Baltasar Garzón

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Publicado por t800 01/03/2009 @ 07:42

Tags : baltasar garzón, personalidades del ámbito judicial, justicia, sociedad

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Baltasar Garzón

El juez Garzón en una visita a la (ESMA), un centro clandestino de detención en la guerra sucia en Argentina.

Baltasar Garzón Real (Torres, Jaén, 26 de octubre de 1955) es un juez español. Es un conocido magistrado, juez titular del Juzgado Central de Instrucción número 5. Estos juzgados investigan los delitos cuyo enjuiciamiento corresponde al Juzgado Central de lo Penal o a la Audiencia Nacional, tribunales españoles que enjuician en primera instancia los delitos con implicaciones en todo el territorio o de mayor gravedad.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla en 1979. Antes de terminar sus estudios, desempeñó distintos trabajos como albañil, camarero, y ayudó a su padre en una gasolinera.

Aprobó las oposiciones para juez en 1981. Su primer destino fue Valverde del Camino (Huelva). Posteriormente, fue trasladado al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Villacarrillo (Jaén). En 1983 ascendió a magistrado, siendo destinado al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Almería. En 1987 se le nombró inspector delegado para Andalucía del Consejo General del Poder Judicial, y en 1988 tomó posesión como magistrado del Juzgado de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional. Tambien ha sido profesor de Derecho penal en la Universidad Complutense de Madrid.

Baltasar Garzón está casado y es padre de 3 hijos.

Garzón cobró fama internacional por promover una orden de arresto contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet por la muerte y tortura de ciudadanos españoles durante su mandato, y por crímenes contra la Humanidad, básandose en el informe de la Comisión chilena de la verdad (1990-1991) y en el caso Caravana de la Muerte instruido en Chile por el juez Juan Guzmán Tapia. Garzón ha manifestado reiteradamente su deseo de investigar también al ex secretario de Estado estadounidense Henry Kissinger en relación con la instauración de las dictaduras de la década de 1970 en América Latina en lo que se llamó la Operación Cóndor.

Garzón asimismo abrió la posibilidad de que se levantaran en España cargos de genocidio contra funcionarios argentinos por la desaparición de ciudadanos españoles durante la dictadura argentina de 1976-1983. En ese marco, el 19 de abril de 2005, la Audiencia Nacional condenó al represor Adolfo Scilingo a 640 años de prisión.

En abril de 2001, solicitó al Consejo de Europa desaforar al entonces primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, miembro de la asamblea parlamentaria del Consejo.

En diciembre de 2001, Garzón puso en marcha una investigación de las cuentas en el extranjero del segundo banco más grande de España, BBVA, por supuestos delitos de lavado de dinero. En enero de 2003, el magistrado criticó acremente al gobierno de Estados Unidos por la detención de sospechosos de al Qaida en la bahía de Guantánamo, Cuba. También hizo una campaña intensa contra la guerra de Irak de 2003.

También ordenó el arresto de Osama bin Laden, jefe de la red terrorista Al-Qaeda.

Desde septiembre de 2008 Garzón está recabando información del Gobierno, la Conferencia Episcopal y varios ayuntamientos con el fin de elaborar un censo de fusilados, desaparecidos y enterrados en fosas comunes a partir del golpe de estado del 18 de julio de 1936.

El 16 de octubre del 2008, Garzón se declaró competente para investigar las desapariciones registradas durante la Guerra Civil española y los primeros años de la dictadura militar de Francisco Franco, e instruyó la apertura de 19 fosas comunes diseminadas en todo el país, entre ellas en la que se supone se encuentra enterrado el poeta Federico García Lorca.

Sin embargo el 16 de noviembre de 2008, Garzón decidió inhibirse del caso. El juez explicó que dejó de instruir la causa porque ya no hay responsables vivos contra los que dirigir la acción penal, aunque considera que los delitos "permanecen" y no prescribieron. Garzón dijo que ahora corresponde a los juzgados provinciales en los que se encuentren las fosas investigar las miles de personas desaparecidas durante ese periodo.

Investigó a Jesús Gil, antiguo alcalde de Marbella y dueño del Club Atlético de Madrid, por corrupción.

Asimismo, ha dirigido importantes operaciones contra el tráfico de drogas, especialmente en Galicia.

Tras su paso por la política en las listas electorales del PSOE, volvió a la Audiencia Nacional donde sus investigaciones contra el llamado terrorismo de Estado contribuyeron también a denunciar las acciones de José Barrionuevo Peña, Ministro de Interior del PSOE, con relación a los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), la llamada "guerra sucia" contra el terrorismo. Éste fue uno de los factores que llevó a la derrota del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en las elecciones de 1996.

Estos hechos han sido duramente criticados por los movimientos de defensa del euskera, que consideran que el cierre de periódicos atenta más contra la cultura vasca que contra el terrorismo de ETA.

El tesorero nacional del Partido Popular, el senador por Cantabria, Luis Bárcenas, denuncia la "filtración selectiva" de información del "sumario secreto" sobre la operación Gürtel y considera que Baltasar Garzón podría estar incurriendo en un delito de revelación del secreto de sumario con las constantes filtraciones de esta causa. En su escrito solicita al Consejo General del Poder Judicial de España que proceda a realizar las actuaciones pertinentes para "el esclarecimiento de los hechos y la defensa de la legalidad" y que adopte cuantas medidas procedan a dicho fin, "procediendo a la inspección urgente del juzgado central número 5 y a la incoación del expediente disciplinario que corresponda". El órgano de gobierno de los jueces aprueba una declaración institucional en defensa de la independencia del juez de la Audiencia Nacional, hubo consenso entre todos los vocales excepto Almudena Lastra, que votó en contra.

Mientras que el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, justifica querella criminal por prevaricación Baltasar Garzón, porque el magistrado "no es imparcial, se ha saltado la ley, no debería estar conociendo este caso y está generando indefensión" en miembros del PP, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, asegura que el PP se está equivocando de "enfoque" en el caso Gürtel ya que, en su opinión, no se trata de una causa general contra el PP, además, consideró "inaceptable" que se ataque a Garzón desde el Parlamento.

Los críticos de Garzón señalan que el magistrado parece ansioso de llamar la atención pública. Esto, afirman, le puede haber llevado a investigaciones apresuradas terminando en veredictos de exoneración. Sus críticos utilizan frecuentemente el término "juez estrella" para describirle.

Recientemente Garzón parece haber participado en una polémica cacería en Jaen, junto con el ministro de justicia Bermejo(PSOE)lo que ha provocado el revuelo en el PP,que esta siendo investigado por este juez, ya que afirma el PP que Garzon no es un juez objetivo y que tiene animadversion con su partido, con este argumento han presentado un recurso de recusación contra él.

En 1993, tras varios contactos con miembros relevantes del PSOE como José Bono y Felipe González (quien fue presentado a Garzón por el primero), Garzón tomó la decisión de abrir un paréntesis en su carrera en la judicatura y adentrarse en la política con la alegada intención de poner fin a la corrupción que parecía haberse instalado bajo el manto del gobierno socialista. Su deseo de verse libre de ataduras de partido y de verse solamente dependiente de quien él consideraba por entonces principal valedor de ese deseo de regeneración democrática (Felipe González), para algunos, o su ambición, para sus detractores, le llevaron a solicitar su inclusión en las listas electorales como número dos por Madrid, justo detrás del Presidente González.

Tras la victoria electoral de 1993, fue declarado jefe de un fortalecido Plan Nacional contra las Drogas. No obstante, y a pesar de llegar a ser número dos de Interior, y según sus defensores, la constatación de la poca predisposición de la cúpula socialista a tomar medidas enérgicas contra la corrupción lo llevó a su abandono de la política poco después de que Belloch se hiciera con las riendas de la fusión de los ministerios de Justicia e Interior.

Aparte de estos libros, hay otra obra destacable acerca de Garzón, cuya autora es la conocida periodista Pilar Urbano, su título es: Garzón: El hombre que veía amanecer. Biografía autorizada, motivo de escándalo pues en ella presuntamente se desvelan secretos sumariales. Sus enemigos lo tacharon de hagiografía, pero permite saber algo más acerca de la vida e ideología del juez. Para tener un testimonio de primera mano sobre su forma de actuar resulta muy útil leer las memorias de José Amedo donde se hace un retrato muy vivido del personaje y de las circunstancias que rodearon la segunda instrucción del caso GAL.

También hay diversas obras muy críticas con él, como Garzón. La otra cara de Pepe Rei (Tafalla, Txalaparta Editorial, 1999), antiguo redactor jefe de Egin y director de la desaparecida revista mensual Ardi Beltza, quien fue procesado por el propio Garzón por su relación con ETA. Rei le acusa de permitir torturas a los presos etarras prolongando el tiempo de detención y no atendiendo sus denuncias. Pepe Rei se encuentra actualmente en libertad y libre de todo cargo.

En la actualidad ha sido publicado su último trabajo La Línea Del Horizonte donde reflexiona de una forma muy personal sobre la impunidad y el olvido de determinadas injusticias y atrocidades, los fenómenos migratorios, la Educación en un mundo globalizado, y otras cuestiones. Con una mirada crítica, comparativa y de visión de futuro.

Al principio



Ejército Zapatista de Liberación Nacional

Flag of the EZLN.svg

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) es una organización político-militar cuyo mando tiene por nombre Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General (CCRI-CG) del EZLN, derivado de su composición mayoritariamente indígena. Salió a la luz pública en el estado mexicano de Chiapas el 1 de enero de 1994 al tomar varias cabeceras municipales el mismo día que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

La teoría y la praxis zapatistas lo colocan a la par de otros movimientos de la llamada posguerra fría, tales como el sin tierra brasileño, el piquetero argentino, el cocalero boliviano, el okupa europeo, o el antiglobalización de sectores de las sociedades urbanas; ligados a un discurso y un quehacer etiquetado como contracultural que algunos autores identifican con una supuesta Generación Z de movimientos de izquierda y anticapitalistas que no buscan, a diferencia de otros movimientos estadocentristas, la toma del poder estatal.

Durante el régimen del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que duró más de 70 años, los movimientos campesinos, obreros y populares que disentían del modelo de nación priísta enfrentaron consecutivas y sistemáticas represiones (léase persecución, detenciones ilegales, desaparición forzada y asesinato) de centenares de estudiantes, campesinos, trabajadores, maestros, etcétera, a lo largo y ancho del territorio nacional. Esto dio paso a que muchos jóvenes consideraran los canales legales de participación política cerrados y apostaran por la formación de organizaciones armadas para buscar el derrocamiento de un régimen que desde su punto de vista era autoritario, y mejorar así las condiciones de vida de la población.

Entre estas organizaciones, todas de corte clandestino, se encontraban el Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo (PROCUP), la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR), el Partido de los Pobres (PDLP), la Liga Comunista 23 de Septiembre y las Fuerzas de Liberación Nacional (FLN). De este último grupo, según el mismo EZLN y de acuerdo con diversas fuentes entre las que se encuentran investigaciones del gobierno mexicano, surgió el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). En un acto del 17 de noviembre de 2006, el vocero del EZLN, Subcomandante Insurgente Marcos, afirmó: "En Monterrey, Nuevo León, hace más de 37 años, un pequeño grupo de personas nacieron lo que llamaron Fuerzas de Liberación Nacional. Desde su origen la dotaron de una ética de lucha que después heredaríamos quienes somos parte del Ejército Zapatista de Liberación Nacional." Las FLN se fundaron el 6 de agosto de 1969 en el norte del país: (Monterrey, Nuevo León) y, a decir del general Mario Arturo Acosta Chaparro, en su informe Movimientos subversivos en México, “tenían establecidas sus zonas de operaciones en los estados de Veracruz, Puebla, Tabasco, Nuevo León y Chiapas”.

En febrero de 1974 se suscitaría en San Miguel Nepantla, Estado de México, un enfrentamiento entre un comando del Ejército federal, al frente del cual estaba el entonces teniente coronel Acosta Chaparro, e integrantes de las FLN. Algunos de estos perderían la vida a raíz del combate, como Carmen Ponce y Dení Prieto, y otros serían arrestados para ser después torturados, como le sucedió a María Gloria Benavides.

Dado lo certero del golpe, las FLN se replegaron a una clandestinidad todavía más cerrada, y no sería sino hasta principios de la década de los ochenta cuando algunos de sus militantes decidirían la fundación de lo que ahora conocemos como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

Según documentos zapatistas, la historia del EZLN tuvo siete etapas. La primera fue la de selección de los insurgentes (cinco hombres y una mujer) que formarían la primera célula político-militar de la organización. La segunda sería la de la fundación propiamente dicha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, tras la instalación del primer campamento zapatista en Chiapas, al que llamarían “La Pesadilla”. La tercera etapa fue de preparación y estudio de estrategia y táctica militar, a partir de manuales de los ejércitos estadounidense y mexicano; de instalación de nuevos campamentos como “El Fogón”, “Reclutas”, “Baby Doc”, “De la Juventud” y hasta uno llamado “Margaret Thatcher”.

En la cuarta etapa, más o menos hacia 1985, el grupo insurgente hizo los primeros contactos con los pueblos de la zona. A la quinta etapa el mismo EZLN la llama “de crecimiento explosivo”, porque su área de influencia abarcó no sólo la Selva Lacandona, sino también las zonas de Los Altos y el norte de Chiapas. La sexta etapa enmarcó una votación a lo interno de la organización, respecto a ir o no a la guerra contra el gobierno mexicano y, luego del “sí” mayoritario, los preparativos para el levantamiento (los zapatistas sitúan cronológicamente en esta etapa un enfrentamiento en mayo de 1993 con elementos del Ejército federal, al que llamaron “Batalla de la Corralchén”).

Entre la madrugada del 29 de diciembre de 1993 y la tarde del 31 se sucedería la séptima etapa, el objetivo: atacar simultáneamente cuatro cabeceras municipales y otras tres más “al paso”, reducir a las tropas policiacas y militares en esas plazas y asaltar dos grandes cuarteles del Ejército federal.

La irrupción del EZLN en el escenario político se da en diciembre de 1993, durante la víspera del año nuevo, con la toma de las cabeceras municipales de San Cristóbal de Las Casas, Altamirano, Las Margaritas y Ocosingo; y, “de paso”, las de Oxchuc, Huixtán y Chanal. Ése mismo día, dirigiendo el avance sobre Las Margaritas, municipio que albergaría al que sería llamado el primer Aguascalientes zapatista, caería muerto el Subcomandante Insurgente Pedro, jefe del estado mayor del EZLN.

Aunque ya existían diversos informes que daban cuenta de la presencia zapatista en la región conocida como los Altos de Chiapas, el acto tomaría desprevenido al Gobierno federal, el cual se preparaba para la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre Estados Unidos, Canadá y, precisamente, México.

Inicialmente, en la Primera Declaración de la Selva Lacandona, el grupo insurgente, amparándose en el Artículo 39º de la Constitución Política de México, planteaba el derrocamiento del entonces presidente, Carlos Salinas de Gortari, bajo la acusación de que en las elecciones de 1988 "había usurpado el puesto de primer mandatario tras un fraude electoral de enormes proporciones" y, con ese mismo supuesto, declaraba la guerra al Ejército federal llamando a los poderes Legislativo y Judicial “a restaurar la legalidad y la estabilidad de la Nación deponiendo al dictador”.

El sexenio salinista tenía como punto de partida un proceso electoral plagado de irregularidades que iban desde un padrón con ciudadanos que inclusive ya habían fallecido y aún así aparecía que habían votado, hasta un sistema de cómputo de los resultados que cuando iba arrojando cifras a favor del contrincante, el ex priísta Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, se "vino abajo"; pasando por la quema de la paquetería electoral cuando la sociedad y los partidos políticos de oposición demandaban la revisión de ésta para esclarecer y dar certeza a la elección. Sin embargo, precisamente porque se quemaron las boletas de la elección, la teoría del fraude quedó como una idea que predominó en buena parte de la población mexicana sin que se hubiera demostrado. Más aún, para 1994 el gobierno de Salinas de Gortari gozaba de tan buena reputación, lo mismo en México que en el extranjero, que llegó a postularse para presidir la Organización Mundial del Comercio (OMC) y se manejaba en algunos círculos de la política nacional la posibilidad de reformar la Constitución para permitir su reelección.

En las primeras horas del 1 de enero el EZLN inició la ocupación de San Cristóbal de las Casas y de otras siete cabeceras municipales. El 2 de enero atacó la XXXI Zona Militar en un combate que duró más de diez horas a pesar de que el comandante militar, el general Gastón Menchaca Arias, había concedido el día franco a varios integrantes de sus tropas con motivo del año nuevo; finalmente, el EZLN no consiguió su objetivo y se replegó selva adentro.

Al mismo tiempo, en Ocosingo se llevaría a cabo una de las batallas más sangrientas de aquellos primeros días de enfrentamientos, pues el EZLN no había alcanzado a organizar la retirada cuando un batallón militar ya había llegado para reforzar la plaza. Según fuentes gubernamentales, el Ejército federal combatiría al EZLN con la instrucción de cuidar a la población civil; lo que se dificultó cuando los subversivos se protegian usando a los pobladores como rehenes.

Para el 4 de enero el ejército ya tenía el control total de Ocosingo y las demás cabeceras municipales que el EZLN había tomado. Durante los siguientes ocho días la capacidad de ataque del EZLN era casi nula. Los informes castrenses confirmaban la derrota del EZLN a manos del Ejército federal y su fracaso respecto a la Primera Declaración de la Selva Lacandona en cuanto a "marchar hasta la Ciudad de México", ya que militarmente los rebeldes no tuvieron oportunidad de ir más allá de los municipios inicialmente tomados.

Por el contrario, el Gobierno federal respondió a la insurrección zapatista con un despliegue de fuerza que motivó que buena parte de la sociedad civil con posiciones ideológicas más identificadas a la izquierda del espectro político saliera a las calles demandando el cese de las hostilidades y el comienzo de un proceso de diálogo para alcanzar la paz. A ello, el Gobierno, que mantenía una continua presión militar sobre los rebeldes, respondería con el ofrecimiento de una amnistía si estos deponían las armas. El EZLN, por su parte, aceptaría sentarse a una mesa de diálogo con el Gobierno, aunque sin dejar las armas.

Para mediados de 1994, el EZLN tenía ya un variado intercambio epistolar con personalidades no sólo del ámbito político; sino, especialmente, con hombres y mujeres del mundo del arte y la cultura. Así, el discurso zapatista pronto se vio plagado lo mismo de citas y alusiones a escritores como León Felipe, Federico García Lorca, Paul Valéry, Miguel de Cervantes, Bertolt Brecht, Sor Juana Inés de la Cruz, Eduardo Galeano, William Shakespeare, Manuel Vázquez Montalbán, entre otros; que de poesía, en verso o prosa, que recuerda a libros como el Chilam Balam o el Popol Vuh.

La sensación de que se estaba en medio de una guerra en Chiapas, donde el Ejército federal tenía apostados según los cálculos más conservadores 12 mil efectivos y centenares de retenes y bases de operaciones militares, se había ido diluyendo en la opinión pública al grado de que de un momento a otro se esperaba la firma de la paz. El gobierno, a pesar de las acusaciones de estar militarizando la llamada "zona de conflicto" y de extender la presencia castrense a lo largo y ancho del territorio nacional, fue recuperando parte del control político de la situación, de modo que no se veía ningún obstáculo serio para la realización de las elecciones federales de ese año. El EZLN, por su parte, había hecho de los Diálogos de Catedral el escenario de una de sus acciones propagandísticas más importantes hasta ese momento.

En respuesta, el EZLN se retiraría del diálogo en San Cristóbal y tras emitir una alerta roja en el territorio de su influencia, convocaría mediante su Segunda Declaración de la Selva Lacandona a la realización de una Convención Nacional Democrática (CND), “nacional, soberana y revolucionaria”, cuya apuesta a mediano plazo sería la "instauración de un gobierno de transición" y la conformación de un "nuevo Constituyente" que a su vez redactaría una "nueva Carta Magna".

Los mensajes, ensayos, cartas y comunicados zapatistas darían cuenta de argumentaciones políticas, demográficas, culturales, filosóficas, económicas, que entretejían los elementos fundamentales de su pensamiento. Aparecerían frases como “mandar obedeciendo” o “un mundo donde quepan muchos mundos”, que irían mostrando lo que los zapatistas entienden por democracia e internacionalismo; desvelando lo que de complejo tienen fenómenos como la guerra de baja intensidad y la militarización; el neoliberalismo y la globalización; los derechos colectivos de los pueblos indígenas y particulares de las mujeres; la autonomía y la resistencia, o la dignidad y la rebeldía.

Sin embargo, la CND se vería desmovilizada luego de las elecciones federales de 1994 y del triunfo de Ernesto Zedillo Ponce De León, quien siendo coordinador de campaña de Colosio, tras la muerte de éste, se convertiría en el candidato priísta a la presidencia de la República.

Con Zedillo, el zapatismo enfrentaría una ofensiva político-militar mucho más determinante que con Salinas. El punto de partida sería la convalidación del fraude electoral a nivel estatal que dejaba la gubernatura de Chiapas en manos del priísta Eduardo Robledo Rincón, a pesar del cúmulo de pruebas (cartografía amañada, aprobación de distritos y casillas atravesando montañas y cañadas en vez de secciones electorales siguiendo la geografía natural para impedir que miles de campesinos e indígenas pudieran votar, recolección de credenciales de elector por parte del Ejército federal; presencia de caciques en las urnas, coacción del voto a través de formas clientelares diversas, amenazas directas y de desaparición o cambio de actas, etcétera) presentadas por Alianza Cívica Nacional y Chiapaneca, y que venían a demostrar que el conjunto de las irregularidades sí afectó los resultados de la elección, modificando la correlación de fuerzas a favor del candidato priísta local.

En respuesta, diversas organizaciones chiapanecas trazaron un plan de resistencia civil que incluyó, en diciembre de ese 1994, la toma de posesión de Amado Avendaño Figueroa, director del periódico local El Tiempo y candidato perredista a la gubernatura, como “gobernador en rebeldía”; ello incluyó la entrega del bastón de mando por parte de los pueblos indígenas del estado, los cuales habían decretado su autonomía desde octubre.

En el campo de lo abiertamente militar, Ernesto Zedillo sostenía el discurso de que le importaba alcanzar una paz con justicia y dignidad mediante el diálogo verdadero, pero en la práctica dispuso todo lo contrario en su papel de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. Así, mientras se esperaba el reinicio de las pláticas de paz, unilateralmente ordenaba el cese de la tregua que se había mantenido desde enero de 1994 y en febrero de 1995 resolvió el aumento de presencia militar en Chiapas, con una estancia inicial de 50 mil soldados.

El Gobierno federal parecía estar siguiendo el esquema israelí de combate a la insurgencia: “con una mano o una estrategia, se buscaban negociaciones políticas con el EZLN por parte de la Secretaría de Gobernación, mientras con la otra la Procuraduría General de la República dictaba órdenes de aprehensión en contra de quienes supuestamente conformaban su dirigencia para dar cobertura judicial a una acción fundamentalmente político-militar en que el Ejército fue utilizado contraviniendo la Constitución”.

Apenas un mes antes, el EZLN había emitido su Tercera Declaración de la Selva Lacandona, en la cual, luego de citar un manifiesto de Benito Juárez, reivindicaba que su lucha era nacional y no local, pues “la cuestión indígena no tendrá solución si no hay una transformación radical del pacto nacional”, y hacía un llamado a todas las fuerzas sociales y políticas del país a la formación de un Movimiento para la Liberación Nacional. En teoría, este movimiento lucharía “por la instauración de un gobierno de transición, un nuevo constituyente, una nueva carta magna y la destrucción del sistema de partido de Estado”; y, para ello, invitaban a la CND y a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, candidato presidencial en 1988 por parte del Frente Democrático Nacional (FDN)., a encabezar lo que esperaban se convirtiera en un gran frente opositor; lo que nunca ocurrió.

Aún así, la persecución y el arresto de parte de la supuesta dirigencia zapatista llamó a la sociedad civil a volcarse de nuevo a las calles; no necesariamente para constituir el Movimiento para la Liberación Nacional, sino para detener la nueva escalada represiva. El resultado inmediato fue la aprobación de la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas que, por un lado, dio paso a las Mesas de San Miguel, escenario de la firma entre el Gobierno federal y el EZLN del “Protocolo de Bases para el Diálogo y Negociación del Acuerdo de Concordia y Pacificación con Justicia y Dignidad”, punto de partida del diálogo en San Andrés (Larráinzar, para el gobierno; Sakamch’en, para los rebeldes); y, por otro lado, a la organización de lo que el EZLN llamó la Consulta Nacional e Internacional por la Paz y la Democracia.

2. ¿Deben las distintas fuerzas democratizadoras unirse en un amplio frente ciudadano, social y político de oposición y luchar por estas 12 demandas principales?

3. ¿Los mexicanos debemos hacer una reforma política profunda que garantice la democracia?

4. ¿Debe el EZLN convertirse en una fuerza política, independiente y nueva, sin unirse a otras organizaciones políticas?

5. ¿Debe el EZLN unirse a otras organizaciones y, juntos, formar una nueva organización política?

6. ¿Debe garantizarse la presencia y participación equitativa de las mujeres en todos los puestos de representación y responsabilidad en los organismos civiles en el gobierno?

La Consulta por la Paz y la Democracia vendría a ser el primero de muchos plebiscitos que el EZLN haría a la sociedad civil. Ya en abril de 1994, la Coordinadora Nacional de Acción Cívica-Liberación Nacional, conocida por sus siglas como CONAC-LN, y cuyo buffet jurídico sería designado por el Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del EZLN como sus abogados por un corto tiempo, había realizado una consulta respecto a los 11 puntos que el mismo EZLN enarbolaba en su Primera Declaración; pero, la consulta de 1995, sería la primera convocada directamente por el Ejército Zapatista.

Las preguntas de esta consulta eran inicialmente cinco; pero, por presión de algunos sectores feministas que exigieron un reconocimiento de la participación equitativa de las mujeres en la vida política y social del país, se incluyó una sexta pregunta: Si se estaba o no de acuerdo en que se debía garantizar la presencia y participación equitativa de las mujeres en todos los puestos de representación y responsabilidad en los organismos civiles en el gobierno.

El total de participantes fue de un millón 300 mil, en la Consulta Nacional (que incluyó un ejercicio de Consulta Juvenil para menores de 15 años), y de casi 60 mil en la Internacional, provenientes de 28 países distintos. Las respuestas más claramente definidas fueron las relacionadas con las preguntas 1, 2, 3 y 6; pero en las 4 y 5, donde se preguntaba por la definición que tomaría el EZLN respecto a su futuro político, la votación quedó muy cerrada, determinando que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional debía convertirse en una fuerza política, independiente y nueva, sin unirse a otras organizaciones para juntas formar una nueva organización política.

El año de 1996 llegaría con la respuesta política del EZLN acerca de los resultados de la Consulta Nacional e Internacional por la Paz y la Democracia y con la firma de los acuerdos de la primera de las seis mesas. Estos compromisos serían conocidos como los Acuerdos de San Andrés.

Mientras se desarrollaban los diálogos de San Andrés, el EZLN retomó el llamado que había hecho a la sociedad civil en su Tercera Declaración de conformar un frente amplio de oposición. Para ello, y como respuesta a la opinión vertida en torno a la Consulta de 1995, convocó a la construcción de nuevos Aguascalientes como lugares de encuentro entre la sociedad civil y el zapatismo, a la celebración de un Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el Neoliberalismo, a la realización de un Foro Nacional Indígena (del que nacería lo que luego se conocería como Congreso Nacional Indígena) y a la creación de una nueva fuerza política nacional, con base en el EZLN, cuyos integrantes no desempeñarían cargos de elección popular o puestos gubernamentales, porque "no aspiraría a la toma del poder": el Frente Zapatista de Liberación Nacional (FZLN).

La fundación del FZLN traería consigo la tercera incursión pacífica fuera de territorio chiapaneco de insurgentes zapatistas: la primera había sido en octubre de 1996, cuando la Comandanta Ramona asistiera en representación del EZLN a la primera reunión plenaria del Congreso Nacional Indígena y dirigiera desde el zócalo capitalino un mensaje a la nación con motivo del considerado por algunos Día Continental de Lucha-Grito de los Excluidos; la segunda fue en agosto de ese mismo 1997 en que se fundaba el FZLN, cuando Dalia y Felipe, integrantes de las bases de apoyo del EZLN, acudieron al II Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el Neoliberalismo, llevado a cabo en distintas ciudades españolas. Esta vez, un hombre y una mujer por cada municipio zapatista, 1,111 en total, acompañarían la celebración que se llevaría a cabo en el Salón Los Ángeles, de la colonia Guerrero, en la Ciudad de México; a unas cuadras de la histórica Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco.

En julio de 1996, la Mayor Insurgente Ana María leería en el Aguascalientes 2, Oventic, el discurso de bienvenida al I Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el Neoliberalismo, el Primer Intergaláctico, a unas 4 mil personas que desde diferentes latitudes del planeta acudieron a la cita que el EZLN hiciera a través de la Primera Declaración de La Realidad, desde el mes de enero; en torno a cinco mesas de trabajo: 1) ¿Qué política tenemos y qué política necesitamos?; 2) La cuestión económica: historias de horror; 3) Todas las culturas para todos. ¿Y los medios? De las pintas al ciberespacio; 4) ¿Qué sociedad que es no es civil?, y 5) En este mundo caben muchos mundos .

Como resultado de los trabajos, donde participaron personalidades como Danielle Mitterrand, Eduardo Galeano, Daniel Viglietti, Alain Touraine, Yvon Le Bot, Carlos Monsiváis, Adolfo Gilly, Octavio Rodríguez Araujo, Gisèle Halimi, Tessa Brisac, James Petras, Douglas Bravo, Pablo González Casanova, Luis Villoro, Ofelia Medina o León Gieco, el EZLN emitió la Segunda Declaración de La Realidad. En ella, las y los anfitriones propusieron tejer redes intercontinentales de resistencia contra el neoliberalismo y por la humanidad, sin estructura, sin mando central y sin jerarquía, y de comunicación alternativa contra el neoliberalismo y por la humanidad; llevar a cabo en sus pueblos, países y naciones la Consulta Intercontinental por la Humanidad y contra el Neoliberalismo, que incluía preguntar si suscribían la Segunda Declaración de La Realidad y, por último, realizar el Segundo Intergaláctico en el continente europeo, donde el EZLN participaría directamente.

En marzo de 1997, durante el Encuentro Europeo por la Humanidad y contra el Neoliberalismo, celebrado en Praga, se llama a la realización del Segundo Intergaláctico, con sedes en Madrid, Cataluña, Ruesta (en Aragón), Almuñécar y El Indiano (en Andalucía), y se informará de una propuesta acerca de llevar a cabo un Tercer Intergaláctico en el Sáhara Occidental.

En un comunicado con fecha de julio de 1997, un año después del Primer Intergaláctico, el EZLN manifestaría que acudió al segundo encuentro “a presentar la imagen del otro México, el México indígena, el México rebelde y digno que lucha por ocupar un lugar en la historia junto a todos y no sobre todos, el México que resiste y no se rinde, el México que construye un futuro que no niegue ni se avergüence de su pasado”.

