11-M

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Publicado por roy 20/03/2009 @ 23:09

Tags : 11-m, justicia, sociedad

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Asociación 11-M Afectados del Terrorismo

La Asociación 11-M Afectados del Terrorismo es una asociación formada por víctimas o familiares de víctimas de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, aunque acepta también la figura del "asociado solidario", que no son víctimas directas del terrorismo. Su actual presidenta es Pilar Manjón, miembro del sindicato Comisiones Obreras (CCOO).

La asociación fue constituida en el 2004 por afectados (familiares y víctimas) de los atentados islamistas del 11 de marzo de 2004 en Madrid que quisieron integrarse en una asociación y también por algunos afectados que no estaban satisfechos con el asesoramiento y apoyo recibido hasta el momento, acogiendo a un importante número de familiares y víctimas. Otros prefirieron afiliarse a la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) o, posteriormente, a la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M.

La Asociación 11-M Afectados del Terrorismo ha recibido las críticas del PP y de sus medios afines, que la acusan de dejarse llevar por deseos de venganza contra Aznar y de obedecer a los dictados del PSOE. Por el contrario, la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M pertenece a una esfera más próxima al PP y a las teorías de la conspiración del 11M defendidas desde la COPE y Libertad Digital. Comparativamente, la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo tiene 1.035 víctimas de los atentados entre sus socios, la AVT cuenta con unos 300 socios víctimas del 11-M, mientras que la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M asegura tener unos 500 afiliados .

En marzo del 2005 la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo anuncia que va a emprender acciones judiciales contra el juez de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo, al no permitir éste la personación como acusación particular a un importante número de afectados por el atentado. Manjón afirmó después que su asociación era la única que podía demostrar que todos sus miembros eran víctimas reconocidas por el Estado, porque su libro de socios fue auditado para poder personarse como parte en el juicio del atentado del 11-M.

La asociación presidida por Pilar Manjón insistió en la responsabilidad de José María Aznar y de su gobierno por haber implicado a España en la Guerra de Irak, siendo los atentados del 11 de marzo de 2004 consecuencia directa de este hecho.

En septiembre de 2006 recibió en Zaragoza el premio anual a la "Entidad asociativa" que celebra anualmente la Fundación Lola Soler.

Desde este mismo mes de septiembre de 2006 es miembro fundador, junto con otras 19 asociaciones de todo el mundo, de la Red Internacional por la Paz (International Network for Peace ). La INP es una red global de organizaciones compuestas por personas que han perdido a sus seres queridos o han sido afectados directos de guerras, armas nucleares, terrorismo, genocidio, crimen organizado y violencia política. Su misión consiste en trabajar conjuntamente para romper las espirales de violencia y venganza, el compromiso de honrar las memorias de las víctimas y la dignidad de los supervivientes y tiene como tarea transformar el dolor y la pérdida de los afectados por violencia política en acciones por la paz.

La Asociación 11-M Afectados del Terrorismo actuó como acusación popular, independiente de otras acusaciones, en el Juicio por los atentados del 11 de marzo de 2004 celebrado entre febrero y octubre de 2007 contra los 29 imputados por el atentado.

Desde su fundación la financiación pública de la asociación ha tenido un claro cariz político. Las distintas instancias de la administración le han dado o no subvenciones según el color del partido en el poder.

En marzo de 2006 la asociación denuncia la indiferencia que con ellos está teniendo la Comunidad de Madrid presidida por Esperanza Aguirre. Afirman que otras asociaciones, como la AVT o la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, sí han recibido subvenciones e incluso se las ha dotado de más y mejores medios mientras que a ellos se les ha ignorado por completo . La Comunidad Autónoma contesta diciendo que la Asociación de Pilar Manjón se ha visto favorecida por el Gobierno Central, beneficiándose del 71,4% de lo recaudado para las víctimas del 11-M, por el Organismo Nacional de Loterías entre sus trabajadores y administraciones asociadas (el resto fue a parar a la Fundación de Víctimas del Terrorismo, dependiente del Ministerio del Interior español) .

En diciembre de 2007, por cuarto año consecutivo, los presupuestos de la Comunidad de Madrid no incluyen subvenciones a la Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo , pese a residir casi todos sus miembros en dicha comunidad. Como en años anteriores, la Comunidad de Madrid indica que "la Administración regional da subvenciones a todas las asociaciones de víctimas que han presentado proyectos pero cuando no se presentan proyectos y no hay ningún otro tipo de petición es imposible financiarlos". La Comunidad recoge en su presupuesto "todos los proyectos que se han presentado, sin distinción de que vayan dirigidos a víctimas de los atentados del 11 de marzo o de ETA".

Al principio



Monumento homenaje a las victimas del 11-M

Monumento a las víctimas de los atentados, ubicado en frente a la estación de Atocha

El Monumento homenaje a las víctimas del 11-M se trata de un monumento para homenajear a las víctimas y fallecidos de los ataques terroristas del 11-M en Madrid. El monumento fue inaugurado por SU Majestad Juan Carlos I y por la Reina Sofía el 11 de marzo de 2007, coincidiendo con el tercer aniversario de los atentados. A la inauguración también asistieron diversas personalidades como los Príncipes de Asturias; el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero; la presidente de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez. Durante la inauguración se guardaron 3 minutos de silencio por las víctimas. El acto finalizó con la pieza musical El cant dels ocells de Pau Casals, interpretada al violonchelo por Antonio Martín Acevedo.

El monumento se encuentra delante de la estación de tren de Atocha, donde sucedieron parte de los ataques. El monumento se encuentra dividido en dos partes, una exterior y otra interior en la estación. Por fuera, desde la plaza del Emperador Carlos V se puede ver una gran estructura de cristal. El monolito tiene una altura de 11 metros, y un diámetro de 9,5 metros. Desde el interior de la stación se accede a la parte inferior del monumento. Una gran sala azul recibe al visitante, que puede mirar hacia arriba cuando está debajo del monolito para visualizar mensajes en varios idiomas que se recogieron tras los atentados y que se han impreso en las paredes del monolito.

El proyecto del monumento fue desarrollado por el estudio de arquitectura FAM. Este estudio, que se creó en 2002, está situado en Madrid y tiene por objetivo la elaboración interdisciplinar de proyectos de arquitectura y urbanismo. El proyecto de FAM fue el ganador del concurso que se llevó a cabo para la elaboración del monumento. El concurso se falló el 30 de noviembre de 2004 y el proyecto de FAM venía firmado por 5 arquitectos: Esaú Acosta, Raquel Buj, Pedro Colón de carvajal, Mauro Gil-Fournier y Miguel Jeanicke. Además de la construcción de la idea ganadora, los miembros de FAM se distribuyeron un premio de 48.000 euros.

Al principio



Atentados del 11 de marzo de 2004

Estación de Atocha (Madrid) 01.jpg

Los atentados del 11 de marzo de 2004, también conocidos como 11-M, fueron una serie de ataques terroristas en cuatro trenes de la red de Cercanías de Madrid. La sentencia de la Audiencia Nacional atribuyó su autoría a miembros de células o grupos terroristas de tipo yihadista.

Se trata del mayor atentado cometido en España hasta la fecha, con 10 explosiones casi simultáneas en cuatro trenes a la hora punta de la mañana (entre las 07.36 y las 07.40). Más tarde, tras un intento de desactivación, la policía detonaría, de forma controlada, dos artefactos que no habían estallado, desactivando un tercero que permitiría, gracias a su contenido, iniciar las primeras pesquisas que conducirían a la identificación de los autores. Fallecieron 191 personas, y 1858 resultaron heridas.

Pocas semanas después, la policía localizó y rodeó a varios miembros del comando terrorista en Leganés. Al verse acorralados, sus miembros se suicidaron, haciendo estallar el piso en el que se habían atrincherado —siendo esto el primer atentado suicida de Europa—, precisamente cuando se percataron de que los GEO iniciaban el asalto. En esta acción murió un agente del grupo policial además de todos los miembros de la célula islamista allí presentes.

No fue el primer atentado de corte islamista perpetrado en España. Con anterioridad se produjo el Atentado islamista del restaurante "El Descanso" , en 1985 que dejó 18 muertos.

En la mañana del jueves 11 de marzo de 2004 se produjeron 10 explosiones provocadas por diez mochilas cargadas con alto explosivo. Los análisis científicos de los restos tras las explosiones dieron como resultado que se trataba de un explosivo del tipo de la dinamita. Las investigaciones posteriores, basadas tanto en la mochila que no estalló como en los restos hallados en el vehículo utilizado por los autores, determinaron que el explosivo utilizado por los islamistas fue Goma-2 ECO, del que se usa habitualmente en las canteras.

Como ya se ha indicado, las explosiones tuvieron lugar en hora punta, entre las 07.37 y las 07.39. En la Estación de Atocha (tren n° 21431) (3 bombas), según la cinta de vídeo del sistema de seguridad de dicha estación, a las 7:37:47 ya se había producido la primera explosión; a las 7:38:36 se produce la segunda, en el coche 5; y a las 7:38:40 se produce la tercera, en el coche 4; en total se produjeron tres explosiones de dichas características.

Los artefactos estaban situados en los coches 1, 4, 5 y 6 (sobre el artefacto localizado en el primer coche del convoy, cabecera de tren, y que no estalló inicialmente, se realizaron maniobras para su desactivación por los equipos T.E.D.A.X. del Cuerpo Nacional de Policía, explosionando a las 9:59:18 (según la cinta de vídeo del sistema de seguridad); con posterioridad, a las 10:57:27 se procede, por los equipos T.E.D.A.X del C.N.P, a realizar maniobras de desactivación sobre lo que consideraron un artefacto explosivo (que no resultó tal), en el segundo coche de la composición.

En la estación de El Pozo del Tío Raimundo hicieron explosión 2 bombas; en la estación de Santa Eugenia, una; y en un cuarto tren, junto a la calle Téllez, en las vías que se encaminan a la estación de Atocha desde el sur, otras cuatro bombas. Las fuerzas de seguridad encontraron, en el interior de los mismos trenes, otros dos artefactos que habían fallado. Ambos fueron detonados por motivos de seguridad.

También se encontró una tercera bomba en la estación de El Pozo del Tío Raimundo, que, tras realizar, inadvertida, un periplo entre el IFEMA y varias comisarías de policía, pudo ser examinada. Contenía 500 gramos de explosivo plástico Goma-2 ECO, metralla, un detonador y un teléfono móvil que hacía de temporizador, manipulado para que la alarma activase el detonador. Los indicios hallados en esa mochila permitieron establecer las primeras hipótesis firmes, y desencadenaron la persecución policial sobre los supuestos autores.

El número oficial de muertos, a 23 de marzo de 2004, es de 191 (de ellos, 177 en el acto o durante los primeros minutos tras el atentado), y el recuento definitivo de heridos fue de 1.857 personas lesionadas, con lo que este atentado supone el segundo atentado más letal por el número de víctimas mortales, y el primero atendiendo al número de heridos, que había sufrido Europa hasta la fecha en tiempos de paz (tras el derribo de un avión de la Pan Am en Lockerbie, el 21 de diciembre de 1988). El número de 202 fallecidos que se proporcionó en un principio fue reduciéndose debido a una mejor identificación de algunos restos.

Los heridos fueron trasladados a diversos hospitales de Madrid. El número de afectados fue tan grande que fue preciso instalar un hospital de campaña en las instalaciones deportivas Daoíz y Velarde, próximas a la calle Téllez, para proporcionar las primeras ayudas y planificar la evacuación a instalaciones hospitalarias.

El número final de muertos sería de 191 (más dos fetos de tres y ocho meses de gestación), puesto que un niño, muerto el 10 de mayo, a las 48 horas de nacer, debido a las heridas sufridas por su madre en el atentado, se contabilizó también como víctima del atentado.

Estos atentados fueron cometidos tres días antes de las elecciones generales. Durante las primeras horas todos los medios de comunicación españoles y todos los partidos políticos atribuyeron el atentado a la banda terrorista ETA.

En las jornadas previas al atentado, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se encontraban en situación de máxima alerta, a la espera de un atentado de la organización terrorista ETA coincidiendo con la campaña electoral, debido a que esta práctica ya había sido utilizada con anterioridad por el grupo. De hecho, las operaciones policiales recientes reafirmaban ese temor, ya que en diciembre se había detenido un intento de ETA de explosionar 50 kg de Titadine en dos maletas colocadas en trenes con destino a Madrid.

