el Ministro de Economía argentino, Martín Lousteau, anunció la sanción de la Resolución 125/2008, estableciendo un nuevo sistema de retenciones móviles a la exportación, sujetando su aumento o disminución a la evolución de los precios internacionales, de modo que, a mayor aumento del precio internacional, menor fuera su impacto en los precios internos. Adicionalmente se anunciaron incentivos para la industria lechera y una mesa de negociación para el sector de la carne bovina.

Ello significaba, a los precios internacionales del 11 de marzo, un aumento en la soja y el girasol y una disminución, en el maíz y el trigo.

En el artículo 7 se establece una tabla para calcular las retenciones a la exportación de productos industrializados derivados de los cuatro granos mencionados. En todos los casos el porcentaje de retención se reduce. Las mayores reducciones son de 10 puntos en el caso de la harina, extractos, pastas, preparaciones o mezclas derivadas del trigo para ser utilizadas en panadería, pastelería y galletitería. Las menores reducciones son de 2 puntos, para los derivados del girasol (aceites, tortas, harinas y pellets).

La medida del gobierno se relacionaba directamente con el pronunciado aumento de precios alcanzado por la soja en los mercados internacionales a partir de febrero de 2008, y la inminencia de su cosecha, a partir del mes de abril. El sistema sería reformado tres veces: por el primero se corrigieron algunos errores en las tablas, por el segundo se dispuso el reintegro de las retenciones a los pequeños productores y por el tercero, se anularon las más altas tasas de retención marginal (95%) que se establecían en caso de aumentos extremos.

La protesta se orientó también a cuestiones más profundas, algunas de vieja data en la economía argentina, como la concentración de la propiedad de la tierra y la situación de los pequeños propietarios que trabajan personalmente la tierra, la oposición campo versus industria (viejo debate sobre si la Argentina debe tener actividades industriales), y las implicancias de los nuevos grandes grupos económicos que están controlando la producción rural, con muy altas tasas de rentabilidad y uso intensivo de la biotecnología, esencialmente orientada a la producción sojera, aunque esas mismas propuestas son contradictorias en cada una de las 4 organizaciones del campo. Puntualmente la FAA propone "recrear las juntas nacionales de Carnes y de Granos, dos instrumentos de intervención estatal desaparecidos en la última dictadura".

Las organizaciones justificaron sus acciones sosteniendo han sido consecuencia de la falta de respuesta del gobierno a las críticas que vienen realizando sobre la política agropecuaria. Los empresarios sostienen que las mismas han afectado principalmente "al pequeño y mediano productor al reducir a mínimos los márgenes de rentabilidad", que las retenciones se han ido aumentando desde Diciembre de 2001 y que el gobierno no tiene en cuenta que muchos de sus costos no están pesificados, como los del gasoil y los fertilizantes. También se oponen al cierre de las exportaciones de trigo y a la restricción de las de carne, dispuestas para dar prioridad al mercado interno, y al precio máximo establecido para la leche en el mercado interno.

Las entidades anunciaron que el cierre patronal "es exclusivamente comercial" y busca impedir que funcionen los mercados de alimentos, pero sin que las empresas rurales suspendan sus actividades productivas. Esta modalidad ha recibido críticas argumentando que de ese modo se afecta a otros sectores del país.

El 14 de marzo, las asociaciones empresarias extendieron la medida de fuerza disponiendo la ubicación de piquetes de ruralistas en diversos puntos estratégicos del país, para bloquear las principales carreteras y vías férreas e impedir el transporte de alimentos hacia la población de las grandes ciudades. Los cortes comenzaron al sur de Santa Fe, norte de la provincia de Buenos Aires y Córdoba capital. Tras 14 días, la medida de fuerza se convirtió en una de las más largas ocurridas en la historia argentina reciente.

Los cortes de rutas fueron especialmente conflictivos durante la Semana Santa, afectando seriamente el traslado de los turistas y los camiones, provocando algunas fuertes confrontaciones con turistas y pasajeros con necesidades urgentes, y derivando en algunos episodios de violencia.

El 25 de marzo de 2008 los productores agropecuarios ratificaron el cierre y los cortes de ruta, y decidieron mantenerlos por tiempo indeterminado, generando que se suspendieran los servicios de transporte público de larga distancia que unen Buenos Aires con Tucumán, Córdoba, Rosario, Mendoza y Catamarca.

Ese día por la mañana se anunció que la Presidenta de la Nación hablaría desde la Casa Rosada sobre el tema del paro agrario. A las 16 hs las organizaciones empresariales declararon el paro y bloqueo de rutas por tiempo indeterminado. Las entidades ruralistas justificaron la decisión en "la falta de respuestas positivas del gobierno nacional". En sentido contrario, la decisión fue cuestionada por algunos medios de comunicación y sectores cercanos al gobierno, por haber sido tomada sin esperar el mensaje presidencial, promoviendo de ese modo una agravación del conflicto.

Dos horas después de la declaración del paro por tiempo indeterminado, la presidenta Cristina Fernández, por primera vez desde el inicio del lock out, pronunció un discurso cuestionando la medida llevada a cabo por los empresarios del campo, calificándolo de "piquete de la abundancia", y comparándolos negativamente con los piquetes durante la crisis del 2001 en donde "los argentinos cortaban las calles porque les faltaba trabajo" y advirtiendo que no se sometería a "ninguna extorsión".

Durante el discurso, la Presidenta defendió el esquema de retenciones a la exportación de soja, girasol, maíz, trigo y los aceites derivados, y la necesidad de su incremento con el fin de evitar la suba generalizada del precio de los alimentos, y detalló la política de subvenciones y compensaciones al sector agropecuario, así como la importancia de seguir manteniendo una política de dólar alto para garantizar la competitividad de la economía argentina.

Durante la noche del 25 de marzo, luego del discurso de la presidenta Cristina Fernández criticando las medidas de fuerza, se produjeron manifestaciones callejeras en distintos puntos del país en apoyo de los empresarios agropecuarios y con fuertes cuestionamientos a la Presidenta, exigiendo en varios casos su renuncia. Se registraron protestas en Tucumán y en Santa Rosa, provincia de La Pampa; mientras que en Córdoba hubo cacerolazos en Córdoba Capital, Río Cuarto, San Francisco, Marcos Juárez y Jesús María, entre otras importantes ciudades de la provincia. También se registraron cacerolazos en Santa Fe, Paraná, San Nicolás, Venado Tuerto, Trenque Lauquen, en numerosas localidades rurales de la llanura pampeana y en distintas localidades del conurbano bonaerense y barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con epicentro en Plaza de Mayo. En la Provincia del Chaco, las manifestaciones se produjeron en la capital Resistencia, en Presidencia Roque Sáenz Peña, Villa Ángela y Charata.

Los manifestantes llevaban pancartas y carteles, cacerolas o simplemente realizaban acto de presencia para unirse a la protesta. Entre los cánticos y reclamos de los protestantes, se acusaba a la presidenta Cristina Fernández de "mentirosa". Entre los partidos políticos opositores que pudieron ser identificados se encontraban la Coalición Cívica liderada por Elisa Carrió, y PRO de Mauricio Macri, a través del dirigente Federico Pinedo.

También se encontraban en la plaza el grupo Pampa Sur, dirigido por María del Carmen Alarcón y el funcionario del PRO Miguel Saredi, de estrechas relaciones con los grandes productores sojeros de las provincias de Buenos Aires y Santa fe, y la agrupación AFYAPPA, presidido por Cecilia Pando.

Durante el conflicto, el cantante Ignacio Copani compuso la canción "Cacerolas de teflón", cuestionando la ausencia de esas cacerolas en otros reclamos, como los de los trabajadores por mejores condiciones de vida y los de las organizaciones de derechos humanos. Debido a la canción, Copani recibió amenazas y agresiones.

Esa misma noche se produjeron actos de violencia entre opositores y defensores del gobierno en la Plaza de Mayo. Al anochecer, miles de manifestantes opositores a las políticas del gobierno salieron de sus hogares para hacer un cacerolazo, comenzaron a concentrarse en Plaza de Mayo para expresar su apoyo al paro agropecuario y su oposición a la política gubernamental. Aproximadamente a las 22 horas, por Avenida de Mayo, avanzó hacia la plaza colmada de gente una manifestación piquetera contraria al paro agropecuario encabezada por Luis D'Elía, líder de la Federación Trabajo y Vivienda de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Emilio Pérsico, líder de Movimiento Evita, el movimiento Libres del Sur, dirigido por Humberto Tumini, y el Frente Transversal Nacional y Popular, liderado por el diputado Edgardo Depetri. Algunos de los manifestantes opositores intercambiaron insultos con los manifestantes oficialistas. Después de una fugaz y violenta refriega, la manifestación opositora se retiró.

D'Elía denunció que el movimiento opositor, al exigir la renuncia de la Presidenta, tenía la intención de producir un golpe de Estado, y que ante ello el objetivo de su agrupación era "romper el golpe de Barrio Norte".

Al 26 de marzo comenzó a hacerse notar el desabastecimiento de alimentos de los grandes centros urbanos, especialmente de leche y carne, así como un aumento de los precios. Por la noche volvieron a producirse manifestaciones de ambos sectores. En la ciudad de Buenos Aires los sectores que apoyan al gobierno tendieron a concentrarse en la Plaza de Mayo, donde se enfrentaron con grupos neonazis que pretendieron tomar el lugar en "defensa del campo" y en contra de "los piqueteros parias", mientras que los sectores opositores tendieron a concentrarse en las zonas residenciales del norte de la ciudad, como el cruce de las avenidas Callao y Santa Fe en Barrio Norte y en la Avenida Libertador en su cruce con Salguero, en el barrio de Palermo Chico. También existieron manifestaciones de ambos sectores en Mar del Plata y La Plata, y manifestaciones opositoras en Salta, Junín y Paraná.

Ese mismo día, productores rurales que realizaban un corte de ruta en Laboulaye (Córdoba) sobre la Ruta Nacional 8, impidieron el paso de una ambulancia que llevaba a un paciente que sufría un preinfarto. La ambulancia en que viajaba Natalio Porta debió tomar un camino alternativo para dirigirse al hospital de la localidad de Villa María, demora que causó la muerte del paciente.

El jueves 27 de marzo continuó el paro patronal con bloqueo de rutas en todo el país y se difundió la existencia de una campaña difundida por internet de movilizaciones sincronizadas y la iniciativa de juntar firmas para convocar a un plesbicito para exigir nuevas elecciones, que habría sido impulsada desde la Federación Agraria Argentina.

Esa tarde el Frente para la Victoria realizó una amplia reunión en Parque Norte (Ciudad de Buenos Aires), durante la cual volvió a hablar la presidenta Cristina Fernández, llamando al diálogo y pidiendo a los empresarios el levantamiento del paro.

Simultáneamente organizaciones como las Madres de Plaza de Mayo y la Iglesia Católica realizaron declaraciones públicas sobre el paro empresarial, criticándolo duramente la primera y pidiendo un levantamiento del mismo la segunda, preocupada por el desabastecimiento y la "fragmentación social". También la Unión Industrial Argentina se reunió con la presidenta, apoyando el discurso y el llamado al diálogo, así como la importancia de establecer un modelo económico que promueva la industria como generadora de valor agregado.

Luego del discurso de la señora presidente, la tardanza a dar respuesta por parte de las entidades agropecuarias, y rumores que circulaban por los medios, dieron lugar a especulaciones sobre conflictos internos en dichas organizaciones, en cuanto a la decisión de aceptar o no la llamada al diálogo.

Por la noche se registraron cacerolazos en los barrios Belgrano, Recoleta y Caballito (Ciudad de Buenos Aires).

El viernes 28 de marzo, las cuatro entidades agropecuarias se reunieron con el gobierno en una mesa de diálogo. El gobierno propuso destinar 1.500 millones de pesos (500 millones de dólares) para compensar a los pequeños y medianos empresarios, así como a quienes se encontraran más lejos de los puertos, y fomentar la producción lechera y ganadera, amenzada por la expansión de la soja. Ante la negativa oficial de discutir las retenciones que dispararon el conflicto, los dirigentes rurales solicitaron a su vez la suspensión por 90 días de la medida establecida el 11 de marzo, dando prioridad a la cosecha de soja que debe comenzar en abril.

Al no alcanzarse un acuerdo, el gobierno y los ruralistas acordaron seguir analizando las opciones el día lunes 31 de marzo.

Al no haber alcanzado un acuerdo el primer día de diálogo, las organizaciones empresarias decidieron mantener el paro.

La Cámara de Operadores Mayoristas Frutihortícolas (COMAFRU) denunció que el sector estaba sufriendo graves pérdidas debido a los bloqueos de rutas y exigió a las asociaciones patronales llevar adelante modalidades de protesta que no dañen a otros sectores de la población. Su presidente, Fabían Zeta, habló de "pérdidas millonarias".

Para el 31 de marzo, el desabastecimiento de alimentos en las ciudades se siguió agravando, con aumentos de hasta el 100% en los precios de algunos productos. Desde que se inició el paro "se perdieron más de 6 millones de litros de leche y 2 millones de kilos en frutas y verduras" y debieron sacrificarase 1,3 millones de pollos.

Por la noche se produjo una nueva protesta con cacerolas, aunque de escasa magnitud (alrededor de 400 personas), en el cruce de las avenidas Santa Fe y Callao, en el Barrio Norte, de alto poder adquisitivo, en la Ciudad de Buenos Aires.

Por su parte, las dos centrales sindicales (CGT y CTA), el Frente para la Victoria, varias organizaciones de derechos humanos como las Madres de Plaza de Mayo, Las Madres de Plaza de Mayo línea fundadora, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, agrupación H.I.J.O.S. y las Abuelas de Plaza de Mayo, convocaron a una marcha a Plaza de Mayo para el día siguiente, en apoyo del gobierno.

El lunes 31 de marzo el gobierno anunció que reformaría el sistema de retenciones cuestionado, modificando la Resolución 125/2008, con el fin de establecer un sistema de compensaciones a los pequeños productores de soja y girasol registrados, que facturen menos de 800.000 pesos (230.000 dólares) y exporten menos de 500 tn, en explotaciones de hasta 150 hectáreas en la región pampeana y 300 hectáreas en el resto del país. Se anunció también que el beneficio estaría en condiciones de alcanzar a 61.300 chacareros. El gobierno anunció también que establecerían compensaciones a los productores que se encontraran lejos de los puertos y que se reabrirían las exportaciones de trigo. Las compensaciones fueron implementadas por las resoluciones Nº 284/2008 y Nº 285/2008, del 18 de abril. Luego de anunciar las medidas la Presidenta volvió a pedirle a las entidades empresarias que levantaran el paro.

Los entidades rurales rechazaron las medidas y ratificaron la continuidad del paro hasta el 2 de abril, aduciendo que la reforma "no modificaba en esencia" el motivo del conflicto, debido a que no dejaba sin efecto el sistema de retenciones móviles. Los reintegros y compensaciones dispuestos por el gobierno también fueron rechazados por los organizadores del paro, afirmando que desconfiaban de que las mismas fueran a implementarse efectivamente.

El 24 de abril la ONCCA (Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario) anunció los mecanismos para proceder a obtener las compensaciones, en un plazo que estima en 60 días. A tal fin el productor debe realizar una declaración jurada, certificando su firma en la municipalidad y avalando el pedido ante cualquiera de las entidades ruralistas organizadoras del paro.

Al 1 de abril el desabastecimiento de alimentos comenzó a ser un problema grave, con faltantes de carne casi total en varias zonas del país y escasez de verduras y lácteos. La Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires denunció que a raíz del lock out agropecuario se había desabastecido el 70% de los comedores escolares, fenómeno que también se hizo sentir en los hospitales.

Frente al desabastecimiento varias organizaciones no gubernamentales de consumidores presentaron una denuncia ante la Justicia en lo Penal Económico para que determine si existe responsabilidad de los titulares de las entidades agropecuarias por los perjuicios del lockout.

Por la tarde se realizó la marcha a la Plaza de Mayo de quienes adhieren a la política económica sostenida por el gobierno, convocada desde el mismo oficialismo, con una importante presencia de los sindicatos de ambas centrales, el Frente para la Victoria en el gobierno y otros partidos políticos, como el Partido Justicialista, el Frente Grande, el Partido Comunista y el Partido Socialista de la Provincia de Buenos Aires, y las organizaciones de derechos humanos Madres de Plaza de Mayo, madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, HIJOS, Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, y Abuelas de Plaza de Mayo. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner se hizo presente siendo la única oradora del acto, confirmando en su discurso la política de retenciones hacia los exportadores del campo y cuestionando duramente el lock out, los bloqueos de rutas y el desabastecimiento de las ciudades, comparándolo con una medida similar que las mismas organizaciones realizaron contra el gobierno constitucional de Isabel Martínez de Perón, que alentaría el golpe de Estado de 1976. La presidenta volvió a generar controversia al caracterizar a quienes apoyaban el reclamo del campo como "golpistas", y a los medios de comunicación como colaboradores, diciendo que "Esta vez no han venido acompañados de tanques, esta vez han sido acompañados de generales multimediáticos". Al terminar el discurso, la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, le regaló su propio pañuelo blanco, símbolo de la lucha por los derechos humanos, a la presidente, lo que fue interpretado como un signo político de apoyo.

