Agua potable

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Publicado por astro 19/04/2009 @ 17:11

Tags : agua potable, recursos naturales, medio ambiente, sociedad, eléctricas gas y agua, economía

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Agua potable

Agua potable

Se denomina agua potable al agua "bebible" en el sentido que puede ser consumida por personas y animales sin riesgo de contraer enfermedades. El término se aplica al agua que ha sido tratada para su consumo humano según unas normas de calidad promulgadas por las autoridades locales e internacionales.

En la Unión Europea la normativa 98/83/EU establece valores máximos y mínimos para el contenido en minerales, diferentes iones como cloruros, nitratos, nitritos, amonio, calcio, magnesio, fosfato, arsénico, etc., además de los gérmenes patógenos. El pH del agua potable debe estar entre 6,5 y 8,5. Los controles sobre el agua potable suelen ser más severos que los controles aplicados sobre las aguas minerales embotelladas.

Al proceso de conversión de agua común en agua potable se le denomina potabilización. Suele consistir en un stripping de compuestos volátiles seguido de la precipitación de impurezas con floculantes, filtración y desinfección con cloro u ozono.

En zonas con pocas precipitaciones y disponibilidad de aguas marinas se puede producir agua potable por desalinación. Este se lleva a cabo a menudo por ósmosis inversa o destilación.

En algunos países se añaden pequeñas cantidades de fluoruro al agua potable para mejorar la salud dental.

El suministro de agua potable es un problema que ha ocupado al hombre desde la Antigüedad. Ya en la Grecia clásica se construían acueductos y tuberías de presión para asegurar el suministro local. En algunas zonas se construían y construyen cisternas o aljibes que recogen las aguas pluviales. Estos depósitos suelen ser subterráneos para que el agua se mantenga fresca y sin luz, lo que favorecería el desarrollo de algas.

En Europa se calcula con un gasto medio por habitante de entre 150 y 200 litros de agua potable al día aunque se consumen como bebida tan sólo entre 2 y 3 litros. En muchos países el agua potable es un bien cada vez más escaso y se teme que puedan generarse conflictos bélicos por la posesión de sus fuentes.

De acuerdo con datos suministrados por el Banco Mundial, el 45% de la población mundial carece de un acceso directo a los servicios de agua potable. En otras fuentes se habla de mil millones de personas sin acceso al servicio, en tanto dos mil quinientos millones no cuentan con servicio de purificación. En los países desarrollados los niños consumen de 30 a 50 veces más agua que en los países llamados en vías de desarrollo.

La presencia de arsénico en el agua potable puede ser el resultado de la disolución del mineral presente en el suelo por donde fluye el agua antes de su captación para uso humano, por contaminación industrial o por pesticidas. La ingestión de pequeñas cantidades de arsénico pueden causar efectos crónicos por su acumulación en el organismo. Envenenamientos graves pueden ocurrir cuando la cantidad tomada es de 100 mg. Se ha atribuido al arsénico propiedades cancerígenas.

La presencia del zinc en el agua potable puede deberse al deterioro de las tuberías de hierro galvanizado y a la perdida del zinc del latón. En tales casos puede sospecharse también la presencia de plomo y cadmio por ser impurezas del zinc, usadas en la galvanización. También puede deberse a la contaminación con agua de desechos industriales.

El cadmio puede estar presente en el agua potable a causa de la contaminación industrial o por el deterioro de las tuberías galvanizadas.

El cadmio es un metal altamente tóxico y se le ha atribuido varios casos de envenenamiento alimenticio.

El cromo hexavalente (raramente se presenta en el agua potable el cromo en su forma trivalente) es cancerígeno, y en el agua potable debe determinarse para estar seguros de que no está contaminada con este metal.

La presencia del cromo en las redes de agua potable puede producirse por desechos de industrias que utilizan sales de cromo, en efecto para el control de la corrosión de los equipos, se agregan cromatos a las aguas de refrigeración. Es importante tener en cuenta la industria de curtiembres ya que allí utilizan grandes cantidades de cromo que luego son vertidas a los ríos donde kilómetros más adelante son interceptados por bocatomas de acueductos.

Al principio



Agua potable y saneamiento en El Salvador

Colonia Escalón en San Salvador

El nivel de acceso a servicios de abastecimiento de agua y saneamiento en El Salvador continúa siendo bajo, a pesar del reciente incremento en cobertura. Esto ejerce un impacto negativo sobre la productividad y la salud, especialmente entre los pobres de las zonas rurales. Los recursos de agua están seriamente contaminados y una gran parte de las aguas residuales se descargan en el medio ambiente sin ningún tratamiento. En términos de institucionalidad, únicamente una institución pública está de facto a cargo de formular las políticas del sector y también de proveer el servicio. Durante los últimos diez años, los intentos por reformar y modernizar el sector a través de nuevas leyes no han logrado producir frutos.

Fuente: Programa de Monitoréo Conjunto OMS/UNICEF(JMP/2006). Datos de agua y saneamiento basados en "Desigualdades en el acceso, uso y gasto con el agua potable en America Latina y el Caribe: El Salvador" (PAHO February 2001, basado en EHPM 1998) y la "Encuesta de hogares de propositos multiples" (1998) del Ministerio de Economía, Dirección General de Estadística y Censos.

El nivel de acceso a los servicios de agua y saneamiento en El Salvador continúa siendo bajo en comparación con los estándares regionales. En 2004, el acceso al agua potable y a un saneamiento adecuado se mantuvo en 84 y 62 por ciento, respectivamente. Este nivel de acceso es particularmente bajo en las áreas rurales, donde reside aproximadamente el 36 por ciento de la población. Para el agua potable representa el 70% y para el saneamiento adecuado el 39%. (Consulte los datos relativos al acceso a servicios de agua en y a servicios de saneamiento en ).

La carencia de acceso al agua ejerce un impacto no sólo sobre la calidad de vida de los pobres, sino también sobre la productividad y la salud. Según una encuesta realizada en 2001 por la fundación salvadoreña FUSADES, los pobres rurales, en especial, dedican un porcentaje significativo de su tiempo productivo a la recolección de agua. Las familias que no cuentan con acceso a agua dedican, en promedio, el 8.5 por ciento de su tiempo productivo acarreando agua, mientras que aún aquellos con conexión domiciliaria dedican el 4.9 por ciento de su tiempo productivo esta tarea. Entre los pobres estructurales, los valores fueron mucho más altos, representando un 13.6 y un 7.1 por ciento, respectivamente.

La falta de acceso a servicios de agua y saneamiento en las zonas rurales ejerce efectos adversos demostrables sobre la mortalidad infantil y el crecimiento. La tasa de mortalidad infantil entre las familias que no tienen conexión domiciliaria es de 40 por cada 1,000 nacimientos, en comparación con 30 en las familias que sí cuentan con dicha conexión. De forma similar, la tasa de mortalidad infantil entre los hogares que no tienen letrinas es de 37, en comparación con 30 para los hogares que sí las tienen.

En la mayoría de las zonas cubiertas por ANDA, el servicio de abastecimiento de agua es intermitente, variando entre 16 horas al día en algunas zonas, a menos de 4 horas al día e incluso a una vez cada cuatro días en otras, según lo revela la Encuesta Nacional de Salud Familiar (FESAL) realizada en 2002. Sin embargo, casi todas las localidades parecen recibir agua al menos una vez al día. La calidad microbiológica del agua es deficiente.

Los recursos hídricos de El Salvador están severamente contaminados a causa, en parte, de la total ausencia de tratamiento municipal de las aguas residuales. Además, el país sufre escasez de agua durante la época seca y conflictos entre los usuarios.

Se estima que el 90 por ciento de los cuerpos superficiales de agua están contaminados. Casi toda el agua residual municipal (98 por ciento) y el 90 por ciento del agua residual industrial se descargan en los ríos y riachuelos sin ningún tratamiento. Se estima que los mayores esfuerzos de mitigación de la contaminación deberían realizares en las cuencas del Río Acelhuate y del Río Sucio, una zona que produce un tercio del agua que abastece al Área Metropolitana de San Salvador.

Durante los últimos 20 años, el rendimiento de una muestra de vertientes declinó en un 30 por ciento debido a la deforestación. Esto ha reducido la disponibilidad de agua para la población rural obligándola, en algunos casos, a depender de pozos más costosos que bombean agua de acuíferos cuya tabla de agua ha declinado tanto como un metro por año en algunas localidades.