En un primer momento todos los partidos políticos y medios de comunicación españoles atribuyeron la autoría de los atentados a ETA excepto HB (brazo político de ETA), que mediante comunicado de su dirigente Arnaldo Otegi, a las 12 del mediodía, negó la participación de ETA en los mismos. Ni el Gobierno, ni los partidos políticos, ni los medios de comunicación dieron crédito a ese comunicado. A las 12.30, el ministro del Interior atribuye a ETA la autoría de los atentados, añadiendo: "Me parece absolutamente intolerable cualquier tipo de intoxicación que vaya dirigida, por parte de miserables, a desviar el objetivo y los responsables de esta tragedia, de este drama". Inmediatamente después, a las 13:42 el líder de la oposición, José Luis Rodríguez Zapatero, condena los atentados sin entrar en su autoría: "Les quiero transmitir mi firmeza y determinación para acabar con el terrorismo". El presidente del Gobierno José María Aznar, a las 14.40, atribuye a ETA la autoría de los mismos sin citarla explícitamente: "Todos sabemos que este asesinato masivo no es la primera vez que se intenta. Lograremos acabar con la banda terrorista". A las 17.04 Gaspar Llamazares realiza unas declaraciones en las que dice "la democracia acabará con los bárbaros, con los nazis de ETA".

Alrededor de las 10.30 de ese mismo día la policía fue alertada de que una furgoneta había sido abandonada a las 7.00 por unos individuos que portaban mochilas y habían accedido a la estación de cercanías de Alcalá de Henares. Sobre ella se realizó una inspección ocular y un rastreo de explosivos con perros sin resultados. Tras su precinto hacia las 14.15, la furgoneta fue llevada hasta el complejo policial de Canillas, donde llegó en torno a las 15.30 horas. En el transcurso de una nueva inspección, se detectaría una cinta de audio con caracteres en árabe en su carátula, 7 detonadores y un extremo de un cartucho de dinamita plástica envueltos debajo de uno de los asientos. Aproximadamente a las 17.00 los expertos determinan que los detonadores de cobre y producción española son distintos a los utilizados habitualmente por ETA. La cinta, grabada en árabe, fue remitida para su traducción a las 18.00, comprobándose posteriormente que su contenido eran versículos del Corán.

Según el periódico El País, Ana Palacios aquella tarde, pidió encarecidamente a sus homólogos del Consejo que apoyaran la que era entonces única hipótesis barajada por Madrid.

El día 16 de marzo, Inocencio Arias, embajador de España en la ONU, después de que los miembros del Consejo se sintieran muy incómodos, envió una carta al Consejo de Seguridad explicando que España, en el momento de aprobarse la resolución tenía la firme convicción de que la banda terrorista ETA estaba detrás de los terribles sucesos del 11 de marzo en función de los antecedentes inmediatos, de la información de la que en ese momento disponía y del análisis que de la misma hacían los expertos. Añadiendo que "se descubrieron nuevos elementos que han aconsejado abrir otras líneas de investigación, que apuntan a la intervención en los atentados de ciudadanos de otros países”.

Una carta del 16 de marzo del Círculo de Corresponsales Extranjeros expresaba su malestar con la actuación de la dirección general de comunicación del área internacional del Ministerio de la Presidencia debido a que algunos corresponsales acreditados en La Moncloa y miembros del Círculo, recibieron a lo largo de la tarde del 11 de marzo una llamada desde su dirección general con el explícito llamamiento de apuntar en nuestras crónicas y difusiones que ETA fue el autor de los atentados de Madrid.

Kofi Annan (Secretario General de la ONU), Romano Prodi (presidente de la Comisión Europea), Jacques Chirac (presidente de Francia), George Bush (presidente de EEUU), Jack Straw (ministro del Interior británico), entre otros, condenaron los atentados terroristas sin mencionar su posible autoría. El Rey don Juan Carlos a las 20:30, en declaración pública, condenó los atentados sin nombrar explícitamente a ETA.

A las 21.30 el periódico 'Al Quds Al Arabi' Al-Quds en su sede en Londres recibe una carta que afirma que las Brigadas de Abu Hafs Al Masri, en nombre de Al Qaeda, la red terrorista de Osama bin Laden, está detrás de los atentados perpetrados en Madrid.

Rodrigo Rato, ante la posibilidad de que el atentado no hubiera sido cometido por ETA manifestó que "Contra el terrorismo. El terrorismo es todo igual", mientras que Eduardo Zaplana insistiría en que la policía "sigue convencida" de que la autora de la masacre es ETA y "mantiene la hipótesis de ETA", pero reconociendo que tras la aparición de la cinta y la supuesta carta enviada por Al Qaeda a un diario árabe de Londres, se abrían nuevas vías de investigación.

La Cadena SER, a las 22h, informa que tres fuentes distintas de la lucha antiterrorista han confirmado a la Cadena SER que en el primer vagón del tren que explotó antes de llegar a Atocha, iba un terrorista suicida. Interior no lo confirma. Esta noticia resulto ser falsa.

Ese viernes, todos los medios de comunicación españoles anunciaban nuevos indicios que apuntaban a la autoría de grupos islamistas. Los medios de comunicación extranjeros (por ejemplo: The New York Times, Le Monde, Le Figaro, Correo della Sera, Financial Times, The Washington Post. ) también se hacían eco de estas hipótesis, poniendo en duda la posible autoría de ETA, y ya algunos apuntaban directamente a la posible implicación de Al Qaeda. En el editorial de El Mundo podía leerse: "Si se demostrara que ha sido Al Qaeda, el ministro del Interior habría cometido un grave error al precipitarse y dar por sentado que ETA era culpable de la acción". Y en un artículo de El País: "La eventualidad de que los atentados sean obra de grupos fundamentalistas islámicos ligados a Al Qaeda flotó ayer como un fantasma en todos los comentarios de los círculos políticos y periodísticos. El gobierno fue rotundo en sus desmentidos, aunque ni el Rey ni el Presidente del Gobierno citaron a ETA en sus primeras alocuciones al país. Si se confirmara que hay elementos del radicalismo islámico ligados a los hechos, sería lícito sospechar que se ha manipulado la información desde instancias oficiales".

El Lendakari vasco, Juan José Ibarretxe, esa mañana declararía: "Ayer el gobierno español atribuyó a ETA, sin ningún género de dudas, la autoría de los atentados y, de buena fe, hicimos las correspondientes declaraciones… A lo largo del día vino después la confusión". A las 11.00 de la mañana Aznar dijo que el Ejecutivo no descarta "ninguna línea de investigación" -ETA o terroristas islámicos-. Comenta que un gobierno con dos dedos de frente, después de 30 años de terrorismo, ante un atentado como el de ayer tiene que pensar lógicamente, razonablemente, que tiene que ser esa banda la autora aunque se negó a pronunciarse sobre si la vía de investigación de ETA tenía mayor fuerza que la del terrorismo islámico. Rodríguez Zapatero, preguntado sobre la autoría de los atentados respondería: "Creo que la inmensa mayoría de la sociedad lo que está es con las víctimas, con las familias y en contra de cualquier tipo de terrorismo".

Esa misma mañana, siguieron difundiéndose nuevos indicios sobre la posible autoría. La Cadena SER, a las 13.10, informa de la desactivación, en la madrugada, de un artefacto explosivo contenido en una mochila recuperada de la estación de El Pozo. Anuncia además que ni el detonador ni el explosivo son de los habitualmente empleados por ETA, tampoco el dispositivo, accionado por un teléfono móvil, y que según fuentes de la investigación, ésta se centra prioritariamente en grupos terroristas islámicos. El ministerio del Interior sólo confirma la aparición de la mochila sin ofrecer datos sobre el detonador y el explosivo.

A las 18.30 ETA, a través comunicante anónimo, llama telefónicamente al diario Gara y a Euskal Telebista (ETB), la televisión pública vasca, asegurando que la organización terrorista "no tiene ninguna responsabilidad" en el 11-M.

En la tarde de ese mismo viernes, crecen las críticas sobre la gestión informativa del Gobierno. Felipe González, ex presidente del Gobierno, comentaría: "En estos casos, el Gobierno, después de las víctimas y los familiares, es el que más sufre. Uno tiene la tendencia a creer, y yo la tengo, que el Gobierno está trasmitiendo lo que está sucediendo... El problema es que los indicios que van apareciendo cada día, cada momento, cada minuto son más serios de que pudiera ser una organización islamista terrorista... Al Gobierno hay que pedirle transparencia y prudencia. Oigo información en la radio, de la que están dando ustedes, que obviamente, el Gobierno la tiene que tener". Respondiendo a una pregunta diría: "La hipótesis de trabajo en la gente que es muy experta en esto, es casi seguro que ya está establecida". Terminando: "Lo terrible sería que dentro de cuatro días en una o en otra dirección supiéramos lo que de todas maneras tarde o temprano se va a saber y que no fuera lo que nos han inducido a creer. Espero que eso no ocurra de ninguna manera". Rosa Aguilar de IU, también comentaría: "Lo que está pasando, es que la información que se está dando, la conocemos por los medios de comunicación. Información que el Gobierno conoce. El Gobierno va detrás, informando al pueblo por detrás de los medios de comunicación".

A las 18.14 se inicia una nueva rueda de prensa del Ministro del Interior. En ella anuncia que "durante la noche ha aparecido una bolsa de deportes que contenía un explosivo, en concreto dinamita. La dinamita es Goma-2, es Goma-2 ECO, es una modalidad más reciente que la dinamita Goma-2. Esta dinamita estaba reforzada con metralla para multiplicar el efecto y también tenía detonador y un teléfono para actuar como temporizador." También hace referencia a que se está analizando el modus operandi del atentando en relación con otros precedentes, citando explícitamente los atentados de ETA en la Nochevieja del 2002, en la Nochebuena del 2003 y el frustrado atentado en Baqueira.

Ese viernes por la tarde, en las manifestaciones convocadas como repulsa a los atentados, pudieron verse numerosas pancartas contra ETA junto a algunas que hacían alusión a Al Qaeda.

Posteriormente se sabría que ese sábado, a las 13h del mediodía, José Manuel García Varela, jefe de información de la Guardia Civil se reunió con el ministro Acebes y el secretario de Estado de Seguridad para informarles de las detenciones que estaban a punto de producirse.

Asimismo, el ministro asegura no descartar una eventual colaboración entre distintas organizaciones terroristas.

Minutos más tarde, la Cadena SER informaba que, según fuentes del CNI, la línea de investigación se centraba en un 99% en grupos islamistas radicales. El director del CNI difundiría más tarde una nota en la que desmentía tal información.

A las 14.01 la Agencia EFE distribuye un teletipo titulado: "Las pistas apuntan a ETA y descartan a Al Qaeda".

Hacia las 6 de la tarde de ese día 13 (jornada de reflexión previa a las elecciones generales) miles de manifestantes se concentran, convocados mediante SMS y desde foros de internet, ante las sedes del PP, acusando al gobierno de mentir y retrasar deliberadamente información relativa a la responsabilidad de la masacre.

A las 7.45, la Cadena SER adelantaba la detención de tres marroquíes y dos indios en relación con los atentados. Sus detenciones se habían producido hacia las 15.30 (sólo una hora después de la comparecencia de Ángel Acebes). A las 8.15, el ministro del Interior comparecería nuevamente ante la opinión pública dando cuenta de estas detenciones, informando de que se trataba de tres marroquíes y dos españoles de origen indio. A preguntas de los periodistas señalaría que "la Policía va a seguir trabajando todas las vías, aunque los arrestos abren una importante vía de investigación". El País informó al día siguiente, que aquella misma tarde del sábado, Rodríguez Zapatero llamó al ministro Acebes diciéndole que sabía desde hacía horas que la autoría era del terrorismo islámico.

Igualmente, durante las sesiones del juicio oral celebradas entre febrero y julio de 2007, diversos mandos policiales testificarían señalando que el Ministerio de Interior supo hacia las 18.00 horas del jueves 11 que el explosivo empleado no era Titadine y que ni el día 11 ni el 12 la investigación aportó "datos objetivos que apuntaran a ETA".

A las 19.40, Telemadrid informa al 091 de una llamada telefónica anónima en la que se comunica el depósito de una cinta de vídeo reivindicativa del atentado en un punto concreto de Madrid.

