Asociación Profesional de la Magistratura

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Publicado por tornado 22/03/2009 @ 03:07

Tags : asociación profesional de la magistratura, justicia, sociedad

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Asociación Profesional de la Magistratura

La Asociación Profesional de la Magistratura (en siglas, APM) es una de las cinco asociaciones profesionales de jueces españoles. Puesto que los jueces españoles tienen prohibido pertenecer a sindicatos, las asociaciones profesionales como la APM han adoptado el papel tradicional de proteger los derechos y condiciones laborales de los jueces. APM es la mayor de las asociaciones de jueces, magistrados y magistrados del Tribunal Supremo de España y está considerada tradicionalmente como ideológicamente conservadora.

Está constituida al amparo del artículo 127 de la Constitución Española y 401 de la Ley Orgánica de Poder Judicial. En 2008 la asociación está integrada por más de 1.300 jueces y magistrados, siendo miembro de la Unión Internacional de Magistrados con sede en Roma.

Al principio



Jueces para la Democracia

1 Escisión de la Asociación Profesional de la Magistratura.

Jueces para la Democracia es una organización civil de jueces y magistrados de España con sede en Madrid fundada en 1984 por escisión de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM).

Constituida como corriente progresista dentro de la APM el 28 de mayo de 1983, terminó por constituir una organización propia al ser prohibida su existencia en el IV Congreso de la APM. Es la tercera asociación por número de miembros, superada por la APM y por la FV. En el año 2006 el CGPJ certificó que tenía 459 miembros.

Está regida por un Secretariado compuesto por nueve miembros y un Comité Permanente, que se renuevan en congreso cada dos años. Sus fines declarados son promover las condiciones para hacer efectivos los valores constitucionales, la defensa de sus asociados, la de la independencia del poder judicial, reclamar todo los medios que posibiliten la legitimación democrática de dicho poder y la realización de estudios jurídicos y legales.

Sostiene la Fundación Antonio Carretero para «fomentar y promover todo tipo de estudios, cursos e investigaciones y cualesquiera otras actividades de carácter científico y cultural o de interés social, canalizando las relaciones entre la sociedad y el mundo del Derecho» y forma parte de Magistrados Europeos para la Democracia y las Libertades.

Es el órgano de expresión de la política que mantiene la asociación, difundido gratuitamente para denunciar las carencias, deficiencias y necesidades de la administración de justicia y los jueces. Recoge las actividades asociativas y los posicionamientos públicos del secretariado. Está abierto a la opinión y colaboración de todos los asociados y de juristas o grupos que quieren utilizar sus páginas para difundir algún mensaje.

Jueces para la Democracia. Información y debate es una publicación de periodicidad cuatrimestral que, desde 1987, promueve la asociación Jueces para la Democracia. Nació con el propósito de generar un espacio de reflexión a muchas voces en los medios de la magistratura y, más en general, de los juristas progresistas del mundo de habla hispana; y presta especial atención a la dimensión jurisdiccional del derecho.

En este sentido es, pues, una revista jurídica, pero no técnico-jurídica stricto sensu, pues junto a colaboraciones de esta orientación incluye habitualmente otras que la sitúan en una perspectiva más amplia y abierta, de política de la justicia y del derecho, con una vocación transformadora.

Es la revista de la asociación y recoge los aspectos doctrinales y jurídicos sobre temas jurídicos de interés que afectan al área hispano hablante. Tiene carácter completamente abierto y crítico, colaborando en ella numerosos magistrados asociados o no, juristas y catedráticos de prestigio, filósofos y personalidades del mundo del derecho. Tirada de 2.500 suscripciones, presente en casi todas las bibliotecas especializadas del país.

Al principio



Violencia sobre la mujer

Una víctima de violencia contra la mujer.

Se llama violencia sobre la mujer o violencia contra la mujer a los actos violentos donde el sujeto pasivo es de sexo femenino, aunque generalmente se utiliza para englobar únicamente a aquéllos donde el sujeto activo es el hombre, y más concrétamente si es su pareja sentimental (violencia de pareja); o únicamente para englobar aquéllos actos violentos contra la mujer realizados por motivos discriminatorios sexistas (violencia machista).

El concepto ha sido denominado de forma extensiva como violencia de género desde 1993. La expresión violencia de género es la traducción del inglés gender-based violence o gender violence, expresión difundida a raíz del Congreso sobre la Mujer celebrado en Pekín en 1995 bajo los auspicios de la ONU. En el inglés se documenta desde antiguo un uso traslaticio de gender como sinónimo de sex, sin duda nacido del empeño puritano en evitar este vocablo. Con el auge de los estudios feministas, en los años sesenta del siglo xx se comenzó a utilizar en el mundo anglosajón el término gender con el sentido de «sexo de un ser humano» desde el punto de vista específico de las diferencias sociales y culturales, en oposición a las biológicas, existentes entre hombres y mujeres. Sin embargo, en español las palabras tienen género (y no sexo), mientras que los seres vivos tienen sexo (y no género). En español no existe tradición de uso de la palabra género como sinónimo de sexo. Así pues, mientras que con la voz sexo se designa una categoría meramente orgánica, biológica, con el término género se ha venido aludiendo a una categoría sociocultural que implica diferencias o desigualdades de índole social, económica, política, laboral, etc. En esa línea se habla de estudios de género, discriminación de género, violencia de género, etc. Y sobre esa base se ha llegado a veces a extender el uso del término género hasta su equivalencia con sexo. Además, cabe resaltar que violencia de género también cabría considerarse como del género femenino al género masculino, algo que no se contempla en la ley, y no engloba la violencia entre homosexuales o contra otros miembros del ámbito familiar.

Los términos violencia familiar o violencia intrafamiliar, con una importante presencia en Sudamérica, se vienen utilizando desde 1988 y 1993 respectivamente debido a lo común que resulta la aparición de esta violencia en el ámbito familiar; además de que las leyes que penan la violencia contra la mujer suelen considerar como requisito que ésta sea esposa o mantenga con el sujeto activo una relación de análoga afectividad. Sin embargo, es de observar que el término en sí comprende a la violencia entre todos los miembros de la familia, cuando su uso en este sentido está limitando su contexto exclusivamente al ámbito marital o cuando el sujeto pasivo sea especialmente vulnerable.

