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Publicado por daryl 24/04/2009 @ 14:10

Tags : avt, sociedad

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Asociación Víctimas del Terrorismo

La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) es una asociación española formada en 1981 por víctimas de atentados terroristas. Sus miembros incluyen a heridos y a familiares de víctimas de atentados de la banda terrorista ETA, del GRAPO, del IRA y de Al Qaeda. La organización atiende a más de 6.000 personas.

Su objetivo principal es auxiliar y apoyar a todas las víctimas del terrorismo, así como sensibilizar sobre sus problemas y posturas a la sociedad española. Ha sido destacado su papel en la consecución de importantes medidas que han permitido mejorar sustancialmente la situación de las víctimas españolas.

Los socios que aglutina la AVT son heridos que han sobrevivido a los atentados, o en caso de muerte, su viudo o viuda o los familiares más inmediatos en el supuesto de que la víctima fuese soltero: padres, hermanos, etc.

Actualmente, la AVT ayuda a más de 6.000 personas. Para atender mejor las necesidades de las víctimas, dado el incremento de asociados, la asociación dispone de delegaciones territoriales en Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Comunidad Valenciana, Navarra y País Vasco.

Respecto al número de afiliados, algunos citan unos 3000 afiliados de 18.000 censados en España como víctimas del terrorismo , mientras que desde la propia Asociación , declaran tener como miembros, al 90 % de las víctimas de terrorismo asociadas (compatible con la primera cifra, ya que no todas las víctimas están asociadas). En cualquier caso, estas cifras la conviertirían en la asociación de víctimas del terrorismo más importante de España y una de las más numerosas del mundo.

A finales del 2002, miembros de la AVT, habrían participado en la fundación de otras asociaciones de víctimas, como la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT) presidida por Santos Santamaría.

Su actual presidente es Juan Antonio García Casquero, con Ángeles Pedraza como vicepresidenta y Carmen Miranda como secretaria general.

La asociación fue constituida en el año 1981 por víctimas y familiares de víctimas de atentados de ETA.

Durante toda la legislatura 2004-2008, la AVT se ha opuesto a las medidas del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en materia antiterrorista, en especial al proceso fallido de negociación con la banda terrorista ETA. La AVT insiste también en el cumplimiento íntegro de las penas de los condenados por terrorismo, y la negativa a cualquier tipo de diálogo o negociación con la banda terrorista ETA. Debido a estas posturas, la AVT ha recibido la crítica de varios partidos políticos de izquierda y nacionalistas. La propia Asociación 11-M Afectados del Terrorismo acusa a la AVT de querer arrogarse la representación de las víctimas en materia antiterrorista. Se les acusa también de obedecer a los dictados del PP debido al apoyo que les presta este partido en sus denuncias y protestas, señalando por ejemplo que cuando José María Aznar intentó pactar un final dialogado con la banda, tras una tregua anunciada por ETA en 1998, no levantaron las mismas críticas.

Desde dichos sectores críticos con la AVT también se critica su empeño, según ellos, en sembrar la duda sobre la autoría de los atentados del 11M, algo que la AVT argumenta como petición de que se aclaren al máximo las circunstancias de dichos atentados. Las acusaciones desde la izquierda hacia la AVT se basan también en el posicionamiento político que la Asociación ha manifestado ante temas políticos concretos, como su defensa de la unidad de España y la asistencia y apoyo de partidos de extrema derecha en sus manifestaciones, con la exhibición por parte de éstos de símbolos franquistas, sin que jamás haya mostrado rechazo alguno a sus presencia, hecho que reprochan a la AVT sus detractores.

El 12 de junio de 2004 fue elegido presidente de la AVT Francisco José Alcaraz y vicepresidenta María Jesús Gónzalez (madre de Irene Villa), siendo reelegido el el cargo de presidente el 13 de mayo de 2006. Desde el acceso al cargo de Francisco José Alcaraz, se la ha acusado de estar alineada con la política del Partido Popular.

En abril de 2008 Francisco José Alcaraz dimitió del cargo alegando "motivos personales" después de cuatro años de enfrentamientos con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, dando proceso a la renovación de toda la Junta Directiva, formada por él, Gabriel Moris, Carmen Miranda, Ana María Carro y Carlos Ábalos.

El 19 de abril de 2008 fue elegido como nuevo presidente de la AVT Juan Antonio García Casquero (víctima el 24 de mayo de 1992 de un atentado de la banda terrorista ETA al hacer estallar un coche bomba contra una patrulla de la Policía Nacional que se dirigía al Estadio Vicente Calderón, resultando heridos dos civiles y siete policías, asociándose a la AVT el García 6 de noviembre de 1992), como vicepresidenta Ángeles Pedraza (cuya hija Miriam fue asesinada en los brutales atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid), como secretaria general Carmen Miranda (mujer de Ramón Carlos Navia, capitán artillería del Ejército de Tierra, asesinado por ETA, el 6 de febrero de 1992, en un atentado contra una furgoneta militar en la plaza de la Cruz Verde de Madrid, en el que murieron otras cuatro personas y doce resultaron heridas), y como miembros de la junta Antonio Muñoz (víctima de un coche bomba de ETA el 19 de agosto de 1988 en Guipúzcoa en el que resultaron heridos cinco guardias civiles y un civil) y Manuela Lancharro (hermana de Antonio Lancharro, guardia civil asesinado por ETA el 14 de julio de 1986 en la Plaza de la República Dominicana de Madrid, en el que murieron otros 11 guardias civiles y resultaron heridas 77 personas, y perpetrado por Iñaki de Juana Chaos).

De ellos, la única que pertenecía a la anterior Junta Directiva es Carmen Miranda.

La Asociación recibe subvenciones anuales de los Ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales, y de Defensa, de la Comunidad de Madrid, de la Obra Social de Caja de Madrid, y desde su creación, de la Fundación Víctimas del Terrorismo (FVT). Además, la AVT cuenta con las subvenciones que cada tres años ha venido concediendo el Ministerio del Interior.

Otras ayudas provienen de donativos de instituciones como ayuntamientos y diputaciones, entidades privadas, y particulares.

La AVT, ha protestado por las cantidades que, afirman, reciben las otras asociaciones de víctimas. y a su vez, otras asociaciones han denunciado que la AVT percibe superiores cantidades concedidas "a dedo", por ejemplo, por la Comunidad de Madrid.

El 22 de enero de 2005, una manifestación convocada por la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) con el lema Por la memoria, dignidad y justicia de las víctimas deriva en críticas e insultos a una hipotética negociación del Gobierno con ETA. Tras la misma, el ministro de Defensa, José Bono, que había asistido a la manifestación, denunció haber sido agredido, lo que se tradujo en la detención de dos militantes del Partido Popular por haber participado supuestamente en la agresión, un hecho que derivó en una gran polémica política, mediática y judicial (el conocido como «caso Bono»).

El 4 de junio de 2005, convocó una manifestación en Madrid a la que acudieron 250.000 personas (según Policía Nacional) y 850.000 (según la Policía Municipal de Madrid), siendo una de las manifestaciones más numerosas realizadas. A la convocatoria sólo se sumó el Partido Popular. La AVT y el PP acusaron al gobierno de romper el Pacto Antiterrorista. Se le criticó la iniciativa presentada en el Congreso de los Diputados de dialogar con ETA siempre y cuando la banda se comprometa a dejar las armas. Desde el gobierno se criticó el hecho de que no se respetase uno de los puntos del propio pacto, que establecía que es responsabilidad del gobierno dirigir la política antiterrorista.

El 21 de septiembre, Zapatero se reunió con la AVT y otras cinco asociaciones de víctimas del terrorismo de ámbito autonómico. Allí, José Alcaraz rechazó el diálogo con ETA y el cierre de la comisión parlamentaria que investiga el 11-M. Ese mismo mes, la AVT denunció que el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, había denegado la subvención correspondiente a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. No obstante, el ministro denegó esta imputación, indicando que la AVT recibiría del IRPF ayudas "iguales" a su media histórica. Algunos medios conservadores como la revista Época o la cadena radiofónica COPE abrieron cuestaciones para que la AVT pudiese mantener los ingresos que el gobierno supuestamente le negaba.

El 25 de febrero de 2006, convoca una manifestación en Madrid bajo el lema "en mi nombre no" para pedir al gobierno que no negocie con los terroristas y que sí debe haber vencedores (los españoles) y vencidos (los terroristas), en referencia a una declaración aprobada por el Parlamento Vasco que pide "un final sin vencedores ni vencidos". Según la Delegación del Gobierno en Madrid acudieron 110.000 personas, 1.400.000 según Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid y 1.750.000 según los convocantes.

El 10 de junio de 2006 la AVT vuelve a convocar una nueva manifestación de repulsa con la política antiterrorista del gobierno con los lemas "Queremos saber la verdad" y Negociación en mi nombre no el primero hacía referencia a las dudas que sobre la autoría aun mantiene dicha organización. Una buena parte de las pancartas y lemas coreados aludían a esta postura. Acuden 185.000 personas según el Manifestómetro, 200.000 personas según El País, 216.000 según El Mundo, 243.000 según la delegación del gobierno y en torno a un millón según la Comunidad de Madrid. Esta última cifra fue presentada sin información sobre la realización del conteo haciendo imposible contrastarla.

El 25 de noviembre de 2006 la AVT convoca de nuevo una manifestación en Madrid bajo el lema la rebelión cívica. Congrega a 130.000 personas según cálculos de la dirección general de la policía y facilitados por la delegación del gobierno. El País cifra la asistencia en 120.000 personas según cálculos propios. La Comunidad de Madrid por su parte da la cifra de 1.300.000 asistentes aunque nuevamente la Comunidad sigue sin ofrecer información contrastable sobre la realización del conteo.

El 31 de diciembre de 2006 tras el atentado de ETA en Barajas, la AVT convocó una manifestaciones en las que se registraron diversos incidentes ; hubo enfrentamientos con otras concentraciones de distinta ideología, una periodista de TVE debió ser escoltada de nuevo y se produjeron insultos y calumnias contra otros informadores, contra el Gobierno y contra el presidente Rodríguez Zapatero; tras la manifestación de Madrid, varios grupos de manifestantes se dirigieron a la sede del PSOE para pedir la dimisión del presidente del Gobierno. En Salamanca también se produjeron algunos incidentes.

Contra el grupo vasco Soziedad Alkoholika presentaron en el 2004 varias querellas ante la Audiencia Nacional, acusándoles de incumplir el artículo 578 del Código Penal que castiga con pena de uno o dos años de cárcel a quienes lleven a cabo el "enaltecimiento o justificación" del terrorismo, así como a los que lleven a cabo acciones que supongan "descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares".

La Audiencia Nacional finalmente dicto sentencia absolutoria para todos los miembros de Soziedad Alkoholika.

La AVT fue criticada por omitir, junto con el Mº Fiscal, la aportación una prueba incriminatoria esencial en el juicio por el secuestro de José María Aldaya, dando como resultado la absolución, por falta de pruebas del secuestrador Gregorio Vicario Setién.

Haciendo referencia a otra sentencia posterior en la que Vicario fue condenado, la AVT mostró su "preocupación" por la manera en que se está juzgando a los terroristas y alertó sobre el desconcierto "que supone considerar válidas las mismas pruebas en algunos casos y en otros no". El Tribunal por su parte consideró en esta segunda sentencia que, las pruebas aportadas eran totalmente diferentes, haciendo distinción entre las declaraciones testificales realizadas como coimputados y las realizadas por testigos ya sentenciados.

El 22 de enero de 2007 la AVT anunció que se querellaba contra Javier Marías y el diario El País por "falsa y un presunto delito de injurias", a raíz de la publicación de un artículo del escritor donde se lamentaba por la deriva de la AVT y por utilizar a la AVT como «"brazo manifestante" de la extrema derecha mediática», bajo la dirección de Alcaraz, su actual presidente, y acusaba a presuntos miembros que acudían a una concentración de la AVT (a los que tildó de "energúmenos" y de "guerracivilistas"), en la que se proferían gritos como «¡Hay que fusilar a Zapatero!¡Hay que fusilarlos a todos con una Parabellum!», de hostigar a personas en virtud de su pretendida ideología.

Al principio



Proceso de paz con ETA del Gobierno de la VIII Legislatura de España

El ex-ministro de defensa José Bono, agredido supuestamente durante la manifestación de la AVT del 22 de enero de 2005.

El llamado «proceso de paz» se refiere al intento del gobierno de la VIII Legislatura de España de acabar con el terrorismo de ETA en España, mediante la negociación con la banda y su entorno.

La organización terrorista ETA ha anunciado hasta hoy al menos en diez ocasiones el cese de sus acciones violentas de forma total o parcialmente. Sin embargo, la tregua que entró en vigor el 18 de septiembre de 1998 fue la primera y única anunciada como "unilateral e indefinida", aunque ésta finalizó sólo catorce meses después. A estos anuncios hay que sumar hasta tres treguas de ámbito limitado, la primera de ellas el 20 de noviembre de 1997 cuando ETA suspendió todas las acciones previstas en "el frente de las cárceles".

Aunque las demandas de "alto el fuego" a ETA han sido constantes desde la que solicitó el Gobierno de Adolfo Suárez en diciembre de 1977 y para la que la banda exigió el reconocimiento de la alternativa KAS, lo cierto es que la primera tregua real no se produjo hasta días después del 23-F. En aquel momento, ETA-político-militar comunicó una tregua de un año que, finalmente se prolongó hasta agosto del año siguiente.

Ya con el PSOE en el Gobierno y en el marco de las denominadas conversaciones de Argel, el 5 de septiembre de 1987 ETA rechazó la tregua solicitada por el Ejecutivo, aunque el 29 de enero de 1988 la banda ofreció al gabinete de Felipe González una tregua de sesenta días para reanudar el diálogo. En febrero el Gobierno anunció la apertura de negociaciones, al comprobar que no había habido atentados desde que se produjo la oferta, pero el secuestro del empresario Emiliano Revilla junto a otras acciones acabó con el diálogo. Tras la liberación de Revilla, ETA hizo pública, el 2 de noviembre de 1988, una nueva oferta de interrupción de la violencia, condicionada nuevamente a la negociación de la "alternativa KAS".

El 8 de enero de 1989, la organización terrorista anunció una "tregua unilateral" de 15 días y, seis días más tarde, Rafael Vera y Eugenio Etxebeste "Antxón" volvieron a encontrarse en Argel. Este cese de la violencia fue prorrogado con el fin de continuar las conversaciones hasta el 24 de junio, pero no se llegó hasta esta fecha, ya que la banda terrorista lo dio por finalizado el 4 de abril de 1989, tras fracasar el diálogo.

En diciembre de 1991, ETA volvió a anunciar una tregua de dos meses para retomar el diálogo a cambio de ciertas condiciones y repitió su oferta en febrero y julio de 1992 para abrir "una negociación política con el Gobierno" y después de que hubiera sido detenida en Bidart (Francia) la dirección etarra.

La siguiente oferta de tregua se produjo el 23 de junio de 1996, en un momento en el que la banda mantenía secuestrado al funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara y tras la llegada del PP al Gobierno.