Más de 3 mil personas de 48 países asistieron al Segundo Intergaláctico, y llegaron, entre otras, a las conclusiones de formar una Red Mundial por la Humanidad y contra el Neoliberalismo, que luche contra la Organización Mundial del Comercio (OMC) y contra el Tratado de Maastricht. Tiempo después se crearía Acción Global de los Pueblos (AGP) en 71 países, teniendo entre sus luchas principales ir contra el Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI).

Con su irrupción el 1 de enero de 1994, amén de sus limitados recursos bélicos en cuanto a capacidad, armamento y estrategias militares, el EZLN demostraría que podía diluirse en las comunidades indígenas para reposicionarse y organizar la ofensiva en otros frentes. Por eso, el Gobierno mexicano solicitaría de asesoría estadounidense. Sin embargo, para el Pentágono también hubo sorpresas: los mandos y asesores castrenses norteamericanos se toparon con un ejército que tampoco encajó en sus modelos conocidos de insurgencia y fue necesario que expertos en asuntos estratégicos y militares de México determinaran las características particulares de esta guerrilla con base indígena.

Lo que el grupo de investigadores concluyó fue que el EZLN había estrenado una nueva forma de lucha, la Netwar Social, una especie de respuesta a la guerra psicológica que desarrolla la llamada Guerra de Baja Intensidad (GBI), que vino a eufemizar las famosas operaciones de contrainsurgencia de las décadas de los setenta y ochenta, pues, al ser la meta de esta última el mantener controladas las mentes de su población-objetivo por conducto de la desinformación, con la Netwar Social se busca restituir los lazos de comunicación entre las agrupaciones que luchan por cambiar sus sistemas de explotación nacionales, al tiempo que “apuntan a afectar lo que su antagonista sabe o piensa que sabe no nada más sobre quien lo desafía, sino también sobre él y el mundo que le rodea”.

Cámaras fotográficas, grabadoras de audio y video, equipos de radiocomunicación electrónica y celular y, por supuesto, computadoras u ordenadores se convirtieron entonces en los principales conductos por los que se transmitirían la palabra y el silencio zapatistas. Así, “los insurgentes se pusieron al frente de las operaciones de información”, lo que provocó que “descentralizaran su organización aún más y desenfatizaran las operaciones de combate para lograr vínculos más firmes con las ONG’s de la sociedad civil global, cuyo enfoque es más informativo que económico, político o militar”; ocasionando a su vez que la rebelión diera un giro enorme para, de ser una guerra popular prolongada tipo maoísta, convertirse en la primera demostración mundial de lo que es la Netwar Social.

Del otro lado, las Fuerzas Armadas (FFAA) en México continuaban actuando más en una lógica contrainsurgente, propia de la década de los años 70; así que se vieron en la necesidad de modernizarse, decisión que los insurgentes y las organizaciones sociales que simpatizaban con su lucha identificaron como una escalada a la militarización.

Este proceso incluyo una extensa reorganización del ejército, incluyendo su participación directa en la seguridad interna, un aumento significativo en el presupuesto y ayuda directa del Pentágono, así como un aumento en el número de elementos entrenados en la Escuela de la Américas de EE.UU. y otros países.

Según algunos analistas, entre mayo y diciembre de 1997 ocurrieron unos 30 sucesos violentos en las comunidades de Yaxjemel, Quextic, Pechiquil, Yabteclum, Los Chorros, Colonia o Ejido Puebla, La Esperanza, Polhó, Tzanembolom, Majomut, Canolal, Yibeljoj, Aurora Chica, Takiukum, Chimix, entre otros; donde estuvieron involucrados por lo menos unos siete grupos paramilitares. Todos estos eventos vendrían a significarse hacia el 22 de diciembre como la crónica de una masacre anunciada: la matanza de Acteal. Falta mencionar los motivos por los que se da.

En diciembre de 1997, mientras el Gobierno federal y el EZLN, a pesar de que aún no se hubiera cumplido lo acordado en la mesa anterior sobre derechos y cultura indígena, continuaban sentados en la Mesa de Democracia y Justicia, segunda de los diálogos de San Andrés, un grupo de aproximadamente 60 hombres vestidos con uniformes negros de campaña arribaría en camionetas de la Secretaría de Desarrollo Social al lugar donde entre 200 y 300 personas, refugiadas políticas de la organización Sociedad Civil Las Abejas, rezaban en favor de la paz y del pronto regreso a sus comunidades de origen.

Los hombres, entrenados y acompañados por efectivos del Ejército federal, dispararían sin misericordia sobre la gente, que además estaba en ayuno, por poco más de seis horas, persiguiéndola en cuevas, barrancas y cualquier otro sitio donde intentaran esconderse. Cuando a eso de las 17:00 horas la policía (que se encontraba desde las 10:30, hora en que inició el ataque, a unos 200 metros del lugar de los hechos), decidió entrar a la comunidad de Acteal, en el municipio de Chenalhó, Chiapas, lo primero que hicieron fue levantar los cuerpos ya sin vida para que de aparecer la prensa no los viera. No les serviría de nada, conforme se fueron uniendo las piezas sueltas que distintos informantes dejaron sueltas a partir de sus testimonios se iría descubriendo el grado de complicidad de todas las fuerzas armadas gubernamentales, policías o militares, apostadas en el estado.

Por el número de víctimas y sus edades, pero también por las características del crimen: al más puro estilo de los grupos de kaibiles entrenados por militares estadounidenses en su guerra de intervención en El Salvador; la matanza de Acteal obligó una vez más a los sectores progresistas de la llamada sociedad civil a salir a las calles, hacer acto de presencia en la comunidades de desplazados o realizar las más variadas acciones de solidaridad. De manera destacada, sin ser zapatistas, estuvieron tanto la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas y su obispo, Samuel Ruiz García, quien no quitaba el dedo del renglón hacia la consecución de la paz, como el Gobierno en Rebeldía y su mandatario, el periodista Amado Avendaño, comprometido realmente con la democracia y la lucha autonómica de los pueblos indígenas chiapanecos. Sin embargo, esto no sería suficiente para detener la guerra de exterminio que se cebaba sobre las comunidades indígenas pertenecientes a los municipios autónomos zapatistas.

Taniperla. El 11 de abril, un operativo policial, militar y migratorio desmantela la sede del municipio autónomo zapatista Ricardo Flores Magón. Decenas de indígenas son detenidos y 12 extranjeros provenientes de Bélgica, Estados Unidos y España que hacían labores de observación para la paz son extraditados. Un campamento castrense y un retén policial se instalan en el centro de la comunidad y a su amparo crece en la zona el grupo paramilitar llamado por sus siglas MIRA (Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista).

Amparo Aguatinta. El 1 de mayo, un operativo policial, militar y migratorio de más de mil efectivos desmantela la sede del municipio autónomo zapatista Tierra y Libertad, con un saldo de 63 detenidos, tres heridos, tres mujeres violadas y 140 desplazados. Un campamento militar y varios retenes policiales se instalan en los accesos y en el pueblo. Los miembros del Concejo que no van a la cárcel son perseguidos. Los nuevos patrullajes siembran el miedo en la población y cientos de familias son desplazadas.

Nicolás Ruiz. A las 6 de la mañana del 3 de junio más de dos mil efectivos de la policía y del ejército rodean el pueblo de Nicolás Ruiz, en el municipio del mismo nombre, caracterizado por ser de oposición al PRI y haber apoyado al EZLN. Las fuerzas armadas llegaron disparando gases lacrimógenos e incursionaron con violencia en el centro de la población, golpearon a varias mujeres embarazadas, decenas de personas y niños fueron heridos e intoxicados, las casas fueron registradas sin órdenes de cateo, y todo el dinero y pertenencias de valor fueron saqueados.

San Juan de la Libertad. Tras ocupar la sede del municipio autónomo zapatista en El Bosque, el 10 de junio miles de soldados y policías penetran a las comunidades de Chavajeval y Unión Progreso, en el municipio autónomo zapatista de San Juan de la Libertad, y abren fuego contra los campesinos causando la muerte a nueve indígenas zapatistas bases de apoyo. La gente atemorizada huyó de sus casas y se adentró en el monte. El resultado fue más de mil desplazados, pertenencias robadas y saqueadas, templos y capillas profanadas, animales muertos, cosechas destruidas y robadas también todas las identificaciones personales que existían en las viviendas de la gente.

En tan sólo un año, el costo de la militarización y la guerra de exterminio, amén de los 28 mil millones de pesos mexicanos que el Gobierno federal destinó para apoyar a los gobiernos oficiales de los municipios ubicados en la zona del conflicto, arrojaría nada más en Chiapas un saldo de por lo menos 64 expulsiones de ciudadanos extranjeros, provenientes de Italia, Suiza, España, Noruega, Francia, Estados Unidos y Canadá, entre otros países; 172 operativos policiacos, militares y paramilitares (con la participación del Ejército federal, agentes judiciales, de Seguridad Pública del estado y del Instituto Nacional de Migración, así como de militantes del PRI, PT, PFCRN); casi 500 desplazados, 296 detenidos, 28 heridos, 17 asesinatos y seis casos de violaciones a mujeres. En la mayoría de los casos con participación de las mentadas “fuerzas de autodefensa”, verdaderos grupos paramilitares.

Entre los grupos paramilitares operando en Chiapas, además del priísta Máscara Roja, a quien se le responsabiliza de la masacre de Acteal, se encuentran: Paz y Justicia (dirigido por el entonces diputado local priísta Samuel Sánchez Sánchez). Los Chinchulines, conocido públicamente como Frente Juvenil Revolucionario “Luis Donaldo Colosio”, apoyados por el ex gobernador Elmar Setzer Marseille y aliados de los dirigentes municipales en Chilón de los partidos del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional (PFCRN), Demócrata Chiapaneco (PDCH) y Acción Nacional (PAN). Los Degolladores, relacionados incluso con cuestiones de “brujería”. Alianza San Bartolomé de los Llanos, compuesto por comuneros de los barrios El Paraíso, El Grijalva, El Convento, San Pedro y 3 de Marzo; algunos comerciantes, propietarios y terratenientes de la región y militantes del PFCRN y las llamadas Fuerzas Armadas del Pueblo. Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista, con nexos con el diputado federal priísta Norberto Santiz López. Tomás Muntzer, considerado más un grupo de pistoleros y “guardias blancas” al servicio de los terratenientes de la región, que un grupo paramilitar, en su mayoría priístas. Los Tomates, con presencia en el municipio de Bochil. Los Quintos, que se dieron a conocer en el municipio de Venustiano Carranza a raíz de una agresión contra el perredista Comité de Campesinos Pobres. Los Plátanos, priístas vinculados a los diputados de su partido Alonso López Gómez y Norberto Santiz López. Los Chentes, asentados a un costado de la Base Militar de Los Sabines. Los Puñales, grupo de priístas de la comunidad La Floresta, municipio de Comitán, con apoyo del Ejército federal y la policía de Seguridad Pública. Justicia Social, comandada por los priístas Hernán Villatoro, Horacio Enríquez Escobar e Israel Molina Santiago. La Organización Clandestina Revolucionaria (OCR), guardias blancas que decían tener apoyo del gobernador en turno para poseer armas y hacer con ellas “lo que les viniera en gana”. Los Aguilares, considerado más un grupo de familiares delincuentes; asociado, eso sí, con Paz y Justicia y Los Chinchulines.

El 12 de marzo de 1999, 5 mil hombres y mujeres, insurgentes del EZLN, saldrían de los cinco Aguascalientes zapatistas (centros de encuentro político y cultural entre los sectores progresistas de la sociedad civil y el zapatismo) con rumbo a los más de 2 mil municipios del territorio nacional a promover la Consulta Nacional por el Reconocimiento de los Derechos de los Pueblos Indios y por el Fin de la Guerra de Exterminio, que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional convocó en su Quinta Declaración de la Selva Lacandona desde julio de 1998, en el marco del incumplimiento gubernamental de los llamados Acuerdos de San Andrés y la escalada guerrerista emprendida por el Ejército federal, las policías locales del estado de Chiapas y los grupos paramilitares.

Esta vez, las preguntas versarían sobre si se debían o no reconocer los derechos de los pueblos indígenas, si se debían o no cumplir los Acuerdos de San Andrés, si se debía o no retirar el Ejército federal a sus cuarteles y si se debía o no “mandar obedeciendo”. Para ello se llegarían instalar unas 20 mil casillas en torno a las cuales participarían alrededor de casi 28 mil personas de la sociedad civil en la promoción y organización, así como en la certificación de los resultados, que el 21 de marzo, día de las votaciones, recogieron el parecer de 2 millones 854 mil 737 personas en México; 58 mil 378, en el extranjero.

Más de dos mil brigadas serían registradas a lo largo y ancho del país, y 265 en otros 29 países, en un despliegue sin precedentes de organización, movilización, seguridad e ingenio de la llamada sociedad civil mexicana, al margen de los partidos políticos; los cuales, dicho sea de paso, también se preparaban para la elección de sus candidatos presidenciales.

La Consulta de 1999 significará también un acercamiento y el contacto directo entre el EZLN y otros sectores (empresarios, ganaderos, barzonistas, priístas, sacerdotes, religiosos, indígenas y no indígenas, obreros, campesinos, hasta una buena participación de miembros del ejército), que por una u otra razón se habían mantenido al margen del conflicto; implicará así mismo una vez más el rompimiento del cerco mediático gubernamental en torno de la lucha, la palabra y el pensamiento zapatistas, y se convertirá, después de los mismos diálogos de San Andrés, en la muestra más determinante de que la democracia es un ejercicio y no sólo un discurso en toda la praxis zapatista.

Por otra parte, la Consulta llegaría a ser una demostración de fuerza y de capacidad organizativa de la sociedad civil progresista, y un claro mensaje de ésta a todos los niveles de gobierno de que no apostaba por la guerra, pero tampoco estaba dispuesta a que se le escamoteara la posibilidad de una nación con libertad, justicia y democracia verdaderas. Causa de ello fue que en algunas entidades, aunque no las suficientes, las organizaciones pudieron presionar a los medios de difusión a dar una cobertura más o menos objetiva de los trabajos de las y los delegados zapatistas; se hizo una mejor difusión respecto a los contenidos de los Acuerdos de San Andrés que incluyó hasta el montaje de pequeñas puestas en escena, y se construyó un amplio escenario de participación social, cultural y política de sectores generalmente dejados de lado, como mujeres y menores de 18 años, criterio que en México determina la mayoría legal de edad y por ende la “llegada” a la ciudadanía.

Para la sociedad civil y los movimientos de izquierda que en ella se aglutinan, entre las lecciones quizás más importantes de la Consulta están la certeza de que se puede trabajar en colectivo, independientemente de las diferencias de corte ideológico; la experiencia de que el respeto y la tolerancia pueden y deben ser parte de la praxis política; la demostración de que es posible organizarse sin necesidad de acudir a apoyos gubernamentales, y que dicha organización no necesita de momentos coyunturales que la limiten a ser mera reacción, sino acción vanguardista; el reconocimiento de que para la construcción de la democracia no bastan las marchas, los mítines y demás manifestaciones públicas por sí solas, que éstas deben de acompañarse del trabajo desde las bases, desde abajo.

Entre marzo de 1999 y julio de 2000, el EZLN pareció disminuir su presencia en los medios de comunicación, lo cual fue leído como “el silencio zapatista”. Sin embargo, este “silencio” no era tal. Haciendo un breve seguimiento de las cartas, documentos y comunicados zapatistas se puede observar que en lo que al proceso autonómico toca, si bien es cierto que quien hasta ese momento había sido el vocero del EZLN, el Subcomandante Marcos, parecía estar “callado”, no sucedía igual con las autoridades de los llamados MAREZ, los Municipios Autónomos en Rebeldía Zapatistas, ni con el Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del EZLN, pues eran reiteradas sus denuncias acerca de las continuas agresiones que el Gobierno federal dirigía en contra de las comunidades zapatistas o simpatizantes de su lucha autonómica.

Por otro lado, el llamado “silencio zapatista” se rompería también cuando se celebraron encuentros como el Segundo Intergaláctico en España o el Segundo Americano por la Humanidad y contra el Neoliberalismo, en Belém do Pará, Brasil; y no faltarán los saludos e intervenciones zapatistas y de su propio vocero para con artistas y trabajadores de la cultura, en octubre de 1999, o miembros varios de la sociedad civil reunidos “contra la militarización”, en junio de 2000.

Pero la muestra más clara de que no existía el llamado “silencio zapatista” se tendría de cara a la huelga general estudiantil estallada en abril de 1999 en la máxima casa de estudios del país, la Universidad Nacional Autónoma de México, y ante el pretendido desalojo por parte del Ejército federal de los pobladores de Amador Hernández, una comunidad zapatista que impedía la construcción de una carretera cuya intención parecía ser el saqueo sistemático de la reserva natural en Montes Azules.

En 1999 estalló una huelga estudiantil en la universidad más grande de América Latina contra el aumento drástico en las cuotas, el cobro de servicios y la implementación de exámenes con orientación al mercado.

El Consejo General de Huelga (CGH), que coordinaba la huelga, contó siempre con el apoyo del Frente Zapatista y el EZLN le manifestó su apoyo incondicional de manera reiterada. El CGH por su parte se hizo presente en Amador Hernández, Chiapas, para hacer frente al Ejército federal en defensa de las comunidades zapatistas.

Con el reposicionamiento político que la movilización en el entorno de la Consulta de 1999 le otorgó, el EZLN se colocaría en el patio de butacas del gran teatro de la lucha electoral por la toma del poder y observaría los acontecimientos que enmarcarían las elecciones federales del año 2000. Aquella jornada electoral del 2 de julio, el sistema político de partido de Estado sostenido en la siamésica relación entre el presidente y el PRI, sufriría un golpe para muchos imposible de remontar: el candidato panista a la Presidencia, ex gobernador de Guanajuato y ex gerente de Coca-Cola en México, Vicente Fox Quesada, por su propio esfuerzo y apoyándose más en estrategias mercadotécnicas que en la estructura de su partido, ganaría la carrera hacia Los Pinos. El EZLN no podía hacer menos que reconocer el triunfo en las urnas del candidato de la Alianza por el Cambio y saludaría su actitud pacifista manifestada desde el primer día de su gestión, con el repliegue, que no retiro, del Ejército federal en la zona de conflicto, la designación de Luis H. Álvarez, que había sido parte de la Comisión para la Concordia y Pacificación (COCOPA), como Comisionado Gubernamental para la Paz y el anuncio de enviar la iniciativa de COCOPA al Congreso.

Para el EZLN, Fox no representaba un cambio real en las relaciones entre gobernantes y gobernados; así que le solicitará tres señales como muestras de voluntad pacífica y política. Una de ellas, la desmilitarización, quedaría reducida al retiro y cierre de sólo siete posiciones de las Fuerzas Armadas federales, cuando según el mismo EZLN hacia diciembre de 1999 había un total de 259 puntos geográficos en Chiapas controlados por el Ejército mexicano. La demanda, según declararía el EZLN en voz de la Comandanta Esther, había sido cumplida; a pesar de que no significó sino el reacomodo de puestos, bases y campamentos en otras zonas de la entidad.

Otra sería la liberación de todos los zapatistas presos en cárceles de Chiapas y otros estados; pero ésta se cumpliría a medias, pues si bien algunos de ellos alcanzarían la libertad, otros seguirían detenidos “por el grave delito de ser zapatistas”. Esto implicaba además violaciones tanto a la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas como a la Ley de Amnistía, por parte del gobierno panista y su Ejecutivo, cuyo jefe habría de olvidar su frívola promesa de campaña de “resolver el conflicto chiapaneco en 15 minutos”; lejos de cumplir con su compromiso, el primer presidente no priísta en 70 años apostaría por continuar con la estrategia contrainsurgente de quienes le antecedieron en la silla presidencial.

La tercera, que en realidad era la primera, sería el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés con base en la aprobación de la iniciativa de reformas constitucionales que en materia de derechos y cultura indígena había elaborado la COCOPA, y para darle una ayudadita anunciaría la realización de la Marcha por la Dignidad Indígena, mejor conocida como la Marcha del Color de la Tierra.

Ante este anuncio, los sectores más conservadores pondrían el grito en el cielo, pues veían en la marcha una suerte de bola de nieve que conforme avanzara hacia su destino se iría haciendo más grande, reactivándose la movilización social a favor del cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés y quedando en evidencia aquellos legisladores que le habían estado apostando a conservar sus cotos de poder, cometiendo lo que Luis González Souza llamaría “terrorismo legislativo”, “burla al electorado” y “traición a correligionarios”, y no se equivocaban.

Trazando una suerte de caracol en las regiones, sur, sureste y centro del país, 23 comandantes y comandantas del CCRI-CG del EZLN y un subcomandante, representantes de las etnias tzotzil, tzeltal, tojolabal, chol, zoque, mame y mestizo, se dirigieron a la Ciudad de México protagonizando la siguiente de muchas demostraciones de la voluntad zapatista para con la firma de una paz digna y verdadera.

David, Eduardo, Tacho, Gustavo, Zebedeo, Sergio, Susana, Omar, Javier, Filemón, Yolanda, Abraham, Isaías, Daniel, Bulmaro, Míster, Abel, Fidelia, Moisés, Alejandro, Esther, Maxo, Ismael y Marcos recorrería entre el 24 de febrero y el 11 de marzo de aquel 2001 los estados de Chiapas (saliendo de San Cristóbal de Las Casas), Oaxaca, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, Michoacán (donde asistirán al III Congreso Nacional Indígena, en Nurío), Querétaro, Estado de México y Morelos; para, luego de seguir la ruta que Zapata y el Ejército Libertador del Sur tomaran en 1914, llegar al Distrito Federal y tener un acto central en la Plaza de la Constitución, frente a Palacio Nacional.

Un ejemplo de lo sucedido a lo largo del recorrido lo tenemos en una carta que leyera el Subcomandante Marcos en la capital del estado de Morelos, tierra de Emiliano Zapata, General en Jefe del Ejército Libertador del Sur y, según la carta de Marcos, “Mando Supremo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional”. Después de una larga espera, amenizada por músicos de la entidad que entonaban las composiciones más variadas sobre los Acuerdos de San Andrés y la importancia de que fueran respetados, el vocero zapatista pediría a los francotiradores panistas, émulos de los soldados a las órdenes de Guajardo, no disparar hasta que terminara de leer la mentada carta, supuestamente escrita por el mismo Emiliano Zapata.

En ella, el discurso zapatista echaría mano una vez más de su herencia histórica y de su aportación burlona e irreverente a los movimientos de izquierda; hablaría de Fox como de Madero, quien “después de la dictadura quería que todo siguiera igual, o sea que no cambiara nada”, y lo mismo haría con el PRI y Porfirio Díaz. Citaría textualmente al Caudillo del Sur para decir que está “resuelto a luchar con todo y contra todos sin más baluarte que la confianza, el cariño y el apoyo de mi pueblo…”, y agregará que “estos muchachos y muchachas no se van a rendir ni se van a vender. Pero lo más importante es que no van a perder. Y no van a hacerlo porque yo les he enseñado todo lo que sabemos quienes tenemos a Morelos como cuna y destino”. Ante una audiencia que con cada palabra cabía cada vez menos en sí, como si de lo que se tratara aquello fuera de una fiesta, el Subcomandante zapatista terminaría la lectura con la misma frase con que Zapata había rubricado el Plan de Ayala noventa años antes: “los que no tengan miedo, que pasen a firmar”... cuatro años después, el EZLN en voz escrita del mismo Marcos parecerá decir esto mismo de nuevo respecto a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona.

La Marcha del Color de la Tierra concluiría en la Ciudad de México, centro político aunque no geográfico del país, con la participación de la delegación zapatista en la máxima tribuna de la nación: el Congreso de la Unión. Allí, ante la ausencia de la mayoría de los legisladores correligionarios del presidente de la República, la Comandanta Esther y los comandantes David, Zebedeo y Tacho, hablarían al pueblo de México y a algunos de sus representantes en el parlamento, con “palabra de verdad y respeto”.

La Comandanta Esther también reconocerá que el anuncio de la desocupación militar de Guadalupe Tepeyac, La Garrucha y Río Euseba, y las medidas para que ello se cumpliera no podían pasar desapercibidas para el EZLN: “Las armas zapatistas no suplirán a las armas gubernamentales”.

Ofreció garantías a la población civil de que la fuerza militar zapatista no sería empleada para dirimir conflictos o desacuerdos, e invitaba a la sociedad civil nacional e internacional para que instalara campamentos de paz y puestos de observación civil y certificar así que no habría presencia armada de los zapatistas.

Y solicitó al Congreso de la Unión que facilitase “un lugar dentro de su espacio para que se dé, si así lo acepta el comisionado gubernamental de paz, este primer encuentro entre el gobierno federal y el enlace del EZLN”. La puerta del diálogo parecía abrirse de nuevo.

El 25 de abril, tras el regreso de la comandancia zapatista a Chiapas, el Senado de la República aprobaría con el voto unánime de los cuatro partidos políticos con presencia en la cámara alta (PAN, PRI, PRD y PVEM), un dictamen de ley que retomaría en lo sustancial la propuesta enviada por el presidente Vicente Fox en su papel de jefe del Poder Ejecutivo al Congreso de la Unión; es decir, una iniciativa de ley que dejaba de lado elementos fundamentales de la propuesta elaborada por la COCOPA, como el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de derecho público, el acceso de manera colectiva al uso y disfrute de los recursos naturales de sus tierras y territorios, y el respeto a la libre determinación de los pueblos indígenas; entre otros.

Tres días después, la Cámara de Diputados aprobaría el dictamen de ley llegado desde la cámara alta, aunque esta vez con los votos en contra de cinco legisladores priístas oaxaqueños y los del PRD y PT en su conjunto. El siguiente paso sería la aprobación del dictamen de ley por los congresos en los estados, lo que sucedería a pesar de que los parlamentos locales de las dos entidades con mayor población indígena (Oaxaca y Chiapas), así como los de Guerrero, Baja California Sur, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Sinaloa, San Luis Potosí y Zacatecas la hubieran rechazado. De esta suerte, los congresos de Baja California, Campeche, Chihuahua, Colima, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Nayarit, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco, Sonora y Veracruz postergarían el pago de la deuda histórica que la nación mexicana tiene para con sus pueblos originarios.

El siguiente y último paso que restaba era la publicación de la reforma constitucional en materia indígena en el Diario Oficial de la Federación (DOF); es entonces cuando el movimiento indígena nacional, que había venido demandando el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés, echaría mano de una serie de recursos jurídicos que serían interpuestos por municipios, congresos y comunidades ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), rechazando la llamada contrarreforma indígena; vendría entonces un cúmulo de controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y juicios de amparo.

El 14 de agosto se publicaría en el DOF la reforma foxista en materia de derechos y cultura indígena y ello llevaría al movimiento indígena a elevar sus pronunciamientos y denuncias en instancias internacionales. Sin embargo, la SCJN, negando la admisión de pruebas periciales y testimoniales que las autoridades indígenas tenían derecho a presentar, y dando muestras de una insensibilidad y una cerrazón totales, el 6 de noviembre notificaría una resolución negativa a las reclamaciones presentadas, declarando la improcedencia de 322 controversias esgrimiendo que no tenía facultad de control sobre el poder Legislativo.

Con la resolución de la SCJN, se cerraba, pues, la última puerta del Estado mexicano a aquellos que en el Artículo 4º de su Carta Magna reconocía como su propio sustento originario: los pueblos indígenas.

Hacia 1994, en el marco de su llamado a la Convención Nacional Democrática, el EZLN se dio a la tarea de construir un espacio para facilitar el encuentro político y cultural con los sectores de la sociedad civil que según los zapatistas habían detenido la escalada de la guerra unos meses antes. A ese espacio le llamó Aguascalientes, en memoria del estado que abrigara a finales de 1914 a la Soberana Convención Revolucionaria donde se dieron cita, entre otras, las fuerzas más progresistas de la llamada revolución mexicana: los magonistas, los villistas y los zapatistas.

En medio de la ofensiva gubernamental zedillista de febrero de 1995, el Ejército federal avanzó sobre las posiciones zapatistas, entre las que se encontraba la comunidad de Guadalupe Tepeyac, donde el EZLN hiciera la entrega del general retirado Absalón Castellanos al entonces comisionado Manuel Camacho Solís. Guadalupe Tepeyac sería arrasada y su población desplazada a la montaña; y el que fuera el primer Aguascalientes zapatista, sería desmantelado completamente y convertido en cuartel-burdel.

Será hasta finales de 1995 cuando el EZLN propondrá de nuevo a la sociedad civil la construcción de nuevos Aguascalientes, como símbolo de resistencia y rebeldía. Para 1996, los Aguascalientes I (La Realidad), Aguascalientes II (Oventic), Aguascalientes III (La Garrucha), Aguascalientes IV (Morelia) y Aguascalientes V (Roberto Barrios), serán las sedes de las iniciativas político-culturales del zapatismo de ese año: Foro Nacional Indígena, Encuentro Nacional de Comités Civiles para el Diálogo Nacional, Foro Especial para la Reforma del Estado, Primer Encuentro Americano contra el Neoliberalismo y por la Humanidad y Primer Intergaláctico. No será extraño que estos centros culturales, que contaban con auditorios, clínicas de salud, letrinas, bañeras, bibliotecas, gradas, dormitorios, estuvieran siempre rodeados por campamentos y bases del Ejército federal.

Fuera de Chiapas, otros Aguascalientes serían inaugurados por diversas expresiones de la sociedad civil zapatista: CLETA, una organización cultural que entiende el quehacer dentro de las artes escénicas como una posición política necesariamente de izquierda, haría del espacio tomado a la UNAM en la Casa del Lago el primero de ellos; luego, el Frente Popular Francisco Villa-Independiente, en una unidad habitacional construida también sobre terrenos tomados, abriría el Aguascalientes El Molino, donde en septiembre de 1997 se hospedarían los mil 111 zapatistas que acudirían a la Ciudad de México para la fundación del FZLN.

En enero de 1996, el recién electo gobernador en rebeldía de Chiapas, Amado Avendaño, inauguraría otro Aguascalientes en Tijuana, Baja California. En el corazón de Ciudad Universitaria, construido por estudiantes que en su mayoría habían participado de la huelga de 1999-2000 en la UNAM, estaría el Aguascalientes Espejo de Agua, donde la comandancia zapatista daría un mensaje a jóvenes y estudiantes del país en el marco de la Marcha del Color de la Tierra, y lo mismo pasaría en Xochimilco, donde un colectivo de organizaciones indígenas fundarían otro Aguascalientes.

Más efímeros y hasta simbólicos serían el Aguascalientes en Cuernavaca, inaugurado por Genaro, uno de los delegados zapatistas que visitaron tierras morelenses en marzo de 1999 con motivo de la consulta de ese año, y el Aguascalientes del Ángel de la Independencia, en la Ciudad de México. Ambos funcionarían sólo como espacios de información acerca de las declaraciones de la Selva Lacandona y los Acuerdos de San Andrés, así como mesas de votación; luego desaparecerían.