Por otro lado violencia de pareja, utilizado a partir de 2001, sí es un concepto que mantiene exclusividad en el ámbito marital, sin embargo comprendería también los actos referentes a la mujer como sujeto activo de la violencia y al hombre como sujeto pasivo, algo que no se contempla en la legislación.

De igual manera, desde 1983 también se ha denominado como violencia doméstica ya que resulta común que la violencia aparezca en el ámbito doméstico. Sin embargo, este término excluye a la discriminación contra la mujer fuera del hogar (por ejemplo, en ámbitos deportivos, artísticos o de trabajo), y además engloba al resto de posibles habitantes del hogar y no sólo a la mujer como sujeto pasivo respecto del marido como sujeto activo - aunque tendría precisamente la ventaja de aludir, entre otras cosas, a los trastornos y consecuencias que esa violencia causa en el hogar en su conjunto. Sin embargo, en la mayoría de las legislaciones no se precisa que ambos compartan domicilio. Es por ello que la Real Academia de la Lengua recomienda el uso de violencia doméstica o por razón de sexo, utilizando el final «o por razón de sexo» para englobar aquella violencia que no pertenezca al ámbito doméstico que se realice contra la mujer. Sin embargo esa terminación está englobando a toda aquella violencia que se realiza por discriminación por razón de sexo por lo que jurídicamente es incorrecta. Por un lado se está abarcando toda aquella violencia ejercida por discriminación, cuando el requisito indispensable para aplicar el marco penal se corresponde con que la mujer sea esposa o análoga y exista violencia, no con que la violencia sea fruto de una discriminación (que es una agravante tradicional en el Derecho penal comparado de los Estados de Derecho). De esta forma, por un lado se está extralimitando el ámbito de aplicación al considerar toda la violencia doméstica o toda la violencia por razón de sexo, ya que se trata únicamente de la que desarrolla el hombre sobre la mujer, y por otro se está limitando el ámbito de aplicación o bien a aquella violencia que aparezca exclusivamente en el ámbito del hogar o bien a aquella que se realice por motivos de discriminación, cuando las leyes suelen recoger la violencia marital también cuando no existe convivencia en común y cuando no se realiza necesariamente por motivos de discriminación.

Para referirse a este tipo de violencia se han utilizado otros términos como violencia sexista, violencia machista o violencia hembrista, generalmente por grupos y asociaciones feministas. Sin embargo, estas acepciones presuponen que la violencia es debida a razones de discriminación por razón de sexo, algo que no es necesario para considerar que existe violencia contra una mujer ya que ésta no tiene por qué estar motivada necesariamente por un móvil sexista o discriminatorio.

Con respecto a la dualidad de términos violencia sobre la mujer y violencia contra la mujer, aunque el primero es el utilizado dentro de los organismos e instituciones jurídicas penales y este último se corresponde con una traducción literal de violence against women, ambos son ampliamente usados y aceptados.

Cabe destacar que la prensa también ha popularizado muchos terminos, tal es el caso del 'femicidio' usado para denominar al acto de asesinato de una mujer por parte de su pareja masculina, en este caso el asesino se conoce como "femicida", estos casos suelen estar asociados a una larga historia de violencia intrafamiliar así como de ineptitud policiaca.

El maltrato físico puede estar combinado con maltrato emocional y algunas de las causas tradicionalmente admitidas para generarlo son: los desajustes mentales y emocionales en el hombre, educación machista, haber padecido malos tratos durante la infancia, falta de habilidades sociales, celos, frustración, odio, amargura, desesperación, desilusión económica; estos son factores que contribuyen junto con el deterioro de la relación amorosa o sentimental de la pareja y necesitan de ayuda profesional para resolverse.

A veces la propia familia (hijas/os, nueras/yernos e incluso nietos) ejerce sobre sus madres/suegras/abuelas tal grado de violencia/explotación que las conduce a la enfermedad e incluso a la muerte. Las propias mujeres agredidas en estos casos tienden a ocultar o negar la situación por vergüenza, excesiva dignidad y rechazo a acusar a su propia descendencia y por ello prefieren autoinculparse, atribuyéndose haberlos educado mal y ser incapaces de oponerse a su "esclavitud admitida". Esto se conoce desde 2001 como "Síndrome de la abuela esclava". .

Cada ordenamiento conserva su propia posición al respecto, sin embargo se establecen similitudes tomando como referencia el Derecho comparado, estableciéndose patrones y relaciones. Así, por ejemplo, las sociedades más sexistas, ya sean machistas o feministas, tienen una gran probabilidad de considerar indistintamente el femicidio como un tipo cualificado de homicidio, según el contexto.

La Dogmática occidental considera de forma unánime que el término violencia se refiere tanto a violencia física como psicológica, considerándose igualmente tanto las lesiones físicas como las psicológicas.

En 1962 se contemplaba la pena de destierro y no de cárcel al marido que, sorprendiendo en adulterio a su mujer, matare o causara lesiones graves a alguno de los adúlteros, pero nunca hubo precepto similar para la mujer que sorprendiera a su marido en análogas circunstancias.

Esta tendencia continua castigándose a la adúltera con penas de hasta 6 años de cárcel pero castigando al marido sólo cuando tuviere manceba dentro de la casa conyugal o notoriamente fuera de ella. Estas cláusulas eran extensibles a las hijas menores de veintitrés años y a su «corruptor». Todo ello fomentaba el concepto de pater familias tradicional donde la mujer y los hijos pasaban a depender totalmente del cabeza de familia de tal forma que éste no sólo asumía sus respectivos derechos de propiedad sino que también podía tomar medidas en otros aspectos como el derecho a la vida de los mismos, aspecto de la figura que fue ejemplificado por los medios de comunicación durante la Transición bajo la expresión «la maté porque era mía».

En 1979 quedan derogadas todos los preceptos de esta índole. Pero no es hasta 1989 cuando se considera legislativamente los malos tratos en el ámbito familiar.