El 16 de septiembre de 1998, cuatro días después de que se firmara la Declaración de Lizarra, ETA anunció, por primera vez en su historia, un cese de la violencia total, "unilateral" e "indefinido". El Gobierno de José María Aznar mostró su disposición a dialogar y en mayo de 1999 se celebró un encuentro en Suiza en el que no se produjo acercamiento alguno. En agosto de ese año ETA señaló que el diálogo de paz se hallaba bloqueado y la comunicación con el Gobierno rota. Aunque en los tres meses posteriores se intercambiaron cartas, las partes no volvieron a entablar el diálogo y el 28 de noviembre ETA anunció que la tregua que había mantenido durante más de catorce meses finalizaría el 3 de diciembre de 1999. Esa ruptura de la tregua se materializó el 21 de enero del 2000 con el asesinato en Madrid del teniente coronel Pedro Antonio Blanco García.

Cuatro años después, el 18 de febrero de 2004 ETA anunció la suspensión de todas sus "acciones armadas" en Cataluña por el "empuje de las fuerzas independentistas" y la "concienciación sobre el derecho a la autodeterminación" en los últimos años en Cataluña.

Finalmente, el 18 de junio de 2005, en un comunicado publicado por los diarios Gara y Berria, la banda terrorista anunció que también excluía de entre sus potenciales objetivos a los cargos electos de los partidos políticos en España.

Desde el día 30 de mayo de 2003, la banda terrorista ETA no había cometido ningún atentado mortal en España.

A finales del año 2003, el presidente de Esquerra Republicana de Catalunya, Josep Lluis Carod Rovira, se entrevistó con la cúpula de ETA en la localidad francesa de Perpiñán. La noticia de esta entrevista fue filtrada desde una fuente del CNI al diario ABC, desatando un gran revuelo mediático. A causa del escándalo originado, Carod Rovira se vio obligado a dimitir de su cargo de Conseller en cap del gobierno tripartito Catalán, integrado por los partidos PSC, ERC e IC-V.

Consecuencia o no de esta reunión, la banda terrorista ETA anunció el 18 de febrero de 2004 una tregua por la que se comprometía a dejar de atentar en Cataluña, avivando aún más si cabe la polémica en los medios de comunicación.

Tras los Atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, cometidos por extremistas islámicos, ETA tardó cuatro meses en volver a atentar, posiblemente debido a la conmoción social provocada por la masacre de Madrid y consciente de que el retorno de la actividad terrorista le acarrearía una pérdida de sus apoyos.

El 21 de marzo de 2004, ETA emplazó al diálogo en un comunicado al presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, incidiendo en que la solución no está en manos de un agente, una persona o una organización. Sin embargo, no declaró la tregua, sino que se manifestó dispuesta a seguir luchando. Prueba de esta intención de continuar su autodenominada "lucha armada" es la reanudación de los atentados con bombas a partir de la segunda mitad de 2004. Desde entonces, y a pesar del retorno a la actividad terrorista con la colocación de explosivos, no se produjo ninguna víctima mortal a consecuencia de estos atentados.

El 22 de enero de 2005, el Partido Popular y la Asociación Víctimas del Terrorismo organizaron una manifestación conjunta que agrupó en Madrid a unas 110.000 personas según la Delegación del Gobierno en Madrid y a 1.400.000 según la Comunidad de Madrid, venidas de toda España en protesta contra la política antiterrorista del gobierno. Desde el gobierno se criticó el hecho de que no se respetase al estado en su autoridad en lo que concierne a la política antiterrorista tal y como viene escrito en el propio pacto que firmaron PP y PSOE. El entonces ministro de defensa José Bono, que asistió a la manifestación, fue agredido supuestamente en el transcurso de la misma. (Véase Caso Bono).

El 12 y 13 de mayo de 2005, durante el debate del estado de la nación, el presidente Rodríguez Zapatero anunció su intención de acabar con ETA mediante un final dialogado en esta legislatura, aunque sin pagar un precio político por ello. Mariano Rajoy, líder del Partido Popular en la oposición, acusó a Zapatero en el mismo debate de traicionar a los muertos, declaraciones que fueron duramente criticadas por varios medios.

El 4 de junio de 2005, en una nueva manifestación de la AVT y el PP, el presidente Rodríguez Zapatero fue acusado por los convocantes de romper el pacto antiterrorista. Desde estos sectores se criticó la iniciativa presentada en el Congreso de los Diputados de dialogar con ETA siempre y cuando la banda se comprometiera a dejar las armas. A su vez, desde el PSOE se acusó a varios líderes del PP de incumplir el pacto utilizando el terrorismo como tema de discusión partidista, afirmando además que era la primera vez que desde la oposición se atacaba la política antiterrorista del gobierno, considerada hasta entonces un tema de estado.

El 10 de febrero de 2006, el presidente del gobierno anunció su convicción de que el fin del terrorismo podría estar cerca, y el 22 de marzo siguiente la banda terrorista anunciaba un alto el fuego permanente.

El "proceso de paz" suscitó no poco debate dentro de la sociedad española, hasta el punto de que incluso la terminología del llamado "proceso de paz" fue objeto de debate entre políticos de todas las tendencias así como entre los diversos medios de comunicación.

Además del Partido Socialista Obrero Español, que sustenta al Gobierno, apoyaron el proceso el resto de grupos políticos representados en el Congreso de los Diputados y en el Senado de España a excepción del Partido Popular, a saber: Convergència i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya, el Partido Nacionalista Vasco, Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya Verds, Coalición Canaria, el Bloque Nacionalista Galego, Chunta Aragonesista, Eusko Alkartasuna y Nafarroa Bai.

El 25 de octubre de 2006, el Parlamento Europeo aprobó por 321 votos a favor y 311 en contra, además de veinticuatro abstenciones, una propuesta de resolución de apoyo al proceso presentada por los grupos parlamentarios del Partido Socialista Europeo, de la Alianza de Liberales y Demócratas por Europa, de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica y de los Verdes/Alianza Libre Europea. A pesar de ello, estos grupos matizaron su apoyo, ofreciéndolo a la "iniciativa de paz en el País Vasco emprendida por las instituciones democráticas españolas en el marco de sus competencias exclusivas", y no al "proceso de paz en el País Vasco en los términos fijados por el Congreso de los Diputados". Esta matización, ofrecida por los grupos de izquierda para obtener el apoyo del Partido Popular Europeo, no consiguió finalmente el apoyo de la derecha europea.

El proceso cuenta además con el respaldo de los dos principales sindicatos de España, esto es, la Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras.

También han dado su apoyo al proceso de paz instituciones como la Iglesia Católica o la Organización de las Naciones Unidas.

La mayoría del PP y el presidente de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), Francisco José Alcaraz, no sólo se muestran en contra del proceso, sino del mismo término en sí, que consideran una concesión semántica a los terroristas, pues, según ellos, la necesidad de un proceso de paz implicaría la existencia de una situación previa de guerra. Para ellos, lo que ha existido ha sido el uso de la violencia de una parte de la sociedad vasca contra el resto de españoles. Prefieren hablar, por tanto, de proceso de negociación y de rendición o claudicación del Estado a las exigencias terroristas y reclaman la aplicación estricta de la Ley de Partidos. Desde el gobierno se reprocha al Partido Popular que éste intentó cuando estaba en el gobierno un proceso de paz durante la tregua de ETA de 1998-1999, mientras ahora, dicen, antepone el interés de partido a la razón de estado. Para mostrar este contraste, el PSOE publicó un vídeo titulado "La otra tregua". Por su parte, el PP publicó un documento titulado PSOE, mentiras y cintas de video, donde acusan al PSOE de mentir acerca del actual proceso.

También algunos miembros del PSOE se muestran contrarios al actual proceso de paz, como es el caso de la ex-eurodiputada Rosa Díez, a pesar de que en la anterior tregua de ETA de 1998-1999, la eurodiputada sí dio su apoyo activo al proceso emprendido entonces por el Partido Popular. La concejal de Guecho Gotzone Mora también ha expresado de forma vehemente su desacuerdo con el gobierno, hasta el punto de ser expulsada del Congreso de los Diputados por alterar el orden durante un pleno, desacuerdo expresado también por el anterior secretario general del PSE-EE, Nicolás Redondo Terreros, quien también durante la anterior tregua de ETA llegó a reunirse públicamente con dirigentes de la llamada izquierda abertzale. Aunque en un principio el PSOE manifestó que no se tomarían medidas disciplinarias contra estos afiliados, posteriormente el militante socialista y miembro del Foro de Ermua Antonio Aguirre y la ex-concejal Gotzone Mora fueron expulsados del PSOE el 27 de noviembre de 2007 y el 20 de marzo de 2008, respectivamente; la europarlamentaria Rosa Díez no fue expulsada, sino que renunció su escaño europeo y abandonó la militancia del PSOE por iniciativa propia el 29 de agosto de 2007 como consecuencia de la negociación con ETA emprendida por la dirección del PSOE.

El presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero negó, ante las acusaciones del portavoz del Partido Popular en el Senado Pío García-Escudero, que el PSOE mantuviera "ningún diálogo ni negociación" con Batasuna durante la anterior legislatura de gobierno del PP.

El 31 de mayo de 2006, el secretario general de los socialistas vascos, Patxi López, anunció que se reuniría con la ilegalizada Batasuna después de que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, hubiera comparecido en el Congreso con carácter previo al inicio de los contactos con ETA. Puesto que ocho dirigentes de esa formación política ilegalizada comparecían esos días en la Audiencia Nacional imputados por integración en banda armada y amenazas terroristas, López pidió a los jueces que tuvieran en cuenta "la actual situación del País Vasco". Añadió que se abrían dos escenarios "uno para el diálogo entre el Gobierno y ETA para hacer efectivo el abandono de las armas y la desaparición del terrorismo; y otro para el diálogo político en Euskadi", lo que desde el PP se tomó como asumir la propuesta de Anoeta que proponía dos mesas de diálogo, una entre el gobierno y ETA para hablar del alto el fuego, y otra entre todos los partidos, incluyendo entre ellos a la ilegal Batasuna, para hablar del futuro político del País Vasco.

El presidente del gobierno recordó que convocaría la Comisión de Seguimiento del pacto antiterrorista para informar del cumplimiento del alto del fuego de ETA, la comisión de secretos oficiales y posteriormente comparecería en el Congreso para informar sobre el inicio de las conversaciones con ETA.

El 10 de junio se produjo en Madrid una nueva manifestación convocada por la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) y respaldada por el Partido Popular en la que se rechazaba el diálogo del gobierno con ETA y se pedía saber "la verdad" acerca del 11-M.

El 21 de junio, el presidente del PNV, Josu Jon Imaz se reunió con dirigentes de la ilegalizada Batasuna para hablar de la metodología, los procedimientos y la agenda de una futura "mesa de partidos para la normalización política de Euskadi".

El 29 de junio, el Presidente del gobierno anunció la apertura de las conversaciones con ETA en una declaración institucional ante los periodistas.

El 5 de julio, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón autorizó judicialmente la reunión entre los dirigentes del PSE y Batasuna, anunciada para el día siguiente a las 11.00 horas. En esta reunión, el secretario general del PSE-EE instó a los dirigentes de Batasuna que se integraran en la vida democrática, rechazando el terrorismo.

En junio y julio de 2006, los interlocutores de ETA (José Antonio Urrotiokoetxea Bengoetxea, alias Josu Ternera) y del Gobierno (Jesús Eguiguren) se reunieron en la sede del Centro de Diálogo Henri Dunant en Ginebra. Algunos medios de comunicación informaron de otras reuniones los días 1 de septiembre y 31 de diciembre de 2005 en un chalé situado a las afueras de Oslo. Si bien, tanto el gobierno noruego como el español desmintieron rotundamente que estos últimos encuentros se hubieran producido.

El 25 de noviembre de 2006, la Asociación Víctimas del Terrorismo se manifestó por quinta vez contra la política antiterrorista del gobierno socialista. En esta manifestación, el Partido Popular apoyó de nuevo a la AVT con la presencia de sus principales líderes, como en anteriores manifestaciones.

Tras el atentado del 30 de diciembre de 2006 en el aeropuerto de Barajas de Madrid, el presidente Rodríguez Zapatero anunció por la tarde del mismo día que había ordenado supender todas las iniciativas para desarrollar el diálogo con ETA, con lo que consideraba roto el proceso de paz de forma inmediata. Según Zapatero, la violencia es incompatible con el diálogo, y por lo tanto, éste no puede desarrollarse mientras la banda terrorista no cumpla las condiciones que el gobierno exigió para el inicio del mismo.

El mismo día del atentado en el aeropuerto de Barajas, el secretario general y portavoz parlamentario de la federación nacionalista catalana Convergència i Unió, Josep Antoni Duran i Lleida, manifestó explícitamente que dado que no se daban las condiciones acordadas en el parlamento para que se dialogara con ETA, su formación retiraba el apoyo al gobierno para esta cuestión. Al día siguiente, el presidente de la formación nacionalista catalana, Artur Mas, matizaba estas declaraciones, asegurando que el gobierno contaba con el apoyo de CiU en la lucha antiterrorista. El PP reiteró en esa fecha su oposición al mantenimiento del diálogo.

El 31 de diciembre de 2006, un día después del atentado en el aeropuerto de Barajas, la Asociación Víctimas del Terrorismo, acompañados por altos dirigentes del Partido Popular en Madrid, se manifestaron en la Puerta del Sol, de nuevo contra la política antiterrorista del gobierno. En esta concentración se profirieron todo tipo de insultos contra el gobierno y el Partido Socialista Obrero Español. Varios periodistas de Televisión Española y Radio Nacional de España fueron también objeto de insultos por parte de algunos manifestantes, teniendo que ser escoltada por la Policía una periodista del ente público para evitar que fuera agredida.

El 9 de enero ETA hizo público un comunicado enviado al diario Gara donde reivindicó el atentado de barajas, aunque afirmando al mismo tiempo que el alto el fuego permanente continúa vigente. En el mismo culpabilizó al gobierno por no evacuar el aparcamiento correctamente, afirmando que el objetivo de esa acción armada no era causar víctimas.

A su vez el portavoz del gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba criticó con dureza la actitud de la banda terrorista y replicó que ETA debía ser consecuente con el atentado cometido en Barajas y asumir el riesgo enorme que supone poner una bomba como la que costó la vida a dos ciudadanos ecuatorianos. Cuando uno pone una bomba potente en la terminal de un aeropuerto, tiene que ser consecuente con sus acciones, declaró, tachando de sarcasmo que ETA pida ahora explicaciones de sus salvajadas al Gobierno de España. Manifestó que ETA ha roto el proceso de paz, ETA ha roto su tregua y que el gobierno no iba a mantener puentes tendidos a la banda aunque ésta dijera seguir estando en tregua.

La Federación Nacional de Asociaciones Ecuatorianas de España (FENADEE) convocó una manifestación en Madrid para el 13 de enero a las 17 horas, con el lema 'Por la Unidad y la Paz', anunciando la Asociación de Víctimas del Terrorismo su apoyo a la misma.