Mucho más activos serían los Aguascalientes en el extranjero; la inauguración de uno de ellos, el de Madrid, en octubre de 2002, daría paso a la convocatoria zapatista de que los pueblos vasco y español celebraran el encuentro Una oportunidad a la palabra, y suscitaría un debate sin precedentes en torno a la lucha independentista de Euskal Herria a partir de que en una carta enviada a Ángel Luis Lara, alias El Ruso, el Subcomandante Marcos llamara “imbécil” a José María Aznar, entonces presidente del Gobierno español; “estreñido” a Juan Carlos I, rey de España, y “payaso grotesco” a Fernando Baltasar Garzón Real, magistrado de la Audiencia Nacional española.

Entre el 8 y 10 de agosto de 2003, en el hasta entonces Aguascalientes de Oventic, se celebraría la fiesta del nacimiento de los Caracoles y las Juntas de Buen Gobierno (JBG) zapatistas, como culminación de una serie de cambios surgidos en el EZLN y los 27 Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ). La decisión surgiría luego de un largo ejercicio de análisis crítico y autocrítico sobre cómo habían funcionado hasta entonces los MAREZ y los Aguascalientes, los problemas que habían enfrentado y su relación con la sociedad civil mexicana e internacional, y supondría un avance importante en el proceso autonómico que el zapatismo abrazó para con las comunidades y pueblos indios del país, al recoger lo suscrito por el Gobierno federal y el EZLN en los Acuerdos de San Andrés; aunque éstos no hayan sido recogidos en la ley correspondiente sobre cultura y derechos indígenas aprobada en abril de 2001.

Los Caracoles reemplazaron así a los antiguos Aguascalientes, pero respetando en mayor o menor medida las zonas que comprendían (circa 4 y hasta 8 municipios por cada uno). Las JBG se dispusieron (y hasta hoy lo hacen) en lo que se llama centro del Caracol o Caracol a secas, en donde se encuentran también las oficinas de Vigilancia del Buen Gobierno, de Información, en algunos casos clínicas, en casos secundarias autónomas, etc.

Meses después, como prefacio a la sexta declaración, el vocero zapatista haría pública la opinión del EZLN respecto a las elecciones; pero no sólo: el Subcomandante Marcos hablaría, sobre todo, de los tres partidos políticos que teniendo registro legal contaban con más posibilidades de que su candidato fuera declarado electo a la presidencia de la República en una suerte de “geometría imposible del poder”: el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Entre el 5 de agosto y el 18 de septiembre de 2005, el EZLN sostuvo reuniones con organizaciones políticas de izquierda; organizaciones indígenas y pueblos indios; organizaciones sociales y ONG´s; organizaciones, grupos y colectivos culturales y de artistas, y con mujeres, hombres, ancianas, ancianos, niñas y niños que a título individual, familiar, de comunidad, calle, barrio o vecindad habían suscrito la Sexta Declaración de la Selva Lacandona.

En dichas reuniones, siendo la más numerosa la de organizaciones, grupos y colectivos artísticos y culturales, se abordaron seis puntos que sirvieron para guiar las reflexiones y las discusiones: ratificación, ampliación o modificación de las características de La Otra Campaña; definición de quiénes están convocados y quiénes no; estructura organizativa de La Otra Campaña; lugar especial de las diferencias en La Otra Campaña (indígenas, mujeres, otros amores, jóvenes, niños y otros); posición de La Otra Campaña frente a otros esfuerzos organizativos, y tareas inmediatas.

Los días 3 y 4 de mayo de 2006, la Comisión Sexta del EZLN tenía programado reunirse por la mañana con grupos de sexodisidencia, trabajadoras y trabajadores sexuales y luchadores sociales por vivienda digna, en la Alameda Central de la Ciudad de México; evento que sirvió de marco para denunciar la discriminación que aún prevalece respecto a lesbianas, homosexuales, bisexuales, travestis, transexuales y poliamorosos al interior de la misma Otra Campaña; el acoso y la burla por parte de funcionarios públicos locales y federales a trabajadoras y trabajadores sexuales, que se agrava si son seropositivos, y la privatización del Centro Histórico de la Ciudad de México por parte del gobierno local de izquierda, a favor del empresario Carlos Slim Helú, principal promotor del Pacto Chapultepec.

Después visitaría el mercado de La Merced y el barrio de Tepito, donde retomaría las luchas de resistencia del pequeño y mediano comercio frente a las grandes transnacionales de hipermercados y tiendas departamentales. Para terminar con un mitin en la histórica Plaza de las Tres Culturas. Sin embargo, desde la mañana ya se tenían noticias de un desalojo de floricultores adherentes en Texcoco, que derivó en la toma de una carretera federal y cruentos enfrentamientos entre ejidatarios de San Salvador Atenco, integrantes del FPDT y también adherentes, con agentes de la Agencia de Seguridad Estatal mexiquense.

Al principio



Augusto Pinochet

Firma de Augusto Pinochet

Augusto José Ramón Pinochet Ugarte (Valparaíso, 25 de noviembre de 1915 - Santiago, 10 de diciembre de 2006), militar y dictador chileno.

Pinochet asumió en 1973 el cargo de Comandante en Jefe del Ejército de Chile. El 11 de septiembre de ese año, se unió a un golpe de Estado que derrocó al gobierno de Salvador Allende. Desde ese momento, Pinochet asumió el gobierno del país, primero bajo el cargo de Presidente de la Junta Militar de Gobierno (que ostentó hasta 1981), al que se sumó el título de Jefe Supremo de la Nación el 27 de junio de 1974, que le confería el poder ejecutivo.

El 16 de diciembre del mismo año, asumió el cargo de Presidente de la República, que sería ratificado al promulgarse la Constitución de 1980. Su gobierno terminaría tras la derrota en el Plebiscito Nacional de 1988 y su sustitución por Patricio Aylwin en 1990. Pinochet se mantendría como Comandante en Jefe del Ejército hasta el 10 de marzo de 1998, y al día siguiente asumiría el cargo de senador vitalicio, que ejercería efectivamente por un par de meses.

La dictadura de Pinochet ha sido ampliamente criticada tanto en el país como en el resto del mundo por las graves y diversas violaciones a los derechos humanos cometidas en el período denominado como Régimen Militar, por lo que Pinochet debió enfrentar diversos juicios hasta la fecha de su muerte. Sus simpatizantes, lo califican como un héroe que ellos consideran "salvó el país" de un supuesto régimen comunista que hubiese instaurado Salvador Allende, y de una posible guerra civil.

Su padre fue Augusto Alejandro Pinochet Vera, nacido en Valparaíso en 1891, a sus catorce años trabajó para la firma comercial Williamson Balfour, luego fue funcionario en una sociedad aduanera y además se desempeñó como bombero. Su madre fue Avelina Ugarte Martínez, santiaguina, quien estudió en un colegio de monjas desde los nueve años, la que tras perder a su padre y casarse de nuevo su madre, se trasladó a Valparaíso.

Pinochet realizó sus estudios en su ciudad natal, primero en el Seminario San Rafael, luego en el Instituto Rafael Ariztía de Quillota, en el Colegio de los Sagrados Corazones de Valparaíso y finalmente en la Escuela Militar del Libertador Bernardo O'Higgins. Su ingreso a esta institución no le fue fácil, fue rechazado dos veces; la primera por su corta edad y la segunda por no cumplir con los requisitos mínimos. A pesar de no tener ancestros militares, su vocación lo llevó a postular por tercera vez, siendo finalmente admitido e ingresando el 11 de marzo de 1933, a los 17 años de edad.

El 30 de enero de 1943, Pinochet contrajo matrimonio con la joven Lucía Hiriart Rodríguez quien era hija de Osvaldo Hiriart Corvalán, abogado, senador, político radical y ministro del Interior en 1943, y de Lucía Rodríguez.

El padre en un principio se opuso al matrimonio por considerar que eran muy jóvenes y que la casta militar (mal vista socialmente en esa época) no pertenecía a las elevadas esferas sociales a la que pertenecía dicha familia, sin embargo, se impuso finalmente la voluntad de Lucía Hiriart. Ellos darían origen a una familia de cinco hijos, tres mujeres y dos hombres: Lucía, Jacqueline, Verónica, Augusto y Marco Antonio.

El curso de su ascendente carrera tuvo diferentes destinaciones. Como alférez estuvo en Concepción, subteniente y teniente en la Escuela de Infantería en San Bernardo en Santiago y recién ascendido al grado de capitán, fue destinado a Iquique por un período prolongado, durante el cual estuvo a cargo del campo de detención de Pisagua en la época de vigencia de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia.

Viajó a Ecuador en una misión militar que tenía por objetivo organizar la Academia de Guerra de aquel país, llevó consigo a su familia. Al volver a Chile, después de tres años de permanencia, Ecuador entregó al mayor Pinochet y los demás integrantes de la misión la condecoración Abdón Calderón.

Tras una destacada carrera en el arma de Infantería del Ejército, alcanzó el grado de general de Brigada y se desempeñó como comandante en jefe de la Sexta División. En 1970 fue promovido a general de División.

Tras el asesinato del comandante René Schneider por sectores vinculados a la CIA estadounidense para evitar la llegada al gobierno de Salvador Allende, el general Carlos Prats fue designado al mando de la comandancia en jefe del Ejército de Chile. Con Carlos Prats, Pinochet llegaría a establecer una relación muy cercana. Prats lo consideraba un soldado ciento por ciento, apolítico y profesional, por lo que fue uno de sus más cercanos colaboradores, siendo considerado por varios generales como el segundo de Prats.

Fidel Castro visitó Chile durante veintitrés días a partir de noviembre de 1971 y Pinochet fue designado como representante del ejército durante la prolongada visita del mandatario cubano. La visita de Castro a Chile provocó que la CIA incrementara sus acciones para desestabilizar económicamente al gobierno de Allende.

En enero de 1972 fue jefe del estado mayor del ejército, que era el segundo cargo en importancia en la institución. La oposición al gobierno de la Unidad Popular, más los propios desaciertos de éste, condujeron a una extrema polarización política de la sociedad, también dada por el auge del comunismo de la época, llegando a su punto culminante en 1973. Prats apoyaba la legalidad constitucional, y por lo tanto sostenía al gobierno de Salvador Allende. Pero esa opinión no era compartida por muchos militares, desarrollándose el 29 de junio el llamado «tanquetazo», protagonizado por el Regimiento Blindado N° 2, al mando del coronel Roberto Souper. Este intento de sublevación fue sofocado por Prats y sus generales más cercanos, Pickering, Sepúlveda y Pinochet.

El 21 de agosto una manifestación de esposas de generales se inició frente a la casa del general Prats, a la que llegaron también varios oficiales de civil a protestar contra él. Fue insultado y apedreado, y al deshacer la manifestación Carabineros, ésta se volvió a organizar. Llegaron al lugar Pinochet, Allende y sus ministros. Todos fueron abucheados. Deprimido y desilusionado, Prats pidió, primero por intermedio de Pinochet, luego directamente, que los generales reafirmen su lealtad hacia él; como sólo unos pocos lo hicieron, resolvió renunciar a la comandancia en jefe.

Para su sucesión, el comandante le recomendó al presidente a Pinochet, decisión que fue aceptada por el mandatario.

El día 23, a las 17:00 h, se reunieron Allende, Prats y Pinochet en el Palacio de la Moneda. Al finalizar ésta, Pinochet fue nombrado comandante en jefe.

Para esa fecha, varios miembros de las Fuerzas Armadas preparaban un golpe de Estado. Los líderes del movimiento eran el comandante de la Fuerza Aérea Gustavo Leigh y el vicealmirante José Toribio Merino, este último amigo de la infancia de Pinochet. Además contaban con el apoyo de la CIA y el gobierno de Richard Nixon.

El golpe tenía como base los planes de contrainsurgencia, para el caso de que una subversión sobrepasase a las fuerzas de orden (Carabineros). Este plan consistía en que el país estaba dividido en diferentes secciones, y para cada una se establecía un plan para actuar contra la posible insurgencia. Este plan sería la base prima para los golpistas, que sólo tuvieron que adaptarlo a las nuevas circunstancias.

El problema central en el momento era el Ejército, pues si bien la mayoría de los generales prestaban su apoyo, el tanquetazo demostró que era necesario el apoyo del comandante en jefe del ejército, y nadie sabía con certeza cuál era el pensamiento de Pinochet, pues jamás se le había visto inclinación política (excepto el tradicional anticomunismo de guerra fría).

El 7 de septiembre los generales fijaron la fecha del golpe para ese mes, el 19 de septiembre era la fecha propicia, pues en Chile se celebran las glorias del ejército, y éste se halla concentrado en Santiago.

Al día siguiente fue enviado el general Arellano para hablar con Pinochet, quien al enterarse de la situación manifestó su descontento con el Gobierno, mas no declaró su apoyo al golpe.

La mañana del 9 de septiembre Allende se reunió con el comandante en jefe y otros generales. Allí les explicó que pretendía anunciar un plebiscito para salir de la situación. Debido a este hecho se adelantó la fecha del Golpe de Estado para el 11 de septiembre a las 6:30 en Valparaíso (8:30 en el resto del país), con el fin de que no saliera a la luz el anuncio de plebiscito del entonces presidente Allende.

Fue la última vez que se vieron los dos protagonistas del golpe. Ése mismo día, Pinochet se reunió con Leigh, el contralmirante Sergio Huidobro y el capitán de navío Ariel González para averiguar la posición del ejército. Finalmente, el en un principio vacilante Pinochet finalmente se sumó al complot. Pinochet se hizo inubicable para el gobierno y envió a su familia a un recinto militar a modo de protección en caso de algo marchara mal durante el golpe.

El día 10 Pinochet mandó a su esposa y a sus hijos más pequeños a la Escuela de Alta Montaña, en Río Blanco, Los Andes, dirigida por uno de sus amigos.

Al día siguiente Pinochet llegó a las 7:40 al Comando de Telecomunicaciones del Ejército, en el que se mantuvo durante el resto del golpe. Allí se organizaron las redes de comunicaciones con las demás ramas de las Fuerzas Armadas, especialmente con Leigh, que se encontró en la Academia de Guerra Aérea, y con Patricio Carvajal, que fue el coordinador de todo el golpe.

Durante el acontecimiento, Pinochet, que se mantuvo en contacto radial con Carvajal, se mostró autoritario. Tanto Leigh como Carvajal pretendían apresar a Allende, pero la intención de Pinochet era desterrarlo de inmediato. No aceptó retrasos ni dilataciones. Sin embargo, retrasó el bombardeo a la Moneda para sacar a las mujeres, en contra de lo que deseaba el general Leigh.

Tras horas de enfrentamientos y bombardeos, La Moneda fue finalmente asaltada y ocupada por el Ejército, momento en el que falleció Salvador Allende. De acuerdo a diversos testigos presenciales, Allende se habría suicidado con el fusil AK-47 que le había regalado Fidel Castro. Esta versión ha sido aceptada mayoritariamente, incluyendo a sus familiares, descartando la teoría de que los golpistas habrían cometido magnicidio.

A las 18, los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y de Orden se reunieron por primera vez en la Escuela Militar para realizar el juramento que dio inicio a 17 años de régimen dictatorial militar.

Pinochet, en su calidad de presidente de la Junta Militar de Gobierno (formada por: él mismo en calidad de comandante en jefe del Ejército; el almirante José Toribio Merino, comandante en jefe de la Armada; por el general Gustavo Leigh, comandante en jefe de la Fuerza Aérea y por el director general de Carabineros César Mendoza) asumió el poder. A partir de órdenes dictadas a través de cadena nacional de radio y televisión proscribió los partidos políticos, disolvió el Congreso, restringió los derechos civiles y políticos y ordenó la detención de los máximos líderes de la Unidad Popular, declarándola ilegal. Pinochet fue nombrado presidente de la República por los demás integrantes de la Junta de Gobierno el 17 de diciembre de 1974. Inmediatamente Pinochet llamó al general Manuel Contreras para que organizara la Dirección de Inteligencia Nacional(DINA), organismo represivo del Estado que violará sistemáticamente los Derechos Humanos durante su existencia.

A diferencia de la mayor parte de las naciones latinoamericanas, antes del golpe de estado de 1973 Chile había tenido una larga tradición de civilidad democrática y apego al estado de Derecho. Las intervenciones militares en asuntos de política eran muy escasas (por ejemplo, el llamado «ruido de sables» de 1924), pero de todos modos existentes. Se podría decir que las Fuerzas Armadas, hasta esa fecha, actuaron con debida obediencia, y no deliberantes.

La oposición de la ciudadanía al gobierno se iba haciendo cada vez más notoria. Debido a lo cual algunos sectores políticos aprovechando la situación, y junto con la voluntad y apoyo financiero de Estados Unidos, buscaron en los militares chilenos una salida a los problemas causados por las políticas socio-económicas del gobierno de Allende, consideradas negligentes y populistas, cuyo plan de Gobierno incluía medidas de redistribución de bienes y servicios, que resultaron tanto ineficientes en su propósito como poco convenientes para los sectores económicos, ya que además lograron desabastecer al país. Allende había triunfado con el 36% de los votos frente al casi 35% del candidato de derecha Jorge Alessandri (aunque contaría con el apoyo para su elección de la Democracia Cristiana con el 28%, en su ratificación en el Congreso). La política económica del gobierno de Allende, que apuntaba hacia una planificación central, involucraba el traspaso a manos del Estado chileno de la propiedad de muchas compañías claves, especialmente las mineras, de capitales estadounidenses. La respuesta del gobierno de Pinochet fue promover el desarrollo de un mercado menos protegido, según sus propias palabras «...tratar de hacer de Chile un país de propietarios y no de proletario».

Una de las características del gobierno del Presidente Pinochet es el apoyo que le brinda su esposa y Primera Dama de la Nación, Lucía Hiriart Rodríguez de Pinochet quien hace constantes apariciones públicas y además crea las llamadas Damas de color que son agrupaciones de mujeres de sociedad que realizan labores benéficas mediáticas a sectores de escasos recursos. Se crean infinidades de centros benéficos con mujeres uniformadas de un solo color. Lucía Hiriart es reconocida internamente como una mujer de carácter fuerte y dominante y muy temida en los círculos internos del gobierno por la influencia y poder que logra desde las espaldas de su marido. En los colegios y liceos del país se instaura la Canción Nacional con la restitución de los antiguos versos militares, presentes en su composición original, "Vuestros nombres valientes soldados....." y se asignan horas en los recreos para enseñar a los alumnos a hacer marchas militares al son de himnos militares.

La violencia del golpe continuó durante el gobierno de del Presidente Pinochet, admirador del dictador español Francisco Franco (a cuyo entierro asistió en noviembre de 1975). Una vez que alcanzó el poder, los partidarios del gobierno derrocado fueron declarados «enemigos del Estado».

Gracias a la DINA, se introdujo como política de Estado la detención, tortura, asesinato, desaparición o exilio de quienes se hubiesen involucrado con el gobierno anterior, configurando el concepto de «terrorismo de Estado».

El general Sergio Arellano Stark realiza la llamada Caravana de la Muerte al recorrer el país en un helicóptero Puma para ordenar las ejecuciones sumarias a los detenidos políticos de alta connotación en los recintos militares. Se ejecutan a detenidos en Pisagua, La Serena, Cauquenes y otros lugares en el país. Sus restos son lanzados al mar o enterrados en lugares solo conocidos por los militares.

Se estableció una red de informantes para obtener datos que condujeran a la detención de comunistas y socialistas que hubiesen mostrado actividad en el gobierno derrocado.

También se hicieron llamados a través de bandos y comunicados conminando a aquellos que hubieren pertenecido al gobierno de la UP o estuvieran enlistados en los proscritos partidos Comunista y Socialista a que se entregaran voluntariamente a las comisarías y cantones del ejército a objeto de regularizar su situación, muchos detenidos desaparecidos creyendo en que no les iba a pasar nada, usaron esta vía.

Se estableció el toque de queda que perduraría hasta el 2 de enero de 1987, confinando primero a partir de las 21 horas y luego a partir de las 2 de la mañana, a los chilenos a quedarse en sus hogares. La generación de los años 1980 pasaría su juventud en las llamadas fiestas de Toque a Toque y la restricción de pensamiento político. La polarización introducida por el terrorismo de Estado en la sociedad chilena llevó a que el vecino denunciara a su vecino por actividades subversivas o ser simplemente simpatizante de la UP (Unidad Popular) y se les llamaba despectivamente Upelientos o Rojelios; a los simpatizantes pro-gobierno se les siguió llamando Momios o se acuñó el nombre de pinochetistas.

Las detenciones eran el pan diario y las redadas a poblaciones populares como La Victoria, San Ramón, La Legua en el sector sur de la ciudad (Santiago de Chile) concluían en masivos allanamientos, fusilamientos in situ, detenciones y enfrentamientos armados. Las fuerzas armadas como el ejército actuaban en los allanamientos de gran envergadura, para aquellos movimientos menores fue la rama de Carabineros asimilada al Ministerio de Defensa quienes mayoritariamente realizaron la mayor cantidad de operativos.

En sectores más acomodados como La Reina y Ñuñoa, las detenciones solo se llevaron por medio de la delación. La DINA disfrazó muchas ejecuciones de activistas antigobiernistas como enfrentamientos armados (Operación Albania, por ejemplo). El Estadio Nacional, el Estadio Víctor Jara (ex Estadio Chile), Peldehue, el bergantín goleta Esmeralda, Tejas Verdes y otros lugares sería conocidos como Centros de Detención.

El gobierno militar además adoptó como medio de deshacerse de aquellos personajes indeseables la expulsión, el exilio obligado y el asesinato de Letelier y Prats.

La Comisión de Verdad y Reconciliación (conocida también como Comisión Rettig) mencionó 2.095 muertos y 1.102 «detenidos desaparecidos». Se estimuló la xenofobia para evitar ayuda exterior a los movimientos subversivos. La tortura fue también una herramienta común usada para combatir a los no partidarios del nuevo gobierno, como queda consignado en el Informe Valech sobre Prisión Política y Tortura (2005). Cientos de miles de chilenos abandonaron el país para escapar del régimen. En 1994 todavía permanecían en el exterior sobre 700.000 personas según la Oficina Nacional del Retorno.

Ambos dictadores tuvieron un rol clave en la Operación Cóndor. A pesar de su afinidad, el Conflicto del Beagle que enfrentó a ambos países estuvo a minutos de llevarlos a una guerra. La policía secreta, la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) (1974-77), fue otra de las herramientas de la dictadura. Fueron asesinados el general Prats el 30 de septiembre de 1974 en Buenos Aires y el ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Allende Orlando Letelier, el 21 de septiembre de 1976 en Washington, agriando las relaciones con el presidente estadounidense Jimmy Carter. También se organizó la conocida como Operación Cóndor, un plan para la cooperación mutua entre organismos de espionaje de diferentes dictaduras militares de Latinoamérica, para de esta forma continuar persiguiendo y asesinando a exiliados en Argentina o Paraguay.

En 1977, la DINA fue disuelta y se creó la Central Nacional de Informaciones (CNI), para reemplazarla en sus funciones. Su primer director fue el general Odlanier Mena. El actuar de la CNI como organismo represivo fue notoriamente menos violento, aun cuando agentes suyos figuran involucrados en casos emblemáticos, como el asesinato del líder sindical, y presidente de la ANEF (Agrupación Nacional de Empleados Fiscales), Tucapel Jiménez, en 1982.

La represión y asesinatos internacionales no fueron sólo contra personas chilenas, sino que pueden incluir personalidades de la política internacional como el Presidente del Gobierno Sueco en 1986, Olof Palme, quien podría haber sido asesinado siguiendo la orden personal del dictador Pinochet, según apunta desde el diario "La Cuarta", en su edición de 7 de marzo de 2008, donde se dio a conocer que el periodista sueco Anders Leopold señala como supuesto autor del asesinato de Olof Palme a Roberto Thieme, ex dirigente del grupo paramilitar chileno de ideología nacionalista-fascista Patria y Libertad. Según Leopold, Thieme fue enviado por el que fue su suegro, Augusto Pinochet, para cometer el asesinato aún impune.

Paralelamente a la represión política, existieron profundas reformas económicas el cual condujo a la transformación económica del país, cuyo inicial éxito llevó a hablar de un «milagro económico chileno», eliminándose el grave problema de la hiperinflación.

Para formular su política de estabilización económica, Pinochet confió en los llamados Chicago boys, economistas neoliberales con postgrados en la Universidad de Chicago, fuertemente influenciados por las políticas monetarias de Milton Friedman.

Se aplicó el shock que consistía en reducir el gasto público en un 20%, despedir al 30% de los empleados públicos, aumentar el IVA (impuesto a la transferencia comercial de bienes muebles y activos M1 y M2), privatizar la mayor parte de las empresas estatales y liquidar los sistemas de ahorro y de préstamos de vivienda.

Los efectos iniciales fueron terribles: cayó el PGB en un 12%, la tasa de desempleo creció hasta al 16% en la llamada Recesión de los 80(1980-1985)y el valor de las exportaciones se redujo en un 40%. La carestía, la emigración de personal calificado, la falta de circulante, empresas pequeñas y medianas quebradas o endeudadas insanamente desaparecieron y las grandes masas de desempleados pululando en las plazas, fueron la característica de este periodo.

Las grandes empresas subsistieron gracias a la reducción de sus planillas de trabajo y la rebaja de salarios, muchas de estas situaciones se prestaron para abusos de empresarios inescrupulosos.

El sistema monetario fue cambiado a la moneda Peso, desvalorizando el anterior Escudo (Eº). En aquella época, el valor de la UF se reajustaba el primer día de cada trimestre según la variación del IPC del trimestre anterior.

La Junta de Gobierno mediante el Decreto Supremo Nº 280 del 12 de mayo de 1975 estableció que la UF o Unidad de Fomento creada en el Decreto Supremo nº 40 del fecha 2 de enero de 1967, pasaría a reajustarse en forma mensual.

Por su parte, el Decreto Supremo Nº 613 del 14 de julio de 1977 estableció que su valor se reajustaría en forma diaria a partir del 1º de Agosto de dicho año. Esta operación de reajustabilidad sería una de las bases de la transformación económica.

Dicha medida favoreció en un comienzo a la construcción que se encontraba paralizada y a la clase media quienes adquirieron viviendas con un valor de UF de apenas $5.000, pero que cinco años más tarde subiría a más de cinco veces su valor inicial dejando una estela de deudores hipotecarios en la ruina y descrédito al no poder pagar los elevados dividendos. Para las clases más pobres se creó la vivienda básica y la cuota Serviu.

Para paliar la gran cesantía se crearon los puestos temporales municipalizados de trabajo llamados Programas de Empleo PEM y POJH, donde desde obreros a ingenieros, arquitectos y técnicos hacían labores hermoseando plazas o limpiando calles con un mínimo sueldo de supervivencia.

Aquellos que conservaron sus empleos debieron soportar rebajas de sus sueldos, los sueldos descendieron bruscamente y el abuso empresarial fueron la tónica de este periodo.

Tanto en el sector público como en el privado, los altos puestos claves fueron ocupados por oficiales del ejército, aviación o marina.

Una de sus consecuencias fue un brusco deterioro social, las clases medias y bajas se empobrecieron tras un progresivo descenso de su poder adquisitivo, lo que provocaría una gran brecha en la distribución del ingreso, que se mantiene hasta el día de hoy.

La clase alta pudiente se fortaleció y se enriqueció gracias a las franquicias otorgadas por el gobierno militar.

Las poblaciones más afectadas empezaron a protestar desde sus casas organizándose los llamados cacerolazos, a determinada hora después del Toque de Queda, los pobladores de las clases bajas y los de la clase media organizaban ruidos de bocinas y golpes de cacerolas desde sus viviendas unidas a apagones o cortes de energía eléctrica o derribos de torres de alta tensión. Famosos fueron los apagones que duraban horas o día y medio por atentados a la Red Interconectada Central.

Ocurrieron también los llamados robos de camiones, camiones de abastecimiento de supermercados eran secuestrados y llevados a las poblaciones para su desvalijamiento.

Pero el sistema se empezó a afianzar a partir de 1977, iniciándose lo que se ha llamado el boom, con cifras positivas en todos los ámbitos. Uno de los indicadores más simbólicos, el precio del dólar, fue establecido a tasa de cambio fija, en 39 pesos, y se mantuvo estable hasta iniciada la década de 1980. Una excepción a esta bonanza fue la tasa de desempleo, siempre alta (alrededor del 20%) debido principalmente a los despidos masivos en las empresas privatizadas.

A aquellos que protagonizaran protestas o reivindicaciones, o intentaran organizar huelgas o mitines eran detenidos y encauzados bajo la aplicación del artículo transitorio nº24 de la Constitución respecto de la Ley de Seguridad Interior del estado.

En 1982 se produjo la mayor crisis económica desde los años 1930, consecuencia en parte de la recesión mundial de 1980 (de la cual Chile estaba desprotegido por su excesiva dependencia del mercado externo), el excesivo endeudamiento privado y la fijación del dólar a 39 pesos. Uno de los primeros síntomas fue la quiebra del sistema bancario y financiero nacional, que obligó al Gobierno a intervenir numerosos bancos. Simultáneamente, se tomó la decisión de devaluar el dólar, el cual, una semana más tarde, alcanzaba al doble de su valor.

Ante la llegada de la crisis, Pinochet abandonó las tesis de los Chicago Boys, regresando momentáneamente al keynesianismo. Sin embargo, pasada la parte más cruda de la crisis, volvió al sistema neoliberal con el nuevo ministro de Hacienda, Hernán Büchi en 1985, el cual, con reformas menos ortodoxas que sus predecesores, lograría revitalizar la economía. Esto es nombrado como el «segundo milagro de Chile».

El resultado de su gestión fue el retorno al liberalismo económico que implantaron los Chicago Boys, pero de una forma mucho más controlada sin el dogmatismo que le imprimieron sus antecesores, y un crecimiento económico sorprendente que llevaría a Chile a duplicar su PGB en el lapso de diez años.

Por otra parte, comenzó la privatización de la industria del cobre a partir de la década de 1980 (aunque manteniendo Codelco), otorgándoles el control de yacimientos cupríferos a empresas mineras extranjeras a bajo costo, que pasaría a ser lo contrario a la nacionalización y estatización de la gran minería del cobre durante el gobierno de Salvador Allende.

El 11 de mayo de 1983, la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC) presidió la primera protesta nacional, y el 22 de agosto se organizó el primer frente de oposición multipartidista que englobaba a todo un arco político a excepción de los extremos, la Alianza Democrática.

En 1985 la oposición democrática adoptó el Acuerdo Nacional para la Transición de la Plena Democracia.

Para fines de los 80 y comienzo de los años 90, la distribución del ingreso llegó en cierto modo a las clases más bajas, restableciendo la sufrida clase media, por primera vez la televisión a color llegó a las clases marginadas, el automóvil se hizo más asequible y la calidad de las viviendas sociales aumentaron.