Las declaraciones de los ministros Zaplana y Acebes provocaron la reacción de la mayoría de los partidos políticos del arco parlamentario excepto el PP. Sospechaban que el gobierno retenía información y en casos lo acusaban de manipular esa información en beneficio del PP. El portavoz del PSOE, Rubalcaba, dijo que los españoles se merecían un gobierno que no les mienta, que les dijera la verdad, IU acusó al gobierno de dar un golpe de estado informativo al empecinarse en que ETA era la autora de los atentados. Román Rodríguez, de Coalición Canaria dijo tener la impresión de que el PP utiliza el atentado terrorista de forma partidista”. Otros partidos planteaban acusaciones parecidas. El PSC formuló una acusación directa diciendo que el gobierno del PP "ha intentado dirigir todas las sospechas en una sola dirección" con la finalidad de "favorecer" sus posiciones políticas en materia antiterrorista y de "evitar que nadie pudiera relacionar este atentado con la participación de España en la guerra y la ocupación ilegal de Irak", también pidió la dimisión del ministro del Interior.

A las 00.45, el Ministro del Interior informa de que un supuesto "portavoz militar" de Al Qaeda en Europa, había asumido la responsabilidad de los atentados terroristas cometidos el jueves en una cinta de vídeo localizada tras la llamada telefónica a Telemadrid.

Esa noche, las televisiones públicas (nacional y autonómicas), emitieron vídeos de víctimas de ETA y documentales sobre el terrorismo de este grupo en varias ocasiones.

Si bien en un primer momento se priorizó la hipótesis de la posible autoría de ETA, a las pocas horas se abrirían distintas líneas de investigación alternativas. A partir del hallazgo de la primera prueba, la furgoneta abandonada en Alcalá, los sucesivos indicios y datos objetivos que irían apareciendo descartarían la posible autoría etarra mientras se iba paulatinamente confirmado la hipótesis islamista, quedando ésta consolidad con las primeras detenciones la tarde del sábado 13, incluida la de Jamal Zougam, ya investigado en el marco de otro sumario por terrorismo yihadista.

El mismo día de los atentados la telefonía fija y móvil registraron incrementos del 725% entre las nueve y las diez de la mañana, quedando las redes colapsadas. También el tráfico por Internet registró un fuerte aumento, colapsándose numerosos servidores a pesar de que Telefónica reforzase las conexiones de banda ancha de las grandes empresas.

Internet mostró agilidad durante esos días. Los diarios digitales incrementaron su número de páginas dando información sobre los atentados; numerosos sitios web, incluidos estos diarios, mostraron banner contrarios al terrorismo y de solidaridad con las víctimas y desde diversas páginas se pudieron descargar consignas y gráficos de lazos para posibilitar su impresión.

En los días siguientes no pudo detectarse un aumento de SMSs ya que como media se superaban los 25 millones de mensajes diarios, pero no se descartó que el contenido de los mismos variara, centrándose los mismos en el tema de los atentados. En Internet sí se observó un significativo aumento del tráfico, batiéndose record en la consulta a los medios de comunicación digitales.

El sábado, el móvil fue la herramienta fundamental para convocar las manifestaciones frente a las sedes del PP en distintas ciudades españolas con el fin de protestar por la falta de transparencia informativa en torno a la autoría del 11-M. Aunque desde sitios en Internet se informaba de las movilizaciones, teniendo como efecto el aumentar esas movilizaciones, éstas no se explican sin las cadenas de mensajes entre amigos llamando a manifestarse y terminado todos ellos con un “pásalo”.

El día de las elecciones Internet siguió siendo el medio escogido por numerosos internautas para informarse de las diferentes encuestas y sondeos que fueron realizándose. El recuento fue ejemplar, rapidísimo y la web del Ministerio funcionó a la perfección convirtiéndose en el auténtico centro informativo de la noche antes de la confirmación definitiva del resultado. De nuevo las tecnologías ocupaban un espacio en la vida política como nunca lo habían hecho.

La lista que el ministerio del Interior colgó en la Red con los nombres de las víctimas, el 17 de marzo ya había recibido más de cuatro millones de visitas.

El Parlamento Europeo declaró el día 11 de marzo "día de las víctimas del terrorismo".

Estados Unidos ofreció su apoyo en la lucha antiterrorista para localizar a los responsables. Israel ofrece a expertos para el reconocimiento de los cadáveres y el análisis de ADN.

En Francia, todas las banderas nacionales ondean a media asta durante los tres días de luto en España. La bandera de la Unión Europea también ondeó ese día a media asta.

La mayor parte de las bolsas europeas cayeron el 11 de marzo entre un 2 y un 3% como consecuencia de los ataques de Madrid. El índice Dow Jones cayó un 1,6%. Las acciones de empresas relacionadas con la aviación y el turismo fueron las más afectadas.

Polonia y Portugal declararon el 12 de marzo día de luto nacional.

Personalidades como Romano Prodi, Silvio Berlusconi, Jean-Pierre Raffarin y Joschka Fischer viajaron el 12 de marzo hacia Madrid para participar a las multitudinarias protestas silenciosas de las 7 de la tarde.

En una entrevista televisada, el 13 de marzo, Fidel Castro acusó al gobierno español de engañar a sus ciudadanos sobre los ataques para conseguir créditos electorales; y afirmó que José María Aznar había sabido que un grupo islámico estaba detrás de los atentados, pero que había preferido acusar a ETA.

En Rumanía, todas las banderas nacionales ondearon a media asta y el gobierno declaró el 14 de marzo día de luto nacional solidarizando con las víctimas españolas y rumanas (9 muertos, 8 desaparecidos y 24 de los 76 heridos todavía hospitalizados).

El día 12 de marzo, la Guardia Real británica hizo sonar los acordes del Himno de España como homenaje y solidaridad con el pueblo español. Un año después, con motivo de los atentados de Londres el 7 de julio, la Guardia Real española tocó el God Save the Queen, devolviendo así el gesto británico y homenajeando a su pueblo.

Se sucedieron concentraciones silenciosas en rechazo por el atentado en las universidades españolas.

En toda España tuvieron lugar manifestaciones espontáneas, sobre todo contra ETA, en cuanto se dio a conocer la noticia del atentado, antes de la manifestación convocada por el Gobierno para el día siguiente a las 19.00.

La tarde del 11 de marzo el compositor luxemburgués Pierre Even escribió un "Agnus Dei, para las víctimas del 11 de marzo de 2004 en Madrid" para voz aguda y órgano.

Esta manifestación, convocada por el gobierno, fue probablemente la protesta más multitudinaria de la historia de España junto con la realizada tras el intento de golpe de Estado del 23-F, la manifestación de repulsa tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco o las manifestaciones contra la guerra de Iraq. Durante la manifestación del viernes 12 ya se hicieron sentir muchas de las divergencias.

El 12 de marzo, tuvieron lugar concentraciones contra el terrorismo a las 12.00. La mayor parte de los comercios cerraron a las 18.30, y colgaron banderas de España con un lazo negro o carteles para expresar solidaridad hacia las víctimas.

A las 19.00, 2,3 millones de personas se manifestaron en Madrid (población de 4 millones) bajo una lluvia intensa, gritando "todos íbamos en ese tren", "no estamos todos: faltan 200", "España unida jamás será vencida", "ETA no!", "Al-Qaeda no!" o "Asesinos, asesinos". En un principio la manifestación iba a tener lugar entre la plaza de Colón y Atocha, de hecho se llenaron también las calles adyacentes. De forma poética, se decía que no llovía en Madrid, sino que Madrid lloraba. El Príncipe Felipe y las Infantas Elena y Cristina de Borbón se unieron a la manifestación, siendo ésta la primera vez en la historia que un miembro de la familia real española lo hace. El cardenal Rouco Varela, Arzobispo de Madrid, también se manifestó por primera vez. También estuvieron allí el Presidente del Gobierno José María Aznar, el Presidente de la Comisión Europea Romano Prodi, el Primer Ministro italiano Silvio Berlusconi, el Primer Ministro portugués José Manuel Durão Barroso y el Primer Ministro francés Jean-Pierre Raffarin, así como los ministros de Exteriores alemán, sueco y marroquí.

Nueve millones de personas se manifestaron en otras ciudades españolas, con lo que en total fueron 11,4 millones los manifestantes en toda España. En Barcelona se manifestaron 1,5 millones, con el lema Avui jo també sóc madrileny (Hoy también soy madrileño). Es especialmente significativo que en varias ciudades, el número de manifestantes superó la población normal de las mismas, como ocurrió en Cádiz (140.000 habitantes; 350.000 manifestantes).

El lema de la manifestación fue "Con las víctimas, con la Constitución, por la derrota del terrorismo". La parte de "con la Constitución" fue muy protestada por la oposición, ya que, dados los debates políticos que hubo en España en meses anteriores, se podía intuir una condena implícita a ETA más que al terrorismo en general y un apoyo al Gobierno del PP, que había rechazado reformar la Constitución mientras que otros partidos habían propuesto diversas reformas.

Muchas pancartas condenaron expresamente a ETA y algunas, también, a dirigentes de partidos nacionalistas. Otras, sin embargo, condenaban el terrorismo y apoyaban la paz, o condenaban la violencia en general. Debido a la percepción de algunos de que el gobierno manipulaba la información para defender la hipótesis de que el atentado había sido provocado por ETA, hubo también pancartas de protesta contra el Partido Popular y contra la guerra en Iraq. Algunas pancartas expresaron un rechazo contra el lema oficial: "Barcelona con Madrid, Barcelona por la paz, la Constitución es otro tema" o "¿Qué pinta la Constitución aquí?".

A sólo dos días de las elecciones y con sospechas de que se había manipulado información, numerosos manifestantes exigían saber quién había sido el autor del atentado antes de votar. A gritos de "¿Quién ha sido?" o "¡El PP miente, queremos la verdad!" los manifestantes mostraron su indignación ante la supuesta ocultación de datos por parte del gobierno de José María Aznar.

También se produjeron manifestaciones en otras ciudades de Europa y América.

Ese sábado ya existían indicios, adelantados en algún caso por los medios de comunicación, que apuntaban cada vez con más fuerza a la autoría islámica; no obstante, el gobierno insistía en no descartar a ETA como la principal vía de investigación. También, diversos medios de comunicación extranjeros dan a la hipótesis del terrorismo islámico mayor relevancia que a la hipótesis de ETA. La mayoría de la población sabía ya que podía tratarse de un atentado de terroristas integristas islámicos. Partidos políticos de la oposición dudaban de la gestión informativa del Gobierno, miembros destacados del PSOE declaraban su temor a que el gobierno intentara aplazar la comunicación de esa conclusión inevitable hasta el lunes a fin de protegerse de la repercusión en los votantes, y se publica la declaración de Izquierda Unida, según la cual, el Gobierno, estaría manipulando la información para evitar que se le relacionara con la guerra de Irak.

El diario Mundo publica una entrevista en profundidad con el candidato del PP, Mariano Rajoy, en la que éste, dice tener la "convicción moral "de que ha sido ETA la autora de los atentados.

Posteriormente se sabría que a las 13h del mediodía, José Manuel García Varela, jefe de información de la Guardia Civil se reunió con el ministro Acebes y el secretario de Estado de Seguridad para informarles de las detenciones que estaban a punto de producirse.

A las 13:45 se produce el asesinato de Ángel Berrueta en Pamplona por parte de un policía nacional, que estaba fuera de servicio, y su hijo, tras una discusión política de la mujer del policía, en que había intentado forzarle a poner un cartel contra ETA en su panadería. Esto produjo incidentes en Pamplona y en otras ciudades vascas.

Al mediodía, el portavoz del Gobierno, Eduardo Zaplana, insiste en que ETA es la principal línea de investigación. La SER y los medios del grupo PRISA, contradiciendo al portavoz del gobierno, informa que según el CNI (Centro Nacional de Inteligencia) la investigación se centra un 99% en grupos islámicos radicales. Y posteriormente, con los cinco detenidos ya en la comisaría de Canillas, el director del CNI desmiente a La SER asegurando que la principal vía de investigación sigue siendo ETA.

En este ambiente de confusión, se inician cadenas de SMS y llamamientos desde foros de Internet para concentrase ante las sedes de PP.

A las 18.00 de la tarde comienzan a concentrarse miles de personas frente a las sedes de PP. Los eslóganes que se corearon fueron, mayoritariamente, del tipo: “¡Qué nos digan la Verdad!”, “¡Mentirosos!”, “¡Antes de votar, queremos saber!”, “¡Aznar, tú lo sabes!”, pero también se pudieron escuchar otros que relacionaban al gobierno Aznar con la guerra de Irak.

