Banco Mundial

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Publicado por roy 02/05/2009 @ 22:13

Tags : banco mundial, onu, organizaciones internacionales, internacional

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Banco Mundial

Sede del Banco Mundial

El Banco Mundial, abreviado como BM (en inglés: WBG World Bank Group) es uno de los organismos especializados de las Naciones Unidas. Su propósito declarado es reducir la pobreza mediante préstamos de bajo interés, créditos sin intereses a nivel bancario y apoyos económicos a las naciones en desarrollo. Está integrado por 185 países miembros. Fue creado en 1944 y tiene su sede en la ciudad de Washington, Estados Unidos.

En 1944, en el marco de las negociaciones previas al término de la Segunda Guerra Mundial, nace lo que a la fecha se conocería como el sistema financiero de Bretton Woods (llamado así por el nombre de la ciudad en New Hampshire, sede de la conferencia donde fue concebido) integrado por dos instituciones, fundamentales para entender las políticas de desarrollo que tuvieron lugar a partir de la segunda mitad del siglo XX: el Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo (BIRD) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Concebido el primero, en un principio, con el fin de ayudar a las naciones europeas en la reconstrucción de las ciudades durante la posguerra, poco a poco fue ampliando sus funciones, creándose más organismos que funcionarían paralelamente a este, integrando lo que hoy conocemos como el Grupo del Banco Mundial (GBM).

La organización tiene oficinas en 109 países y más de 10.000 empleados en nómina (entendidos como personal "staff", y aproximadamente otros 5000 que sirven de manera temporal o como consultores) El monto de la asistencia del Banco Mundial a los países en desarrollo para el año 2002 fue de 8.100 millones de dólares estadounidenses y 11.500 millones adicionales en créditos otorgados para un período de 35 a 40 años, con 10 años adicionales de gracia.

La CFI y el OMGI, cuentan a su vez con la Oficina del Ombudsman y Asesor (CAO *) que tiene funciones de asesoría independiente y de atención de las reclamaciones formuladas por comunidades afectadas.

Cada país miembro esta representado en la Junta de Gobernadores, ellos tienen la facultad para tomar las de decisiones finales del Banco. Dentro de sus funciones se encuentra admitir o suspender a países miembros, hacer autorizaciones financieras y presupuestos, así como determinar la distribución de los ingresos del BIRF.

Los gobernadores se reúnen anualmente o cuando una mayoría representante, por lo menos dos tercios de los votos totales, lo requiera. La duración de su cargo se estipula por cinco años con derecho a la reelección. La Junta participa junto con los Directores Ejecutivos en la elección del presidente del Banco.

La Junta de Gobernadores delega la responsabilidad de proyectos y decisiones a los Directores Ejecutivos con excepción de: admitir nuevos miembros, aumentar o disminuir el capital por acciones del Banco, suspender a un miembro, y determinar la distribución de las entradas netas al Banco.

Los Directores Ejecutivos tienen como meta desarrollar los proyectos y llevar a cabo la operación y conducción del Banco. El Directorio esta constituido por 12 Directores Ejecutivos titulares y 12 suplentes (estos últimos participan en la toma de decisiones, pero no tienen derecho a voto), su elección se da cada dos años.

Cinco Directores son designados por los cinco países miembros que tienen mucho mayor número de acciones. Siete Directores son elegidos por la Junta de Gobernadores.

El presidente del BM es elegido por el Directorio Ejecutivo, y preside al mismo, pero sin derecho a voto. Dentro de sus funciones se encuentra conducir los negocios, organizar, nombrar y remocionar a funcionarios y empleados del Banco, jugando un papel de jefe de personal.

Todos los componentes del Grupo del Banco Mundial son propiedad de los países miembros. Cuando un país se incorpora al Banco garantiza una suscripción de capital, pagando sólo un pequeño porcentaje de dicha garantía. El resto del dinero es pagadero a la vista y sirve de garantía blindada, es decir, asegura el pago de la deuda. La suscripción de capital asignada es proporcional a la riqueza del país.

Los miembros del Banco se dividen en dos categorías, países desarrollados (Parte I), y países prestatarios (Parte II), según los estándares de la AIF.

La mayoría de los fondos del Banco disponibles para préstamos no proceden de las suscripciones de capital. El dinero proviene de las ventas de sus propios bonos en los mercados financieros mundiales. Después carga a sus prestatarios un tipo de interés ligeramente superior al que debe pagar a sus propios accionistas. Los bonos del Banco al estar garantizados en última instancia por los gobiernos del mundo, se consideran como inversiones notablemente sólidas. Algunos inversionistas privados e institucionales tienen acceso a la compra de estos bonos.

Las suscripciones de capital, como ya dijimos, son proporcionales a la riqueza de cada país determinando el número de votos de cada uno de estos: por ejemplo, a la fecha, EE.UU.A. controla el 16.39% de los votos; Japón el 7.86%, Alemania 4.49%, Francia 4.30%, Italia 4.30% y Gran Bretaña el 4.30%. En contraste 24 países africanos controlan juntos sólo el 2.85% del total.

Por medio de sus diferentes organismos, descritos anteriormente, el BM maneja cuatro tipos distintos de préstamos, controlando aspectos de inversiones, desarrollo institucional y políticas públicas de aproximadamente 150 naciones.

1) Préstamos para proyectos: este tipo de préstamos se otorga para desarrollar un proyecto en específico como carreteras, proyectos pesqueros, infraestructura en general.

2) Préstamos sectoriales, vía BIRF y AIF: estos préstamos gobiernan todo un sector de la economía de un país, es decir, energía, agricultura, etcétera. Éstos conllevan condiciones que determinan las políticas y prioridades nacionales para dicho sector.

3) Préstamos Institucionales: éstos sirven para la reorganización de instituciones gubernamentales con el fin de orientar sus políticas hacia el libre comercio y obtener el acceso sin restricciones, de las empresas transnacionales (ETN), a los mercados y regiones. Por otra parte sirven para cambiar las estructuras gubernamentales sin aprobación parlamentaria, bajo las directrices del Banco.

4) Préstamos de ajuste estructural: este tipo de préstamos, fue creado teóricamente para aliviar la crisis de la deuda externa con el fin de convertir los recursos económicos nacionales en producción para la exportación y fomentar la entrada de las empresas transnacionales en economías restringidas. Los países del sur han experimentado estos ajustes y las consecuentes medidas de austeridad.

En el año 1993 el BIRF marcaba como sus mayores prestatarios por orden descendente a: México, India, Brasil, Indonesia, Turquía, China, Filipinas, Argentina, Corea, Colombia, Marruecos y Nigeria. Los préstamos del BIRF se negocian de forma individual, incluyen un periodo de cinco años sin necesidad de amortización; después los gobiernos prestatarios disponen de un plazo de 15 a 20 años para amortizar la deuda a los tipos de interés del mercado. El Banco nunca reestructura la deuda ni cancela un préstamo. Por su influencia en fuentes públicas y privadas el Banco figura en los primeros lugares de acreedores de sus clientes.