Los cacerolazos declinaron y se hicieron más escasos y con menos convocatoria. Pero el cansancio por el regimén de dictadura impuesto, alimentado por los largos años de carestía y cesantía se hicieron cada vez más notorio en la población que anhelaba el retorno a la Democracia.

El gobierno militar entregó muchas poblaciones populares a la gente de escasos recursos formándose las llamadas villas o poblaciones DFL-2.

Por cada 10 hogares, 6 tenía teléfono, 7 poseían un automóvil y 9 poseían un televisor a color o en blanco y negro.

Se otorgaron muchos títulos de propietarios a sectores marginados de la sociedad, desaparecieron los campamentos y las llamadas poblaciones callampas, las tomas fueron regularizadas.

Una de las características sociales de este periodo fueron las reubicaciones a la fuerza de grandes masas de personas de escasos recursos que fueron desarraigadas desde los barrios exclusivos y trasladadas a barrios populares del sector sur, pero en viviendas económicas, en mejores condiciones de habitabilidad.

La reducción de la pobreza dura o extrema resultó en un logro en el gobierno militar. A pesar de los cambios de los 80 y 90 la brecha entre la riqueza y la pobreza, y el cisma entre la clase media y alta además de los bajos niveles de sueldos para los obreros y técnicos se mantiene hasta el día de hoy.

El 21 de octubre de 1980, tras un plebiscito realizado un mes antes, que fue apoyado por el 67% de la población (según cifras del Gobierno) se aprobó una nueva Constitución elaborada sobre la base de un anteproyecto preparado por una Comisión nombrada por la misma Junta de Gobierno. Éste plebiscito fue bastante cuestionado, tanto por sus opositores como por la comunidad internacional, bajo acusaciones de fraude electoral y violar principios básicos de cualquier elección democrática (voto libre, informado y secreto). Entre las disposiciones transitorias de la nueva carta fundamental, se estableció el período presidencial de Pinochet por ocho años, a partir del 11 de marzo del año siguiente.

En los años 1980, con el rápido deterioro de la economía (uno de los pilares del Régimen Militar), se sucedieron constantes protestas y manifestaciones organizadas por la oposición y movimientos laborales, provocando violentas contrarreacciones de las fuerzas de seguridad.

Un mes después del descubrimiento de la internación de armas de Carrizal Bajo, el 7 de septiembre de 1986, Augusto Pinochet fue objeto de un atentado por parte de células paramilitares del FPMR (Frente Patriótico Manuel Rodríguez). En el atentado a Pinochet murieron 5 escoltas armados y el mismo estuvo a punto de ser eliminado junto a su nieto, con quien iba en esa ocasión. Pinochet sólo sufrió heridas leves. El atentado fracasó debido al fuerte blindaje del vehículo de Pinochet y a que los atacantes usaron cohetes a una distancia menor que la de activación.

La represión por parte del gobierno como venganza por el atentado concluyó con tres civiles muertos y cientos de detenidos. Los autores intelectuales y materiales del atentado lograron salir del país. La respuesta represiva del Gobierno concluyó con la llamada «operación Albania» (también conocida como la «matanza de Corpus Christi») en 1987, donde fueron asesinados 12 miembros del FPMR.

El Régimen Militar esperó los aplausos del mundo occidental por derrocar a un gobierno marxista, pero fue recibido por estupor y rechazado por la sociedad internacional, con la excepción del secretario de Estado Norteamericano Henry Kissinger, principalmente por la imagen exterior idealizada del gobierno de Allende y su elevación al status de mártir.

La violencia mostrada durante el golpe de estado fue otro de los elementos negativos que construyeron una imagen dura del gobierno militar en el exterior. Una vez que alcanzó el poder, los partidarios del gobierno derrocado fueron brutalmente perseguidos como «enemigos del Estado». Los exiliados en masa, en diferentes países, colaboraron con boicotear la imagen que Pinochet pretendía mostrar, como un adalid anti-marxista.

Esto implicó un aislamiento político internacional del gobierno muy severo e impediría a Pinochet viajar oficialmente al extranjero. Esto quedó demostrado tras el bochorno del Filipinazo, en que por presiones del presidente de EEUU el gobernante de Filipinas, Ferdinand Marcos, supendió la visita de Pinochet a su país, cuando este último se encontraba en pleno vuelo hacia Filipinas. La excepción fue un viaje secreto a Bolivia en 1988, en donde se reunió con Víctor Paz Estenssoro.

Con Estados Unidos las relaciones se empeoraron gravemente tras el atentado a Orlando Letelier del Solar, aumentando su aislamiento, pero como contraparte se mantenían las relaciones comerciales, en particular tras la consolidación el modelo neoliberal. Los asesinatos de Prats y otros ex-uniformados solo empeoraron la situación.

Chile además estuvo en una situación peligrosa con sus países limítrofes, especialmente con Argentina, país con el cual en 1978 casi se llega a una guerra por las islas del canal de Beagle (Conflicto del Beagle), eventualidad evitada gracias a la intervención papal. En esto, cabe destacar el excelente manejo que la Junta Militar hizo en el tema, utilizando muchos datos de Inteligencia para mantener a raya la situación.

Durante la Guerra de las Malvinas (1982), en que Argentina disputó las islas Malvinas al Reino Unido, Chile se mostró abierto partidario del Reino Unido y en especial del gobierno de Margaret Thatcher, y prestó especial apoyo logístico e inteligencia a unidades británicas.

Durante todo el gobierno militar, el aislamiento internacional se hizo sentir, salvo la visita en 1987 del Papa Juan Pablo II, considerada como respaldo al itinerario institucional del régimen para su termino legal, pre fijado en la Constitución de 1980. Pinochet nunca pudo salir del país en calidad de gobernante invitado o en misión diplomática.

El 7 de marzo de 2008, se dio a conocer a través del diario "La Cuarta", que el periodista sueco Anders Leopold señala como supuesto autor del asesinato de Olof Palme a Roberto Thieme, ex dirigente del grupo paramilitar chileno de ideología nacionalista-fascista Patria y Libertad. Según Leopold, Thieme fue enviado por el que fue su suegro, Augusto Pinochet, a cometer el asesinato. Las razones que tendría Pinochet serían la oposición de Olof Palme a su régimen dictatorial y el apoyo a ideología y sistemas contrarios al defendido por el dictador.

De acuerdo a las disposiciones transitorias de la Constitución de 1980, un plebiscito debía ser llevado a cabo en 1988 para aprobar o rechazar al candidato que los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y el General Director de Carabineros propusieran al país.

Durante el año 1985 se suscitó un importante debate acerca de las condiciones en que se realizaría el plebiscito, de acuerdo a las normas transitorias de la Constitución. De la letra de la norma transitoria decimoprimera resultaba que la consulta plebiscitaria podría efectuarse antes que entrara en funcionamiento el Tribunal Calificador de Elecciones, establecido en las normas permanentes del texto constitucional, puesto que el plebiscito debía realizarse antes de la primera elección parlamentaria. Ello implicaba que este tribunal, aparentemente, no estaba llamado a controlar el referéndum y tendría que crearse un órgano gubernamental ad-hoc para su calificación. De ese modo, eventualmente, sería el mismo gobierno el que propondría un candidato, organizaría el plebiscito y controlaría los escrutinios.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional, en ese entonces afín a Pinochet, pronunciándose sobre el proyecto de ley orgánica constitucional sobre el Tribunal Calificador de Elecciones, que estipulaba el inicio de sus funciones para la primera elección parlamentaria, esto es, con posteridad al plebiscito de 1988, determinó que sólo una interpretación literal, y con prescindencia del resto de las disposiciones de la Carta Fundamental, conduciría a pensar "que el artículo 84° de la Constitución y las normas legales que lo complementan entrarán a regir, sin excepciones ni limitaciones de ninguna especie, en la fecha que señale la ley orgánica constitucional respectiva, con motivo de la primera elección de diputados y senadores" y que dicha "rígida interpretación del texto constitucional resulta inadmisible, porque ella está en pugna o contradice el artículo permanente y las disposiciones transitorias de la Carta Fundamental". El Tribunal Constitucional consideró que el plebiscito era equivalente a una elección presidencial, por lo que debía regirse por las normas permanentes de la Constitución en materia electoral. Ésta es considerada la primera derrota de Pinochet, motivada aparentemente por un cierto pudor democrático de algunos de sus partidarios, que resultó clave, años más tarde, al realizarse el plebiscito.

Pinochet fue oficialmente designado por los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y el General Director de Carabineros como candidato único a la Presidencia para el plebiscito que se llevaría a cabo el 5 de octubre de ese año, por el que se proponía su mantenimiento en el poder desde 1989 hasta diciembre de 1997, es decir, por un nuevo período de ocho años.

La apuesta de Pinochet se basó en un control total de los medios de comunicación y el temor de la población a manifestarse contra él. Gran parte de su propaganda consistió en amenazar con el regreso del comunismo y del desorden previo a la dictadura si el mismo Pinochet no vencía. Sin embargo una oposición sorprendentemente organizada en una sola gran coalición, la Concertación de Partidos por el NO, decidió actuar dentro del marco legal que la Constitución le otorgaba, y aprovechar al máximo, en forma muy inteligente, todos los espacios disponibles para la democratización, como, por ejemplo, los escasos minutos de televisión que le fueron concedidos (que se conoció como la franja). Cada noche millones de chilenos se agolpaban frente a la TV a ver con asombro que era posible hablar en contra del férreo régimen de Pinochet.

El 5 de octubre una extensa red de apoderados vigiló lo que sucedía en cada mesa de votación y los dirigentes opositores instalaron un completo sistema de conteo de votos paralelo al oficial.

A tempranas horas de la tarde ya se suponía que Pinochet había sido derrotado pero ni el Gobierno de Chile, a través de su vocero, Alberto Cardemil, ni los medios de comunicación entregaron información alguna, sin embargo, en un programa televisivo en directo, el presidente del oficialista partido Renovación Nacional, Sergio Onofre Jarpa felicitó a los dirigentes opositores por el triunfo, pese a esto el Gobierno seguía manipulando la entrega de resultados hasta la madrugada, cuando finalmente el General del Aire, Fernando Matthei, miembro de la Junta Militar (poder legislativo), reconoció la derrota. Tras bambalinas se filtró a la opinión pública que Pinochet intentó dar un autogolpe de Estado pero el general Fernando Matthei se opuso tenazmente a este intento.

Los resultados oficiales de la consulta arrojaron un 52,2% de votos a favor de la opción No frente al 47% de la opción Sí. Durante el año, tras un acuerdo entre la Concertación y el Gobierno, se prebiscitaron reformas para democratizar la Constitución. Tiempo más tarde, se llamó a la primeras elecciones democráticas desde el golpe de Estado, el 14 de diciembre de 1989, en las que resultó elegido el demócratacristiano Patricio Aylwin al frente de la coalición opositora Concertación de Partidos por la Democracia, derrotando al candidato oficialista Hernán Büchi y al 'centrista' Francisco Javier Errázuriz Talavera; Ese día se eligió también la totalidad del Parlamento, disuelto al comienzo de la dictadura.

Con la atención internacional centrada en el especial caso chileno de transición pacífica a la democracia, Pinochet entregó la presidencia de la nación a Aylwin el 11 de marzo de 1990, aunque siguió en el puesto de comandante en jefe del Ejército hasta marzo de 1998, fecha en la que pasó a retiro.

Según las disposiciones transitorias de la Constitución de 1980, Pinochet debería seguir ocho años más en el puesto de comandante en jefe del Ejército, en caso que perdiera el plebiscito.

Aylwin, a pesar de la opinión de muchos en contra, decidió abordar el tema de los Derechos Humanos, encargándole un informe sobre la situación a una comisión de personas cuya integridad no cupiera duda. La presidió Raúl Rettig, entejando el informe en febrero de 1991. El Informe Rettig, como se le llamó, detalló caso a caso 1.151 muertes, y 979 detenidos desaparecidos. El impacto del informe en la sociedad fue muy fuerte, lo que preparó el ambiente para el inicio de los juicios por estos crímenes.

Existía la Ley de Amnistía para todos los crímenes políticos cometidos antes de 1978, por lo que la Corte Suprema podía amnistiar inmediatamente a cualquier militar acusado de estos delitos, sin investigar. El presidente Aylwin instó a la Corte Suprema a una nueva fórmula (la llamada «doctrina Aylwin» ) en la que debía investigarse primeros los hechos ocurridos, y sólo después correspondía aplicar la amnistía. La Corte Suprema no lo hizo en aquel momento, pero sí lo harían varios jueces y la Corte de Apelaciones de Santiago.

La Corte Suprema marcó un precedente en 1992, por los casos de «detenidos desaparecidos». Se aplicaría en estos casos la figura del «secuestro permanente», delito que continúa en el tiempo y por lo tanto es inamnistiable, siendo la única causa para conceder la amnistía la aparición de los cadáveres. Así, se empezó a tramitar juicios contra ex militares de la desaparecida DINA.

Entre todos los casos, el más emblemático fue el de Manuel Contreras, antiguo director del organismo de inteligencia, el cual estaba siendo procesado por el homicidio de Orlando Letelier en Washington, que la amnistía explícitamente no incluía. Se le condenó, junto a su segundo el ex brigadier general Pedro Espinoza, a 7 y 6 años de condena, respectivamente, en noviembre de 1993. Le correspondería al gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle seguir el juicio de Contreras y su resistencia al arresto.

Además de los temas de los juicios, las relaciones entre el Gobierno y Pinochet serían tensas y difíciles. Pinochet tenía pésimas relaciones con el ministro de Defensa, Patricio Rojas, que en varias oportunidades lo instó a renunciar a su puesto de comandante en jefe. Pinochet evito en lo posible establecer contacto con él, tocando los temas importantes directamente con el presidente, sin siquiera consultar al ministro. Por otra parte, Pinochet se entendía bien con el Gobierno por medio de Enrique Correa Ríos, secretario general de Gobierno, a tal punto que Pinochet dijo que si lo hubiera conocido durante su mandato lo tendría en el mismo puesto donde estaba.

La antipatía entre Pinochet y Rojas trascendía el tema de la renuncia y eran también fuente de conflicto el ascenso de los generales, pues el Gobierno decidió tratar de sacar del Ejército a los individuos más involucrados con el régimen anterior. De esta forma se seleccionaba también a las cinco primeras antigüedades del ejército, entre las que se nombraría al sucesor de Pinochet.

En 1984, mediante un convenio secreto, compró usando los nombres de dos conocidos una pequeña empresa metalúrgica que tiempo después pasó a llamarse PSP, y que recibía contratos de empresas estatales y también de las FF.AA. Sin que su nombre figurase en la transacción, PSP compró en 1987 una empresa en quiebra llamada Valmoval, que había intentado producir fusiles y cuyo principal acreedor era el Ejército. Estuvo involucrado en el escándalo de los "Pinocheques" a principios de la Transición a la democracia. En dicho caso fue cuestionado por unos pagos que en 1988 le hizo el Ejército, mediante unos cheques a su nombre, por un total de US$ 3 millones aproximadamente, tras un supuesto negocio con la empresa Valmoval, de propiedad del mismo Pinochet Hiriart. Tras volver a Valmoval otra vez operativa, Pinochet Hiriart se las arregló tiempo después para venderla de vuelta al Ejército por US$ 3 millones, que recibió mediante tres cheques emitidos a su nombre y cobrados en el Banco del Estado.

El año 1988, se realizó una transacción comercial entre la sociedad anónima P.S.P. (Proyectos Integrados de Producción) y el ejército por medio del CMI (Comando de Industria Militar e Ingeniería), que poseía antes el 49% de las acciones. La sociedad era productora de armas, pero hacia años que no estaba en funcionamiento, siendo virtualmente una empresa de papel. La transacción comercial consistió en la compra del 51% restante de las acciones de parte del Ejército, por un valor cercano a los tres millones de dólares. Se pagaron en cheques nominativos, a nombre de Augusto Pinochet Hiriart. El memorándum del Ejército decía que el 43% de las acciones correspondían a Pinochet Hiriart, el que negó los cargos, pues aseguró se había separado de la firma años atrás. Por estos motivos este suceso se conoció popularmente con el nombre de los «pinocheques».

Fotocopias de los cheques llegaron al Gobierno, pasando por las manos de Rojas, quien vio en éste escándalo una forma de provocar la renuncia de Pinochet. La noticia llegó a la prensa y estalló un escándalo a nivel nacional, exigiéndose la creación de una comisión investigadora en el Congreso.

El ministro se movilizó y se empezaron conversaciones sobre la posible renuncia de Pinochet. Ballerino, su interlocutor con Rojas, le propuso que éste renuncie en 1995, pero le pareció un plazo excesivo. En adelante las versiones discrepan, Ballerino le informó a Pinochet que en la reunión siguiente Rojas supuestamente le dio un ultimátum: 15 de abril de 1991 para su renuncia, a contestar en un plazo de 8 horas, lo que fue negado tajantemente por el ministro.

Pinochet reaccionó acuartelando a todo el Ejército, bajo la excusa de realizar «ejercicios de seguridad, alistamiento y enlace», justificación nunca antes usada.

El Gobierno cedió y Rojas reiteró que nunca hubo ultimátum. La Comisión investigadora, después de largos meses sólo llegó a conclusiones ambiguas, y declaró que no existe ninguna responsabilidad del comandante en jefe. Pero el caso de los Pinocheques aún no se cerró.

La paralización del caso Pinocheques duró hasta 1993. Ese año, el Consejo de Defensa del Estado decidió emprender una denuncia contra los culpables de este delito (el Ejército perdió 3 millones de dólares al comprar acciones en una empresa de papel, por lo que se considera una estafa).

El presidente Aylwin partió de viaje a una gira internacional, dejando a cargo a Enrique Krauss, ministro del interior, como vicepresidente. La denuncia marchaba por buen camino, sin sobresaltos, hasta que en una de las ediciones del diario La Nación (de tendencia gobernista) publicó en primera plana la citación al juzgado de ocho oficiales.

Pinochet nuevamente reaccionó rápidamente, convocó a los generales al edificio de Defensa, todos vistiendo ropas de combate. Tropas del Ejército vigilaron el edificio y patrullaron la zona, usando en su traje una boina negra, por lo que el movimiento que vendría a ser conocido como el «boinazo».

Se entablaron rápidamente las conversaciones, Ballerino nuevamente por el Ejército y Krauss y Correa por el Gobierno. El Ejército solicitó el fin del desfile y el reemplazo de Rojas. El ambiente se enfrió y se puso fin al asunto.

El Gobierno cesó en sus funciones al subsecretario Marcos Sánchez, molesto para el oficialismo, pero no se obtuvo nada más. Los «pinocheques» seguirían congelados, hasta que Frei decidió terminar con el asunto instando al Consejo de Defensa del Estado a no proseguir el tema, aduciendo «razones de Estado».

Durante el gobierno de Frei se continuaron los juicios a los violadores a los derechos humanos. Pinochet, ya cercano a los ochenta años y con varias enfermedades, se mostraba menos duro con el desfile de sus ex colaboradores.

La Corte Suprema adoptó ahora como oficial la doctrina albín, y los procesamientos por el caso Degollados, y la «operación Albania» (ambos fuera de la amnistía) avanzaban rápidamente, y empezaron a aparecer los primeros culpables.

El gobierno construyó una cárcel especial para los militares encontrados culpables por la justicia, Punta Peuco. Sus primeros convictos fueron Manuel Contreras y Pedro Espinoza. Pero Contreras no estaba dispuesto a entrar a la cárcel y se refugió durante dos meses en su parcela, con guardias privados protegiéndolos día y noche, hasta que finalmente, por medio de toda una maraña de artimañas para evitar la vejación de Contreras por sus opositores, que incluía un avión y dobles, se le encerró en octubre de 1995.

Mientras, Pinochet preparó su sucesión realizando conversaciones con el ministro de Defensa Edmundo Pérez Yoma, quienes se entendieron bien. Designaron a Ricardo Izurieta, militar totalmente profesional y sin relaciones con violaciones a los Derechos Humanos.

El 10 de marzo de 1998 el capitán general Pinochet hizo entrega del mando del Ejército a Ricardo Izurieta, finalizando así su época como militar.

El tráfico ilegal de armas es descubierto en diciembre de 1991, cuando el carguero que llevaba las armas , etiquetada como "ayuda humanitaria" desde el Hospital Militar de Santiago , fue descubierta en Budapest. El 7 de diciembre de 1991, un periódico húngaro descubre la noticia , y el 2 de enero de 1992, el Brigadier-General Guillermo Letelier, director de Famae, fue forzado a renunciar. Dos días después , por requerimiento del Ministro de Defensa Patricio Rojas, la Corte Suprema de Chile nominó al Magistrado Hernán Correa de la Cerda como responsable para investigar el tráfico de armas . El magistrado llama a Gerardo Huber como testigo, el cual declara que seguía órdenes del General Krumm, a cargo de Logística . El 29 de enero de 1992, Huber, quien estaba descansando en San Alfonso, Cajón del Maipo, "desapareció". Su cuerpo fue encontrado el 20 de febrero de 1992, con el cráneo despedazado .

El General Pinochet fue implicado finalmente en este caso.

Al día siguiente de entregar el mando se dirigió a Valparaíso, para ocupar su asiento de senador vitalicio. Este puesto le correspondía según la Constitución. Sus opositores, a pesar de que se llegó a un acuerdo según el cual el día anterior expresarían sus molestias, se manifestaron en contra de Pinochet cuando este hizo su juramento, colocándose máscaras de calavera y mostrando pancartas y fotos de los «detenidos desaparecidos», además de las manifestaciones en el exterior del Congreso. Al final se mantuvo al margen de la política activa y no se le vio mucho por el Congreso. Su acción más destacada durante su periodo parlamentario fue el acuerdo con el presidente de la Cámara Andrés Zaldívar para eliminar el día 11 de septiembre como feriado legal (Día de la Liberación Nacional), y reemplazarlo por el Día de la Unidad Nacional.

En septiembre de ese año, Pinochet viajó a Londres (Inglaterra) junto a su nieto, para realizarse una operación. Aparte de su enfermedad, Pinochet amaba los viajes, pero durante su gobierno no realizó ninguno más desde el «filipinazo» y Londres era para entonces su ciudad favorita.

El Ejército y el Gobierno lo advirtieron de que no fuera, pues existían demandas contra él en el extranjero, pero no les prestó atención, ya que poseía el fuero de senador de la República. El vuelo salió el 21 de septiembre llegando el día siguiente a Londres.

En España, el conocido juez Baltasar Garzón reclamó su detención para juzgarlo por las muertes de ciudadanos españoles ocurridas en Chile durante la Dictadura. Dictó una orden de detención contra el senador, resolución que hizo llegar a Inglaterra.

Para entonces, Pinochet se había internado en una clínica privada, la London Clinic, el 8 de octubre, para operarse de una hernia.

El día 16, estando en cama, fue informado de la aceptación del país al pedido de Garzón y su orden de arresto, determinado por el juez metropolitano de Londres, Nicholas Evans, todo en inglés, idioma que no entendía. La noticia se transmitió de inmediato a todo el mundo, produciéndose en el extranjero un repudio casi unánime a la figura de Pinochet, mientras que en Chile se presentaban opiniones encontradas.

El gobierno recibió la noticia como «un bochorno internacional para Chile», por lo que Frei, junto a sus sucesivos cancilleres José Miguel Insulza y (desde mayo de 1999) Juan Gabriel Valdés iniciaron acciones para lograr su extradición. Su argumento era que los crímenes del Régimen Militar se habían cometido en Chile, y por lo tanto correspondía a este país juzgarlo y a nadie más. Esta política no fue respaldada por todos los miembros de la Concertación, especialmente ciertos sectores del Partido Socialista y el PPD, que manifestaban su apoyo a la detención del dictador.

La defensa de Pinochet apeló a la decisión de arresto, pues se aducía que tenía inmunidad diplomática como ex presidente y senador, apelación que fue recibida por un primer Tribunal, que aceptó la inmunidad de Pinochet.

A su vez, esta resolución fue apelada, por lo que se recurrió a un Comité Judicial integrado por cinco miembros de la Cámara de los Lores, que invalidó en noviembre la inmunidad diplomática de Pinochet. Entre las pocas figuras destacadas que apoyaron a Pinochet destaca Margaret Thatcher, quien reveló que Pinochet había cooperado con Inglaterra durante la Guerra de las Malvinas.

Sin embargo, la defensa del senador vitalicio descubrió que uno de los Lores era miembro de Amnistía internacional, por lo que habría tenido un obvio interés en que se juzgara a Pinochet. Por lo tanto, un nuevo Comité de Lores tuvo que anular la sentencia anterior y formar un tercer Comité.

Éste emitiría su fallo el 24 de marzo de 1999, reduciendo los cargos contra Pinochet, considerando fuera de inmunidad los actos cometidos después del 8 de diciembre de 1988. Sólo había un delito cometido después de esa fecha en demanda, relacionado con un joven al que se acusó de robo y que amaneció muerto en su celda. Pero pronto el ministro del interior Jack Straw logró reunir más casos, llegando a unos 60.

Mientras se encontraba bajo arresto domiciliario, Pinochet residía en una casa particular en Virginia Waters; mientras tanto, su salud se deterioraba cada vez más, ya que tenía diabetes e hipertensión, a lo que se sumaban microinfartos cerebrales.

Esto empezó a preocupar a los dirigentes británicos y españoles. Si se seguía con el proceso, Pinochet podría morir en Gran Bretaña, cosa que no favorecía al gobierno laborista dirigido por Tony Blair, especialmente considerando la proximidad de las elecciones, y la incertidumbre de cómo el caso Pinochet les afectaría.

Los gobiernos buscaron otras soluciones, y una de ellas se presentó cuando la defensa del general argumentó razones de salud para eximirlo del juicio. El ministro del Interior británico Jack Straw, dictaminó el 22 de diciembre que se le realizaran exámenes médicos. Se sometió el 5 de enero a exámenes neurológicos y geriátricos, los que revelaron su deteriorado estado de salud.

Considerando el informe y la edad, Straw decidió liberar a Pinochet por razones humanitarias el 2 de marzo. Ese mismo día regresó a Chile, aterrizando el día 3 en Pudahuel, siendo recibido por el comandante en jefe Ricardo Izurieta. Ahí se levantó de su silla de ruedas, caminó triunfante y saludó con el bastón en alto a sus partidarios que fueron a recibirlo.

Pero ese no sería el fin de las querellas en su contra. Mientras estaba en Londres, en Chile se sumaban querellas en contra de Pinochet, por delitos como la «operación Caravana de la Muerte», siendo el encargado de recoger todas estas demandas el juez Juan Guzmán Tapia; asimismo, sus querellantes presentaban una solicitud de desafuero en su contra. Era el comienzo de los juicios de Pinochet en Chile.

De regreso a Chile, Pinochet se encontró con que el juez Guzmán había iniciado su proceso de desafuero, por considerar que existían suficientes pruebas en su contra para investigar su presunta responsabilidad en el secuestro de 18 personas, durante el viaje aéreo que realizó la comitiva militar por el norte del país, dejando a su paso esta estela de crímenes, siendo conocida como la operación Caravana de la Muerte.

El 3 de mayo el pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago decidió proceder con su desafuero, por 13 votos contra 9, por lo que la defensa de Pinochet apeló ante la Corte Suprema, la que decidió por 14 votos contra 6 que el senador vitalicio era privado de su fuero. La defensa de Pinochet intentó que se sobreseyera al general por razones médicas, de la misma forma que en el extranjero. Se decidió realizarle exámenes de salud, que revelaron que sufría de demencia vascular subcortical, siendo sobreseído en julio de 2002.

Después de la resolución judicial, Pinochet renunció a su puesto senatorial, y se retiró a la vida privada, no volviendo a realizar apariciones públicas. Dos años después de estos sucesos, el 28 de mayo de 2004, la Corte de Apelaciones de Santiago revocó el sobreseimiento por demencia, y la Corte Suprema confirmó este fallo por 9 votos contra 8 el 26 de agosto, dejándolo en posición de ser juzgado por su eventual participación en la denominada «operación Cóndor». Sin embargo, al analizarse el fondo del asunto, el procesamiento dictado contra Pinochet fue dejado sin efecto el 7 de junio de 2005.

Con todo, el 6 de julio de 2005 la Corte de Santiago abrió la puerta a una nueva fuente de conflictos legales, al desaforar a Pinochet, posibilitando determinar su responsabilidad en el caso «operación Colombo», por la desaparición de 15 opositores a su régimen.

A estos problemas legales se le agregó el descubrimiento, por parte del Senado de los Estados Unidos, de cuentas secretas que Pinochet tuvo durante el proceso en Londres en el Banco Riggs, lo que vino a poner en tela de juicio el origen de su actual fortuna, ya que el Banco Riggs ha sido conocido por verse envuelto en problemas por lavado de dinero. Por estos motivos el Consejo de Defensa del Estado presentó una querella criminal en contra de Pinochet, por evasión tributaria, causa que está actualmente en manos del juez Sergio Muñoz. Esta situación ha provocado un alejamiento de sectores de la derecha chilena de la figura de Pinochet.

Su Abogado, el derechista Pablo Rodríguez Grez, le aconsejó guardar un estricto silencio, por las implicaciones graves de sus declaraciones.

A principios de 2006, esta investigación llevó a que se procesara como cómplices de delitos tributarios a su hijo, Marco Antonio Pinochet, y a su esposa, María Lucía Hiriart de Pinochet, lo que llevó a que Marco Antonio fuera sometido a prisión preventiva, en tanto que Hiriart tuvo que ser internada en el Hospital Militar.

Esto último fue considerado una estratagema para evitar la cárcel por muchos medios de comunicación, pero otros aseguran que realmente sufrió un ataque y tuvo que ser hospitalizada.

El 4 de octubre de 2007, los cinco hijos del fallecido general Augusto Pinochet, su viuda Lucía Hiriart, y el que fuera su círculo más cercano, integran la lista de 23 personas que hoy fueron procesadas -y la mayoría detenidos- por decisión del juez Carlos Cerda, como autores del delito de malversación de caudales públicos en el marco del caso Riggs.

El General Juan Emilio Cheyre declaró el 16 de agosto del 2005 que el caso Riggs era asunto “personal” de la familia Pinochet, agregando que ...."El tráfico de armas a Croacia en 1991 y la vinculación que pueda tener este ilícito con la muerte del coronel Gerardo Huber, son temas en que “nos interesa, valga la redundancia, la verdad verdadera”.

Tras la retirada de la inmunidad para establecer la responsabilidad de Pinochet en la matanza de opositores izquierdistas («operación Colombo»), el juez Víctor Montiglio ordenó una serie de exámenes psicológicos, neurológicos y psiquiátricos.

Según las conclusiones de seis peritos del Servicio Médico Legal que se encargaron de los exámenes, entregadas a las partes el 16 de noviembre de 2005, Pinochet estaría en condiciones psiquiátricas de afrontar un juicio. Aunque desde el punto de vista neurológico se mantiene el diagnóstico de demencia subcortical, este hecho no le impide participar en un proceso. Según Hernán Quezada, abogado querellante, «hubo de parte de Pinochet una sobresimulación para tratar de hacer parecer más grave los síntomas de la enfermedad que él padece».