Luego del acto, CARBAP, la principal organización patronal de Confederaciones Rurales Argentinas y una de las organizadoras del paro agrario, llamó a "una tregua", a la vez que los piquetes que bloqueaban las rutas comenzaron a flexibilizar los cortes y a analizar la posibilidad de levantarlos.

El mismo día, varias cámaras empresariales vinculadas a la producción agropecuaria (Asociación de Productores Porcinos, Asociación de Pequeñas y Medianas Industrias Lecheras, Cámara de la Industria y Comercio de Carnes de la Argentina -CICCRA—, Centro de la Industria Lechera, Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), consorcio de exportadores ABC, Federación de Industrias Regionales Frigoríficas, Junta Intercooperativa de Productores de Leche, Unión de Industrias Cárnicas Argentinas -UNICA-), emitieron un comunicado conjunto rechazando los cortes de ruta.

Diversos sectores manifestaron críticas por el modo en que los medios de comunicación cubrieron los acontecimientos. Uno de los casos críticos fue realizado por la agencia de noticias Diarios y Noticias (DYN) que, el 28 de marzo, le atribuyó falsamente a Luis D'Elía la siguiente frase: "no tengo problemas en matarlos a todos".

El 1 de abril, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires emitió dos declaraciones cuestionando el lock out empresario y el involucramiento de los medios de comunicación, a los que acusó de mostrar una visión sesgada y claramente a favor de las protestas, así como de los que las apoyaban, además de censurar los fines antidemocráticos del ocultamiento de información y solicitar una investigación.

En la asambea hablaron dirigentes de las organizaciones convocantes, a los que se sumó Juan Echeverría en repreentación de los productores autoconvocados, no afiliados a ninguna de las entidades convocantes.

Inmediatamente después de decretada la tregua, comenzó la cosecha gruesa, iniciándose por la soja, que ya se encontraba retrasada, para pasar luego a la de maíz y girasol. La tregua fue aprovechada también para enviar los embarques ya comprometidos.

Ante la probabilidad de que el conflicto se extendiera, los propietarios recurrieron masivamente al silo bolsa, una reciente innovación que permite mantener almacenados los granos en el campo, sin costo y sin la presión de vender la cosecha. En lineas generales los ruralistas en paro podrían llegar a guardar la cosecha sin vender hasta cuatro meses. Por otra parte, en junio los propietarios debían cobrar alrededor de 7.000 millones de dólares correspondientes a la cosecha. En total, los organizadores del paro calcularon vender solo un tercio de la cosecha (24,5-26,5 millones tn), para hacer frente a los gastos y compromisos, que representa 15-17 millones de toneladas de soja, 8 millones de maíz y 1,5 millones de girasol, reteniendo el resto, unas 44,5 millones de toneladas, de las cuales el 75% es soja. De este modo los organizadores del paro esperan poder mantener la protesta al menos hasta septiembre, cuando sería necesario volver a sembrar.

En cuanto el precio, si bien la soja en el mercado argentino cayó un 11% desde el inicio del paro, de todos modos, fue vendida por un precio que superó el 50% del que tenía el año anterior. También existieron diferencias regionales: los productores de la región pampeana realizaron sus cosechas primero, las comercializaron y pagaron sus deudas a tiempo; en cambio los productores de las zonas del norte, menos favorecidas, al verse postergados en la cosecha, no pudieron cumplir sus contratos.

Poco después de declarada la tregua y mientras el gobierno y las entidades empresariales del campo mantenían tensas negociaciones, se inició un extenso incendio de pastizales en la zona del Delta del Paraná, que cubrió de humo a Buenos Aires, Rosario y sus alrededores en varios cientos de kilómetros, durante más de un semana, llegando incluso al Uruguay. La humareda hizo intransitable las rutas, provocó varios accidentes en cadena, con al menos cuatro muertos, la clasura de puertos y aeropuertos, así como molestias y enfermedades respiratorias leves en los habitantes de las zonas afectadas.

El incendio tuvo efecto sobre el conflicto, porque el gobierno y los bomberos actuantes en las zonas del incendio, lo atribuyeron a la acción intencional de ciertos productores agropecuarios con el fin de mejorar los pastos sin necesidad de recurrir al uso de fertilizantes, algo que la Federación Agraria Argentina desmintió terminantemente.

Sin embargo, parece fuera de toda duda que no se trató de incendios causados por la naturaleza, sino de incendios intencionales, sin que se haya podido establecer una motivación política. Hay opiniones que relacionan estos incendios con las modalidades de la producción agropecuaria en la Argentina, donde, aunque es ilegal, resulta habitual la quema de pastizales y rastrojos. Dirigentes de la Federación Agraria Argentina, como el ingeniero agrónomo Alfredo Bell, han sostenido que "la quema es natural" y que forma parte de una "técnica para el aprovechamiento del pastizal". Pero otros dirigentes ruralistas, como Raúl Victores, presidente de la Sociedad Rural de San Pedro, han cuestionado ese punto de vista, y han sostenido que "es ilógico" quemar pastizales antes de primavera, llegando a afirmar que "uno empieza a sospechar si esto no ha sido prendido a propósito". La secretaria de Medio Ambiente informó que se habían detectado 292 focos de incendio y que el área incendiada alcanzaba a 70.000 ha. Por su parte, el Consorcio Delta de Prevención y Lucha contra Incendios, integrado por productores ganaderos y forestales del Delta del Paraná, sostuvo que la mayoría de los incendios son obra de personas irresponsables, en terrenos de dominio no precisado y/o fiscales, exigiendo al gobierno que sea estricto en la aplicación de los delitos establecidos en el Código Penal.

Luego de la tregua de un mes decretada por las asociaciones empresariales, comenzó una serie de rondas de negociación que se realizaron en un ambiente de tensión, afectadas por el recordatorio de que si no se aceptaban los reclamos antes del 2 de mayo se reiniciarían los cortes de ruta, por la actitud del gobierno de no negociar presionado por un plazo límite, por el aumento de los precios de los alimentos en todo el mundo, y por una gran cantidad de actos mediáticos.

El 29 de abril, dos días antes del vencimiento de la tregua, el gobierno y las cuatro organizaciones patronales alcanzaron un primer acuerdo parcial, para flexibilizar las exportaciones de carne vacuna, que se encontraban suspendidas, y garantizar a los productores un precio pleno para el trigo.

Ese mismo día, el presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Eduardo Buzzi, reconoció que en los piquetes, los ruralistas portaban armas, pero sostuvo que era debido a la inseguridad que existe en la zona de Gualeguaychú, y también debido a que es un hábito cultural.

En la noche del 23 de abril presentó su renuncia el Ministro de Economía Martín Lousteau, el mentor del nuevo esquema de retenciones. En su lugar fue nombrado el contador Carlos Rafael Fernández, un técnico económico de baja exposición mediática.

El día 7 de mayo, luego de que el gobierno no se demostrara dispuesto a aceptar la exigencia del campo de dejar sin efecto el sistema de retenciones móviles, las cuatro entidades del campo, decidieron reiniciar el paro por ocho días más, dando instrucciones a sus afiliados para que no realicen ninguna operación comercial, incluyendo exportaciones, y para que organicen piquetes en las rutas a fin de impedir el transporte de granos. El objetivo de la medida era evitar que el Estado pueda recaudar retenciones, con el fin de afectar su capacidad de pago. Las asociaciones patronales decidieron también organizar una gran manifestación opositora en Rosario, en un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo de 1810, eligiendo el mismo día que el gobierno había establecido para realizar un gran acto oficial en Salta, de cara a los festejos del Bicentenario.

El 10 de mayo un matrimonio que circulaba por la ruta provincial Nº 34 de la Provincia de Santa Fe, denunció que un grupo de piqueteros pertenecientes a las organizaciones que llevan adelante el paro, los interceptaron a la altura de San Genaro, a 90 kilómetros de la ciudad de Rosario, donde fueron golpeados, sufriendo también la rotura de los vidrios del automóvil y graves daños en la carrocería.

El 12 de mayo un piquete ubicado en la Ruta Nacional 14, en Gualeguaychú (Entre Ríos), lanzó una rastra con púas contra un camión brasilero que intentaba circular, destruyéndole los neumáticos, que luego le habrían sido repuestos por el mismo piquete.

En Junín, Buenos Aires, a la noche del mismo día agredieron a un concejal del FpV, Gustavo Traverso quien denunció que sufrió un ataque en su domicilio particular que incluyó huevazos y piedrazos, además de todo tipo de agresiones verbales. El hecho se produjo luego de producirse una marcha de protesta de productores rurales acompañados por militantes de la Coalición Cívica, entre ellos el último candidato a intendente, José Maria Banfi. Traverso relató que anteriormente hubo amenazas de muerte por parte de productores de la zona y vinculó estos hechos a su postura en favor de la decisión del gobierno nacional de gravar con retenciones móviles los cultivos de soja y girasol. También por haber presentado pedidos ante el Juzgado Federal de Junín para que se garantice la libre circulación en las rutas y por haber difundido en la última semana una lista de productores morosos crónicos en el cumplimiento del pago de la tasa municipal de red vial. La lista incluye, entre otros, al presidente de la Sociedad Rural de Junín y vicepresidente de Carbap, Francisco Alzari.

El 14 de mayo, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luciano Miguens fue agredido en la puerta de la sede de su entidad, con empujones e insultos por manifestantes que integraban un grupo de simpatizantes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA-FTV) y del Movimiento Evita, que protestaban frente a la Sociedad Rural Argentina, cuestionando el paro y los bloqueos.

Uno de los efectos del paro agropecuario ha sido impulsar al alza el precio internacional de la soja, que registró un aumento de siete dólares en la primera quincena de mayo, cerrando a a 493,8 USD/Tn, un aumento de casi el 3% del que se había establecido para el mismo mes en febrero (479,97).

El martes 13 de mayo, unos 750 personalidades se reunieron en el Café Ghandi de la ciudad de Buenos Aires para constituir un espacio desde el cual expresarse sobre el conflicto del campo por medio de cartas abiertas, comenzando por la Carta Abierta/1 firmada ese día.

Algunos de los intelectuales que firman la carta abierta son Federico Andahazi, Cristina Banegas, Fernando Birri, Jorge Boccanera, Patricio Contreras, Roberto "Tito" Cossa, José Pablo Feinmann, León Ferrari, Horacio Fontova, Juan Forn, María José Gabin, Norberto Galasso, Juan Gelman, Octavio Getino, Julio Godio, Ricardo Halac, Noé Jitrik, Vicente Muleiro, Enrique Oteiza, Eduardo "Tato" Pavlovsky, Lorenzo Quinteros, Laura Yusem.

El día 20 de mayo las cuatro asociaciones patronales agropecuarias acordaron levantar el paro con el fin de volver a reunirse para acordar medidas con el gobierno nacional. Sin embargo, muchos participantes de las medidas de fuerza se opusieron a que la misma se levantara, en especial, el piquete de la provincia de Entre Ríos, dirigido por Alfredo de Angeli, quien declaró públicamente que consideraba que la decisión era un error, y convocó a transformar en una asamblea el acto organizado por las organizaciones rurales en Rosario, el 25 de mayo.

El 22 de mayo el Jefe de Gabinete, Alberto Fernández, volvió a reunirse con los representantes empresarios. A la finalización de la reunión, las partes tuvieron manifestaciones disímiles: mientras que el ministro declaró que la misma había sido fructífera, los gremialistas sostuvieron que consideraban negativa la posición del gobierno, y volvieron a dejar las negociaciones para informar que en el acto del 25 de mayo en Rosario, se analizaría la posibilidad de retomar el paro y bloqueo de rutas.

Para el lunes 26 de mayo las posibilidades de reiniciar el diálogo eran escasas, y las asociaciones empresariales discutían la posibiidad de declarar nuevamente el paro y bloqueo de rutas.

El 27 de mayo el Partido Justicialista, presidido por el ex presidente Néstor Kirchner, emitió una declaración muy crítica del paro, calificándolo de "antidemocrático ataque con ánimo destituyente".

Poco después, las cuatro organizaciones empresariales de campo, organizadas en una Comisión de Enlace, declararon un nuevo paro de seis días a realizarse desde el día siguiente. Simultáneamente iniciaron un plan de lucha anunciando que instalarán campamentos para realizar "acampes" en las plazas centrales de las principales ciudades, campañas de recolección de firmas, marchas y lobby sobre los diputados y senadores nacionales.

El 29 de mayo el gobierno anunció una segunda modificación al sistema de retenciones establecido el 11 de marzo por Resolución Nº 125/2008, complementaria de la anunciada el 31 de marzo.

Las modificaciones están relacionadas con uno de los aspectos más criticados por las organizaciones empresarias en paro, que era la alta tasa de retención establecida en caso de que el precio de los granos superara los 600 dólares por tonelada, que significaba retener un 95% del excedente. Según las entidades ruralistas la magnitud de la retención resultaba confiscatoria y llevaba a la desaparición de los mercados de futuros. El gobierno decidió bajar esa tasa al 52,7% y subir la hipótesis a 750 dólares. Similares reducciones se establecieron para el trigo, el maíz y el girasol.

Las entidades agropecuarias rechazaron la medida, sosteniendo que la reforma solo está referida a los mercados de futuros y a la eventualidad de que el precio de la soja llegue a 600 dólares/tn. El precio de la tonelada de soja en 2007 era de 272 dólares, y alcanzó 506 dólares/tn en el mercado de futuros de Chicago para el mes de septiembre de 2008. Luego de las críticas del sector, se suspendió la sanción del acto administrativo para implementar la reforma anunciada.

El viernes 30 de mayo, agentes de la Prefectura Naval Argentina (dependiente del Ministerio de Justicia a cargo de Anibal Fernández) detuvieron a ocho productores rurales por la quema de pastizales y el corte de la Ruta Nacional 9— en la localidad de San Pedro, por orden del juzgado federal de San Nicolás de los Arroyos, bajo los cargos de estrago y resistencia a la autoridad. La decisión fue tomada luego de que el juez ordenara desbloquear la ruta y los piqueteros se negaran a acatar la orden judicial. Entre los detenidos se encontraba el presidente de la sociedad rural local, Raúl Víctores. Luego de prestar declaración indagatoria los ruralistas fueron liberados diez horas después de ser detenidos.

CARBAP (Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa), rechazó la decisión judicial, exigió la inmediata libertad de los detenidos y acusó al gobierno nacional de promover la intervención judicial, considerando la actitud como "de intimidación y provocación al sector" y violatoria "del derecho constitucional de protestar".

Durante la jornada, en San Pedro y Gualeguaychú (Entre Ríos) se realizaron cortes esporádicos en las Rutas 9 y 14 respectivamente, en repudio a las detenciones.

El 3 de junio las cuatro organizaciones que declararon el paro, decidieron una nueva extensión del paro por siete días más, alcanzando así los 42 días de paro y bloqueo de rutas efectivo. Simultáneamente, la agrupación de piqueteros de la Corriente Clasista y Combativa, decidió integrarse al paro ruralista, tomando la Municipalidad de Gualeguaychú durante una horas y luego instalando un "acampe" en la plaza central de esa ciudad.

El 5 de junio comenzó a hacerse sentir en las ciudades el desabastecimiento y aumento de precios, a la vez que los medios de comunicación difundieron imágenes sobre camiones tirando leche en los cortes de ruta.

El mismo día la Iglesia Católica dio a conocer una declaración titulada "La Nación requiere gestos de grandeza", en la que alerta sobre el retorno del país a situaciones de "fragmentación y enfrentamiento", sostiene que "aunque hubieran reclamos justos, no es en las calles ni en las rutas donde solucionaremos nuestros problemas", y le pide "al Gobierno de la Nación que convoque con urgencia a un diálogo transparente y constructivo, y a los sectores en conflicto que revean las estrategias de reclamo".

El 6 de junio, luego de 42 días efectivos de paro, las cuatro entidades empresarias que declararon el paro decidieron levantarlo. Sin embargo varias filiales y piquetes ruralistas manifestaron su desacuerdo con la decisión de las cúpulas, para mantenerse a la vera de las rutas, aparentemente sin bloquear el paso pero con el fin de hacer presión, por su presencia. Asimismo, desobedeciendo la decisión de las asociaciones ruralistas, los productores rurales decidieron continuar con el paro patronal parcial y no comercializar los granos cosechados en mayo. Entre los principales grupos disidentes se encuentra el bloqueo de la estratégica Ruta Nacional 14 (Ruta del Mercosur), ubicado en Gualeguaychú, liderado por el dirigente de la Federación Agraria Argentina, Alfredo de Angeli. Entre tanto, para los días 11 al 13 de junio, las comunicaciones viales en el país continuaban interrumpidas debido a la presencia de más de 200 piquetes de transportistas, que sostienen que aún no se han garantizado sus posibilidades de circular libremente y transportar los granos.