En El Salvador la misma institución, la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), es el ente rector del sector y el principal proveedor de servicios urbano, mientras que no existe un ente regulador. No existe una separación de roles como en la mayoría de otros países de la región. Hay poca disponibilidad para darle prioridad al saneamiento en el ámbito nacional y existe un traslape de legislación, por lo que se tienen vacíos institucionales y no hay claridad de roles y competencias.

La responsabilidad para definir políticas en el sector recae en la Secretaría Técnica de la Presidencia de la República, con el respaldo técnico del ANDA. El Presidente de ANDA tiene el rango de un Ministro y entonces no es baja la autoridad de otro Ministro, pero del Presidente de la República. El Presidente de la Junta Administrativa de ANDA es el Presidente de ANDA mismo. Por fines presupuestarios el presupuesto de ANDA forma parte del presupuesto del Ministerio de Obras Públicas, pero este Ministerio tiene ningunas atribuciones en el sector de agua y saneamiento.

El Ministerio de Salud es encargado de vigilar la calidad de agua potable y el Ministerio de Ambiente y de Recursos Naturales es encargado de la administración de recursos hídricos. El Ministeria de Economía apruebe ajustos a los tarifas de agua.

No existe una política bien definida de agua y saneamiento en el país.

La prestación de servicios de abastecimiento de agua y saneamiento en El Salvador es responsabilidad de un gran número de distintos proveedores de servicios. El proveedor dominante es la ANDA, la cual presta servicios al 40 por ciento de la población total salvadoreña en 149 de los 262 municipios de la nación.

Entre los demás proveedores de servicios se cuenta: las municipalidades, los proveedores de servicios descentralizados, los desarrolladores de proyectos de vivienda y las cooperativas rurales. Ochenta y tres municipios, en su mayoría pequeños, proporcionan los servicios directamente. Más de 13 proveedores de servicios descentralizados han suscrito contratos bajo los cuales ANDA les ha otorgado el derecho de gestionar sus servicios en forma autónoma. Más de 100 desarrolladores de proyectos de vivienda han tenido que construir sus propios sistemas autónomos de abastecimiento urbano de agua porque ANDA no ha podido conectarlos. Ahora operan esos sistemas por sí mismos o han delegado la prestación del servicio en asociaciones de usuarios. En las zonas rurales, el servicio es provisto por más de 800 organizaciones basadas en la comunidad, incluyendo Juntas de Agua y Asociaciones de Desarrollo Comunitario. Estas últimas dan servicio a aproximadamente 30 por ciento de la población.

El Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL), a través de la Red Solidaria, juega un papel importante para inversiones de agua y saneamiento en áreas rurales. Sin embargo, no presta asistencia técnica o capacitación a las Juntas de Agua para mejorar la sostenibilidad de los servicios.

El Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM) fortalece a los municipios con asistencia técnica para modernizar su administración y promueve la descentralización.

La Red de Agua y Saneamiento de El Salvador (Red de Agua y Saneamiento de El Salvador RASES) constituye un foro para el intercambio de experiencias en el sector, especialmente en lo que concierne a las zonas rurales.

Antes de esta fecha los municipios brindaban servicios de agua potable en El Salvador. El sector fue centralizado en 1961 con la creación de ANDA, a la cual la gran mayoría de los municipios entregaron sus sistemas de agua.

Durante la guerra civil (1980-1992) el sector sufrió de un descuido de la infraéstructura, una perdida de recursos humanos, una debilización de las instituciones del sector, la destrucción físcia de infraestructure y de niveles de inversión bajos.

Después del acuerdo de paz los niveles de inversión aumentaban, particularmente a través del Plan Nacional de Saneamiento Básico Rural (PLANSABAR), un programa ejecutado por el Ministerio de Salud y apoyado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Sin embargo, en 1996 el financiamiento del BID se agotó y el Miniserio de Salud se retiró del sector de agua y saneamiento, dejando las Juntas de Agua casi sin apoyo.

Desde hace 1995 han surgido diversas iniciativas para reformar el sector agua y para crear un nuevo marco legal. Las reformas previstas incluyeron la fijación de tarifas con base en la recuperación de costos, la creación de un ente regulador, y la introducción de la participación del sector privado, entre otros. El BID condicionó un largo préstamo de agua y saneamiento a la adopción de un paquete de leyes para encaminar estas reformas. Sin embargo, ni la administración de Calderón Sol (1994-1999), ni la de Francisco Flores (1999-2004) sometieron esta legislación a la Asamblea Nacional.

Sin embargo, en 1999 empezó una descentralización limitada con el apoyo de la CARE y de otros actores, transferiendo la prestación de servicios en 12 pequeñas sistemas de agua del ANDA a cooperativas, empresas mixtas y a municipios.

Los terremotos de 2001 causaron gran destrucción a lo largo y ancho del país. Después de los terremotos el BID desblocó su préstamo de agua para asistir a los victimas del desastre.

En 2003 se descubrió un escandalo de corupción involucrando el entonces Presidente de ANDA, Carlos Perla, varios miembros de su familia y altos funcionarios de la ANDA. Carlos Perla se refugió en Francia, pero fue extraditado en noviembre de 2006 y condenado en perimera instancia a 15 años de cárcel en noviembre de 2007 para haber construido su casa con fondos de ANDA y para haber recibido sobornos de US$ 10,959. En un caso de soborno mucho más grande y de fecha anterior a 2000 involuncró una empresa española que ganó un contrato de US$ 30 millones para la construcción de un acueducto para suministrar agua a San Salvador del Río Lempa. Perla no fue juzgado para este delíto porque las autoridades de Francia aceptaron extraditarlo, aún no habiendo convenio para ello, solamente bajo la condición de que solo fuera juzgado por los delitos cometidos después del 10 de noviembre de 2000.

Actualmente, el gobierno de Antonio Saca está considerando una ley general de aguas y una ley de agua y saneamiento. De acuerdo con estos dos proyectos, ANDA pasaría a ser un proveedor de servicios más.

Sin embargo, hasta la fecha, ninguna ley fue sometido a la Asamblea Nacional para su aprobación.

Las tarifas de agua de ANDA promedian los treinta centavos de dólar por metro cúbico y están por debajo de las aplicadas en muchos otros países de América Latina. Es más, las tarifas de ANDA no son socialmente equitativas y los subsidios implícitos en las tarifas bajas benefician predominantemente a los no pobres. En primer lugar, los usuarios sin acceso a la red, que suelen ser los más pobres, no se benefician con el subsidio al consumo. Segundo, los usuarios cubiertos por otros proveedores fuera de ANDA, no reciben un subsidio al consumo. Tercero, entre los usuarios cubiertos por ANDA, los pobres reciben menos subsidios que los no pobres como consecuencia de la estructura tarifaria. Las tarifas son tanto para el agua como para el servicio de alcantarillado y por ende, se genera un subsidio cruzado de los usuarios sin conexión de alcantarillado a aquellos con conexión, que suelen ser personas en mejor situación.

Por razones políticas los ajustes de ANDA a las tarifas de agua han sido infrecuentes. Durante los últimos 12 años, éstas se ajustaron sólo dos veces, en 1994 y en 2001. No obstante, la tarifa ajustada a la inflación apenas cambió.

Las tarifas que pagan los usuarios del agua en las zonas rurales sí permiten la recuperación de los costos financieros de operación puesto que no hay disponibilidad de subsidios directos. Estas tarifas suelen ser mucho más elevadas que las que pagan los clientes de ANDA. Algunos usuarios rurales de los sistemas de bombeo de agua reciben un subsidio a través del Fondo de Inversión Nacional en Electricidad y Telefonía (FINET), el cual subsidia las tarifas de electricidad.

Los niveles de inversión en agua y saneamiento en El Salvador entre 1995-2001, representaron entre 20 y 40 millones de dólares al año, pero declinaron significativamente a menos de 10 millones de dólares al año en el período 2003-2004, frente a necesidades de inversión anuales de entre 50 y 100 millones de dólares para alcanzar las Metas de Desarrollo del Milenio.

Muchas de las municipalidades más pobres podrían ver muy pronto una marcada expansión de los servicios gracias a una iniciativa gubernamental que cubrirá las 36 comunidades más pobres. Esta iniciativa, denominada Red Solidaria, ha sido puesta en marcha por el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL).

En el período 1990-2002, el 63 por ciento de las inversiones eran financiadas a través de préstamos y donaciones internacionales, el 21 por ciento mediante el autofinanciamiento de ANDA, 16 por ciento con recursos gubernamentales, y el 0 por ciento con financiamiento comercial.

La situación financiera actual de los proveedores de servicio ya no permite la autofinanciación de las inversiones. El coeficiente de explotación de ANDA se acerca a 1, lo que indica que la empresa apenas cubre sus costos de operación y mantenimiento de rutina.