La SER, a las 18.30, informa: “La noticia está en la calle Génova de Madrid frente a la sede del PP donde cientos de personas se están manifestando de forma espontánea. Son 3.000 o 4.000 personas…”. CNN+ y TV3 emitieron imágenes de las concentraciones.

Mariano Rajoy, candidato del PP a la presidencia, calificó las manifestaciones de "hechos gravemente antidemocráticos que tienen por objetivo influir y coaccionar la voluntad del electorado en el día de reflexión". El Partido Popular lo denunció ante la Junta Electoral Central, ya que el día antes de las elecciones es día de reflexión, y por tanto, no se permite ningún pronunciamiento partidista por parte de los políticos ni manifestaciones o anuncios que pidan el voto. La Junta Central Electoral (JCE) declaró ilegales esas manifestaciones el día posterior, pasando las actuaciones a la Fiscalía del Estado sin que ésta llegara a actuar contra nadie.

Inmediatamente después de las declaraciones de Mariano Rajoy, compareció ante la opinión pública el entonces portavoz del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, manifestando: “Los ciudadanos españoles se merecen un gobierno que no les mienta, que les diga siempre la Verdad.” Así como: "Dirigirnos, de forma especial, a los ciudadanos para que mantengan la serenidad que han venido mostrando estos últimos días".

Las concentraciones se produjeron, también, en otras ciudades; en el caso de Madrid, los manifestantes se desplazaron, posteriormente, a la Puerta del Sol y Atocha. En Barcelona, una marcha de 150 personas, que empezó a las 19.40 en la rambla de Canaletas, creció en número hasta 3.000 personas antes de convertirse en manifestación en la Plaza de Sant Jaume. Miles de manifestantes se concentraron ante la sede del PP de esa misma ciudad. Existieron manifestaciones similares en otras ciudades como Santiago de Compostela, Sevilla o Valencia. Esa noche se produjeron caceroladas en varias ciudades y, en casos, estuvieron acompañadas por el claxon de los coches. Avanzada la noche los manifestantes se fueron disolviendo sin que puedan reseñarse actos de violencia.

Radiotelevisión Española, la televisión pública, mantuvo en su programación a Cine de Barrio para posteriormente proseguir, ya en horario de máxima audiencia, con la emisión de la película "Asesinato en febrero", que trata sobre el asesinato por ETA del diputado autonómico vasco Fernando Buesa y de su escolta.

Al día siguiente, el domingo 14, día de las elecciones, la prensa se hizo eco de estas manifestaciones. El diario ABC salía a la calle con el titular: “El Gobierno y el PP acusan al PSOE de alentar el acoso a sus sedes en toda España”, El diario El Mundo, en su editorial, acusa al grupo PRISA (editor de El País y propietario de la Cadena SER y CNN) de estimular a los manifestantes, y El País, también en su editorial, manifiesta: “Carece de justificación, y supone ir en la peor de las direcciones, acusar al gobierno de los atentados, como gritaban ayer algunas de las personas que se manifestaron irresponsable e indebidamente, en la jornada de reflexión, ante la sede central del PP".

Se celebran las elecciones generales. Desde diversos medios de comunicación se anima a los ciudadanos a votar en las urnas para que "los terroristas no coarten la democracia".

Entre los incidentes de la jornada, destacan las críticas que se dirigieron a Aznar por parte de detractores cuando acudió a votar a su colegio electoral junto a su esposa, Ana Botella, y que le responsabilizaban de los atentados. Ésta no pudo evitar las lágrimas. En el mismo momento también se escucharon vítores de partidarios del entonces presidente del Gobierno.

El escrutinio otorgó la victoria al PSOE en unas elecciones marcadas por la mayor participación en número de votantes de España (unos 25 millones), aunque en porcentaje no fue el mayor (rozó el 78%). Otro efecto importante en estas elecciones fue la polarización del voto, acumulando los dos grandes partidos, PSOE (10.909.687) y PP (9.630.512) el 82% de todos los votos emitidos.

Tras los atentados, se creó la Oficina de Atención a las Víctimas. Un año después, ésta había indemnizado a 851 víctimas por un total de 44.219 millones de euros. También concedió 449 tarjetas de residencia a víctimas y 451 a sus familiares, de los 2.590 que las solicitaron.

Por su parte, la Comisaría General de Extranjería y Documentación recogió hasta el 1 de mayo de 2004, 1.209 solicitudes de nacionalidad, que remitió a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

La mayoría de familiares y víctimas de dichos atentados se unió a la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo que presidiría Pilar Manjón. Meses más tarde se fundó la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M presidida por Ángeles Domínguez a la que se unieron algunas víctimas afines a la de Francisco José Alcaraz quien presidía la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) asociación a la cual también acudieron unos pocos afectados. La asociación de Manjón insistió en la responsabilidad de José María Aznar y de su gobierno, por haber implicado a España en la Guerra de Iraq .

Zapatero nombró a Gregorio Peces-Barba (ex Presidente del Congreso de los Diputados, rector de la Universidad Carlos III y militante del PSOE) como Alto Comisionado de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo.

Mientras en democracias más antiguas como Estados Unidos y Gran Bretaña, atentados similares (11-S y 7-J, respectivamente) no produjeron apenas fractura social, sino que unieron a la sociedad civil en torno a sus instituciones, en España tuvo lugar el cenit de la tensión social y política que se había ido incrementando durante la segunda legislatura de Aznar (Véase VII Legislatura de España).

Este fenómeno, denominado "agrupamiento tras la bandera", no se produjo en el caso español, debido entre otros factores, y según los expertos en terrorismo, a la mala gestión de la crisis llevada a cabo por el entonces presidente José Mª Aznar (mala gestión demostrada también en otras emergencias a que tuvo que hacer frente, como el accidente del Prestige o del Yakolev 42).

Tras los atentados se rompió de facto el Pacto Antiterrorista que el PP y el PSOE habían firmado, pues éste prohibía expresamente el uso electoralista de los atentados. El PSOE acusó entonces al PP de mentir y manipular, mientras que el PP lo acusaría a su vez de instigar y participar en las manifestaciones contra las sedes y miembros del PP.

En lo que sí parece coincidir todos los análisis es que los atentados actuaron como revulsivo entre muchos de los indecisos y entre ciudadanos tradicionalmente abstencionistas, aunque más cercanos a la izquierda, que ese día acudieron masivamente a las urnas incrementando la participación por encima de toda previsión, provocando la victoria clara del PSOE.

La veracidad de una u otra hipótesis resulta imposible de probar dado que no existe manera de saber cuales hubiesen sido exactamente los resultados de no haberse producido los atentados. Lo cierto es que en los últimos sondeos previos presentados el sábado anterior daban una victoria justa para el PP con pérdida de mayoría absoluta pero asimismo arrojaban otra duda ya que se apreciaba de nuevo un cierto crecimiento en el voto al PSOE. Resulta imposible de medir en qué medida se disparó esa tendencia a partir del jueves ya que la última semana antes de las elecciones España tiene prohibida por ley la realización de sondeos electorales.

Sin embargo es sabido que todos los atentados terroristas cometidos a lo largo de la historia tienen una componente de arma política.

El asesinato del archiduque Francisco Fernando (1914), heredero del imperio Austro-Húngaro por el grupo terrorista serbio la mano negra, el de Carrero Blanco (1973) por ETA, los atentados de ETA en las proximidades de elecciones territoriales (1998) o nacionales (2000) o los atentados en Iraq en la jornada de elecciones (2005) son algunos de los ejemplos más claros en los que los terroristas buscaban efectos políticos. En ciertas ocasiones los consiguieron y en otras consiguieron justo el efecto contrario al buscado.

En el caso del 11-M el atentado se produjo tres jornadas antes de las elecciones nacionales del 14 de marzo, buscando posiblemente influenciar el resultado de las mismas.

Aunque es difícil asegurar cual fue el efecto conseguido por los atentados, pueden servir como indicador del mismo las encuestas encargadas por los medios de comunicación la semana anterior. Todas ellas daban como ganador al PP variando solo en el porcentaje de personas (de un 59% a un 70%) que opinaban que ganaría este partido (frente a un 6-12 % de personas que pensaban que vencería el PSOE). Las encuestas posteriores al 14-M indicaban que el 64% de las personas creían que "el PSOE no hubiera ganado las elecciones si no hubieran tenido lugar los acontecimientos del 11-M" (frente a un 23% que opinaban lo contrario).

La diferencia entre los partidos mayoritarios había ido experimentando un sostenido descenso a medida que se acercaba el día de las elecciones. En los primeros días de marzo estaba cifrada en aproximadamente 5 puntos a favor del PP. Sin embargo, había encuestas que reducían esta ventaja a apenas 2,5 puntos. obteniendo finalmente el PSOE una diferencia de 7 puntos en el resultado de las elecciones, un 12% de diferencia frente a las previsiones. Nunca se había dado una diferencia tan grande entre las encuestas y el resultado final.

Otro indicador útil podría ser el voto por correo, emitido antes de los atentados. Esos votos daban como vencedor al PP (44,9%) frente al PSOE (36,1%), con datos muy similares a las encuestas previas a los atentados citadas.

El número de votantes en esas elecciones fue el más alto de la historia de la democracia española (con 25 millones) en número, pero no en el porcentaje de votantes (74%) que participaron en las mismas con respecto al censo electoral total (1977 - 78%, 1982 - 78%, 1993 - 76%, 1996 - 78%). Un porcentaje tan elevado solo se da en condiciones de lo que se ha dado en llamar vuelco electoral o deseo de cambio.

Otra influencia importante de los atentados en las elecciones fue el del llamamiento del "voto útil" que provocó la polarización más importante en unas elecciones nacionales. De hecho el 82% de los votos se repartieron entre el PSOE (10.909.687) y el PP (9.630.512). El total de los otros partidos sumaron 3.827.501 votos. El PSOE logró el mayor número de votos jamás logrado en unas elecciones nacionales, y aun así no obtuvo la mayoría absoluta debido al gran número de votos obtenido por el PP.

Todas ellas son necesarias para conseguir el efecto que se produjo en las elecciones.

Las investigaciones sobre los atentados permanecen abiertas y son actualmente dirigidas por el juez Eloy Velasco que ha sustituido a Juan del Olmo, al frente del Juzgado Central de Instrucción número 6. Continúan instruyéndose cinco diligencias separadas relacionadas con el Sumario 20/2004, ya concluido. Moutaz Almallah Dabas, ha sido el primer procesado tras el primer juicio con ocasión de los atentados. Asimismo, se espera que Abdelilah Hriz, Hicham Ahmmidan y Saad Huseini sean juzgados en los próximos meses en Marruecos por su presunta relación con los ataques.

Permanecen huidos Amer Azizi, Mohamed Belhadj, Said Berraj, Mohamed Afalah y Daoud Ouhnane. La investigación estima, no obstante, que alguno de los citados podría haber muerto en Iraq. Además, cinco perfiles genéticos "especialmente relevantes" permanecen aún sin identificar.

El martes 10 de abril de 2006 el magistrado de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo, concluye que el atentado fue inspirado pero no ejecutado por la red Al-Qaeda justificando la acción en la participación española en la Guerra de Iraq.

Tras más de dos años de investigaciones, el auto de procesamiento incluyó finalmente a 29 de los 116 imputados en la causa. Jamal Zougam y Abdelmajid Bouchar fueron procesados por 191 asesinatos terroristas, 1.755 en grado de tentativa, 4 delitos de estragos terroristas y por pertenencia a organización terrorista. Bouchar, sería, no obstante, condenado finalmente sólo por integración en banda armada, organización o grupo terrorista y por tenencia o depósito de sustancias explosivas.

Nueve españoles fueron procesados por su vinculación a la denominada por los medios de comunicación 'trama asturiana', que habría suministrado los explosivos, y que estaría encabezada por el ex minero José Emilio Suárez Trashorras. Finalmente, sólo serían condenados el citado Suárez Trashorras; Antonio Toro Castro por tráfico de explosivos; y Sergio Álvarez y Antonio Iván Reis Palicio por transporte de explosivos. A los que habría que sumar la condena de Gabriel Montoya Vidal, en un proceso independiente, por un delito de suministro de explosivos a grupo terrorista.