En España, la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género manifiesta «que se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión».

La LO 1/2004 ha pretendido dar un tratamiento integral al problema de la violencia contra la mujer, no sólo en las medidas estrictamente penales del Título IV del Código penal agravando tipos y ampliando la cobertura penal, sino también de sensibilización, prevención y detección (Título I), asistencia social y jurídica (Título II), tutela institucional (Título III) y judicial (Título V), psicológicos, y económicos. Los fines que se arguyen son proteger a la víctima, disuadir al agresor, y «proteger a la parte más débil humanizando el Derecho penal». Así, por ejemplo, se institucionaliza un teléfono centralizado de ayuda a la mujer maltratada, el 016; se constituyen organismos especializados como los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y la Fiscalía contra la Violencia sobre la Mujer.

El 29 de junio de 2005 se pusieron en marcha por primera vez los Juzgados de Violencia sobre la Mujer; 17 de nueva creación que junto con otros 435 órganos judiciales asumen la competencia exclusiva de los procesos de familia (separaciones, divorcios; guardias, tutelas y custodias de los hijos...) en los que sea parte la víctima con el fin de aunar las competencias del ámbito penal y civil, a fin de evitar una "doble victimización" de la mujer que antes debía acudir a distintas instancias judiciales.

Se realizan cambios en el Ordenamiento considerando como delito automáticamente las faltas de lesiones, amenazas y coacciones en el caso de que el sujeto activo del delito sea varón y el sujeto pasivo «sea o haya sido su mujer o haya mantenido una relación de análoga afectividad, haya existido convivencia o no, o sea persona especialmente vulnerable que conviva con el agresor».

Además se contemplan las medidas de protección como: la salida del agresor del domicilio, la orden de alejamiento, la orden de suspensión de las comunicaciones y la privación de la patria potestad y custodia de menores o la suspensión del régimen de visitas.

Respecto a los abogados defensores de las víctimas, a través de los respectivos Colegios de Abogados, se crean grupos especializados en esta materia cuyos servicios penales son gratuítos.

En 2008, tras tres años de aplicación, se habían creado 92 juzgados específicos sobre violencia de género y 1.848 efectivos policiales especializados, aumentándose el número de denuncias desde 2002 al 2007 en un 71 por ciento.

En el ámbito médico desde el 2006 se introdujo la violencia de género en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y, a través, Plan Nacional de Sensibilización y Protección (2006-2008) se ha formado a médicos especialistas.

Desde partidos políticos, colectivos y asociaciones se valoró positivamente la incidencia de la ley, señalándose que debe ser acompañada de otros mecanismos y de mayor presupuesto.

Constatada la existencia de un problema histórico y latente de violencia contra la mujer, la citada ley integral solo protege a la mujer y no a otras personas en situación de vulnerabilidad, como pudieran ser ancianos, niños o parejas del mismo sexo, los cuales se consideran suficientemente protegidos por el resto de legislación penal en sus respectivos artículos, practicándose una "discriminación positiva" respecto de las mujeres.

Sin embargo, esta ley está recurrida en el Tribunal Constitucional por varios jueces (la primera fue una juez de Murcia), ya que, según sus detractores, discrimina a los hombres heterosexuales por razón de sexo, al no considerar la violencia contra el hombre como «delito» como lo hace con la mujer, sino como simple «falta», por contradecir el artículo 14 de la Constitución Española, que establece el principio de igualdad «sin ningún tipo de discriminación por razón de sexo», por ejemplo, en medio de una discusión donde ambos profieren amenazas leves, uno es castigado con más pena que otro por razón de sexo. Éste sector de la doctrina propone que el agravante se aplique en función de criterios subjetivos considerados objetivamente, como la especial vulnerabilidad del sujeto pasivo, considerando precisamente como machista que la mujer por definición sea considerada sujeto especialmente vulnerable por definición La Asociación Profesional de la Magistratura afirma también que «no se puede imponer el sexo como criterio para aplicar una pena distinta en un mismo delito».

Según esta Dogmática no puede imputarse al sujeto activo la circunstancia de que sea hombre, sino únicamente la de la naturaleza y circunstancias del hecho, por lo que esta ley establecería un marco penal arbitrario innecesario en base a consideraciones político-criminales, ya que el juez podría considerar criterios objetivos como la especial vulnerabilidad del sujeto pasivo como base para considerar un delito como grave. De hecho, al final del artículo se permite al juez razonar imponer una pena inferior en grado si lo considera oportuno, lo que da que pensar que ni siquiera el legislador está muy contento de la bondad de su regla.

La creación de juzgados especializados en violencia contra la mujer, al que solo pueden acudir como víctimas las mujeres es un punto criticado por una parte del sector judicial. La Asociación Profesional de la Magistratura denunció que España se «convierta en el único país con tribunales específicos para un solo sexo» y el Consejo General del Poder Judicial cuestionó la constitucionalidad de estos juzgados en su informe, no vinculante para el Parlamento, y aprobado por 10 votos frente a 9. A juicio del CGPJ «existe posibilidad de tutela judicial para todos sin excluir ni postergar, es decir, sin eliminar ni discriminar a nadie». Para este organismo no es válido el argumento de que el varón no está discriminado «al poder recurrir a los órganos judiciales comunes o generales» ya que se le está excluyendo «del nuevo mecanismo judicial y de una manera concreta especialmente eficaz de obtener esa tutela».

Igualmente se alude a que con dichos juzgados se crea «un principio de especialización pura y dura en violencia doméstica, pero se van a producir determinados problemas de acoplamiento en el sentido de que cuando la víctima sea un hombre seguirá siendo competencia de los juzgados de instrucción».

De igual manera, para penalizar las conductas continuadas de los maltratadores habituales, el artículo 173.3 3º del Código penal, cuando habla de "habitualidad", determina «se atenderá al número de actos de violencia que resulten acreditado, con independencia de que dicha violencia se haya ejercido sobre la misma o diferentes víctimas de las comprendidas en este artículo, y de que los actos violentos hayan sido o no objeto de enjuiciamiento en procesos anteriores». Esto plantea, según algunos juristas, por un lado una posible violación del principio non bis in idem al considerar delitos ya juzgados o los tradicionales problemas derivados de una agravante por reincidencia.