Tal vez la crítica más intensa, compartida por el BM y el Fondo Monetario Internacional, es que las políticas de ajuste estructural impulsadas por esos organismos han impuesto enormes costos sociales sobre los grupos vulnerables en los países en desarrollo.

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Fondo Monetario Internacional

Sede del Fondo Monetario Internacional

El Fondo Monetario Internacional o FMI (en inglés: International Monetary Fund, IMF) como idea fue planteado el 22 de julio de 1944 durante una convención de la ONU en Bretton Woods, New Hampshire, Estados Unidos; y su creación como tal fue en 1945. Sus estatutos declaran como objetivos principales la promoción de políticas cambiarias sostenibles a nivel internacional, facilitar el comercio internacional y reducir la pobreza.

Cabe destacar, además de las diferentes políticas reguladoras y conciliadoras a nivel internacional, el establecimiento del patrón oro/dolar. Dicho patrón equiparaba el valor de las divisas a una cierta cantidad de dólares (tal y como se hace en la actualidad) pero siempre a un tipo fijo (es decir, en aquellos años no había variaciones en este aspecto entre los países regulados por el FMI) Esa medida, que es una de las causas primeras de la creación del FMI, se mantendría en vigor hasta la crisis de 1973; cuando fue derogada la cláusula que regía las regulaciones monetarias en ese aspecto.

Forma parte de los organismos especializados de las Naciones Unidas, siendo una organización intergubernamental que cuenta con 185 miembros. Actualmente tiene su sede en Washington, D.C. y su actual Director Gerente es el francés Dominique Strauss-Kahn, desde el 28 de septiembre de 2007, año en que sustituyó al español Rodrigo Rato.

Sus fines son evitar las crisis en los sistemas monetarios, alentando a los países a adoptar medidas de política económica bien fundadas; como su nombre indica, la institución es también un fondo al que los países miembros que necesiten financiamiento temporal pueden recurrir para superar los problemas de balanza de pagos. Otro objetivo es promover la cooperación internacional en temas monetarios internacionales y facilitar el movimiento del comercio a través de la capacidad productiva.

Aunque en la práctica, ninguna de sus funciones se ha podido palpar en la realidad, su inclinación a favorecer las privatizaciones, reducir el gasto del gobierno (sobretodo el social) e imponer el conocido como consenso de Washington le ha fraguado no pocas críticas y antipatías por parte de países severamente afectados por la imposición de sus políticas neoliberales. Además de servir como lanzadera para el inicio de golpes de Estado a gobiernos democráticamente electos, sus tentáculos innertes han podido evidenciar sus oscuros vínculos con el neoconservadurismo estadounidense.

Otorga temporalmente aquellos recursos financieros a los miembros que experimentan problemas en su balanza de pagos.

Un país miembro tiene acceso automático al 25% de su cuota si experimenta dificultades de balanza de pagos. Si necesita más fondos (casi siempre ocurre), tiene que negociar un plan de estabilización. Se aspira a que cualquier miembro que reciba un préstamo lo pague lo antes posible para no limitar el acceso de crédito a otros países. Antes de que esto suceda, el país solicitante del crédito debe indicar en qué forma se propone resolver los problemas de su balanza de pagos de manera que le sea posible reembolsar el dinero en un período de amortización de tres a cinco años, aunque a veces alcanza los 15 años.

En la cumbre de G20 de 2 009, el FMI cuadriplicó su capacidad financiera a $1 billón de dólares. Además se le encargó supervisar si los países están estimulando suficientemente a sus economías y si están reformando sus sistemas regulatorios, además de alertar sobre problemas financieros. Cerca de US$500.000 millones serán destinados para rescatar a las economías en problemas y el organismo dispone de una línea de crédito que no les exige a los deudores llevar a cabo reformas económicas no populares , como la reducción del gasto fiscal, aunque sólo algunos países califican para ese tipo de crédito . Para los otros países, el fondo obligará que se reduzcan los gastos fiscales o se eleven las tasas de interés aunque se tratará de proteger los programas para los más pobres .

En marzo de 2008 las acciones con derecho a voto de los países en desarrollo en el FMI crecerían en 5,4 puntos porcentuales. Para Brasil, eso significa un 1,7%. La participación de China es de 3,8%. Estos aumentos marginales aún no entran en efecto . Durante la reunión del FMI en abril, los países le encargaron la misión de combatir la actual recesión global e impedir que se produzcan nuevas recesiones . Para esto último, está llevando a cabo una prueba del sistema de advertencia temprana, dando advertencias y dictando políticas a los países de manera privada .

Sin embargo, sus políticas (especialmente, los condicionamientos que impone a los países en vías de desarrollo para el pago de su deuda o en otorgar nuevos préstamos) han sido severamente cuestionadas como causantes de regresiones en la distribución del ingreso y perjuicios a las políticas sociales. Algunas de las críticas más intensas han partido de Joseph Stiglitz, ex-Economista Jefe del Banco Mundial y Premio Nobel de Economía 2001.

Estos puntos fueron centrales en las negociaciones del FMI en Latinoamérica como condicionantes del acceso de los países de la región al crédito, en la década de 1980. Sus consecuencias fueron una desaceleración de la industrialización, o desindustrialización en la mayoría de los casos. Con ellos se volvía a economías exportadoras de materias primas. Las medidas aplicadas generaron fuertes diferencias en la distribución del ingreso y un aumento de la desigualdad, junto con la desaparición o restricción de las redes sociales de apoyo otorgadas anteriormente por el Estado. Aunque ya existían desigualdades sociales anteriormente, las medidas las exacerbaron. En muchos países en desarrollo de Latinoamérica y África, la aplicación de esas medidas fue llevada a cabo por gobiernos dictatoriales, y significaron una integración desequilibrada a la economía mundial.

Es de notar, por otra parte, que los modelos de política de industrialización por sustitución de importaciones de algunos países en desarrollo presentaban ya anomalías al subsidiarse costos de manufactura y ventas más caros internamente, por medio de mercados cautivos, en relación a los costos y precios externos.

Las recesiones en varios países latinoamericanos a fines de la década del noventa y crisis financieras como la de Argentina a finales de 2001, son presentadas como pruebas del fracaso de las "recetas" del Fondo Monetario Internacional, por cuanto esos países determinaron su política económica bajo las recomendaciones del organismo.

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Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) es una institución del Banco Mundial con sede en Washington.

El CIADI es una institución del Grupo del Banco Mundial, especialmente diseñada para propiciar la solución de disputas entre gobiernos y nacionales de otros Estados. Una de sus finalidades es dotar a la comunidad internacional con una herramienta capaz de promover y brindar seguridad jurídica a los flujos de inversión internacionales.

Este centro se creó como consecuencia del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados que entró en vigor en 1966. Entre sus funciones se establece que el Centro facilitará la sumisión de las diferencias relativas a inversiones entre Estados Contratantes y nacionales de Otros Estados Contratantes, a un procedimiento de conciliación y arbitraje.