El 23 de noviembre de 2005 fue ordenado el procesamiento de Pinochet por enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos. La cifra ocultada al Fisco podría ascender a los 25 millones de dólares, en su mayoría procedentes del cobro de comisiones sobre las compras de armas realizadas en su dictadura. Al día siguiente, el ministro Montiglio dictó el procesamiento de Pinochet por tres delitos de secuestro calificado en el marco de la «operación Colombo».

El 20 de enero de 2006 la Corte de Apelaciones de Santiago lo desaforó por 13 votos contra 5. Este desafuero es el cuarto que se dicta contra él, pero el primero que recibe por torturas a las víctimas de la dictadura.

El 25 de octubre de 2006 los diarios El Mercurio y La Nación publicaron que Augusto Pinochet mantendría ocultos en un banco de Hong Kong unos 9.500 kilos de oro en lingotes, valorados de forma preliminar en unos 160 millones de dólares. Fue el comerciante de oro Al H. Landry el que envió los documentos, que les fueron entregados un tal Ken Shari, del que sólo tuvo contacto por mail, informando después la existencia de estos a Chile, por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores. Sin embargo, el banco HSBC (Hong Kong & Shanghai Banking), presunto depositario de los fondos, emitió un comunicado indicando que los documentos que pretenden acreditar esos fondos en dicha entidad «son falsos». La entidad alemana Schell Security gmbH comprobó que existe un depósito por el importe indicado, pero vinculado a un número, no un apellido. La defensa del General argumento que toda la polémica es una farsa y un intento de difamación realizada por el gobierno de Michelle Bachelet para desviar la atención del país tras el descubrimiento de una serie de irregularidades en Chiledeportes.

La justicia chilena dispuso el envío de exhortos dirigidos tanto a las autoridades de Hong Kong como de Alemania para solicitar información sobre los supuestos lingotes. Tras haber avalado los documentos como procedentes de “fuentes fidedignas”, el canciller debió retractarse el viernes 26, diciendo que nunca avaló la denuncia, y que los antecedentes y credibilidad de quienes los enviaron nadie había verificado, quedando desacreditada la acusación de los depósitos de oro.

El 3 de diciembre de 2006 fue internado en el Hospital Militar de Santiago, después de sufrir un infarto de miocardio y presentar un edema pulmonar que obligó a someterlo a una angioplastia, presentando una leve mejoría con el transcurso de los días.

Una semana después, el 10 de diciembre de 2006, se informó de una posible alta médica, incluso recibió la que sería su última visita política, la del diputado Ivan Moreira, y la de su nieto Rodrigo García Pinochet, pero como a las 13:30 horas sufrió una repentina descompensación cardíaca que agravó su estado, haciendo imposible al equipo médico su estabilización, falleciendo a las 14:15 hora local (17:15 UTC). Su delicado estado de salud fue blanco de críticas por considerar que se trataba de una estrategia para evadir la Justicia, según el periodista chileno Alejandro Guillier. Paradójicamente, en un informe médico entregado a las 10 de la mañana de ese mismo día por la dirección del centro hospitalario, la salud de Pinochet parecía estable y presentaba una mejora progresiva, se pensaba en un alta a los 4 días.

Murió junto a sus familiares después de permanecer una semana internado en el recinto hospitalario (cuando contaba con 91 años), el mismo día en que su esposa Lucía Hiriart cumplía 84 años de edad y, paradójicamente, el Día de los Derechos Humanos. Sus últimas palabras fueron dirigidas a su esposa Lucía Hiriart.

Con el correr de las horas y ya conocida la noticia en todo el país, se evidenció elocuentemente el grado de polarización de los chilenos. Hasta el lugar llegaron personeros políticos de derecha, ex colaboradores y autoridades militares, además de cientos de partidarios del fallecido, quienes se apostaron en calles aledañas al hospital, ubicado en la comuna de Providencia. Al mismo tiempo, una manifestación espontánea de detractores reunió a varios miles de personas en Plaza Baquedano, quienes celebraban la muerte de Pinochet.

Ambas concentraciones se desplazarían a puntos diferentes de la capital: mientras los partidarios llegaron hasta la Escuela Militar, ubicada en Las Condes, los detractores avanzaron por la Alameda Bernardo O'Higgins hasta la Plaza de la Ciudadanía, ubicada frente al Palacio de La Moneda. En dicho lugar, luego de ser dispersada duramente por Carabineros, se produjeron incidentes que duraron hasta pasada la medianoche.

El gobierno, presidido por Michelle Bachelet, decidió que no se le efectuaría un funeral de Estado, como ex Presidente de la República, ni se decretaría duelo oficial, pues nunca fue electo democráticamente como primer mandatario. Sólo se le rendirían honores fúnebres como ex Comandante en Jefe del Ejército, conforme a la ordenanza de esta institución, que dispone entre otras medidas, bandera a media asta en dependencias militares. En declaraciones efectuadas durante la campaña presidencial del año 2005 ella ya había señalado que le "chocaría profundamente tener que realizar dichos honores en eventual caso". La presidenta Michelle Bachelet rompería al día siguiente el silencio que venía manteniendo en torno a la muerte de Augusto Pinochet, para afirmar que era "un referente de división, odio y violencia". Al momento de fallecer, Augusto Pinochet contaba con más de 400 querellas en su contra, por violaciones a los derechos humanos, tales como tortura, desapariciones, apropiación de niños, asesinatos de sacerdotes y periodistas extranjeros; algunas de ellas interpuestas por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y por estados extranjeros, y estaba en curso una orden de detención.

En el velatorio del féretro de Pinochet acudieron no menos de 60.000 personas; entre ellas Francisco Cuadrado Prats, nieto del asesinado general Carlos Prats, que escupió sobre el vidrio que cubría el rostro de Pinochet, como acto de repudio en memoria del general Prats, mandado asesinar por Pinochet en Buenos Aires (posteriormente el nieto de Prats fue despedido de su empleo por ello. ). El 12 de diciembre de 2006 el féretro fue despedido con la participación de más de 50.000 personas.

Durante la ceremonia, su nieto Augusto Pinochet Molina, oficial activo del Ejército con rango de capitán, realizó un polémico discurso que fue calificado "de naturaleza política" por autoridades militares y civiles, en el cual afirmó que su abuelo "derrotó en plena Guerra Fría al modelo marxista, que pretendió imponer su modelo totalitario, no mediante el voto, sino más bien derechamente por el medio armado" y criticó a los jueces nacionales al decir que con sus actividades "buscaban más renombre que justicia". Tras dichas declaraciones, el gobierno mostró su repudio a la intervención no autorizada en un recinto estatal y en uniforme militar, razones por las cuales fue dado de baja.

Pinochet había dado instrucciones al general Luis Cortés Villa para que diera a conocer una carta luego de su muerte.

Los restos de Augusto Pinochet Ugarte fueron cremados en un cementerio de Concón (Región de Valparaíso), y sus cenizas están en alguna de sus residencias de descanso. Esta decisión según la familia, fue tomada por el mismo general para evitar eventuales profanaciones de su lugar de entierro. Las Fuerzas Armadas, por otra parte, impidieron que sus cenizas fueran depositadas en algún recinto de la institución castrense.

En diciembre de 2006, Manuel Contreras, ex director de la DINA, la policía secreta de la dictadura, acusó a Augusto de Pinochet de enriquecerse ilícitamente en base al narcotráfico, basándose en las relaciones que su hijo Marco Antonio Pinochet Hiriart, habría tenido con Edgardo Bathich, empresario de San Vicente de Tagua Tagua y narcotraficante. Contreras afirmó a los medios de comunicación que Pinochet había usado el Complejo Químico del Ejército de Talagante para producir cocaína. El encargado de distribuir dicha droga producida por miembros del Ejército de Chile habría sido Monzer Al Kassar. Marco Antonio Pinochet señaló, en respuesta, que "los dichos de Contreras sólo se explican porque él es "un mentiroso, un canalla, que se escuda en mentiras para decir cosas", anunciando que se reuniría con sus abogados para analizar las acciones legales a seguir, y agregando que "Este individuo , no puedo tener otra expresión, está mintiendo para mi esta persona esta enferma de maldad". El general Contreras insinúa en sus declaraciones que toda la familia (sus hijos varones) estaban involucrados desde 1983, cuando Augusto Pinochet Hiriart estaba en Los Ángeles (Estados Unidos); asimismo, declaró ante los tribunales que la mayor parte de los fondos que Augusto Pinochet no puede justificar serían producto del narcotráfico.

El 4 de octubre de 2007, los cinco hijos del fallecido general Augusto Pinochet, su viuda Lucía Hiriart, y el que fuera su círculo más cercano, integraron una lista de 23 personas que fueron procesadas —y la mayoría detenidos— por decisión del juez Carlos Cerda, como autores del delito de malversación de caudales públicos en el marco del Caso Riggs. Fueron liberados y sus procesamientos dejados sin efectos a los pocos días por la Corte de Apelaciones de Santiago. Se descubrió que Pinochet llegó a tener 125 cuentas bancarias fuera de Chile y las precauciones que habían adoptado el acusado y su familia para esconder una fortuna estimada en 27 millones de dólares. Según estableció la investigación, el Banco Riggs ocultó cuentas de Pinochet mucho tiempo después de su detención en Londres en 1998, ordenada por el juez español Baltasar Garzón por el delito de genocidio, y de la subsiguiente orden internacional para la congelación de sus fondos. Para impedir su localización, el banco cambió la titularidad de las cuentas de "Augusto Pinochet Ugarte" a "A.P.Ugarte", entre otros nombres.Pero en 2002, los organismos reguladores estadounidenses las descubrieron y, tras intentar ocultar información, el banco "cerró las cuentas y envió los fondos no a los tribunales, sino al propio señor Pinochet para que lo depositara en otra entidad", según el senador estadounidense Carl Levin. Entre 1990 y 2002 el banco le giró entre cuatro y ocho millones de dólares.

Al principio



Guerra Sucia en la Argentina

Bombardeo de Plaza de Mayo, 16 de junio de 1955

Con el término Guerra Sucia en la Argentina se designa internacionalmente de modo habitual al régimen de violencia indiscriminada, persecuciones, represión ilegal, tortura sistematizada, desaparición forzada de personas, manipulación de la información y terrorismo de Estado que caracterizó a la dictadura militar autodenominada Proceso de Reorganización Nacional, la cual gobernó al país entre los años 1976 y 1983.

La denominación alude al carácter informal e irreglamentado del enfrentamiento entre el poder militar —desligado de la autoridad civil—, contra la misma población civil y las organizaciones guerrilleras, que no obtuvo en ningún momento la consideración explícita de guerra civil. El uso sistemático de la violencia y su extensión contra objetivos civiles en el marco de la toma del poder político y burocrático por las Fuerzas Armadas, determinó la inmediata suspensión de los derechos y garantías constitucionales y propició la aplicación de tácticas y procedimientos bélicos irregulares a toda la población.

No obstante, la denominación como "guerra" es objetada por algunas organizaciones políticas y de derechos humanos, sosteniendo que se trata de un argumento esgrimido originariamente por la dictadura militar para justificar la represión indiscriminada. Una de las consideraciones tenidas en cuenta es la disparidad de víctimas de ambos lados, que hace inadecuada la definición de "guerra"; en su lugar, la moderna jurisprudencia argentina la ha definido como "genocidio".

Antes de 1976, la violencia política en Argentina había ido escalando en un contexto internacional que la retroalimentaba (guerra fría, anticomunismo, movimientos de liberación nacional, foquismo, auge de la guerrilla).

Pocos meses antes del derrocamiento de Juan Domingo Perón, en junio de 1955, aviadores militares de la Marina de Guerra bombardearon Plaza de Mayo causando más de 300 muertos. En 1956, ya producido el golpe militar, una sublevación peronista fue reprimida con el fusilamiento del General Juan José Valle y otros participantes, incluyendo un episodio de fusilamientos clandestinos en la localidad de José León Suárez (Buenos Aires).

En 1959 se produjo la Revolución Cubana, que tendría una fuerte influencia, sobre todo entre los jóvenes y a través de la figura del Che Guevara, en la promoción de la guerrilla urbana en América Latina, también llamada por entonces "la vía armada". Ese mismo año aparecio la primera fuerza guerrillera a mediados de 1959 con el nombre de Uturuncos en la provincia de Tucuman.

En 1963 fue secuestrado y hecho desaparecer, el activista sindical Felipe Vallese, perteneciente a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM-CGT) a quien se considera generalmente el primer desaparecido de la historia argentina contemporánea en tanto otros reivindican como primer desaparecido a Juan Ingallinela, dirigente comunista detenido el 17 de junio de 1955 durante la segunda presidencia de Juan Domingo Perón y luego de los bombardeos a Plaza de Mayo. El cuerpo de Ingallinela nunca fue encontrado, aunque posteriormente el oficial Tixie reconoció su tortura y posterior asesinato. Fueron juzgados y condenados por ese hecho los comisarios Félix Monzón y Francisco Lozón y sus ayudantes Luis Tixie, Fortunato Desimone, Arturo Lleonart y Santos Barrera.

Ese año el Ejercito Guerrillero del Pueblo (EGP) compuesto inicialemente por unos 12 guerrilleros y al mando del Comandante Segundo Jorge Masetti estableció una zona de operaciones en la provincia de Salta, por ordenes de Ernesto Che Guevarra. En mayo de 1964 una patrulla de la Gendarmería descubre uno de sus campamentos, que terminará con la derrota del grupo.

En 1964 se produjo en Brasil el primero de una serie de golpes de estado de nuevo tipo que tenían como fin establecer dictaduras militares permanentes, categorizadas por el politólogo Guillermo O'Donnell como Estado burocrático-autoritario. El modelo se extendería a todo el Cono Sur, promovido desde la Escuela de las Américas de los Estados Unidos en Panamá, bajo la llamada Doctrina de la Seguridad Nacional en el marco de la Guerra Fría.

En 1966 se instaló la primera dictadura militar de tipo permanente en Argentina: la Revolución Argentina (1966-1973). Durante su curso la violencia política se dispararía. En las manifestaciones callejeras comenzaron a ser asesinados manifestantes al azar cuyos nombres (Santiago Pampillón, Juan José Cabral, Máximo Mena, Adolfo Ramón Bello, Luis Norberto Blanco, Hilda Guerrero de Molina, etc.) fueron enarbolados bajo lemas como "la sangre derramada no será negociada". Comenzaron a sucederse una serie de asesinatos de líderes sindicales, militares, políticos y empresariales de primer nivel, de alto impacto en la opinión pública (Vandor, Aramburu, José Alonso, Sallustro, Juan Carlos Sánchez, Roberto Mario Uzal, Emilio Berisso). Estallaron hechos insurreccionales urbanos masivos que adoptaron nombres como Cordobazo, Rosariazo, Mendozazo, Correntinazo, Tucumanazo, Choconazo, Rocazo, Vivorazo. Se formaron las organizaciones guerrilleras Ejército de Liberación Nacional (ELN), FAR, FAP, Montoneros, ERP, que realizaron operaciones, copamientos, atentados y asesinatos de alto impacto. Entre 1971 y 1972 las organizaciones guerrilleras mataron a 95 policías y algunos militares.

El 22 de agosto de 1972 un grupo de guerrilleros detenidos fueron fusilados clandestinamente en una base militar de Trelew. Este hecho en particular fue luego considerado como la primera acción concreta del terrorismo de estado en la Argentina.

En esas condiciones el gobierno militar decidió convocar a elecciones el 11 de marzo de 1973, donde ganó con el 50% de los votos el candidato presentado por el peronismo, Héctor Cámpora, ante la proscripción de Juan Domingo Perón. Pocos días después Cámpora renunció para permitir nuevas elecciones libres, en la que triunfó la fórmula Juan Domingo Perón - María Estela Martínez de Perón, con el 62% de los votos. Menos de un año después, el 1 de julio de 1974, Perón falleció y debió asumir la presidencia su esposa, María Estela Martínez de Perón, que sería derrocada el 24 de marzo de 1976. En este período inmediatamente anterior al golpe militar de 1976, la violencia política agravó su escalada.

La organización guerrillera ERP permaneció militarmente activa luego de las elecciones de 1973, lanzando una audaz incursion contra la planta nuclear Aler Atucha el 25 de marzo de 1973. Montoneros afirmó que suspendía sus operaciones militares aceptando la amnistía propuesta por Cámpora. Pocos días antes de asumir el presidente Cámpora, fueron asesinados el Almirante Hermes Quijada por el ERP-22 de Agosto, y el dirigente sindical Dirk Henry Kloosterman, secretario general del Sindicato de Trabajadores Mecánicos (SMATA), por las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP). El 20 de junio de 1973, en ocasión del regreso definitivo de Perón al país, y ante una movilización de millones de personas jamás vista en la historia argentina, se produjo un enfrentamiento armado de enormes proporciones entre Montoneros y otros grupos de civiles armados, de tendencias peronistas antagónicas, en el cual murieron entre 13 y 25 personas y 365 heridos: el hecho es conocido como la Masacre de Ezeiza.

Durante todo 1973 se sucedieron atentados, secuestros y asesinatos. Entre ellos se destacó el sufrido el 25 de septiembre de 1973 que causó la muerte de José Ignacio Rucci, secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), realizado por Montoneros. Poco después, el 21 de noviembre de 1973 realizó su primer atentado la Triple A, una organización parapolicial de tendencia derechista, dirigida desde el gobierno por el Ministro de Bienestar Social, José López Rega.

Simultáneamente Uruguay y Chile, dos países reconocidos por el respeto de la institucionalidad democrática, sobre todo el primero, sufrieron golpes de estado, conformando una situación subregional en el Cono Sur, donde Argentina aparecía como el único país en el que persistían las instituciones democráticas. Primero, el 27 de junio, se instaló una dictadura cívico-militar en Uruguay que permanecería en el poder hasta 1985. Luego, el 11 de setiembre de 1973 se produjo un sangriento golpe militar en Chile en el cual asumiría el poder el General Augusto Pinochet, quien se mantendría en el poder hasta 1990. Existieron conexiones estrechas entre las dictaduras militares establecidas en aquellos años en el Cono Sur, que se expresaron en el llamado Plan Cóndor y que en 1974 se manifestaron con el asesinato en Buenos Aires del ex Vicepresidente de Chile y ex Comandante en Jefe del Ejército chileno, General Carlos Prats, por haber sido colaborador del derrocado Presidente Salvador Allende.

En enero de 1974 el ERP atacó la guarnición militar de Azul, donde fueron muertos el jefe del Regimiento de Caballerí­a de Tanques 10 “Húsares de Pueyrredón”, coronel Camilo Gay y su esposa, y secuestrado el jefe del Grupo de Artillería Blindado 1, teniente coronel Jorge Ibarzábal. Los guerrilleros atacaron vestidos en uniformes de soldados y en la acción que dura siete horas muere también el Soldado Gonzáles y son heridos cinco soldados de la guarnicion.

Ese año fueron también asesinados, entre otros, el dirigente sindical Rogelio Coria, secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA); el alto dirigente radical Arturo Mor Roig; el director del diario El Día de La Plata, David Kraiselburd; el dirigente sindical petrolero Carlos Pierini; el dirigente sindical y ex-gobernador justicialista de Córdoba, Atilio López; el abogado Silvio Frondizi; el jefe de la Policía Federal Alberto Villar y su esposa; el Capitán Humberto Viola y su pequeña hija; el sacerdote Carlos Mugica; el abogado Rodolfo Ortega Peña.

En agosto de 1974, el ERP atacó la Fábrica Militar de Villa María (Córdoba) y, simultáneamente, el Regimiento 17 de Infantería Aerotransportado de Catamarca en una acción en que murieron alrededor de 20 guerrilleros y tres miembros de las fuerzas de seguridad. El 6 de setiembre Montoneros pasó a la clandestinidad, y el 19 de setiembre conmovió al país con el secuestro de los hermanos Juan y Jorge Born, dueños del poderoso grupo empresarial Bunge & Born que es considerado el secuestro y extorsión más grande de la historia, estimado en 60 millones de dólares. En 1974 murieron asesinadas 187 personas a causa de la violencia política.

El año 1975 registró una extremadamente alta violencia política agravada por un serio vacío de poder. En ese año de 1975 las organizaciones armadas irregulares concretaron acciones de muy alto impacto. Montoneros incursionó por primera vez en el copamiento de una unidad militar, asaltando a la guarnacion militar de Formosa el 5 de octubre. Por su parte el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) trató de tomar el cuartel militar de Monte Chingolo (Provincia de Buenos Aires) el 23 de diciembre, y en el hecho perdieron la vida gran cantidad de sus combatientes.

En 1975 la cantidad de asesinatos de impacto público disminuyeron (John Patrick Egan, cónsul de los Estados Unidos en Córdoba; el General Jorge Cáceres Monié y su esposa), pero se multiplicó la cantidad total, alcanzando el punto más alto de las últimas dos décadas: 490 asesinatos, contra 187 que se habían registrado el año anterior.

Históricamente," el hecho más importante fue el llamado Operativo Independencia, autorizado por la presidenta María Estela Martínez de Perón en acuerdo de ministros, mediante el famoso Decreto 261/75 del 5 de febrero en el que se ordenó al Ejército intervenir y "aniquilar el accionar de elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán" (art. 1). El uso del término "aniquilar" ha dado lugar a fuertes discusiones sobre el significado y alcance del mismo, en referencia directa al concepto de guerra sucia.

Esa metodología fundada en la intervención de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior, basadas en el aniquilamiento, sería extendida a todo el país mediante los Decretos 2770, 2771, y 2772 de octubre de 1975. El 28 de octubre mediante la Directiva del Comandante General del Ejército 404/75 (Lucha contra la subversión), se dispuso la zonificación militar del país en 5 zonas, divididas a su vez en subzonas y áreas, con sus correspondientes responsables militares.

La intervención militar en Tucumán estuvo motivada en el control alcanzado por el ERP en esa provincia, que alcanzó a un tercio de la misma, hecho que llevó a Mario Santucho -lider de la organización- a declarar una "zona liberada", para pedir apoyo y reconocimiento de los paises comunistas como bando "beligerante". Los enfrentamientos y acciones represivas en Tucumán, causaron la muerte de una considerable cantidad de militares, guerrilleros y ciudadanos que no formaban parte de ninguno de los dos bandos. Entre los hechos bélicos se destacan el derribamiento de un avión de transporte del Ejército, la emboscada en la que resulta muerto el capitán Héctor Cáceres, el ataque de la "Compañía Combate de San Lorenzo" del ERP al Batallón de Arsenales 121 de Rosario, el combate de Manchalá y la explosión de una bomba bajo un avión Hércules que salía de Tucumán en operación conjunta del ERP y Montoneros.

En la segunda mitad del año se producen otros enfrentamientos fuera de Tucumán, como un ataque al destructor ARA Santísima Trinidad y otro al Regimiento 29 de Infantería Montaña, en Formosa. En noviembre aviones A-4B Skyhawk de la Fuerza Aérea entran en acción con bombas napalm prohibidas por la Convención de Ginebra, en apoyo del Ejército.

El 23 de diciembre el Batallón urbano “José de San Martín” del ERP realizó con gran cantidad de combatientes un asalto al Batallón de Arsenales 601 "Domingo Viejobueno" del Ejército ubicado en Monte Chingolo y el 30 de diciembre hizo explotar una bomba adentro del Edificio Cóndor de la Fuerza Aérea.

Los primeros meses de 1976 se caracterizaron por la continuidad del alto nivel de violencia política, combinada con un casi completo vacío de poder y descontrol institucional. El 22 de marzo fue asesinado el dirigente sindical Atilio Santillán (FOTIA-CGT). En Tucumán el Ejército venció el 13 de febrero a la Fuerza de Monte del Ejercito Montonero. El 23 de marzo el diario La Opinión de Buenos Aires tituló: "Argentina inerme ante la matanza". El 24 de marzo se produjo el previsible golpe de Estado, apoyado por algunos sectores, rechazado por otros, y ante la pasividad de la mayor parte de la población, dando así inicio a un gobierno militar que se autodenominó Proceso de Reorganización Nacional, caracterizado por implementar una política represiva en la línea del terrorismo de estado, luego conocida también como Guerra Sucia.

Luego de instalada la dictadura militar Montoneros realizó una serie de ataques con bombas, en una de las cuales resultó muerto el general Cesáreo Cardozo, al mando de la Policía Federal. Al año siguiente, el 18 de febrero de 1977, el ERP ejecutó un atentado fallido contra la cabeza de la Junta Militar, Jorge Rafael Videla, que recibió el nombre de Operación Gaviota.

En ese período Montoneros contraatacó contra el régimen militar. El 2 de julio de 1976 detonaron una bomba en el comedor de la Superintendencia de Coordinación de la Policía Federal, en la ciudad de Buenos Aires, en momentos del almuerzo de los oficiales, causando la muerte de 23 policías y un civil, resultando también heridos 60 oficiales; en el lugar funcionaba un centro clandestino de detención. Como represalia, esa noche y los días subsiguientes fueron asesinados entre 46 y 76 detenidos-desaparecidos.

El 12 de setiembre Montoneros destruyó un bus policial en Rosario con un coche bomba, matando a 9 policías y dos civiles, e hiriendo gravemente a por lo menos 50, Durante el 8 de octubre fueron atacados con bombas las oficinas de las compañías Fiat, Mercedes Benz y Chevrolet. Finalmente el 16 de diciembre hicieron estallar otra bomba en sala de películas del Ministerio de Defensa, matando a por lo menos 14 personas y resultando heridos 30 oficiales y miembros de familia.

El 24 de marzo de 1976 asumió el poder, como "órgano supremo de la Nación", una Junta de Comandantes de las tres fuerzas armadas integrada por el General Jorge Rafael Videla, el Almirante Emilio Eduardo Massera y el Brigadier general Orlando Ramón Agosti. El primero a su vez, fue designado con el título de presidente con la mayor parte de las funciones de los poderes ejecutivo y legislativo. "En ejercicio del poder constituyente" la junta estableció un Estatuto al que deberían someterse todas las otras leyes incluida la Constitución.

El estado de sitio, con la suspensión de las garantías constitucionales, ya había sido declarado durante el Gobierno de María Estela Martínez de Perón, por Decreto 1368/1974. Pocos días después el gobierno militar sancionó la Ley 21.275 suspendiendo el derecho constitucional de opción a salir del país (Constitución Nacional, art 23).

Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA el gobierno militar explicó que era necesario vincular "el tema de los derechos humanos con la necesidad de reprimir el terrorismo y la subversión como medio para preservar la seguridad nacional".

La directiva de operaciones represivas 504/77 establecía que la detención de los obreros sospechosos "se efectuará con el método que más convenga fuera de las fábricas y de manera velada".

Los procedimientos represivos que caracterizaron la guerra sucia en Argentina escandalizaron a la opinión pública mundial y causaron un gran desprestigio internacional de los militares argentinos.

En realidad se estableció un sistema descentralizado de represión, a cargo de las zonas y áreas militares, en el que cada jefe militar tenía carta blanca para ejecutar el plan represivo (Balza,2005 ).

La desaparición forzada fue el régimen que caracterizó al Proceso de Reorganización Nacional. Más del 95% de los asesinatos y detenciones fueron intencionalmente ocultados.

En Argentina, durante la guerra sucia, la práctica habitual era detener ilegalmente y en secreto, a través de equipos militares especiales (GT: Grupos de Tareas), a los opositores y enviarlos a centros clandestinos de detención (CCD) donde inevitablemente eran torturados. Luego de un tiempo el prisionero o prisionera, o bien era asesinado, también en forma clandestina y sin guardar registros del momento y lugar, o bien era "blanqueado" y pasaba a una cárcel legal haciéndose pública su situación, o directamente liberado.

Un caso especial son los niños desaparecidos, hijos pequeños de los opositores secuestrados, respecto de los cuales se sabe que la mayoría no fueron asesinados, y fueron entregados clandestinamente a padres adoptivos, suprimiéndoles su identidad. La mayor parte de esos niños aún continúan desaparecidos; se estima su número en unos 500. Las Abuelas de Plaza de Mayo han encontrado hasta septiembre de 2006, 85 niños desaparecidos.

One hundred thousand disappeared lost in the jails of South America Cuddle up baby Cuddle up tight Cuddle up baby keep it all out of sight undercover Keep it all out of sight Undercover of the night ............................................. Cien mil desaparecidos, Perdidos en las cárceles de Sudamérica. Acurrúcate, cariño, Acurrúcate fuerte. Acurrúcate, cariño, Mantén todo fuera de la vista Encubierto Mantén todo fuera de la vista Encubierto de la noche.

La desaparición forzada de personas y su impacto en la sociedad argentina fue reflejada en una exitosa canción de Charly García titulada "Dinosaurios", del año 1983.

Para implementar la táctica de desaparición forzada de personas el gobierno militar creó cientos de centros clandestinos de detención (CCD).

Los primeros CCD fueron instalados en 1975, antes del golpe militar del 24 de marzo de 1976. En ese año ya estaban en funcionamiento la Escuelita en Faimallá (Tucumán) y el Campito (Provincia de Buenos Aires). También en 1975 funcionó un CCD en la planta de la empresa Acindar en Villa Constitución, presidida por Martínez de Hoz, como parte de la estructura represiva organizada para reprimir la huelga declarada por el sindicato (UOM) en mayo de ese año.

En el año 1976 llegaron a existir 610 CCD, pero muchos de ellos fueron temporarios y circunstanciales. Luego de los primeros meses posteriores al golpe de estado, la cifra se estabilizó en 364 CCD. En 1977 la cantidad se redujo a 60. En 1978 había 45 y en 1979 7 CCD. En 1980 quedaban dos: la ESMA y el Campito (Campo de Mayo). En 1982 y 1983 la ESMA era el único campo de concentración que seguía siendo utilizado.

En Buenos Aires hubo 60 centros, en la provincia de Córdoba 59 y en Santa Fe 22.

Cinco grandes centros fueron el eje de todo el sistema: la ESMA y Club Atlético en la Ciudad de Buenos Aires; el Campito (Campo de Mayo) y el Vesubio en el Gran Buenos Aires (Provincia de Buenos Aires); y la Perla en Córdoba.

A pesar de sus diferencias los CCD fueron organizados con una estructura y un régimen de funcionamiento similar. Todos los CCD contaban con una o más salas de torturas, amplios espacios para mantener a los desaparecidos siempre en condiciones de gran precariedad, y un centro de viviendas para los torturadores y guardias. Casi todos tenían algún tipo de servicio médico. En algunos casos hubo servicios religiosos permanentes para el personal militar.

Durante su permanencia en el CCD se procedía sistemáticamente a la deshumanización de los detenidos-desaparecidos mediante diversos procedimientos: sustitución del nombre por un número, violaciones, animalización, humillación, hacinamiento, condiciones intolerables de alojamiento, desnudez forzada, racismo, antisemitismo, homofobia, etc.

También existió una política y un procedimiento común para las detenidas-desaparecidas que se encontraban embarazadas. En ese caso se postergaba el asesinato y se producía un parto clandestino con supresión de la identidad del bebé quien era entregado para su crianza a personas íntimamente vinculadas al sistema represivo, y en algunos casos partícipes del asesinato de los padres y/o madres biológicos.