El gobierno aprobó la gaceta del N° 239.248 dis. del 23 de junio de 1990 sobre la violencia de la mujer.

En el año 2006 la asamblea nacional aprueba la ley orgánica contra la violencia de la mujer, obtuvo el voto del 36% a favor y del 3% en contra. Ganó esta Ley . En el mismo año 2006 se fundó el (MNLFV) Movimiento Nacional de Liberación Femenina de Venezuela gracias a la ley contra la Violencia de la Mujer.

Al principio



Javier Gómez Bermúdez

Javier Gómez Bermúdez (Álora Málaga 1962) es un magistrado español, presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que trata los temas de terrorismo.

De familia de juristas, es Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de Granada en 1984 y se convirtió en juez con tan solo 24 años, el 30 de septiembre de 1987,siendo su primera sede como juez la del pueblo malagueño de Torrox. Fue nombrado magistrado en octubre de 1989. Es miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM). En la jurisdicción penal ha desempeñado todos los destinos posibles, a excepción de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Además, tiene gran experiencia en terrorismo juvenil por su labor en el Juzgado Central de Menores y en el tratamiento penitenciario de presos terroristas y del crimen organizado como Juez Central de Vigilancia Penitenciaria, y sentó las líneas jurídicas sobre terrorismo/vandalismo urbano y tratamiento penitenciario del crimen organizado terrorista.

En 2004 se le concedió el Primer Premio del Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco.

En 2007 ha presidido el juicio de los atentados del 11 de marzo de 2004 que, en la provincia de Madrid, costó la vida a 191 personas.

Está casado con la periodista Elisa Beni, funcionaria del Ayuntamiento de Madrid que, en noviembre de 2007, publicó La soledad del juzgador, editado por Planeta dentro de la colección Temas de Hoy.

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Foro Judicial Independiente

El Foro Judicial Independiente (en siglas, FJI) es una de las cinco asociaciones profesionales de jueces españoles. Puesto que los jueces españoles tienen prohibido pertenecer a sindicatos, las asociaciones profesionales como el FJI han adoptado el papel tradicional de proteger los derechos y las condiciones laborales de los jueces. El acto fundacional data de 18 de diciembre de 2002 gracias al impulso del Magistrado Agustín Azparren, vocal independiente del Consejo General del Poder Judicial, teniendo como objetivos específicos representar no sólo a sus asociados, sino también a los no asociados en las reivindicaciones estrictamente laborales de los jueces, además de perseguir como objetivo la unificación en una asociación única según el modelo de otros país (significativamente, Italia), «evitando los planteamientos partidistas de las dos asociaciones más fuertes: la APM (Asociación Profesional de la Magistratura) mayoritaria e identificada con el PP, y JD (Jueces para la Democracia), la del PSOE», postulado que dicen compartir con la Asociación Francisco de Vitoria. Su Primera Asamblea General Ordinaria se celebró el 30 de mayo de 2003 en Madrid. En el año 2006, el CGPJ certificó que tenía 186 miembros; actualmente (2008) FJI es la cuarta asociación en número de asociados, integrando a unos doscientos. El 30 de enero de 2009 convocó, junto con la Asociación Francisco de Vitoria, la primera huelga de jueces en la historia de España.

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Víctimas de la Guerra Civil Española

Un grupo de fusilados, ante los nichos del Cementerio Viejo de Badajoz. Esta imagen, en poder del Ministerio de Cultura, se encuentra en el dominio público y fue exhibida en 2006 durante una exposición en la Biblioteca Nacional.

A la sublevación del 18 de julio de 1936 en España, siguió de forma casi inmediata una brutal represión ejercida desde ambos bandos que, persiguiendo la eliminación física de adversario, produjo decenas de miles de muertes.

Estudios, basados en evoluciones demográficas, cifran en 540.000 la sobremortalidad de los años de la Guerra Civil y la inmediata postguerra, y en 576.000 la caída de la natalidad. La estimación de víctimas mortales en la Guerra Civil Española consecuencia de la represión puede cifrarse en 220.000 personas. De ellas, se calcula en unas 50.000 las asesinadas en la retaguardia de la zona republicana y unas 130.000 en la retaguardia de la zona franquista, a las que hay que añadir unos 40.000 muertos en la represión que siguió a la Guerra Civil. Estas estimaciones, aun hoy, 2008, están sometidas a revisión; aunque las víctimas producidas por el bando republicano fueron bien identificadas, las producidas por los sublevados, habiendo sido ignoradas durante el franquismo, hoy existen dificultades para cuantificarlas e identificarlas.

Desde los primeros días, en ambas zonas, se desató una represión que se concretó en juicios sumarisimos y numerosos paseos, eufemismo que utilizaron aquellos que sacaban de sus casas, amparados por la noche en la mayoría de los casos, a los que consideraban enemigos y los llebaban para fusilarlos, normalmente, al borde de las cunetas.

Esta situación de terror se concentró en los primeros meses de la contienda y respondían a un objetivo común, la eliminación física del adversario. Aunque las características fueron diferentes en las dos distintas zonas. En el bando sublevado fueron los mecanismos judiciales instaurados por los rebeldes, y las milicias falangistas y carlistas, los que llevaron a cabo esta represión, con el benepalacito e instigados desde la cúpula militar. En el bando republicano, desatada la contienda, el Gobierno y el resto de instituciones públicas perdieron el control de los acontecimientos, se desató una revolución que los desbordó, propiciando la creación de fuerzas paralelas y tribunales que fueron los que, principalmente, ejercieron la represión. La represión continuó, aunque en menor medida, hasta el final de la contienda y, aun, se prolongó con la represión que el franquismo ejerció en los años siguientes.