Posteriormente, Comisiones Obreras (CC.OO.) y UGT anuncaron otra manifestación en Madrid en repulsa por el atentado de ETA, con el lema 'Por la paz y contra el terrorismo' para el mismo día a las 18.00 horas, ante lo cual la FENADEE decidió desconvocar su manifestación y unirse a esta última.

El 9 de enero el Foro de Ermua le solicitó a los convocantes que incluyeran la palabra libertad en el lema de la marcha. Según ellos no es un problema de falta de paz sino de falta de libertad: 'España no está en guerra y que, por tanto, ya tenemos paz', pero sería una 'grave carencia' olvidar en el mismo la palabra libertad, entendiendo que la defensa de la libertad es 'el valor básico puesto en peligro por ETA'.

La FENADEE y CCOO se mostraron conformes a agregar la palabra libertad al lema de la marcha, pero UGT rechazó la iniciativa debido a que las pancartas ya estaban realizándose. El foro de Ermua entonces anunció que acudiría con su propia pancarta, con el lema 'Por la Libertad. Derrotemos a ETA'. La AVT anunció que no acudiría a la manifestación del sábado por tratarse de "un acto de apoyo a la negociación con los terroristas de cara a un futuro inmediato". El Partido Popular (PP) decidió no respaldar la manifestación puesto que según ellos no se buscó el consenso, rechazando sugerencias tanto del lema como del manifiesto. "Una manifestación que tendría que haber servido para unir a la sociedad contra el terrorismo, ha generado disenso y división, incluso entre los propios colectivos convocantes".

A última hora del 10 de enero, la Federación de Ecuatorianos de Madrid (FEM), mayoritaria en el conjunto de España, decidió desvincularse de la marcha, considerando "incomprensible e inaceptable" la no inclusión en el manifiesto de una mención al rechazo al diálogo con los terroristas ni tampoco la palabra "libertad" en la pancarta, cuando el propósito de la convocatoria debía expresar la "solidaridad" con las víctimas del atentado, y al no entender que no se haga mención al principal objetivo, que es "la derrota definitiva de los terroristas".

El 11 de enero el Foro de Ermua decidió no sumarse a la manifestación al considerar que "ha dejado de ser el lugar de encuentro de todos los ciudadanos que deseamos solidarizarnos con Diego Armando Estacio y Carlos Alonso Palate, asesinados en el brutal atentado cometido por ETA en Barajas, y con sus familiares y amigos", criticando a UGT, a quien acusó de mamporrero del Gobierno de Rodríguez Zapatero al negarse a incluir en el lema la palabra "libertad", denunciando que la UGT ha actuado "al servicio" del Ejecutivo al intentar "avalar" con la manifestación "una política de diálogo y cesión permanente al terrorismo que ha provocado el fortalecimiento de la banda y la división en la lucha antiterrorista". y acusándolo de hacer "de correa de transmisión del Gobierno, para generar un clima de desunión y desconfianza entre las fuerzas democráticas con el fin de propiciar una política favorable a la negociación con ETA". La Confederación Española de Policía (CEP), la Asociación Independiente de la Guardia Civil (ASIGC), la patronal CEOE y otras seis asociaciones de inmigrantes ecuatorianos (sin contar la FEM) que también iban a participar, se echaron asimismo hacia atrás.

Finalmente el día 12 de enero UGT consintió en cambiar el lema de la marcha para sí incluir la palabra libertad: "Por la paz, la vida, la libertad y contra el terrorismo". No obstante, debido a lo tardío de la decisión, sólo unas pocas pancartas pudieron ser cambiadas para tener el nuevo lema. El Foro de Ermua declaró que no iba a participar, ante la dificultad de tener que reconvocar de nuevo a la gente. Por su parte el PP afirmó que "existe una confusión generalizada, que se ha trasladado al ámbito de las manifestaciones. Se han generado polémicas en torno a los lemas y a los contenidos de los manifiestos" y para no producir más confusión decidió no apoyarla. Solicitó asimismo su desconvocatoria.

Ángel Acebes, por el Partido Popular, declaró que la manifestación, «no es contra ETA sino contra el PP».

La manifestación contó con la presencia de ministros del gobierno, socialistas, Gaspar Llamazares y a personajes del mundo de la cultura y del espectáculo, que también habían participado en las manifestaciones contra la invasión de Iraq de 2003.

La AVT preguntó a los participantes dónde estaban en las manifestaciones contra el atentado que había convocado ella.

La delegación del Gobierno cifró la asistencia en 174.824 personas y la Comunidad de Madrid en 210.000.

El mismo día tuvo lugar otra manifestación en Bilbao convocada por el lehendakari del gobierno Vasco, Juan José Ibarretxe, con el lema «Por la paz y el diálogo. Exigimos a ETA el fin de la violencia», y a la que se adhirieron todos los partidos políticos vascos con excepción del Partido Popular y la ilegalizada Batasuna. El número de asistentes fue de 80.000 según la policía. La manifestación finalizó con un minuto de silencio por las víctimas del atentado y unas palabras del lehendakari que hizo un llamamiento al diálogo.

Ha habido una gran polémica en torno a la condena al etarra Iñaki de Juana Chaos. El 10 de noviembre de 2006, en Palma, Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales se pusieron de acuerdo para difundir un comunicado conjunto en el que critican las "continuas declaraciones públicas que pretenden presionar a jueces y fiscales".

El 22 de marzo de 2006 ETA declaró un alto el fuego permanente, que entró en vigor a las cero horas del 24 de marzo del mismo año. A pesar de que el alto el fuego fue respetado por ETA durante los primeros meses, en el tercer y cuarto trimestre de 2006 se ha visto cómo la banda lo rompía con extorsiones a empresarios, violencia callejera o la apropiación de más de 350 pistolas robadas en un almacén de Vauvert (Francia) el 23 de octubre de 2006 . La gendarmería francesa informó de la localización en ese mismo mes de un escondrijo con armas y materiales para la fabricación de explosivos en la localidad de Saint-Etienne-de-Baigorry.

El día 23 de diciembre de 2006, la Ertzaintza localizaba en la localidad de Amorebieta un "zulo" de ETA donde se hallaron sustancias para la fabricación de explosivos, lo que, unido al anterior robo de armas en Francia, era otra señal de que la banda terrorista se estaba rearmando. La reacción política a estos hallazgos fue muy negativa, reconociendo el secretario general del PSE-EE Patxi López que Batasuna había endurecido sus posiciones negociadoras.

El día 30 de diciembre de 2006, ETA hizo explosionar una furgoneta-bomba en el aparcamiento de vehículos de la terminal T4 del aeropuerto de Barajas en Madrid, con un resultado de dos personas fallecidas (ambas de nacionalidad ecuatoriana), una veintena de heridos leves y graves daños materiales. El ministro del interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, dijo en comparecencia ante la prensa que este atentado terrorista señalaba con claridad el fin abrupto del alto el fuego permanente anunciado por ETA. Esa misma tarde, mientras el presidente del gobierno Rodríguez Zapatero daba por concluido el proceso de diálogo con ETA, el líder de la ilegalizada Batasuna, Arnaldo Otegi, culpabilizaba al gobierno del atentado, negándose a condenarlo.

Al principio



Euskadi Ta Askatasuna

Miembros de Euskadi Ta Askatasuna (ETA) disparan salvas al aire en el Gudari Eguna de Aritxulegi, Oiartzun, Guipúzcoa, el 25 de septiembre de 2006.

Euskadi Ta Askatasuna (en español: País Vasco y Libertad), conocida por sus siglas ETA, es una organización terrorista, autodeclarada independentista y nacionalista vasca, de ideología marxista-leninista, que invoca la lucha armada como método para obtener sus objetivos fundamentales en los que se encuentra de manera prioritaria la independencia de lo que el nacionalismo vasco denomina Euskal Herria de los estados de España y Francia. Para ello utiliza el asesinato, el secuestro, la extorsión económica tanto en España como, ocasionalmente, en Francia.

Fundada en 1959 durante la dictadura franquista tras la expulsión de miembros de las juventudes del Partido Nacionalista Vasco, cometió su primera acción violenta en julio de 1961 e, inicialmente, contó con el apoyo de una parte significativa de la población al ser considerada una más de las organizaciones opuestas al régimen, si bien tras el proceso democratizador iniciado en 1977, al cual no se incorporó, fue perdiendo apoyos públicos, siendo condenados sus actos y calificados de terroristas por la inmensa mayoría de las fuerzas políticas y sociales desde la aprobación del Estatuto de Gernika en 1979 hasta la actualidad en la que su condición terrorista es plenamente admitida por la inmensa mayoría de los estados, entre ellos; España, Francia, Estados Unidos, las organizaciones internacionales tales como el Consejo de Europa, las Naciones Unidas o la Europol, así como las organizaciones defensoras de los derechos humanos más prestigiosas.

Desde el 2002, diversos partidos políticos y organizaciones sociales han sido ilegalizados por su vinculación a ETA.

Los integrantes de ETA suelen ser llamados «etarras», un neologismo creado por la prensa española a partir del nombre de la organización y el sufijo vasco con el que se forman los gentilicios en euskera (en un primer momento, se les llamó «etistas»). En vasco, la denominación es etakideak, plural de etakide («miembro de ETA»), si bien tal denominación no se usa en castellano.

Los miembros y partidarios de la organización frecuentemente utilizan asimismo el término «gudaris» (gudariak en euskera), que significa guerrero, combatiente, etc. Era el nombre que recibían los combatientes nacionalistas vascos que lucharon contra el alzamiento de los nacionales durante la Guerra Civil de 1936 a 1939. El romanticismo de ese término proviene de que en la guerra civil, por medio de la prensa afín, se difundió que aquellos combatientes luchaban por Euskadi.

En los años cincuenta, la dictadura franquista empieza a ser reconocida internacionalmente; así el PNV es desalojado de su céntrica sede en París en 1951 y Franco firma un Concordato con la Iglesia católica en 1953, fallando la estrategia occidentalista por vias diplomáticas que durante esos años había desarrolado el PNV.

En 1952 se organiza un grupo de estudio universitario con el nombre Ekin (hacer en euskera) en Bilbao. A partir de 1953, y a través del Partido Nacionalista Vasco, el grupo toma contacto con la organización juvenil del PNV, Euzko Gaztedi (EGI). Es en 1956 cuando ambas asociaciones se funden, redactando una ponencia conjunta en el primer Congreso de mundial vasco celebrado ese mismo año en París en el que apostando por el relevo generacional, difieren de las directrices del partido. En 1958 se empiezan a vislumbrar tensiones en el interior de la asociación en confrontación con los altos dirigentes del PNV, que llevan a la expulsión de dirigentes de EKIN y que motivó la posterior escisión en el mes de mayo de ambos grupos puesto que EKIN propugnaba una estrategia de «acción directa» y actuar así como un movimiento de resistencia vasco, en una época en que abundaban las luchas de liberación nacional en el tercer mundo, como la descolonización de Argelia.

EKIN se convierte en ETA el 31 de julio de 1959, constituyéndose la organización por una junta directiva colegiada formada por Eneko Irigaray, López Dorronsoro, Álvarez Emparanza "Txillardegi", Benito del Valle, J. Manuel Agirre, Julen Madariaga y Patxi Iturrioz.

En 1964, el ilegalizado PNV muestra su desvinculación con ETA y para ello, con el fin de desmentir ciertos rumores, declara públicamente "que la organización conocida con las siglas E.T.A. ni es nucleo activista, ni sección terrorista de nuestro partido, ni tiene con éste ningún lazo de disciplina", rechazándo sus metodos violentos.

Los elementos izquierdistas, que alejan a ETA de la tradición conservadora y católica del PNV, quedan más definidos a partir de la II Asamblea, en la que se constatan afinidades entre el ideario de ETA y el comunismo. Esta asamblea se celebró en Bayona en la primavera de 1963.

En la III Asamblea, que se reunió aproximadamente entre abril y mayo de 1964, se tomó la decisión de que la lucha armada era el mejor modo de conseguir los fines propuestos. La ponencia se publicó más tarde con el título La insurrección en Euskadi. En esta asamblea, además se decidió unánimemente la ruptura con el PNV, cuya labor ETA consideraba «contraria a los intereses de la liberación nacional».

Resulta difícil precisar cuál fue el primer atentado de ETA, ya que la autoría de los primeros que se atribuyen a esta organización no está clara. Hay fuentes que señalan que el primero fue el asesinato de la niña de 22 meses Begoña Urroz Ibarrola el 27 de junio de 1960, a causa de la colocación de una bomba en San Sebastián, y otras que fue un intento fallido de descarrilar un tren de veteranos de guerra en 1961. En todo caso, el primer ataque reivindicado fue la muerte del guardia civil José Ángel Pardines Arcay el 7 de junio de 1968. Donde sí parece haber más unanimidad es que fue en 1968 cuando cometieron su primer atentado de gran repercusión: el asesinato de Melitón Manzanas, jefe de la policía secreta de San Sebastián y represor de la oposición a la dictadura franquista. En 1970, varios miembros de ETA son juzgados y condenados a muerte en el proceso de Burgos, pero la presión internacional hace que se conmute la pena, que ya había sido aplicada a otros miembros de ETA con anterioridad. El atentado de mayor repercusión durante la dictadura fue en diciembre de 1973, cuando asesinaron al almirante y presidente de gobierno Luis Carrero Blanco en Madrid, acción que fue aplaudida por muchos exiliados políticos.

En esta asamblea se aprobó definitivamente el uso de la violencia armada como una de las formas de acción habituales de la organización. También se aprobó el uso de la violencia para conseguir fondos económicos (el primer atraco a mano armada tuvo lugar en Vergara (Guipúzcoa) el 24 de septiembre de 1965).

La V Asamblea da lugar a la primera escisión. Se realizó en dos fases, la primera en diciembre de 1966 en la casa parroquial de Gaztelu (Guipúzcoa). La segunda se celebró en marzo de 1967 en la casa de ejercicios espirituales de la Compañía de Jesús de Guetaria (Guipúzcoa). En la asamblea estallaron las divergencias entre obreristas y los dos sectores nacionalistas formados en la IV Asamblea. Los obreristas, tachados de «españolistas» por su pretensión de priorizar la alianza con grupos de izquierdas de todo el territorio español, se escindieron en una organización que llamaron ETA Berri (Nueva ETA), mientras que los otros dos sectores quedaron encuadrados en la llamada ETA Zaharra (Vieja ETA), que pronto volvería a ser ETA a secas. ETA Berri contribuyó a crear y acabó por disolverse en un partido político de ámbito español llamado Movimiento Comunista (MC). En ETA Zaharra el sector tercermundista arrinconó y apartó del poder al sector culturalista de Txillardegi, que formó un grupo interno llamado Branka. En la V Asamblea se decide también la creación de los cuatro frentes o grupos de trabajo interno que mantendrá la organización a lo largo de los años: político, militar, económico y cultural.