También se registraron algunas escenas de violencia en los piquetes, incluyendo un ataque a tiros contra un convoy de combustible.

El 13 de junio de 2008, el precio de la soja alcanzó un nuevo record, llegando a U$S 573 para el mes de agosto (mercados de futuro en Chicago). El récord implica un aumento del 27% desde el 1 de enero de 2008 y del 186% desde 2004.

El 14 de junio Gendarmería Nacional recibió la orden de liberar al tránsito la Ruta Nacional 14, que seguía cortada a la altura de Gualeguaychú. En el procedimiento resultaron detenidas algunas de las personas que bloqueaban la ruta, entre ellos el líder del piquete de Gualeguaychú, Alfredo de Angeli. A la tarde se produjo una manifestación de habitantes de Gualeguaychú reclamando la libertad de los detenidos, los cuales fueron liberados poco después por orden judicial, luego de ser realizarse las actuaciones correspondientes. Por la noche se registraron manifestaciones a favor y en contra del paro ruralista en Gualeguaychú y Buenos Aires.

El 15 de junio, con las rutas de la región pampeana afectadas por cortes de transportistas y ruralistas, las cuatro entidades ruralistas declararon un nuevo paro, el cuarto, a partir de la 0 horas. Las asociaciones rurales también convocaron a la población a una "Jornada Nacional de Protesta" para el 18 de junio. Por su parte, la Federación de Municipios llamó a una movilización en Plaza de Mayo "contra la extorsión del campo".

El cuarto periodo de conflictos estuvo marcado por las acusaciones mutuas, entre los sectores en conflicto, de desestabilizar al gobierno nacional y las instituciones que garantizan el gobierno democrático. El dirigente Luis D'Elía de la FTV-CTA, en declaraciones públicas acusó a Eduardo Duhalde, al Grupo Clarín, y a los dirigentes ruralistas de conspirar para derrocar al gobierno nacional, remarcando la participación del ex-presidente como líder de dicha conspiración.

En dichas declaraciones, Luis D'Elía invoco el artículo 21 de la constitución argentina, artículo que obliga a todo ciudadano "a armarse en defensa de la patria y de la Constitución". Las acusaciones del dirigente sindical, y en especial la alusión al artículo 21 de la Constitución, generaron expresiones de crítica y repudio. Por su parte, los abogados Ricardo Monner Sans y Alejandro Sánchez Kalbermatten, sobre la base de las declaraciones de D'Elía, presentaron una denuncia penal contra el ex presidente Eduardo Duhalde, ante el juez Daniel Rafecas, quien desestimó la misma sin más trámites, sosteniendo que este tipo de exclamaciones lanzadas por actores políticos en el marco de una contienda por intereses contrapuestos... son fundamentales para la reproducción y el ejercicio de la democracia. En otra denuncia similar, el político justicialista José Luis Seoane denunció penalmente al ex presidente Néstor Kirchner acusándolo de organizar un golpe de estado contra su esposa, la presidenta Cristina Kirchner. Hasta el 7 de julio, no se habían publicado novedades sobre la marcha de esta última denuncia.

El día 15 de junio, el escritor Mempo Giardinelli publicó en el diario Página/12 un artículo titulado "El golpe y la torpeza", en el que sostiene abiertamente que el país se encuentra ante un movimiento que busca derrocar al gobierno.

Por la tarde del día 15 de junio, el jefe de Gabinete Alberto Fernández denunció que algunos sectores estaban utilizando el paro agropecuario para realizar una "desestabilización" del gobierno de Cristina Fernández.

Por su parte el dirigente ruralista Alfredo de Angeli declaró que el paro podría continuar 100 días más, a la vez que sostuvo que "el país está al borde de la anarquía" y que se encuentra preocupado por la posibilidad de una "revolución social".

El 17 de junio el diario La Nación tituló en tapa "Cordura, para evitar la crisis institucional". Asimismo, la UCR desmintió puntualmente que exista algún sector que esté buscando desestabilizar al gobierno.

El 16 de junio por la noche se realizaron "cacerolazos", acompañados de los habituales "bocinazos" y un "apagón"( de poca adhesion) contra el gobierno en varias ciudades del país. La protesta fue coordinada desde Rosario, por medio de mensajes de texto en celulares, disponiéndose su inicio para las 20 horas.

El primer "cacerolazo" se dio en la ciudad de Gualeguaychú (epicentro medíatico de la protesta agraria). Luego continuaron en los barrios porteños de Núñez (Crisólogo Larralde y Cabildo), Belgrano (Cabildo y Juramento; Cabildo y Federico Lacroze), Chacarita (Juan B Justo y San Martín), Villa Urquiza (Triunvirato y Monroe), Caballito (Acoyte y Rivadavia; José Maria Moreno y Rivadavia; Rivadavia y Del Barco Centenera), Flores (Rivadavia y Artigas), Almagro (Corrientes y Angel Gallardo), Boedo (San Juan y Boedo), Constitución (San Juan y 9 de Julio), Barracas (Montes de Oca y Suárez), San Nicolás (Corrientes y 9 de Julio), Recoleta (Callao y Santa Fé; Callao y Libertador), Palermo (Libertador y Salguero; Santa Fé y Las Heras; Santa Fé y Coronel Díaz), además de "bocinazos" y gente que golpeaba sus cacerolas desde los balcones de otros barrios porteños.

En el conurbano bonaerense se registraron protestas en Vicente López, Olivos (frente a la Quinta Presidencial), San Isidro, Tigre, Ciudad Jardín, Villa Ballester y otros distritos del norte del Gran Buenos Aires. También se escucharon cacerolas en las principales ciudades del Interior, como Córdoba, Rosario, Santa Fe, Posadas, Salta, Resistencia, Mar del Plata, Mendoza, Carmen de Patagones, Bariloche y Neuquén, entre otras. Simultáneamente, diversos partidos políticos de la oposición, como la Propuesta Republicana de Mauricio Macri, la UCR, la Coalición Cívica de Elisa Carrió, coincidieron en reclamar al gobierno la "pacificación del país". A su vez, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, exigió no realizar el acto de apoyo al gobierno convocado en esa ciudad para el 18 de junio.

El 17 de junio la Presidenta de la Nación anunció su decisión de enviar un proyecto de ley sobre retenciones al Congreso Nacional, a los fines de que sea ese el ámbito donde se resuelva definitivamente el conflicto (ver sección especial).

El 18 de junio los sectores políticos adherentes a la decisión del gobierno, realizaron una movilización multitudinaria a Plaza de Mayo. En la ocasión la presidenta Fernández de Kirchner habló frente a los manifestantes y en un discurso, considerado duro por los medios de comunicación, exigió a los ruralistas liberar las rutas en nombre de la ley.

Después del acto, volvió a reunirse la Mesa de Enlace de las cuatro organizaciones agropecuarias, donde decidieron continuar el paro agropecuario hasta las 24 hs del viernes 20 de junio.

Superados los tres meses desde que se inició el conflicto, el desabastecimiento de productos esenciales, sobre todo alimentos y combustibles, se hizo notable en la mayor parte del país, a la vez que miles de trabajadores comenzaron a ser despdidos, por la imposibilidad de la industria de recibir materias primas o transportar sus productos.

La solicitada fue firmada por la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), en la que se agrupan Coto, Wal Mart, Jumbo, Disco, Eki, entre otros, y la Cámara Argentina de Supermercados, donde están asociados Carrefour y varias cadenas del interior del país.

El mismo día, la Unión Industrial Argentina, principal asociación patronal de la industria, emitió una declaración, alertando sobre la interrupción de la actividad económica general que está causando el paro agropecuario y el aumento de los despidos y suspensiones de personal, reclamando "retomar el diálogo, normalizar la circulación y permitir el abastecimiento de insumos".

El mismo día, Alfredo De Angeli anunció que se liberarían las rutas a partir de las 00:00 del sábado 21 de junio. Pero las decisiones que tome el Congreso sobre el proyecto de ley sobre modificaciones a las retenciones, podrían hacer volver el paro.

Nuevamente se produjeron hechos de violencia, entre otros en el piquete que bloqueaba la Ruta Nacional Nº 14 en Gualeguaychú, donde se intentó linchar a un conductor que, según quienes cortaban la ruta, casi habría atropellado a un chico al intentar evitar el piquete, y en el cacerolazo frente a la residencia presidencial, donde la muchedumbre agredió físicamente a una persona calificada de "infiltrado". Por otra parte volvieron a producirse incendios en la zona de San Pedro, el delta de Buenos Aires y Gualeguyachú, similares a los del mes de abril; a diferencia del caso anterior, en este oportunidad, tanto los ruralistas como las autoridades coincidieron en considerar que se trató de incendios intencionales.

El 20 de junio un bus que transitaba por la provincia de Santa Fe, sufrió un serio accidente, en el que resultaron heridas 35 personas, luego de tener que tomar por un camino alternativo en mal estado a causa de un bloqueo de ruralistas. Luego dos de las ambulancias necesarias para transportar a los heridos, fueron bloqueadas y atacadas por otro bloqueo ruralista, arrojando una rastra sobre la ruta cuando pasaban, para romperles luego los vidrios.

El 5 de Junio las resoluciones del poder ejecutivo que modifican las retenciones, y fueron causa inicial del conflicto, son declaradas inconstitucionales por un juzgado federal. El fallo basa gran parte de su decisión en la irregularidad de la forma en que se llegó a la aplicación de dichas resoluciones, ya que es competencia del poder legislativo dictar este tipo de resoluciones, según lo que establece el sistema republicano establecido por la constitución argentina. Sin embargo no sienta ninguna precedencia sobre el carácter confiscatorio de dichas medidas impositivas, carácter que le correspondiera de determinarse que se trata de un impuesto que percibe más del 33% de la renta. Las razones sobre esta falta de decisión sobre el tema se fundamentan en la falta de claridad sobre la naturaleza de las retenciones, y sobre cuál es el porcentaje realmente percibido por cada individuo en la cadena de valor de la producción agropecuaria.

Gobernadores opositores dentro del partido justicialista utilizaron el asentamiento del fallo para promover recursos de amparo sobre resoluciones previas del actual y el anterior gobierno, y el Ministro de Justicia advirtió que la presidencia apelaría el fallo. Sin embargo, la resolución declarada inconstitucional sería enviada al Congreso como proyecto de ley, cuya aprobación apelaría el fallo.

El 17 de junio, la Presidenta de la Nación anunció por cadena nacional que había enviado al Congreso Nacional un proyecto de ley para ratificar o derogar la Resolución 125/08 y sus modificaciones, y para crear un Fondo de Redistribución Social, formado con la recaudación impositiva que exceda el 35% de las retenciones a la soja y sus derivados.

El proyecto de ley fue ingresado a la Cámara de Diputados el mismo día 17 de junio a las 19:55 y con el objetivo de "saldar la discusión política relativa en materia de retenciones, por vía de la actuación del Honorable Congreso de la Nación, requiriendo la ratificación de lo oportunamente dispuesto".

El proyecto fue presentado con una larga serie de considerandos, en los que el Poder Ejecutivo fundamentó la necesidad y oportunidad de la ley y ocho artículos. Los considerandos remiten al compromiso electoral asumido en materia de distribución de los ingresos, el aumento mundial de los precios del petróleo y los alimentos, y las medidas adoptadas por los diferentes países para proteger a su población.

En ese contexto, el proyecto proponía ratificar el sistema de retenciones a la exportación establecido por Resolución 125/08, que dispuso la movilidad de la misma siguiendo las fluctuaciones del mercado internacional, a la vez que estableció aumentos para la soja y el girasol y reducciones para el maíz y el trigo, con descuentos adicionales si los granos son exportados con valor agregado. El proyecto también ratificaba las normas modificatorias o complementarias de la Resolución 125/08, como el régimen de compensaciones a pequeños productores de soja o girasol establecido por la Resolución 284/08, y las compensaciones para el transporte de granos oleaginosos (soja y girasol) producidos en las provincias extrapampeanas, dispuesto por Resolución 285/08.

Los artículos 3, 4, 5 y 6 se dedicadan a crear y establecer las bases de funcionamiento del Fondo de Redistribución Social, destinado a financiar hospitales y centros de salud públicos (60%), viviendas populares (20%) y caminos rurales (20%). El fondo propuesto se formaría con el monto recaudado que exceda el 35%.

Ante la decisión presidencial, Eduardo Buzzi declaró que "valoramos el gesto democrático de la Presidenta de llevar al Parlamento el tema de las retenciones, pero no estamos de acuerdo con el proyecto tal como se envió. Solicitamos que se abra para que se puedan incorporar modificaciones dentro del debate que se dé en el propio Congreso". Por su parte, Ricardo Buryaile, vicepresidente segundo de Confederaciones Rurales Argentinas, en declaraciones realizadas a FM Universidad de Chaco el 18 de junio, declaró que si "el Congreso ratifica las retenciones, debería ser disuelto"; con posterioridad, el dirigente sostuvo que había sido sacado de contexto y que su intención era decir que "que si el Congreso va a ser una escribanía, que se cierre". Simultáneamente, los organizadores del paro informaron que, los fines de semana, los ruralistas realizarían "visitas fraternales" a los diputados nacionales a sus casas, para "interiorizarlos" de sus reclamos. El método de recurrir a "visitas fraternales" en las casas de los legisladores, fue muy cuestionado por algunos parlamentarios y miembros del gobierno, como el Jefe de Gabinete, atribuyéndole una naturaleza antidemocrática, debido a la forma de presión directa de la misma.

El sábado 21 de mayo, una vez levantado el paro y los cortes de ruta, la presidenta Cristina Fernández convocó para el lunes 23, a las cuatro entidades ruralistas a mantener un diálogo amplio sobre la política agropecuaria. La invitación fue recibida con satisfacción por los dirigentes rurales.

El 1 de julio el precio internacional de la soja alcanzó un nuevo record, valuándose en 596,3 dólares la tonelada de grano. De este modo el precio de la soja se puso muy cerca de alcanzar la barrera de los 600 dólares, una situación que formó parte de los argumentos del gobierno para dictar la Resolución 125/08 y que los ruralistas y algunos especialistas consideraban como poco probable, a comienzos de junio. El nuevo precio implica un aumento del 128% desde comienzos del año 2007. Al día siguiente, efectivamente, el precio de la soja superó la barrera de los 600 dólares, al llegar a los u$s 602,3.

La mayoría del bloque oficialista en la Cámara de Diputados, introdujo el 1 de julio una serie de modificaciones al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. Las modificaciones tienden a ampliar la cantidad de pequeños y medianos productores excluidos del sistema de retenciones establecido en la Resolución Nº 125/08. Para ello aumenta la producción a ser tenida cuenta en un 50% (de 500 a 750 toneladas), incluye a los monotributistas y a los que no sean productores exclusivos de granos, así como a los que posean deudas impositivas. Las reformas también amplían los reintegros por fletes a las zonas más alejadas de los puertos de las provincias de La Pampa, Santa Fe y norte de Córdoba y dispone que los pools de siembra deberán a pagar el impuesto a las ganancias.

En el bloque oficialista también apareció otro proyecto alternativo, impulsado por el diputado Felipe Solá y apoyado por otros quince diputados, pertenecientes al grupo de Radicales K y del ex gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti y del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti. El proyecto establece un tope del 55% para la alícuota marginal en caso de precios internacionales extraordinariamente alto, compensaciones para los propietarios de hasta 3000 has. Aunque el proyecto de Solá no contó con el apoyo de la mayoría de su bancada, sus impulsores decidieron igualmente presentarlo para su debate en la bicomisión que trata el tema y luego en el plenario de la Cámara.

Relacionado con el conflicto rural, simultáneamente con el tratamiento del proyecto de retenciones a las exportaciones enviado por el PEN, la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados apuró también el tratamiento de los proyectos de ley de arrendamientos rurales y de warrants o garantías para la obtención de préstamos por parte de los productores agropecuarios.

Los mismos están referidos a la posibilidad de ampliar el plazo mínimo, de tres a cinco años, que deben respetar los grandes arrendatarios que alquilan la tierra de los pequeños y medianos propietarios, así como otros beneficios para los "chacareros". Las modificaciones a la ley de warrants buscan establecer un sistema de acceso al crédito para productores rurales mediante un certificado de depósitos.