La razón detrás de la reducción de la capacidad de autofinanciamiento es un incremento significativo en los costos unitarios de ANDA que van de US$0.21/m3 en 1994 a US$0.46/m3 en 2001, y US$0.63/m3 in 2004. La razón de tan pronunciado aumento del costo unitario en 2004 no está clara, pero es posible que se deba al inicio de operaciones del sistema del Río Lempa, altamente intensivo en cuanto a consumo de energía.

A fin de financiar las inversiones que se necesitan para lograr una mayor cobertura y una mejor calidad del servicio, deberá restablecerse la capacidad de autofinanciamiento de ANDA. Una vez logrado esto, se podrán explorar las fuentes de financiamiento comercial.

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Agua potable y saneamiento en México

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Fuente: Programa de Monitoréo Conjunto OMS/UNICEF(JMP/2006). Datos de agua y saneamiento basados en la Encuesta Mundial de la Salud (World Health Survey) del OMS (2003) y el Censo General de Población y Vivenda (Febrero de 2000).

En México, el 63% del agua utilizada proviene de fuentes superficiales y el restante 37% proviene de acuíferos. El intenso crecimiento demográfico y la migración interna a regiones semiáridas y áridas resultan en una sobreexplotación de los recursos hídiricos de México. Según la Comisión Nacional de Agua (CONAGUA), la sobreextracción del agua subterránea representa casi el 40% del uso total de ésta.

Actualmente, sólo el 30% de las aguas servidas reciben algún tipo de tratamiento. La CONAGUA estima que el 52% del total de los recursos hídricos superficiales está muy contaminado, mientras que el 39% está contaminada de forma moderada y sólo el 9% es de calidad aceptable.

La calidad del servicio también deja mucho que desear. El censo del año 2000 indica que el 55% de las familias mexicanas con acceso a agua entubada recibe el servicio en forma intermitente. Aproximadamente el 30% de las aguas residuales recibe algún tipo de tratamiento, una proporción dos veces mayor que el promedio para América Latina.

En muchas partes del país, a pesar de la escasez del recurso se usa el agua de manera intensiva. En parte, tarifas bajas y falta de control de pago favorecen esta situación. En 2006, la mayor parte de agua (el 76.8%) se usó para actividades agrícolas, mientras que sólo el 13.9% se asignó al abastecimiento público y lo demás a termoeléctricas (5.4%) y a la industria autoabastecida (3.8%).

Según la Constitución mexicana, la responsabilidad por la entrega de servicios de abastecimiento de agua y de saneamiento recae en 2,446 municipalidades desde la descentralización del año 1983. Sin embargo, unos cuantos de los 31 estados entregan servicios a través de empresas estatales de agua que actúan en nombre de las municipalidades. La mayoría de los estados también cuentan con agencias estatales de abastecimiento de agua ya establecidas que desempeñan distintos roles según el estado, tales como asistencia técnica a los proveedores de servicio, apoyo en la planificación de inversiones, y canalización de los subsidios federales. En algunos casos, las agencias estatales proporcionan los servicios de agua y saneamiento directamente. En áreas rurales, las Juntas de Agua son responsables por el abastecimiento de la misma.

Las políticas federales que rigen el sector de agua y saneamiento son establecidas por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), una dependencia autónoma de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Según la Ley de Aguas Nacionales de 1992, la CONAGUA establece un sistema nacional de información y publica informaciones sobre el sistema de aguas nacionales y elabora balances en cantidad y calidad del agua a nivel regional. La estrategia sectorial del gobierno federal se concentra en proporcionar subsidios a la inversión para los proveedores de servicios mediante una variedad de programas destinados a mejorar la cobertura y la eficiencia. En 2004, una enmienda a la Ley de Aguas Nacionales de 1992 contemplaba la transferencia de ciertas funciones, tanto del ámbito federal como del estatal, a las recién creadas instituciones a nivel de cuencas hidrológicas, incluyendo decisiones financieras, mediante la creación de un Sistema Financiero del Agua. Las disposiciones de la nueva ley aún no han sido implementadas.

En México las tarifas de agua potable se fijan de diferente manera a nivel municipal, resultando en una amplia fluctuación en los niveles y en las estructuras tarifarias, desde proveedores que recuperan completamente todos los costos a aquellos que ni siquiera cubren sus costos de operación. El sector, en su conjunto, no logra generar suficientes ingresos como para cubrir todos los costos. Las inversiones son financiadas por subsidios federales (56% en 2003), subsidios estatales (13%), desarrolladores del sector vivienda (22%) y otras fuentes (9%), incluyendo el auto financiamiento, los créditos y los subsidios municipales. Los subsidios federales son canalizados a través de diversos programas, incluyendo programas específicos para el sector gestionados por la CONAGUA y el Fondo de Apoyo a la Infraestructura Social (FAIS), el cual transfiere a las municipalidades ciertos ingresos fiscales que pueden ser utilizados a discreción de éstas en distintos sectores de infraestructura.

La inversión privada en el sector de agua potable y saneamiento es muy reducida y se limita principalmente a esquemas de construcción-operación-transferencia para plantas de tratamiento de aguas servidas.

Según la CONAGUA, se inviertieron US$ 1.4 mil millones (14.7 mil millones de pesos mexicanos ), que son US$ 13 per cápita en el sector urbano de agua potable y saneamiento en 2006. Comparado con las inversiones entre 1996 y 2002, que eran de entre US$ 3.7 y US$ 5.5, esto significa un aumento notable. Sin embargo, el nivel de inversiones a partir de los años 90 era más alto. La inversión promedia per cápita entre 1997 y 2003 en México es más alta que en Costa Rica, Ecuador y Honduras, pero otros países mayores de América Latina como Colombia o Argentina gastaron más en el sector.

Pablos, Nicolas Pineda: La Politica urbana de agua potable en Mexico: del centralismo y los subsidios a la municipalización, la autosuficiencia y la privatización. Rivista Región y Sociedad, May 2002.

Al principio



Agua potable y saneamiento en Colombia

Bogotá

El acceso al agua potable y saneamiento en Colombia y la calidad de estos servicios ha aumentado significativamente durante la última década. Sin embargo, aún quedan desafíos importantes, incluso una cobertura insuficiente de los servicios, especialmente en zonas rurales y una calidad inadecuada de los servicios de agua y saneamiento. En comparación con algunos otros países de América Latina, el sector está caracterizado por altos niveles de inversiones y de recuperación de costos, la existencia de algunas grandes empresas públicas eficientes y una fuerte y estable participación del sector privado local.

En el año 2004, la población con acceso a agua potable y a un saneamiento adecuado representaba el 93% y el 86%, respectivamente. La población rural, que representa aproximadamente el 23% de la población total del país, mostraba las tasas de cobertura más bajas, ya que sólo el 71% tenía acceso a agua potable y el 54% a un saneamiento adecuado. La cobertura es menor en la Costa Atlántica (región del Caribe), en la Orinoquía y en la Amazonía. Entre 1990 y 2004, el acceso a agua potable aumentó ligeramente del 92% al 93%. En el mismo tiempo, el acceso a saneamiento subió del 82% al 86%.

El uso de agua potable ha bajado del 25% entre 1996 y 2001, principalmente a causa de incrementos tarifarios importantes y a la inclusión de usuarios de bajos recursos que no recibían servicios básicos.

Además de los problemas relativos a la cobertura de los servicios, el sector de agua y saneamiento de Colombia enfrenta problemas de calidad de servicio. Sin embargo, la calidad de servicio ha mejorado considerablemente durante los últimos diez años. Las ciudades más grandes tienden a tener un servicio de mejor calidad que las ciudades pequeñas y las zonas rurales.

El promedio ponderado de continudad de servicio al nivel nacional era de 88% en 2006, lo que significa una mejora comparado a años anteriores. En las cuatro ciudades más grandes el servicio es continuo. Sin embargo, en muchas ciudades pequeñas el racionamiento del agua y el abastecimiento intermitente son algo común.

Según una encuesta de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SSPD) en 2004, el 72% de los usuarios tenía agua de calidad potable, y el 28% tenía agua de calidad no potable. En algunos casos, la presión del sistema de abastecimiento de agua es inadecuada, lo que aumenta el riesgo de contaminación bacterial.

Según el tercer diagnóstico sobre calidad de agua para consumo humano de la Defensoría del Pueblo realizado en 2007, 16,7 milones Colombianos no recibieron agua apta para consumo humano de acuerdo con los análisis fisicoquímicos y microbiológicos reportados por las secretarias de salud.