La tortura fue un componente central del plan represivo del gobierno militar. Los centros clandestinos de detención (CCD) fueron creados y diseñados para poder practicarla ilimitadamente. Al redactar el famoso informe "Nunca Más" en 1984, los miembros de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP) no pudieron evitar sobrecogerse ante el "inmenso muestrario de las más graves e incalificables perversiones" que tenían ante sus ojos, y debatieron el modo de evitar que ese capítulo del informe se convirtiera en una enciclopedia del horror.

El Capítulo V (Derecho a la seguridad e integridad personal), punto D (Apremios ilegales y torturas), del Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del 14 de diciembre de 1979, está dedicado precisamente a registrar los casos de tortura que le fueron denunciados. El mismo puede leerse aquí.

Por su parte, el título C, del primer capítulo del Informe Nunca Más de la CONADEP está dedicado las torturas que se practicaban en los CCD, en tanto que se incluye un título especial para referirse a las torturas en el domicilio de las víctimas.

No es posible separar las torturas de todo el resto de análisis del terrorismo de Estado en Argentina. La tortura es un elemento omnipresente de la llamada guerra sucia en Argentina. La tortura y sus imágenes se establecieron como el eje del terror, para las víctimas directas, y más allá para los familiares, conocidos y la población en general. Aún años después, décadas después, esas imágenes conmueven hasta lo insoportable a los adultos, y angustian a los niños de las nuevas generaciones.

La picana eléctrica es el instrumento de tortura alrededor del cual se diseñaron y construyeron las salas de tormentos, a las que en todos los CCD llamaban "quirófanos". La picana era denominada "máquina"; en La Perla le llaman "Margarita". En La Perla, la sala de torturas tenía un cartel que decía: "Sala de terapia intensiva - No se admiten enfermos", mientras que en la de El Vesubio estaba colocado un cartel que decía «si lo sabe cante, si no aguante».

Era habitual combinar violación y tortura. Más allá de la tortura eléctrica y la violación, los instrumentos, métodos y grado de crueldad de los tormentos, excede la comprensión de una persona promedio: simulacros de fusilamiento, el submarino, estiletes, pinzas, drogas, el cubo (inmersión prolongada de los pies en agua fría/caliente), quemaduras, suspensión de barras o del techo, fracturas de huesos, cadenazos, latigazos, sal sobre las heridas, supresión de comida y agua, ataque con perros, rotura de órganos internos, empalamiento, castramientos, sufrir tortura ante o presenciar la tortura de familiares y a veces niños, mantener las heridas abiertas, permitir las infecciones masivas, cosido de la boca...

El sadismo de los torturadores es un dato común. Todos los detenidos-desaparecidos eran torturados: hombres, mujeres, ancianos, ancianas, adolescentes, discapacitados, mujeres embarazadas y niños (hay varios casos de niños menores de 12 años torturados frente a sus padres).

El informe de la CONADEP define lo que debieron padecer los desaparecidos como un "descenso al infierno".

Los "vuelos de la muerte" fueron un sello atroz de la guerra sucia en Argentina. Mediante los "vuelos de la muerte" miles de detenidos-desaparecidos fueron tirados al mar vivos y drogados, desde aviones militares.

En 1995, un marino de la ESMA, Adolfo Scilingo, se quebró emocionalmente y le relató extensamente al periodista Horacio Verbitsky, el modo como se aplicaba una metodología de exterminio denominada por sus propios autores como vuelos. Su relato fue publicado como libro, con el título de “El vuelo”. Debido a estas confesiones Scilingo resultó condenado a 640 años de prisión, en España, donde se encuentra cumpliendo su pena.

Scilingo, en sus testimonios, detalla el procedimiento, la autorización de la Iglesia Católica, la utilización de inyecciones, el tipo de aviones (Electra, Skyvan ), la amplia participación de los oficiales, la utilización del aeropuerto militar que se encuentra en Aeroparque (ciudad de Buenos Aires), entre otros detalles.

Sin bien existen pocos datos, la desaparición de los cadáveres de los detenidos-desaparecidos arrojándolos al mar desde aviones, parece haber sido un método generalizado, además de las tumbas clandestinas. La Fuerza Aérea uruguaya reconoció en 2005 que se realizaban vuelos de la muerte en combinación con las Fuerzas Armadas argentinas (Operación Cóndor).

En 2005 se probó por primera vez el itinerario seguido por un grupo de víctimas asesinadas mediante vuelos de la muerte. El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) identificó los restos de las madres de Plaza de Mayo, Esther Ballestrino, María Eugenia Ponce, Azucena Villaflor, la militante Ángela Auad , y la monja francesa Léonie Duquet determinando que las mismas habían sido secuestradas en Buenos Aires, detenidas y torturadas en la ESMA y arrojadas vivas al mar desde un avión frente a las playas de Mar del Tuyú.

Un trailer del film "Garaje Olimpo", relacionado con los vuelos de la muerte, puede ser visto en este sitio.

La Guerra Sucia en Argentina fue parte de una operación continental. La Operación Cóndor fue el nombre con el que se designó el plan de inteligencia y coordinación entre los servicios de seguridad de los regímenes militares del Cono Sur (Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia), con conexiones con las fuerzas militares de Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela, y cooperación y apoyo operativo de los Estados Unidos. La Operación Cóndor constituyó una organización clandestina internacional para la práctica del terrorismo de Estado a escala continental.

La Operación Cóndor ha podido ser descubierta básicamente a partir de los documentos secretos del gobierno estadounidense desclasificados en época del presidente Bill Clinton.

Fue concebida y diseñada por el entonces Coronel chileno Manuel Contreras quien en 1975, redactó un extenso documento con las proposiciones para su funcionamiento. El primer paso hacia la organización se produjo a mediados de 1975 cuando el Coronel chileno Mario Jahn, viajó a Paraguay y entregó al Coronel paraguayo Benito Guanes, el documento de organización del mecanismo y lo invitó a participar en la Primera Reunión de Trabajo de Inteligencia Nacional, realizada en Santiago de Chile entre el 25 de noviembre y el 1 de diciembre de 1975. En esa reunión se decidió organizar la Operación Cóndor entre los seis países del Cono Sur (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Luego se sumarían, con distintos grados de compromiso, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. Tuvo su centro de operaciones en Santiago de Chile y su principal coordinador fue Manuel Contreras, quien era conocido como "Cóndor Uno".

El 26 de abril de 2000 el ex gobernador de Río de Janeiro Leonel Brizola sostuvo que los ex presidentes del Brasil, João Goulart y Juscelino Kubitschek, fueron asesinados en el marco del Plan Cóndor, simulándose un ataque cardíaco y un accidente, respectivamente y que ello debía ser investigado.

La Fuerza Aérea uruguaya ha reconocido oficialmente la realización de vuelos de la muerte conjuntos con el régimen militar argentino.

Orgánicamente, la Operación Cóndor comenzó a ser desmontada cuando cayó la dictadura argentina en 1983. Sin embargo, los contactos y los asesinatos coordinados continuaron. En abril de 1991, se puso en marcha la Operación Silencio para impedir el enjuiciamiento de los responsables.

El 31 de mayo de 2001, mientras Henry Kissinger se encontraba en París, fue notificado por el juez Roger Le Loire que debía presentarse a declarar sobre su participación en la Operación Cóndor, lo que provocó la inmediata salida del ex secretario norteamericano, de Francia. Pocos meses después, Kissinger debió cancelar una visita a Brasil, porque el gobierno no podía garantizarle inmunidad judicial.

El 22 de diciembre de 1992, se descubrió en una estación de policía de Lambaré, Asunción (Paraguay), los llamados archivos del terror, expedientes en los que existen constancias documentales sobre el terrorismo de estado en el Cono Sur. Según los archivos descubiertos en Lambaré (Asunción) en 1992, el plan Cóndor causó 50.000 muertos, 30.000 desaparecidos y 400.000 presos..

En febrero de 2004, el periodista estadounidense John Dinges, publicó Operación Cóndor: una década de terrorismo internacional en el Cono Sur, donde entre otras cosas revela que los militares uruguayos intentaron asesinar al diputado estadounidense Edward Koch en 1976.

A partir de 1979 el régimen militar argentino se comprometió activamente en desarrollar la guerra sucia en Centroamérica, capacitando a fuerzas militares y paramilitares de contrainsurgencia en Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, y exportando la experiencia argentina.

Los militares argentinos comenzaron a realizar operaciones encubiertas que la CIA ya no podía realizar bajo la administración demócrata del presidente James E. Carter y en sintonía con los grupos más conservadores norteamericanos, comenzaron a proclamar que Estados Unidos había dejado inerme al hemisferio frente al comunismo y que ellos debían cumplir ese papel.

En 1979, se produjo el triunfo del Frente Sandinista en Nicaragua y ese mismo año el presidente de la Junta Militar argentina, el general Viola, expuso ante la XIII Conferencia de Ejércitos Americanos realizada en Bogotá, un plan de latinoamericanización del modelo terrorista estatal.

Pero será fundamentalmente el general Galtieri quien, en consonancia con el triunfo de Ronald Reagan en Estados Unidos, llevaría a la Argentina a comprometerse plenamente en la Guerra Sucia Centroamericana, bajo los lineamientos estratégicos norteamericanos. Galtieri presentaba como un valor su capacidad para llevar la guerra sucia hasta las últimas consecuencias tanto militar, como política y culturalmente.

A principios de 1982 Estados Unidos y la dictadura argentina planearon la creación de un gran ejército latinoamericano, que sería liderado por un militar argentino, con el objetivo de invadir Nicaragua y aniquilar a los sandinistas. Paradójicamente, la invasión de las Malvinas decidida por el propio Galtieri puso fin a la intervención argentina en Centroamérica, pero la Guerra Sucia en la región continuó hasta bien entrados los años '90 con un saldo de cientos de miles de desaparecidos.

Las personas que fueron asesinadas, desaparecidas o torturadas, así como las que debieron exilarse provenían de todos los sectores y estratos de la población; una parte importante aunque no bien determinada estaba integrada por combatientes, pertenecientes mayoritariamente a las organizaciones guerrilleras y también, aunque en menor número, a las fuerzas militares y policiales.

El gobierno militar proclamó que el blanco de la represión era el terrorismo, pero dándole un alcance por el cual virtualmente podía comprender a cualquier persona. El general Videla declaraba en 1978 al Times de Londres que "un terrorista no es solamente alguien con un arma de fuego o una bomba, sino también alguien que difunde ideas contrarias a la civilización occidental y cristiana".

El informe Nunca Más contiene una descripción de los desaparecidos por su grupo de referencia; más de la mitad eran trabajadores; en especial fueron asesinados los sindicalistas pertenecientes a comisiones internas de fábricas, como en los casos emblemáticos de Ford y Mercedes Benz. Entre los desaparecidos y asesinados existe una importante cantidad de adolescentes; en este caso es emblemático el secuestro y desaparición del grupo de adolescentes conocido como la Noche de los lápices. También fueron detenidos-desaparecidos y asesinados personas discapacitadas, ancianas, sacerdotes y monjas (como la Masacre de San Patricio de los padres palotinos, o de las Monjas Francesas Léonie Duquet y Alice Domon ), periodistas (como Julián Delgado o Rafael Perrota), artistas (como Héctor Oesterheld o Haroldo Conti), deportistas, abogados (como el laboralista Norberto Centeno o de derechos humanos, como Sergio Karakachoff ), etc. En algunos casos se trataban de familiares o simplemente personas nombradas por otros detenidos sometidos a tortura; en algunos casos se trató de funcionarios que simpatizaban con el régimen militar como Elena Holmberg o Héctor Hidalgo Solá; en otros casos se trató de simples casos de robo y extorsión como con Fernando Branca, o de intentos de ocultar errores como en el caso de la adolescente sueca Dagmar Hagelin. Entre las víctimas notables también se encuentran las madres fundadoras de la Asociación Madres de Plaza de Mayo Azucena Villaflor, Esther Ballestrino y María Ponce.

Un caso especial de víctimas son los niños desaparecidos-secuestrados, entregados a familias que, con o sin conocimiento de esa circunstancia, sirvieron para convalidar la sustracción de identidad, y que en algunos casos fueron cómplices del asesinato de sus padres. Existe la certeza de que la mayoría de esos niños siguen con vida y para encontrarlos un grupo de abuelas y abuelos de detenidos-desaparecidos crearon la organización Abuelas de Plaza de Mayo, dirigida por Estela de Carlotto. Desde que se estableció la democracia en 1983 y hasta el 13 de febrero de 2009, las Abuelas habían encontrado a 97 de esos niños. Las Abuelas de Plaza de Mayo estiman que fueron secuestrados y privados de su identidad alrededor de 500 niños que hoy ya son jóvenes y enfrentan dificultades psicológicas sumamente complejas debido a que las personas a quienes consideraban sus padres, en quienes naturalmente confiaban, les habían negado su identidad y origen, y en algunos casos fueron cómplices o conocieron a los asesinos de sus padres biológicos.

La conocida banda de rock argentina, Bersuit Vergarabat, realizó a pedido de las Abuelas de Plaza de Mayo una canción que refleja el drama de estos jóvenes. La canción se denomina Victoria Clara, carece de copyright y puede ser libremente bajada de este sitio: Victoria Clara.mp3.

Existe un debate distorsionado por fuertes argumentos ideológicos sobre la cantidad de desaparecidos entre 1976 y 1983.

En la cultura popular se ha establecido el número de 30.000 desaparecidos, suma que es sostenida por las organizaciones de derechos humanos, las fuerzas políticas de izquierda y centro-izquierda, las organizaciones estudiantiles y los sindicatos, a las que pertenecían la mayor parte de las víctimas.

La Secretaría de Derechos Humanos de Argentina, sobre la base de las personas que percibieron indemnizaciones del Estado hasta 2003, tiene registrados 13.000 desaparecidos. La CONADEP en 1984 registró 9.089 casos de desapariciones forzadas.

La violación de derechos humanos en Argentina entre 1976 y 1983 fue parte de un plan de represión sistemática decidido en los más altos niveles del gobierno militar.

La estructura para la ejecución directa de la represión ilegal se organizó fundamentalmente a través de "grupos de tareas", "centros clandestinos de detención", equipos de interrogación y tortura, y equipos de exterminio y desaparición de cadáveres. Estos equipos a menudo estaban vinculados y actuaban en el ámbito de las zonas y subzonas militares y bajo órdenes de sus respectivos jefes.

Los equipos de represión ilegal estaban integrados por personal de las tres fuerzas armadas, policía, prefectura, médicos, sacerdotes y en algunos casos personal paramilitar. Adicionalmente altos directivos de empresas privadas y dependencias públicas, así como directores y profesores de colegios y universidades, colaboraron activamente con los mecanismos ilegales de represión.

En algunas zonas y subzonas militares, paradigmáticamente en Córdoba y Tucumán, los jefes militares dieron la orden de que todo el personal militar se viera comprometido directamente en la violación de derechos humanos.

En Argentina, como en otros casos de violaciones masivas de derechos humanos, se produjo un debate sobre el alcance y gravedad de la responsabilidad penal para los autores directos, en relación al lugar que cada uno ocupaba en la cadena de mando. En total se calcula que 1180 policías, militares y civiles fueron autores directos de crímenes de lesa humanidad.

El Proceso de Reorganización Nacional era conducido por una Junta de Comandantes de la que dependía un presidente. En los siete años que duró se sucedieron cuatro juntas; solo en la última el presidente no perteneció nunca a la Junta.

Una vez establecida la democracia el presidente Raúl Alfonsín ordenó el Juicio a las tres primeras Juntas, que se realizó en 1985, en el que resultaron condenados Videla, Massera, Agosti, Viola y Lambruschini. Luego fueron indultados por el presidente Carlos Menem en 1990.

Con posterioridad han sido nuevamente enjuiciados por otros delitos como los relacionados con los robos de bebés, delito no alcanzado por los indultos. Algunos de ellos también han sido procesados en España por delitos de terrorismo y genocidio; en 2006 su extradición aún estaba pendiente.

Los miembros de la última junta y el último presidente han sido procesados por la redacción del llamado Documento Final sobre la Lucha contra la Subversión y el Terrorismo y la sanción de una ley de autoamnistía, debido a que ello ha encubierto el secuestro de niños.

El país se había dividido en 5 zonas militares, correspondientes a los cinco cuerpos en que se dividía el ejército. Al comandante de cada cuerpo del Ejército le correspondía hacerse cargo de la zona. Cada zona estaba dividida a su vez en subzonas y áreas. Cada uno de los jefes de zona, subzona y área tenía mando directo para la represión ilegal en su jurisdicción. Por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires era una subzona, ubicada dentro de la Zona 1; a su vez la subzona Ciudad de Buenos Aires, estaba dividida en 6 áreas.

El General Balza ha declarado que estos militares “son de los pocos que pueden saberlo todo”.

Alfredo Astiz es el caso más emblemático de la represión ilegal. Era capitán de la Marina de Guerra y perteneció al Grupo de Tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada. Se infiltró entre las Madres de Plaza de Mayo simulando ser familiar de desaparecidos. Actuó como secuestrador de las Madres de Plaza de Mayo, de las monjas francesas Léonie Duquet y Alice Domon, de la adolescente argentino-sueca Dagmar Hagelin, entre otros casos de trascendencia mundial. Se vio beneficiado por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Luego de anuladas, en 2003, fue procesado y detenido en 2006. En Francia fue condenado en ausencia a prisión perpetua.

Miguel Etchecolatz es un ex policía que fue la mano derecha del ex General Ramón Camps, Jefe de Policía de la Provincia de Buenos Aires. Fue el responsable directo del operativo de la Noche de los lápices. Inicialmente fue condenado a 23 años de prisión como responsable de haber ejecutado 91 tormentos pero la Corte Suprema anuló la sentencia por aplicación de la Ley Obediencia Debida. Fue condenado y cumplió una condena de siete años por la supresión de identidad de un hijo de desaparecidos. En 2006 fue enjuiciado nuevamente y condenado a reclusión perpetua.

Jorge Eduardo Acosta, conocido como "el Tigre", era un capitán de corbeta jefe del Grupo de Tareas 3.3.2 basado en la ESMA y de ese centro clandestino de detención. Era quien tomaba las decisiones sobre tortura y muerte en la ESMA. En particular fue quien tomó la decisión de arrojar al río al grupo de monjas francesas Duquet y Domon y las madres de Plaza de Mayo Villaflor, Ballestrino y Ponce , así como la muerte de Dagmar Hagelin. Está procesado por delitos contra la humanidad en Italia y España. Con la anulación de la Ley de Obediencia Debida se reabrieron las causas en las que está involucrado.

Julio Simón, conocido como "el Turco Julián", fue un integrante de la Policía Federal Argentina que actuaba como torturador en el CCD el Olimpo. Llevaba una cruz svástica como llavero. Está condenado por el secuestro de niños y torturas.

El General Ramón Camps estuvo a cargo de la Policía de la provincia de Buenos Aires. Tuvo bajo su dirección varios de los centros clandestinos de detención (CCD) ubicados en la provincia. Entre los casos en los que intervino se encuentran el Caso Timerman y la Noche de los lápices. Se caracterizó por su antisemitismo acérrimo. Fue condenado a la pena de 25 años de prisión hasta que fue indultado en 1990. Murió en 1994.

Raúl Guglielminetti, alias "Mayor Guastavino", fue un agente de inteligencia perteneciente al batallón 601 que ha sido relacionado con múltiples actividades criminales clandestinas. A partir de 1978 condujo el Grupo de Tareas Exterior (GTE) que organizó la colaboración del régimen militar argentino con la guerra sucia en Centroamérica, conocida como Operación Charlie. Fue integrante de la denominada "Banda de Aníbal Gordon", fue relacionado con el secuestro del empresario Osvaldo Sivak en 1985, y ha sido vinculado al tráfico de armas y de drogas.

Este represor argentino, prófugo de la justicia, llegó a México, ocupando el cargo de director general de Registro Nacional de Vehículos. En el año 2000, fue detenido en el aeropuerto internacional de la ciudad de Cancún, Quintana Roo, y permaneció en prisión hasta que fue autorizado su traslado a España. Actualmente, se encuentra extraditado, de regreso a Buenos Aires, Argentina, donde sigue su proceso judicial.

Numerosas empresas y empresarios fueron autores directos de crímenes de lesa humanidad. Existen pruebas directas de la participación de altos directivos de las siguientes empresas en crímenes de lesa humanidad: Ford, Mercedes Benz, Acindar, Dálmine Siderca, Ingenio Ledesma, y Astarsa.

En todas esas empresas fueron secuestrados y torturados decenas de representantes sindicales, muchas veces señalados por los propios empresarios, detenidos dentro de las empresas y trasladados a centros clandestinos de detención (CCD) en vehículos provistos por las empresas. En el caso de Dálmine Siderca, se había instalado un CCD al lado de la fábrica, a la que se comunicaba por una puerta. En el caso de Acindar en 1975 se instaló dentro mismo de la empresa el primer centro clandestino de detención.

José Alfredo Martínez de Hoz, presidente de la empresa metalúrgica Acindar, quien fuera Ministro de Economía entre 1976 y 1980, fue enjuiciado penalmente en un caso en el que existe evidencia de haber participado activamente en el secuestro de los empresarios Federico y Miguel Gutheim, propietarios de la algodonera SADECO. Martínez de Hoz había viajado a a Filipinas donde un grupo chino le habría solicitado intervenir para que los empresarios argentinos cumplieran un contrato comercial de dos millones y medio de dólares. Los Gutheim (padre e hijo) fueron secuestrados poco después de que Martínez de Hoz volviera de Filipinas, y durante su secuestro fueron llevados en dos oportunidades a negociar con los acreedores chinos y en una oportunidad a reunirse con el ministro. En 1990 Martínez de Hoz fue indultado por el presidente Carlos Menem. El 4 de septiembre de 2006 un juez declaró la nulidad del indulto y reabrió el caso.

Se encuentra probada la participación directa de religiosos católicos en la comisión de crímenes de lesa humanidad. La periodista Miriam Lewin testimonió que mientras era trasladada encadenada y encapuchada en la ESMA, donde se encontraba detenida-desaparecida, pudo ver fugazmente a una persona con ropa de obispo o arzobispo.

Uno de los campos de concentración de la Marina era una Casa de Ejercicio Espirituales de la Iglesia Católica en el Delta del Paraná. La Iglesia ha sostenido que no conocía lo que allí sucedía porque le habían vendido el inmueble a la Marina.

El día 9 de octubre de 2007 fue condenado a cadena perpetua al ser encontrado culpable de 7 homicidios, 42 privaciones ilegítimas de la libertad y en 32 casos de torturas. Los jueces también concluyeron que los crímenes se realizaron en el marco de un genocidio cometido entre 1976 y 1983.

Documentos secretos desclasificados del gobierno de los Estados Unidos han revelado que Henry Kissinger sabía de los crímenes de lesa humanidad que se cometían en Argentina, que amparó deliberadamente a la dictadura militar para evitar que la presión internacional pudiera evitar las violaciones de derechos humanos, y que le recomendó al gobierno argentino asesinar a los opositores antes de que asumiera el presidente James Carter.

A partir de la Segunda Guerra Mundial se ha definido como colaboracionistas a aquellas personas que colaboran con las fuerzas de ocupación que cometen crímenes de lesa humanidad, los justifican y comparten su ideología.

En esta situación se encuentran varias personas y organizaciones que colaboraron activamente con el gobierno militar aún sin cometer ellos mismos crímenes de lesa humanidad.

La participación del sector empresario en el Proceso de Reorganización Nacional fue amplia y protagónica al punto de co-organizar el golpe de estado y el gobierno. En algunos casos participaron directamente en la violación de derechos humanos (ver Autores: Empresarios y empresas). En otros casos muchos empresarios simplemente aprovecharon la ausencia de estado de derecho para desconocer los derechos laborales. Muchos empresarios y empresas colaboraron más activamente con la dictadura, justificando y dando apoyo técnico al gobierno, y haciendo caso omiso de las violaciones de derechos humanos, aún conociendo su existencia.

En primer lugar, la colaboración empresaria con el golpe de estado se organizó a través de la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias (APEGE). La APEGE fue fundada en agosto de 1975, pocos meses antes del golpe, por las principales asociaciones empresariales, con un fin claramente desestabilizador del gobierno democrático y de creación de una instancia única de diálogo con las Fuerzas Armadas. El 16 de febrero de 1976 organizó una huelga empresaria que es considerada como el inicio de la cuenta regresiva del golpe.

La APEGE estaba integrada por el Consejo Empresario Argentino(CEA), la Sociedad Rural Argentina, la Cámara Argentina de Comercio, la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), y la mayoría de las cámaras patronales sectoriales.

Las organizaciones empresariales apoyaron abierta y explícitamente al gobierno militar. José Alfredo Martínez de Hoz, presidente del Consejo Empresario Argentino (CEA), fue ministro de Economía. El gobierno militar le entregó la Secretaría de Ganadería a la Sociedad Rural Argentina, representada por Jorge Zorreguieta (el padre de Máxima Zorreguieta) activo lobista de la SRA y activista de la APEGE.

El amplio apoyo que el sector empresario brindó al golpe de estado se vio claramente en la reacción del mercado financiero. La Bolsa reabrió sus actividades el 5 de abril de 1976 con un aumento de las acciones de 250% en una sola jornada.

Entre los colaboradores civiles se encuentran los funcionarios civiles del gobierno militar que no cometieron ellos mismos crímenes de lesa humanidad. Algunos de esos funcionarios han sido muy conocidos como Domingo Cavallo, Roberto Alemann, Oscar Camilión, Alberto Natale, Américo Ghioldi, etc.

Un caso paradigmático de "condena social" es el de Jorge Zorreguieta, padre de la princesa Máxima de Holanda lobista empresario de la Sociedad Rural Argentina quien llegó a ser Secretario de Agricultura después de la dictadura, a quien el gobierno holandés le impuso restricciones para estar presente en actos públicos debido a su condición de ex funcionario del régimen militar.

Se ha discutido hasta que punto funcionarios de menor jerarquía pueden ser considerados colaboracionistas. Entre las personas cuestionadas se encuentran la dirigente del ARI Elisa Carrió, que se desempeñó como asesora de la fiscalía de Estado y secretaria de la Procuración del Superior Tribunal en la provincia del Chaco, Eugenio Zaffaroni quien continuó desempeñándose como juez durante el gobierno militar, y el dirigente del PJ Juan José Álvarez quien se desempeñó en la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) entre 1981 y 1984.

En términos generales, y con muy contadas excepciones entre las que se destaca el periodista británico Robert Cox, puede decirse que la prensa argentina colaboró ampliamente con el régimen militar, encubriendo los crímenes y justificando su proceder. Los grandes periódicos como Clarín y La Nación colaboraron abiertamente. Lo mismo puede decirse de conductores y periodistas televisivos o radiales como Mirtha Legrand, José María Muñoz, Bernardo Neustadt o Mariano Grondona. Aquí debe destacarse la valiente posición de dos diarios conservadores, La Prensa y Buenos Aires Herald que denunciaron desde sus páginas la situación de violación masiva de derechos humanos.

En los partidos políticos existieron dirigentes que colaboraron abiertamente con el gobierno militar y en muchos casos fueron funcionarios. En la Unión Cívica Radical Ricardo Balbín realizó declaraciones apoyando al dictador Videla y desmintiendo la existencia de detenidos-desaparecidos. En el Partido Socialista Democrático su secretario general Américo Ghioldi fue embajador en Portugal. El Partido Comunista Argentino tuvo una posición de apoyo a los gobiernos de Videla y Viola a quienes propusieron un gobierno de convergencia cívico-militar. El actual dirigente macrista Santiago de Estrada fue Subsecretario de Seguridad Social. Alberto Natale, diputado nacional del Partido Demócrata Progresista, fue intendente de Rosario entre 1981-1983, mientras que Rafael Martínez Raymonda, presidente del PDP se desempeñó como embajador en Italia. Por su parte, la Fuerza Federalista Popular (FUFEPO) intentó presentarse como partido del Proceso de Reorganización Nacional, hecho que resultó en la designación de Horacio Guzmán como gobernador de Jujuy.

El 1 de diciembre de 1978, un grupo de ex-legisladores realizó una cena de homenaje al general Videla. Mientras que el peronismo con la firma de su presidente Deolindo F. Bittel rechazó el evento, la dirección del radicalismo asistió en pleno: Ricardo Balbín, Juan Carlos Pugliese, Rodolfo García Leyenda, Rubén Rabanal, Antonio Tróccoli, Francisco Rabanal, Carlos Raúl Contín, Juan Trilla, Cándido Tello Rojas y Aldo Tessio. A la reunión también asistió oficialmente el Partido Comunista representado por Fernando Nadra, miembro del Comité Central, y Juan Carlos Comínguez, ex-diputado nacional, y algunos peronistas como Luis Rubeo en contra de la resolución de su partido. En cambio no concurrieron Luis León, Fernando de la Rúa, Carlos Perette y Raúl Alfonsín.

La Iglesia Católica Argentina brindó un importante apoyo al gobierno militar y a la preparación del golpe de estado, y en algunos casos religiosos participaron directamente en los crímenes de lesa humanidad. En 2002 la Iglesia Católica pidió perdón por los pecados cometidos durante la dictadura militar de 1976-1983. Sin embargo hasta 2006 la Iglesia Católica Argentina se ha negado a abrir sus archivos, entre los que se encuentran los informes de los capellanes militares que podrían brindar información sobre las personas desaparecidas.

La comunidad internacional como tal fue incapaz de detener o condenar la violación masiva de derechos humanos en la Argentina, Chile, Uruguay y Bolivia. Esa incapacidad se debió en gran medida al bloqueo sistemático de todo intento de sancionar a la Argentina que realizaron tanto Estados Unidos como la Unión Soviética.

En el caso de Estados Unidos, su participación en el golpe de estado y el encubrimiento de los crímenes de lesa humanidad fue una política consciente propuesta por Henry Kissinger. Los documentos secretos del gobierno norteamericano desclasificados no dejan lugar a dudas sobre la complicidad directa de Estados Unidos y Kissinger personalmente en la violación masiva de derechos humanos.

La actitud de los Estados Unidos cambió completamente cuando James Carter fue elegido presidente especialmente a través de la acción de Patricia Derian, Subsecretaria de Derechos Humanos, condecorada en 2006 por el gobierno argentino en reconocimiento a su desempeño durante la dictadura. Durante su gestión (1977-1981) se desarrolló una intensa política de derechos humanos que se concretó en la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA a la Argentina en 1979, de gran importancia para limitar las violaciones de derechos humanos. Con la elección de Ronald Reagan EEUU estableció una política de renovado apoyo a la dictadura militar organizando en forma conjunta la guerra sucia en Centroamérica (Operación Charlie), hasta que decidiera invadir Gran Bretaña en las Islas Malvinas.

La Unión Soviética por su parte estableció una estrecha relación comercial con la dictadura militar durante los gobiernos de Videla y Viola. A raíz de ello, el Partido Comunista Argentino defendió el carácter progresista de estos militares y la URSS bloqueó las sanciones que se solicitaban contra la Argentina en los foros internacionales.