El 3 de julio la bicomisión de Agricultura y Presupuesto de la Cámara de Diputados, realizó los dictámenes de mayoría y minorías, para enviar al recinto los proyectos presentados, con el fin de que ser tratados en la sesión del 4 de julio. Finalmente, la mayoría de la bicomisión apoyó el proyecto oficialista mayoritario (proyecto del PEN con modificaciones). Entre los dictámenes de minoría se destaca el proyecto conjunto presentado por la UCR, PRO, la Coalición Cívica, el Partido Socialista y los partidos provinciales, suspendiendo la Resolución Nº 125/08 por 180 días. El sector del oficialismo congregado alrededor del proyecto de Felipe Solá, también presentó su proyecto en minoría. En el debate de la Cámara también se incluyó un proyecto de Ley de Arrendamientos Rurales presentado por Eduardo Macaluse, diputado del Bloque SI (ex ARI Autónomo) y otro de Emergencia Agropecuaria.

Simultáneamente, el vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina, Hugo Luis Biolcati, sostuvo que si el Congreso aprobara el proyecto del bloque oficialista, existen "muchísimas" posibilidades de que las entidades ruralistas declaren un nuevo paro. En el mismo sentido el dirigente Alfredo De Angeli, de la Federación Agraria Argentina, informó que los productores ruralistas estaban organizando un cacerolazo para el 4 de julio a la noche.

El 5 de julio la Cámara de Diputados aprobó por 129 votos a favor, 122 en contra y dos abstenciones, el proyecto enviado por el PEN, con varias modificaciones introducidas por el bloque oficialista y algunos bloques opositores. Para convertirse en ley precisa que el mismo texto sea aprobado también por la Cámara de Senadores; si ésta le introdujera a su vez modificaciones, el nuevo texto debe volver a la Cámara de Diputados, para su convalidación o no.

El proyecto cuenta con 26 artículos divididos en cinco capítulos. En el Capítulo I (arts. 1 y 2), el proyecto ratifica la Resolución Nº 125/08 y declara que -de sancionarse- la ley no afecta las atribuciones que el Código Aduanero le confiere al Poder Ejecutivo Nacional.

El sistema se instrumenta a partir de una declaración jurada del productor y el pago debe realizarse antes de 30 días directamente por depósito en la cuenta bancaria del productor. Para recibir compensaciones la operación debió haberse realizado entre el 13 de marzo y el 31 de octubre de 2008.

El Capítulo IV (arts. 14 a 19) se refiere a disposiciones comunes del sistema de compensaciones creado en los dos capítulos anteriores, entre los que se incluye la creación de un mecanismo para la realización de los trámites vía Internet.

El Capítulo V (arts. 20 a 23) crea un Fondo de Redistribución Social, formado con las retenciones a la exportación de soja que excedan el 35%. El fondo tiene como finalidad financiar obras de hospitales y centros de salud (50%), viviendas populares urbanas y rurales (20%), caminos rurales (20%) y fortalecimiento de la agricultura familiar (10%).

Tanto el gobierno y los parlamentarios oficialistas, como las entidades ruralistas se mostraron satisfechos con el resultado en la Cámara de Diputados. Aquellos, por la ratificación de la Resolución Nº 125/08 y haber logrado la sanción del proyecto elaborado por el bloque oficialista, y éstos, por el correcto funcionamiento de las instituciones y alto apoyo parlamentario que recibió la posición ruralista, así como por la posibilidad de obtener nuevas concesiones en la Cámara de Senadores.

El 7 de julio Página/12 difundió un informe elaborado por la Secretaría de Agricultura en base a datos de la revista especializada Márgenes Agropecuarios, con un detalle sobre los costos y márgenes de ganancia de los productores agropecuarios en cada zona. El tema, de gran importancia para establecer las tasas de retenciones y el monto de las compensaciones, es uno de los aspectos del conflicto sobre los que menores precisiones existen. Según el informe, la ganancia de un productor rural de 200 has en 2008, antes de las reformas introducidas por la Resolución 125/08 era, según la zona, entre un 18% y un 33% mayor que la obtenida el año anterior; con las compensaciones del proyecto sancionado en Diputados, la ganancia superaría entre un 63% y un 83% la percibida en 2007.

Los ruralistas han sostenido que los productores pequeños y medianos estaban sufriendo grandes pérdidas, teniendo que trabajar hasta 300 días al año, solo para pagar los impuestos, y en algunos casos a pérdida pura. a la vez de tener que afrontar el aumento del precio de los insumos, hasta el punto de hacer inviable la producción agraria. El portal Agro Meat sostuvo que con las medidas adoptadas, el Estado argentino se apodera del 74% del resultado de la soja, llegando en el caso de que el productor arriende las tierras, a apropiarse del 104% en soja de primera, y 150% en trigo.

El 12 de julio, Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica, afirmó que el gobierno de Cristina Kirchner "carece de legitimidad". El mismo día, el líder ruralista Alfredo de Angeli sostuvo que el gobierno "promueve un golpe porque no sabe cómo arreglar el país".

Durante el tratamiento del proyecto sobre retenciones en el Senado, algunos senadores fueron objeto de escraches con el fin de presionarlos para que votaran en contra del proyecto del Poder Ejecutivo. Uno de estos escraches fue realizado contra el senador kirchnerista de la provincia de San Luis Luis Daniel Pérsico. probablemente, el más serio fue el escrache sufrido por la madre del senador Emilio Rached, en Santiago del Estero, durante la sesión de votación, que lo habría llevado a cambiar su voto y a producir el empate que terminaría con la derrota del oficialismo.

Otros representantes kirchneristas que sufrieron escraches y manifestaciones por parte de opositores, fueron el diputado Alberto Cantero, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, y dos diputados tucumanos.

El 15 de julio, día anterior a la votación en el Senado, tanto la oposición como el oficialismo realizaron sendos actos masivos en Buenos Aires para sostener sus posiciones.

Las cuatro entidades ruralistas que declararon el paro organizaron un acto bajo el lema "por un país federal", que se desarrolló en el llamado Monumento de los españoles (en realidad monumento a la Constitución regalado por la comunidad española), ubicado en el barrio de Palermo, en el cruce de la avenida Libertador y la avenida Sarmiento, a pocos metros de la sede de la Sociedad Rural Argentina. Al acto asistieron la mayor parte de las fuerzas políticas que se oponen al gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, como la Coalición Cívica liderada por Elisa Carrió, el PRO liderado por Mauricio Macri, el peronismo-duhaldismo liderado por Eduardo Duhalde, el peronismo-FREJULI liderado por Adolfo Rodríguez Saa, la Corriente Clasista y Combativa y Partido Comunista Revolucionario, y la nueva central sindical CGT Azul y Blanca liderada por Hugo Barrionuevo. Por su parte, el Partido Socialista, liderado por el gobernador de Santa Fe, decidió no asistir. El acto contó con una asistencia estimada por el diario La Nación en 237.000 personas.

En el acto hablaron los cuatro presidentes organizadores y Alfredo de Angeli, presidente de la Federación Agraria de Entre Ríos, que se destacó como el líder ruralista más conocido del paro, y que inició la serie de discursos, llamando a no abuchear a la Presidenta: ""no, no, yo no les permito; es la presidenta de la Nación; a nadie y menos a ella". Eduardo Buzzi cuestionó al gobierno por favorecer a los "grandes exportadores de granos, las mineras y dos empresas frigoríficas que encima son de capital extranjero"; Mario Llambías anunció que "no nos van a arrodillar, no vamos a aceptar cosas que vayan en contra de la patria y los productos"; Fernando Gioino sostuvo que "llegamos a este punto contentos porque el reclamo llegó al Congreso, se afianzó la democracia y hubo debate"; Luciano Miguens citó a la Presidenta que cuando era senadora sostuvo que "acá todos somos representantes de las provincias y no pasa por apoyar o combatir las decisiones del Ejecutivo, pasa por discutir y analizar lo que le conviene al conjunto del país y en especial a las provincias".

El oficialismo realizó el acto en la Plaza del Congreso. Al acto asistieron las distintas fuerzas que integran el kirchnerismo, la Confederación General del Trabajo, recientemente ampliada con la incorporación de los llamados sindicatos "gordos" y liderada por Hugo Moyano, la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), liderada por Hugo Yasky, las Madres de Plaza de Mayo, un sector de los Radicales K, liderado por los gobernadores Miguel Saiz de Río Negro y Gerardo Zamora de Santiago del Estero. Por su parte no asistieron al acto el gobernador de Chubut, Mario Das Neves, ni el vicepresidente Julio Cobos. El acto contó con una asistencia estimada por el diario La Nación en 103.000 personas. En al acto habló como único orador el ex presidente Néstor Kirchner, quien declaró que el gobierno "aceptaría el resultado, sea cual sea".

Al conocerse la noticia, las cuatro entidades festejaron junto a una multitud en el barrio porteño de Palermo, quienes siguieron la votación por medio de una pantalla gigante. Por otro lado, militantes oficialistas causaron disturbios frente al Congreso, derribando vallas policiales, insultando y arrojando piedras y botellas al edificio.

El 18 de julio la Presidenta de la Nación sancionó el Decreto 1176/08, ordenando al Ministro de Economía, disponer la "limitación" de la Resolución 125/08, reestableciendo las resoluciones Nº 368 y Nº 369 del 7 de noviembre de 2007, que se encontraban vigentes antes de la norma derogada, y que establecen retenciones a tasas fijas para los granos exportados (35% para la soja en grano).

El decreto de la Presidenta tiene dos artículos (y uno de forma) y no deroga directamente la Resolución 125/08, sino que le ordena al Ministro de Economía hacerlo, porque esa es la autoridad que tomó la medida, y por lo tanto, también a la que le corresponde dejarla sin efecto. En el primer artículo indica las normas que deben ser "limitadas" (término que se utiliza en el Derecho Administrativo para referirse a un acto administrativo que deja sin poder legal a otro o a una autoridad), incluyendo entre ellas las resoluciones 284/08 y 285/08 que establecían compensaciones a los pequeños productores. En el segundo artículo, establece el contenido de la norma que debe reemplazar a la resolución 125/08, indicando que las tasas deben ser "iguales" a las que establecían las resoluciones 368 y 369 de fecha 7 de noviembre de 2007, es decir, las que se encontraban vigentes al 11 de marzo de 2008.

La respuesta de los ruralistas fue diversa, ya que mientras que el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luciano Miguens, anunció que "este es el fin del conflicto; era simplemente por esta resolución", el presidente de la Federación Agraria Argentina, sostuvo que "con esto no es suficiente; debe haber un tratamiento de distintas retenciones". Por su parte, Mario Llambías, de Confederaciones Rurales Argentinas, cuestionó que el decreto no estableciera un plazo para que el Ministro de Economía dictara la resolución. Por su parte, el dirigente Alfredo de Angeli sostuvo que "la derogación no resuelve nada".

Menos de una hora después de anunciarse el decreto presidencial ordenando la derogación de la Resolución 125, el Ministro de Economía, Carlos Fernández, firmó tres resoluciones (Nº 180, 181 y 182 de 2008) dando cumplimiento a la orden presidencial, y reestableciendo el régimen de retenciones vigente hasta el 11 de marzo, que fijó una tasa del 35% para la soja, 10% para el girasol, 25% para el maíz y 28% para el trigo.

El anuncio de la presidenta Cristina Fernández sobre la derogación de la Resolución 125, produjo una inmediata baja del precio de la soja de 558 a 540 dólares (3,22%).

El paro tuvo un costo primario de 100 millones de dólares por día. Ello significo una pérdida económica directa de 4.200 millones de dólares para los 42 días de paro efectivo decretados entre el 13 de marzo y el 9 de junio, suma equivalente al monto total de los impuestos que pagó el sector agropecuario en 2007. A ello hay que sumar las pérdidas que sufrirán las empresas exportadoras por los juicios debido a la no entrega de mercadería en término.

El paro también afectó en algunos momentos el abastecimiento de alimentos a la población, y produciendo aumentos considerables en los precios de estos. El gobierno de la provincia de Mendoza estableció que los alimentos aumentaron un 2,5% en el mes de junio, acumulando un aumento del 17,7% para el primer semestre, atribuyendo al paro agropecuario, la aceleración de la inflación.

El 3 de octubre de 2008 las organizaciones ruralistas declararon un nuevo paro por seis días con cortes parciales de rutas en caso de ser necesario, esta vez para reclamar la completa anulación de las retenciones a la exportación y otras medidas económicas favorables a los productores agrarios, entre ellos apoyo del Estado frente a la fuerte sequía que los afecta.

El paro se decidió luego de que consideraran insatisfactorio el diálogo llevado adelante entre los productores y propietarios rurales y el Secretario de Agricultura Carlos Cheppi. Por su parte el gobierno anunció que se disponía a poner en marcha un Plan Agropecuario Nacional, para dar respuesta a los reclamos del campo.

A partir del mes de septiembre de 2008 el Estado estadounidense comenzó a intervenir en los mercados de granos con el fin de eliminar los fondos especulativos que habían impulsado el alza de los precios en el primer semestre del año. La medida produjo un sinceramiento de los precios que comenzaron a caer al nivel que se encontraban en 2007, guiándose por la propia lógica de la oferta y la demanda real de granos.

El precio de la soja volvió así a los valores de 2007, ubicándose en 318 USD el 16 de octubre, luego de alcanzar un pico récord de 602 USD en julio.

La vuelta del precio de los granos a los valores previos a la crisis especulativa, provocó un problema derivado de la derogación por el Congreso de la Nación, del sistema de retenciones móviles establecido por la Resolución 125/2008, para establecer una tasa fija del 35%. Según el sistema de retenciones móviles derogado, la tasa para la soja debió haber sido de 30,01% (para un precio de 318 USD), es decir un monto considerablemente más bajo que el impuesto por el Congreso.

Al principio



Cristina Elisabet Fernández

Cristina Fernández de Kirchner

Cristina Elisabet Fernández de Kirchner (Ringuelet, La Plata, Provincia de Buenos Aires, 19 de febrero de 1953) es una política y abogada de Argentina. Fue elegida como Presidenta de la Nación Argentina el 28 de octubre de 2007, asumiendo el cargo el 10 de diciembre de dicho año, sucediendo a su esposo Néstor Kirchner.

Antes de ejercer dicho cargo, fue senadora por la provincia de Santa Cruz en dos oportunidades, así como también diputada.

Es la primera mujer de la historia argentina en ser elegida para la primera magistratura y la segunda en acceder al cargo. Pertenece al Partido Justicialista, integrante a su vez del Frente para la Victoria.

Hija de Eduardo Fernández y de Ofelia Wilhelm, nació el 19 de febrero de 1953 en Ringuelet, Provincia de Buenos Aires, descendiente de españoles por su padre, y de alemanes por su madre.

Realizó los dos primeros años de sus estudios secundarios en el ex Colegio Comercial San Martín (actual Escuela de Educación Media 31) de la ciudad de La Plata y los tres últimos en el Colegio Nuestra Señora de la Misericordia, de la misma ciudad.

Realizó sus estudios universitarios en la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional de La Plata en 1973. Allí inició su militancia política en el Frente de Agrupaciones Eva Perón (FAEP), una organización estudiantil ligada a las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que ese mismo año se fusionó con la Federación Universitaria por la Revolución Nacional (FURN) para constituir la Juventud Universitaria Peronista de la Universidad de La Plata, ligada a la organización Montoneros.

En este contexto, conoció a Néstor Kirchner en octubre de 1974, ya que ella era compañera de estudios de la novia de un compañero de estudios de él. Ambos formaron parte de la Juventud Universitaria Peronista, y tras sólo seis meses de noviazgo se casaron el jueves 8 de mayo de 1975.

La caída del gobierno de María Estela Martínez y el posterior Proceso de Reorganización Nacional volvía a la militancia política un gran riesgo, por el cual la pareja resolvió trasladarse a la Provincia de Santa Cruz, en la localidad de El Calafate. Muchos de sus compañeros de militancia resultaron asesinados o desaparecidos. Una vez instalados en la Patagonia, ambos se dedicaron a la actividad privada como abogados, formando el "Estudio Jurídico Kirchner". Él ya estaba recibido, a ella le faltaban tres materias al momento de viajar a la provincia. Hay evidencias que pretenden negar que se haya recibido realmente, dadas las irregularidades en la documentación que avala dicho título, descriptas por el periódico Tribuna de Periodistas en un artículo publicado el 22 de septiembre de 2007. La Universidad Nacional de La Plata ratificó que la presidenta se graduó en esa casa de estudios en 1979.

No obstante, el abogado Sergio Bergenfeld, presidente de la ONG Defensa Ciudadana y el periodista Christian Sanz, denunciaron ante la justicia penal a Cristina Fernández de Kirchner sosteniendo que el título de abogada emitido por la Universidad Nacional de La Plata se encuentra falsificado.

El matrimonio tiene dos hijos: Máximo y Florencia.

En 1989 fue electa legisladora provincial en la Cámara de Diputados de Santa Cruz y reelecta en 1993.