Los sistemas de alcantarillado no tienen la capacidad hidráulica suficiente para manejar los flujos de aguas residuales, especialmente en los barrios pobres, lo que redunda en problemas de desborde. En 2006, el 26% de las aguas residuales generadas en el país recibió algún tipo de tratamiento. El restante 75% de las aguas se descarga sin ningún tipo de tratamiento, contaminando una parte significativa de los recursos naturales de agua.

En las últimas décadas, el sector colombiano de agua potable y saneamiento se sometió a varios procesos de centralización y decentralización. Desde la promulgación de una nueva política sectorial en 1994, los siguientes gobiernos han perseguido políticas básicas estables, promoviendo transferencias dirigidas a municipalidades, participación del sector privado, consolidación de la regulación, recuperación de costos y un sistema de subsidios cruzados.

En la primera mitad del siglo XX, las municipalidades tenían la responsabilidad de brindar servicios de agua y saneamiento básico en Colombia. En 1950, como en muchos otros países, se adoptó un esquema centralizado y se creó el Instituto de Fomento Municipal (INSFOPAL). través del Instituto Nacional de Fomento Municipal, creó las ACUAS, entidades departamentales conformadas con la participación del Departamento, los Municipios e Insfopal, las cuales se encargarían de administrar y conservar los acueductos y alcantarillados de las poblaciones afiliadas, canalizando la inversión del Estado en ese importante renglón de la salud pública. En 1976, en seguimiento de un cambio en la polítca sectorial del gobierno, las ACUAS se transformaban en EMPOS, organismos ejecutores de carácter regional o municipal, denominados Empresas de Obras Sanitatias (EMPOS). Las ACUAS y EMPOS eran las encargadas de la financiación, planificación, desarrollo y administración de los servicios públicos en la mayoría de los municipios.

Sin embargo, algunas municipalidades mantuvieron la responsibilidad para la provisión del servicio en el nivel local y crearon compañías municipales. El caso más notable es el de las Empresas Públicas de Medellín (EPM), una empresa multi-sectorial creada en 1955, cuyo dueño es el municipio.

En toda esta época, a nivel nacional, el sector de agua potable dependía institucionalmente del Ministerio de Salud.

En la década de los ochenta el sector se encontraba en crisis. El INSFOPAL se liquidó en 1989 y la responsabilidad para brindar servicios regresó después de cuatro décadas a los municipios, salvo en algunos casos como en el Valle de Cauca donde las empresas regionales se mantuvieron. Además, ya no se asignó la responsabilidad institucional al Ministerio de Salud, sino que se integró el sector al Ministerio de Desarrollo Económico. Este cambio no fue solamente un cambio de nombre y de dependencia, sino un verdadero cambio institucional.

Las políticas sectoriales establecidas con la Ley 142 de 1994, con algunas modificaciones en 2001, continúan siendo las bases de las políticas del estado a través de varios gobiernos.

En 1995, se otorgó una primera concesión de agua y saneamiento a una empresa mixta pública-privada en la ciudad de Cartagena, seguido de una segunda concesión en Barranquilla en 1996 y de otras concesiones después. En 2002, el gobierno lanzó el Programa de Modernización Empresarial para introducir la participación del sector privado en el sector también en medianos y pequeños municipios, con éxitos espectaculares sobre la calidad y eficiencia de la prestación de los servicios.

El gobierno de Álvaro Uribe Vélez quiere elevar el perfil del sector para dar mayor impulso al incremento de la cobertura, sobrepasando los Objetivos de Desarrollo del Milenio para el sector en Colombia, y mejorando la calidad del servicio, especialmente en pequeñas ciudades y en áreas rurales que tienen la mayor brecha de servicios.

El programa de Planes Departamentales de Agua y Saneamiento sirve para planificar y armonizar los recursos y esquemas regionales de prestación de servicios al nivel de cada departamento del país. El Programa será implementado primero en cuatro departamentos que tienen entre las más difíciles condiciones, que son Sucre, Córdoba, Magdalena y La Guajira. También busca enfrentar la atomización del sector en muchas pequeñas empresas para beneficiar de economías de escala.

Inspiradas en la experiencia de Uruguay, 1.200 organizaciones sociales de Colombia están promoviendo un referendo para consagrar en la constitución el acceso al agua potable como un derecho humano fundamental. Los promotores también quieren que la constitución garantice un "mínimo vital" de agua gratuita, proteja los ecosistemas y establezca que el manejo del agua potable sea público. En octubre de 2008 un Comité Nacional en Defensa del Agua y de la Vida (CNDAV), promotor del referendo, hizo entrega de 2.039.000 de firmas, avalados por la Registraduría, a la cámara de representantes para apoyar el referendo.

Las responsabilidades del sector de agua y saneamiento en Colombia están definidas en la Constitución de 1991, en la Ley 142 de 1994 (Ley de Servicios Públicos Domiciliarios) y en la legislación subsiguiente.

El Viceministerio de Agua y Saneamiento, creado en octubre de 2006 bajo el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, está a cargo de establecer la política sectorial. Estas políticas sectoriales se definen en el marco de políticas nacionales establecidas por el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

La responsabilidad de regular los servicios de abastecimiento de agua en el ámbito nacional cae en dos instituciones independientes: La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) define los criterios que rigen la prestación eficiente de los servicios y establece las normas de revisión de tarifas, pero no está a cargo de controlar la aplicación de estas normas. Esto último es responsabilidad de la Superintendencia de Servicios Públicos (SSPD), un ente regulador multisectorial.

El Gobierno se propone mejorar el desempeño del sector de agua y saneamiento mediante las siguientes medidas: (i) fortalecimiento del marco regulador; (ii) implementación de programas de asistencia técnica; (iii) apoyo financiero para promover la modernización y la gestión eficiente, así como el subsidio de los pobres; y (iv) racionalización del marco institucional en el ámbito nacional para mejorar la coordinación del sector. El Gobierno también respalda la participación de la empresa privada en el sector.

En Colombia, los municipios tienen la responsabilidad de "asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios domiciliarios de acueducto y alcantarillado... por empresas de servicios públicos" (Art. 5, Ley 142 de 1994). La responsabilidad directa por la prestación de los servicios recae entonces en empresas de servicios públicos, excepto en algunos casos específicos definidos en la ley en los cuales los municipios pueden prestar estos servicios directamente. En zonas rurales y algunas zonas urbanas marginales las juntas comunales de agua también prestan servicios de agua potable.

En 2006, entre los 365 prestadores de servicios registrados con la SSPD y que atienden a más de 2.500 suscriptores, 318 son empresas de servicios públicos, 38 son municipios y 9 otros. En los años pasados se crearon muchas empresas disminuyendo significativamente la participación de los municipios como prestadores directos; se evidenció una transformación empresarial que implicó el traspaso de la prestación de los servicios de los municipios a empresas especializadas de naturaleza de EICE S.A. ESP (empresas industriales y comerciales del estado constituidas por acciones), las cuales por su naturaleza jurídica tienen mayor flexibilidad para contratar bajo un régimen de derecho comercial privado aunque sujetas a los entes de control fiscal y disciplinario. De esta forma, se observa que para el año 2006 la mayoría de las empresas de servicios públicos son del tipo EICE (53% del total), manteniéndose municipios con un esquema de prestación directa (15% del total), mientras que los restantes prestadores corresponden a empresas privadas (12% del total), oficiales (13%), mixtas (6% del total) u organizaciones autorizadas (1%). Es necesario precisar que, si bien las EICE como las oficiales son empresas que tienen un origen público, su naturaleza es diferente, teniendo la primera de éstas un mayor nivel de especialización. Incluyendo prestadores más pequeños, se estima que existen más de 1.500 prestadores de servicios de agua y saneamiento en zonas urbanas y 12.000 organizaciones comunitarias en las áreas rurales.

Se destaca una alta atomización del sector que no permite lograr economías de escala. La creación de empresas regionales se ha propuesto como solución a este problema.

En algunas pequeñas ciudades y zonas semi-urbanas existen ejemplos de un manejo exitoso de agua y alcantarillado por empresas regionales y organizaciones comunitarias, que en algunos casos dan muestras referente a la devolución del control a las comunidades, transparencia y responsabilidad.

Un ejemplo de una empresa regional es Acuavalle S.A. ESP que suministra agua potable y el servicio de alcantarillado a una población de 582.000 habitantes en 33 municipios del Valle del Cauca. La empresa se constituyó como sociedad anónima sin ánimo de lucro en 1959. Los accionistas de la empresa son el Departamento del Valle del Cauca; la Corporación Autónoma regional del Valle del Cauca; y los 33 Municipios servidos por la empresa.