Rabei Osman 'Mohamed El Egipcio', Hassan el Haski y 'Youssef Belhadj, considerados los ideólogos del atentado, fueron procesados por conspiración para delito terrorista. La sentencia condenó a los dos últimos a 15 (rebajada a 14 en casación) y 12 años de cárcel respectivamente por pertenencia a banda armada, el primero en condición de dirigente. En cambio, Rabei Osman 'Mohamed El Egipcio', que ya cumplía condena en Italia por el mismo delito, fue absuelto en aplicación del principio non bis in idem). A todos ellos se les exculpó de la participación directa en el atentado.

El 20 de septiembre de 2008 se hizo público el auto de procesamiento contra Moutaz Almallah Dabas, por colaboración con organización terrorista. Almallah Dabas, sirio nacionalizado español, fue detenido en Londres el 18 de marzo de 2005 y entregado por la justicia británica en marzo de 2007.

El auto de procesamiento, dictado por el Magistrado Eloy Velasco, señala que que la colaboración de Moutaz se produjo con el "entramado terrorista en la banda comandada por Serhane 'El Tunecino', y que de seguro influyó en el posterior entramado que concluyó en el atentado del 11-M y posteriores suicidios de Leganés".

Los nombrados, sobre las 21 horas del día 3 de abril de 2004, ante la inminencia de su detención por la policía, que les tenía cercados en la vivienda que ocupaban en la calle Martín Gaite núm. 40, piso 1º A, de Leganés, decidieron suicidarse detonando varias cargas de dinamita de la marca Goma 2 ECO que, además de causarles la muerte a ellos, mataron al subinspector del Grupo Especial de Operaciones del Cuerpo Nacional de Policía don Francisco Javier Torronteras.

La sentencia absolvió a siete de los 29 procesados, otro más fue exculpado durante el juicio oral, condenando a penas de miles de años de prisión a Otman El Gnanoui (42.919), Jamal Zougam (42.917) y José Emilio Suárez Trashorras (34.715).

La sala no halló pruebas, sin embargo, para condenar como autores intelectuales (autores de un delito de conspiración para delito terrorista) a ninguno de los tres procesados a los que la Fiscalía atribuía esta condición: Rabei Osman El Sayed, "Mohamed el Egipcio", Hassan El Haski y Youssef Belhadj.

La sentencia avala la instrucción de Juzgado de Instrucción y descarta la participación de ETA en los ataques. En relación con el explosivo empleado, el Tribunal determinó que "toda o gran parte de la dinamita de los artefactos que explosionaron en los trenes el día 11 de marzo y toda la que fue detonada en el piso de Leganés, más la hallada en el desescombro posterior, procedía de mina Conchita". "(...)El explosivo utilizado por los terroristas fue, en todos los casos, dinamita plástica "tipo goma". La Audiencia no entra a valorar las motivaciones del atentado, o la posible incidencia de la participación de España en la Guerra de Iraq o Afganistán.

La sentencia 65/2007 fue impugnada por el Ministerio Fiscal, dos asociaciones de víctimas y por particulares. Estos recursos fueron revisados por el Tribunal Supremo en vistas celebradas los días 30 de junio de 2008, 1 y 2 de julio del mismo año, dictando sentencia el día 17 de julio de ese año. En esa sentencia se recoge que, aunque la reivindicación de la autoría de los atentados presenta una dependencia ideológica respecto de Al Qaeda, no aparece relación alguna con otros grupos o dirigentes de esa organización, por lo que se considera que esa célula no dependía de ningún grupo terrorista pudiendo ser identificada, a efectos penales, como grupo terrorista independiente.

Sobre otros acusados, entre los que se citan a Hassan El Haski y Youssef Belhadj, que fueron condenados en primera instancia por su pertenencia a "otras organizaciones terroristas, también dentro de la órbita ideológico-religiosa de Al Qaeda", el Tribunal no considera acreditada ninguna relación con los atentados del 11 de marzo de 2004 ni con las actividades de los ocupantes del piso de Leganés.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ratificó las condenas de Otman El Gnanoui (42.922 años de prisión), Jamal Zougam (42.922 años), José Emilio Suárez Trashorras (34.715 años y seis meses de prisión), Abdelmajid Bouchar (18 años), Rachid Aglif (18 años), Hassan El Haski (14 años), Youssef Belhadj (12 años), Hamid Ahmidan (12 años), Fouad El Morabit (12 años), Mohamed Bouharrat (12 años), Saed El Harrak (12 años), Rafa Zouhier (10 años), Mohamed Larbi Ben Sellam (9 años), Sergio Álvarez (3 años), Antonio Iván Reis Palicio (3 años), Mamoud Slimane Aoun (2 años) y Nasreddine Bousbaa (2 años).

Decidió, en cambio, absolver a Basel Ghalyoun y Mouhanad Almallah Dabbas (que habían sido condenados por la Audiencia Nacional a 12 años), a Abdelillah El Fadual El Akil (que había sido condenado en primera instancia a 9 años) y a Raúl González (que había sido condenado a 5).

Por el contrario, condenó a Antonio Toro Castro (4 años de prisión) como autor de un delito de tráfico de explosivos.

Asimismo, el Tribunal Supremo acordó mantener las absoluciones de Rabei Osman El Sayed alias "Mohamed El Egipcio", Emilio Llano, Iván Granados, Javier González Díaz, Carmen Toro, Mohamed Moussaten y Brahim Moussaten.

Al principio



Euskadi Ta Askatasuna

Miembros de Euskadi Ta Askatasuna (ETA) disparan salvas al aire en el Gudari Eguna de Aritxulegi, Oiartzun, Guipúzcoa, el 25 de septiembre de 2006.

Euskadi Ta Askatasuna (en español: País Vasco y Libertad), conocida por sus siglas ETA, es una organización terrorista, autodeclarada independentista y nacionalista vasca, de ideología marxista-leninista, que invoca la lucha armada como método para obtener sus objetivos fundamentales en los que se encuentra de manera prioritaria la independencia de lo que el nacionalismo vasco denomina Euskal Herria de los estados de España y Francia. Para ello utiliza el asesinato, el secuestro, la extorsión económica tanto en España como, ocasionalmente, en Francia.

Fundada en 1959 durante la dictadura franquista tras la expulsión de miembros de las juventudes del Partido Nacionalista Vasco, cometió su primera acción violenta en julio de 1961 e, inicialmente, contó con el apoyo de una parte significativa de la población al ser considerada una más de las organizaciones opuestas al régimen, si bien tras el proceso democratizador iniciado en 1977, al cual no se incorporó, fue perdiendo apoyos públicos, siendo condenados sus actos y calificados de terroristas por la inmensa mayoría de las fuerzas políticas y sociales desde la aprobación del Estatuto de Gernika en 1979 hasta la actualidad en la que su condición terrorista es plenamente admitida por la inmensa mayoría de los estados, entre ellos; España, Francia, Estados Unidos, las organizaciones internacionales tales como el Consejo de Europa, las Naciones Unidas o la Europol, así como las organizaciones defensoras de los derechos humanos más prestigiosas.

Desde el 2002, diversos partidos políticos y organizaciones sociales han sido ilegalizados por su vinculación a ETA.

Los integrantes de ETA suelen ser llamados «etarras», un neologismo creado por la prensa española a partir del nombre de la organización y el sufijo vasco con el que se forman los gentilicios en euskera (en un primer momento, se les llamó «etistas»). En vasco, la denominación es etakideak, plural de etakide («miembro de ETA»), si bien tal denominación no se usa en castellano.

Los miembros y partidarios de la organización frecuentemente utilizan asimismo el término «gudaris» (gudariak en euskera), que significa guerrero, combatiente, etc. Era el nombre que recibían los combatientes nacionalistas vascos que lucharon contra el alzamiento de los nacionales durante la Guerra Civil de 1936 a 1939. El romanticismo de ese término proviene de que en la guerra civil, por medio de la prensa afín, se difundió que aquellos combatientes luchaban por Euskadi.

En los años cincuenta, la dictadura franquista empieza a ser reconocida internacionalmente; así el PNV es desalojado de su céntrica sede en París en 1951 y Franco firma un Concordato con la Iglesia católica en 1953, fallando la estrategia occidentalista por vias diplomáticas que durante esos años había desarrolado el PNV.

En 1952 se organiza un grupo de estudio universitario con el nombre Ekin (hacer en euskera) en Bilbao. A partir de 1953, y a través del Partido Nacionalista Vasco, el grupo toma contacto con la organización juvenil del PNV, Euzko Gaztedi (EGI). Es en 1956 cuando ambas asociaciones se funden, redactando una ponencia conjunta en el primer Congreso de mundial vasco celebrado ese mismo año en París en el que apostando por el relevo generacional, difieren de las directrices del partido. En 1958 se empiezan a vislumbrar tensiones en el interior de la asociación en confrontación con los altos dirigentes del PNV , que llevan a la expulsión de dirigentes de EKIN y que motivo la posterior escisión en el mes de mayo de ambos grupos puesto que EKIN propugnaba una estrategia de «acción directa» y actuar así como un movimiento de resistencia vasco, en una época en que abundaban las luchas de liberación nacional en el tercer mundo, como la descolonización de Argelia.

EKIN se convierte en ETA el 31 de julio de 1959 , constituyéndose la organización por una junta directiva colegiada formada por Eneko Irigaray, López Dorronsoro, Álvarez Emparanza "Txillardegi", Benito del Valle, J. Manuel Agirre, Julen Madariaga y Patxi Iturrioz.

En 1964, el ilegalizado PNV muestra su desvinculación con ETA y para ello, con el fin de desmentir ciertos rumores, declara públicamente "que la organización conocida con las siglas E.T.A. ni es nucleo activista, ni sección terrorista de nuestro partido, ni tiene con éste ningún lazo de disciplina", rechazándo sus metodos violentos .

Los elementos izquierdistas, que alejan a ETA de la tradición conservadora y católica del PNV, quedan más definidos a partir de la II Asamblea, en la que se constatan afinidades entre el ideario de ETA y el comunismo. Esta asamblea se celebró en Bayona en la primavera de 1963.

En la III Asamblea, que se reunió aproximadamente entre abril y mayo de 1964, se tomó la decisión de que la lucha armada era el mejor modo de conseguir los fines propuestos. La ponencia se publicó más tarde con el título La insurrección en Euskadi. En esta asamblea, además se decidió unánimemente la ruptura con el PNV, cuya labor ETA consideraba «contraria a los intereses de la liberación nacional».

Resulta difícil precisar cuál fue el primer atentado de ETA, ya que la autoría de los primeros que se atribuyen a esta organización no está clara. Hay fuentes que señalan que el primero fue el asesinato de la niña de 22 meses Begoña Urroz Ibarrola el 27 de junio de 1960, a causa de la colocación de una bomba en San Sebastián, y otras que fue un intento fallido de descarrilar un tren de veteranos de guerra en 1961. En todo caso, el primer ataque reivindicado fue la muerte del guardia civil José Ángel Pardines Arcay el 7 de junio de 1968. Donde sí parece haber más unanimidad es que fue en 1968 cuando cometieron su primer atentado de gran repercusión: el asesinato de Melitón Manzanas, jefe de la policía secreta de San Sebastián y represor de la oposición a la dictadura franquista. En 1970, varios miembros de ETA son juzgados y condenados a muerte en el proceso de Burgos, pero la presión internacional hace que se conmute la pena, que ya había sido aplicada a otros miembros de ETA con anterioridad. El atentado de mayor repercusión durante la dictadura fue en diciembre de 1973, cuando asesinaron al almirante y presidente de gobierno Luis Carrero Blanco en Madrid, acción que fue aplaudida por muchos exiliados políticos.

En esta asamblea se aprobó definitivamente el uso de la violencia armada como una de las formas de acción habituales de la organización. También se aprobó el uso de la violencia para conseguir fondos económicos (el primer atraco a mano armada tuvo lugar en Vergara (Guipúzcoa) el 24 de septiembre de 1965).