En el año 1995 ingresa al Senado Nacional representando a Santa Cruz. En 1997 ingresa a la Cámara de Diputados y en 2001 es otra vez electa senadora, siempre por la misma provincia.

Al asumir la presidencia su marido el 25 de mayo de 2003, ocupó, además, el rol de primera dama, dándosele una trascendencia especial a su participación política.

Para las elecciones legislativas del 23 de octubre de 2005 fue elegida senadora, pero esta vez por la provincia de Buenos Aires, representando al Frente para la Victoria, una escisión del Partido Justicialista. Venció por una diferencia de 26 puntos porcentuales a Hilda González de Duhalde, esposa del ex presidente Eduardo Duhalde.

Mantiene un perfil de activa defensora de los derechos humanos tanto en Argentina como en América Latina.

Es defensora de la actividad política de las mujeres. Ha tenido contactos con la Presidenta de Chile, Michelle Bachelet, con la senadora estadounidense Hillary Clinton y con Ségolène Royal, candidata a presidente durante las elecciones francesas de 2007.

El 19 de julio de 2007 lanzó oficialmente su candidatura presidencial para las elecciones previstas para octubre. El acto se realizó en el Teatro Argentino de la ciudad de La Plata. Ya había sido mencionada repetidas veces como “cuadro político presidenciable” por varios miembros del Partido Justicialista y del gabinete del gobierno kirchnerista. El 28 de octubre del citado año se consagra ganadora en primera vuelta con el 45,29% de los votos positivos -con uno de los más holgados márgenes de ventaja desde el retorno de la democracia en 1983-, en una elección donde la abstención fue la mayor desde 1922 y el voto en blanco el mayor desde las elecciones de 1963, sucediendo el 10 de diciembre a su esposo Néstor Kirchner, quien desempeñaba el cargo hasta esa fecha.

Las elecciones estuvieron signadas por denuncias de faltantes de boletas de los candidatos opositores, ya que no había reposición de boletas o la misma era insuficiente, sin olvidar que directamente no aparecían todos los candidatos a presidentes y se sucedieron numerosos inconvenientes y demoras durante la jornada electoral, lo que generó malestar en los votantes.

Durante la etapa de transición viajó a Brasil, en donde se reunió con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y acordaron realizar dos reuniones bilaterales al año, con el objetivo de mejorar la relación entre los países y el funcionamiento del Mercosur. En dicha reunión se planificó la construcción de aviones de carga, la coordinación del traspaso del control del espacio aéreo a organismos civiles, y la posibilidad de dejar de emplear el dólar como moneda en los intercambios monetarios entre ambos países.

El miércoles 14 de noviembre de 2007, aún en la etapa de transición, se dio a conocer el gabinete de ministros para su gobierno. De los 12 elegidos, siete ya ocupaban carteras en el gobierno de Néstor Kirchner y 5 asumieron por primera vez un Ministerio.

Una de las primeras medidas adoptadas por la presidenta Fernández fue la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, designando a su cargo a Lino Barañao, un reconocido biólogo molecular. La medida se complementó con el anuncio de creación de un polo científico-tecnológico en Buenos Aires, integrado por tres institutos: Ciencias Sociales y Humanas, Ciencias Biomédicas y Biotecnológicas y Ciencias Exactas y Tecnológicas.

Los problemas de abastecimiento de energía en las postrimerías del año 2007 llevó a cabo un plan de ahorro de energía. El plan se propuso reemplazar las bombitas incandescentes por lamparitas de bajo consumo, y-por sanción del Congreso- se dispuso el atraso de 60 minutos de la hora oficial a partir del 30 de diciembre de ese mismo año, cambio que perduró hasta el día 16 de marzo de 2008. Como consecuencia se vieron descendidos los consumos de energía eléctrica, principalmente en las horas pico. Hasta 2008 el plan de reemplazo de lamparitas de bajo consumo se había cumplido parcialmente.

Cristina Fernández de Kirchner asumió su gobierno con problemas de inflación y una crisis institucional en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), cuestionado por la verosimilitud de sus índices de costo de vida, que algunos centros económicos han ubicado en más del doble de la inflación oficial. El índice es importante también para determinar el monto que el país debe pagar en concepto de intereses por la deuda externa, ya que de reconocerse los índices señalados por los centros privados, los pagos por la deuda externa también se duplicarían.

Como consecuencia de estos problemas el ministro de Economía Martín Lousteau presentó un plan para combatir la creciente inflación, reduciendo el crecimiento económico ("enfriando" la economía), recurso que fue expresamente rechazado por el ex presidente Kirchner, la misma noche en la que el ministro renunció. El gobierno sostiene que la inflación no está causada por el alto nivel de crecimiento económico, y que un enfriamento de la economía, con las altas tasas de endeudamiento y pobreza que aún registra el país, tendrían un costo social mayor que el mismo descenso de la inflación.

En la segunda mitad del año 2008, la tasa de inflación real bajó notablemente, ubicándose en el 0,4% mensual (según el INDEC) y alrededor del 0,7% para diversos estudios privados. En el caso de los alimentos y en algunas provincias, como Misiones, se registró una inflación cercana a 0%.

El 11 de marzo de 2008, en un contexto de fuerte aumento nacional e internacional del precio de los alimentos, influenciados por los movimientos especulativos en los mercados de commodities de los Estados Unidos en los momentos previos a la decalración abierta de la crisis económica de 2008-2009, el Ministro de Economía, Martín Lousteau, anunció un nuevo sistema de retenciones móviles a las exportaciones de cuatro productos y sus derivados: soja, girasol, maíz y trigo. La medida tenía como objetivo atenuar las oscilaciones bruscas de los precios internacionales, combatir la llamada "sojización" del campo argentino y preservar la "política de dólar alto". Adicionalmente se anunciaron incentivos para la industria lechera y una mesa de negociación para el sector de la carne bovina.

La medida significó, en lo inmediato, un incrementó de la tasa de retención sobre la soja y el girasol, reduciéndose levemente las correspondientes al maíz y al trigo. La Resolución 125 fue rechazada de plano por las cuatro organizaciones que reúnen al sector empleador de la producción agro-ganadera en la Argentina, las que, a partir del 13 de marzo, declararon un paro con bloqueos de rutas, que se extendería durante 129 días. El conflicto se agravó el 25 de marzo, cuando las organizaciones agroganaderas decidieron que el paro fuera "por tiempo indeterminado", hasta que el gobierno dejara sin efecto el incremento dispuesto, frente a lo cual la presidenta Cristina Fernández declaró que no negociaría hasta que el lock out fuera levantado. El paro afectó el comercio nacional e internacional, principalmente de alimentos y el abastecimiento de las ciudades.

El agravamiento del conflicto llevó a que miles de manifestantes en todo el país salieran a las calles tanto para oponerse como para apoyar las medidas del gobierno. En el curso de las manifestaciones se produjeron enfrentamientos entre partidarios de ambas posiciones. Durante el conflicto se produjo la renuncia del ministro de Economía Martín Lousteau, autor de las medidas cuestionadas.

El 17 de junio la presidenta Fernández envió al Congreso un proyecto de ley sobre las retenciones a las exportaciones de granos y las compensaciones a los pequeños productores, con el fin de que sea el Poder Legislativo el que resuelva en definitiva la situación. En la madrugada del 17 de julio, la Cámara de Senadores, en una votación que debió ser desempatada por el Vicepresidente de la Nación, rechazó el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, que había sido previamente aprobado con modificaciones por la Cámara de Diputados. El 18 de julio la Presidenta de la Nación ordenó dejar sin efecto la Resolución 125/08, luego de lo cual uno de los dirigentes ruralistas dio por terminado el conflicto.

El voto de desempate del vicepresidente Julio Cobos en contra del proyecto de retenciones a las exportaciones agropecuarias de la Presidenta, que causó el rechazo del mismo por el Congreso, llevó a una ruptura entre ambos y a un realineamiento político de un sector de los llamados radicales K, liderado por el primero, que se ubicó en la oposición, aún sin dejar de ocupar el cargo de vicepresidente.

El hecho produjo una situación anómala, porque por un lado Cobos se ubicó como uno de los principales referentes de la oposición al gobierno del Cristina Kirchner, pero por otro lado, en su condición de Vicepresidente, debe reemplazar a la Presidenta cada vez que ésta se ausenta del país, encontrándose en condiciones de tomar en ese caso medidas contrarias a la línea política marcada por la titular del Poder Ejecutivo.

Esta última situación se produjo el 21 de septiembre de 2008, cuando Cobos, en ejercicio de la Presidencia de la Nación a causa del viaje de la Presidenta a Nueva York, recibió al Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, uno de los principales líderes opositores, y transmitió al Jefe de Gabinete un reclamo financiero de Macri, con el que la Presidenta discrepaba.

Otro caso similar se produjo en ocasión de la sanción del proyecto de ley presentado por la presidenta Fernández, reestatizando el sistema de jubilaciones y pensiones que había privatizado el presidente Carlos Menem. El proyecto fue aprobado en ambas cámaras del Congreso y, en noviembre de 2008, al momento de ser promulgado como ley por el Poder Ejecutivo, la Presidenta se encontraba realizando una gira por África del Norte, razón por la cual estaba siendo reemplazada por el vicepresidente Cobos. En esa circunstancia, el partido PRO (macrismo) le pidió a Cobos que vetara la ley de la Presidenta sancionada por el Congreso.

Esta situación, que permitiría al Vicepresidente dejar sin efecto decisiones tomadas por el Presidente, o tomar decisiones que el Presidente desaprueba, generó un debate entre políticos, periodistas y especialistas. Algunos han sostenido que, por razones morales, el Vicepresidente debería renunciar. Otros han reflexionado que la Constitución Nacional no prohíbe que el Vicepresidente realice actos opuestos al Presidente, y que por lo tanto está habilitado para hacerlo.

La crisis económica de 2008-2009, iniciada en los Estados Unidos, tuvo su primer efecto en la Argentina con el aumento exponencial del precio internacional de los granos que llevó al llamado conflicto del campo, durante el cual las organizaciones de productores agropecuarios se opusieron a un alza de las retenciones a las exportaciones, consiguiendo finalmente que el Congreso anulara las medidas adoptadas por el gobierno en la Resolución 125/2008.

El 23 de septiembre, en su discurso en la 63ª Asamblea General de la ONU, la presidenta Fernández denominó a la crisis como el Efecto Jazz, aludiendo a su origen en Estados Unidos, en clara contraposición a las denominaciones que los centros económicos utilizaron para denominar a las crisis anteriores que se originaban en países emergentes, como fueron el Efecto Tequila, Efecto Caipirinha, el Efecto Arroz y el propio Efecto Tango, como se conoció la crisis argentina de 1998-2002. La Presidenta cuestionó también a los "gurúes económícos" que defendíán el modelo económico estadounidense y criticaban las medidas anticrisis tomadas por los presidentes Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner, para ratificar su adhesión de fondo al enfoque neodesarrollista de las mismas. Estas declaraciones fueron muy criticadas por la prensa conservadora y algunos sectores de la oposición, que las calificaron como un acto de arrogancia.

En octubre la Presidenta puso en marcha un Comité de Crisis de alto nivel, para realizar un monitoreo permanente de la emergencia y recomendar medidas, integrado por el Jefe de Gabinete, el Ministro de Economía, los presidentes del Banco Central y de la Comisión Nacional de Valores, y el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

El plan fue apoyado por las dos centrales sindicales (CGT y CTA), la Unión Industrial Argentina que agrupa a los empresarios industriales, y CONINAGRO, que agrupa a las cooperativas rurales. Fue criticada por la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Federación Agraria Argentina (FAA), ambas asociaciones que agrupan a los propietarios y productores rurales.

Por su parte, en octubre de 2008, el Fondo Monetario Internacional anunció que decidió no incluir a la Argentina en el Plan Anticrisis del organismo, "por sus antecedentes negativos", haciendo referencia a la catástrofe económico-social padecida durante la crisis de 1998-2002, cuando la economía del país era dirigida de acuerdo a las pautas del Fondo.

En 2008, la desocupación se mantuvo en niveles similares a los que se encontraba el año anterior, pasando del 8,4% en el primer trimestre al 7,3% en el cuarto trimestre del año, la tasa más baja desde octubre de 1992, según datos del INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos).

En el mismo período el trabajo informal (no registrado), se redujo a un 37,3%, luego de que llegara al 49,50% en el primer semestre del 2003.

El 21 de octubre de 2008 la presidenta Cristina Fernández anunció que elevaba un proyecto al Congreso Nacional para poner fin al sistema de AFJP, un régimen privado de pensiones y jubilaciones que había constituido una de las principales medidas de la política generalizada de privatizaciones llevada adelante por el presidente Menem. El proyecto fue aprobado por el Parlamento el 20 de noviembre con apoyo de algunas fuerzas de oposición como los Partido Socialista y el ARI, votando en contra del mismo el PRO, la Coalición Cívica y la Unión Cívica Radical. La ley dio origen a un nuevo Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

El gobierno de Cristina Fernández profundizó la política de generalización de la negociación colectiva para regular las relaciones laborales que había iniciado el presidente Néstor Kirchner.

Finalizado el tercer trimestre de 2008, el Ministerio de Trabajo había homologado 890 convenios colectivos y acuerdos, una cifra que significó un aumento del 24%, comparado con el mismo período de 2007, y del 324% comparado con 2004. Más del 90% de los convenios se realizaron por rama de actividad económica (y subrama) y los restantes por empresa. Las cláusulas más habituales fueron las salariales, pero también se registró un aumento de la cantidad de cláusulas sobre “regulación de las relaciones laborales” en la empresa" y “condiciones de trabajo”, que en el III trimestre representaron el 20% y el 17% de las cláusulas totales, incluyéndose entre ellas la creación de “comités de higiene y seguridad” y cláusulas especiales de no discriminación.

El crecimiento de la presencia sindical en el sistema de relaciones laborales, ha impulsado modificaciones en los planes de estudios de algunas universidades, con el fin de incluir mayor información y análisis sobre los sistemas, reglas y técnicas de diálogo social en la gestión de los recursos humanos de las empresas.

El gobierno de Cristina Fernández continuó con el Plan Patria Grande iniciado en el gobierno anterior, con el fin de otorgar documentos a los inmigrantes en situación irregular. En 2008 se entregaron documentos argentinos a 144.549 personas, sumando de ese modo la cantidad de 714.907 inmigrantes regularizados, desde que se puso en marcha el plan en 2006. La cifra representa casi la mitad de los extranjeros registrados en el censo de 2001 (1.531.940). La regularización masiva de inmigrantes y la consecuente posibilidad de que puedan hacer valer sus derechos (sindicalización, asociación, demandas laborales, etc.) tiene un fuerte impacto en el mercado de trabajo, ya que los extranjeros suelen ocupar los empleos que se encuentran en los escalones salariales más bajos e informales, por lo que una mejora en los mismos, impacta directamente en toda la escala salarial.

Tres días después de asumir el mando, un fiscal federal de los Estados Unidos, comprometió a la presidenta Fernández de Kirchner, en un sonado caso de contrabando de dinero, al sostener públicamente que el mismo estaba destinado a su campaña electoral y había sido enviado por el gobierno de Venezuela. El anuncio provocó una dura respuesta de la Presidenta que calificó el hecho como una "operación basura" proveniente de los "basurales de la política internacional", impulsado por países que, "más que países amigos, quieren países empleados y subordinados", para ratificar su decisión de profundizar as relaciones de unidad con los demás países de América Latina. La respuesta de la Presidenta significó un deterioró las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Argentina, las cuales comenzaron a recomponerse a principios de febrero del 2008 tras una reunión de la presidenta con el embajador Anthony Wayne.

En enero de 2008 se conoció extraoficialmente que el Vaticano no otorgaría el placet al embajador designado ante la Santa Sede, Alberto Iribarne. Entre las razones mencionadas se señalaron desde el descontento de la Iglesia católica ante la condición de divorciado de Iribarne, hasta conflictos más profundos como la del vicariato castrense vacante desde el retiro del cuestionado obispo Antonio Baseotto y la cuestión del aborto. Luego de varios meses sin embajador, el 22 de octubre de 2008, la Presidenta con acuerdo del Senado, designó en el cargo a Juan Pablo Cafiero, cuyo placet fue inmediatamente aprobado por el Vaticano.

La primera mandataria ha intervenido en las gestiones relativas al canje humanitario de los rehenes de las FARC en la República de Colombia, problema sobre el que había venido trabajando desde un tiempo antes de asumir, cuando invitó al país a la madre de Íngrid Betancourt, en mayo de 2007. Ya asumido el poder como Presidenta, dispuso que su esposo —el ex presidente Néstor Kirchner— integrara la misión humanitaria que viajó a un municipio colombiano para instrumentar el canje, aunque finalmente el mismo no pudo realizarse en esa ocasión. En abril de 2008 viajó a París para participar en la Marcha Blanca por la libertad de Betancourt.