Otro ejemplo es la Junta Administradora del Acueducto La Sirena en el Valle del Cauca en la periferia Suroccidental de la ciudad de Cali, que maneja 778 conexiones domiciliarias con servicio continuo para unos 4.200 usuarios, una red de alcantarillado, una planta de filtro lento y esta facturando el agua en base del consumo con micromedición con un cargo promedio de US$ 3,5 por 28 metros cúbicos al mes. No existe estratificación y se aplican tarifas especiales a los que consumen más de 28 metros cúbicos. Sus excedentes son de US$ 10.000 por año que se reinvierten en mantenimiento preventivo y en algunas ocasiones en obras de infraestructura como ha sucedido en los últimos tres años, cuando se construyó una bocatoma en la Quebrada Epaminondas, se mejoró la bocatoma del Río Melendez y se construyó un tanque de almacenamiento con capacidad para 220 metros cúbicos. Otro ejemplo es la Asociación Acueducto de Río Negro en Popayán, formada hace 10 años, que integra a 10 veredas con 7.000 conexiones domiciliarias. La Asociación esta construyendo su planta de tratamiento de agua potable y está en el proceso de instalar micromedidores con el apoyo de la organización colombiana Asociados en Desarrollo Rural (ADR) de Colombia y la agencia estadounidense USAID.

Unas de las empresas públicas más exitosas de América Latina son las Empresas Públicas de Medellín (EPM), empresas municipales que proveen servicios de agua, saneamiento, aseo, electricidad y telecomunicaciones locales. Empresas públicas en otras grandes ciudades del país, como la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, también presentan buenos indicadores de desempeño en comparación con muchas otras empresas públicas de agua y saneamiento en América Latina.

A diferencia de lo sucedido en muchos países en vías de desarrollo, en donde la participación del sector privado en el abastecimiento de agua ha sido altamente controversial, resultando con frecuencia en la terminación anticipada de los contratos, en Colombia dicha participación ha sido estable y es considerada por muchos un verdadero éxito. En 2004, Colombia contaba con 125 empresas de agua privadas y 48 mixtas, incluyendo empresas grandes, medianas y pequeñas.

La participación del sector privado en el sector colombiano de abastecimiento de agua tuvo su inicio en Cartagena en 1995, con el apoyo del Banco Mundial. Los ejemplos más importantes se encuentran en Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Tunja, Montería, Palmira, Girardot y Riohacha. Los operadores, en su mayoría, son colombianos. El desempeño general de los servicios públicos en donde participa el sector privado ha mejorado, en algunos casos de forma espectacular, y algunos –como en el caso de Barranquilla- han obtenido un éxito impresionante en ampliar la cobertura a las poblaciones rurales pobres en forma eficiente.

Según el Banco Mundial, la clave para el éxito de la reforma Colombiana del sector fue el desarrollo de soluciones propias, y a veces la adaptación hábil de modelos usados en otros lados a las circunstancias propias y a la cultura Colombiana.

La cobertura en áreas rurales es menor de lo que se supondría teniendo en cuenta el nivel de desarrollo económico del país y el desarrollo del sector. Aunque una de las razones del atraso es el conflicto armado, también hay otras razones importantes: por ejemplo, los municipios usan las transferencias del Sistema General de Participaciones (Ley 715 de 2001) principalmente para inversiones en zonas urbanas. Además, a diferencia de algunos otros países de América Latina, no existe una institución o un programa a nivel nacional que ofrezca asistencia técnica a las 12.000 organizaciones comunitarias que prestan los servicios en áreas rurales. La Ley 142 de 1994 asignó esta tarea a los departamentos, pero estos no han llevado a cabo esta tarea satisfactoriamente.

El Inventario Sanitario Rural (ISR) de 2002 confirmó esta situación. Destacó, entre otros, que solamente el 21% de las organizaciones comunitarias habían recibido capacitación en fontanería y el 10% en administración del servicio. Solamente el 32% emitía facturas y el 10% contaba con micromedición. Para aumentar el acceso y mejorar la calidad de los servicios en estas áreas el gobierno definió en 2005 los lineamientos de política de agua potable y saneamiento básico para las zonas rurales de Colombia.

El nivel de agua no contabilizada (pérdidas físicas y administrativas) en Colombia se estimó en 2006 en un promedio del 49%. Este nivel es más alto que el promedio en América Latina, que es aproximadamente del 40%, y de la meta regulatoria que es del 30%. En el pasado el nivel da agua no contabilizada se había estimado a un promedio del 40% en 2001, casi el mismo nivel que en 1990. En las principales ciudades del país el nivel de agua no contabilizada está por debajo del promedio (40% en Bogotá, 35% en Medellín y 39% en Cali).

La tarifa básica se calcula en base a los costos económicos y según una metodología definida al nivel nacional por la CRA en 2004. Las tarifas varían entonces entre municipios solamente en función de sus costos y no de la voluntad del gobierno municipal de aumentar o no las tarifas.

En 2006, la factura promedio por mes para un suscriptor residencial fue de 15.209 pesos (US$ 6,1) por servicios de acueducto y 10.291 pesos (US$ 4,1) por los servicios de alcantarillado. Entre 1990 y 2001, la tarifa media por metro cúbico aumentó de US$ 0,32 a US$ 0,813, lo que significa una subida de un 153%.

La parte de la población en áreas que corresponden a los estratos 1-3 es mucho más grande que la que vive en áreas que corresponden a los estratos 5 y 6. Por ejemplo, en Bogotá el 73% de la población vive en los estratos 1-3 y solamente el 10% en los estratos 5 y 6. El esquema tarifario entonces genera un déficit permanente que requiere subsidios (transferencias) del parte del gobierno nacional. Por ejemplo, según la SSPD en 2007 los "aportes solidarios" de los estratos 5 y 6 eran de US$ 151 milliones, mientras que los subsidios eran de US$ 559 millones, generando un déficit de US$ 408 millones.

Inversiones Entre 1999 y 2007 el sector recibió US$ 6,820 millones para inversión (US$ 852 millones anuales). En el periodo 2003-2006 la inversión era de 0,62% del PIB, uno de los más altos niveles en América Latina. A pesar de un receso en 2001, la inversión total en el sector de agua y saneamiento ha crecido de manera evidente desde el año 1999.

Para los años de 2007 hasta 2017, la SSPD prevé inversiones de US$ 2.200 millones (4.922 mil millones de Pesos Colombianos) en el sector de agua potable y saneamiento.

Según un estudio del Banco Mundial los Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) contribuyen también en el financiamiento de inversiones de agua potable y saneamiento. Las transferencias por medio del SGP llegan principalmente a los pequeños municipios con bajos niveles de ingresos. Sin embargo, muchos municipios utilizan las transferencias del SGP destinadas al sector de agua y saneamiento para otros fines. Los CAR perciben ingresos del predial, de las empresas de generación de energía eléctrica y de tasas ambientales por la extracción de agua y tasas retributivas por la descarga de aguas residuales.

El sector privado también ha financiado inversiones en agua potable y saneamiento. De los US$ 2.930 millones (7.965 mil millones de pesos colombianos) que se han invertido en el sector entre 1995 y 2003, el sector privado invirtió el 16%. Desde 1998, la financiación privada aumentó desde casi cero a más de US$ 100 millones en los años 2000, 2002 y 2003 y así se convirtió en una fuente de financiación importante.

Al principio



Agua potable y saneamiento en Honduras

Represa sobre el río Nacaome, para el abastecimiento de agua potable a todo el valle

La cobertura de servicios de abastecimiento de agua y saneamiento en Honduras ha aumentado significativamente durante las últimas décadas. Sin embargo los servicios evidencian deficiencias en cuanto a su calidad y eficiencia, y todavía persisten las brechas en cobertura, en especial en las zonas rurales.

En 2003 se aprobó una nueva Ley Marco del Sector de Agua Potable y Saneamiento. Esta ley prevé la descentralización de los servicios de la empresa nacional Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) a los municipios. También crea un ente rector y un regulador del sector. Sin embargo, las nuevas instituciones no son aún lo suficientemente fuertes y la descentralización ha sido un proceso lento. Hace falta también una política de financiamiento en el sector.

Los datos sobre el acceso a agua y saneamiento en Honduras varían mucho según la fuente de información. Por ejemplo, según la encuesta permanente de hogares del 2006, 81% de las viviendas tenían acceso a agua y 86% de las viviendas tenían acceso a saneamiento. En esta estimación las cifras sobre el acceso a saneamiento son mucho más altas que las cifras manejadas por el Joint Monitoring Program de la OMS y UNICEF en la tabla abajo.