La V Asamblea da lugar a la primera escisión. Se realizó en dos fases, la primera en diciembre de 1966 en la casa parroquial de Gaztelu (Guipúzcoa). La segunda se celebró en marzo de 1967 en la casa de ejercicios espirituales de la Compañía de Jesús de Guetaria (Guipúzcoa). En la asamblea estallaron las divergencias entre obreristas y los dos sectores nacionalistas formados en la IV Asamblea. Los obreristas, tachados de «españolistas» por su pretensión de priorizar la alianza con grupos de izquierdas de todo el territorio español, se escindieron en una organización que llamaron ETA Berri (Nueva ETA), mientras que los otros dos sectores quedaron encuadrados en la llamada ETA Zaharra (Vieja ETA), que pronto volvería a ser ETA a secas. ETA Berri contribuyó a crear y acabó por disolverse en un partido político de ámbito español llamado Movimiento Comunista (MC). En ETA Zaharra el sector tercermundista arrinconó y apartó del poder al sector culturalista de Txillardegi, que formó un grupo interno llamado Branka. En la V Asamblea se decide también la creación de los cuatro frentes o grupos de trabajo interno que mantendrá la organización a lo largo de los años: político, militar, económico y cultural.

En la VI Asamblea, celebrada en el verano de 1970 en Bayona, resurgen con fuerza las tensiones, esta vez entre militaristas (partidarios de la preeminencia de la actividad terrorista), y un sector llamado otra vez «obrerista», que aboga por la supeditación de la lucha armada a la lucha política realizada en alianza con las organizaciones obreras. Este último sector es mayoritario durante la celebración de la asamblea, y su decisión de poner coto a la actividad armada hace que el sector militarista se niegue a aceptar las resoluciones de la asamblea, creando una escisión que llamarán ETA V Asamblea Askatasuna ala hil (Libertad o muerte) o ETA-V. El sector mayoritario emplea la denominación ETA VI Asamblea Iraultza ala hil (Revolución o muerte) o, abreviadamente, ETA-VI. Sin embargo, ETA-V logra hacerse con el control de la organización, en la que se integra un sector de EGI, las juventudes del PNV, partidario de la lucha armada. ETA-VI, por su parte, se divide en dos grupos, el mayoritario (llamado de los mayos) y el minoritario (minos). El primero aprueba en 1973 integrarse en la Liga Comunista Revolucionaria (LCR, partido de ámbito español que muchos años después se unificará con el MC). El otro sector, el de los minos, se disolverá al integrarse sus miembros en otras organizaciones como la Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT) y el PCE, o incluso en la propia ETA-V (nuevamente ETA a secas).

La VI Asamblea de 1973 (recordemos que quien se queda con el nombre de ETA no reconoce la anterior VI Asamblea) es la que provoca las últimas y más importantes escisiones hasta la fecha. Se celebra en dos partes, la primera en la localidad vascofrancesa de Hasparren en agosto de 1973, y la segunda tras el atentado de la calle Correo de Madrid. En la primera parte resurgen las tensiones entre militaristas y obreristas, que se plasman en dos sectores enfrentados y con poca comunicación entre ellos. Son los militaristas quienes deciden unilateralmente atentar contra Carrero Blanco en diciembre de 1973, provocando la escisión del sector obrerista, que se constituirá en el Partido Revolucionario de los Trabajadores Vascos (PRTV), abandonando ETA.

Tras el atentado indiscriminado de la calle Correo resurge, durante la celebración de la segunda parte de la asamblea, la antigua discrepancia entre los que abogan por la prioridad absoluta de la actividad terrorista y quienes desean su supeditación a las luchas políticas. Así surgen los «militares» (milis, esencialmente provenientes del Frente Militar) y los «político-militares» (poli-milis, procedentes del Frente Obrero), que se escindirán en dos organizaciones: ETA Militar (ETAm, ETA (m) o ETA mili) y ETA Político-Militar (ETApm, ETA (pm) o ETA poli-mili). Esta última es mayoritaria.

Cuando se inicia la llamada transición a la democracia española, por tanto, no hay una ETA sino dos. ETApm apoyó la fundación de un partido político que representara el ideario de la organización ante las elecciones generales de 1977, el Euskal Iraultzarako Alderdia (Partido para la Revolución Vasca, EIA). Más tarde ETApm aceptó la amnistía concedida por el gobierno español a todos los presos etarras aunque tuvieran delitos de sangre, abandonando la violencia e integrándose en el partido político Euskadiko Ezkerra («izquierda del País Vasco», que luego se fusionaría con el PSE-PSOE). El abandono de la violencia, decidido en la VII Asamblea de ETA (pm), fue contestado por buena parte de su militancia, que se integró en ETAm (que en adelante, volvió a ser conocida simplemente como ETA), en especial los llamados comandos bereziak (especiales), comandos dedicados a las acciones violentas más importantes. Algunos de los dirigentes de lo que en adelante sería ya la única ETA proceden de ETApm, como Antxon o Pakito, y se debe a personas de esta procedencia también la llamada Alternativa KAS.

ETA, por su parte, consideraba que con el sistema constitucional posterior a 1978 las cosas no habían cambiado sustancialmente en lo que al derecho de autodeterminación se refería, y decidió continuar su actividad terrorista sin cambios, es decir, de acuerdo con la idea que venía defendiendo de preeminencia de la lucha armada sobre la política y de los aspectos nacionalistas sobre los obreristas o revolucionarios. Los atentados aumentaron en número e intensidad. Destacan el secuestro y asesinato de José María Ryan, ingeniero-jefe de la central nuclear de Lemóniz en 1981, el primer atentado con coche bomba en Madrid, en septiembre de 1985, con un muerto y 16 heridos; la bomba que mató a 12 guardias civiles e hirió a 50 en julio de 1986; o el atentado de Hipercor, el 19 de junio de 1987, cuando pusieron una bomba en un centro comercial de Barcelona, que causó la muerte de 21 personas e hirió a 45. ETA explicó en un comunicado que había avisado previamente de la colocación de la bomba y que la policía no desalojó el local.

Durante la dictadura franquista, y gran parte de la democracia, ETA disfrutó de la tolerancia del gobierno francés, que permitía a sus integrantes moverse libremente por su territorio, creyendo así contribuir al fin del régimen franquista. Se hablaba entonces del «santuario francés» de ETA. Actualmente, Francia colabora intensamente con las autoridades españolas en la lucha contra ETA.

Entre 1983 y 1987 surgieron los Grupos Antiterroristas de Liberación o GAL, organización que cometió varios asesinatos, secuestros y torturas, tanto de miembros de ETA como de civiles. Se llamó a esto la «guerra sucia». Más tarde se detuvo y en 1997 se juzgó y encarceló a personas implicadas en el GAL, entre las que había responsables políticos de alto nivel, entre ellos el propio ministro de interior del PSOE, José Barrionuevo.

En 1986 se fundó la Coordinadora Gesto por la paz, que comenzó a convocar manifestaciones silenciosas en todos los pueblos al día siguiente de cada muerte causada por la violencia política relativa al País Vasco, ya fuera de ETA o del GAL, en lo que fueron las primeras manifestaciones contra la violencia terrorista. Ese mismo año, ETA asesinó en Ordicia a María Dolores González Katarain, Yoyes, antigua dirigente de la organización, que había decidido dejar la lucha armada y ya se había reinsertado en la sociedad, acusándola de «desertora».

En 1987 Txomin Iturbe Abasolo, número uno de ETA en ese momento, comenzó a dirigir las conversaciones de Argel, que continuó, tras su muerte ese mismo año, Antxon, hasta su finalización en 1989.

Tras la muerte de Txomin en 1987, Josu Ternera tomó las riendas de la organización, que dirigió hasta ser detenido en 1989. Pakito compartió liderazgo con él, pasando a hacerlo tras su detención con Txeli y Fiti (formando el denominado colectivo Artapalo).

El 12 de enero de 1988 se firmó el pacto de Ajuria-Enea entre todos los partidos vascos, a excepción de Herri Batasuna, con el fin de acabar con la violencia de ETA.

El 28 de enero de 1988 ETA anunció un «alto al fuego» de 60 días, que luego alargó varias veces, y se intentó una negociación entre ETA (representada por Eugenio Etxebeste, «Antxon») y el gobierno español del Partido Socialista Obrero Español, denominada Mesa de Argel, que terminó en mayo sin resultados, terminando el alto al fuego.

Alegando la necesidad de evitar que ETA impidiera mediante coacción la reinserción de sus presos, anteriormente agrupados en cárceles del País Vasco, el gobierno del PSOE decidió la dispersión de los presos de ETA por las cárceles de todo el país. Esta medida, que busca que los presos etarras no formen un grupo de presión en las cárceles vascas, ha provocado rechazo, especialmente desde sectores nacionalistas, que proclaman su ilegalidad.

En 1992, la cúpula dirigente de ETA al completo (Pakito, Txelis y Fiti) es detenida en Bidart (en Labort, Francia), lo que forzó el cambio de dirección. Tras una tregua de dos meses, adoptan postulados más radicales, siendo la principal consecuencia de este cambio de rumbo la supuesta creación de los «comandos Y», formados por jóvenes (generalmente menores de edad) dedicados a la llamada kale borroka («lucha callejera» en vasco), cuyas actividades incluirían la quema de autobuses y mobiliario urbano, y el lanzamiento de cócteles molotov. Su aparición se atribuyó a una hipotética debilidad de ETA, que les obligaría a recurrir a menores para mantener o aumentar su impacto en la sociedad tras importantes detenciones de sus militantes, incluida su cúpula militar. También empezaron a ser amenazados los concejales de partidos políticos no nacionalistas vascos. Sin embargo, dentro del llamado Movimiento de Liberación Nacional Vasco se niega la existencia de los Comandos Y, y se afirma que su descripción es una maniobra para imponer una mayor pena de prisión a quien realiza estas acciones. El papel de ETA como organizador de la kale borroka ha sido considerado probado por la Audiencia Nacional; por otro lado, desde distintos sectores políticos de izquierda (principalmente de la izquierda abertzale) se niega este papel.

En 1995, la organización lanzó una serie de exigencias al gobierno español como condición para el cese de la violencia. La llamada Alternativa Democrática actualizaba y venía a sustituir a la alternativa KAS como propuesta de mínimos para el reconocimiento de Euskal Herria. A partir del reconocimiento por parte del Gobierno Español de la territorialidad vasca, de que la soberanía reside en el pueblo vasco y de que éste tiene el derecho de autodeterminarse, se derivaría el cese total de las actividades armadas de ETA. El gobierno español rechazó las exigencias de ETA, intentó silenciar su difusión y los tribunales procesaron a la mesa nacional de HB por aprovechar los espacios gratuitos de publicidad electoral para difundir las exigencias, añadiendo a su anuncio algunas imágenes extraídas de un vídeo de ETA.

El 19 de abril de ese mismo año fracasó un atentado con coche bomba contra el principal líder de la oposición José María Aznar, que pronto sería elegido presidente de gobierno, y, según las fuerzas de seguridad, fue abortado el asesinato del rey Juan Carlos I, aunque el acto de mayor impacto social vino al año siguiente. El 10 de julio de 1997 secuestraron al concejal del Partido Popular de Ermua (Vizcaya) Miguel Ángel Blanco, amenazando con matarlo si el gobierno español no cedía a sus exigencias. Seis millones de personas se manifestaron, tanto en el País Vasco como en el resto de España, para exigir su liberación. Al cabo de dos días ETA cumplió su amenaza, lo que desencadenó manifestaciones masivas de rechazo al grito de «¡Asesinos!», «Vascos sí, ETA no» y otros. Se denominó a esto entonces el «espíritu de Ermua».

El 16 de septiembre de 1998, ETA declaraba una "tregua indefinida y sin condiciones" que entraría en vigor dos días después de su anuncio. ETA decía en su comunicado que "Los ciudadanos vascos estamos sojuzgados bajo dos Estados fuertes. Ambos Estados utilizan todos sus instrumentos armados, políticos, económicos y culturales para evitar las posibilidades que tenía Euskal Herria, un pueblo libre en el futuro". Pero advertía ETA que el objetivo de este paso no era la "pacificación", y que sería un engaño a la sociedad decir que este paso lleva a la "normalización", "la consolidación del marco actual y una paz sin que nada cambie.". Respecto a las instituciones, recordaban su objetivo de crear una institución única y soberana que integre todos los territorios que reclaman, y que era la hora "de acabar con los partidos, estructuras institucionales y represoras que tienen por objetivo la construcción de España y Francia, y la desaparición de Euskal Herria.".

Su comunicado, por último, matizaba la suspensión de sus actividades, reconociendo que seguiría desarrollando las labores de suministro, mantenimiento de sus estructuras y su "derecho de defensa en hipotéticos enfrentamientos", y advertía de la posibilidad de revocación de la tregua indefinida, condicionándola a los acontecimientos futuros.