En la VI Asamblea, celebrada en el verano de 1970 en Bayona, resurgen con fuerza las tensiones, esta vez entre militaristas (partidarios de la preeminencia de la actividad terrorista), y un sector llamado otra vez «obrerista», que aboga por la supeditación de la lucha armada a la lucha política realizada en alianza con las organizaciones obreras. Este último sector es mayoritario durante la celebración de la asamblea, y su decisión de poner coto a la actividad armada hace que el sector militarista se niegue a aceptar las resoluciones de la asamblea, creando una escisión que llamarán ETA V Asamblea Askatasuna ala hil (Libertad o muerte) o ETA-V. El sector mayoritario emplea la denominación ETA VI Asamblea Iraultza ala hil (Revolución o muerte) o, abreviadamente, ETA-VI. Sin embargo, ETA-V logra hacerse con el control de la organización, en la que se integra un sector de EGI, las juventudes del PNV, partidario de la lucha armada. ETA-VI, por su parte, se divide en dos grupos, el mayoritario (llamado de los mayos) y el minoritario (minos). El primero aprueba en 1973 integrarse en la Liga Comunista Revolucionaria (LCR, partido de ámbito español que muchos años después se unificará con el MC). El otro sector, el de los minos, se disolverá al integrarse sus miembros en otras organizaciones como la Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT) y el PCE, o incluso en la propia ETA-V (nuevamente ETA a secas).

La VI Asamblea de 1973 (recordemos que quien se queda con el nombre de ETA no reconoce la anterior VI Asamblea) es la que provoca las últimas y más importantes escisiones hasta la fecha. Se celebra en dos partes, la primera en la localidad vascofrancesa de Hasparren en agosto de 1973, y la segunda tras el atentado de la calle Correo de Madrid. En la primera parte resurgen las tensiones entre militaristas y obreristas, que se plasman en dos sectores enfrentados y con poca comunicación entre ellos. Son los militaristas quienes deciden unilateralmente atentar contra Carrero Blanco en diciembre de 1973, provocando la escisión del sector obrerista, que se constituirá en el Partido Revolucionario de los Trabajadores Vascos (PRTV), abandonando ETA.

Tras el atentado indiscriminado de la calle Correo resurge, durante la celebración de la segunda parte de la asamblea, la antigua discrepancia entre los que abogan por la prioridad absoluta de la actividad terrorista y quienes desean su supeditación a las luchas políticas. Así surgen los «militares» (milis, esencialmente provenientes del Frente Militar) y los «político-militares» (poli-milis, procedentes del Frente Obrero), que se escindirán en dos organizaciones: ETA Militar (ETAm, ETA (m) o ETA mili) y ETA Político-Militar (ETApm, ETA (pm) o ETA poli-mili). Esta última es mayoritaria.

Cuando se inicia la llamada transición a la democracia española, por tanto, no hay una ETA sino dos. ETApm apoyó la fundación de un partido político que representara el ideario de la organización ante las elecciones generales de 1977, el Euskal Iraultzarako Alderdia (Partido para la Revolución Vasca, EIA). Más tarde ETApm aceptó la amnistía concedida por el gobierno español a todos los presos etarras aunque tuvieran delitos de sangre, abandonando la violencia e integrándose en el partido político Euskadiko Ezkerra («izquierda del País Vasco», que luego se fusionaría con el PSE-PSOE). El abandono de la violencia, decidido en la VII Asamblea de ETA (pm), fue contestado por buena parte de su militancia, que se integró en ETAm (que en adelante, volvió a ser conocida simplemente como ETA), en especial los llamados comandos bereziak (especiales), comandos dedicados a las acciones violentas más importantes. Algunos de los dirigentes de lo que en adelante sería ya la única ETA proceden de ETApm, como Antxon o Pakito, y se debe a personas de esta procedencia también la llamada Alternativa KAS.

ETA, por su parte, consideraba que con el sistema constitucional posterior a 1978 las cosas no habían cambiado sustancialmente en lo que al derecho de autodeterminación se refería, y decidió continuar su actividad terrorista sin cambios, es decir, de acuerdo con la idea que venía defendiendo de preeminencia de la lucha armada sobre la política y de los aspectos nacionalistas sobre los obreristas o revolucionarios. Los atentados aumentaron en número e intensidad. Destacan el secuestro y asesinato de José María Ryan, ingeniero-jefe de la central nuclear de Lemóniz en 1981, el primer atentado con coche bomba en Madrid, en septiembre de 1985, con un muerto y 16 heridos; la bomba que mató a 12 guardias civiles e hirió a 50 en julio de 1986; o el atentado de Hipercor, el 19 de junio de 1987, cuando pusieron una bomba en un centro comercial de Barcelona, que causó la muerte de 21 personas e hirió a 45. ETA explicó en un comunicado que había avisado previamente de la colocación de la bomba y que la policía no desalojó el local.

Durante la dictadura franquista, y gran parte de la democracia, ETA disfrutó de la tolerancia del gobierno francés, que permitía a sus integrantes moverse libremente por su territorio, creyendo así contribuir al fin del régimen franquista. Se hablaba entonces del «santuario francés» de ETA. Actualmente, Francia colabora intensamente con las autoridades españolas en la lucha contra ETA.

Desde 1975 a 1980 (Véase: Terrorismo tardofranquista) operaron diversos grupos como Alianza Apostólica Anticomunista (AAA o "Triple A"), Antiterrorismo ETA (ATE), Grupos Armados Españoles (GAE), Guerrilleros de Cristo Rey, Batallón Vasco Español (BVE) y otros de menor resonancia, como los Comandos Antimarxistas, todos ellos afines a la dictadura franquista y a los que se les atribuye entre 15 y 40 asesinatos.

Tras la victoria electoral socialista de 1982 surgen los grupos Antiterrorista de Liberación (G.A.L.) que en 1983, y hasta 1989, iniciaron sus acciones terroristas de "guerra sucia" contra ETA. Se les atribuye el asesinato de 27 personas. Dichos atentados y secuestros fueron perpetrados en su mayoría por mercenarios franceses contratados por policías españoles, financiados con fondos reservados, y organizados desde el propio ministerio del Interior, a través de responsables de la lucha antiterrorista del País Vasco.

En julio de 1983, el CESID elabora la llamada "acta fundacional" de los GAL en la que se examinaba la posibilidad de llevar a cabo acciones de "guerra sucia" en el sur de Francia ante la falta de colaboración en la lucha antiterrorista y se afirma su viabilidad y conveniencia.

Por el secuestro en 1983 de Segundo Marey, un vendedor de mobiliario de oficinas al que confundieron con Mikel Lujúa, por entonces dirigente de ETA, el Tribunal Supremo condenó en julio de 1998 a penas de cárcel a José Barrionuevo, Ministro de Interior, Rafael Vera, Secretario de Estado para la Seguridad, Ricardo García Damborenea, Secretario general del PSOE en Vizcaya, Francisco Álvarez, Jefe de la Lucha Antiterrorista, Miguel Planchuelo, Jefe de la Brigada de Información de Bilbao, José Amedo, Subcomisario de la policía, Julián Sancristóbal, Gobernador civil de Vizcaya, por secuestro y malversación de caudales públicos, y a Michel Domínguez, Policía. En septiembre de 1998 ingresaron en la cárcel y tres meses después, Vera y Barrionuevo, condenados a diez años de prisión, fueron excarcelados gracias a un indulto parcial del Gobierno popular.

En marzo de 1999, la Audiencia Nacional dictó auto de procesamiento por secuestro, lesiones y asesinato en relación con dos miembros de ETA, José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, secuestrados en Bayona (Francia) en 1983 y cuyos cadáveres torturados fueron descubiertos cerca de Alicante, en el sureste español, en marzo de 1995.

En 2000, el ex general de la Guardia Civil, Enrique Rodríguez Galindo, fue condenado por el Tribunal Supremo a 75 años de cárcel. También se condenó por este caso al ex gobernador civil de Guipúzcoa, José Julián Elgorriaga Goyeneche, y a los ex mandos de la Guardia Civil, Ángel Vaquero Hernández, Enrique Dorado Villalobos y Felipe Bayo Leal, como autores, cada uno de ellos, de dos delitos de detención ilegal y dos delitos de asesinato. Rodríguez Galindo estuvo solo tres años en prisión y cumplió el resto de la condena en su casa debido a una supuesta enfermedad cardiaca.

Durante los años de "guerra sucia" además de los atentados y secuestros se vivió una tensión sin precedentes en el País Vasco y Navarra y el entorno de ETA se vio impulsado, junto con la crisis derivada de la reconversión industrial, el paro..., por lo que consideraban una evidencia, entonces siempre negada por las autoridades, de que el gobierno socialista estaba detrás de los incidentes, para estos sectores ETA pasaba a ser una víctima y sus atentados una respuesta a las acciones del Gobierno.

Durante esa época surge el llamado "rock radical vasco", movimiento musical que denunciaba en muchas de sus canciones la situación de acoso ilegal al que se veía sometido el llamado M.L.N.V.. Algunas de las situaciones que denunciaban fueron posteriormente avaladas por las Sentencias condenatorias de los Tribunales.

En 1986 se fundó la Coordinadora Gesto por la paz, que comenzó a convocar manifestaciones silenciosas en todos los pueblos al día siguiente de cada muerte causada por la violencia política relativa al País Vasco, ya fuera de ETA o del GAL, en lo que fueron las primeras manifestaciones contra la violencia terrorista. Ese mismo año, ETA asesinó en Ordicia a María Dolores González Katarain, Yoyes, antigua dirigente de la organización, que había decidido dejar la lucha armada y ya se había reinsertado en la sociedad, acusándola de «desertora».

En junio de 1987 ETA comete el atentado más sangriento contra poblacion civil; una bomba explota en un centro comercial "Hipercor" de Cataluña en el que mueren de 21 personas y hay 45 heridos. Generalmente avisa con antelación de los atentados con bomba contra objetivos civiles, no haciéndolo en el caso de objetivos militares. En algunas ocasiones, se han producido fallos en el sistema de avisos empleado ocasionando numerosas víctimas, como en el caso del atentado contra el citado centro comercial en el que finalmente, por sentencia judicial, se reconoció la responsabilidad del Estado por la tardanza en evacuar dicho centro al considerarse una falsa alarma, habiendo avisado ETA 35 minutos antes de producirse la trágica explosión.

En el atentado de contra casa-cuartel de Vic en mayo de 1991 ETA asesina a nueve personas.

En 1992, la cúpula dirigente de ETA al completo (Pakito, Txelis y Fiti) es detenida en Bidart (en Labort, Francia), lo que forzó el cambio de dirección. Tras una tregua de dos meses, adoptan postulados más radicales, siendo la principal consecuencia de este cambio de rumbo la supuesta creación de los «comandos Y», formados por jóvenes (generalmente menores de edad) dedicados a la llamada kale borroka («lucha callejera» en vasco), cuyas actividades incluirían la quema de autobuses y mobiliario urbano, y el lanzamiento de cócteles molotov. Su aparición se atribuyó a una hipotética debilidad de ETA, que les obligaría a recurrir a menores para mantener o aumentar su impacto en la sociedad tras importantes detenciones de sus militantes, incluida su cúpula militar. También empezaron a ser amenazados los concejales de partidos políticos no nacionalistas vascos. Sin embargo, dentro del llamado Movimiento de Liberación Nacional Vasco se niega la existencia de los Comandos Y, y se afirma que su descripción es una maniobra para imponer una mayor pena de prisión a quien realiza estas acciones. El papel de ETA como organizador de la kale borroka ha sido considerado probado por la Audiencia Nacional; por otro lado, desde distintos sectores políticos de izquierda (principalmente de la izquierda abertzale) se niega este papel.

En 1995, la organización lanzó una serie de exigencias al gobierno español como condición para el cese de la violencia. La llamada Alternativa Democrática actualizaba y venía a sustituir a la alternativa KAS como propuesta de mínimos para el reconocimiento de Euskal Herria. A partir del reconocimiento por parte del Gobierno Español de la territorialidad vasca, de que la soberanía reside en el pueblo vasco y de que éste tiene el derecho de autodeterminarse, se derivaría el cese total de las actividades armadas de ETA. El gobierno español rechazó las exigencias de ETA, intentó silenciar su difusión y los tribunales procesaron a la mesa nacional de HB por aprovechar los espacios gratuitos de publicidad electoral para difundir las exigencias, añadiendo a su anuncio algunas imágenes extraídas de un vídeo de ETA.

El 19 de abril de 1995 fracasó un atentado con coche bomba contra el entonces principal líder de la oposición José María Aznar, que pronto sería elegido Presidente de Gobierno con el apoyo del PNV; también, según las fuerzas de seguridad, fue abortado el asesinato del rey Juan Carlos I. Así mismo, el 8 de enero de 1996 se desmantela un atentado contra Juan María Atutxa, dirigente del PNV y Consejero de Interior del Gobierno Vasco y en febrero ETA asesina a Fernando Múgica y a Francisco Tomás y Valiente. Ese mismo mes son detenidos miembros representativos del entorno de ETA como Idígoras y Floren Aoiz. El 3 de marzo de 1996, Aznar gana las elecciones generales y es asesinado Ramón Doral Trabadelo, uno de los responsables de la Ertzaintza en la lucha antiterrorista; en abril es puesto en libertad José María Aldaya tras un secuestro de 341 días. En junio ETA suspense sus actividades durante una semana, poco después reiniciaría sus acciones terroristas. Durante 1996 se atacaron 50 sedes del PNV, 26 del PSOE, 8 del PP y de EA y 4 de IU.

ETA comienza una táctica de "socialización de la violencia" realizando acciones de gran impacto mediático y crueldad, mientras que el gobierno se esfuerza por intentar una negociación con ETA. El 30 de junio de 1997, la Guardia Civil liberó al funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, que llevaba secuestrado 532 días. Un día después, ETA libera al empresario Cosme Delclaux (232 días). El 10 de julio de 1997 ETA secuestró al concejal del Partido Popular de Ermua (Vizcaya) Miguel Ángel Blanco, amenazando con matarlo si el gobierno español no cedía a sus exigencias. Se llevaron a cabo multitudinarias manifestaciones de solidaridad para exigir su liberación, pero, al cabo de dos días ETA cumplió su amenaza asesinando al concejal, lo que desencadenó nuevamente manifestaciones masivas de rechazo. A esta reacción ciudadana se le denominó el «espíritu de Ermua».

El Tribunal Supremo dictó el 29 de noviembre de 1997 sentencia condenatoria contra la mesa nacional de Herri Batasuna por ceder su espacio electoral a ETA en las elecciones de 1996.

En enero de 1998, llega a oídos de la banda que la policía francesa tiene todo preparado para realizar una muy importante operación policial contra la organización . ETA comunica su disponibilidad a iniciar conversaciones a través de intermediarios internacionales y ante la negativa del gobierno popular, asesina a un concejal del PP en Zarautz. Por orden del juez Garzón se cierra el periódico "Egin". Ante la posibilidad de verse envuelta en un proceso judicial, Herri Batasuna pasa a denominarse Euskal Herritarrok (EH).

Esta tregua estuvo precedida por un acuerdo firmado un mes antes por la propia organización terrorista ETA, el Partido Nacionalista Vasco y Eusko Alkartasuna, en el que todas las partes se comprometían a buscar la integración de los seis territorios en una institución única y soberana, y los partidos políticos PNV y EA se comprometían a "dejar sus acuerdos con los partidos que tienen como objetivo la destrucción de Euskal Herria y la construcción de España (PP y PSOE)". Por su parte, ETA se obligaba a anunciar el "alto el fuego indefinido".