Fuente: Programa de Monitoreo Conjunto OMS/UNICEF(JMP/2006). Datos para agua y saneamiento basados en la Encuesta Nacional de Salud Masculina (2001).

La calidad del servicio, comparada a la de otros países de América Latina, es baja.

En áreas urbanas, en 2006 el agua potable era desinfectada en el 75% de los sistemas y sólo se daba tratamiento al 10% del agua residual recolectada en 2006. En general el servicio de agua es racionado, evidenciando falta de capacidad de las fuentes de suministro, un consumo excesivo, o ambos. No hay datos recientes sobre la continuidad del servicio, pero la OMS señala que en el año 2000, el 98% de los sistemas urbanos de agua de Honduras trabajaban intermitentemente durante un promedio de 6 horas al día.

En areas rurales, se estima que en el 2004 un tercio de los sistemas prestaban un servicio continuo de 24 horas diarias, siete días de la semana. El 80% brindaba más de diez horas diarias de servicio. El 57% de los usuarios afirman tener racionamientos en epóca seca. El 88% de los sistemas no contaban con un hipocloardor funcional y solamente el 12% de los sistemas suministraban agua desinfectada.

El país tiene un potencial hídrico de 1,542 m³/s, pero en 2006 usó solamente 88.5 m³/s (6%) para consumo, incluidos 75 m³/s para el riego y 13.5 m³/s para el uso doméstico e industrial. Existen altos niveles de contaminación.

El caudal de las fuentes en El Picacho ha disminuido a causa de la deforestación en el parque nacional La Tigra. En el caso de la represa Los Laureles, la deforestación en la cuenca del Río Guacerique ha aumentado la sedimentación del reservorio, disminuyendo su capacidad de abastecimiento. Además de esto la urbanización de la cuenca ha aumentado la polución del agua en el reservorio.

Se estimó en un estudio de 1998 que la demanda para abastecer Tegucigalpa en el año 2010 sería aproximadamente entre 78 y 102 millones m³, si no se toman medidas para el ahorro de agua. Según información del SANAA se requiere la construcción de dos represas adicionales con una capacidad de 100 millones de metros cúbicos cada una para abastecer la capital. El déficit de agua en la ciudad seria del 50 por ciento.

Los sistemas de abastecimiento de agua por gravedad representan el 93 % del número total de sistemas construidos. Los sistemas por bombeo y mixtos representan un 4.5 % en total. La población rural dispersa depende en gran medida de pozos excavados, estimados aproximadamente en 15,000. en base a datos del Sistema de Información de Agua Rural (SIAR) del SANAA.

Actualmente se esta planificando una Ley General de Aguas para mejorar la gestión integrada de los recursos hídricos.

El consumo de agua per cápita en Honduras experimenta grandes fluctuaciones de una localidad a otra, y entre estaciones. Por ejemplo, en Tegucigalpa – que enfrenta grandes problemas de abastecimiento - el consumo asciende a 172 L/por persona/día, mientras que en los sistemas municipales pequeños es de 545 litros/por persona/día. Al menos en las zonas urbanas, el consumo es mucho mayor que, por ejemplo, en Europa Central, donde asciende a 135-200 litros/por persona/día.

De acuerdo con la Ley Marco del Sector Agua del 2003, las políticas sectoriales son definidas por el Consejo Nacional de Agua Potable y Saneamiento (CONASA), el cual es presidido por el Ministro de Salud. La regulación es responsabilidad del Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento (ERSAPS).

Antes de promulgarse la Ley del Sector de Agua y Saneamiento no existía el marco regulatorio para su aplicación en procesos descentralizados como los desarrollados en las ciudades de San Pedro Sula y Puerto Cortés. Con el propósito de crear un proceso sostenible, se constituyeron localmente instancias reguladoras de los contratos de concesión de los servicios de agua potable y saneamiento, tal como sucedió en la ciudad de Puerto Cortés donde se creó un ente regulador a nivel municipal que incluye representantes de la sociedad civil seleccionados por sus respectivos colegios profesionales (médicos, ingenieros y abogados).

Según la Ley Marco del Sector de Agua Potable y Saneamiento aprobada en 2003, y su subsiguiente reforma del 2008 el SANAA tendrá que transferir la administración de sus sistemas a los municipios al 2013.

Todos los sistemas urbanos de agua son públicos, salvo en San Pedro Sula, donde la ciudad ha suscrito en el 2000 un contrato de concesión para 30 años con un concesionario privado, y en Puerto Cortés en 1999 y en Choloma, donde los gobiernos locales han creados empresas mixtas.

El Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) desempeña un rol importante en el sector, puesto que una gran proporción de los fondos nacionales y de donantes destinados a Agua y Saneamiento se canalizan a través de esta entidad.

Las Juntas administradoras de agua rurales de Honduras han creado en 1990 una asociación nacional - la Asociación Hondureña de Juntas Administradoras de Agua, AHJASA - para proteger sus intereses. En 2004 contaba con una membresía de 500 Juntas en 8 departamentos, representando 380,000 usuarios. Las Juntas pagan 10-15% de los ingresos de tarifas a la asociación.

Así existen 50 Asociaciones de Juntas de Agua Municipales (AJAMs). Algunas AJAMs también reciben una parte de los ingresos tarifarios de las Juntas locales miembros de la AJAM, corespondiende a aproximadamente 5% de los ingresos. Algunas Asociaciones operan bancos de cloro para sus miembros.

Además, la mayoría de las municipalidades están asociadas en Mancomunidades, muchas de las cuales han formado unidades técnicas intermunicipales (UTIs) encargadas de la administración de proyectos de inversión. El Proyecto de Infraestructura Rural (PIR) del FHIS da apoyo a seis de estas Mancomunidades.

La Fundación Agua para Todos (FUNDAPAT), creada en 1992 en base de una inciativa de UNICEF, SANAA, la Cámara de Comercio y de Indústria de Tegucigalpa y de la Asociación de Medios de Comunicación (AMC). FUNDAPAT ha logrado extender servicios de agua potable a 105,000 personas en 104 comunidades, principalmente en el área metropolitana de Tegucigalpa. Las comunidades pagan la inversión sin intereses en un fondo rotatorio para mantener el capital de la Fundación y permitir la extensión del servicio a otros barrios. SANAA ha creado una unidad especial para apoyar estos proyectos en barrios pobres.

Desde hace más de cinco años, Geólogos del MundoWeb:, contando con la contraparte Hondureña ASIDE Web:, está llevando a cabo estudios hidrogeológicos en varias zonas del país (Valle de Sula, Cordillera de Mico Quemado, Valle de Jamastrán, Siguatepeque, etc) y abastecimientos de agua a varias poblaciones del Valle de Sula, Danlí y Siguatepeque.

Agua Para el Pueblo es una Organización No Gubernamental Hondureña que lleva 20 años desarrollando trabajos en agua y saneamiento. Sus variados aportes en términos de tecnologías, metodologías de abordaje y de fines conceptuales han sido importantes en el desarrollo del sub sector de agua y saneamiento del país. En la actualidad, APP como se conoce por sus siglas, está inmersa en un proyecto de renovación y de proyección de cara al nuevo marco jurídico sectorial (Ley Marco del Sub Sector de Agua y Saneamiento), donde se incluye el ensayo de nuevos enfoques de descentralización y participación de las municipalidades y el nivel local en la gestión para la construcción, administración y sostenibilidad de los sistemas de agua y saneamiento ambiental.

Las pérdidas de agua o, en términos más precisos, el agua no facturada, se estima en un 50% en la capital, Tegucigalpa, y en 43% en San Pedro Sula, muy por encima de lo que se estima como un nivel eficiente. El sistema de agua potable de Tegucigalpa tiene más de 9 empleados por cada 1,000 conexiones, unas tres veces más de lo que se considera un nivel eficiente.

Areas urbanas. La OMS estima que en el año 2000, la tarifa promedio de abastecimiento urbano de agua ascendía al equivalente de US$ 0.13 / m³ . Una familia residente en Tegucigalpa, con conexión domiciliaria, pagaba solamente US$2.45 al mes por el servicio de agua y US$ 0.50 al mes por el de saneamiento. La mayoría de los usuarios tienen una cuota fija por falta de micromedición o por falta de lectura de los medidores.