Esta tregua estuvo precedida por un acuerdo firmado un mes antes por la propia organización terrorista ETA, el Partido Nacionalista Vasco y Eusko Alkartasuna, en el que todas las partes se comprometían a buscar la integración de los seis territorios en una institución única y soberana, objetivo político de ETA, y los partidos políticos PNV y EA se comprometían a "dejar sus acuerdos con los partidos que tienen como objetivo la destrucción de Euskal Herria y la construcción de España (PP y PSOE)". Por su parte, ETA se obligaba a anunciar el "alto el fuego indefinido".

El 12 de septiembre de ese mismo 1998, cuatro días antes del anuncio oficial de tregua por parte de ETA, se firmó en la localidad navarra de Estella un pacto entre el Partido Nacionalista Vasco, Herri Batasuna, Eusko Alkartasuna, Ezker Batua-Berdeak, el sindicato LAB, y otras organizaciones en el que se analizaba la situación de Irlanda del Norte y se trataba de proyectar el proceso de paz allí seguido para el caso del País Vasco. Declaraban los firmantes el proceso que debía seguirse para la "resolución política del conflicto". Este método se basaba en la negociación política, en ausencia de violencia, para dar respuesta "a la tradición y aspiraciones de soberanía de las ciudadadanas y ciudadanos de Euskal Herria". El acuerdo se conoció como Pacto de Estella. Su firma puso fin al Pacto de Ajuria Enea.

En mayo de 1999 se produjo en Suiza una reunión entre representantes de la banda terrorista ETA y enviados del gobierno español. Esa reunión pretendía ser para ETA un primer contacto para una serie de reuniones en las que se abordasen cuestiones políticas. Para el gobierno pretendía ser un modo de tratar de verificar de primera mano si la banda estaba dispuesta a cesar de un modo definitivo sus actividades criminales. La reunión no fructificó.

En septiembre de ese mismo año, ETA propuso a PNV y EA suscribir una actualización del compromiso adquirido el año anterior, en el que buscaban la materialización de los objetivos fijados, mediante la celebración de unas elecciones en toda Euskal Herría (tanto la parte española como francesa) que eligiese un parlamento encargado de redactar una Constitución para el nuevo Estado. ETA condicionaba el cese definitivo de sus actividades terroristas a la "fortaleza y estabilidad" del nuevo parlamento. Este nuevo acuerdo fue rechazado por los firmantes del pacto anterior y por tanto no llegó a formalizarse.

El 28 de noviembre ETA anunciaba la ruptura de la tregua mantenida durante un año. En su comunicado, recordaba el pacto firmado con PNV y EA y los planteamientos del Pacto de Estella, y aludía como razones para la reanudación de sus actividades criminales, la presión ejercida por los gobiernos de España y Francia y la pretensión del gobierno español de "que de ser un proceso de construcción nacional pasara a ser un proceso de paz sin contenido, intentando ahogar a la izquierda abertzale en la «normalidad» política y con la intención obstinada y maligna de que la interrupción «provisional» de las acciones de ETA pasara a ser «definitiva» e irreversible.". También se quejaba de que PNV y EA no habían respondido a su propuesta de actualización de pacto. Se anunciaba la fecha del 3 de diciembre como la escogida para la vuelta a la violencia.

El 26 de enero de 2004, el diario ABC desvelaba que el entonces primer consejero de la Generalidad de Cataluña, Josep-Lluís Carod-Rovira se había entrevistado los días 3 y 4 de enero en la localidad francesa de Perpiñán con dirigentes de ETA y que supuestamente ultimaba un pacto con la banda terrorista según el cual ésta se habría comprometido a no atentar en Cataluña a cambio de que el líder de Esquerra Republicana de Cataluña proclamara una declaración independentista en favor del derecho de autodeterminación de los pueblos. El mismo día, y tras la publicación de la información en ABC, el propio Carod-Rovira confirmó la reunión, aunque aseguró que, pese a haber hablado de política, no había llegado a ningún "pacto, ni ningún acuerdo ni ninguna contraprestación, porque no hablaba en nombre de ningún gobierno". Pidió disculpas a la Generalidad por no haber informado y por hacerlo cuando era el número dos de la misma, tras lo cual presentó su dimisión, que fue aceptada por el presidente de la Generalidad, Pasqual Maragall, permaneciendo como consejero sin cartera hasta el día 3 de febrero de 2004.

El 18 de febrero, ETA anunciaba una tregua únicamente para el territorio de Cataluña con el "deseo de unir los lazos entre el pueblo vasco y el catalán". El entonces presidente del gobierno, José María Aznar, declaró que este anuncio era la contribución de ETA a "esta estrategia repulsiva, promovida por Esquerra Republicana de Catalunya". El líder del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, opinaría que "el contenido del comunicado de establecer una tregua en Cataluña es absolutamente rechazable e inadmisible y, desde luego, debe tener consecuencias políticas". El presidente de la Generalidad, Pasqual Maragall diría "Que digan que no matarán en Catalunya nos indigna más todavía por lo que tiene de perversión. No queremos el perdón de ETA. Nos repugna". Por su parte, Carod-Rovira, insitió en que en su reunión no se llegó a ninguna clase de pacto a la vez que pidió su extensión al resto del Estado español, el abandono de las armas y que dejara de matar.

Cada vez con más frecuencia, las acciones de ETA son frustradas por las fuerzas de seguridad del estado. El día de Nochebuena de 2003 la Policía Nacional detuvo en San Sebastián y Hernani a dos etarras que habían dejado dinamita en un vagón presuntamente preparado para estallar en la estación de Chamartín de Madrid; y el día 1 de marzo de 2004, la Guardia Civil detuvo en la provincia de Cuenca una furgoneta con 536 kg de explosivos, impidiendo un atentado en la capital. Al parecer estaba planeado en una zona comprendida entre Alcalá de Henares y Madrid, a la luz de un mapa encontrado en el vehículo.

El 11 de marzo de 2004 se produjeron en Madrid atentados mediante diez explosiones de bombas en trenes de pasajeros. En un primer momento se atribuyó el atentado a ETA, pero los representantes de Batasuna negaron esta hipótesis, asimismo, una persona que hablaba en nombre de ETA llamó a ETB y negó toda responsabilidad por los atentados del 11-M, este comunicado tuvo credibilidad ya que la voz del interlocutor era muy similar a la que anunció la tregua de ETA en Cataluña.

El mismo día de los atentados del 11 de marzo de 2004, cuando el gobierno español señalaba como segura la autoría de ETA (ver Reacciones políticas a los atentados del 11 de marzo de 2004), en la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se aprobó una resolución en la que se condenaba en los términos más enérgicos los atentados. Ante las presiones del representante español, se accedió a atribuir los atentados al grupo terrorista ETA.

Los atentados del 11-M tuvieron gran repercusión dentro y fuera de España, afectando a varias políticas contra el terrorismo.

En la declaración de solidaridad adjunta se establece que los Estados miembros actuarán en un espíritu de solidaridad en el caso de que uno de ellos sea víctima de un atentado terrorista, movilizando todos los instrumentos de que dispongan, incluidos los medios militares para prevenir la amenaza terrorista, proteger las instituciones democráticas y la población civil, y aportar asistencia al Estado si sus autoridades políticas así lo solicitan.

El 8 de octubre de 2004 el Consejo de Seguridad recordaba que "los actos criminales, inclusive contra civiles, cometidos con la intención de causar la muerte o lesiones corporales graves o de tomar rehenes con el propósito de provocar un estado de terror en la población en general, en un grupo de personas o en determinada persona, intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto, o a abstenerse de realizarlo, que constituyen delitos definidos en los convenios, las convenciones y los protocolos internacionales relativos al terrorismo y comprendidos en su ámbito, no admiten justificación en circunstancia alguna por consideraciones de índole política, filosófica, ideológica, racial, étnica, religiosa u otra similar e insta a todos los Estados a prevenirlos y, si ocurren, a cerciorarse de que sean sancionados con penas compatibles con su grave naturaleza".

El juez instructor acerca de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, Juan del Olmo, sin embargo, no ha encontrado indicio alguno sobre la supuesta participación de ETA en los mismos.

Muchos fueron quienes afirmaron la participación, ya sea logística o directa, de ETA en el 11-M. Sin embargo, a pesar de muchos artículos de investigación por parte de algunos medios de comunicación como El Mundo o Libertad Digital y el periodista Luis del Pino, o algunas preguntas por parte de algunos abogados, el juez Javier Gómez Bermúdez en su sentencia niega cualquier tipo de vinculación entre el 11-M y ETA.

El 4 de octubre de 2004 la policía francesa lanzó una operación contra el aparato logístico de ETA en la que se realizaron 20 detenciones. Entre ellos estaban Mikel Albizu Iriarte, Mikel Antza, y su compañera sentimental, Soledad Iparragirre, Anboto, máximos responsables de la banda, junto con otros dirigentes destacados. Se descubrieron cuatro zulos con una gran cantidad de armamento, muy superior a la que se estimaba en su poder; también se intervino material con información sobre ETA y se requisó la imprenta con la que se editaba el boletín interno, aunque no se localizó ninguna suma importante de dinero. La operación fue calificada como la más importante desde las detenciones en Bidart en 1992. En medios afines a ETA se restó importancia a los hechos, señalando que la dirección de ETA tendría en breve nuevos responsables. España solicitó la extradición de Mikel Antza y Anboto mediante una euroorden.

El 14 de noviembre de 2004, Batasuna organizó un acto político multitudinario en el Velódromo de Anoeta, que su portavoz, Arnaldo Otegui, presentó como "un acto ilegal de una organización ilegal". En ese acto se formalizó su propuesta para la "superación del conflicto", que sería asumida también por ETA y gran parte de la izquierda abertzale. Esta propuesta se basaba en el establecimiento de dos mesas de diálogo. La primera entre el gobierno y ETA para tratar el tema del cese de las actividades terroristas, y la segunda mesa, constituida por todos los partidos políticos, pero al margen del Parlamento vasco, para debatir el tema político.

Después de múltiples intentos de atentados frustrados por la policía y la guardia civil, la banda ETA propuso una tregua poco antes de las elecciones del 17 de abril de 2005 al Parlamento Vasco. La respuesta del gobierno fue una petición a ETA para que abandonase las armas como condición de cualquier negociación. Entre todas las fuerzas políticas españolas de las Cortes (partidos políticos vascos incluidos) había consenso en que el Estado no haría concesiones de tipo político a la banda terrorista.

Un mes después, el 19 de junio, ETA anunciaba que suspendía desde el 1 de junio sus acciones terroristas contra cargos políticos electos, teniendo en cuenta lo que, en su opinión, había sido el fracaso del pacto antiterrorista. Esta tregua fue matizada unos días después para aclarar que las Autoridades del Estado y quienes tienen responsabilidades de gobierno están excluidos de esta medida y por tanto sí pueden sufrir atentados.

Hasta marzo de 2006, ETA continuó colocando bombas en instalaciones de entidades públicas, de empresas del País Vasco, y en vías de comunicación. Sin embargo, señalizó la mayor parte de las bombas colocadas a lo largo de 2005 y 2006 con avisos como "Peligro bomba".

En 22 de marzo de 2006 ETA anuncia mediante un comunicado remitido a Euskal Irrati Telebista (EITB), la Radio Televisión Vasca, y al diario en euskera Berria un alto el fuego permanente a partir del día 24 de marzo de 2006 con la intención de impulsar un proceso que culminase con un nuevo marco político. En este comunicado instaba a España y Francia a que cesasen lo que consideran la represión hacia ellos.

Al día siguiente ETA difundió otro comunicado aclarando que el cambio político busca la superación del marco actual, que es de "negación, partición e imposición".

El 29 de junio de 2006, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, informó a los medios de comunicación, en una declaración institucional en el vestíbulo del Congreso de los Diputados, del inicio del diálogo con ETA, tras el alto el fuego.

Durante la tregua se iniciaron contactos entre representantes del Gobierno socialista y el entorno de ETA, pero ese verano surgieron diferencias irreconciliables que tuvieron como consecuencia el bloqueo de la situación y, por parte de ETA, el 18 de agosto de 2006 se realizó un comunicado en tal sentido. Ambas partes se comprometieron a dar un giro a la situación invitando a participar en dichos contactos al PNV.