El deterioro de la justicia fue común en ambas zonas. Tanto los tribunales militares como los populares estaban compuestos en su mayoría por personas ajenas a la magistratura. En el bando sublevado, en tribunales militares únicamente uno de cada cinco miembros debía ser jurista, los juicios duraban breves minutos y en ocasiones los acusados eran juzgados en grupo. Se llegaba al absurdo de juzgar por "rebelión militar" a aquellos que no se sumaron a la sublevación. En la zona republicana, los tribunales populares, creados el 14 de agosto de 1936, estaban formados por tres funcionarios judiciales y un jurado de catorce miembros pertenecientes a diferentes organizaciones del Frente Popular. A estos tribunales populares, más adelante, vendrían a sumarse los de urgencia que restringían aún más las garantías procesales.

Los parlamentarios fueron un grupo especialmente castigado por ambas partes. Uno de cada cinco miembros de este colectivo fue asesinado. Los sublevados ejecutaron a unos cuarenta diputados del Frente Popular, mientras que en la zona republicana fueron ejecutados veinticinco de la coalición de derechas.

Las declaraciones públicas de destacados republicanos como Manuel Azaña, quien en un discurso pedía "paz, piedad y perdón" o Indalecio Prieto que apelaba: "No imitéis esa conducta, os lo ruego, os lo suplico. Ante la crueldad ajena, la piedad vuestra; ante los excesos del enemigo, vuestra benevolencia generosa"; contrastaron con el silencio entre las autoridades del bando sublevado. Igualmente, si hubo voces en la prensa de la zona republicana que mostraron su malestar ante la violencia desatada como la del periodista Zugazagoitia que escribiría: "para juzgar a cuantos hayan delinquido disponemos de la ley", en la zona sublevada, anulada la libertad de presa, la represión ejercida en su zona fue silenciada. No obstante, desde el bando de los sublevados también se alzaron voces en contra de la represión, destacando las declaraciones de Marcelino Olaechea, obispo de Pamplona que declaró: "Nosotros no podemos ser como nuestros hermanos de la otra banda: esos hermanos ciegos, que odian, que no saben de perdón".

La zona sublevada se militarizó desde los primeros días de la contienda. Se prohibieron los partidos políticos, únicamente se mantuvieron legales la Falange y el carlismo que desarrollaron una actividad más militar que civil. Esta militarización alcanzó a la magistratura. Los jueces debían demostrar sus simpatías por los sublevados. Los primeros en sufrir la represión fueron las autoridades civiles. Sometidos a simulacros de juicio que duraban menos de cinco minutos, en su mayoría, fueron condenados a la pena de muerte y casi de inmediato eran fusilados. Fueron candidatos a sufrir la represión todos aquellos que, no pudiendo demostrar simpatías por los sublevados, desempeñaban cargos públicos en el momento de la sublevación. Promulgada una huelga general en contestación a la sublevación fueron fusilados, estos sin juicio, los sindicalistas que se significaron. Masones, socialistas, sindicalistas y nacionalistas eran condenados a muerte por el simple hecho de serlo. Esta represión fue llevada a cabo principalmente por el ejército, aunque también participaron en ella las milicias de la Falange y los carlistas.

Especialmente significativa fue la represión en Navarra, donde la sublevación triunfó el primer día sin apenas enfrentamientos. El general Mola, el día 19 de julio, dio instrucciones bien explícitas: "Es necesario propagar una atmósfera de terror. Tenemos que crear una impresión de dominación . cualquiera que sea abierta o secretamente defensor del Frente Popular debe ser fusilado".

Destacó, también, el terror ejercido por Queipo de Llano en Andalucía, jactándose por radio de las hazañas represivas que cometía. Málaga, Granada y Córdoba fueron las provincias andaluzas más castigadas. Esta última sufrió un doble castigo primero a cargo del Frente Popular y, después, por parte de los nacionalistas. La masacre de la carretera Málaga-Almería acaecida el 8 de febrero de 1937, durante la entrada en Málaga de las tropas franquistas causó la muerte a varios miles de de personas que intentaban alejarse da la ciudad.

En Valladolid, una denominada "patrulla del amanecer", grupo de falangistas dirigidos por Onésimo Redondo, cofundador de las JONS, fusilaba a unas cuarenta personas cada día. Allí, como en otras ciudades de la zona sublevada, los presos eran sacados por la noche en camiones para ser fusilados en las afueras de la ciudad sin tan siquiera el simulacro de un juicio. El general Mola enviaría un comunicado pidiendo que estas ejecuciones se hiciese en lugares más discretos y que se enterrase a los muertos, algo que hasta entonces no se hacía.

En Zaragoza se asesinaron a más de 6.000 personas, de las cuales, la mayoría lo fueron en los primeros meses de la contienda.

La toma de Badajoz supuso una gran matanza protagonizada por las fuerzas moras que tomaron la ciudad al mando del general Yagüe.

Cuantificar el número de víctimas de la represión en la zona franquista, hasta ahora ha sido un problema. Durante el franquismo, éste intentó silenciar esta represión y, en todo caso, minimizar su dimensión. Tradicionalmente, los estudios más o menos documentados sobre estas víctimas, han corrido a cargo de historiadores cercanos al franquismo y basándose en los datos suministrados por el propio franquismo. Los registros utilizados por estos historiadores (Instituto Nacional de Estadística y Registros Civiles, principalmente) se ha demostrado no fiables, reflejando tan sólo la mitad, incluso sólo la tercera parte, de las muertes.

A partir de 2008, este problema comenzó a superarse. Poco a poco fueron apareciendo estudios, que mediante trabajos de campo y la consulta de archivos, desvelaron el verdadero alcance de la represión en buena parte de municipios y provincias españoles. Estos trabajos avanzan despacio, en parte, por las dificultades intrínsecas de esta labor y, en parte, por la, expresada por los investigadores, resistencia de los Gobiernos Militares y dificultades en el acceso a determinados archivos. Los actuales estudios apenas cubren la mitad de la geografía española. La Ley sobre la Recuperación de la memoria Histórica puede contribuir a dar un impulso a estos trabajos y lograr un mejor conocimiento de estos hechos.