Adicionalmente, el CIADI realiza estudios académicos sobre legislación de arbitraje y elabora publicaciones sobre el arreglo de diferencias respecto de las inversiones internacionales.

El Secretario General del CIADI es el funcionario principal de ese organismo y su representante legal, siendo responsable además de su administración. Igualmente, se encarga de nombrar árbitros a pedido de las partes para establecer procedimientos de arbitraje ad-hoc, especialmente en el contexto de las reglas de arbitraje de la UNCITRAL (Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional).

Con ocasión de la Asamblea Anual del Banco Mundial en Dubai, por unanimidad el Embajador de Perú en Washington, Roberto Dañino Zapata fue elegido el 24 de septiembre de 2003 como nuevo Secretario General del Consejo Administrativo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Este nuevo cargo se suma a su nombramiento como Vicepresidente Senior y Asesor Jurídico del Banco Mundial, ocurrido en el mes de julio de 2003.

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Corporación Financiera Internacional

Corporación Financiera Internacional (CFI) institución mundial creada en 1956 y perteneciente al Banco Mundial cuenta con 178 países miembros en todo el mundo.

Esta corporación esta encargada de promover el desarrollo económico de los países a través del sector privado. Los socios comerciales invierten capital por medio de empresas privadas en los países en desarrollo. Dentro de sus funciones se encuentra el otorgar préstamos a largo plazo, así como dar garantías y servicios de gestión de riesgos para sus clientes e inversionistas.

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Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento

El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento o BIRF (en inglés International Bank for Reconstruction and Development o IBRD) es una de las cinco instituciones que integran el Grupo del Banco Mundial. El BIRF es una organización internacional cuya misión original era financiar la reconstrucción de los países devastados por la Segunda Guerra Mundial. En la actualidad su misión se ha concentrado en la lucha contra la pobreza, a través del financiamiento de Estados. Su operación se mantiene mediante pagos regulados por sus Estados miembros.

El BIRF entró formalmente en funcionamiento el 27 de diciembre de 1945, luego de la ratificación internacional de los acuerdos alcanzados en la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas (ABAACMFNU), realizada entre el 1 y el 22 de julio de 1944, en Bretton Woods, Nueva Hampshire, Estados Unidos.

El BIRF comenzó sus operaciones financieras el 25 de junio de 1946, y aprobó su primer préstamo el 9 de mayo de 1947 (US$250 millones a Francia para la reconstrucción de posguerra, en términos reales, es el préstamo más grande aprobado por el banco hasta la fecha).

Este organismo fue establecido principalmente como un mecanismo para la reconstrucción de Europa y de Japón después de la Segunda Guerra Mundial, con un mandato adicional de fomentar el crecimiento económico en los países en vías de desarrollo en África, Asia y América Latina. En un principio, el banco se centró principalmente en proyectos de infraestructura de largo plazo: construcción de carreteras, aeropuertos, y centrales eléctricas. Como Japón y sus cliente europeos se "graduaron" (adquirien ciertos niveles de renta per cápita), el BIRF se centró enteramente en países en vías de desarrollo. Desde los inicios de los años 90, también ha proporcionado financiamiento a los Estados post-socialistas de Europa Oriental y de la antigua Unión Soviética.

El BIRF proporciona préstamos a los gobiernos, y las empresas públicas, siempre con una garantía gubernamental (o "soberana") de reembolso. Los fondos para estos préstamos provienen principalmente de bonos emitidos por el Banco Mundial en los mercados de capitales globales -habitualmente US$12 a 15 billones por año-. Estos bonos son clasificados como AAA (la más alta calificación posible), porque son respaldados por el capital de parte de los Estados miembros, así como por las garantías soberanas de los prestatarios. Además, los préstamos que son pagados se reciclan.

Debido a la clasificación de crédito del BIRF, éste puede pedir prestado a tasas de interés relativamente bajas. Como la mayoría de los países en vías de desarrollo tienen malas calificaciones de crédito, el BIRF puede prestar a los países a tipos de interés que son generalmente muchos más atractivos para ellos, incluso después de agregar un pequeño margen (cerca de 1%) para cubrir los gastos administrativos.

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Conflicto entre Argentina y Uruguay por plantas de celulosa

El 5 de mayo de 2005, los presidentes uruguayo y argentino acordaban crear una comisión para resolver el conflicto, que luego fracasaría

La Argentina y el Uruguay mantienen un conflicto debido a la instalación de una planta de producción de pasta de celulosa perteneciente a la empresa Botnia, ubicada en territorio uruguayo y sobre las aguas binacionales del Río Uruguay, cerca de las poblaciones uruguaya de Fray Bentos y argentina de Gualeguaychú. Originalmente el conflicto incluyó también a una planta que la empresa española ENCE proyectaba construir en la misma zona, pero más tarde dicha empresa decidió trasladar su emprendimiento a Conchillas. Por su parte Botnia finalizó la construcción y puso en marcha la planta el 8 de noviembre de 2007.

La Argentina ha demandado a Uruguay ante la Corte Internacional de Justicia argumentando que la instalación de las plantas de celulosa es contaminante y se ha realizado en violación del Estatuto del Río Uruguay. Por su parte, Uruguay ha demandado a la Argentina ante el sistema de solución de controversias del Mercosur y la Corte Internacional de Justicia, argumentando en el primer caso que los cortes de ruta constituyen una violación al principio de libre circulación, y en el segundo caso, que los mismos son tolerados y utilizados por el gobierno argentino para presionar al gobierno uruguayo en las negociaciones referidas a la instalación de las plantas de celulosa.

En 1961 se celebró entre Argentina y Uruguay el Tratado del Río Uruguay y en 1975 el *Estatuto del Río Uruguay, donde, entre otras cosas, se manifiesta la voluntad de "establecer los mecanismos comunes necesarios para el óptimo y racional aprovechamiento del Río Uruguay", donde "las Partes se obligan a: a) Proteger y preservar el medio acuático y, en particular, prevenir su contaminación, dictando las normas y adoptando las medidas apropiadas". Se establece asimismo que "la Parte que proyecte la construcción de nuevos canales, la modificación o alteración significativa de los ya existentes o la realización de cualesquiera otras obras de entidad suficiente para afectar la navegación, el régimen del Río o la calidad de sus aguas, deberá comunicarlo a la Comisión, la cual determinará sumariamente, y en un plazo máximo de treinta días, si el proyecto puede producir perjuicio sensible a la otra Parte".

Durante las décadas de 1980 y 1990 Uruguay, con el apoyo del Banco Mundial, ha promovido y subsidiado fuertemente el desarrollo de la forestación con especies comerciales, principalmente pino y eucaliptus. Uruguay, una llanura con pocos árboles nativos (3% de su territorio) ha creado, hasta el año 2005, 800.000 ha de bosques de eucalipto, con el objetivo de llegar a mediano plazo a los 3 millones de hectáreas para dedicarse a la producción de pulpa de celulosa para la industria del papel.