Este pacto es muy posteriormente mencionado por ETA en una carta al PNV, en el que ETA muestra su desacuerdo con la contrapropuesta realizada por el PNV, acusándole de haber mostrado más interés por la paz que por la soberanía, al tiempo que califican el acuerdo como apropiado e importante por ser un paso en búsqueda de la soberanía de Euskal Herria.

El 12 de septiembre de ese mismo 1998, cuatro días antes del anuncio oficial de tregua por parte de ETA, se firmó en la localidad navarra de Estella un pacto entre el Partido Nacionalista Vasco, Herri Batasuna, Eusko Alkartasuna, Ezker Batua-Berdeak, el sindicato LAB, y otras organizaciones en el que se analizaba la situación de Irlanda del Norte y se trataba de proyectar el proceso de paz allí seguido para el caso del País Vasco. Declaraban los firmantes el proceso que debía seguirse para la "resolución política del conflicto". Este método se basaba en la negociación política, en ausencia de violencia, para dar respuesta "a la tradición y aspiraciones de soberanía de las ciudadadanas y ciudadanos de Euskal Herria". El acuerdo se conoció como Pacto de Estella.

Según Vázquez Montalbán los firmantes de Estella estaban "Convencidos de la parálisis política que afectaba al PP y al PSOE en el tratamiento del problema vasco y de que el PP dependía de las ayudas del PNV en el Parlamento español, los firmantes de Lizarra forzaron la tuerca del soberanismo y plantearon con toda claridad el objetivo de la autodeterminación y de una negociación política con ETA”.

El 16 de septiembre de 1998, ETA declaraba una "tregua indefinida y sin condiciones" que entraría en vigor dos días después de su anuncio. ETA decía en su comunicado que "Los ciudadanos vascos estamos sojuzgados bajo dos Estados fuertes. Ambos Estados utilizan todos sus instrumentos armados, políticos, económicos y culturales para evitar las posibilidades que tenía Euskal Herria, un pueblo libre en el futuro". Pero advertía ETA que el objetivo de este paso no era la "pacificación", y que sería un engaño a la sociedad decir que este paso lleva a la "normalización", "la consolidación del marco actual y una paz sin que nada cambie.". Respecto a las instituciones, recordaban su objetivo de crear una institución única y soberana que integre todos los territorios que reclaman, y que era la hora "de acabar con los partidos, estructuras institucionales y represoras que tienen por objetivo la construcción de España y Francia, y la desaparición de Euskal Herria.".

Su comunicado, por último, matizaba la suspensión de sus actividades, reconociendo que seguiría desarrollando las labores de suministro, mantenimiento de sus estructuras y su "derecho de defensa en hipotéticos enfrentamientos", y advertía de la posibilidad de revocación de la tregua indefinida, condicionándola a los acontecimientos futuros.

Poco después de la tregua y en una teórica situación de "ausencia de violencia", aunque la violencia denominada "de baja intensidad" acosaba y atacaba a todos los partidos políticos y en mayor medida a PP y PSOE, se celebraron elecciones autonómicas en la Comunidad Autónoma Vasca en las que nuevamente ganó en votos el PNV aunque los extremos políticos PP y EH lograron un considerable aumento de sus sufragios; el Partido Popular venció en Alava y ganó 100.000 votos convirtiéndose en la segunda fuerza desplazando al PSOE y “Euskal Herritarrok” (E.H.) venció en Guipuzkoa y logró 223.264 votos y en San Sebastián el PP fue el partido más votado (25,7%) y EH fue el segundo (19,3%).

Ya iniciada la tregua , ese mismo mes de septiembre, comenzaron los contactos entre el Gobierno del Partido Popular y el entorno etarra ; tres miembros del Gobierno de José María Aznar se entrevistaron de manera secreta con Arnaldo Otegi y otros dirigentes de Herri Batasuna en un chalé de la comarca de Juarros, en Burgos Durante ese periodo, el Partido Popular mostró signos de buena voluntad, suavizando su postura y sus declaraciones y acercando a 135 presos etarras a cárceles próximas al País Vasco , todo ello en cumplimiento de lo dispuesto por el Congreso de los Diputados español que aprobó en noviembre de 1998 una moción de IU a la que se sumó el PP, y fue aprobada unánimemente, sobre el acercamiento de los presos por la que se instaba al gobierno español a poner en práctica «una nueva orientación, consensuada, dinámica y flexible, de la política penitenciaria en la forma que mejor propicie el final de la violencia.

Ello suponía suponiá para algunos dirigentes políticos, que por medio de ese pacto "los dirigentes abertzales quedan atados de pies y manos a la política del PNV".

Dichos acuerdos culminaron en una reunión secreta entre PP y ETA en Zúrich en el mes de mayo de 1999. Esa reunión pretendía ser para ETA un primer contacto para una serie de reuniones en las que se abordasen cuestiones políticas, pero para el gobierno pretendía ser un modo de tratar de verificar de primera mano si la banda estaba dispuesta a cesar de un modo definitivo sus actividades criminales y la reunión no fructificó.

Sin embargo las conversaciones no tuvieron éxito y se contabilizaron 390 acciones de terrorismo callejero durante 1999. Un sector del PP, encabezado por Mayor Oreja, presidente del PP vasco, receló de la tregua, considerándola una estrategia de ETA para reorganizarse y rearmarse, denominándola “tregua-trampa”, interpretando el contenido de una comunicación interna de ETA interceptada al responsable de los comandos José Javier Arizkuren Ruiz, Kantauri, en la que se le comunica que habría una tregua, pero que sería cosa de poco tiempo.

Poco después del encuentro con el Gobierno, dos de los interlocutores fueron detenidos. El parlamento nunca llevó a efecto la moción sobre el acercamiento de 1998.

En agosto de 1999, ETA propuso a PNV y EA suscribir una actualización del compromiso adquirido el año anterior, en el que buscaban la materialización de los objetivos fijados, mediante la celebración de unas elecciones en toda Euskal Herría (tanto la parte española como francesa) que eligiese un parlamento encargado de redactar una Constitución para el nuevo Estado. ETA condicionaba el cese definitivo de sus actividades terroristas a la "fortaleza y estabilidad" del nuevo parlamento. Este nuevo acuerdo fue rechazado por los firmantes del pacto anterior y por tanto no llegó a formalizarse.

El 28 de noviembre ETA anunciaba la ruptura de la tregua mantenida durante un año. En su comunicado, recordaba el pacto firmado con PNV y EA y los planteamientos del Pacto de Estella, y aludía como razones para la reanudación de sus actividades criminales, la presión ejercida por los gobiernos de España y Francia y la pretensión del gobierno español de "que de ser un proceso de construcción nacional pasara a ser un proceso de paz sin contenido, intentando ahogar a la izquierda abertzale en la «normalidad» política y con la intención obstinada y maligna de que la interrupción «provisional» de las acciones de ETA pasara a ser «definitiva» e irreversible.". También se quejaba de que PNV y EA no habían respondido a su propuesta de actualización de pacto. Se anunciaba la fecha del 3 de diciembre como la escogida para la vuelta a la violencia.

ETA declaró el fin del alto el fuego el 2 de diciembre de 1999, cometiendo un nuevo asesinato el 21 de enero de 2000, finalizando ese año con 23 asesinatos más, entre ellos el de uno de los fundadores del Foro de Ermua, incluyendo entre sus víctimas a jueces y periodistas.

El PNV realizó una declación institucional ese mismo día en el que reprochaba a ETA su actitud de intentar tutelar el proceso, le acusaba de perjudicar al nacionalismo vasco y, a su vez, animaba a HB a defender democráticamente sus propuestas invitándola al diálogo. La ruptura de la tregua por parte de ETA supuso el fin del acuerdo parlamentario con EH que no condenó el posterior atentado y abandonó la cámara vasca en septiembre de 2000 anunciando que sólo volvería al Parlamento de Vitoria en "ocasiones puntuales" y dejando al gobierno PNV-EA en minoría parlamentaria.

Por su parte ETA dio a conocer a la opinión pública el 30 de abril de 2000 los textos hasta entonces secretos de las negociaciones de 1998 y 1999 entre PNV y ETA, mediante su publicación en el periódico “Gara”. y reconoció que la tregua en realidad había sido una “tregua-trampa”. En el año 2000 ETA acabó con la vida de 23 personas.

También se produjeron importantes escisiones en la "izquierda abertzale" formando Aralar y Batzarre grupos políticos independientes contrarios a la via armada. Patxi Zabaleta, miembro fundador y ex dirigente de HB y EH, encabezaba ya desde finales de los años ochenta una postura critica que había condenado el asesinato de Miguel Angel Blanco y exigía la desaparición de ETA y se convirtió en el coordinador de Aralar.

El 8 de octubre de 1999 se aprobaba en España la Ley de Solidaridad con las víctimas del terrorismo, que tiene como objetivo "rendir testimonio de honor y reconocimiento a quienes han sufrido actos terroristas y, en consideración a ello, asumir el pago de las indemnizaciones que le son debidas por los autores y demás responsables de tales actos". Dos meses después, el 23 de diciembre, se aprobaba otro Real Decreto en el que se aprobaba el reglamento de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las víctimas del terrorismo.

Tras la ruptura de las negociaciones, el Gobierno del Partido Popular, con el apoyo del partido socialista, continuó el acoso que ya se había iniciado en 1998, no solo a ETA, si no además a su entorno, por todas las vías democráticas posibles, perdurando casi todas ellas en la actualidad. Además se reanudó la ofensiva a nivel judicial y policial.

Las elecciones generales del 12 de marzo de 2000 otorgaron la mayoría absoluta al Gobierno e Aznar por lo que los pactos con los nacionalistas de la anterior legislatura ya no eran necesarios y podía desarrollar una política antiterrorista sin ataduras.

El 21 de enero de 2000, ETA hizo explotar un coche bomba cargado de 20 kg de dinamita en el barrio de Virgen del Puerto de Madrid, muriendo el Teniente Coronel de Intendencia Pedro Antonio Blanco. Este asesinato obligó a Ibarretxe a dejar en suspenso su pacto de legislatura con EH. No fue, sin embargo, hasta después del asesinato por parte de ETA del dirigente socialista alavés Fernando Buesa y su escolta, el ertzaina Jorge Díez (22 de febrero de 2000), cuando el pacto se rompió definitivamente. La ruptura del acuerdo parlamentario y el subsiguiente abandono de la Cámara por parte de EH en septiembre (que anunció que sólo volvería al Parlamento de Vitoria en «ocasiones puntuales») dejaron al gobierno PNV-EA en minoría parlamentaria.

Las elecciones generales en el año 2000 renuevan a Aznar como presidente, pero esta vez por mayoría absoluta, por lo que ya no necesita el apoyo parlamentario del PNV y se inicia una seria confrontación entre PP y PNV.

El 12 de diciembre de 2000, los dos principales partidos políticos españoles, Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español, suscribieron el llamado Acuerdo por las libertades y contra el Terrorismo tras el abandono de ETA de la "tregua" de 1998 y una vez puesto de manifiesto, según el propio texto del acuerdo, "el fracaso de la estrategia del PNV y Eusko Alkartasuna, que abandonaron el Pacto de Ajuria Enea para, de acuerdo con ETA y EH, poner un precio político al abandono de la violencia. Ese precio consistía en la imposición de la autodeterminación para llegar a la independencia del País Vasco.".

En este acuerdo, PP y PSOE convenían en que correspondía al Gobierno dirigir la lucha antiterrorista y se comprometían a abandonar del ámbito de la legítima confrontación política o electoral, las políticas para acabar con el terrorismo. Se comprometían también a trabajar para que desapareciera cualquier intento de legitimación política de la violencia y afirmaban públicamente que de la violencia terrorista no se extraerá, en ningún caso, ventaja o rédito político alguno.

La política penitenciaria asimismo, se decía que se aplicaría asegurando el más completo y severo castigo a los condenados por actos terroristas, aunque contemplaría las formas de reinserción de aquellos que abandonen la organización y muestren actitudes inequívocas de arrepentimiento y voluntad de resocialización.

Las víctimas se convierten, tras este acuerdo, en la principal preocupación, e instan a los jóvenes a que se rebelen contra la violencia.

El objetivo del pacto es impulsar conjuntamente las libertades y la política contra el terrorismo, y requiere, según sus firmantes, una colaboración permanente entre el PP y el PSOE que implica el intercambio de información, la actualización concertada en las reformas legislativas, política penitenciaria, cooperación internacional, movilización ciudadana e instituciones, y la búsqueda de posiciones comunes en este tema.

Tras varios meses de precariedad parlamentaria vasca, debido a la activa oposición de socialistas y populares y a la imposibilidad de aprobar leyes por la ausencia de apoyos parlamentarios (los presupuestos del año 2001 no pudieron aprobarse y debieron prorrogarse los del año anterior, anunció elecciones anticipadas para el 13 de mayo del 2001. La legislatura finalizada había sido la más corta del Parlamento Vasco desde la llegada de la democracia, y finalizaba con altos grados de crispación política y una renovada ofensiva de la organización terrorista ETA, que sólo en el 2000 acabó con la vida de 23 personas.

En ese escenario se celebraron unas duras elecciones vascas, planteadas como un plebiscito entre "nacionalismo" y "constitucionalismo" en las que la coalición PNV-EA casi triplicó el aumento de votos del PP. Pero el aspecto más sobresaliente fue el serio descalabro que sufrió el nacionalismo radical violento representado por Euskal Herritarrok (EH), que, tras la ruptura de la tregua de ETA, perdió la mitad de sus 14 escaños, pasando del 17,9% de 1998 al 10,1%, perdiendo casi 80.000 votos.

El día después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobaba una resolución en la que, además de condenarlos inequívocamente, exhortaba a la comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos por prevenir y reprimir los actos de terrorismo cumpliendo plenamente los convenios internacionales.

El 28 de septiembre de 2001 el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobaba su resolución 1373 decidiendo que todos los estados miembros debían congelar los fondos y los demás recursos financieron de las personas y grupos terroristas, así como que debían abstenerse de proporcionarles todo tipo de apoyo, activo o pasivo y denegarles refugio. También obligaba a asegurar el enjuiciamiento de toda persona que participe en la financiación, planificación o comisión de actos de terrorismo o preste apoyo a estos actos. Se creó un Comité específico en el seno del Consejo para el seguimiento del cumplimiento de esta resolución.

Esta resolución del Consejo inspiró muchas de las políticas que se tomaron en las más diversas instituciones públicas de cara a combatir todos los tipos de terrorismo. Muchos países miembros, así como organismos supranacionales como la Unión Europea, tomaron nota de esta resolución para endurecer las medidas de la lucha antiterrorista, especialmente en lo que a la financiación se refiere.