Con los datos disponibles en 2008, el número de víctimas mortales puede cifrarse en 140.000; siendo éstas, principalmente, sindicalistas, intelectuales, políticos republicanos y nacionalistas (el colectivo de maestros fue objetivo de una dura represión). Historiadores, en 2002, ya cifraban el número de víctimas en 150.000. Las asociaciones de la memoria histórica cifraron este número en 130.000 y algunos historiadores elevan esta cifra. El historiador británico Paul Preston calculó el número de muertos en la retaguardia franquista en 180.000 y, el también historiador, Santos Juliá aporta una cifra mínima de 90.000 para las 36 provincias que ha estudiado. Eduardo Guzmán, estudiando especialmente la represión de posguerra, da la cifra de 200.000 muertos.

En 2008, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón solicitó a Ayuntamientos y otros organismos un listado de desaparecidos durante la Guerra y la posguerra. El listado, que se reunió el 22 de septiembre de 2008 incluía 143.353 nombres, aunque sus propios autores avisan que faltan muchísmos nombres y, al mismo tiempo, que muchos de los nombres podrían estar duplicados e incluso triplicados (lo que hicieron en el momento de hacer entrega del material para evitar suspicacias). Presenta la siguiente distribución geográfica (según las actuales comunidades autónomas): Galicia (7.000), Asturias (6.000), Cantabria (2.535), País Vasco (1.900), Navarra (3.920), La Rioja (2.070), Cataluña (3.338), Baleares (1.486), Aragón (9.538), Castilla-La Mancha (8.851), Castilla y León (14.660), Extremadura (9.486), Madrid (3.424), Andalucía (42.131), Valencia (29.034), Murcia (1.000), Canarias (2.211), Ceuta y Melilla (768).

Tras el levantamiento, en las zonas en las que no triunfó la insurrección, se desató una revolución que propició la desaparición o transformación de muchas instituciones. En las grandes ciudades surgieron las fuerzas paralelas a las de orden público, cada partido político contaba con sus milicias y también disponían de sus propias "checas", especie de cárceles al margen de la autoridad de la república, que pronto se significaron por la práctica de la tortura (en Madrid llegaron a abrirse varias docenas). Los revolucionarios dieron especial importancia a la autoridad municipal y numerosos ayuntamientos fueron tomados y los comités revolucionarios asumieron sus funciones, desplazando, también, a las fuerzas de orden público.

La revolución se inició con una oleada de asesinatos, destrucciones y saqueos. En las grandes ciudades, las milicias de los diferentes partidos se dedicaron dar el paseo a todo aquel que identificaban como potencial enemigo. Los sacerdotes y frailes fueron los que más sufrieron sus iras, desatándose lo que se ha conocido como la persecución religiosa, asesinando a cerca de 7.000 eclesiásticos en toda la geografía española. Uno de los ejemplos más destacados entre los casos de la brutalidad revolucionaria ejercida contra el clero aconteció en la diócesis de Barbastro, donde se asesinó a 123 de los 140 sacerdotes, es decir, el 88% de sus miembros.

En Madrid, durante el mes de noviembre de 1936 se produjeron las sacas masivas de presos que, ante la cercanía del frente, se consideró que debían ser trasladados. La mayoría de estos presos no llegaron a su destino, entre 2.000 y 5.000 fueron fusilados en el municipio de Paracuellos y Torrejón de Ardoz.

Los tres primeros meses de la guerra fueron de especial terror en las grandes ciudades de la zona republicana. Las pasiones revolucionarias estaban en su zénit y la autoridad del Gobierno en su nadir. Madrid se convirtió en territorio ocupado por un laberinto de milicias que, al amparo de la noche, sacaban de sus casas a aquellos que arbitrariamente eran denunciados por colaborar con los sublevados; en casos, la prueba consistía en haber escuchado radio Sevilla o haber encendido las luces del coche, supuestamente para orientar a los aviones de los sublevados. Esos meses, las embajadas se llenaron de refugiados.

En Barcelona la situación fue muy similar a Madrid, con el añadido de que fueron frecuentes los enfrentamientos entre las distintas milicias pricipalmente las de la UGT se enfrentaban a las de la CNT y los comunistas del PSUC se enfrentaban a los trotskistas del POUM.

Al contrario de lo ocurrido con las victimas en la zona nacional, puede considerarse que las víctimas en la zona republicana están bien identificadas y sobre su número existen menos controversias. Al concluir la Guerra Civil, el franquismo acometió un exhaustivo estudio que quedó reflejado en la llamada Causa General. El estudio recoge las consecuencias del denominado "terror rojo" desde febrero de 1936 hasta el fin de la contienda. Se trata de un minucioso estudio realizado municipio por municipio y que ocupa más de 1.500 legajos, hoy conservados en el Archivo Histórico Nacional. Según los datos que obran en este archivo, el número de victimas de la represión republicana sería de 38.563. Ramón Salas publicaría un estudio, según el cual este número ascendería a más de 70.000; aunque en este estudio se han descubierto duplicaciones. Estimaciones actuales calculan que el número de estas victimas no debió superar las 50.000.

Las víctimas, en esta zona fueron, principalmente, religiosos, terratenientes, empresarios y políticos de derechas, y éstas se concentraron principalmente los primeros meses de la contienda, producto de numerosos paseos que, aunque en menor medida, siguieron produciéndose hasta el fin de la misma.

Acabada la guerra, con el triunfo de los sublevados, los vencedores iniciaron otra etapa de represión cuya finalidad fue atemorizar a todos aquellos que no se identificaban con el nuevo régimen.

En la geografía española surgieron numerosos campos de concentración donde se hacinaban los detenidos viviendo en condiciones durísimas, sometidos a malos tratos y muertes arbitrarias. La primera represión la ejercieron las milicias falangistas que se presentaban en estos campos y se llevaban a aquellos a los que consideraban debían darles el "paseo". Antes de terminar la guerra ya funcionaba el campo de concentración de Castuera que se construyó una vez caída en manos del ejército franquista la comarca de la Serena. En el campo de concentración de Albatera fueron ingresados muchos republicanos que no pudieron exilarse desde Alicante en los últimos momentos de la contienda. A finales de 1940 estos campos ya habían sido desmantelados en su mayoría y los presos pasaron a diferentes cárceles en las que las condiciones no eran mucho mejores. no obstante, los campos de concentración siguieron existiendo hasta 1947, año en que se cierra el último, el campo de concentración de Miranda de Ebro.