La plantación de eucaliptus y la instalación de plantas de pulpa de celulosa es una estrategia productiva que se está generalizando en Sudamérica: “las plantaciones de eucaliptos y pinos en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay representan el 40% de las 10 millones de ha de las plantaciones de árboles de rápido crecimiento existentes en el mundo”.

En el caso particular de Argentina, las plantaciones de eucaliptus se han concentrado en las provincias de Corrientes y Entre Ríos, sobre todo esta última, alcanzando 220.000 ha entre ambas para el año 2005. Argentina cuenta con 10 plantas de celulosa de cierta envergadura y produce 0,8 millones de toneladas (2004). Los gobiernos provinciales de Corrientes y Entre Ríos, entre ellos el anterior mandato del actual gobernador entrerriano Jorge Pedro Busti llevaron adelante tratativas con empresas multinacionales de la celulosa para la instalación de plantas, desde la década del '80. Luego de la crisis económica avanzaron los proyectos de instalación en la provincia de Corrientes y Uruguay, mientras que Entre Ríos mantuvo una posición contraria.

En 2002, el gobierno uruguayo presidido por Jorge Batlle negoció con dos empresas multinacionales, la española ENCE y la finlandesa Botnia, la instalación de dos grandes plantas de celulosa (500.000 y 1.000.000 de toneladas respectivamente). El Proyecto de ENCE se denomina “Celulosa M’Bopicuá - CMB”, y el proyecto de Botnia se denomina “Orion”. Algunos analistas sostienen que se trata de la transformación productiva más importante de la historia uruguaya. A principios de 2006 la gigante empresa sueco-finlandesa Stora Enso ofreció instalar en la zona una tercera planta de celulosa de 1 millón de toneladas.

Botnia decidió construir su planta a orillas del caudaloso Río Uruguay, frontera internacional entre los países de Argentina y Uruguay, a 4 y 12 km respectivamente, río arriba de la ciudad uruguaya de Fray Bentos. Stora Enso, por el contrario, propuso construir su planta sobre el Río Negro, interno de Uruguay. Por su parte ENCE, española, decidió hacerlo en Conchillas, más al Sur y ya frente a la provincia de Buenos Aires, cuyos habitantes no se oponen.

Fray Bentos (Uruguay) es una ciudad de 23.000 habitantes que tuvo un brillante pasado industrial con eje en la industria de la carne, tiene un conocido balneario turístico (Las Cañas) sobre el Río Uruguay, siete kilómetros aguas abajo, y es la capital del Departamento de Río Negro, donde se han concentrado las plantaciones de eucaliptos.

Gualeguaychú (Argentina) es una ciudad de aproximadamente 76.000 habitantes ubicada a 8 km del Río Uruguay y a 30 km de Fray Bentos (43 por ruta), que se ha desarrollado rápidamente como un destino turístico, con un carnaval anual que se ha vuelto muy importante y una estrategia definida para promover el turismo con eje en el turismo ecológico. Cercano a la ciudad se encuentra el balneario Ñandubaysal, ubicado sobre el Río Uruguay frente a Fray Bentos.

Asimismo, en ese lugar se ha construido el Puente Internacional Libertador San Martín, de gran importancia turística y comercial para ambos países. La zona a su vez es un importante centro de pesca.

La planta de ENCE proyecta producir 500.000 toneladas y la de Botnia, 1.000.000 de toneladas de celulosa al año. Esta última será una de las plantas de celulosa más grandes del mundo y constituye la mayor inversión de carácter industrial en la historia del Uruguay y también la mayor inversión del sector privado industrial de Finlandia en el exterior. Los proyectos tienen una inversión total por 1860 millones de dólares, de los cuales el Banco Mundial podría financiar hasta 400 millones. En las obras trabajan unos 2000 trabajadores en la construcción, 2500 en actividades metalúrgicas y, una vez instaladas, habrán generado unos 300 puestos de trabajo directos.

Las primeras manifestaciones del problema se desarrollaron como una protesta social y ambiental interna del Uruguay. Entre 1998 y 2001 la coalición de izquierda Frente Amplio, junto a la central sindical uruguaya, el PIT-CNT, criticaron el marco jurídico que se le otorgó a las empresas para su instalación en Uruguay. En cambio la organización ambiental Grupo Guayubira y Greenpeace criticaron la instalación de las plantas de celulosa y se opusieron a la misma invocando razones de contaminación ambiental.

En 2003 los argentinos de Gualeguaychú se suman a los reclamos que venían realizando los uruguayos. El VIII Congreso de la central sindical uruguaya PIT-CNT resolvió convocar a la movilización contra la instalación de las plantas de celulosa. El 24 de septiembre, 2500 uruguayos y argentinos se reunieron en el lado argentino y firmaron la Declaración de Gualeguaychú. El 4 de octubre uruguayos y argentinos realizaron el primer acto conjunto sobre el puente internacional para oponerse a la construcción de las plantas.

Hay que aclarar que aunque los movimientos de protesta dicen oponerse a las papeleras, en realidad no se trata de fábricas de papel, sino de fábricas de pulpa de celulosa, la materia prima con la que luego se producirá el papel.

En mayo de 2004 el Parlamento uruguayo ratificó el Tratado con Finlandia para proteger la inversión de Botnia en Fray Bentos, con la oposición del Frente Amplio. En junio Argentina y Uruguay llegaron a un acuerdo en la CARU (Comisión Administradora del Río Uruguay) para la instalación de las plantas. A fines de 2004 Tabaré Vázquez ganó las elecciones presidenciales y anunció que las plantas se construirían tal como estaba planeado; ello llevó también a que el Frente Amplio y la central sindical del PIT-CNT, cambiaran su posición y comenzaran a apoyar la instalación de las plantas de celulosa en Fray Bentos.

El 30 de abril de 2005 una multitud de argentinos y uruguayos estimada en 40.000 personas tomó el puente internacional. La gigantesca movilización sacudió a los gobiernos argentino y uruguayo y el conflicto tomó relevancia nacional e internacional. A partir de entonces parte de la población de Gualeguaychú se organizó en la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, y comenzó a desarrollar una acción permanente y masiva de oposición a la instalación de ambas plantas, que a partir del 23 de diciembre se realizó principalmente mediante el bloqueo de los puentes sobre el Río Uruguay.

Por su parte, la mayoría de la población uruguaya ve con optimismo la instalación de las plantas de celulosa, porque percibe que las mismas implican excelentes oportunidades de empleo y desarrollo industrial. Más adelante la población uruguaya de Fray Bentos realizó una marcha masiva, encabezada por los trabajadores de ambas plantas, en el que estaban presentes todos los sectores, apoyando la construcción de las plantas, bajo el siguiente lema: “en defensa del trabajo, el Uruguay productivo y la soberanía nacional”.

El Índice de Sustentabilidad Ambiental (Environmental Sustainability Index) de 2005 que evalúa las trayectorias ambientales a largo plazo de 146 países y es realizado por las Universidades de Yale y de Columbia, ubica a Uruguay y a Argentina en los puestos 3º y 9º respectivamente. A su vez, Finlandia figura en el 1º puesto, en tanto que España figura en el puesto 76º.