De este modo, el 27 de diciembre de 2001 el Consejo Europeo modificó la anterior lista de medidas específicas con el fin de luchar contra el terrorismo. En la posición común del Consejo se definía a las personas o grupos terroristas de tal forma que se entendía por acto terrorista «el acto intencionado que, por su naturaleza o su contexto, pueda perjudicar gravemente a un país o a una organización internacional tipificado como delito según el Derecho nacional», y cometido con el fin de, entre otras cosas, intimidar gravemente a una población, obligar a Gobiernos a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, desestabilizar gravemente o destruir las estructuras políticas fundamentales, atentados contra la vida o la integridad física, la toma de rehenes, causar destrucciones masivas a instalaciones públicas, la dirección o financiación de grupos terroristas, etc.

En esta Posición común se adjuntaba una lista de personas y organizaciones terroristas entre las que figuraban muchos miembros de ETA y la organización ETA como tal.

Condena internacional a ETA : El 26 de febrero de 2002, el gobierno de los Estados Unidos emitió una orden por la que se añadía a ETA (y con ella a Euskal Herritarrok, Herri Batasuna, Jarrai-Haika-Segi, Gestoras Pro amnistía) a su lista de terroristas y organizaciones terroristas, así como a algunos terroristas de esta organización.

La Guardia Civil ha recogido los nombres de los incluidos en esta lista para especificar algunas acciones terroristas que han llevado a cabo.

El 19 de abril de 2002, el Consejo de Ministros aprobó la remisión a las Cortes del proyecto de nueva Ley de Partidos Políticos, tras los informes favorables del Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado.

Tras la aprobación de la Ley de Partidos políticos, las instituciones judiciales trataron de hacer cumplir la nueva norma. Así, el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón decretaba en un auto con fecha 26 de agosto de 2002 la suspensión total de actividades de Batasuna, así como la clausura de sus sedes y su página web, con la prohibición expresa de efectuar ningún acto político o de propaganda.

Con la aprobación de la ley y esta suspensión, el gobierno, a través de Abogado del Estado presentaba una demanda ante el Tribunal Supremo para la ilegalización del Batasuna. Asimismo, la fiscalía presentaba también una demanda ante la justicia motivando una petición igual.

Después de estudiar estas dos demandas, el 27 de marzo de 2003 el Tribunal Supremo en una sentencia resolvió ilegalizar Batasuna tras considerar probado que la creación de este partido político fue un hecho instrumental por parte de la banda terrorista ETA, y que forma parte de ella.

En la reunión del Consejo Europeo del 5 de junio de 2003, se acordó la ampliación de la lista de personas y organizaciones terroristas. En esta ampliación, se incluyó a Batasuna (y como alias de ella a Herri Batasuna y Euskal Herritarrok), y a Jarrai-Haika-Segi, consideradas como un bloque común, y algunas otras organizaciones de la izquierda abertzale, todas ellas consideradas por la UE parte "del grupo terrorista ETA".

El 26 de enero de 2004, el diario ABC desvelaba que el entonces primer consejero y presidente en funciones (por viaje oficial del presidente electo) de la Generalidad de Cataluña, Josep-Lluís Carod-Rovira se había entrevistado los días 3 y 4 de enero en la localidad francesa de Perpiñán con dirigentes de ETA y que supuestamente ultimaba un pacto con la banda terrorista según el cual ésta se habría comprometido a no atentar en Cataluña a cambio de que el líder de Esquerra Republicana de Cataluña proclamara una declaración independentista en favor del derecho de autodeterminación de los pueblos. El mismo día, y tras la publicación de la información en ABC, el propio Carod-Rovira confirmó la reunión, aunque aseguró que, pese a haber hablado de política, no había llegado a ningún "pacto, ni ningún acuerdo ni ninguna contraprestación, porque no hablaba en nombre de ningún gobierno". Pidió disculpas a la Generalidad por no haber informado y por hacerlo cuando era el número dos de la misma, tras lo cual presentó su dimisión, que fue aceptada por el presidente de la Generalidad, Pasqual Maragall, permaneciendo como consejero sin cartera hasta el día 3 de febrero de 2004.

El 18 de febrero, ETA anunciaba una tregua únicamente para el territorio de Cataluña con el "deseo de unir los lazos entre el pueblo vasco y el catalán". El entonces presidente del gobierno, José María Aznar, declaró que este anuncio era la contribución de ETA a "esta estrategia repulsiva, promovida por Esquerra Republicana de Catalunya". El líder del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, opinaría que "el contenido del comunicado de establecer una tregua en Cataluña es absolutamente rechazable e inadmisible y, desde luego, debe tener consecuencias políticas". El presidente de la Generalidad, Pasqual Maragall diría "Que digan que no matarán en Catalunya nos indigna más todavía por lo que tiene de perversión. No queremos el perdón de ETA. Nos repugna". Por su parte, Carod-Rovira, insitió en que en su reunión no se llegó a ninguna clase de pacto a la vez que pidió su extensión al resto del Estado español, el abandono de las armas y que dejara de matar.

El 11 de marzo de 2004 se produjeron en Madrid atentados mediante diez explosiones de bombas en trenes de pasajeros. En un primer momento se atribuyó el atentado a ETA, debido a que el día de Nochebuena de 2003 la Policía Nacional detuvo en San Sebastián y Hernani a dos etarras que habían dejado dinamita en un vagón presuntamente preparado para estallar en la estación de Chamartín de Madrid; y el día 1 de marzo de 2004, la Guardia Civil detuvo en la provincia de Cuenca una furgoneta con 536 kg de explosivos, impidiendo un atentado en la capital española.

Los representantes de Batasuna negaron esta hipótesis; asimismo, una persona que hablaba en nombre de ETA llamó a la televisión pública vasca (ETB) y negó toda responsabilidad por los atentados del 11-M, este comunicado tuvo credibilidad ya que la voz del interlocutor era muy similar a la que anunció la tregua de ETA en Cataluña.

El mismo día de los atentados del 11 de marzo de 2004, cuando el gobierno español del Partido Popular señalaba como segura la autoría de ETA (ver Reacciones políticas a los atentados del 11 de marzo de 2004), en la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se aprobó una resolución en la que se condenaba en los términos más enérgicos los atentados. Ante las presiones del representante español, se accedió a atribuir los atentados al grupo terrorista ETA.

Los atentados del 11-M tuvieron gran repercusión dentro y fuera de España, afectando a varias políticas contra el terrorismo.

En la declaración de solidaridad adjunta se establece que los Estados miembros actuarán en un espíritu de solidaridad en el caso de que uno de ellos sea víctima de un atentado terrorista, movilizando todos los instrumentos de que dispongan, incluidos los medios militares para prevenir la amenaza terrorista, proteger las instituciones democráticas y la población civil, y aportar asistencia al Estado si sus autoridades políticas así lo solicitan.

El 8 de octubre de 2004 el Consejo de Seguridad recordaba que "los actos criminales, inclusive contra civiles, cometidos con la intención de causar la muerte o lesiones corporales graves o de tomar rehenes con el propósito de provocar un estado de terror en la población en general, en un grupo de personas o en determinada persona, intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto, o a abstenerse de realizarlo, que constituyen delitos definidos en los convenios, las convenciones y los protocolos internacionales relativos al terrorismo y comprendidos en su ámbito, no admiten justificación en circunstancia alguna por consideraciones de índole política, filosófica, ideológica, racial, étnica, religiosa u otra similar e insta a todos los Estados a prevenirlos y, si ocurren, a cerciorarse de que sean sancionados con penas compatibles con su grave naturaleza".

El juez instructor acerca de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, Juan del Olmo, sin embargo, no ha encontrado indicio alguno sobre la supuesta participación de ETA en los mismos.

Un sector ideológico, vinculado principalmente al Partido Popular, sostuvo la participación, ya sea logística o directa, de ETA en el 11-M y su decisiva influencia en el resultado de las posteriores elecciones que dieron la presidencia del Gobierno al PSOE. dicha hipótesis fue largamente apoyada por parte de algunos medios de comunicación como El Mundo o Libertad Digital y el periodista Luis del Pino.

El juez Javier Gómez Bermúdez en su sentencia sobre el atentado negó cualquier tipo de vinculación entre el 11-M y ETA.

En las elecciones del 14 de marzo de 2004, tras los atentados del 11 de marzo en Madrid, contrapronóstico y debido en parte a la sensación de que el gobierno popular había gestionado mal la crisis posterior a los atentados, el Partido Socialista alcanzó el Gobierno y su presidente, Rodríguez Zapatero anunció un nuevo "talante" en su política y especialmente en materia antiterrorista. La activa oposición realizada por el Partido Popular acosó continuamente al Gobierno por lo que el PSOE y el PNV recuperaron la sintonía de finales de los años 80, basando su política antiterrorista en el diálogo pero sin anular las medidas adoptadas anteriormente por los populares.

El 4 de octubre de 2004 la policía francesa lanzó una operación contra el aparato logístico de ETA en la que se realizaron 20 detenciones. Entre ellos estaban Mikel Albizu Iriarte, Mikel Antza, y su compañera sentimental, Soledad Iparragirre, Anboto, máximos responsables de la banda, junto con otros dirigentes destacados. Se descubrieron cuatro zulos con una gran cantidad de armamento, muy superior a la que se estimaba en su poder; también se intervino material con información sobre ETA y se requisó la imprenta con la que se editaba el boletín interno, aunque no se localizó ninguna suma importante de dinero. La operación fue calificada como la más importante desde las detenciones en Bidart en 1992. En medios afines a ETA se restó importancia a los hechos, señalando que la dirección de ETA tendría en breve nuevos responsables. España solicitó la extradición de Mikel Antza y Anboto mediante una euroorden.

ETA no cometió asesinatos desde el 30 de mayo de 2003 hasta el 30 de diciembre de 2006, aunque durante ese periodo se sucedieron infinidad de actos de "violencia de baja intensidad". Durante el 2004 se detuvieron entre España y Francia a más de 130 personas por su vinculación con ETA y la organización parecía dar síntomas de estar en sus momentos más bajos, teniendo en cuenta además el rechazo internacional propiciado por los atentados de los grupos islamistas radicales. La masacre de Madrid y la repulsa nacional e internacional a los atentados islamistas de Londres o Nueva York hicieron surgir ciertas voces en el entorno de la organización que se oponían a continuar con unas prácticas terroristas tan denostadas aa nivel mundial.

El 14 de noviembre de 2004, Batasuna organizó un acto político multitudinario en el Velódromo de Anoeta, que su portavoz, Arnaldo Otegui, presentó como "un acto ilegal de una organización ilegal". En ese acto se formalizó su propuesta para la "superación del conflicto", que sería asumida también por ETA y gran parte de la izquierda abertzale, en la que se apostaba “por la paz” y “por la utilización de vías exclusivamente políticas y democráticas” para resolver “el conflicto vasco”. Esta propuesta se basaba en el establecimiento de dos mesas de diálogo. La primera entre el gobierno y ETA para tratar el tema del cese de las actividades terroristas, y la segunda mesa, constituida por todos los partidos políticos, pero al margen del Parlamento vasco, para debatir el tema político.

Solo pocas horas después hacían explosión dos bombas en Navarra a las que siguieron otras más que no causaron víctimas y Batasuna no condenó los atentados.

Después de múltiples intentos de atentados frustrados por la policía y la guardia civil, la banda ETA propuso una tregua poco antes de las elecciones del 17 de abril de 2005 al Parlamento Vasco. La respuesta del gobierno fue una petición a ETA para que abandonase las armas como condición de cualquier negociación. Entre todas las fuerzas políticas españolas de las Cortes (partidos políticos vascos incluidos) había consenso en que el Estado no haría concesiones de tipo político a la banda terrorista.

Un mes después, el 19 de junio, ETA anunciaba que suspendía desde el 1 de junio sus acciones terroristas contra cargos políticos electos, teniendo en cuenta lo que, en su opinión, había sido el fracaso del pacto antiterrorista. Esta tregua fue matizada unos días después para aclarar que las Autoridades del Estado y quienes tienen responsabilidades de gobierno están excluidos de esta medida y por tanto sí pueden sufrir atentados.

Hasta marzo de 2006, ETA continuó colocando bombas en instalaciones de entidades públicas, de empresas del País Vasco, y en vías de comunicación. Sin embargo, señalizó la mayor parte de las bombas colocadas a lo largo de 2005 y 2006 con avisos como "Peligro bomba".

En 22 de marzo de 2006 ETA anuncia mediante un comunicado remitido a Euskal Irrati Telebista (EITB), la Radio Televisión Vasca, y al diario en euskera Berria un alto el fuego permanente a partir del día 24 de marzo de 2006 con la intención de impulsar un proceso que culminase con un nuevo marco político. En este comunicado instaba a España y Francia a que cesasen lo que consideran la represión hacia ellos.

Al día siguiente ETA difundió otro comunicado aclarando que el cambio político busca la superación del marco actual, que es de "negación, partición e imposición".

El 29 de junio de 2006, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, informó a los medios de comunicación, en una declaración institucional en el vestíbulo del Congreso de los Diputados, del inicio del diálogo con ETA, tras el alto el fuego.

Durante la tregua se iniciaron contactos entre representantes del Gobierno socialista y el entorno de ETA, pero ese verano surgieron diferencias irreconciliables que tuvieron como consecuencia el bloqueo de la situación y, por parte de ETA, el 18 de agosto de 2006 se realizó un comunicado en tal sentido. Ambas partes se comprometieron a dar un giro a la situación invitando a participar en dichos contactos al PNV.

Finalmente el acuerdo se rompió, culpándose mutuamente los intervinientes por ello según el rotativo abertzale Gara, y el 5 de junio de 2007 ETA anunció mediante un comunicado enviado a dicho diario y a Berria que daba por finalizado el alto el fuego iniciado el 22 de marzo de 2006 y que la vuelta a las armas se hará efectiva a partir de las 0:00 del 6 de junio.

El presidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero dijo en comparecencia en el Palacio de la Moncloa que "ETA vuelve a equivocarse" y solicitó el "apoyo unánime de los demócratas al gobierno" mientras que el líder de la oposición Mariano Rajoy le solicitó al gobierno una rectificación en su política antiterrorista. ETA deja atrás con este comunicado 439 días de tregua.

El 30 de diciembre de 2006 la explosión de una furgoneta bomba en el Aeropuerto de Barajas supone el fin del alto el fuego permanente. En este atentado murieron dos ecuatorianos (Diego Armado Estacio, de 19 años, y Carlos Alonso Palate, de 35).

Desde ese momento ha asesinado a varias personas más: los dos guardias civiles Fernando Trapero, de 24 años, y Raúl Centeno, de 23 (1 de diciembre de 2007); el ex-concejal socialista de Mondragón Isaías Carrasco (7 de marzo de 2008, dos días antes de las elecciones generales); el guardia civil Juan Manuel Piñuel, el día 14 de mayo de 2008, en un atentado perpetrado en la casa-cuartel de Villarreal de Álava (Legutiano) (Álava).

El 20 de mayo de 2008 cae la cúpula de ETA con la detención de Thierry.