Es infrecuente que se autoricen alzas tarifarias y éstas son insuficientes para compensar la inflación, por lo que se genera una erosión de los niveles tarifarios reales. Las tarifas de los sistemas municipales tienden a ser aún más bajas que las de los sistemas operados por el SANAA. Según un estudio del Banco Mundial eso sugiere que en Honduras, el proceso de fijación de tarifas en el ámbito municipal puede ser más susceptible a las presiones políticas que en el ámbito nacional. El SANAA tiene una tarifa de alcantarillado sanitario que coresponde a 25% de la tarifa de agua.

Areas rurales. En areas rurales son las Juntas de Agua las que fijan el nivel de tarifas. La gran mayoría de las tarifas están concebidas como una cuota fija. La tarifa promedio en 2007 equivalía a 13.15 Lempiras (US$ 0.68) por mes y siendo entonces mucho menor que la tarifa de agua en Tegucigalpa.

En muchos municipios urbanos y localidades rurales los ingresos tarifarios no son suficientes para recuperar los gastos de operación y mantenimiento, sin hablar de los gastos de inversión.

En areas rurales, según un estudio realizado en el año 2004, 70% de las JAAS cobraban tarifas que cubrían gastos básicos de operación y mantenimiento del sistema. No obstante, la capacidad de acumulación de reservas es baja. El 80% de las JAAS reportaron dificultades en cobrar las tarifas.

No hay datos fiables sobre las inversiones en el sector de AYS en Honduras, ya que no existe una institución que recoja sistemáticamente las inversiones hechas por varias instituciones.

Según la Secretaría de Finanzas (SEFIN), se inviertieron US$ 262 millones en el sector de agua potable y saneamiento entre 1997 y 2006. Es probable que estas cifras sean una subestimación. Sin embargo, según estas cifras se invertieron en promedio US$ 4 per cápita por año. La inversión oscilaba entre US$ 1.1 y US$ 4.6, excepto en 2001 que fue excepcionalmente alto, llegando a US$ 16.9 per cápita. Este nivel muy alto se debió a las inversiones después del Huracán Mitch. Por otra parte, en el 2006 fue sólo de US$ 0.2 per cápita según SEFIN. Es posible que esta última cifra sea preliminar y no incluya todas las fuentes de inversión. El nivel promedio de inversión anual es parecido al de Costa Rica y México, pero más bajo que en Argentina, Perú y Colombia.

Se espera que el nivel de inversión en el sector aumente en la medida en que varios proyectos aprobados en los últimos años empiecen a desembolsar, tal como PROMOSAS y el Proyecto OBA financiados por el Banco Mundial.

Las necesidades de inversiones para lograr los Objetivos del Milenio para agua potable y saneamiento superan las inversiones históricas. Únicamente para lograr ofrecer un servicio a nivel de los 850 barrios con que cuenta el Distrito Central de Tegucigalpa, es necesario contar con más de 365 millones de dólares (Unos 6,935 millones de lempiras), de acuerdo a la Unidad Ejecutora en Barrios en Desarrollo del Sanaa.

La gran mayoría de las inversiones en el sector son financiadas por donantes externos. Sin embargo, en áreas rurales las comunidades contribuyen con un mínimo del 30% de la inversión en forma de mano de obra no calificada, materiales locales y en algunos casos en efectivo. A veces los municipios contribuyen también con recursos en efectivo para financiar estas inversiones.

El SANAA ha establecido una Unidad Ejecutora de Barrios en Desarrollo (UEBD) para mejorar el servicio a los barrios en desarrollo al margén de la capital con el apoyo de UNICEF y de otras agencias de apoyo externo.

Entre otros, el SANAA ha promovido desde 1995 la instalación de alcantarillado simplificado para reducir significativamente (más de 30%) los costos de inversión en estos barrios. Las comunidades han contribuido con un 50% de los costos. La inversión no es donada completamente a la comunidad, ya que la misma se devuelve parcialmente a un fondo rotatorio que es usado para reparaciones mayores. Se han construido alcantarillados sanitarios en 56 barrios, atendiendo una población de 47,550 habitantes.

El sector de agua y saneamiento en Honduras recibe un apoyo significativo en términos de financiamiento y de asistencia técnica de una gran variedad de donantes. La cooperación externa gubernamental y multilateral se describe en orden alfabético a continuación. El apoyo de ONGs se describe arriba en la sección sobre ONGs.

Alemania está apoyando al sector de agua a través de un programa multisectorial de desarrollo local en áreas rurales llamado Programa FHIS-KfW VI y VII del KfW (Kreditanstalt fuer Wiederaufbau), ejecutado por el FHIS. El proyecto transfiere recursos financieros directamente a comunidades para que ellos ejecuten subproyectos que escogen ellos mismos, bajo una modalidad llamada Proyecto de Ejecución Comunitaria (PEC). Esta modalidad se usa también en proyectos financiados por el BM y el USAID.

El proyecto interviene en las mancomunidades MANCURISJ en la Cuenca del Río San Juan en el departamento de Intibucá; COLOSUCA y CAFEG en el departamento de Lempira; y Río Higuito en Copán.

El Proyecto de Modernización des Sector de Agua y Saneamiento (PROMOSAS) es un proyecto de US$ 35 millones (con US$ 30 milliones a ser financiados por el Banco) aprobado en junio de 2007 y ejecutado por la Unidad Administradora de Proyectos (UAP) en la Secretaría de Finanzas. El proyecto apoya a la implementación del Plan Estratégico de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento, creando o fortaleziendo entes prestadores municipales de agua y saneamiento, particularmente en ciudades donde los servicios van a ser transferidos del SANAA a los municipios. Son eligibles para el componente de inversiones y de asistencia técnica los siguientes municipios:(Choloma, Choluteca, Comayagua, Danlí, El Progreso, La Ceiba, La Lima, Puerto Cortés, Siguatepeque, y otros municipios más pequeños que decidan de agruparse para formar una empresa de servicios públicos común. El proyecto busca también a reducir las perdidas de agua en Tegucigalpa y a fortalecer las instituciones del sector creados por la Ley Marco, tal como el ERSAPS y el CONASA.

El Proyecto de Infraestructura Rural (PIR) es un proyecto de US$ 47 millones aprobado en 2005 y ejecutado por el FHIS. Aproximadamente US$ 10 millones son previstos para inversiones de agua y saneamiento en seis mancomunidades del país: CRA en Santa Bárbara, Chortí en Copán, MANCEPAZ en La Paz, MAMNO en Olancho, Mambocaure en Choluteca y Guisayote en Ocotepeque.

El proyecto Barrio Ciudad es un proyecto de US$ 16.5 millones (con US$ 15 millones financiados por el Banco) aprobado por el Banco en julio de 2005 y ejecutado por el FHIS. Interviene en barrios marginales de las ciudades intermedianas del país, incluyendo Comayagua, Danlí, Santa Rosa de Copán, El Progreso, Villanueva y Choloma.

El Global Partnership on Output Based Aid (GPOBA) del Banco Mundial esta financiando un Proyecto de Ayuda en Función de Resultados (Proyecto OBA) de US$ 4.6 millones para la extensión de servicios de agua y saneamiento a 40,000 personas en áreas pobres. Es ejecutado por el FHIS y fue aprobado en junio de 2006. Mediante el proyecto OBA se transfieren recursos que son aplicados a subsidios directos a las tarifas o que subsidian las inversiones de capital requeridas para mejorar la prestación del servicio. Estos fondos son otorgados a proyectos de agua y saneamiento, que han resultado exitosos en la ejecución del programa de inversión y que han aplicado las reformas institucionales establecidas en la Ley Marco de Agua y Saneamiento.

El Programa de Agua y Saneamiento (PAS) del Banco Mundial brinda apoyo a Honduras a través de asistencia técnica y estudios.

En estos tres proyectos, agua potable y saneamiento van a figurar como uno de los usos principales del agua y va a tener un componente fuerte de inversión en el sector. Adicionalmente, se ve la disponibilidad de agua para el desarrollo económico sostenible como un elemento fundamental para la programación. En la región sur este puede incluir captación de agua de lluvia.

En el pasado, con el programa Pro-Mesas (2002-2008), Canadá apoyó la construcción de sistemas de agua potable y saneamiento en la Costa Norte (Tela, Tocoa, Río San Juan) y en Olancho (Río Telica). Además, se apoyan los procesos de declaratoria de microcuencas abastecedoras de agua, para asegurar la seguridad de las fuentes tanto en términos de calidad como cantidad.