El 25 de febrero de 2009, en la primera conferencia de prensa que realizó el nuevo director de la CIA, Leon Panetta, designado por el presidente Barak Obama, el funcionario al responder a una pregunta, se refirió a la Argentina, Ecuador y Venezuela, al citar a un informante no identificado que insistió en señalar que "hay algunos problemas serios a los que tenemos que prestar atención en América Latina que involucran inestabilidad económica".

El 27 de febrero el director de la CIA, Leon Panetta, se comunicó con el embajador argentino en Estados Unidos, Héctor Timerman, para pedir disculpas al gobierno y al pueblo arentinos, sí como para confirmar que el dato conflictivo se lo había comentado un "funcionario latinoamericano", cuya identidad no reveló.

Ese mismo día, el embajador estadounidense en la Argentina, Earl Anthony Wayne, le explicó al ministro Taiana que "los comentarios del director de la CIA no fueron una expresión de la opinión del gobierno de los Estados Unidos sobre la Argentina", confirmando también que los mismos provinieron de un funcionario extranjero que no identificó. En la misma reunión, el embajador Wayne organizó con el ministro Taiana, una agenda de trabajo conjunto de la presidenta Fernández y el presidente Obama en la reunión del Grupo de los 20.

El 10 de noviembre de 2008, se publicó en el Boletín Oficial el decreto 1837/08, a través del cual la presidenta vetó la ley 26.418, mejor conocida como Ley de los Glaciares, que había sido aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados y con solamente tres votos en contra en el Senado. Este proyecto de ley, proponía principalmente la regulación de las actividades permitidas en los glaciares y su entorno, prohibiendo actividades industriales y mineras. Entre los motivos para vetar la ley, se citó la preocupación de algunos gobernadores de la zona cordillerana ya que el texto sancionado repercutiría negativamente en el desarrollo económico y en las inversiones que se llevan a cabo en dichas provincias.

El paro del campo de 2008 y la derogación del sistema de retenciones móviles por el Congreso, significó una importante caída de la imagen de Cristina Fernández, sobre todo entre los sectores medios y altos. Debido a ello, algunos medios de comunicación y políticos opositores sostuvieron al finalizar el conflicto del campo, que el kirchnerismo era "un cadáver político al que solamente faltaba ponerle fecha de entierro".

Pasados unos meses y ya iniciada la crisis económica mundial de 2008, también la oposición ha alcanzado altas tasas de imagen negativa.

A pesar de la caída de su imagen positiva, a fines de noviembre de 2008 era la candidata preferida por los argentinos —según una encuesta realizada por Canal 26 en su página web— en la cual figura con el 32.43% de las preferencias, seguida por Elisa Carrió con 23.67% y Mauricio Macri con el 23.39%.

En febrero de 2009, la imagen negativa de la Presidenta creció del 39% al 41%, mientras que la imagen positiva se mantuvo sin cambios en un 29%. La evolución se produjo en el contexto de la fuerte recesión global, lo que acarrea un enfriamiento de la actividad económica. Los sectores donde se registró mayor apoyo a la Presidenta fueron los mayores de 30 años y los de menor nivel educativo. Geográficamente, el sector donde se registra la mayor tasa de imagen positiva es el conurbano bonaerense, donde predomina la actividad industrial, con un 38%, en tanto que la más baja se registró en la región agrícola pampeana, con un 20% de imagen positiva. La encuesta fue realizada telefónicamente sobre una muestra de 1.000 casos, entre el 3 y el 12 de febrero de 2009.

Al principio



Partido Justicialista

Juan D. Perón, ideólogo del Partido Justicialista

El Partido Justicialista (PJ) es un partido político argentino que es continuador del Partido Peronista) fundado por el general Juan Domingo Perón en 1947. Tuvo como principal estandarte en sus orígenes la defensa de los trabajadores, quedando desde entonces muy ligado a la clase obrera y los sindicatos. Logró así convertirse desde su nacimiento, junto a la Unión Cívica Radical, en uno de los dos partidos políticos más importantes que hubo en el país hasta finales del siglo XX.

El nombre actual lo posee desde que obtuvo personería como partido político bajo el régimen de la ley de facto 19.102 de 1971 cuyo artículo 21 impedía que el nombre de los partidos contuviera designaciones personales o derivados de ella, lo que vedaba eventualmente usar la denominación de Partido Peronista.

Desde sus comienzos el accionar del justicialismo fue bastante conflictivo para la sociedad argentina. Los gobiernos justicialistas fueron derrocados dos veces por los militares y el Partido Justicialista fue proscripto e impedido de participar en las elecciones generales en otras dos ocasiones. El justicialismo llegó por mandato popular a la Presidencia de la Nación en 8 oportunidades: Juan Domingo Perón (1946, reelecto en 1952), Héctor José Cámpora (marzo de 1973), Juan Domingo Perón (nuevamente, en octubre de 1973), Carlos Saúl Menem (1989, reelecto en 1995), Néstor Kirchner (2003) y Cristina Fernández de Kirchner (2007).

Otros tres justicialistas llegaron a la presidencia por vías institucionales: Isabel Martínez de Perón (como vicepresidenta por la muerte del presidente Perón en 1974), Adolfo Rodríguez Saá (por elección del Congreso tras la renuncia de Fernando de la Rúa en diciembre de 2001), y Eduardo Duhalde (por elección del Congreso tras la renuncia de Adolfo Rodríguez Saá en enero de 2002). También en medio de la crisis de 2001 estuvieron brevemente en ejercicio del Poder Ejecutivo Ramón Puerta (Presidente Provisional del Senado) y Eduardo Camaño (Presidente de la Cámara de Diputados).

A 2008 es la fuerza política que posee mayor cantidad de gobernaciones (las provincias de Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Misiones, La Pampa, La Rioja, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz y Tucumán) e intendencias. Se conoce a sus afiliados o seguidores como peronistas (por el creador del partido) o justicialistas.

El peronismo surge posteriormente al golpe de estado de 1943, que fue encabezado por el General Pedro Pablo Ramírez, apoyado por diversos grupos de las Fuerzas Armadas entre los que se encontraba un grupo de jóvenes oficiales superiores del Ejército Argentino nucleados en el Grupo de Oficiales Unidos, que se oponía a la participación argentina en la Segunda Guerra Mundial y preconizaba mantener la neutralidad, entre los que se encontraba el por entonces Coronel Juan Domingo Perón. El GOU fue un grupo de enlace bastante informal entre jóvenes oficiales superiores que consideraban necesario "restablecer la moral y disciplina dentro del ejército" y recuperar al país de una corrupción que, según ellos, lo llevaba hacia el comunismo, tan despreciado por ellos. Los fundadores que formaron el núcleo inicial (diecisiete oficiales) eran amigos que habían decidido encontrarse regularmente, ya en lo del coronel Saavedra, ya en el departamento del coronel Mittelbach, porque compartían las mismas inquietudes, concluyendo que era necesario organizar y unificar a los oficiales de todas las guarniciones. Emilio Ramírez, Juan Perón, Urbano de la Vega, fundadores del GOU, habían formado parte del estado mayor revolucionario que produjo el golpe de estado de 1930 contra Hipólito Yrigoyen, en el que el por entonces Capitán Perón, realizó el "Programa de Acción" en conjunto con otros Coroneles. El programa del GOU se convirtió finalmente en el programa de la revolución del 43. Inmediatamente el GOU se dividió en un grupo nacionalista orientado por sectores católicos e hispanistas, y otro grupo nacionalista también, pero orientado a establecer alianzas con los sectores sindicales e yrigoyenistas. El primero grupo, dirigido por los coroneles Enrique P. González, Luís César Perlinger y el teniente coronel Emilio Ramírez (hijo del presidente), apoyaba al Presidente Ramírez y se oponía frontalmente al otro grupo, encabezado por los coroneles Juan Perón y Domingo Mercante, que apoyaban al General Edelmiro Farrell.

En realidad, el GOU recién se formaliza operativamente después de la revolución de junio, como una especie de prolongación del ministerio de Guerra del que Perón era secretario. Allí era donde se imprimían las circulares del GOU con los mimeógrafos oficiales. Allí era donde el general Farrell, ministro de Guerra, convocaba a los jefes y oficiales para que se encontraran con el mismo Perón.

La estructura económica del país había cambiado profundamente durante la década del 30, debido a la gran depresión que provocó una reducción importante del comercio internacional. Esto afectó a la economía argentina, basada en la agroexportación, que hubo de reconvertirse mediante el control del mercado de carnes y granos y una acelerada industrialización basada en la sustitución de importaciones de los productos manufacturados, que llegó incluso a producir para exportar a otros países de Sudamerica, logrando así que la capacidad económica Argentina superara a la de los demás 9 países Sudamericanos en su conjunto. Este proceso fue acompañado de un importante flujo migratorio interno desde las zonas rurales del interior hacia la periferia de las grandes ciudades (fundamentalmente Buenos Aires, Rosario y Córdoba). Estas nuevas masas populares, empleadas en las nuevas industrias y sin antecedentes de sindicalización, son las que constituirán la base del movimiento peronista.

Se puede fechar el nacimiento del movimiento peronista el 17 de octubre de 1945 cuando las movilizaciones populares organizadas por la CGT de Ángel Borlenghi lograron la liberación de Juan Domingo Perón, quien había sido encarcelado por sectores militares opuestos a su influencia creciente en el gobierno. Desde este momento, Perón se convirtió en el candidato oficial del sector del gobierno encabezado por Farrell y en el principal enemigo de la embajada estadounidense, de la mayor parte de los sectores de las Fuerzas Armadas, de las organizaciones patronales y todos los partidos existentes hasta entonces.

Los tres partidos coordinaron su actuación política mediante una Junta Nacional de Coordinación Política (JCP), que presidía el abogado socialista del sindicato ferroviario Juan Atilio Bramuglia. Allí se acordó que cada uno de los partidos elegiría a sus candidatos y que el 50% de los cargos correspondían al Partido Laborista mientras que el 50% restante debía distribuirse por partes iguales entre la Unión Cívica Radical Junta Renovadora y el Partido Independiente.

Las elecciones se realizaron el del 24 de febrero de 1946 triunfando Perón con el 56% de los votos en todas las provincias con excepción de Corrientes, que fue intervenida apenas asumió el nuevo gobierno.

Tras asumir la presidencia, Perón comenzó rápidamente a consolidar su poder. En lo interno, disuelve ] y, a partir de 1952, al permitirse el voto a la mujer, la rama femenina. Mucho más tarde se considerará a la Juventud Peronista como cuarta rama del Movimiento. Por otra parte se procedió a la remoción vía juicio político de los miembros de la Corte Suprema de Justicia y en 1949 se convocaron elecciones para la Asamblea Constituyente que dictó Tratado una nueva Constitución acorde con los principios del peronismo.

El Gobierno peronista fue duro con la oposición política y sindical tanto de fuera como de dentro del partido, mediante atentados y arrestos de dirigentes a pesar, de los fueros parlamentarios, como fue el caso de Alfredo Palacios y Ricardo Balbín, quién fue liberado recién con la Revolución Libertadora, en 1955. Durante las décadas posteriores, se acusó reiteradamente al gobierno peronista de discriminación político partidaria, sobre todo en el ámbito educativo, en el que a los niños del ciclo primario se les obligaba a leer libros como, en los que se aprendía a deletrear con el nombre Perón, La Razón de mi Vida, escrito por Evita (esposa del presidente), se observaban imágenes del primer mandatario en las que figuraba como "libertador" junto a San Martin, y muchas otras cosas más que aparecían en la bibliografía escolar. Las universidades nacionales, que gozaban de independecia politico-administrativa, fueron intervenidas por el Gobierno Nacional, quién removía a los profesores disidentes. Toda politica partidaria estaba prohibida dentro de las aulas a excepción de la oficialista. Ningún alumno o profesor podía estar afiliado a un partido opositor. Impulsó a la CGU (Confederación General Universitaria) como representante de los estudiantes en oposición a la mayoritaria FUA (Federación Universitaria Argentina), conducida en ese entonces por el Partido Comunista. Con un criterio similar, se creó la UES (Unión de Estudiantes Secundarios), que funcionaba en la Quinta de Olivos (residencia presidencial)y en la que el Presidente realizaba agasajos a los estudiantes. De las filas de la UES, surgió una joven, Nelly Rivas, de 14 años, quién se relacionó con Perón a partir de 1953. Una de las iniciativas pioneras en la región fue la promoción de un embrión Unionista-Integracionista que lanzó el conocido como ABC para reunir políticas comunes con Brasil y Chile (citado en el libro: "Constituciones del Mercosur", páginas 767 a 788 ), verdadero antecedente de las instituciones comunitarias posteriores a partir del Tratado de Asunción (Mercosur).

A partir de 1950, la situación económica empeoró y un nuevo ministro de Asuntos Económicos, Alfredo Gómez Morales, aplicó medidas de corte ortodoxo. Aun así, Perón vuelve a triunfar en 1952.

La llegada del peronismo al poder en democracia se produce en plena posguerra mundial, lo cual significaba la debilidad económica de una Europa en ruinas, y el liderazgo creciente de Estados Unidos en el Hemisferio Occidental. En este escenario, Argentina se encontraba por primera vez en su historia en la posición de acreedor de los países centrales, gracias a las exportaciones de carnes y granos a las potencias beligerantes. El principal deudor era el Reino Unido que ante la emergencia declaró su iliquidez, bloqueando la libre disponibilidad de esos montos. El gobierno peronista optó por utilizar esos créditos para adquirir empresas de servicios públicos de capital británico.

La bonanza económica de la Argentina continuaba, impulsada por el creciente mercado que habíase formado por la baja de las importaciones provenientes de los países en guerra. Esto permitió al gobierno aplicar una vasta política de bienestar que incluía la efectivización de nuevos derechos sociales, como períodos de vacaciones y descanso, planes de vivienda, inversiones en salud y educación, etcétera. Estas conquistas sociales fueron ampliamente capitalizados por las figuras de Perón y su esposa, Eva Perón, que manejaba una fundación de asistencia social financiada principalmente con fondos estatales y algunos aportes empresarios. Las nacionalizaciones y estatizaciones de los servicios públicos, como los ferrocarriles británicos, fueron proclamados como conquistas de soberanía e independencia económica.

No obstante, el contexto mundial pronto dejó de ser favorable ya que los Estados Unidos mediante el plan Marshall, comenzó a ubicar sus excedentes agrícolas en Europa limitando el acceso al mercado de los alimentos argentinos.

A partir de 1950, la situación económica comienza a empeorar y un nuevo ministro de Asuntos Económicos, Alfredo Gómez Morales, aplicó medidas de corte ortodoxo, como el ajuste del gasto público; Perón, que había declarado una vez que "se cortaría las manos" antes que endeudar a la Nación comprometiendo su independencia económica, contrajo finalmente un préstamo con el Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos (Eximbank) y firmó contratos de explotación petrolífera con compañías norteamericanas.

Sucesivos enfrentamientos con la iglesia y con los sectores más conservadores del agro y la industria, enrarecen el clima político.

Esos sectores comenzaron a conspirar, entonces, para derrocar a Perón. Organizaron un golpe de Estado con la decisiva participación de oficiales del Ejército y principalmente de la Marina. Las razones del descontento anidaban en el creciente enfrentamiento de Perón con la Iglesia Católica debido a la sanción de una ley de divorcio, el permiso que habilitaba prostíbulos y la decisión de abandonar el sostén del culto por parte del Estado.

En verdad, la crisis económica había precipitado también la puja distributiva: el sector más rico y propietario, del campo o la industria, no estaba dispuesto a tolerar una distribución del ingreso semejante: el 50 por ciento del PBI pasaba a los trabajadores.

El primer intento golpista ocurrió el 16 de junio. Con el objetivo de matar a Perón, aviones de la Marina y de la Fuerza Aérea, con escaso apoyo del Ejército, bombardearon la Plaza de Mayo. Fue una masacre de ciudadanos de a pie. Se estimó en unos mil muertos, aunque las cifras oficiales nunca se conocieron. Perón se había refugiado en el Ministerio de Guerra y los conspiradores finalmente se rindieron.

Ese accionar tensó aún más la furia de los peronistas. Esa noche, varias iglesias fueron incendiadas. Perón hizo algunas concesiones entonces: defenestró a varios ministros para aplacar la furia opositora. Pero era tarde. El 16 de septiembre estalló un levantamiento en Córdoba encabezado por el general Eduardo Lonardi, secundado por el general Pedro Eugenio Aramburu. Las tropas leales a Perón no pudieron sofocarlo. La Marina, liderada por el almirante Isaac Rojas, encabezó el golpe contra Perón: sus naves bloquearon Buenos Aires y su estado mayor amenazó con volar los depósitos de combustible de La Plata y Dock Sud.