Como consecuencia del conflicto social planteado, el 5 de mayo de 2005 los presidentes de Argentina, Néstor Kirchner, y Uruguay, Tabaré Vázquez, acordaron crear una Comisión Binacional para analizar el impacto ambiental. La Comisión debía trabajar durante 180 días.

Ese mismo año de 2005, y paralelamente a las negociaciones entre los gobiernos, el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA), en representación de casi 40,000 personas, presentó una queja a la Ombudsman de la Corporación Financiera Internacional (CFI) del Banco Mundial. En noviembre la Ombudsman de la CFI (Banco Mundial) produjo su Informe de Evaluación Preliminar señalando importantes carencias en los procedimientos (véase texto completo de la Ombudsman de la CFI).

El 23 de diciembre de 2005 la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú inició una acción sistemática de bloqueo del paso de vehículos hacia Uruguay afectando seriamente la economía uruguaya.

El 31 de enero de 2006 fracasó la Comisión Binacional. Las posiciones políticas y los informes técnicos aportados por cada país diferían de tal modo que fue imposible llegar a un acuerdo. Uruguay se apoyó en el informe ambiental elaborado por el Banco Mundial en diciembre de 2005. Argentina cuestionó la localización de las plantas, realizó varias críticas al informe del Banco Mundial y a los informes de las empresas y exigió un informe independiente.

El 30 de abril de 2006 la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú organizó una nueva marcha al puente Internacional General San Martin, a la cual según los organizadores concurrieron más de 80.000 personas, aunque la cifra es discutible debido a los registros fotográficos del hecho y la capacidad de personas que puede soportar el puente, reafirmando el rechazo a las papeleras por parte de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú.

El 22 de septiembre de 2006 la empresa ENCE anunció que trasladaría la planta que proyectaba construir en Fray Bentos, fundando la decisión en la inconveniencia de que dos plantas de celulosa operaran en el mismo lugar. Poco después informó que el lugar nuevo escogido por la empresa es Punta Pereyra, departamento de Colonia, sobre el río de la Plata.

El informe incluye seis anexos dedicados a analizar el proceso de producción y la tecnología, las plantaciones, la calidad del aire, la calidad del agua, el impacto socio-económico, el transporte, el compromiso público, los términos de referencia y el glosario. (Texto completo del informe en inglés). El nuevo informe podría liberar los créditos solicitados por Botnia y ENCE al Banco Mundial para construir las plantas.

Como protesta ante el contenido del nuevo estudio del Banco Mundial las asambleas ciudadanas de Gualeguaychú y Colón decidieron comenzar nuevamente a cortar las rutas de acceso al Uruguay durante el fin de semana del 14 y 15 de octubre de 2006, de importancia turística debido al feriado del 12 de octubre. En el caso del Puente General Artigas que une las localidades de Colón y Paysandú el corte tuvo que levantarse porque muy poca gente adhirió a ese tipo de protesta.

El 6 de noviembre de 2006, en el marco de la XVI Cumbre Iberoamericana que se realizó en Montevideo, se informó que el Rey Juan Carlos I de España comenzaría a actuar como facilitador del diálogo entre la Argentina y Uruguay.

En respuesta, la Asamblea de Gualeguaychú dispuso el corte por tiempo indeterminado de la ruta 136 que accede al Puente Libertador General San Martín por el lado argentino, endureciendo su posición contra ambos gobiernos.

El 29 de noviembre Uruguay reclamó medidas cautelares contra la Argentina ante el Tribunal Internacional de La Haya por los cortes de ruta realizados por la Asamblea de Gualeguaychú en el juicio que allí tramita por la cuestión. El tribunal ordenó realizar las audiencias de presentación del caso y defensa los días 18 y 19 de diciembre y finalmente terminó rechazando el reclamo uruguayo el 23 de enero de 2007.

El 30 de noviembre el presidente de Uruguay ordenó movilizar al Ejército para custodiar la planta de Botnia contra eventuales ataques que pudiera sufrir. Pocos días después, a pedido de la empresa Botnia, ordenó el retiro de las tropas.

Durante la temporada veraniega 2006/2007 y la Semana Santa posterior, los activistas ambientalistas de Gualeguaychú, Colón y Concordia continuaron con la política de bloqueos de los puentes internacionales, en varios casos de manera simultánea.

El 29 de marzo los activistas de Gualeguaychú organizaron una marcha sobre el puente Gral. San Martín. Las estimaciones sobre la cantidad de personas fueron dispares.

El 2 de septiembre, ambientalistas de Gualeguaychú realizaron una marcha (cruzando la frontera) para protestar ante la fábrica de Botnia. La policía Uruguaya impidió que ingresaran a la planta de celulosa, aunque realizaron protestas en las inmediaciones.

El 25 de septiembre, el presidente Vázquez se declaró optimista frente a la posibilidad de una salida al conflicto, señalando que el hecho de que Argentina haya retirado su pedido de "relocalizar" Botnia permitió "relanzar" el diálogo.

El 1 de octubre el presidente Néstor Kirchner negó que acepte la instalación de la "pastera" Botnia y aclaró que lo que dijo fue "que no se podía generar expectativa de lograr la relocalización" de la planta de celulosa "porque Uruguay no lo acepta". Al término de una reunión con el gobernador Busti, y en conferencia de prensa, Kirchner se manifestó "sorprendido" por las versiones periodísticas que la atribuyeron la frase "la planta está ahí y no hay nada que hacer".

El 7 de octubre, unos 300 ambientalistas uruguayos y argentinos crearon en la ciudad de Nueva Palmira (Uruguay) la Asamblea Regional Ambiental del Río Uruguay que coordinará sus movilizaciones contra la construcción de la papelera. El ingreso de los ambientalistas argentinos al territorio uruguayo si bien no fue impedido, tuvo que atravesar un fuerte operativo policial y control migratorio.

El 1 de noviembre el ministro uruguayo Mariano Arana autorizó la puesta en funcionamiento de la planta de celulosa de Botnia, pero tres horas después la misma fue suspendida por el presidente Vázquez, a pedido del rey de España Juan Carlos I, con el fin de facilitar su mediación y un eventual acuerdo en la XVII Cumbre Iberoamericana. El 8 de noviembre, en el marco de la Cumbre Iberaoamericana en Santiago de Chile, con la presencia del rey de España y los presidentes de ambos países, se realizaron reuniones de alto nivel con el fin de alcanzar un acuerdo, que fracasaron. Según el gobierno uruguayo la causa del fracaso fue la negativa argentina a levantar los corte de ruta, mientras que para el gobierno argentino, la razón se debió a la falta de voluntad de diálogo por parte de Uruguay. Esa noche el presidente Tabaré Vázquez ordenó la puesta en funcionamiento de la planta de Botnia, decisión que mereció una protesta enérgica por parte de Argentina y la respuesta del presidente Vázquez sosteniendo que se trataba de una decisión soberana. Por su parte, el canciller español se mostró sorprendido y anunció que el rey se reuniría con Tabaré Vázquez a fin de conocer las razones de la decisión, lo que sucedió poco después, sin que se emitiera un comunicado oficial sobre la misma. Fuentes no identificadas atribuidas al gobierno uruguayo, difundieron la noticia de que el rey habría tomado partido a favor de la opinión del presidente Vázquez cuestionando como una provocación contra Uruguay el saludo informal del presidente Kirchner a un grupo de ambientalistas de Gualeguaychú cuando ingresaba a la embajada argentina en Santiago de Chile. Por su parte la agencia oficial argentina dio a conocer que el presidente Kirchner le dijo al presidente Vázquez: «Le diste una puñalada al pueblo argentino».