La primera depuración la sufrió el sistema judicial, el franquismo tuvo especial cuidado en que los tribunales estuviesen compuestos por elementos afines. Estaban compuestos principalmente por militares, el defensor era otro militar al que no se le pedía una formación jurídica y debía subordinación al presidente del tribunal, también militar. Estos tribunales se encargaron de juzgar a aquellos que, como en un mundo al revés, eran acusados de promover o apoyar la insurrección. Los juicios duraban breves minutos, en ocasiones se juzgaban a grupos de sesenta personas las que podían o no ser escuchadas.

En 1939, el número de detenidos esperando juicio superraba los 270.000. Ramón Salas, en los años 1970, daba la cifra de 30.000 ejecuciones dictadas por estos tribunales y Ramón Tamames, posteriormente, la elevaba a 100.000. En la actualidad se calcula que fueron entre 40.000 y 50.000 las personas que fueron ejecutadas. A esta cifra habría que sumar todas aquellas muertes que se produjeron en las cárceles como consecuencia de las pésimas condiciones en las que intentaban sobrevivir los presos. Como ejemplo, se conoce que en Albacete, donde hubo un millar de ejecuciones, murieron en la cárcel 300 personas. Los datos sobre las víctimas que murieron ejecutadas o en las cárceles franquistas se obtienen por extrapolación de los pocos datos con los que cuentan los investigadores, ya que el franquismo se preocupó de que muchos de estos crímenes no figuraran en registros oficiales y los datos existentes, aún hoy son de difícil acceso.

Los Tribunales y los procesos no sólo sirvieron a una finalidad represora sino que también tuvieron la misión de amedrentar a la población. Como ejemplo, el caso conocido de Albacete, donde los tribunales militares juzgaron a 34.000 personas lo que supuso que el 9% de la población pasó por estos tribunales.

Otra forma de represión fue la administrativa y la económica. El franquismo, en su afán de combatir al "enemigo interior", depuró todos los organismos oficiales (siendo maestros y catedráticos sospechosos, puso especial atención en la depuración de la enseñanza) y la economía se montó favoreciendo a los adictos al Régimen, excluyendo de ella a todo sospechoso de desafección. En todas las ciudades y pueblos, la autoridad civil y religiosa, esta última encarnada por el párroco, emitían informes que, en el caso de ser negativos, conllevaban sanciones de todo tipo. Se impusieron sanciones no sólo a los condenados sino también a familias completas y determinadas regiones y provincias fueron castigadas por haber permanecido fieles a la República o ser consideradas izquierdistas. La represión no sólo alcanzó a aquellos que se habían opuesto al Régimen sino que se extendió a aquellos a los que se les consideró discrepantes.

Los primeros meses del conflicto provocaron desplazamientos de población principalmente en las regiones fronterizas con Francia, que se sentían amenazadas por la acción de ambos contendientes y especialmente, numerosas personas afectadas por la violencia durante la revolución social y la acción de milicias. La provisionalidad y carácter minoritario de estos primeros refugiados fue dejando paso a formas más permanentes y masivas que afectaron mayormente a la población de las zonas de control "republicano" a medida que progresaban las áreas bajo autoridad de las fuerzas franquistas, para generar a término del conflicto, una situación de exilio o de no retorno a cientos de miles de personas.

Los desplazamientos masivos se produjeron como consecuencia de la batalla del Norte, periodo durante el cual cerca de 200.000 personas cruzaron a Francia, de las cuales 165.000 regresaron a España para reincorporarse a la zona republicana. Desde entonces Francia recogería un goteo de exiliados hasta que en los últimos momentos de la guerra, con la caída de Cataluña, se produjera la gran oleada en la que pasaron a Francia otras 350.000 personas. En los días siguientes al cese de hostilidades y final de la contienda, desde Alicante, zarparon unas 15.000 personas, la mayoría con destino al norte de África y la Unión Soviética. En total se calcula que fueron unos 450.000 personas las que permanecían exiliadas en la primavera de 1939, inmediatamente después de acabada la Guerra Civil, de ellas, casi la totalidad, 430.000, lo estaban en Francia, confinadas, en su mayoría, en campos de concentración habilitados para acogerlas.

Francia no previó la gran cantidad de españoles que cruzarían la frontera, no destinó suficientes medios y los campos de concentración se convirtieron en lugares inhabitables donde los exilados se hacinaban en condiciones de vida penosas. Francia negoció con Franco para que aceptara el retorno de aquellos exiliados que quisieran regresar y a finales de 1939 el número de refugiados que permanecían en los campos se redujo a 140.000, otros 42.000 se distribuyeron en otros países. Rusia, Argentina, Cuba, Santo Domingo y especialmente Chile, por los esfuerzos de Pablo Neruda (en aquel tiempo embajador en París) y, México, que llegaría a acoger a unos 22.000 refugiados, fueron los principales países de acogida.

Los campos de Francia no se desmantelaron hasta bien entrado el año 1940. Los refugiados fueron incorporándose a la Legión extranjera y compañías de trabajo destinadas a trabajadores extranjeros.

Con la ocupación alemana de Francia, los exiliados españoles pasaron a sufrir una nueva represión. Dirigentes del Frente Popular fueron reclamados por Franco y entregados a la policía franquista, éste fue el caso del Presidente de la Generalidad Companys, y el de Peiró y Zugazagoitia que posteriormente fueron ejecutados. 13.000 españoles fueron enviados a campos de concentración en Alemania, el campo de concentración de Mauthausen fue su destino principal, pero también a otros, como Sachsenhausen-Oranienburg al que fue enviado Largo Caballero. De los 13.000 españoles que fueron enviados a campos de concentración nazis únicamente lograron sobrevivir 2.000 pereciendo el un 85% de ellos, porcentaje de muertos superior al de cualquier otra nacionalidad. Entre 30.000 y 40.000 españoles fueron enviados a campos de trabajo en Alemania.