Cuba también mantuvo una posición tolerante frente a la violación de derechos humanos en Argentina actuando como interlocutor del gobierno militar tanto ante los países del bloque soviético como el Movimiento de Países No Alineados.

En varios países de Europa, principalmente Francia, se apoyaron actividades de denuncia de las violaciones de derechos humanos en la Argentina. En 1978, el famoso futbolista holandés Johan Cruyff tomó la decisión de no participar en la Copa del Mundo realizada en la Argentina como una forma de protesta.

En 1980, la Academia Sueca le concedió el Premio Nobel de la Paz a Adolfo Pérez Esquivel, un luchador por los derechos humanos, que constituyó una importante medida para poner en evidencia la situación.

En 1981 el grupo musical Queen realizó cuatro recitales en Buenos Aires, Mar del Plata y Rosario, en el que criticaron abiertamente a la dictadura militar y pronosticaron su caída, que tuvo gran impacto en la juventud.

Varios países tuvieron una actitud de recepción y protección de los exiliados argentinos. Entre ellas se destacaron México, Costa Rica, Venezuela, España, Francia, y Suecia.

A pesar de las condiciones extremas de represión varios grupos políticos, sindicales, de derechos humanos, mantuvieron una actividad de resistencia y oposición a la dictadura militar dentro del país.

En primer lugar se destacaron los organismos de derechos humanos como las Madres de Plaza de Mayo, las Abuelas de Plaza de Mayo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el Servicio de Paz y Justicia, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), entre otros.

Varios sindicatos de la Confederación General del Trabajo (CGT) mantuvieron también una activa posición opositora, declarando decenas de huelgas. En 1979 la Comisión de los 25 declaró la primera huelga general y en septiembre de 1981 la CGT convocó a la primera manifestación abierta contra la dictadura militar. Aún antes, con las huelgas prohibidas, se buscaron distintas formas de lucha como el "trabajo a tristeza" que desarrollaron militantes gremiales en Luz y Fuerza, ferroviarios y automotrices, que motivaron una ola de secuestros, entre ellos Víctor Vázquez del segundo, y Mario Marrero, joven comunista obrero de General Motors.

Entre los partidos políticos, mantuvieron una activa oposición varios grupos del Partido Justicialista, Franja Morada y el Movimiento de Renovación y Cambio pertenecientes a la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista Popular, el Movimiento al Socialismo, el Partido Intransigente, el Partido Comunista Revolucionario, entre otros. En 1980 las juventudes de estos partidos reorganizaron las Juventudes Políticas como instancia de acción conjunta, participando de las mismas las juventudes radical, peronista, socialista, comunista e intransigente. En 1981 cinco partidos (Justicialista, Radical, Intransigente, MID y demócrata-cristiano) con el apoyo del Partido Socialista Popular, organizaron la Multipartidaria para presionar al gobierno militar a retirarse y establecer un régimen democrático.

El movimiento estudiantil también mantuvo una precaria organización clandestina fundamentalmente a través de la Federación Universitaria Argentina. Una investigación más seria del período permite ubicar en los primeros años del golpe esfuerzos importantes por parte de los secundarios, principalmente las prohibidas y perseguidas revistas estudiantiles, que llegaron a más de un centenar en todo el país, y fueron base de la reorganización de los prohibidos centros estudiantiles. En el caso universitario el motivo movilizador fue la lucha contra el arancelamiento que impulsó el ministro Moyano LLerena, llegándose en 1980 a juntar 20.000 firmas en petitorios. En ambos casos, secundarios y universitarios, la coordinación entre las juventudes políticas fue decisiva, y aún más cuando se tomó la decisión de volver a ganar las calles, con movilizaciones de las agrupaciones en Rosario y Capital que fueron violentamente reprimidas.

En la Iglesia Católica Argentina, a pesar de la pasividad general de sus autoridades, existieron varios grupos y personas que adoptaron una activa posición de defensa de los derechos humanos. Entre ellos pueden destarcarse las monjas francesas Léonie Duquet y Alice Domon, los padres palotinos de Belgrano, el obispo de La Rioja Monseñor Enrique Angelelli, entre muchos otros.

En el exterior se organizaron grupos de exiliados entre los que se destacaron la Casa Argentina en México y Madrid, así como los grupos organizados en París.

Las organizaciones guerrilleras Montoneros y ERP fueron perdiendo presencia hasta quedar sumamente debilitadas.

El 30 de marzo de 1982 las fuerzas opositoras, con el liderazgo de la CGT y la Multipartidaria, organizaron una gran manifestación popular contra la dictadura que produjo la primera gran fisura del régimen.

Luego de la derrota en la Guerra de las Malvinas el gobierno militar se vio debilitado hasta el punto de tener que llamar a elecciones democráticas sin condicionamiento alguno para el 30 de octubre de 1983. Pocos meses antes el gobierno militar dictó la Ley 22.924 conocida como Ley de Autoamnistía. Esta ley fue un acto desesperado del gobierno militar en retirada y fue reiteradamente declarada inconstitucional incluso durante los meses finales del Proceso de Reorganización Nacional. El 15 de diciembre de 1983, cinco días después de asumir, el presidente Alfonsín envió al Congreso un proyecto de ley declarando nula la ley de auto-amnistía y una semana después el proyecto fue sancionado como Ley Nº 23.040, la primera ley de la nueva etapa democrática.

También el 15 de diciembre de 1983 el presidente Alfonsín creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), integrada por personalidades independientes como Ernesto Sábato, Magdalena Ruiz Guiñazú, Graciela Fernández Meijide, entre otros, con la misión de relevar, documentar y registrar casos y pruebas de violaciones de derechos humanos, para fundar el juicio a las juntas militares.

En 20 de septiembre de 1984 la CONADEP produjo su famoso informe titulado “Nunca Más” y sus miembros concurrieron a entregarlo al presidente Alfonsín acompañados de una multitud de 70.000 personas.

Finalmente el mismo 15 de diciembre de 1983 Alfonsín sancionó los decretos 157/83 y 158/83. Por el primero se ordenaba enjuiciar a los dirigentes de las organizaciones guerrilleras ERP y Montoneros; por el segundo se ordenaba procesar a las tres primeras juntas militares que dirigieron el país desde el golpe militar del 24 de marzo de 1976 hasta la Guerra de las Malvinas de 1982, excluyendo así a la última junta que decidió entregar el poder a un gobierno elegido democráticamente sin condicionamientos.

El 4 de octubre de 1984 la Cámara Federal de la Capital Federal (tribunal civil) tomó la decisión de desplazar al tribunal militar que estaba enjuiciando a las juntas para hacerse cargo directamente del juicio.

El fiscal fue Julio César Strassera y el fiscal adjunto Luis Gabriel Moreno Ocampo. El juicio se realizó entre el 22 de abril y el 14 de agosto de 1985. Se trataron 281 casos.

Los integrantes de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal que juzgó a las Juntas Militares fueron Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, León Carlos Arslanián, Jorge Valerga Araoz, Guillermo Ledesma y Andrés J. D’Alessio.

El 9 de diciembre de 1985 se dictó la sentencia condenando a Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera a reclusión perpetua, a Roberto Eduardo Viola a 17 años de prisión, a Armando Lambruschini a 8 años de prisión y a Orlando Ramón Agosti a 4 años de prisión. En cambio fueron absueltos Omar Domingo Rubens Graffigna, Leopoldo Fortunato Galtieri, Basilio Lamí Dozo y Jorge Isaac Anaya.

Por las características que tuvo, la condena a las juntas militares realizada por un gobierno democrático constituyó un hecho sin precedentes en el mundo, que contrastó fuertemente con las transiciones negociadas que tuvieron lugar en aquellos años en Uruguay, Chile, Brasil, España, Portugal y Sudáfrica.

Durante esos años la democracia estuvo permanentemente amenazada por sectores de las Fuerzas Armadas que se negaban a aceptar el enjuiciamiento por violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar anterior. Para intentar mantener bajo control el descontento en las Fuerzas Armadas, en 1986 el Congreso sancionó la Ley de Punto Final imponiendo un plazo de 60 días para procesar a acusados de delitos de lesa humanidad cometidos durante el gobierno militar.

La Ley de Punto Final no fue suficiente y en la Semana Santa de 1987 se produjo una gran rebelión militar encabezada por jóvenes oficiales del ejército argentino que se denominaron “carapintadas”. Al mismo tiempo que los jefes militares demostraban que no estaban dispuestos a obedecer las órdenes del presidente Alfonsín y reprimir la insurrección, millones de personas salieron a las calles para oponerse al alzamiento militar y la CGT declaró la huelga general en defensa del gobierno constitucional. Durante varios días el país estuvo a borde de la guerra civil. La rebelion fue sofocada por una rama del ejército leal al presidente Alfonsin.

La crisis se consideró superada el sábado 30 de abril cuando Alfonsín así lo comunicó en un discurso a la población congregada en Plaza de Mayo donde utilizó dos frases que se hicieron históricas con sentido negativo: "Felices Pascuas" y "la casa está en orden". Alfonsín, sin poder militar para detener el golpe de estado, negoció con los líderes militares "carapintadas" la garantía de que no habría nuevos juicios contra militares por violación de derechos humanos. Esas medidas se concretaron con la ley de Obediencia Debida y el reemplazo del general Héctor Ríos Ereñú por el general José Dante Caridi, al mando del Ejército. Este último, desde su cargo, defendió públicamente la dictadura y la guerra sucia. Desde entonces hubo otras dos insurrecciones militares durante 1988 (18 de enero y 1 de diciembre) y un permanente estado de insubordinación de las Fuerzas Armadas.

Las leyes de Punto Final y Obediencia Debida fueron objetos de fuertes cuestionamientos por parte de las organizaciones de derechos humanos, el movimiento estudiantil, y las fuerzas políticas progresistas.

El presidente Carlos Menem dictó varios decretos el 7 de octubre de 1989 y el 30 de diciembre de 1990, indultando entre otros a todos los autores de crímenes de lesa humanidad no beneficiados por las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida, incluidos los miembros de las juntas condenados y el ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz.

Las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y los indultos a los jefes militares y guerrilleros ya condenados, concedidos por el presidente Carlos Menem en 1989, fueron conocidas como las leyes de impunidad.

A partir de 2004 gran cantidad de jueces comenzaron a declarar la inconstitucionalidad de los indultos de delitos de lesa humanidad, reabriéndose así las causas contra los indultados por esos crímenes. El 6 de septiembre de 2006, la Corte de Casación, máximo tribunal argentino en materia penal declaró por primera vez la inconstitucionalidad de un indulto .

El 21 de agosto de 2003 el Congreso sancionó la ley 25.779 declarando insanablemente nulas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

Poco después se reabrieron las causas por delitos de lesa humanidad cerradas en la década del '80. El 3 de agosto de 2006 se habían reabierto 959 causas penales en las que 211 acusados se encontraban con prisión preventiva.

Previamente se había dictado la primera sentencia contra el ex policía Julio Simón, conocido como "El Turco Julián", condenándolo a 25 años de prisión por violaciones de los derechos humanos.

Los miembros de la última junta y el último presidente fueron procesados por la redacción del llamado Documento Final sobre la Lucha contra la Subversión y el Terrorismo y la sanción de una ley de autoamnistía. La razón jurídica utilizada para abrir este juicio fue que con ese acto se encubrió el secuestro de niños.

Como consecuencia de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, y los indultos decretado por el presidente Menem prácticamente cesaron todas las investigaciones sobre delito cometidos durante el gobierno militar. Ello no solo dejó impunes esos delitos, sino que también cerró la posibilidad de conocer lo que había sucedido con las víctimas, y en muchos casos incluso con los niños que aún continúan en poder de sus captores desconociendo su identidad.

Varios tribunales aceptaron la procedencia de estos juicios que se caracterizaron por no buscar culpables sino por averiguar la verdad.

De gran trascendencia fue la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Lapacó (1999), impulsado por las organizaciones de derechos humanos argentinas, que reabrió un caso cerrado por la Corte Suprema y obligó al Estado argentino a seguir investigando.

En los Juicios por la Verdad se descubrió, entre otras cosas, la existencia de redes de apropiación y tráfico de bebés a cuyas madres se ejecutaba.

Los delitos de lesa humanidad cometidos en el marco de la Operación Cóndor no resultaron alcanzados por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida ni por los indultos del presidente Menem.

Por esa razón, en 1999 se abrió una causa para investigar esos crímenes, en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Perú y Uruguay. Están procesados 16 jefes militares por el secuestro y desaparición de 110 personas. En la causa se había pedido la extradición del ex dictador chileno Augusto Pinochet, fallecido en 2007.

La idea de enjuiciar represores argentinos fuera del país se originó en Italia. En 1983 familiares de 100 italianos desaparecidos durante la dictadura argentina presentaron la primera denuncia en Roma.

En 1985 se inició un primer juicio que concluyó el 6 de diciembre del 2000 con la condena a cadena perpetua de los generales Guillermo Suárez Mason y Santiago Omar Riveros, y a 24 años de cárcel a Juan Carlos Gerardi, José Luis Porchetto, Alejandro Puertas, Héctor Oscar Maldonado y Roberto Julio Rossin.

En 2006 junio de este año, la justicia italiana inició otro juicio conocido como causa ESMA donde están acusados Jorge Eduardo Acosta, Alfredo Astiz, Antonio Bañen, y Emilio Massera.

En Francia en 1990 el capitán Alfredo Astiz fue condenado a cadena perpetua por la Corte de Apelaciones de París por la muerte de las monjas francesas Léonie Duquet y Alice Domon.

En 1996 el Juzgado nº 5 de la Audiencia Nacional española inició una investigación por los delitos de terrorismo y genocidio contra españoles durante la dictadura militar en Argentina. En estas causas se encuentran imputados decenas de represores argentinos para los que se ha solicitado extradición. En ese marco en 2005 fue condenado el represor Adolfo Scilingo a 640 años de presión.

En 1997 el juez español Baltasar Garzón solicitó la detención y extradición de 45 militares argentinos y un civil a quienes procesó por genocidio, terrorismo de Estado y someter a torturas a presos políticos durante el régimen de facto que gobernó en Argentina entre 1976 y 1983. Entre ellos se encuentra Jorge Anaya. El pedido fue rechazado varias veces por el gobierno argentino alegando el principio de territorialidad.

El 27 de julio de 2003 el presidente Néstor Kirchner mediante el Decreto 420/03 modificó el criterio de rechazo de las extradiciones sustentado hasta ese momento ordenando "obligatoriedad del trámite judicial" solicitado por la Justicia española, y abriendo así el camino a la extradición efectiva de los militares requeridos.

En agosto de 2003 el entonces presidente de España José María Aznar ordenó no continuar con el proceso de extradición de los solicitados por crímenes durante el gobierno de facto en Argentina. Esta decisión fue anulada por la Corte Suprema de España en 2005, ordenando continuar adelante con las extradiciones solicitadas por Garzón.

En España también se encuentra detenido el ex militar (marino) Ricardo Miguel Cavallo quien se desempeñó en la ESMA. Durante varios años se desarrolló una fuerte lucha judicial para evitar que pueda ser juzgado en España, sosteniendo la defensa que debía ser enjuiciado en Argentina. En diciembre de 2005 la justicia española decidió que Cavallo será enjuiciado en ese país, pero el tribunal supremo revocó su regreso en julio de 2007. En enero de 2006 la Fiscalía pidió una pena mínima de 13.332 años de cárcel para Cavallo por genocidio.

En 1983 un grupo de familiares de los desaparecidos alemanes o descendientes de alemanes en Argentina presentó en Argentina un habeas corpus conjunto por la desaparición de 48 alemanes y de origen alemán que nunca tuvo respuesta por parte de las autoridades judiciales del país.

El 31 de enero de 1983, algunos de los familiares de los desaparecidos alemanes, como Idalina R. de Tatter y María Christina Bogado Tatter, denunciaron al Ministro alemán de Relaciones Exteriores, Hans Dietrich Genscher, por denegación de auxilio solicitado en caso de necesidad urgente. Ellas fundamentaron la denuncia presentando como ejemplo los secuestros y desaparición forzada de Jorge Federico Tatter, secuestrado de su domicilio el 15.10.1976 y de Claudio Manfredo Zieschank, secuestrado de su centro de prácticas pre-profesionales en Buenos Aires el 26 de marzo de 1976. Los familiares de los desaparecidos explicaron el desinterés del gobierno federal alemán de Relaciones Exteriores en prestar ayuda a los secuestrados por la dictadura militar Argentina. Esta denuncia fue archivada muy pronto por la Fiscalía de Bonn. En mayo de 1998, los familiares de los desaparecidos alemanes volvieron a realizar en Alemania una denuncia penal por los secuestros o desaparición forzada de Betina Ehrenhaus, Marcelo Weisz, Jorge Federico Tatter y Gerardo Coltzau, durante los años de la última dictadura militar Argentina. Más tarde denunciaron los secuestros y homicidios de Elisabeth Kaesemann y Claus Zieschank, contando para esto con el apoyo de la Coalición contra la Impunidad.

En el 2006 algunas de las causas denunciadas se encontraban en investigación, sin condenados. La Fiscalía y el Tribunal de Núremberg solicitaron la captura y extradición de seis altos oficiales argentinos, entre ellos el ex presidente de facto Jorge Rafael Videla, así como el ex almirante Emilio Eduardo Massera, los generales Juan Bautista Sasiain y Franco Luque, y el coronel Pedro Alberto Duran Saenz.

El 30 de abril de 1977 las Madres de Plaza de Mayo realizaron la primera ronda alrededor de la Pirámide de Mayo en Plaza de Mayo, frente a la Casa de Gobierno. La costumbre de realizar una ronda se originó en la orden de las fuerzas policiales de que debían "circular". A partir de ese día las rondas se realizan cada jueves.

Desde los últimos años del gobierno militar las marchas convocadas por las organizaciones de derechos humanos comenzaron a convocar a grandes cantidades de personas, entre las que se destacan los jóvenes. Estas marchas multitudinarias han desempeñado un papel muy importante en el desarrollo de una conciencia favorable hacia los derechos humanos y la memoria.

Entre las grandes marchas pueden destacarse la 1ª Marcha de la Resistencia el 10 y 11 de diciembre de 1981, la Marcha por la Vida el 5 de octubre de 1982, la 2ª Marcha de la Resistencia, el 9 y 10 de diciembre de 1982, la del 20 de septiembre de 1984 acompañando a la CONADEP para entregar el Informe “Nunca Más” al presidente Alfonsín, la del 26 de abril de 1985 cuando se inició el Juicio a las Juntas, la del 20º Aniversario del golpe militar el 23 y 24 de marzo de 1996, la del 24 de marzo de 2006 (30º Aniversario del golpe).

Inmediatamente después de recuperada la democracia y que entrara en funcionamiento la CONADEP comenzaron a realizarse exhumaciones porque se sospechaba que muchas de las tumbas NN podrían estar ocultando desaparecidos asesinados sin identificar. Pronto fue evidente que se necesitaban métodos científicos para reconstruir la memoria. La CONADEP y las Abuelas de Plaza de Mayo tomaron la iniciativa y viajaron a Estados Unidos donde recibieron el decisivo apoyo de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia. Se creó una base de datos genéticos en el Hospital Durand de Buenos Aires, y un equipo de antropólogos forenses organizados por Clyde Snow con gran audacia. Sobre esta base en 1986 se creó el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), como una organización no gubernamental y sin fines de lucro.

Hasta el 2000 el EAAF había logrado identificar los restos de 60 personas, mientras que había otros 300 casos que se continuaban investigando.

Algunos de los miembros del EAAF son: Luis Fondebrider, Darío Olmo, Silvina Turner, Patricia Bernardi, Anahí Ginarte, Rafael Mazzella, Daniel Bustamante, Carlos Somigliana, Miguel Nieva, Sofía Egaña, Cecilia Ayerdi, Andrea del Río.

Desde 1984 existieron varios proyectos para crear instituciones, casas o museos en los que se pudiera organizar la memoria de la guerra sucia en Argentina, pero por más de una década los mismos fracasaron o no se consolidaron.

En Rosario la Municipalidad creó el Museo de la Memoria, dependiente de la Secretaría de Cultura, por ordenanza el 26 de febrero de 1998. Inició sus actividades el 30 de marzo del año 2001. El museo dedica una atención especial al accionar del II Cuerpo de Ejército, que tuvo su sede en la ciudad de Rosario desde donde se diseñó el plan represivo sobre seis provincias. Es el primero de Argentina.

En el año 2000 se sancionó la Ley 392/2000 de la Ciudad de Buenos Aires que estableció que el edificio de la ESMA fueran destinados a la sede de un futuro museo. El 24 de marzo de 2004 se firmó un convenio entre el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Estado Nacional para trabajar conjuntamente en la construcción de un “Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos”, que funcionaría en el predio de la ESMA. finalmente este proyecto se concretó el 20 de noviembre del 2007, cuando el Gobierno nacional inauguró oficialmente el predio. Asimismo, el 22 de agosto del 2007 se inauguró en la ciudad de Trelew, provincia de Chubut, el "Centro Cultural por la Memoria" en el predio conocido como "Aeropuerto Viejo de Trelew", donde el 15 de agosto de 1972 depusieron las armas 19 militantes de distintas organizaciones armadas (FAR, ERP y Montoneros), luego de la fuga del penal de Rawson, y que fueron fusilados por la Armada Argentina en la Base Almirante Zar el 22 del mismo mes, en la denominada "Masacre de Trelew".

Otros centros clandestinos de detención también han sido expropiados o propuestos para constituirse en espacios de memoria, como el sitio donde estaba el Club Atlético, el Olimpo, el CCD ubicado en la calle Virrey Cevallos 630 de Buenos Aires, la ex Jefatura de Policía en Rosario, la Mansión Seré en Morón (Gran Buenos Aires), etc.

También en la Ciudad de Buenos Aires se decidió construir el Parque de la Memoria frente al Aeroparque. En 2006 estaba parcialmente construida. En Córdoba, el 24 de marzo de 2007 el gobierno nacional entregó el CCD «La Perla» para crear un espacio para la memoria.

A partir de la recuperación de la democracia el 10 de diciembre de 1983, comenzó a hablarse de la necesidad que las Fuerzas Armadas rechazaran los métodos criminales de acción. El hecho tenía importancia para que las Fuerzas Armadas pudieran integrarse como parte del Estado de derecho.

El primer acto en ese sentido fue realizado en diciembre de 1985 por el entonces Jefe del Estado Mayor Conjunto, Brigadier general Teodoro Waldner (Fuerza Aérea), en el Colegio Militar en ocasión del egreso de los nuevos oficiales, con la presencia del presidente Raúl Alfonsín.

La autocrítica del Brigadier general Waldner fue elogiada por diversos sectores de la vida nacional, pero al mismo tiempo otros altos mandos de las Fuerzas Armadas reivindicaban la legitimidad del accionar durante la guerra sucia.

La sucesión de presiones, planteos y levantamientos militares desde 1985, que lograron frenar el enjuiciamiento de los responsables de crímenes de lesa humanidad y luego indultar a los condenados, abrió nuevamente sospechas sobre el verdadero pensamiento de las Fuerzas Armadas respecto a los derechos humanos.

Con posterioridad el propio General Balza realizó varias ampliaciones de la autocrítica del Ejército en 1998 y 1999. Como consecuencia de ello fue expulsado del Círculo Militar, la asociación civil más importante con las que cuentan los militares en Argentina.

La autocrítica militar abrió paso también para las autocríticas de otros sectores de la sociedad argentina respecto de su conducta durante la guerra sucia como las organizaciones guerrilleras ERP y Montoneros.

La Ley 25.653 del 22 de agosto de 2002 estableció que el 24 de marzo sería considerado el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, para conmemoración de las víctimas de la última dictadura militar.

En 2006 la Ley 26.085 declaró el día 24 de marzo feriado nacional. La intención de la ley es crear un día de memoria y reconocerlo como día tradicional de movilización por los derechos humanos. La medida generó apoyos y críticas entre los partidos políticos y las organizaciones de derechos humanos.

En general las organizaciones de derechos humanos y los partidos progresistas, de izquierda y de centro izquierda, sostienen que se trató lisa y llanamente de un proceso represivo de opositores ejecutado mediante un plan sistemático y prediseñado de terrorismo de Estado. Dentro de este enfoque algunos sostienen que el golpe militar de 1976 tienen una continuidad de creciente violencia represiva con los golpes militares de 1930, 1955, 1962 y 1966 contra las fuerzas democráticas.

Otros sectores más relacionados con las ideas de centro, sostienen que las Fuerzas Armadas, por un lado, y las organizaciones guerrilleras, por el otro, ejercieron actos de violencia terrorista, que no solo afectaron al bando al que decían combatir, sino a decenas de miles de ciudadanos que no hacían uso de la violencia. Esta interpretación ha sido denominada por sus críticos en forma despectiva como "teoría de los dos demonios".

Los sectores que defienden el accionar de las Fuerzas Armadas durante entre 1976 y 1983, sostienen que se trataba de una guerra, que no obedecía a las reglas de la guerra tradicional. Dentro de esta concepción las violaciones de derechos humanos son consideradas como excesos habituales en toda guerra, pasibles de ser amnistiados. Dentro de esta interpretación algunos sectores sostienen que las Fuerzas Armadas combatían una agresión marxista-leninista en el contexto de la Guerra Fría, mientras que otros sectores sostienen que simplemente se combatía al terrorismo.

Los sectores vinculados con las organizaciones guerrilleras suelen sostener también que se trató de una guerra civil revolucionaria. En mucho casos cuestionan la comisión de crímenes de guerra por parte de las Fuerzas Armadas y de delitos de lesa humanidad contra combatientes y no combatientes.

El impacto de la guerra sucia en Argentina sobre la cultura ha sido considerable, tanto dentro como fuera del país.

Por una parte la población en líneas generales y la juventud en particular, se sintió fuertemente afectada por los horrores revelados por las investigaciones realizadas una vez caído el gobierno militar. Los derechos humanos, la paz y la democracia, como ideales sociales, adquirieron una valoración máxima en la sociedad argentina. Los programas educativos, en escuelas, colegios y universidades incluyeron la enseñanza de las violaciones de derechos humanos durante la dictadura militar, denominada explícitamente con ese término.

En el campo artístico puede decirse que la guerra sucia ha impactado todas las áreas y prácticamente a todos los artistas de un modo u otro.

Durante la dictadura militar muchos artistas estuvieron prohibidos e incluidos en listas negras. Luego de la derrota en la Guerra de las Malvinas y la apertura del proceso electoral, los artistas censurados comenzaron a retornar a los escenarios. Muchos de esos recitales se convirtieron en acontecimientos culturales como los de Mercedes Sosa en el Teatro Opera en 1982, Joan Manuel Serrat en el Luna Park en 1983, y los de Silvio Rodríguez y Pablo Milanés en Obras en 1984.

También existen emotivas esculturas populares, anónimas o colectivas, que en general han sido colocadas en los centros clandestinos de detención. Entre ellas se destacan la columna rodeada de cuerpos que emerge de las profundidades del CCD Club Atlético, o las esculturas colocadas en las rejas de la ESMA.

Entre las obras artísticas relacionadas con la guerra sucia se destaca "Identidad" un complejo de fotos y espejos realizado por trece artistas argentinos a pedido de las Abuelas de Plaza de Mayo. Entre los artistas se encuentran Carlos Alonso, Nora Aslan, Mireya Baglietto, Remo Bianchedi, Diana Dowek, León Ferrari, Rosana Fuertes, Carlos Gorriarena, Adolfo Nigro, Luis Felipe Noé, Daniel Ontiveros, Juan Carlos Romero y Marcia Schvartz.

En 1981 se produjo el Movimiento del Teatro Abierto, una reacción cultural contra la dictadura militar que tuvo una amplia influencia en la población. Teatro Abierto fue organizado por un grupo de gente del teatro integrado por Osvaldo Dragún, Roberto Cossa, Jorge Rivera López, Luis Brandoni y Pepe Soriano, apoyados por Adolfo Pérez Esquivel, recién elegido Premio Nobel de la Paz y Ernesto Sábato. El movimiento se inició en el Teatro Picadero ubicado en la cortada Rauch de la ciudad de Buenos Aires, que por esa razón fue mandado a quemar obviamente por el gobierno militar. Teatro Abierto se movió entonces al Teatro Tabaris.

El ciclo se repitió en 1982, en 1983 (con el lema de "ganar la calle"), y en 1984 (el "teatrazo"). Entre las obras de aquellos ciclos pueden mencionarse Gris de Ausencia (1981) de Roberto Cossa, Tercero Incluido (1981) de Eduardo Pavlovsky, Oficial Primero (1982) de Carlos Somigliana.

Teatro Abierto influyó en el resto de las actividades artísticas organizándose actividades similares en otrosn campos como Danza Abierta, Música Siempre, Libro Abierto, Poesía Abierta, Tango Abierto o Folclore Abierto, tanto en la capital como en algunas provincias.

Algunos artistas en los cuales la guerra sucia ha impactado especialmente son Mercedes Sosa, Víctor Heredia, Charly García, Juan Carlos Distéfano, Juan Gelman, León Ferrari, etc.

Al principio



Víctimas de la Guerra Civil Española

Un grupo de fusilados, ante los nichos del Cementerio Viejo de Badajoz. Esta imagen, en poder del Ministerio de Cultura, se encuentra en el dominio público y fue exhibida en 2006 durante una exposición en la Biblioteca Nacional.

A la sublevación del 18 de julio de 1936 en España, siguió de forma casi inmediata una brutal represión ejercida desde ambos bandos que, persiguiendo la eliminación física de adversario, produjo decenas de miles de muertes.

Estudios, basados en evoluciones demográficas, cifran en 540.000 la sobremortalidad de los años de la Guerra Civil y la inmediata postguerra, y en 576.000 la caída de la natalidad. La estimación de víctimas mortales en la Guerra Civil Española consecuencia de la represión puede cifrarse en 220.000 personas. De ellas, se calcula en unas 50.000 las asesinadas en la retaguardia de la zona republicana y unas 130.000 en la retaguardia de la zona franquista, a las que hay que añadir unos 40.000 muertos en la represión que siguió a la Guerra Civil. Estas estimaciones, aun hoy, 2008, están sometidas a revisión; aunque las víctimas producidas por el bando republicano fueron bien identificadas, las producidas por los sublevados, habiendo sido ignoradas durante el franquismo, hoy existen dificultades para cuantificarlas e identificarlas.

Desde los primeros días, en ambas zonas, se desató una represión que se concretó en juicios sumarisimos y numerosos paseos, eufemismo que utilizaron aquellos que sacaban de sus casas, amparados por la noche en la mayoría de los casos, a los que consideraban enemigos y los llebaban para fusilarlos, normalmente, al borde de las cunetas.