El 9 de noviembre se puso en funcionamiento la planta de celulosa de Botnia, y Uruguay cerró temporalmente el puente Fray Bentos-Gualeguaychú, para evitar eventuales manifestaciones de argentinos frente a la planta. Los manifestantes realizaron protestas por agua, el 10 de noviembre, en embarcaciones, frente a la planta objeto del conflicto, sin que se registraran incidentes.

El 11 de noviembre el presidente español José Luis Rodríguez Zapatero anunció que el gobierno español y el rey Juan Carlos continuarán la mediación entre Argentina y Uruguay.

Desde el comienzo del funcionamiento de la fábrica el gobierno uruguayo ha afirmado que "en materia medioambiental todo está dentro de los parámetros que se consideran aceptables a nivel internacional".

El 20 de enero se da a conocer un informe independiente elaborado por la Organización no gubernamental ambientalista Green Cross. El mismo señala que a 70 días del comienzo de las operaciones de la planta de Botnia en Fray Bentos, el primer monitoreo independiente que se conoce realizado en la margen argentina del río Uruguay concluye que el aire de Gualeguaychú no sufrió ningún impacto de gases contaminantes por la producción de celulosa.

Marisa Arienza, presidenta de la sede local de la organización ambiental Green Cross, fundada y dirigida por el ex premier ruso Mijaíl Gorbachov, afirmó que “Los niveles en el aire de dióxido de azufre, del que se derivan los posibles gases peligrosos que podría emanar la planta, no sufrieron ninguna variación entre antes y después de que Botnia iniciara sus operaciones”.

El aparato de medición de Green Cross se instaló en el balneario de Ñandubaysal, ubicado a 12 kilómetros en línea recta frente a la pastera. Midió la concentración de dióxido de azufre en el aire de Gualeguaychú cada hora desde el 11 de octubre hasta el 20 de diciembre de 2007.

En algunas oportunidades, por diferentes motivos, principalmente por cortes en el suministro de energía eléctrica y para calibración, el sensor dejó de operar.

Para la realización del informe de 29 páginas, firmado por Nicolás Mazzeo, investigador del Departamento de Ciencias de la Atmósfera de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UBA) y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), se tomaron en cuenta las mediciones hasta el 30 de noviembre: los primeros 20 días con Botnia en marcha. No obstante, según Arienza, hasta la fecha monitoreada (20 días más) “no se detectó ningún tipo de contaminación”.

El trabajo de Green Cross destaca que antes de que la pastera comenzara a producir la concentración de dióxido de azufre en el aire fue, en promedio, de 0,445141 ppb (partes por billón). Al comenzar la producción y hasta el 30 de noviembre fue de 0,453425 ppb.

Sin embargo, el informe de la organización culmina con la advertencia: "Es recomendable un mayor período de detección de los niveles de contaminación del aire y de parámetros meteorológicos en la zona. Esto posibilitaría contar con una cantidad mayor de información para convalidar o no los resultados obtenidos".

Los asambleístas de Gualeguaychú no tardaron en refutar dicho informe, al alegar que el dossier de la ONG omitió detallar que la fábrica funcionaba al 10-15% de su capacidad. Por dicha razón, se señaló, el grado de polución resulta proporcional al nivel de producción. Además, recordaron que estudios promovidos por las autoridades de esa ciudad entrerriana demostraron que la pastera produjo sustancias contaminantes que superaron los niveles admitidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Con respecto al agua, si bien no se conocen datos oficiales, el propio municipio admite que la presencia de Botnia en la región no causó hasta ahora impacto en el agua. "Nadie imagina un impacto en el corto plazo", dijo el intendente Juan José Bahillo.

Los datos de la ONG coinciden con los que se han realizado del lado uruguayo por parte de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) y la propia Botnia ya han dado a conocer varios monitoreos que indican que la planta no afectó el ecosistema.

A fines de enero y principios de febrero se descubrió un sistema empleado por los asambleístas por el cual emitían pases con los cuales determinan a quiénes dan pase libre para pasar por el corte de ruta y a quiénes no. Dicho sistema no es el empleado por el estado en el cruce fronterizo, sino un segundo control informal y sin autorización oficial realizado antes de llegar al puente. Gargano, el canciller uruguayo, afirmó estar horrorizado por dicha situación., mientras que el gobierno argentino no se manifestó al respecto.

En la primera quincena de enero el Gobierno argentino decidió rechazar los cortes de ruta en Entre Ríos pues, "no contribuyen en nada al objetivo" de los asambleístas. Estos seguían firmes en su postura y habían anunciado que extenderían su protesta en Colón y además habían analizado la posibilidad de llevar los bloqueos a la ciudad de Concordia, pero al no haber consenso debido a la oposición de los comerciantes decidieron hacer solamente entrega de volantes para crear conciencia sobre el problema.

El 16 de enero los ambientalistas entrerrianos llevaron sus reclamos a la ruta 135, pero no lograron impedir el paso de autos hacia el Uruguay debido a la presencia de aproximadamente 200 efectivos de Gendarmería argentina.

El ministro del Interior argentino, Florencio Randazzo, dijo que "argentinos y uruguayos tenemos que avanzar, para transitar libremente esos puentes", en referencia a los pasos que unen a ambos países.

A mediados de enero los diarios informaron que el titular del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Enrique Martínez, había dicho que los estudios realizados bimestramente desde agosto del 2008 no indicaban ningún grado de contaminación. Sin embargo, El 3 de febrero en reunión con el Intendente de Gualeguaychú, Juan José Bahillo, e integrantes del equipo técnico de la Asamblea Ambiental negó dichas declaraciones. .

Uruguay ha puesto el acento en la extrema gravedad, las repercusiones económicas, los aspectos legales y las implicancias internacionales de los extensos cortes de rutas realizados por la Asamblea de Gualeguaychú, sobre todo a partir del 23 de diciembre de 2005, y ha anunciado que demandará a la Argentina por los daños y perjuicios que los mismos le han causado. Las pérdidas para el Uruguay en concepto de turistas no ingresados y transacciones comerciales no concretadas asciende a los 400 millones de dólares, según la opinión del canciller uruguayo Reinaldo Gargano.