Desde La Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo del Principado de Asturias Web: y el Ayuntamiento de Oviedo Web:, la ONGD Geólogos del Mundo Web: junto con ASIDE Web: como contraparte hondureña, lleva cinco años desarrollando proyectos de abastecimento de agua en tres zonas del país (Norte, Centro y Sur-Este), así como estudios hidrogeológicos en la Cordillera de Mico Quemado y Siguatepeque .Al día de hoy (abril de 2008) más de 10.000 personas del Valle de Sula, Siguatepeque y Jamastrán se han beneficiado directamente de estos proyectos.

Geólogos del Mundo tiene suscritos convenios con ESNACIFOR Web: Escuela Nacional de Ciencias Forestales), La Municipalidad de Siguatepeque Web: y ECO-REDES (Fundación para la Restauración Ecológica y Desarrollo de Siguatepeque) para llevar a cabo un estudio hidrogeológico de Siguatepeque que ayude a un traspaso ordenado de las competencias del agua y saneamiento desde el SANAA (Servicio autónomo nacional de acueductos y alcantarillados) a la municipalidad y al COMAS (Comité de Agua y Saneamiento).

USAID ha apoyado el sector de agua y saneamiento en Honduras desde 1960. Ha sido particularmente activo en áreas rurales desde hace 1980. Entre 1980 y 2006 se han invertido aproximadamente US$ 56 millones. Con estos recursos se han construido o reconstruido 3,469 sistemas de agua potable en todos los departamentos de Honduras. Las principales contrapartes han sido el SANAA y la Dirección de Infraestructura Mayor del FHIS. Participaron también numerosas ONGs tal como la FUNDAPAT, Save the Children, PLAN de Honduras, Catholic Relief Services (CRS), Visión Mundial (World Vision), Proyecto Aldea Global (Global Village) y Water for the People. A través de la DIM-FHIS se construyerón una serie de proyectos especialmente alcantarillados sanitarios. Los sistemas de agua potable se construyeron por parte de las comunidades mismas que contribuyeron con su mano de obra, y ejecutados con materiales comprados y suministrados por parte del SANAA, con diseños hechos por ingenieros del SANAA. El personal del SANAA u ONGs supervisaron la ejecución de las obras, llevaron a cabo la educación sanitaria y organizaron las Juntas de Agua. Un elemento clave de este método de intervención son los Técnicos de Operación y de Mantenimiento (TOM) y los Técnicos de Agua y Saneamiento (TAS) que brindan apoyo a las Juntas. El modelo desarrollado con el apoyo del USAID ha sido adoptado también en otras operaciones del SANAA.

Las intervenciones también utilizaron y mejoraron el Sistema de Información de Acueductos Rurales (SIAR), en uso desde hace 1986. El SIAR clasifica a los sistemas de agua potable en cuatro categorías (A, B, C y D) según su grado de funcionamiento. El SIAR es una herramienta importante para la planificación de inversiones y el monitoreo de la calidad de los servicios. Sigue funcionando y recibió recientemente el apoyo del Banco Mundial, para su actualización a través del Proyecto de Infraestructura Rural (PIR) ejecutado por el FHIS.

La cobertura de agua potable en áreas rurales se incrementó de 21% en 1974 a 71% en 2001, en gran medida debido a los programas apoyados por el USAID. En el periodo 1988-1999 80% del incremento en la cobertura fue debido al apoyo del USAID.

Los Países Bajos apoyan al sector a través del Centro Internacional de Agua y Saneamiento, IRC. El IRC, a través de su programa RCD (siglas en inglés), impulsa el desarrollo del Centro Hondureño de Recursos en Conocimiento e Información en Agua y Saneamiento (CHRECIAS) de la RASHON. Según su sitio web, el RCD "constituye un intento excepcional de promover la gestión del conocimiento en el sector". CHRECIAS facilita procesos de aprendizaje en la búsqueda de asegurar las capacidades necesarias para una mayor gobernabilidad local en el sector y por ende mayores niveles de sostenibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento. Las actividades que CHRECIAS dessarolla contemplan el desarrollo de conocimientos sobre nuevos temas (investigación aplicada) con activa participación de los principales actores en el sector (SANAA, FHIS y algunos ONG's); la elaboración y diseminación de productos de información como son las hojas de campo, la revista CHAC e informes técnicos; el intercambio de experiencias a nivel nacional y con otras partes del mundo; la implementación de talleres de capacitación, y la influencia en las políticas del sector por ejemplo mediante la organización de seminarios, reuniones de trabajo y mediante su participación directa en el desarrollo del plan nacional de saneamiento.

La Cooperación Italiana interviene conjuntamente con la Unión Europea para financiar el mejoramiento del tratamiento de las aguas servidas de Tegucigalpa.

La Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) apoya al Programa Agua y Saneamiento en Honduras que se encuentra en su IV Fase (2008-2011). Esa fase tiene un presupuesto de 5,76 millones de dólares. El proyecto trata de mejorar el acceso al agua potable limpia y al saneamiento en el sector rural, por medio de actividades directas de apoyo así como la participación en diálogos políticos del sector.

UNICEF ha apoyado al SANAA desde hace muchos años. UNICEF va a apoyar al SANAA y varios municipios en la elaboración de Planes Municipales de Agua.

Los dos principales proyectos de la UE en el sector de agua potable y saneamiento en Honduras son el Programa Regional de Reconstrucción para América Central (PRRAC) y el Proyecto Fortalecimiento de la Gestión Local de los Recursos Naturales en las Cuencas de los Ríos Patuca, Choluteca y Negro (FORCUENCAS). La UE financió también un proyecto para el desarrollo local y la descentralización. Este proyecto brinda apoyo presupuestario directamente a municipios.

Programa Regional de Reconstrucción para América Central (PRRAC). La Unión Europea apoyo el sector de agua y saneamiento en Honduras a través de varios proyectos. El Programa Regional de Reconstrucción para América Central (PRRAC) ha sido dotado de un presupuesto de 250 millones de Euros a nivel regional, de los cuales, 119 millones han sido atribuidos a Honduras. Su objetivo principal ha sido la construcción de obras de infraestructura en las áreas de educación, salud y agua y saneamiento. La inversión prevista solamente en el sector de agua y saneamiento es de 64 millones de euros. El proyecto esta a punto de terminarse.

El PRRAC AGUA asistió a la rehabilitación de acueductos, pozos y saneamiento básico a nivel rural de Honduras, por 26.3 millones de Euros. Se han construido 34,419 letrinas, 2,333 pozos y 567 acueductos, permitiendo a la fecha servir y educar en higiene sanitaria a 56,702 familias y fortalecer las juntas de agua en 1364 comunidades rurales de los Departamentos de Gracias a Dios, Colón, El Paraíso, Francisco Morazán y Valle.

En el marco del PRRAC Saneamiento Líquido y Sólido en Ciudades Intermedias, por 11 millones de Euros, se realizó la construcción y el equipamiento de un moderno relleno sanitario en Talanga y se está terminando la rehabilitación, ampliación y/o construcción se seis sistemas de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales en seis ciudades intermedias del país: Talanga, Tocoa, Catacamas, Puerto Lempira, Paraíso y Nacaome. Se han fortalecido las estructuras municipales de servicios de agua y saneamiento en estas mismas ciudades.

En el marco del PRRAC ASAN, Proyecto de agua potable y saneamiento en Barrios Marginales de Tegucigalpa, con 26.7 millones de Euros, se instalaron sistemas de agua potable para el sector noroeste de la capital (capacidad para 108.000 habitantes); se realizó también la instalación de colectores de aguas negras en los barrios de la zona sur este de Tegucigalpa (cuenca hidrográfica de agua salada-capacidad para 360.000 habitantes) los cuales serán conducidos a una moderna planta depuradora que contribuye al saneamiento del Río Choluteca.

Proyecto Fortalecimiento de la Gestión Local de los Recursos Naturales en las Cuencas de los Ríos Patuca, Choluteca y Negro (FORCUENCAS). El Proyecto Fortalecimiento de la Gestión Local de los Recursos Naturales en las Cuencas de los Ríos Patuca, Choluteca y Negro (FORCUENCAS), es resultado de un acuerdo entre el Gobierno de Honduras y la Unión Europea suscrito en 1999. Su objetivo es el de contribuir a conservar, recuperar y aprovechar racionalmente el patrimonio ambiental de Honduras, con vista a permitir el mejoramiento sostenido de las condiciones de vida de la población y la reducción de la pobreza. Busca además fortalecer la gestión local de los recursos naturales en un marco de desarrollo sostenible con base en el ordenamiento territorial y el manejo integral de cuencas hidrográficas bajo un enfoque de descentralización y amplia participación comunitaria. El monto total del proyecto es de 40,721,000 Euros, destinado exclusivamente para obras la cantidad de 21,250,000 Euros.

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