A mediados del mes de septiembre de 2008, fueron consideradas terroristas diversas organizaciones como "Gestoras Pro Amnistía" y su sucesora "Askatasuna", por su vinculación con ETA; en el fin de semana siguiente, ETA atentó con tres coches bomba contra la sede de la policía autonómica vasca (Ertzaintza) en Ondárroa, la nueva sede de la Caja Vital en Vitoria y el Patronato Militar Virgen del Puerto de Santoña, en Cantabria, asesinando en este último atentado al brigada de artillería Luis Conde de la Cruz.

A finales de 2008 la cúpula de ETA cae dos veces en tan sólo tres semanas: el 17 de noviembre detienen a Txeroki y el 8 de diciembre hacen lo propio con Aitzol Iriondo. Esta detención fue seguida por otros dos etarras que iban a acompañarle; Eneko Zarrabeitia y Aitor Artetxe. En la localidad guipuzcoana de Irún, ese mismo día son detenidos otros tres etarras, que fueron quienes llevaron a Eneko Zarrabeitia y Aitor Artetxe a entrevistarse con Aitzol Iriondo; se realizaron varios registros en Getxo, dando como resultado la detención de dos presuntas terroristas en Getxo y Berango. La madrugada del 15 al 16 de diciembre, se detienen cuatro miembros "legales" de ETA en Guipúzcoa, tres en San Sebastián y otro en Pasaia; Arkaitz Landaberea, June Villarrubia, Julen Etxaniz y Saioa Urbistazu.

El 31 de diciembre de 2008, ETA colocó una bomba en la Sede Central de la cadena pública de radio y televisión Euskal Irrati Telebista en Bilbao, en un edificio que EiTB comparte con la Hacienda Foral de Vizcaya, la aseguradora Lagun Aro y otros medios de comunicación como Antena 3, Onda Cero, Deia, El Mundo, Marca y Expansión.

El lema de ETA es bietan jarrai («adelante con las dos», es decir, con la contundencia del hacha y la fuerza de la serpiente, en la lucha militar y en la política). Su emblema consiste en una serpiente envolviendo un hacha, y fue creado por Félix Likiniano, veterano antifranquista exiliado en Francia. Este emblema inspiró un símbolo utilizado en el sello de los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación): un hacha y una serpiente con la cabeza cortada.

Con frecuencia a ETA se la vincula con el llamado Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV), formado por distintas organizaciones independentistas vascas, como los partidos y agrupaciones electorales Batasuna, Euskal Herritarrok y Herri Batasuna (ilegalizados en España), el movimiento juvenil Segi (antes Haika, antes Jarrai y Gazteria, también ilegalizados), el sindicato LAB, Gestoras Pro Amnistía (también ilegalizada) y otras, que asumen unos principios comunes, dentro de lo que llaman izquierda abertzale (ezker abertzalea en euskera, que se traduciría como izquierda patriótica o izquierda nacionalista). Sus postulados ideológicos se resumen en la alternativa KAS. Aunque muchos miembros de organizaciones consideradas afines al MLNV no apoyan la lucha armada, la banda terrorista ejerce una influencia central como principal organización y referencia del Movimiento. En instrucciones de procesos del juez Baltasar Garzón se considera a varias de estas organizaciones y sociedades como parte de ETA. En 2005 comenzó el juicio contra varios representantes de este tipo de organizaciones, dentro del proceso 18/98 y siguientes.

Se organiza en distintos «comandos», cuyo objetivo es atentar en una zona geográfica determinada, coordinados por una dirección o «cúpula militar». Además, suelen tener redes de refugios o «casas seguras», y zulos («agujero», en vasco), lugares ocultos donde suelen esconder armas y explosivos. Además, varios ex-militantes viven en países latinoamericanos autodenominándose como refugiados políticos. Entre sus miembros se distingue entre los «legales», o miembros no fichados por la policía; los «liberados», o refugiados en Francia; o los «quemados», que son los que están libres tras ser detenidos.

Muchos miembros de la organización han fallecido por diversas circunstancias, principalmente en enfrentamientos armados con la policía.

Lleva a cabo gran parte de sus atentados en el País Vasco español y Navarra, aunque frecuentemente su actividad se extiende a otras zonas de España. En el pasado ha tenido contactos con grupos como las FARC y, especialmente, el Ejército Republicano Irlandés Provisional (IRA), y sus miembros han recibido entrenamiento en Argelia, Libia, el Líbano y Nicaragua.

Desde su creación en 1968 ETA ha asesinado a 839 personas, de las cuales 353 eran civiles (el 42%) y 486 policías o militares (el 58%). Asimismo desde 1978, año de aprobación de la actual Constitución española, y 1995, de las 623 víctimas de ese periodo únicamente 10 eran políticos (el 1,6%). Sin embargo, desde 1995 de los 93 asesinatos perpetrados 26 eran personalidades políticas (el 27,96%), de los cuales 16 eran concejales, 5 dirigentes o ex-dirigentes de partidos no nacionalistas y 5 cargos institucionales. De esto se observa que ETA desde mediados de los noventa apostó fuertemente por el asesinato de personajes de la vida política frente a otros sectores.

En la siguiente gráfica se observa la evolución del número de asesinatos por año desde 1968.

En atentados indiscriminados con bomba, ETA ha matado también a niños y ancianos (atentado contra el centro comercial "Hipercor" en junio de 1987 con muerte de 21 personas y 45 heridos), turistas extranjeros y familiares de objetivos terroristas, principalmente a familiares de guardias civiles que se encontraban en las casas cuartel contra las que ha atentado (cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza el 11 de diciembre de 1987 que causó 12 víctimas o casa-cuartel de Vic en mayo de 1991 que causó la muerte de nueve personas). Generalmente avisa con antelación de los atentados con bomba contra objetivos civiles, no haciéndolo en el caso de objetivos militares. En algunas ocasiones, se han producido fallos en el sistema de avisos empleado ocasionando numerosas víctimas, como en el caso del atentado contra el citado centro comercial en el que finalmente, por sentencia judicial, se reconoció la responsabilidad del Estado por la tardanza en evacuar dicho centro al considerarse una falsa alarma, habiendo avisado ETA 35 minutos antes de producirse la trágica explosión.

ETA ha secuestrado a 77 personas y 1980 fue su año con más víctimas sumando un total de 99 asesinados. Se calcula que el perjuicio ocasionado por ETA solo en el País Vasco podría ascender entre 9.000 y 12.000 millones de euros, según estimaciones realizadas por Mikel Buesa, profesor de la Universidad Complutense, y Baltasar Garzón, juez de la Audiencia Nacional.

Se estimaba en 2002 que el presupuesto anual de ETA era de unos dos millones de euros y disponía en esa fecha de unos 500 militantes activos.

Una de sus vías de financiación más conocidas, y que en 2002 podía llegar a suponer el 75% de los ingresos de la banda, es el llamado «impuesto revolucionario», por el que ETA obliga a pagar a empresarios y profesionales cualificados de Euskal Herria (especialmente del País Vasco español, pero en ocasiones también del País Vasco francés) bajo amenazas de asesinato, secuestros y daños contra propiedades. También ha cobrado rescates por secuestros. Parte del material empleado lo consiguen mediante robos. Han sido frecuentes los robos de automóviles que luego eran utilizados como coches-bomba o para huir del lugar de un atentado. También cometía de vez en cuando robos en almacenes de explosivos. Menos frecuentemente, robaban dinero en metálico, troqueladoras y material para falsificar placas de matrícula. En sus primeros años, robaban también material de imprenta para difundir sus escritos.

Entre 2004 y 2007 se realizaron investigaciones de posibles 296 operaciones financieras vinculadas con la financiación de ETA.

Durante la dictadura franquista, los presos de ETA permanecían en prisiones militares. Algunos de sus miembros fueron condenados a muerte ejecutandose varias sentencias. Desde la transición, se les recluye en centros penitenciarios civiles.

La actual ley antiterrorista española data sus orígenes de la etapa predemocrática puesto que la Diputación Permanente del Congreso convalidó, el 6 de febrero de 1979, el "Decreto-Ley sobre seguridad ciudadana" de junio del año anterior (conocido como "ley antiterrorista") con la oposición de socialistas, comunistas, Minoría Catalana y PNV que piden su derogación, por considerarlo anticonstitucional; en virtud de la misma y de sus numerosas reformas posteriores, los presos de ETA disponen de una legislación especial desde el momento de su detención que restringe diversos derechos reconocidos al resto de detenidos, siendo motivo de polémica y de oposición por parte de partidos políticos y las principales organizaciones mundiales a favor de los derechos humanos. Entre otras muchas especialidades. Los presos de ETA pueden permanecer hasta 13 días incomunicados siendo la causa secreta para sus abogados defensores que no pueden ser designados por el detenido y no pueden entrevistarse con el letrado en privado; asímismo su enjuciamiento posterior no son competencia de los Juzgados de Instrucción de cada partido judicial, si no que son competencia de la Audiencia Nacional, que se encuentra en Madrid y fue creada en 1977.

Alegando la necesidad de evitar que ETA impidiera mediante coacción la reinserción de sus presos, anteriormente agrupados en cárceles del País Vasco y Navarra, el gobierno del PSOE decidió la dispersión de los presos de ETA por las cárceles de todo el país. Esta medida antiterrorista fuera del ordenamiento penitenciario se justifica políticamente en intentar que los presos etarras no formen un grupo de presión en las cárceles vascas y ha provocado rechazo, especialmente desde sectores nacionalistas, que proclaman su ilegalidad. En un estudio sociológico llevado a cabo por la Universidad del País Vasco en 1999, el 80% de los encuestados se mostraba favorable a que dicho acercamiento se llevara a cabo y un 9% en contra, considerando en parecido porcentaje que dicha medida facilitaría la pacificación, al igual que la desaparición del "terrorismo callejero" y las amenazas.

A mediados de 2005, la Dirección de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior español cifraba en 544 los miembros o colaboradores de ETA en prisiones españolas, de los que 24 se encontrarían en el País Vasco. La asociación de familiares de presos de ETA, "Etxerat", reducía a 507 la cifra de miembros de ETA encarcelados en España, de los que sólo 14 se hallarían en centros del País Vasco. Una parte importante de los reclusos de ETA se encuentran en las seis prisiones de la Comunidad de Madrid, entre ellos, la mayoría de los que tienen juicios pendientes, ya que los procesos por terrorismo se celebran en la Audiencia Nacional. Según Etxerat había unos 110 miembros de ETA en estas seis prisiones. El resto estaban repartidos por otras cárceles de España.

En Francia, según Etxerat, había 153 miembros de ETA encarcelados, repartidos por 30 centros penitenciarios, 109 de los cuales se encontraban en las nueve cárceles del distrito de París, debido en parte a que es allí donde se sitúan los tribunales centrales que juzgan este tipo de causas. Ningún miembro de ETA se encuentra encarcelado en prisiones del País Vasco francés; además había cinco presos de ETA en dos cárceles de México y uno en el Reino Unido.

En 2008 con 670 se alcanzó la cifra más alta de presos encarcelados de ETA (lo que suponía un incremento del 35% respecto del 2006) de los que 413 cumplían condena y 201 se hallaban en prisión preventiva, el resto se encontraba en prisiones fuera de España. José María Sagardui "Gatza", encarcelado en 1980, es el preso que llevaba más tiempo encarcelado.

Según la citada organización Etxerat el número ascendía a 762 presos repartidos en 85 centros de reclusión que estaban alejados de sus domicilios una media de 630 kilómetros, encontrándose 14 de ellos en las cárceles del País Vasco y Navarra. 157 estarían repartidos en 33 centros franceses.

En 2008 la Audiencia Nacional, órgano judicial con sede en Madrid encargado del procesamiento de delitos de terrorismo en España, juzgó a 81 etarras en 45 juicios, en los que 21 acusados resultaron absueltos.

En la siguiente gráfica se observa la evolución del número de presos del Movimiento de Liberación Nacional Vasco desde 1978.

La cuestión de los presos de ETA ha sido motivo de negociación en la decena de veces que ETA ha decidido supender sus acciones y las negociaciones con el gobierno español, así durante la tregua de 1999 el Gobierno del Partido Popular presidido por José María Aznar acercó a 135 presos etarras a cárceles próximas al País Vasco y Navarra y concedió 42 terceros grados en cumplimiento de lo dispuesto por el Congreso de los Diputados español que aprobó en noviembre de 1998 una moción de IU a la que se sumó el PP, y fue aprobada unánimemente, sobre el acercamiento de los presos por la que se instaba al gobierno español a poner en práctica "una nueva orientación, consensuada, dinámica y flexible, de la política penitenciaria en la forma que mejor propicie el final de la violencia" aunque tras la ruptura de las negociaciones esta política jamás se llevó a cabo. La única oposición a esta medida partió de la "Asociación de Víctimas del Terrorismo" (AVT) que criticó duramente la postura del Partido Popular, considerando la dispersión como la mejor medida antiterrorista.

A finales del 2008 el Gobierno socialista, en respuesta a una información publicada en prensa, manifestó que algunos presos de la banda habían sido acercados a sus domicilios y otros alejados solicitando discreción por motivos de seguridad y Rubalcaba reclacando que la política penitenciaria era "un instrumento más en la lucha antiterrorista".

En el mismo sentido, durante el 2009, dirigentes históricos de ETA como "Santi Potros" (Santiago Arrospide Sarasola), con pena de prisión hasta el 2030 al ser condenado por el ya citado atentado contra Hipercor y que rechazaba la lucha armada fue acercado desde Cádiz a Zaragoza, mientras que otros presos de ETA y sus organizaciones satélites fueron alejados al sur de la península.

Así mismo, mediáticamente se ha utilizado a los presos reinsertados o que condenan la violencia para erosionar a ETA y por su parte la organización ha realizado grandes esfuerzos para controlar y aunar las opiniones de este colectivo.

ETA disponía de un considerable apoyo social durante el franquismo, periodo en que asesinó a Luis Carrero Blanco, pero la transición a la democracia y su progresiva radicalización le hicieron ir perdiendo apoyos, lo cual se hizo especialmente patente con el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, que generaría un gran rechazo en la sociedad. Su pérdida de simpatizantes fue tan grande que la plataforma Euskal Herritarrok perdió la mitad de sus votantes tras la ruptura de la tregua.

Actualmente, su apoyo social es minoritario. Según el Euskobarómetro (estudio sociológico realizado por un equipo de profesores de la Universidad del País Vasco) de noviembre de 2005, más del 60% de los vascos rechazaba totalmente a ETA. Un 17% opinaba que en el pasado su violencia había estado justificada, pero en el momento de la encuesta no. Un 12% compartía sus fines, pero no sus métodos violentos. Un 3% justificaba parcialmente la acción ETA, criticando sus errores, mientras que sólo un 0,4% la apoyaba totalmente.

El debate sobre la tortura en España está profundamente ligado a la historia de ETA. Las torturas que algunos detenidos han sufrido por parte de las fuerzas policiales españolas, fundamentalmente durante la dictadura franquista, han contribuido al deterioro de la imagen de la administración española, a la radicalización de ETA, y a su captación de miembros. Y, a la inversa, la escalada en la adopción por ETA y otros grupos de métodos violentos permite que aún después de la transición, se mantengan medidas como los interrogatorios sin abogado, o la potestad de retener a un detenido incomunicado durante cinco días sin permitirle contactar con su defensa o su familia. Precisamente, uno de los primeros asesinados por ETA fue Melitón Manzanas quien, como jefe de la Brigada Político-Social de San Sebastián, había torturado a numerosos opositores al régimen franquista.