A partir del 30 de diciembre de 2005 el sector más intransigente de oposición a la instalación de las plantas propuso cortar en varias ocasiones, simultáneamente, los tres puentes que unen a los dos países (Salto-Concordia, Paysandú-Colón y Fray Bentos - Gualeguaychú), para colocar a Uruguay en situación de cuasi-bloqueo. Ello no llegó a suceder porque la población de la ciudad argentina de Concordia no aceptó la propuesta de cortar el puente y decidió, en cambio, informar del conflicto a los viajeros mediante folletos entregados personalmente. Esta situación cambió en enero de 2007, momento a partir del que los tres puentes comenzaron a ser cortados de manera simultánea varias veces, lo que supuso para Uruguay graves perjuicios al tránsito del turismo desde Argentina y al transporte de mercaderías. Luego del fin de la temporada turística estival del 2007 se levantaron los cortes en todos los puentes excepto en el que une Fray Bentos con Gualeguaychú.

El corte de los tres puntes en forma simultánea se volvió a retomar a partir del 31 de marzo de 2007, extendiéndose durante toda la Semana Santa para afectar directamente el flujo turístico que en ese período transita hacia Uruguay.

Debido a los cortes de las rutas de acceso al Uruguay, en diciembre de 2005 el tránsito de personas por el puente disminuyó un 32%. En enero la reducción fue mucho mayor aún y en los meses de febrero y marzo el bloqueo en dos de los puentes internacionales fue total. Los cortes han generado grandes daños al turismo y al transporte comercial, si se tiene en cuenta que normalmente por el puente cruzan 250 camiones por día.

El gobierno de Uruguay ha expresado categóricamente que no aceptará diálogo alguno con el gobierno de la Argentina mientras continúen los cortes, y que considera que se trata de una conducta violatoria del derecho internacional, especialmente, del Tratado de Asunción que en su artículo 1º señala que el Mercosur "implica la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países...".

Por otra parte, Uruguay criticó la inacción del gobierno Argentino por no ordenar el desbloqueo de los puentes por la fuerza y sostuvo que el conflicto debía ser resuelto por el Mercosur.

Argentina, utilizando un mecanismo previsto en el Estatuto del Río Uruguay y como país miembro de la Organización de las Naciones Unidas, al igual que Uruguay, recurrió a la Corte Internacional de Justicia el 4 de mayo de 2006 para que se dictamine sobre la presunta violación del Estatuto.

Los principales argumentos de la demanda presentada por la Argentina son que, a pesar del trabajo conjunto en la CARU, estaba pendiente una cantidad de información que nunca fue provista, que no existen estudios sobre el lugar de localización de las plantas o sitios alternativos, que los informes realizados por las empresas son insuficientes y que, para determinar la sustentabilidad ambiental de las plantas, debiera realizarse un estudio independiente de las partes en conflicto.

La demanda incluye la solicitud de una medida cautelar previa de suspensión de la construcción de las plantas basada en que son una amenaza actual de daños irreparables sociales y económicos.

Los principales argumentos de la defensa de Uruguay son que respetó no sólo el Estatuto del Río Uruguay, de 1975, sino, además, la totalidad del Derecho Internacional y los principios generales del derecho. A su vez Uruguay sostuvo que la Argentina desconoció normas del Derecho Internacional al permitir los cortes de ruta realizados por pobladores de las ciudades argentinas cercanas a las plantas de celulosa. Uruguay sostiene que existieron constantes conversaciones e intercambios de información entre Argentina y Uruguay sobre este asunto, de las cuales dan cuenta incluso documentos del gobierno de Buenos Aires, que convalidaron lo actuado con Uruguay, mencionando, entre otros documentos, el mensaje a la Nación del gobierno argentino enviado al Parlamento en el año 2004 en el que se hace expresa referencia al tema. En el mismo Argentina alude a responsabilidades y atribuciones de la CARU y se dice, en la página 127, que las diferencias o los temas vinculados con la instalación de plantas de celulosa en Fray Bentos "han quedado resueltos entre ambos países". A su vez esto refleja lo que en su momento la CARU reconoció en un acta y que, además, se recogió en un encuentro entre los entonces cancilleres, Rafael Bielsa, de Argentina, y Didier Opertti, de Uruguay. Finalmente Uruguay sostuvo que las plantas de celulosa utilizarán la mejor tecnología disponible de acuerdo con los estándares europeos que entrarán en vigencia en el año 2007. Para fundamentar sus argumentos Uruguay citó los estudios de impacto ambiental realizados por las empresas Botnia y ENCE, el Estado uruguayo, y las tres evaluaciones encargadas por la CFI (Grupo Banco Mundial).

En la primera audiencia ante la Corte Internacional de Justicia, realizada el 8 de junio de 2006, Argentina afirmó que se ha violado lo dispuesto en el estatuto del Río Uruguay, expuso la necesidad de suspender las obras por 90 días e hizo hincapié en la necesidad de realizar un estudio de impacto ambiental mediante partes ajenas al conflicto, mientras que la delegación de Uruguay expuso lo contrario, afirmando que no hay evidencias objetivas de daños ambientales previsibles y que la tecnología a emplear es la mejor disponible, contemplada en la legislación de la Unión Europea. La segunda ronda de exposiciones se realizó al día siguiente, donde se hicieron similares consideraciones. En la página web de la CIJ se pueden consultar o bajar las actas de las cuatro exposiciones.

El 29 de noviembre de 2006, Uruguay solicitó medidas cautelares contra la Argentina ante el Tribunal Internacional de La Haya por los cortes de ruta realizados por la Asamblea de Gualeguaychú.

Uruguay sostiene que el gobierno argentino intencionalmente no reprime la protesta mediante cortes de rutas por parte de grupos ecologistas de Gualeguaychú para utilizarlo como mecanismo de chantaje, agravando el conflicto diplomático. Sostiene también que los cortes son “una amenaza de asfixiar la economía de Uruguay”.

Argentina sostiene que es falsa la vinculación que Uruguay hace del conflicto diplomático regulado por el Estatuto del Río Uruguay y los cortes de ruta realizados por los grupos ecologistas de la población de Gualeguaychú, y que la Corte Internacional no es competente para intervenir en él más allá de la causa que ya se encuentra en trámite, presentada por la Argentina. Sostiene también que el gobierno argentino tiene una política de no represión de las protestas de corte de ruta, y se ha llevado a cabo en todos los casos, y no solo en el caso de los cortes de las rutas que conducen al Uruguay.

Los días 18 y 19 de diciembre se realizaron las audiencias para la presentación del caso y defensa, respectivamente.

En abril de 2006 Uruguay planteó, en el ámbito del Mercosur, un reclamo contra la Argentina para que se establezca si la Argentina incumplió el compromiso asumido en el Tratado de Asunción, creador del Mercosur, de garantizar la libre circulación de bienes y servicios entre los territorios de sus respectivos países, y se establezca cuales son las medidas futuras que debiera adoptar frente a nuevos cortes.