Con el inicio de la II Guerra Mundial, la mayoría de los refugiados que permanecían en Francia se incorporaron a unidades militares para combatir a Alemania y unos 10.000 refugiados, principalmente comunistas, se integraron en la resistencia jugando un papel importante en la lucha contra la ocupación alemana. Los combatientes españoles liberaron gran parte del sur de Francia, una de las primeras unidades en entrar París la integraban exiliados españoles y los batallones Guernica y Libertad participaron en liberación de posiciones en la zona del Atlántico. El número de exiliados españoles muertos en la II Guerra Mundial puede acercarse a la cifra de 25.000. Acabada la II Guerra Mundial, los exiliados españoles en Francia adquirieron un estatus legal, del que carecían con anterioridad, que les permitió permanecer en el país. También es de destacar la comunidad de exiliados en México.

El exilio republicano permanente se calcula en 200.000 exiliados, compuesto principalmente por combatientes del Frente Popular, cargos públicos, profesionales e intelectuales. En determinadas áreas como la poesía, las ciencias o el pensamiento, quienes emigraron representaban una parte trascendental de la cultura española, por lo que la sociedad española se vio mutilada por la desaparición de esas personas.

El franquismo, desde un primer momento, se preocupó de dar el debido reconocimiento a las víctimas de la represión en la zona republicana. Estas víctimas fueron identificadas y sus cuerpos exhumados para proporcionales una sepultura digna.

Contrariamente, las víctimas de la represión franquista fueron, en el mejor de los casos, ignoradas, cuando no denigradas. Muchas de estas víctimas se encuentran enterradas en fosas comunes dispersas por la geografía española; sus muertes, en muchos casos ni siquiera figuran en los registros civiles. Superado el franquismo e instaurada la democracia, por las particularidades de la la Transición, tuvieron que pasar varias décadas para que aflorara a la opinión pública la reivindicación de su memoria.

A finales de los años 90, pasados 25 años desde que se instaurarse la democracia sin que ninguna institución pública se hubiera preocupado de promover una investigación general sobre estas víctimas, familiares de represaliados comenzaron a reivindicar de forma organizada la localización y exhumación de los cuerpos de sus allegados para proporcionarles una sepultura digna. Estos esfuerzos se han visto acompañados por la labor de historiadores interesados en llegar al conocimiento de la verdadera magnitud, y otros extremos, de la tragedia. Estas familias, agrupadas en la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, desde el año 2000 han promovido la apertura de las fosas comunes y en septiembre de 2008 el número de cuerpos exhumados era de 2.317.

Entre marzo y abril de 2001, la Comisión Cívica de Alicante conmemoró el 70 aniversario de la II república y el 62 del fin de la Guerra Civil con el lema Recuperar la memoria histórica, comentando sus promotores que "si un pueblo olvida su historia no comprende el presente ni puede labrarse el futuro".

El 22 de junio de 2006 se aprobó en el Congreso de los Diputados con la única oposición del Partido Popular (PP) que el año 2006 fuese declarado año de la memoria histórica. El 28 de junio de ese año, el Gobierno de Rodríguez Zapatero presentó el proyecto de la Ley de Memoria Histórica de España con el fin de reconocer, amplían derechos y establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. El PP se opuso a este proyecto alegando que ya se habían adoptado "numerosas iniciativas a favor de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura" y que el PSOE con la propuesta de esta ley, se estaba traicionando a sí mismo al haber roto la "reconciliación" pactada en la Transición, acusándolo de "hipocresía", "disfrazando de iniciativa de concordia lo que no es más que un paso adelante en el proceso de ruptura del pacto de convivencia". Esquerra Republicana de Catalunya e Izquierda Unida presentaron otros proyectos alternativos por considerarlo insuficiente. El Congreso de los Diputados aprobó la ley el 31 de octubre de 2007.

El desarrollo de la ley de la Memoria Histórica apenas ha sido un tímido avance en el tema que se propone. Hay realidades que son esclarecedoras, (en otoño de 2008) la Generalidad de Cataluña tenía un presupuesto superior, destinado a la investigación de estos hechos y la dignificación de las fosas comunes, que el propio Gobierno de la nación; y mientras comunidades autónomas colaboran con ella (Andalucía, Asturias, Aragón,...) otras, las gobernadas por el PP, no ha destinado fondos ni han inicado investigaciones.

La Conferencia Episcopal se negó a acatar el requerimiento, declarándose incompetente ante la petición del juez. El Ministerio de Defensa respondió al juez que no tenía documentación sobre el número de víctimas, siendo el Ejército de Tierra, el único de los tres ejércitos que manifestó que, en sus archivos, podría disponer de alguna información sobre casos puntuales. El 23 de septiembre de 2008, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica envió al Juez Garzón el listado de 143.353 desaparecidos víctimas de la represión franquista.

Esta iniciativa del juez Garzón para investigar el paradero de estas víctimas y las circunstancias de su muerte se ha encontrado con obstáculos de diferente tipo. aunque algunos ayuntamientos e instituciones han mostrado su disposición para colaborar, a la negativa de la Conferencia Episcopal y los escasos datos que se encuentran en los archivos militares se suma las reticencias de ayuntamientos gobernados por le PP y el boicot de alguno de ellos, como el de Almería. El PP acogió la iniciativa arremetiendo contra el juez Garzón, acusándole de "perder el norte" y considerando la iniciativa de "disparate", "error gravísimo", y "Esperpéntico".

La prensa internacional calificó la iniciativa de "hecho histórico". El The New York Times, The Guardian, The Daily Telegraph, El Clarín, Le Monde,... se hicieron eco de la iniciativa.

El 7 de noviembre, la Audiencia Nacional, a solicitud del Fiscal del Estado, tras un tenso debate, suspendía la apertura de fosas y exhumaciones solicitadas por el Juez Garzón. El día 18, el juez garzón se inhibe de investigar la causa contra el ‘franquismo’ por considerarla extinguida al comprobarse el fallecimiento de los acusados. En el auto remitió las investigaciones de los desaparecidos a los juzgados territoriales donde se hallen situadas las fosas.

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