Las denuncias por torturas no cesaron con la Constitución de 1978, desde el Gobierno español se afirma que las denuncias son falsas y que se deben a una consigna de ETA a sus militantes. Fuentes próximas a la organización denuncian la muerte de varios de sus militantes de ETA debido a las torturas recibidas bajo régimen de incomunicación . Los detenidos acusados de pertenecer a ETA alegan en muchos casos haber recibido torturas que no dejarían lesiones duraderas (asfixia, agresiones sexuales, golpes o presión en los genitales, golpes con objetos romos, descargas eléctricas, exposición al frío, amenazas). Cuando los acusados presentan marcas de lesiones al acabar la incomunicación, las fuerzas de seguridad alegan que se las han autoinfligido los propios detenidos a sí mismos o bien que son resultado de caídas o de forcejeos en los que los agentes se han limitado a defenderse.

Las asociaciones de la llamada izquierda abertzale suelen ser las más activas en la denuncia de la práctica de torturas contra sus simpatizantes, dando crédito a todas las denuncias. Por el contrario, PP, PSOE y los sindicatos policiales niegan que la tortura sea una práctica extendida, reconociendo sólo los casos confirmados por sentencia judicial.

Por parte de éstos últimos se señala que las denuncias de torturas son una estrategia de ETA al haberse encontrado a manuales de instrucción etarras, intervenidos por la policía durante determinadas detenciones, en los que se aconseja a sus miembros denunciar torturas si son detenidos; así, en enero de 2008 fueron incautados a los etarras Igor Portu y Martin Sarasola, el primero, ingresado en la UCI al dia siguiente de su detención, un manual titulado Atxiloketari Aurre Eginez, 2º zkia (Haciendo frente a la detención, segundo volumen), en el que se informa a los miembros de la banda terrorista: "Sé listo, no vas a ser devuelto otra vez a comisaría (...) Lo peor ya ha pasado. Por tanto, decirle al forense que escriba que te han torturado tanto física como psicológicamente". Tras abandonar las dependencias policiales y ser conducidos a la Audiencia Nacional, "la pesadilla ha terminado", no van a ser devueltos a "manos del enemigo". En ese momento deben comunicar que: "Todo lo declarado en dependencias policiales es mentira. Son declaraciones hechas bajo tortura" Aun conociendo de antemano esas instrucciones, el ministro de interior Alfredo Pérez Rubalcaba ha subrayado que se investigan todas las denuncias, ya que "los primeros interesados en que esas investigaciones se lleven a cabo" son el Gobierno y la Guardia Civil.

La Organización de las Naciones Unidas ha enviado en varias ocasiones a España a Theo van Boven y Martin Scheinin, en función de relatores contra la tortura. Durante su última visita (en mayo de 2008), Scheinin (en sus valoraciones provisionales) solicitó a las autoridades españolas la derogación del régimen de incomunicación de los detenidos y que se reforme el régimen especial de la Audiencia Nacional ya que, a su juicio «se conculcan derechos y crea deficiencias estructurales –no permite la posibilidad de recurrir ante un tribunal superior– en el funcionamiento democrático de la Justicia». Además, Scheinin alertó sobre la tendencia del sistema judicial español a calificar como «terrorismo» delitos que no lo son, manifestando que «cuando se empieza a caer por esa pendiente se corre el riesgo de conculcar muchos derechos».

Otras entidades, como Human Rights Watch no confirman la tortura aunque creen que se podría mejorar las garantías para evitarla. Amnistía Internacional, por su parte, afirma en su informe «Sal en la herida», que aunque "no cree que los malos tratos a manos de funcionarios españoles encargados de hacer cumplir la ley sean algo habitual, basándose en sus investigaciones la organización no está de acuerdo con la afirmación de que constituyen hechos aislados, de cuya comisión sólo cabe responsabilizar a unos cuantos agentes de policía deshonestos." En el mismo informe "Amnistía Internacional presenta algunas recomendaciones a las autoridades españolas que la organización considera que contribuirían a prevenir los malos tratos y a poner fin a la impunidad de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley responsables de tales actos". Gesto por la Paz de Euskal Herria, y partidos políticos como IU, PNV o EA mantienen sus reservas sobre la mayoría de las denuncias, aunque dan credibilidad a algunos casos, aun sin sentencia firme, cuando el detenido sale del periodo de incomunicación con lesiones que ha sido fuente de gran controversia para la opinión pública (como en el caso de Unai Romano ) o cuando la víctima tiene un amplio prestigio social (como en el caso de Martxelo Otamendi, director de Egunkaria).

En este sentido, en 2006 el Gobierno Vasco accedió a las peticiones de Amnistía Internacional y anunció que la Ertzaintza grabaría en vídeo los periodos de incomunicación de los detenidos. Tras tres años sin ninguna denuncia de tortura hacía este organismo, en el 2009 la Ertzaintza aplicó la incomunicación por primera vez en ese periodo al detenido Manex Castro, quién denunció torturas, la familia además, al no recibir información sobre el estado y paradero del detenido denunció que la Ertzaintza no había cumplido su propio protocolo. La portavoz del gobierno vasco Miren Azkarate confirmó que se había grabado el periodo de incomunicación, sin embargo, estas grabaciones no se han hecho públicas.

El tema de ETA ha sido tratado en novelas como Gálvez en Euskadi y Gudari Gálvez de Jorge Martínez Reverte, Operación Ogro de Eva Forest, Esos cielos de Bernardo Atxaga o Exkixu, novela del ex-militante de ETA José Luis Álvarez Enparantza Txillardegi. También es tocado en forma tangencial por Manuel Vázquez Montalbán en el primer capitulo de su obra Galíndez, sobre el exilado vasco asesinado por el dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo.

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Asociación 11-M Afectados del Terrorismo

La Asociación 11-M Afectados del Terrorismo es una asociación formada por víctimas o familiares de víctimas de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, aunque acepta también la figura del "asociado solidario", que no son víctimas directas del terrorismo. Su actual presidenta es Pilar Manjón, miembro del sindicato Comisiones Obreras (CCOO).

La asociación fue constituida en el 2004 por afectados (familiares y víctimas) de los atentados islamistas del 11 de marzo de 2004 en Madrid que quisieron integrarse en una asociación y también por algunos afectados que no estaban satisfechos con el asesoramiento y apoyo recibido hasta el momento, acogiendo a un importante número de familiares y víctimas. Otros prefirieron afiliarse a la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) o, posteriormente, a la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M.

La Asociación 11-M Afectados del Terrorismo ha recibido las críticas del PP y de sus medios afines, que la acusan de dejarse llevar por deseos de venganza contra Aznar y de obedecer a los dictados del PSOE. Por el contrario, la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M pertenece a una esfera más próxima al PP y a las teorías de la conspiración del 11M defendidas desde la COPE y Libertad Digital. Comparativamente, la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo tiene 1.035 víctimas de los atentados entre sus socios, la AVT cuenta con unos 300 socios víctimas del 11-M, mientras que la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M asegura tener unos 500 afiliados .

En marzo del 2005 la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo anuncia que va a emprender acciones judiciales contra el juez de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo, al no permitir éste la personación como acusación particular a un importante número de afectados por el atentado. Manjón afirmó después que su asociación era la única que podía demostrar que todos sus miembros eran víctimas reconocidas por el Estado, porque su libro de socios fue auditado para poder personarse como parte en el juicio del atentado del 11-M.

La asociación presidida por Pilar Manjón insistió en la responsabilidad de José María Aznar y de su gobierno por haber implicado a España en la Guerra de Irak, siendo los atentados del 11 de marzo de 2004 consecuencia directa de este hecho.

En septiembre de 2006 recibió en Zaragoza el premio anual a la "Entidad asociativa" que celebra anualmente la Fundación Lola Soler.

Desde este mismo mes de septiembre de 2006 es miembro fundador, junto con otras 19 asociaciones de todo el mundo, de la Red Internacional por la Paz (International Network for Peace ). La INP es una red global de organizaciones compuestas por personas que han perdido a sus seres queridos o han sido afectados directos de guerras, armas nucleares, terrorismo, genocidio, crimen organizado y violencia política. Su misión consiste en trabajar conjuntamente para romper las espirales de violencia y venganza, el compromiso de honrar las memorias de las víctimas y la dignidad de los supervivientes y tiene como tarea transformar el dolor y la pérdida de los afectados por violencia política en acciones por la paz.

La Asociación 11-M Afectados del Terrorismo actuó como acusación popular, independiente de otras acusaciones, en el Juicio por los atentados del 11 de marzo de 2004 celebrado entre febrero y octubre de 2007 contra los 29 imputados por el atentado.

Desde su fundación la financiación pública de la asociación ha tenido un claro cariz político. Las distintas instancias de la administración le han dado o no subvenciones según el color del partido en el poder.

En marzo de 2006 la asociación denuncia la indiferencia que con ellos está teniendo la Comunidad de Madrid presidida por Esperanza Aguirre. Afirman que otras asociaciones, como la AVT o la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, sí han recibido subvenciones e incluso se las ha dotado de más y mejores medios mientras que a ellos se les ha ignorado por completo . La Comunidad Autónoma contesta diciendo que la Asociación de Pilar Manjón se ha visto favorecida por el Gobierno Central, beneficiándose del 71,4% de lo recaudado para las víctimas del 11-M, por el Organismo Nacional de Loterías entre sus trabajadores y administraciones asociadas (el resto fue a parar a la Fundación de Víctimas del Terrorismo, dependiente del Ministerio del Interior español) .

En diciembre de 2007, por cuarto año consecutivo, los presupuestos de la Comunidad de Madrid no incluyen subvenciones a la Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo , pese a residir casi todos sus miembros en dicha comunidad. Como en años anteriores, la Comunidad de Madrid indica que "la Administración regional da subvenciones a todas las asociaciones de víctimas que han presentado proyectos pero cuando no se presentan proyectos y no hay ningún otro tipo de petición es imposible financiarlos". La Comunidad recoge en su presupuesto "todos los proyectos que se han presentado, sin distinción de que vayan dirigidos a víctimas de los atentados del 11 de marzo o de ETA".

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Caso Bono

José Bono

La expresión caso Bono hace referencia a la detención de dos militantes del Partido Popular el 25 de enero de 2005 bajo la acusación de haber agredido al ministro de Defensa socialista, José Bono, durante una manifestación convocada por la Asociación Víctimas del Terrorismo el 22 de enero de 2005.

Varios medios de comunicación recogieron las declaraciones del ministro. Responsables políticos y de la AVT lamentaron los hechos.

Tres días después, dos militantes del Partido Popular fueron citados y detenidos como presuntos autores de la supuesta agresión al ser identificados por el periódico El País en una fotografía de la Agencia EFE en la que aparecían cerca de Bono, en la que aparecían en una actitud que podía ser interpretada como amenazante. Los nombres de los militantes del PP aparecieron en la edición del 25 de enero. Tras ser puestos en libertad, cuatro horas y media después de la detención, el PP emprendió acciones legales contra los policías.

En junio de 2005, el juez de instrucción número 42 de Madrid decidió archivar la causa por la presunta agresión que habría sufrido José Bono al no poder identificar al autor de "la agresión o intento de agresión". Mientras, proseguía la investigación de la denuncia del Partido Popular contra los policías. El juicio oral a los tres policías acusados de los delitos de "detención ilegal y falsedad" tuvo lugar en abril de 2006. En el juicio no fue llamado a declarar José Bono. El 8 de mayo de 2006, la Audiencia Provincial de Madrid hizo pública su sentencia. En ella, se consideraba que a pesar de los zarandeos y movimientos de la multitud y los gritos en contra de Bono, la disposición de los escoltas del ministro y sus acompañantes, en forma de cápsula de seguridad, había impedido cualquier agresión física en contra del ministro. Por ello condenó a los policías responsables a penas de entre tres y cinco años de prisión, además de 10 años de inhabilitación (con pérdida de empleo y sueldo), por detención ilegal, falsificación de documento público y coacciones. Sin embargo, dicha sentencia fue recurrida y anulada en su integridad por el Tribunal Supremo el 29 de junio de 2007. El ministerio público postuló que los dos militantes del PP fueron detenidos justificadamente porque se había producido un delito de atentado contra el entonces ministro de Defensa.

El Delegado del Gobierno en Madrid, Constantino Méndez, que había declarado al día siguiente de la manifestación que "pronto habría detenciones porque había suficientes indicios en la investigación policial" dimitió tras conocer la anulada sentencia en la que se estableció que la policía no contaba en realidad con esos indicios y que calificaba las detenciones como "de complacencia". Méndez declaró que la sentencia afirmaba que "no hubo instrucciones políticas" y que dimitía por "responsabilidad y en defensa de la profesionalidad de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado" De todos modos, afirmó que es una obligación para la policía ante unos hechos como los de aquel día abrir las diligencias que se estimen oportunas, identificar autores y recoger pruebas para ponerlas a disposición de la justicia y que hubiese sido una omisión del deber no hacerlo.

El Partido Popular pidió también la dimisión del entonces ministro del Interior, José Antonio Alonso, al interpretar que había mentido en su comparecencia en la comisión de Interior del Congreso de los Diputados el 3 de febrero de 2005 en relación al caso. El ministro afirmó por su parte que la sentencia había dejado claro que no hubo "ni la más mínima orden o implicación política" y por tanto que el Gobierno había "dicho siempre la verdad y que el PP ha mentido siempre, porque siempre ha sostenido que hubo detenciones políticas, y eso no es cierto".

A continuación, el Partido Popular solicitó la creación de una comisión de investigación en el Parlamento para averiguar "quién dio la orden y por qué" en lo que consideran las primeras detenciones políticas de la democracia. Sin embargo, el Congreso, al no apoyar ningún grupo la petición del PP, rechazó la creación de la comisión.

El 25 de mayo de 2005, tres testigos que afirmaban haber presenciado las agresiones, Cecilia Ulzurrun, militante del PSOE en Navarra, su marido, y Ramón Ibarrola, miembro al igual que Cecilia Ulzurrun de la plataforma "Libertad, ya" presentaron sendas denuncias contra los dos militantes del PP, declarándose sorprendidos por la sentencia condenatoria hacia los dos policías. Dolores Grande, militante de CDN y también presente en la manifestación, ha declarado que Ulzurrun no estaba cerca de Bono.

La sentencia fue recurrida ante el Tribunal Supremo por los defensores de los policías, la Abogacía del Estado y la Fiscalía de Madrid (que recurrió los delitos de detención ilegal y coacciones, no el de falsedad ), siendo todos los delitos anulados,por cuatro votos contra uno.

Los tres acusados ahora absueltos (dos inspectores de policía y un comisario) fueron apartados de los puestos operativos de la Policía tras la sentencia condenatoria de la Audiencia Provincial de Madrid, y solicitaron la baja del servicio activo por causas psicofísicas y también solicitaron la subsiguiente prejubilación, que fue concedida.

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Source : Wikipedia