Para resolver la controversia se siguió el sistema de solución de controversias del Mercosur que establece la formación de un Tribunal Ad Hoc, formado especialmente para resolver el caso, que se integró con el juez español Luis Martí Mingarro, el argentino Carlos Barreira y el uruguayo José María Gamio. Este tribunal comenzó el proceso correspondiente el 25 de junio de 2006.

El 6 de septiembre de 2006 el Tribunal Ad Hoc dictó el laudo por unanimidad haciendo lugar parcialmente al reclamo de Uruguay. El texto completo puede ser consultado aquí.

En otras partes el laudo establece también que "el ejercicio del derecho de protesta ha sobrepasado en sus efectos los límites del respeto", y que, si bien se comprende la "alarma" de la población de Gualeguaychú frente a la contaminación, sus manifestaciones "fueron perdiendo legitimidad" cuando "fueron acumulando agresiones al derecho de otras personas (...) por períodos extensos y en la época de mayor intercambio comercial y turístico".

Sobre el derecho de protesta, los jueces declararon que "ni aún en el derecho argentino es absoluto" y que las restricciones al tránsito "pueden llegar a ser toleradas siempre que fueran tomados los recaudos necesarios para aminorar los inconvenientes que causare, de manera que no impliquen un sacrificio demasiado grande para otros intereses respetables".

El Tribunal declaró también que los bloqueos "produjeron innegables inconvenientes que afectaron tanto al comercio uruguayo como al argentino" y aceptó la "buena fe" de Argentina por "haber tenido razones para creer que actuó dentro de la legalidad", pero advierte que "el carácter repetido y continuado de la actitud de condescendencia conforma un estándar de comportamiento ante el problema, que deja abierta la expectativa de que pudiera repetirse en el futuro si se dieran las mismas o parecidas circunstancias".

Por otra parte el Tribunal rechazó el pedido de Uruguay de indicar a la Argentina la conducta que debería adoptar en el futuro si se producen de nuevo los cortes y sostuvo que "no resulta procedente en derecho que este Tribunal 'Ad Hoc' adopte o promueva determinaciones sobre conductas futuras de la Parte Reclamada".

El Tribunal no se pronunció sobre la cuestión de eventuales indemnizaciones porque Uruguay no lo reclamó. Eventualmente ello debería ser realizado por quienes hayan sufrido perjuicios directos.

Argentina decidió no apelar el laudo ante el Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur y, por lo tanto, constituye la decisión final referida a los bloqueos de ruta realizados desde fines de 2005 hasta principios de 2006.

De acuerdo con encuestas realizadas por la empresa Factum, luego de los cortes de ruta se produjo un incremento del apoyo a la construcción de las plantas de celulosa entre los ciudadanos uruguayos, alcanzando en junio de 2006 un 80% de aprobación, al mismo tiempo que se redujo la creencia de que pudieran existir impactos ambientales negativos, así como la simpatía por los argentinos y el presidente Néstor Kirchner. Por su parte, las encuestas realizadas por la empresa Equipos Mori establecieron que el manejo del conflicto por parte del gobierno uruguayo provocó un descenso de 10% en el nivel de aprobación presidencial de Tabaré Vázquez, llegando al 44% y convirtiéndose así en la segunda caída significativa de los niveles de aprobación del mandatario uruguayo. A la vez, el nivel de aprobación del canciller uruguayo Reinaldo Gargano, cayó del 39% a un 29%.

De acuerdo con encuestas realizadas por Robustelli & Asociados, el 85% de los entrerrianos está de acuerdo con los cortes de ruta en rechazo de las plantas de celulosa, en tanto que un 80% piensa que el gobernador Jorge Busti está apoyando totalmente el reclamo, mientras que ese porcentaje se reduce al 55% cuando se trata de considerar el apoyo del gobierno nacional. Por su parte, de acuerdo a encuestas realizadas por el diario Clarín, el 79,6% de los consultados consideraba adecuado recurrir a la Corte de la Haya, y el 73,3% manifestó que estaba de acuerdo con la decisión de Kirchner de convocar a los gobernadores a apoyar el reclamo contra las plantas de celulosa.

Básicamente Uruguay sostiene que los informes realizados por las empresas y el realizado por el Banco Mundial han sido adecuadamente verificados por las autoridades, demuestran que las plantas no causarán contaminación alguna y son suficientes para construir, sin más trámites, las plantas en los sitios originalmente establecidos. Adicionalmente Uruguay ha destacado que Argentina posee varias plantas de celulosa instaladas sobre sus ríos, muchas de ellas con tecnologías más contaminantes que las que se utilizarían en Fray Bentos.

El informe técnico realizado por Argentina destaca las críticas del informe de la Ombudsman de la Corporación Financiera Internacional (Banco Mundial) a los procedimientos efectuados, cuestiona la ausencia de criterios para definir la localización de las plantas, expone varias insuficiencias en los informes del Banco Mundial y los de las empresas, para sostener finalmente que resulta necesario realizar un nuevo informe técnico independiente.

El 24 de mayo de 2006 la Asociación de Universidades Grupo Montevideo, integrado por las 18 universidades públicas del Mercosur, envió una carta a ambos presidentes ofreciéndose para realizar un estudio de impacto ambiental, a cargo de expertos y técnicos de esas casas de estudio.

El 22 de septiembre de 2006 la compañía española ENCE anunció que había decidido interrumpir las obras en Fray Bentos y relocalizar la planta de celulosa. Se informó también que una vez decidido el nuevo destino la empresa "duplicará su producción". El presidente de la compañía española, José Luis Arregui, desmintió las versiones que indicaban que la decisión de interrumpir la obra y relocalizar la planta tenga alguna relación con el conflicto bilateral, apuntando a los problemas de infraestructura vial.

A comienzos de la segunda semana de diciembre se supo que la planta será instalada en Paraje Pereyra, cerca de la localidad de Conchillas, en el departamento de Colonia. La planta producirá al mismo nivel que la de Botnia, un millón de toneladas de pasta de celulosa por año, y estaría funcionando a partir de 2009.

Luego de la correspondiente autorización del Gobierno de Uruguay, el día 8 de noviembre de 2007 comenzó sus actividades la planta de Botnia en Fray Bentos.

A partir de ese momento se realizan sistemáticos controles ambientales por parte de Uruguay y de Argentina. Los controles uruguayos, supervisados por organismos canadienses, no muestran ningún signo de contaminación superior a la prevista, siendo en muchos items sustancialmente menor a la prevista. Argentina no ha divulgado hasta la fecha los resultados de ninguno de sus controles. Sin embargo un estudio efectuado por la Universidad de Buenos Aires filtrado a la prensa reveló que la calidad del aire en el entorno de la planta no se había alterado por el funcionamiento de la planta de Botnia.

En siete meses posteriores a su puesta en marcha Botnia produjo más de 600.000 toneladas de pulpa; a un año de su inauguración el gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, afirmó que de acuerdo a estudios realizados "no se ha detectado contaminación en el Río Uruguay".

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