Esta situación de terror se concentró en los primeros meses de la contienda y respondían a un objetivo común, la eliminación física del adversario. Aunque las características fueron diferentes en las dos distintas zonas. En el bando sublevado fueron los mecanismos judiciales instaurados por los rebeldes, y las milicias falangistas y carlistas, los que llevaron a cabo esta represión, con el benepalacito e instigados desde la cúpula militar. En el bando republicano, desatada la contienda, el Gobierno y el resto de instituciones públicas perdieron el control de los acontecimientos, se desató una revolución que los desbordó, propiciando la creación de fuerzas paralelas y tribunales que fueron los que, principalmente, ejercieron la represión. La represión continuó, aunque en menor medida, hasta el final de la contienda y, aun, se prolongó con la represión que el franquismo ejerció en los años siguientes.

El deterioro de la justicia fue común en ambas zonas. Tanto los tribunales militares como los populares estaban compuestos en su mayoría por personas ajenas a la magistratura. En el bando sublevado, en tribunales militares únicamente uno de cada cinco miembros debía ser jurista, los juicios duraban breves minutos y en ocasiones los acusados eran juzgados en grupo. Se llegaba al absurdo de juzgar por "rebelión militar" a aquellos que no se sumaron a la sublevación. En la zona republicana, los tribunales populares, creados el 14 de agosto de 1936, estaban formados por tres funcionarios judiciales y un jurado de catorce miembros pertenecientes a diferentes organizaciones del Frente Popular. A estos tribunales populares, más adelante, vendrían a sumarse los de urgencia que restringían aún más las garantías procesales.

Los parlamentarios fueron un grupo especialmente castigado por ambas partes. Uno de cada cinco miembros de este colectivo fue asesinado. Los sublevados ejecutaron a unos cuarenta diputados del Frente Popular, mientras que en la zona republicana fueron ejecutados veinticinco de la coalición de derechas.

Las declaraciones públicas de destacados republicanos como Manuel Azaña, quien en un discurso pedía "paz, piedad y perdón" o Indalecio Prieto que apelaba: "No imitéis esa conducta, os lo ruego, os lo suplico. Ante la crueldad ajena, la piedad vuestra; ante los excesos del enemigo, vuestra benevolencia generosa"; contrastaron con el silencio entre las autoridades del bando sublevado. Igualmente, si hubo voces en la prensa de la zona republicana que mostraron su malestar ante la violencia desatada como la del periodista Zugazagoitia que escribiría: "para juzgar a cuantos hayan delinquido disponemos de la ley", en la zona sublevada, anulada la libertad de presa, la represión ejercida en su zona fue silenciada. No obstante, desde el bando de los sublevados también se alzaron voces en contra de la represión, destacando las declaraciones de Marcelino Olaechea, obispo de Pamplona que declaró: "Nosotros no podemos ser como nuestros hermanos de la otra banda: esos hermanos ciegos, que odian, que no saben de perdón".

La zona sublevada se militarizó desde los primeros días de la contienda. Se prohibieron los partidos políticos, únicamente se mantuvieron legales la Falange y el carlismo que desarrollaron una actividad más militar que civil. Esta militarización alcanzó a la magistratura. Los jueces debían demostrar sus simpatías por los sublevados. Los primeros en sufrir la represión fueron las autoridades civiles. Sometidos a simulacros de juicio que duraban menos de cinco minutos, en su mayoría, fueron condenados a la pena de muerte y casi de inmediato eran fusilados. Fueron candidatos a sufrir la represión todos aquellos que, no pudiendo demostrar simpatías por los sublevados, desempeñaban cargos públicos en el momento de la sublevación. Promulgada una huelga general en contestación a la sublevación fueron fusilados, estos sin juicio, los sindicalistas que se significaron. Masones, socialistas, sindicalistas y nacionalistas eran condenados a muerte por el simple hecho de serlo. Esta represión fue llevada a cabo principalmente por el ejército, aunque también participaron en ella las milicias de la Falange y los carlistas.

Especialmente significativa fue la represión en Navarra, donde la sublevación triunfó el primer día sin apenas enfrentamientos. El general Mola, el día 19 de julio, dio instrucciones bien explícitas: "Es necesario propagar una atmósfera de terror. Tenemos que crear una impresión de dominación . cualquiera que sea abierta o secretamente defensor del Frente Popular debe ser fusilado".

Destacó, también, el terror ejercido por Queipo de Llano en Andalucía, jactándose por radio de las hazañas represivas que cometía. Málaga, Granada y Córdoba fueron las provincias andaluzas más castigadas. Esta última sufrió un doble castigo primero a cargo del Frente Popular y, después, por parte de los nacionalistas. La masacre de la carretera Málaga-Almería acaecida el 8 de febrero de 1937, durante la entrada en Málaga de las tropas franquistas causó la muerte a varios miles de de personas que intentaban alejarse da la ciudad.

En Valladolid, una denominada "patrulla del amanecer", grupo de falangistas dirigidos por Onésimo Redondo, cofundador de las JONS, fusilaba a unas cuarenta personas cada día. Allí, como en otras ciudades de la zona sublevada, los presos eran sacados por la noche en camiones para ser fusilados en las afueras de la ciudad sin tan siquiera el simulacro de un juicio. El general Mola enviaría un comunicado pidiendo que estas ejecuciones se hiciese en lugares más discretos y que se enterrase a los muertos, algo que hasta entonces no se hacía.

En Zaragoza se asesinaron a más de 6.000 personas, de las cuales, la mayoría lo fueron en los primeros meses de la contienda.

La toma de Badajoz supuso una gran matanza protagonizada por las fuerzas moras que tomaron la ciudad al mando del general Yagüe.

Cuantificar el número de víctimas de la represión en la zona franquista, hasta ahora ha sido un problema. Durante el franquismo, éste intentó silenciar esta represión y, en todo caso, minimizar su dimensión. Tradicionalmente, los estudios más o menos documentados sobre estas víctimas, han corrido a cargo de historiadores cercanos al franquismo y basándose en los datos suministrados por el propio franquismo. Los registros utilizados por estos historiadores (Instituto Nacional de Estadística y Registros Civiles, principalmente) se ha demostrado no fiables, reflejando tan sólo la mitad, incluso sólo la tercera parte, de las muertes.

A partir de 2008, este problema comenzó a superarse. Poco a poco fueron apareciendo estudios, que mediante trabajos de campo y la consulta de archivos, desvelaron el verdadero alcance de la represión en buena parte de municipios y provincias españoles. Estos trabajos avanzan despacio, en parte, por las dificultades intrínsecas de esta labor y, en parte, por la, expresada por los investigadores, resistencia de los Gobiernos Militares y dificultades en el acceso a determinados archivos. Los actuales estudios apenas cubren la mitad de la geografía española. La Ley sobre la Recuperación de la memoria Histórica puede contribuir a dar un impulso a estos trabajos y lograr un mejor conocimiento de estos hechos.

Con los datos disponibles en 2008, el número de víctimas mortales puede cifrarse en 140.000; siendo éstas, principalmente, sindicalistas, intelectuales, políticos republicanos y nacionalistas (el colectivo de maestros fue objetivo de una dura represión). Historiadores, en 2002, ya cifraban el número de víctimas en 150.000. Las asociaciones de la memoria histórica cifraron este número en 130.000 y algunos historiadores elevan esta cifra. El historiador británico Paul Preston calculó el número de muertos en la retaguardia franquista en 180.000 y, el también historiador, Santos Juliá aporta una cifra mínima de 90.000 para las 36 provincias que ha estudiado. Eduardo Guzmán, estudiando especialmente la represión de posguerra, da la cifra de 200.000 muertos.

En 2008, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón solicitó a Ayuntamientos y otros organismos un listado de desaparecidos durante la Guerra y la posguerra. El listado, que se reunió el 22 de septiembre de 2008 incluía 143.353 nombres, aunque sus propios autores avisan que faltan muchísmos nombres y, al mismo tiempo, que muchos de los nombres podrían estar duplicados e incluso triplicados (lo que hicieron en el momento de hacer entrega del material para evitar suspicacias). Presenta la siguiente distribución geográfica (según las actuales comunidades autónomas): Galicia (7.000), Asturias (6.000), Cantabria (2.535), País Vasco (1.900), Navarra (3.920), La Rioja (2.070), Cataluña (3.338), Baleares (1.486), Aragón (9.538), Castilla-La Mancha (8.851), Castilla y León (14.660), Extremadura (9.486), Madrid (3.424), Andalucía (42.131), Valencia (29.034), Murcia (1.000), Canarias (2.211), Ceuta y Melilla (768).

Tras el levantamiento, en las zonas en las que no triunfó la insurrección, se desató una revolución que propició la desaparición o transformación de muchas instituciones. En las grandes ciudades surgieron las fuerzas paralelas a las de orden público, cada partido político contaba con sus milicias y también disponían de sus propias "checas", especie de cárceles al margen de la autoridad de la república, que pronto se significaron por la práctica de la tortura (en Madrid llegaron a abrirse varias docenas). Los revolucionarios dieron especial importancia a la autoridad municipal y numerosos ayuntamientos fueron tomados y los comités revolucionarios asumieron sus funciones, desplazando, también, a las fuerzas de orden público.

La revolución se inició con una oleada de asesinatos, destrucciones y saqueos. En las grandes ciudades, las milicias de los diferentes partidos se dedicaron dar el paseo a todo aquel que identificaban como potencial enemigo. Los sacerdotes y frailes fueron los que más sufrieron sus iras, desatándose lo que se ha conocido como la persecución religiosa, asesinando a cerca de 7.000 eclesiásticos en toda la geografía española. Uno de los ejemplos más destacados entre los casos de la brutalidad revolucionaria ejercida contra el clero aconteció en la diócesis de Barbastro, donde se asesinó a 123 de los 140 sacerdotes, es decir, el 88% de sus miembros.

En Madrid, durante el mes de noviembre de 1936 se produjeron las sacas masivas de presos que, ante la cercanía del frente, se consideró que debían ser trasladados. La mayoría de estos presos no llegaron a su destino, entre 2.000 y 5.000 fueron fusilados en el municipio de Paracuellos y Torrejón de Ardoz.

Los tres primeros meses de la guerra fueron de especial terror en las grandes ciudades de la zona republicana. Las pasiones revolucionarias estaban en su zénit y la autoridad del Gobierno en su nadir. Madrid se convirtió en territorio ocupado por un laberinto de milicias que, al amparo de la noche, sacaban de sus casas a aquellos que arbitrariamente eran denunciados por colaborar con los sublevados; en casos, la prueba consistía en haber escuchado radio Sevilla o haber encendido las luces del coche, supuestamente para orientar a los aviones de los sublevados. Esos meses, las embajadas se llenaron de refugiados.

En Barcelona la situación fue muy similar a Madrid, con el añadido de que fueron frecuentes los enfrentamientos entre las distintas milicias pricipalmente las de la UGT se enfrentaban a las de la CNT y los comunistas del PSUC se enfrentaban a los trotskistas del POUM.

Al contrario de lo ocurrido con las victimas en la zona nacional, puede considerarse que las víctimas en la zona republicana están bien identificadas y sobre su número existen menos controversias. Al concluir la Guerra Civil, el franquismo acometió un exhaustivo estudio que quedó reflejado en la llamada Causa General. El estudio recoge las consecuencias del denominado "terror rojo" desde febrero de 1936 hasta el fin de la contienda. Se trata de un minucioso estudio realizado municipio por municipio y que ocupa más de 1.500 legajos, hoy conservados en el Archivo Histórico Nacional. Según los datos que obran en este archivo, el número de victimas de la represión republicana sería de 38.563. Ramón Salas publicaría un estudio, según el cual este número ascendería a más de 70.000; aunque en este estudio se han descubierto duplicaciones. Estimaciones actuales calculan que el número de estas victimas no debió superar las 50.000.

Las víctimas, en esta zona fueron, principalmente, religiosos, terratenientes, empresarios y políticos de derechas, y éstas se concentraron principalmente los primeros meses de la contienda, producto de numerosos paseos que, aunque en menor medida, siguieron produciéndose hasta el fin de la misma.

Acabada la guerra, con el triunfo de los sublevados, los vencedores iniciaron otra etapa de represión cuya finalidad fue atemorizar a todos aquellos que no se identificaban con el nuevo régimen.

En la geografía española surgieron numerosos campos de concentración donde se hacinaban los detenidos viviendo en condiciones durísimas, sometidos a malos tratos y muertes arbitrarias. La primera represión la ejercieron las milicias falangistas que se presentaban en estos campos y se llevaban a aquellos a los que consideraban debían darles el "paseo". Antes de terminar la guerra ya funcionaba el campo de concentración de Castuera que se construyó una vez caída en manos del ejército franquista la comarca de la Serena. En el campo de concentración de Albatera fueron ingresados muchos republicanos que no pudieron exilarse desde Alicante en los últimos momentos de la contienda. A finales de 1940 estos campos ya habían sido desmantelados en su mayoría y los presos pasaron a diferentes cárceles en las que las condiciones no eran mucho mejores. no obstante, los campos de concentración siguieron existiendo hasta 1947, año en que se cierra el último, el campo de concentración de Miranda de Ebro.

La primera depuración la sufrió el sistema judicial, el franquismo tuvo especial cuidado en que los tribunales estuviesen compuestos por elementos afines. Estaban compuestos principalmente por militares, el defensor era otro militar al que no se le pedía una formación jurídica y debía subordinación al presidente del tribunal, también militar. Estos tribunales se encargaron de juzgar a aquellos que, como en un mundo al revés, eran acusados de promover o apoyar la insurrección. Los juicios duraban breves minutos, en ocasiones se juzgaban a grupos de sesenta personas las que podían o no ser escuchadas.

En 1939, el número de detenidos esperando juicio superraba los 270.000. Ramón Salas, en los años 1970, daba la cifra de 30.000 ejecuciones dictadas por estos tribunales y Ramón Tamames, posteriormente, la elevaba a 100.000. En la actualidad se calcula que fueron entre 40.000 y 50.000 las personas que fueron ejecutadas. A esta cifra habría que sumar todas aquellas muertes que se produjeron en las cárceles como consecuencia de las pésimas condiciones en las que intentaban sobrevivir los presos. Como ejemplo, se conoce que en Albacete, donde hubo un millar de ejecuciones, murieron en la cárcel 300 personas. Los datos sobre las víctimas que murieron ejecutadas o en las cárceles franquistas se obtienen por extrapolación de los pocos datos con los que cuentan los investigadores, ya que el franquismo se preocupó de que muchos de estos crímenes no figuraran en registros oficiales y los datos existentes, aún hoy son de difícil acceso.

Los Tribunales y los procesos no sólo sirvieron a una finalidad represora sino que también tuvieron la misión de amedrentar a la población. Como ejemplo, el caso conocido de Albacete, donde los tribunales militares juzgaron a 34.000 personas lo que supuso que el 9% de la población pasó por estos tribunales.

Otra forma de represión fue la administrativa y la económica. El franquismo, en su afán de combatir al "enemigo interior", depuró todos los organismos oficiales (siendo maestros y catedráticos sospechosos, puso especial atención en la depuración de la enseñanza) y la economía se montó favoreciendo a los adictos al Régimen, excluyendo de ella a todo sospechoso de desafección. En todas las ciudades y pueblos, la autoridad civil y religiosa, esta última encarnada por el párroco, emitían informes que, en el caso de ser negativos, conllevaban sanciones de todo tipo. Se impusieron sanciones no sólo a los condenados sino también a familias completas y determinadas regiones y provincias fueron castigadas por haber permanecido fieles a la República o ser consideradas izquierdistas. La represión no sólo alcanzó a aquellos que se habían opuesto al Régimen sino que se extendió a aquellos a los que se les consideró discrepantes.

Los primeros meses del conflicto provocaron desplazamientos de población principalmente en las regiones fronterizas con Francia, que se sentían amenazadas por la acción de ambos contendientes y especialmente, numerosas personas afectadas por la violencia durante la revolución social y la acción de milicias. La provisionalidad y carácter minoritario de estos primeros refugiados fue dejando paso a formas más permanentes y masivas que afectaron mayormente a la población de las zonas de control "republicano" a medida que progresaban las áreas bajo autoridad de las fuerzas franquistas, para generar a término del conflicto, una situación de exilio o de no retorno a cientos de miles de personas.

Los desplazamientos masivos se produjeron como consecuencia de la batalla del Norte, periodo durante el cual cerca de 200.000 personas cruzaron a Francia, de las cuales 165.000 regresaron a España para reincorporarse a la zona republicana. Desde entonces Francia recogería un goteo de exiliados hasta que en los últimos momentos de la guerra, con la caída de Cataluña, se produjera la gran oleada en la que pasaron a Francia otras 350.000 personas. En los días siguientes al cese de hostilidades y final de la contienda, desde Alicante, zarparon unas 15.000 personas, la mayoría con destino al norte de África y la Unión Soviética. En total se calcula que fueron unos 450.000 personas las que permanecían exiliadas en la primavera de 1939, inmediatamente después de acabada la Guerra Civil, de ellas, casi la totalidad, 430.000, lo estaban en Francia, confinadas, en su mayoría, en campos de concentración habilitados para acogerlas.

Francia no previó la gran cantidad de españoles que cruzarían la frontera, no destinó suficientes medios y los campos de concentración se convirtieron en lugares inhabitables donde los exilados se hacinaban en condiciones de vida penosas. Francia negoció con Franco para que aceptara el retorno de aquellos exiliados que quisieran regresar y a finales de 1939 el número de refugiados que permanecían en los campos se redujo a 140.000, otros 42.000 se distribuyeron en otros países. Rusia, Argentina, Cuba, Santo Domingo y especialmente Chile, por los esfuerzos de Pablo Neruda (en aquel tiempo embajador en París) y, México, que llegaría a acoger a unos 22.000 refugiados, fueron los principales países de acogida.

Los campos de Francia no se desmantelaron hasta bien entrado el año 1940. Los refugiados fueron incorporándose a la Legión extranjera y compañías de trabajo destinadas a trabajadores extranjeros.

Con la ocupación alemana de Francia, los exiliados españoles pasaron a sufrir una nueva represión. Dirigentes del Frente Popular fueron reclamados por Franco y entregados a la policía franquista, éste fue el caso del Presidente de la Generalitat Companys, y el de Peiró y Zugazagoitia que posteriormente fueron ejecutados. 13.000 españoles fueron enviados a campos de concentración en Alemania, el campo de concentración de Mauthausen fue su destino principal, pero también a otros, como Sachsenhausen-Oranienburg al que fue enviado Largo Caballero. De los 13.000 españoles que fueron enviados a campos de concentración nazis únicamente lograron sobrevivir 2.000 pereciendo el un 85% de ellos, porcentaje de muertos superior al de cualquier otra nacionalidad. Entre 30.000 y 40.000 españoles fueron enviados a campos de trabajo en Alemania.

Con el inicio de la II Guerra Mundial, la mayoría de los refugiados que permanecían en Francia se incorporaron a unidades militares para combatir a Alemania y unos 10.000 refugiados, principalmente comunistas, se integraron en la resistencia jugando un papel importante en la lucha contra la ocupación alemana. Los combatientes españoles liberaron gran parte del sur de Francia, una de las primeras unidades en entrar París la integraban exiliados españoles y los batallones Guernica y Libertad participaron en liberación de posiciones en la zona del Atlántico. El número de exiliados españoles muertos en la II Guerra Mundial puede acercarse a la cifra de 25.000. Acabada la II Guerra Mundial, los exiliados españoles en Francia adquirieron un estatus legal, del que carecían con anterioridad, que les permitió permanecer en el país. También es de destacar la comunidad de exiliados en México.

El exilio republicano permanente se calcula en 200.000 exiliados, compuesto principalmente por combatientes del Frente Popular, cargos públicos, profesionales e intelectuales. En determinadas áreas como la poesía, las ciencias o el pensamiento, quienes emigraron representaban una parte trascendental de la cultura española, por lo que la sociedad española se vio mutilada por la desaparición de esas personas.

El franquismo, desde un primer momento, se preocupó de dar el debido reconocimiento a las víctimas de la represión en la zona republicana. Estas víctimas fueron identificadas y sus cuerpos exhumados para proporcionales una sepultura digna.

Contrariamente, las víctimas de la represión franquista fueron, en el mejor de los casos, ignoradas, cuando no denigradas. Muchas de estas víctimas se encuentran enterradas en fosas comunes dispersas por la geografía española; sus muertes, en muchos casos ni siquiera figuran en los registros civiles. Superado el franquismo e instaurada la democracia, por las particularidades de la la Transición, tuvieron que pasar varias décadas para que aflorara a la opinión pública la reivindicación de su memoria.

A finales de los años 90, pasados 25 años desde que se instaurarse la democracia sin que ninguna institución pública se hubiera preocupado de promover una investigación general sobre estas víctimas, familiares de represaliados comenzaron a reivindicar de forma organizada la localización y exhumación de los cuerpos de sus allegados para proporcionarles una sepultura digna. Estos esfuerzos se han visto acompañados por la labor de historiadores interesados en llegar al conocimiento de la verdadera magnitud, y otros extremos, de la tragedia. Estas familias, agrupadas en la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, desde el año 2000 han promovido la apertura de las fosas comunes y en septiembre de 2008 el número de cuerpos exhumados era de 2.317.

Entre marzo y abril de 2001, la Comisión Cívica de Alicante conmemoró el 70 aniversario de la II república y el 62 del fin de la Guerra Civil con el lema Recuperar la memoria histórica, comentando sus promotores que "si un pueblo olvida su historia no comprende el presente ni puede labrarse el futuro".

El 22 de junio de 2006 se aprobó en el Congreso de los Diputados con la única oposición del Partido Popular (PP) que el año 2006 fuese declarado año de la memoria histórica. El 28 de junio de ese año, el Gobierno de Rodríguez Zapatero presentó el proyecto de la Ley de Memoria Histórica de España con el fin de reconocer, amplían derechos y establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. El PP se opuso a este proyecto alegando que ya se habían adoptado "numerosas iniciativas a favor de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura" y que el PSOE con la propuesta de esta ley, se estaba traicionando a sí mismo al haber roto la "reconciliación" pactada en la Transición, acusándolo de "hipocresía", "disfrazando de iniciativa de concordia lo que no es más que un paso adelante en el proceso de ruptura del pacto de convivencia". Esquerra Republicana de Catalunya e Izquierda Unida presentaron otros proyectos alternativos por considerarlo insuficiente. El Congreso de los Diputados aprobó la ley el 31 de octubre de 2007.

El desarrollo de la ley de la Memoria Histórica apenas ha sido un tímido avance en el tema que se propone. Hay realidades que son esclarecedoras, (en otoño de 2008) la Generalitat de Cataluña tenía un presupuesto superior, destinado a la investigación de estos hechos y la dignificación de las fosas comunes, que el propio Gobierno de la nación; y mientras comunidades autónomas colaboran con ella (Andalucía, Asturias, Aragón,...) otras, las gobernadas por el PP, no ha destinado fondos ni han inicado investigaciones.

La Conferencia Episcopal se negó a acatar el requerimiento, declarándose incompetente ante la petición del juez. El Ministerio de Defensa respondió al juez que no tenía documentación sobre el número de víctimas, siendo el Ejército de Tierra, el único de los tres ejércitos que manifestó que, en sus archivos, podría disponer de alguna información sobre casos puntuales. El 23 de septiembre de 2008, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica envió al Juez Garzón el listado de 143.353 desaparecidos víctimas de la represión franquista.

Esta iniciativa del juez Garzón para investigar el paradero de estas víctimas y las circunstancias de su muerte se ha encontrado con obstáculos de diferente tipo. aunque algunos ayuntamientos e instituciones han mostrado su disposición para colaborar, a la negativa de la Conferencia Episcopal y los escasos datos que se encuentran en los archivos militares se suma las reticencias de ayuntamientos gobernados por le PP y el boicot de alguno de ellos, como el de Almería. El PP acogió la iniciativa arremetiendo contra el juez Garzón, acusándole de "perder el norte" y considerando la iniciativa de "disparate", "error gravísimo", y "Esperpéntico".

La prensa internacional calificó la iniciativa de "hecho histórico". El The New York Times, The Guardian, The Daily Telegraph, El Clarín, Le Monde,... se hicieron eco de la iniciativa.

El 7 de noviembre, la Audiencia Nacional, a solicitud del Fiscal del Estado, tras un tenso debate, suspendía la apertura de fosas y exhumaciones solicitadas por el Juez Garzón. El día 18, el juez garzón se inhibe de investigar la causa contra el ‘franquismo’ por considerarla extinguida al comprobarse el fallecimiento de los acusados. En el auto remitió las investigaciones de los desaparecidos a los juzgados territoriales donde se hallen situadas las fosas.

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Masacre de El Nilo

La Masacre de El Nilo o Masacre de Caloto fue un ataque perpetrado contra indígenas de étnia Nasa en el municipio de Caloto, departamento del Cauca el 16 de diciembre de 1991 por miembros de la Policía Nacional de Colombia y civiles armados. Fueron masacrados 21 indígenas. Tras el incumplimiento de los acuerdos de reparación de víctimas por parte del gobierno colombiano, los indígenas organizan ocupaciones pacíficas a las fincas del norte del Cauca, al menos diez veces han realizado tomas pacíficas a la hacienda La Emperatriz, en Caloto, y siempre han terminado en enfrentamientos con la fuerza pública. El balance es de cien heridos, tres muertos y doce indígenas presos.

Una semana antes de la masacre, el 7 de diciembre de 1991, miembros de la comunidad indígena Páez (Nasa) denunciaron las amenazas de las cuales eran objeto y solicitaron la protección de las autoridades. Los indígenas se negaban a llegar a un acuerdo y fueron amenazados, según sus testimonios, por el supuesto representante de la sociedad compradora Gilberto Márquez quien, al parecer, iba con un grupo de individuos armados. Los indígenas decidieron denunciar el hecho con el alcalde y la Personera de Caloto, en una reunión que hicieron en la Vereda El Carrizal. En dicha reunión también estuvo el Gerente Regional del INCORA y al Secretario de Gobierno Municipal.

La Comunidad Indígena del Resguardo de Huellas informó al gobernador del departamento del Cauca a tiempo de las amenazas que se habían presentado contra la comunidad, sin embargo no tomó ninguna medida para protegerlos.

En el ataque resultaron muertos los indígenas: Darío Coicué Fernández, Ofelia Tombé Vitonas, Carolina Tombé Ñusque, Adán Mestizo Rivera, Edgar Mestizo Rivera, Eleuterio Dicue Calambas, Mario Julicue Ul (o Mario Julico), Tiberio Dicué Corpus, María Jesús Guetia Pito (o María Jesusa Güeitía), Floresmiro Dicué Mestizo, Mariana Mestizo Corpus, Nicolás Consa Hilamo (o Nicolás Conda), Otoniel Mestizo Dagua (u Otoniel Mestizo Corpus), Feliciano Otela Ocampo (o Feliciano Otela Campo), Calixto Chilgüezo Toconas (o Calixto Chilgüeso), Julio Dagua Quiguanas, José Jairo Secué Canas, Jesús Albeiro Pilcué Pete, Daniel Gugu Pete (o Daniel Pete) y Domingo Cáliz Soscué (o Domingo Cálix Sescué). El único sobreviviente fue Jairo Llamo Ascué quien resultó herido.

UN Juzgado de Instrucción de Orden Público de Cali inició la investigación en diciembre de 1991 y vinculó a ella al Mayor de la Policía Nacional de Colombia, Jorge Enrique Durán Argüelles, entonces comandante del Distrito de Policía de Santander de Quilichao y al Capitán Fabio Alejandro Castañeda Mateus, Jefe Antinarcóticos de Santander de Quilichao. El 7 de abril de 1992 el Juez de Instrucción de Orden Público de Cali se abstuvo de proferir medida de aseguramiento contra los oficiales, pero el representante de la Procuraduría apeló la decisión, y fue confirmada en segunda instancia. El 28 de enero de 1994 se decidió proseguir la investigación contra los oficiales de la Policía Nacional, Mayor Jorge Enrique Durán Argüelles y Capitán Fabio Alejandro Castañeda Mateus, y los civiles Orlando Villa Zapata, Leonardo Peñafiel Correa, Edgar Antonio Arévalo Peláez y Nicolás Quintero Zuluaga. Algunos de los civiles se acogieron a la opción de la sentencia anticipada y fueron condenados por los delitos de homicidio, tentativa de homicidio, incendio y porte ilegal de armas de uso privativo de la fuerza pública.

Un juez regional de Cali condenó, a penas de entre 25 y 27 años de prisión, a Nicolás Quintero Zuluaga, Leonardo Peñafiel Correa y Edgar Antonio Arévalo PeláezA penas de entre 25 y 27 años de prisión por la masacre en la hacienda El Nilo. Los tres individuos aceptaron los cargos y se acogieron a la figura de sentencia anticipada de la pena.

El 4 de septiembre de 1996 el Fiscal de conocimiento adscrito a la Unidad de Derechos Humanos acusó a los oficiales Jorge Enrique Durán Argüelles y Fabio Alejandro Castañeda Mateus de homicidio múltiple en "concurso real homogéneo heterogéneo" y como coautores responsables de los ilícitos de tentativa de homicidio, porte ilegal de armas de uso privativo de la fuerza pública y daño en bien ajeno. Dicha decisión fue apelada y confirmada en segunda instancia.

El 16 de diciembre de 1992 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió una petición del Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo" en contra el Estado Colombiano por la ejecución extrajudicial de los 20 indígenas en la Hacienda El Nilo. El Estado admitió su resaponsabilidad y el 7 de septiembre de 1995 comenzó un proceso de solución amistosa que fue ratificada el 1 de septiembre de 1995 en un acuerdo adicionado en la María de Piendamó, entre el entonces Ministerio del Interior Horacio Serpa y el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric). Los acuerdos fueron reiterados entre el Gobierno colombiano y los indígenas del departamento del Cauca.

En septiembre de 1999, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que el Estado no había cumplido en la totalidad de sus obligaciones, como garantizar derechos escritos en los acuerdos o prevenir violaciones de estos y recomendó adoptar las medidas necesarias para cumplir con los compromisos adquiridos con la reparación social de los indígenas.

Los gobernadores indígenas de los 17 resguardos del Norte del Cauca, en una reunión el 16 y 21 de marzo de 2006, establecieron que de las 9.047.600 hectáreas entregadas a esa fecha, sólo 3.619.040, es decir el 40%, eran tierras productivas.

En marzo de 2008, el Ministerio del Interior y de Justicia reconoció que el gobierno había comprado 11.382.271 hectáreas de las 15.663.000 acordadas en los Acuerdos de 1991. Pero según los indígenas Nasa, la mayoría de las tierras se encuentran en áreas de conservación y protección forestal. La región también cubre tierras relieve rugoso, sitios sagrados para la cultura Nasa y áreas infertiles.

El juez español Baltasar Garzón exigió al gobierno colombiano que cumpla con los compromisos adquiridos en 1991 con los indígenas Nasa del norte del Cauca y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como responsables de la masacre de El Nilo. Garzón es uno de los veedores del cumplimiento del acuerdo firmado por el gobierno nacional, cuando era presidente Ernesto Samper y que estipulaba la entrega de tierras y reivindicaciones sociales para la Comunidad Nasa.

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Source : Wikipedia