El Ministro de Guerra, General Lucero, pidió parlamentar y leyó una carta en la que Perón solicitaba la negociación de un acuerdo. La carta no hablaba de renuncia, sí de renunciamiento, pero la Junta de Generales Superiores del Ejército decidió considerarla como una renuncia y negociar con los golpistas, mientras miles de peronistas fieles, encolumnados detrás de la CGT pedían armas para defender a lo que consideraban su gobierno.

En 1960, Perón se exilió en España, y desde allí condujo el Movimiento Peronista, que había sido proscripto por la Revolución Libertadora. Durante los años 60 el peronismo fue impedido de participar en elecciones bajo ese nombre, y debió recurrir a alianzas con otras fuerzas, votar en blanco o presentarse bajo otros nombres en los denominados partidos neoperonistas. Finalmente, el 11 de marzo de 1973 en las elecciones generales, el Frente Justicialista de Liberación (FREJULI), nucleando al Partido Justicialista, al Partido Conservador Popular, al Partido Socialista Unificado y a otras fuerzas menores, ganó con el 49,59 % de los votos llevando como candidato a presidente al Dr. Héctor José Cámpora, contra el 21,30 % de la Unión Cívica Radical que obtuvo el segundo lugar.

Cuando Perón retornó definitivamente a la Argentina el 20 de junio de 1973, se produjo el enfrentamiento entre los distintos sectores del Movimiento Peronista que pasó a la historia como la masacre de Ezeiza. A partir de ese momento Perón modifica sustancialmente su relación con las corrientes de izquierda de su propio partido, prefiere aliarse con el ala histórica más conservadora del amplio espectro de sus colaboradores, y poco a poco va restando espacio político al fuerte sector juvenil de su movimiento, que respondía a la organización político-militar Montoneros, quitándole gradualmente protagonismo dentro del movimiento que indiscutiblemente él lideraba, medida que agrava la crisis interna y que desembocará, luego de su muerte el 1 de julio de 1974, en un conflicto irreconciliable que incluirá duros enfrentamientos armados, la proscripción de los grupos que integraban la "Tendencia revolucionaria" del peronismo, y cientos de muertos en atentados realizados por el grupo parapolicial autodenominado Alianza Anticomunista Argentina (Triple A).

El 20 de junio de 1973, durante la tan esperada oportunidad del regreso de Perón a su país luego de 18 años de exilio, ocurren los hechos conocidos como masacre de Ezeiza, localidad cercana al aeropuerto internacional donde arribaría la aeronave, constituyendo el dramático anticipo de todo lo que sobrevendría en los siguientes años del escenario político argentino.

Una multitud jamás vista, estimada por los medios periodísticos de la época en dos millones de personas, se congregó en el lugar para recibir a su líder y, en medio de ella, las columnas de Montoneros junto a otras agrupaciones de izquierda representaban un despliegue de movilización imponente. Por expresas directivas de Perón, la seguridad de todo el operativo del regreso se delegó en el Coronel (RE) Jorge Osinde, perteneciente al ala más conservadora de su movimiento político, soslayando y quitándole el poder operacional a Esteban Righi (por entonces Ministro del Interior de la Nación), responsable natural de la seguridad del país e ideológicamente cercano a Montoneros.

Varios enfrentamientos -cuyo saldo de muertos y heridos nunca fue determinado exactamente, ni investigado judicialmente- se generaron durante todo el día entre los grupos armados paramilitares a cargo del operativo de seguridad, y las multitudinarias columnas de manifestantes Montoneros, en medio de cientos de miles de obreros peronistas con sus familias y desorientados simpatizantes del viejo general, quienes no entendían lo que estaba ocurriendo.

Al caer la tarde, y ante las noticias provenientes de Ezeiza, la aeronave que traía de regreso a Perón finalmente fue desviada al aeropuerto de Morón. Por la noche aún continuaron las corridas y enfrentamientos armados en Ezeiza, mientras la mayoría de la multitud pugnaba por abandonar el área y ponerse a salvo.

Cámpora y Solano Lima renuncian para posibilitar nuevas elecciones. Renuncia también el vicepresidente provisional del Senado, Alejandro Díaz Bialet, embarcado precipitadamente para Europa y, de acuerdo con la Constitución Nacional, artículo 75 y la ley de acefalía 252, le corresponde al presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Lastiri, yerno de José López Rega, el tercero en el orden de sucesión, ocupar el cargo de presidente en vista de la acefalía producida. Lo hace el 13 de julio.

Perón se presenta como candidato para su tercer período presidencial, llevando en la fórmula a su esposa, María Estela Martínez, y se convoca a elecciones, que se realizan el 25 de septiembre. La fórmula Perón-Perón obtuvo el 61,85% de los votos; Balbín-Fernando de la Rúa (UCR), el 24,2%; Manrique- Martinez Raymonda (Alianza Popular Federalista), el 12,19%. Perón asume como presidente por tercera vez el 12 de octubre de 1973.

El tercer gobierno de Perón estuvo signado por permanentes conflictos entre sus seguidores de izquierda y derecha. Grupos parapoliciales con apoyo estatal (la Alianza Anticomunista Argentina - AAA - organizada por su ministro de Bienestar Social José López Rega) persiguieron y mataron a militantes de izquierda. El punto de máxima tensión en el proceso de marginación y posterior dimisión de Montoneros del movimiento de Perón se produjo el 1 de mayo de 1974, en ocasión de los festejos por el Día del Trabajo.

Ya en el ocaso de su vida y en pleno ejercicio de sus facultades como Presidente de la Nación, durante una gran convocatoria en la Plaza de Mayo, Perón increpó a los Montoneros que cantaban consignas adversas a integrantes de su gobierno catalogándolos como estúpidos e imberbes en un encendido y recordado discurso desde el balcón de la Casa de Gobierno. Tras esas palabras, se retiró más de la mitad de los reunidos en la plaza. Perón murió el 1 de julio de 1974 y fue sucedido por su esposa y vicepresidenta, María Estela Martínez de Perón.

María Estela Martínez mejor conocida como Isabel Perón asumió la Presidencia el 2 de junio de 1974.

Su ministro de Bienestar Social y secretario personal, José López Rega, conocido como el Brujo por sus enemigos y Daniel o Lopecito por sus allegados, ejerció una gran influencia sobre Martínez en esta fase del gobierno. En su intento de hacer primar los intereses de la derecha peronista, López Rega desvió fondos públicos para el financiamiento de una banda paramilitar conocida como Alianza Anticomunista Argentina o triple A que bajo su dirección, emprendió acciones de hostigamiento a figuras destacadas de la izquierda mediante amenazas, atentados, secuestros, torturas y asesinatos.

El gobierno intervino varias provincias cuyos gobernadores peronistas consideraba disidentes, universidades, sindicatos, los canales de televisión privados, y restringió la libertad de prensa sancionando a diarios y revistas o directamente prohibiéndolas y se prohibió la difusión de noticias de agencias periodísticas extranjeras. Durante este período se vivieron situaciones marcadas por un notorio oscurantismo y una casi completa inoperancia administrativa en todos los niveles del gobierno.

La economía argentina también sufrió daños severos, con una inflación galopante, una paralización de las inversiones de capital, la suspensión de las exportaciones de carne a Europa y el inicio del crecimiento incontrolable de la deuda externa. La solución de corte monetarista intentada por el ministro Alfredo Gómez Morales, un histórico del peronismo, no tuvo éxito, y provocó una fuerte retracción de la liquidez, iniciando un complicado proceso de estanflación. La suspensión de las compras de carne argentina por el Mercado Común Europeo empeoró la situación.

En junio de 1975, el nuevo ministro de Economía, Celestino Rodrigo, auspiciado por López Rega, aplicó una violenta devaluación de la moneda acompañada de aumentos de tarifas; el llamado Rodrigazo, parte del plan de López Rega para debilitar las presiones sindicales a través del desprestigio de sus principales operadores, provocó sin embargo la primera huelga general contra un gobierno peronista. En julio de 1975, ante la huelga general y la presión callejera de la CGT y, en especial de la Unión Obrera Metalúrgica de Lorenzo Miguel, López Rega se vio obligado a renunciar a su cargo en el gobierno y abandonar el país.

Ante la creciente actividad de los grupos de izquierda —tanto los que actuaban dentro del peronismo, los Montoneros, como otros de corte marxista, el Ejército Revolucionario del Pueblo— y de extrema derecha, Martínez decidió fortalecer la acción de gobierno. La renovación de la cúpula militar, que incluyó entre otras medidas la designación de Jorge Rafael Videla al frente del ejército, fue parte de un programa de endurecimiento del control, que incluyó también el cierre de publicaciones opositoras. La decisión de recurrir a la fuerza militar desembocó en la firma en 1975 del decreto que da inicio al Operativo Independencia, la intervención de las fuerzas armadas en la provincia de Tucumán que dio inicio a la guerra sucia. Martínez pidió licencia del cargo durante algunos días, dejando el ejercicio del cargo al presidente provisional del Senado Ítalo Lúder entre el 13 de septiembre y el 16 de octubre de 1975. En un momento de especial tensión, amenazó desde el balcón de la Casa Rosada con convertirse en la mujer del látigo.

A pesar de la creciente presión militar, expresada en un levantamiento controlado a duras penas de la Fuerza Aérea, Martínez se negó reiteradamente a renunciar, aunque anunció el adelanto de las elecciones presidenciales para fines de 1976.

Gustavo Caraballo, en ese entonces Secretario Técnico de la Presidencia de la Nación, afirma que, antes de su muerte, Perón le solicitó que modificara la ley de Acefalía para permitir a Ricardo Balbín asumir en su lugar, pero eso finalmente no se concretó. En medio de la violencia política imperante, María Estela Martínez fue derrocada el 24 de marzo de 1976 y sustituida por una junta militar. El golpe de estado del 24 de marzo de 1976 tuvo versiones encontradas al interior del Partido Justicialista, unos condenaban el golpe y fueron arrestados y perseguidos, otros lo aplaudían y daban su apoyo al Presidente de facto de la República Argentina, General Jorge Rafael Videla. Ya en el Régimen Militar de 1976, también llamado Proceso de Reorganización Nacional, algunos justicialistas ocuparon cargos de intendentes, gobernadores, y funcionarios de empresas estatales. El 1 de diciembre de 1978, se realizó una cena de homenaje al general Videla. El peronismo, con la firma de su presidente Deolindo F. Bittel rechazó el evento, pero a la reunión también asistieron algunos justicialistas en contra de la resolución del PJ. En 1981 el Partido Justicialista junto con la Unión Cívica Radical, el Partido Intransigente, el Partido Demócrata Cristiano y el Movimiento de Integración y Desarrollo conformaron la Multipartidaria desde la que se reclamaba el restablecimiento de un gobierno democrático.

El principal problema que debió enfrentar al asumir la presidencia fue el de una economía en crisis con hiperinflación. Menem introdujo una serie de reformas neoliberales: privatizó varias empresas estatales, entre las cuales se hallaban canales televisivos de aire y las dos mayores empresas del país —Yacimientos Petrolíferos Fiscales y Gas del Estado—, desreguló la economía; y estableció la libertad de precios. Durante la gestión de Domingo Cavallo, ministro de Economía de su gobierno, se estableció la Ley de Convertibilidad cuya aplicación se prolongaría hasta la crisis argentina de fines de 2001 y comienzos de 2002. El Banco Central de la República Argentina estaba obligado a respaldar la moneda argentina con sus reservas en una relación de cambio en la que un dólar estadounidense equivalía a un peso convertible. De esta forma se restringía la emisión de billetes como medio de financiamiento del Estado.

Estas medidas lograron una estabilidad económica sin inflación significativa que ofreció un clima favorable para el surgimiento de inversiones y el ingreso de capitales desde otros países, produciéndose un marcado crecimiento del PBI. Dicha estabilidad económica duro hasta 1994, ya que se eliminaron las razones por medio del cual se producia la "espiral hiperinflacionaria". Durante su gobierno la deuda externa pública se mantuvo en valores cercanos al 40% del PBI. En 1990 su valor era de 38.7% y en 1999, año en que finalizó su segundo mandato, era de 42.3%. En los servicios públicos produjo mejoras de calidad en algunas rubros (luz, telefonía), mientras que en otros el impacto fue negativo (transportes ferroviarios). Al mismo tiempo, los principales inconvenientes económicos generados por esta política fueron una disminución de la competitividad basada en el tipo de cambio y un crecimiento del desempleo.

Al asumir Menem el gobierno, los valores de desocupación y subocupación habían alcanzado picos históricos (8,1 y 8,6% de la población económicamente activa, respectivamente). Luego de un período de lenta disminución (6,9 y 8,3% en mayo de 1992), el desempleo y el subempleo volvieron a crecer durante la crisis del Tequila, hasta alcanzar un pico de 18,4 y 11,3% en mayo de 1995, tras lo cual bajaron levemente hasta 12,4% y 13,6% en octubre de 1998. Para el final de su gobierno, estas cifras eran de 13,8 y 14,3%. Contribuyeron al aumento del desempleo y el subempleo los despidos masivos en las empresas públicas privatizadas, la terciarización de actividades y las sucesivas medidas de flexibilización laboral.

En otros planos, en 1991 promovió la formación del Mercosur y reestableció relaciones diplomáticas con el Reino Unido, interrumpidas desde la Guerra de Malvinas. Abolió el servicio militar obligatorio tras el escándalo consecuencia del asesinato del recluta Omar Carrasco. Indultó a militares de la anterior dictadura (1976-1983) y a militantes de organizaciones guerrilleras que habían actuado principalmente durante la década del setenta.

Durante su gobierno, se modificó por ley del Congreso el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia, elevándolo a nueve miembros. Parte de la prensa denominó a esta corte ampliada la mayoría automática, aduciendo que en la mayor parte de los casos polémicos solían coincidir los votos de estos cinco jueces con los intereses del gobierno.

También se produjeron dos atentados terroristas de gran escala: el primero a la embajada de Israel, el 17 de marzo de 1992, y el segundo contra la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina), el 18 de julio de 1994, que provocaron 29 y 85 muertos respectivamente. Distintas fuentes, entre ellas la de los dirigentes de la comunidad judía, afirmaron que el atentado fue perpetrado por organizaciones fundamentalistas islámicas con sede en el Líbano, bajo la organización de Irán, y acusaron al presidente de desviar la investigación que conduciría a la responsabilidad de ese país. Esta teoría se consolidó cuando un ex miembro de la inteligencia iraní aseguró que Menem recibió dinero para desvincular a ese país del ataque. En el 2004 un tribunal federal comprobaría que el juez que hacía 10 años investigaba la causa, Juan José Galeano, habría sobornado, siguiendo instrucciones del gobierno de Menem, a uno de los inculpados para que incriminara a oficiales de la policía bonaerense. Más aún, en junio de 2006, Hugo Anzorreguy, jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) durante el gobierno menemista, manifestó ante el juez federal que Menem había ordenado dicho soborno utilizando dinero de los fondos públicos. Hasta esa fecha la investigación no se ha completado.

La alta popularidad de su gestión y el gran poder concentrado por el Partido Justicialista permitieron a Menem negociar con el líder de la oposición radical, Raúl Alfonsín, para firmar el Pacto de Olivos, en el que ambos acordaron, entre otros puntos, el llamado a una Convención para la reforma de la Constitución Nacional, en 1994, que permitió la reelección de Menem al año siguiente.

En su segundo mandato, Menem mantuvo las políticas económicas de su primera etapa de gobierno. Esta vez, sin embargo, el comienzo de una recesión en el tercer trimestre de 1998 y nuevas acusaciones de corrupción tuvieron como consecuencia un descenso en su popularidad: luego de un nuevo intento de reforma constitucional —esta vez fallido—, Menem terminó su gobierno el 10 de diciembre de 1999 traspasándole el mando al presidente electo Fernando de la Rúa.

La convertibilidad tenía los días contados y era insostenible en términos económicos financiarios por la paralización del sistema productivo, el aumento de la deuda externa y la reducción de los terminos del intercambio, producto de la baja de los precios de las comodities, el gobierno de Fernando de la Rua, se aferraba a ella y seguía adoptando políticas neoliberales dictadas por el FMI, se produce una crisis pólitica por un episodio de "Coimas en el Senado de la Nacion para votar una ley de flexibilización laboral" y el 6 de Octubre de 2000 renuncia Carlos "Chacho" Alvarez a la vicepresidencia de la Nación. Posteriomente Domingo Cavallo, ex ministro de Menem y autor intelectual de la convertibilidad vuelve a ser ministro de Economía, pero la suerte de la economía ya estaba echada, se profundizaron flexibilizaciones laborales y previsionales para combatir el defcit fiscal, se renegociarion deudas mediante una operatoria denominada "Megacanje" se tomo nueva deuda a tasas de interes impagables llamándolo "blindaje financiario" pero estallo la crisis que terminó con una reprogramacion de de depositos bancarios "corralito y corralon" de caracter confiscatorio y el 20 de diciembre renuncia Fernando de la Rua y atento a la anterior renuncia del vicepresidente Carlos Álvarez en 2000, y en virtud de la ley de acefalía del poder ejecutivo, la sucesión presidencial recayó en el presidente provisional del Senado, Ramón Puerta. De acuerdo al artículo 2º de la Ley 20.972 —de acefalía— éste cumplió el mandato de convocar dentro de las 48 horas a la Asamblea Legislativa para elegir qué funcionario público habría de desempeñar la Presidencia hasta que un nuevo presidente sea electo —de acuerdo al artículo 88 de la Constitución—. Reunida el 23 de diciembre de 2001, la Asamblea Legislativa eligió a Adolfo Rodríguez Saá para el cargo. Días después, Puerta renunció a la presidencia del Senado alegando motivos de salud. El gobierno de Rodríguez Saa duró sólo 7 días. Durante ese periodo resolvió la suspensión de pagos de la deuda externa con los acreedores privados y anunció la entrada en circulación de una nueva moneda no convertible, llamada Argentino —que nunca vio la luz—, con la cual daría más de 100.000 subsidios, y financiaría planes de vivienda, así como un aumento a jubilados y estatales. Nombró a Jorge Capitanich como Ministro de Infraestructura y Vivienda e interino de Economía, de Desarrollo Social y Medio Ambiente, de Salud, de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos y de Seguridad Social. El 2 de enero de 2002 Duhalde fue elegido por la Asamblea Legislativa en medio del caos en las calles de Buenos Aires. Entre las medidas de su gobierno de transición estuvieron la devaluación de la moneda, que dio fin a la Ley de Convertibilidad, la pesificación forzada de los depósitos bancarios en moneda extranjera, y una gran distribución de planes sociales para atenuar los efectos de una economía en recesión que llevaba varios años y había incrementado la pobreza e indigencia hasta índices nunca vistos antes en la Argentina. Su plan económico productivista, profundizado posteriormente, permitió que la economía argentina volviera a crecer tras años de recesión. El 26 de junio de 2002 las fuerzas policiales intentaron desalojar una protesta del Movimiento de Trabajadores Desocupados Anibal Veron en el Puente Pueyrredón (que une la ciudad de Buenos Aires con el partido de Avellaneda). Dos manifestantes piqueteros, Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, fueron asesinados por efectivos de la Policía Bonaerense durante la represión. En ese momento, el Jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, y Juan José Álvarez ocupaba la Secretaría de Seguridad de la Nación. Ante el impacto generado por el hecho, Duhalde anticipó seis meses el llamado a elecciones presidenciales. Pese a que el bastión electoral de Duhalde, la provincia de Buenos Aires, concentra casi la mitad de los electores del país, para las siguientes elecciones presidenciales, el 27 de abril de 2003, éste no pudo encontrar un candidato con posibilidades en su propia línea interna. En vista de ello dio su apoyo completo a Néstor Kirchner, quien resultó electo presidente, en gran medida gracias al voto bonaerense.

La situación con vistas a las elecciones presidenciales se presentaba inestable y sin liderazgo establecido. Varios líderes del Partido Justicialista aspiraban a la candidatura: el propio Kirchner, que contaba con pocas fuerzas propias para definir una elección interna dentro de su partido; el ex-presidente Carlos Menem; y los gobernadores de las provincias de Córdoba, José Manuel de la Sota, Salta, Juan Carlos Romero, y San Luis, Adolfo Rodríguez Saá. Este último había tenido un breve interinato como presidente en diciembre de 2001 y fue quien declaró la cesación de pago de la deuda externa argentina. Las elecciones internas para definir la candidatura peronista se anunciaron primero para noviembre de 2002, y luego se postergaron a febrero de 2003.

El entonces presidente Duhalde, figura de peso dentro del justicialismo no sólo por su condición presidencial sino también por su control hegemónico sobre la estructura partidaria de la provincia de Buenos Aires, el distrito más poblado del país, intentó jugar sus cartas en favor del gobernador de Santa Fe, Carlos Reutemann. Éste, sin embargo, prefirió no presentar su candidatura; Duhalde trasladó sus preferencias a De la Sota, con quien tampoco pudo alcanzar un acuerdo estratégico. Así, el 15 de enero de 2003 anunció su apoyo a la precandidatura de Néstor Kirchner. Con este espaldarazo, Kirchner se situó en una posición mucho más favorable.

Sin embargo, la situación interna del justicialismo no estaba resuelta y si bien el apoyo de Duhalde era significativo, no garantizaba de por sí que Kirchner resultara el candidato presidencial. Por otra parte, las fricciones de una elección interna tan cercana a la elección nacional, prevista para el 27 de abril, podrían provocar un deterioro en las expectativas del justicialismo de obtener una victoria. Así, el 24 de enero, y con el argumento de que los tres aspirantes que quedaban en carrera (Kirchner, Rodiguez Saá y Menem, que había incorporado a Romero como candidato a vicepresidente) presentaban programas contrapuestos, el congreso del partido justicialista toma una decisión inédita: suspender la elección interna y permitir a todos los precandidatos el uso de los símbolos partidarios comunes para presentarse a la elección general. En la práctica, esto significaba que iban a enfrentarse como si perteneciesen a partidos distintos.

Kirchner arrancó su campaña en una posición desfavorable. Las encuestas de intención de voto lo ubicaban por detrás de los otros candidatos justicialistas y de Ricardo López Murphy (ex-ministro de De la Rúa y candidato de un conjunto de fuerzas de centroderecha). Sin embargo, la popularidad de Kirchner comenzó a crecer impulsando un programa de perfil socialdemócrata con el que buscaba diferenciarse de las políticas aplicadas durante los gobiernos de Menem y De la Rúa, poniendo acento en priorizar la producción, la justicia, la educación, el trabajo, la equidad y la salud (sintetizado de algún modo en sus eslogans de campaña: “Un país en serio” y “Primero Argentina”). No fue desdeñable tampoco el aporte que significaron tanto su compromiso de mantener al ministro de economía de Duhalde, Roberto Lavagna, con una imagen positiva en la sociedad por su gestión anticrisis, como la participación de su esposa, Cristina Fernández, diputada y senadora por la provincia de Santa Cruz desde 1995.

La campaña electoral estuvo condicionada por los efectos de la crisis: la fecha de elecciones había tenido que ser adelantada tras la represión del 26 de junio en el Puente Pueyrredón (ver Masacre de Avellaneda). Si bien se evidenciaron algunos leves signos de recuperación económica, por efecto del default y la restricción del gasto público, con leve recuperación de la tasa de cambio del peso frente al dólar y moderado aumento del PBI, las consecuencias sociales de la crisis fueron terribles: el 54% de la población se hallaba por debajo del límite de pobreza; la mitad de esta población (27% del total), por debajo de la línea de indigencia.

En las elecciones del 27 de abril de 2003, el Frente para la Victoria (de Kirchner) obtuvo sólo un 22,0% de los votos, resultando superado por Menem (“Alianza Frente por la Lealtad -UCD), que obtuvo el 24,3%. La legislación electoral argentina prescribe que si ningún candidato alcanza el 45% de los votos válidos emitidos, los dos más votados deben disputar una segunda vuelta (ballotage).

Después de la primera ronda, Kirchner visitó al presidente del Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y al de Chile, Ricardo Lagos Escobar, ante quienes ratificó sus intenciones de fortalecer el Mercosur y declaró que mantenía con orgullo las convicciones políticas que había sostenido en el pasado.

La segunda vuelta debía llevarse a cabo el 18 de mayo de 2003. Los sondeos previos indicaban entre un 60 y 70% de intención de voto para el gobernador de Santa Cruz. Ello significaba no tanto apoyo explícito a los méritos propios de Kirchner, como rechazo a la posibilidad de que Menem presidiera nuevamente el país. Sin embargo, el ballotage no tendría lugar: el 14 de mayo el ex presidente Menem, después de una larga cadena de rumores y desmentidos, anunció su decisión de renunciar a su candidatura, lo que automáticamente convirtió a Kirchner en presidente electo. Muchos analistas señalan que la maniobra de Menem tuvo como propósito evitar una derrota estentórea, y al mismo tiempo condicionar a Kirchner, que accedió a la presidencia con el nivel más bajo de votos jamás registrado en la historia argentina. El 25 de mayo de 2003, Néstor Kirchner prestó ante el Congreso el juramento de ley para convertirse en presidente de la República hasta 2007.

Kirchner asumió confirmando al ministro de economía de Duhalde, Roberto Lavagna, y a otros miembros del gabinete de su antecesor. La política económica del gobierno de Kirchner continuó los lineamientos establecidos por Lavagna bajo la presidencia de Duhalde, manteniendo la devaluación de la moneda mediante una fuerte participación del Banco Central en la compra de divisas, impulsando mediante las exportaciones un crecimiento económico con tasas del PBI cercanas al 10%. Kirchner tuvo éxito, además, en sacar al país de la cesación de pagos más grande de su historia: canjeó la deuda soberana, de valor nulo tras la crisis del 2001, por nuevos bonos indexados por la inflación y el índice de crecimiento económico. Los índice de pobreza y de desempleo disminuyeron notoriamente.

Kirchner ha mantenido una relación conflictiva en lo verbal con el FMI, aunque ha optado por seguir el ejemplo de Lula, su par brasileño, pagando por anticipado la totalidad de la deuda con este organismo internacional (más de 10.000 millones de dólares). De manera que, a pesar de las declaraciones públicas, el gobierno de Kirchner ha sido el que más deuda canceló con el FMI en todo el transcurso de la historia argentina.

Los críticos a la política económica del gobierno argumentan que el alto crecimiento económico se debe más a una tendencia mundial que a particularidades argentinas. La izquierda sostiene que la recuperación económica del gobierno de Kirchner no podría mantenerse sin la depresión de los salarios (el salario real en Argentina se encuentra en su peor nivel histórico) y que el canje de la deuda externa no ha implicado una quita, sino que la nueva deuda, al estar indexada, crece indefinidamente.

En Noviembre de 2006 las reservas internacionales subieron más de 30.000 millones de dólares, la desocupación bajo a 10% y la pobreza se mantiene en un 33,5%.

Kirchner ha llevado adelante una crítica pública de las violaciones a los Derechos Humanos durante los años setenta (inicialmente durante el gobierno de Isabel Perón y luego durante el Proceso de Reorganización Nacional) y ha sumado a su gobierno a miembros de organismos de Derechos Humanos, lo que le ha merecido críticas tanto de la derecha (que lo acusan de “evitar la reconciliación nacional”) como desde la izquierda (que consideran que estas acciones serían meramente declarativas, con el fin de esconder el “carácter represivo del propio gobierno de Kirchner”, argumentación que se ejemplifica con sucesos tales como los ocurridos en Las Heras en febrero de 2006, y con el envío de tropas argentinas a Haití en el marco de la MINUSTAH).

Tras las últimas elecciones legislativas (en octubre de 2005), Kirchner ha obtenido una mayoría a nivel nacional y ha logrado desplazar a Duhalde del control del aparato político del conurbano bonaerense. Esto se ha reflejado en importantes cambios en el gabinete (fundamentalmente la sustitución de Roberto Lavagna por Felisa Miceli en el ministerio de economía). Algunos analistas, sin embargo, hacen hincapié en el carácter precario que tendrían los acuerdos alcanzados con los intendentes y gobernadores que aportaron a sus listas.

La oposición cuestiona el hecho de que, pese a controlar la mayoría de ambas cámaras del Congreso, Kirchner ha preferido en reiteradas ocasiones hacer uso de las facultades legislativas del poder ejecutivo, legislando a través de decretos de necesidad y urgencia en vez de seguir los trámites ordinarios previstos para la sanción de leyes. Desde su asunción y hasta mayo de 2006, de 337 leyes originadas en el poder ejecutivo que podrían haberse sancionado por decreto, Kirchner envió solo 136 como proyectos de ley al Congreso, mientras que las restantes 201 fueron sancionadas apelando a decretos de necesidad y urgencia. La estadística arroja así unos 67 decretos por año, con frecuencia comparados con los 54,5 por año de Carlos Menem —quien firmó un total de 545 durante sus diez años de gobierno—.

A nivel internacional, Kirchner se ha identificado con la tendencia que encarnan Lula (Brasil), Tabaré Vázquez (Uruguay), Evo Morales (Bolivia), y Michelle Bachelet (Chile). Al igual que estos jefes de estado, Kirchner ha mantenido las relaciones con el gobierno estadounidense sin cambios esenciales. La participación argentina en la MINUSTAH se realizó por pedido directo del gobierno estadounidense, y el gobierno argentino sigue permitiendo ejercicios militares conjuntos con las fuerzas armadas estadounidenses en territorio argentino. Asimismo, en marzo de 2006 ha aprobado una batería de leyes con el fin de sumarse a la "lucha contra el terrorismo" propugnada por el presidente estadounidense George W. Bush, quien había sido felicitado por su colega Kirchner en la reelección del primero en noviembre del 2004.

Posteriormente el autodenominado Comando Superior Peronista designó como candidato a presidente al Dr. Alberto Rodríguez Saá para enfrentar en las elecciones 2007, a la candidata oficial del Frente para la Victoria, Cristina Fernández de Kirchner, esposa del presidente de la Argentina (Néstor Kirchner - 2003/2007).

El jueves 30 de agosto de 2007, el Tribunal de Disciplina de ese sector del Partido Justicialista que sesionó en el congreso celebrado en Potrero de los Funes, resolvió "expulsar" del partido a la senadora Cristina Fernández de Kirchner y a su esposo por "inconducta e indisciplina". El órgano, integrado por el santacruceño Eduardo Arnold, consideró que la postulante presidencial "ha violado los principios y resoluciones de los organismos partidarios" al anunciar "su candidatura por fuera del Partido Justicialista". Además, evaluó que Cristina "suplantó las históricas banderas del PJ por las del Frente para la Victoria" y señaló que ofendió "profundamente al pueblo peronista" al "traicionar el legado de Perón y Evita". Basándose en esas consideraciones, el Tribunal de Disciplina del PJ disidente resolvió "expulsar" de la fuerza a la senadora.

El peronismo ortodoxo, intentó adoptar para las elecciones presidenciales de 2007 la denominación "Frente Partido Justicialista", con el objeto de diferenciarse del Frente para la Victoria que -según esos peronistas ortodoxos- "no pertenece ni al partido ni al espíritu de la doctrina justicialista, pues dicho Frente no respeta la Doctrina Nacional de su fundador el Teniente Coronel Juan D. Perón". Sin embargo, la Justicia electoral, a pedido del interventor del Partido Justicialista, le negó a dicho sector la posibilidad de llevar en sus boletas la denominación "Partido Justicialista", por lo que el peronismo ortodoxo decidió identificarse para las elecciones de octubre del 2007 como "Frente Justicia, Unión y Libertad", asemejando la sigla "FREJULI" que fue utilizada por el peronismo en 1973.

El 10 de octubre de 2007, la Cámara Nacional Electoral dio validez al Congreso Nacional Justicialista de Potrero de los Funes, apartando a la jueza María Servini de Cubría por prejuzgamiento,y posibilitando que Alberto Rodríguez Saá sea el candidato del Partido Justicialista, con la posibilidad de utilizar los símbolos partidarios.

En las elecciones realizadas el 28 de octubre de 2007, el sector ortodoxo del Partido Justicialista, representado por la fórmula Alberto Rodríguez Saá - Héctor Maya, obtuvo en todo el país menos del 8% del total de los sufragios válidos, mientras que la fórmula Cristina Fernández de Kirchner - Julio Cobos resultó electa en primera vuelta con el 45,29% de los votos, ratificando que se continuaría con el plan económico que se estaba implementando desde 2002 y en especial las retenciones a los productos de exportación con menor valor agregado. Una de las propuestas de campaña de Cristina Fernández fue dar prioridad al proceso de redistribución de la riqueza que, luego de seis años continuados de crecimiento a tasas cercanas al 10% anual, había quedado estancado, con un alto porcentaje de la población (26,9%) aún bajo la línea de pobreza.

El ex presidente Néstor Kirchner es el actual presidente del partido justicialista, fue declarado sin elecciones internas debido a que la lista opositora de Héctor Maya tenía numerosas irregularidades y no contaba con los avales necesarios para participar del respectivo comicio. El acto de lanzamiento de la nueva conducción del PJ fue en el estadio de Almagro, donde oficiaron de oradores Juan Cabandié, el cegetista Hugo Moyano, el Gobernador del Chaco Jorge Capitanich y la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.

Entre las primeras propuestas de Néstor Kirchner como presidente del PJ fue la desafiliación de la Internacional Demócrata Cristiana, y la incorporación del partido dentro de la Internacional Socialista la cual tiene como fin enmarcar al PJ dentro de los partidos Socialistas de América Latina. Hasta la fecha el proyecto sigue en tratativas.

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