Finalmente el acuerdo se rompió, culpándose mutuamente los intervinientes por ello según el rotativo abertzale Gara, y el 5 de junio de 2007 ETA anunció mediante un comunicado enviado a dicho diario y a Berria que daba por finalizado el alto el fuego iniciado el 22 de marzo de 2006 y que la vuelta a las armas se hará efectiva a partir de las 0:00 del 6 de junio.

El presidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero dijo en comparecencia en el Palacio de la Moncloa que "ETA vuelve a equivocarse" y solicitó el "apoyo unánime de los demócratas al gobierno" mientras que el líder de la oposición Mariano Rajoy le solicitó al gobierno una rectificación en su política antiterrorista. ETA deja atrás con este comunicado 439 días de tregua.

El 30 de diciembre de 2006 la explosión de una furgoneta bomba en el Aeropuerto de Barajas supone el fin del alto el fuego permanente. En este atentado murieron dos ecuatorianos (Diego Armado Estacio, de 19 años, y Carlos Alonso Palate, de 35).

Desde ese momento ha asesinado a varias personas más: los dos guardias civiles Fernando Trapero, de 24 años, y Raúl Centeno, de 23 (1 de diciembre de 2007); el ex-concejal socialista de Mondragón Isaías Carrasco (7 de marzo de 2008, dos días antes de las elecciones generales); el guardia civil Juan Manuel Piñuel, el día 14 de mayo de 2008, en un atentado perpetrado en la casa-cuartel de Villarreal de Álava (Legutiano) (Álava).

El 20 de mayo de 2008 cae la cúpula de ETA con la detención de Thierry.

A mediados del mes de septiembre de 2008, fueron consideradas terroristas diversas organizaciones como "Gestoras Pro Amnistía" y su sucesora "Askatasuna", por su vinculación con ETA; en el fin de semana siguiente, ETA atentó con tres coches bomba contra la sede de la policía autonómica vasca (Ertzaintza) en Ondárroa, la nueva sede de la Caja Vital en Vitoria y el Patronato Militar Virgen del Puerto de Santoña, en Cantabria, asesinando en este último atentado al brigada de artillería Luis Conde de la Cruz.

A finales de 2008 la cúpula de ETA cae dos veces en tan sólo tres semanas: el 17 de noviembre detienen a Txeroki y el 8 de diciembre hacen lo propio con Aitzol Iriondo. Esta detención fue seguida por otros dos etarras que iban a acompañarle; Eneko Zarrabeitia y Aitor Artetxe. En la localidad guipuzcoana de Irún, ese mismo día son detenidos otros tres etarras, que fueron quienes llevaron a Eneko Zarrabeitia y Aitor Artetxe a entrevistarse con Aitzol Iriondo; se realizaron varios registros en Getxo, dando como resultado la detención de dos presuntas terroristas en Getxo y Berango. La madrugada del 15 al 16 de diciembre, se detienen cuatro miembros "legales" de ETA en Guipúzcoa, tres en San Sebastián y otro en Pasaia; Arkaitz Landaberea, June Villarrubia, Julen Etxaniz y Saioa Urbistazu.

El 31 de diciembre de 2008, ETA colocó una bomba en la Sede Central de la cadena pública de radio y televisión Euskal Irrati Telebista en Bilbao, en un edificio que EiTB comparte con la Hacienda Foral de Vizcaya, la aseguradora Lagun Aro y otros medios de comunicación como Antena 3, Onda Cero, Deia, El Mundo, Marca y Expansión.

El lema de ETA es bietan jarrai («adelante con las dos», es decir, con la contundencia del hacha y la fuerza de la serpiente, en la lucha militar y en la política). Su emblema consiste en una serpiente envolviendo un hacha, y fue creado por Félix Likiniano, veterano antifranquista exiliado en Francia. Este emblema inspiró un símbolo utilizado en el sello de los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación): un hacha y una serpiente con la cabeza cortada.

Con frecuencia a ETA se la vincula con el llamado Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV), formado por distintas organizaciones independentistas vascas, como los partidos y agrupaciones electorales Batasuna, Euskal Herritarrok y Herri Batasuna (ilegalizados en España), el movimiento juvenil Segi (antes Haika, antes Jarrai y Gazteria, también ilegalizados), el sindicato LAB, Gestoras Pro Amnistía (también ilegalizada) y otras, que asumen unos principios comunes, dentro de lo que llaman izquierda abertzale (ezker abertzalea en euskera, que se traduciría como izquierda patriótica o izquierda nacionalista). Sus postulados ideológicos se resumen en la alternativa KAS. Aunque muchos miembros de organizaciones consideradas afines al MLNV no apoyan la lucha armada, la banda terrorista ejerce una influencia central como principal organización y referencia del Movimiento. En instrucciones de procesos del juez Baltasar Garzón se considera a varias de estas organizaciones y sociedades como parte de ETA. En 2005 comenzó el juicio contra varios representantes de este tipo de organizaciones, dentro del proceso 18/98 y siguientes.

Se organiza en distintos «comandos», cuyo objetivo es atentar en una zona geográfica determinada, coordinados por una dirección o «cúpula militar». Además, suelen tener redes de refugios o «casas seguras», y zulos («agujero», en vasco), lugares ocultos donde suelen esconder armas y explosivos. Además, varios ex-militantes viven en países latinoamericanos autodenominándose como refugiados políticos. Entre sus miembros se distingue entre los «legales», o miembros no fichados por la policía; los «liberados», o refugiados en Francia; o los «quemados», que son los que están libres tras ser detenidos.

Muchos miembros de la organización han fallecido por diversas circunstancias, principalmente en enfrentamientos armados con la policía.

Lleva a cabo gran parte de sus atentados en el País Vasco español, aunque frecuentemente su actividad se extiende a otras zonas de España. En el pasado ha tenido contactos con grupos como las FARC y, especialmente, el Ejército Republicano Irlandés Provisional (IRA), y sus miembros han recibido entrenamiento en Argelia, Libia, el Líbano y Nicaragua.

Desde su creación en 1968 ETA ha asesinado a 839 personas, de las cuales 353 eran civiles (el 42%) y 486 policías o militares (el 58%). Asimismo desde 1978, año de aprobación de la actual Constitución española, y 1995, de las 623 víctimas de ese periodo únicamente 10 eran políticos (el 1,6%). Sin embargo, desde 1995 de los 93 asesinatos perpetrados 26 eran personalidades políticas (el 27,96%), de los cuales 16 eran concejales, 5 dirigentes o ex-dirigentes de partidos no nacionalistas y 5 cargos institucionales. De esto se observa que ETA desde mediados de los noventa apostó fuertemente por el asesinato de personajes de la vida política frente a otros sectores.

En la siguiente gráfica se observa la evolución del número de asesinatos por año desde 1968.

Se financiaba principalmente a través del «impuesto revolucionario», que obligan a pagar a empresarios y profesionales cualificados de Euskal Herria (especialmente del País Vasco español, pero en ocasiones también del País Vasco francés) bajo amenazas de asesinato, secuestros y daños contra propiedades. También ha cobrado rescates por secuestros. Parte del material empleado lo consiguen mediante robos. Han sido frecuentes los robos de automóviles que luego eran utilizados como coches-bomba o para huir del lugar de un atentado. También cometía de vez en cuando robos en almacenes de explosivos. Menos frecuentemente, robaban dinero en metálico, troqueladoras y material para falsificar placas de matrícula. En sus primeros años, robaban también material de imprenta para difundir sus escritos.

El 5 de noviembre de 1987, los partidos políticos españoles PSOE, AP, CDS, CiU, PNV, PDP, PL, PCE y EE, firmaron una declaración conjunta, conocida como el "Pacto de Madrid" en el que denunciaban la falta de legitimidad de ETA para expresar la voluntad del Pueblo Vasco y, consecuentemente, rechazaban su pretensión de negociar los problemas políticos del Pueblo Vasco que únicamente debrían serlo entre los partidos políticos con representación parlamentaria, el Gobierno Vasco y el Gobierno del Estado, y emplazaban formalmente a ETA a abandonar las armas y aceptar las vías democráticas.

Dos meses después, el 12 de enero de 1988, las principales fuerzas democráticas en el País Vasco suscribían el "Pacto de Ajuria Enea", donde se comprometían a trabajar por la erradicación del terrorismo como la lucha de la libertad frente a la imposición. Compartían, los firmantes de este acuerdo, la necesidad e importancia de la acción policial que contribuya a la erradicación del terrorismo, a la protección de los principios que conforman la convivencia democrática y a la prevención de atentados y la persecución de sus autores. La colaboración internacional se convertía en algo imprescindible para la erradicación de la violencia y se comprometían a velar por que la defensa del Estado de Derecho se produjera siempre dentro de la legalidad.

En este pacto se manifestaba el apoyo a los procesos de diálogo entre los poderes competentes del Estado y quienes decidan abandonar la violencia, respetando en todo momento el principio democrático irrenunciable de que las cuestiones políticas deben resolverse únicamente a través de los representantes legítimos de la voluntad popular. El texto fue firmado por AP, CDS, EE, PNV y PSOE.

El 7 de octubre de 1988 se firmó el "Pacto de Navarra. Acuerdo por la Paz y la Tolerancia", un acuerdo entre las principales fuerzas políticas de Navarra (EE, AP, PL, DC, CDS, UPN, PSN-PSOE) y el presidente del gobierno navarro, Gabriel Urralburu Tainta. En él, se denunciaban las acciones terroristas y se reafirmaban en el apoyo al Estado de Derecho y en la defensa de cualquier idea siempre que no se apoye la violencia.

Rechazaban en este acuerdo, toda posibilidad de que ETA, o cualquier organización respaldada por la misma, fuera reconocida en negociaciones políticas que pretendieran condicionar el desarrollo libre del sistema democrático, para reafirmar que sólo la voluntad del pueblo podía orientar el presente y el futuro de Navarra.

El 8 de octubre de 1999 se aprobaba en España la Ley de Solidaridad con las víctimas del terrorismo, que tiene como objetivo "rendir testimonio de honor y reconocimiento a quienes han sufrido actos terroristas y, en consideración a ello, asumir el pago de las indemnizaciones que le son debidas por los autores y demás responsables de tales actos". Dos meses después, el 23 de diciembre, se aprobaba otro Real Decreto en el que se aprobaba el reglamento de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las víctimas del terrorismo.

El 12 de diciembre de 2000, los dos principales partidos políticos españoles, Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español, suscribieron el llamado Acuerdo por las libertades y contra el Terrorismo tras el abandono de ETA de la "tregua" de 1998 y una vez puesto de manifiesto, según el propio texto del acuerdo, "el fracaso de la estrategia del PNV y Eusko Alkartasuna, que abandonaron el Pacto de Ajuria Enea para, de acuerdo con ETA y EH, poner un precio político al abandono de la violencia. Ese precio consistía en la imposición de la autodeterminación para llegar a la independencia del País Vasco.".

En este acuerdo, PP y PSOE convenían en que correspondía al Gobierno dirigir la lucha antiterrorista y se comprometían a abandonar del ámbito de la legítima confrontación política o electoral, las políticas para acabar con el terrorismo. Se comprometían también a trabajar para que desapareciera cualquier intento de legitimación política de la violencia y afirmaban públicamente que de la violencia terrorista no se extraerá, en ningún caso, ventaja o rédito político alguno.

La política penitenciaria asimismo, se decía que se aplicaría asegurando el más completo y severo castigo a los condenados por actos terroristas, aunque contemplaría las formas de reinserción de aquellos que abandonen la organización y muestren actitudes inequívocas de arrepentimiento y voluntad de resocialización.

Las víctimas se convierten, tras este acuerdo, en la principal preocupación, e instan a los jóvenes a que se rebelen contra la violencia.

El objetivo del pacto es impulsar conjuntamente las libertades y la política contra el terrorismo, y requiere, según sus firmantes, una colaboración permanente entre el PP y el PSOE que implica el intercambio de información, la actualización concertada en las reformas legislativas, política penitenciaria, cooperación internacional, movilización ciudadana e instituciones, y la búsqueda de posiciones comunes en este tema.

El día después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobaba una resolución en la que, además de condernarlos inequívocamente, exhortaba a la comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos por prevenir y reprimir los actos de terrorismo cumpliendo plenamente los convenios internacionales.

El 28 de septiembre de 2001 el Consejo de Seguridad de las Naciones unidas aprobaba su resolución 1373 decidía que todos los estados miembros debían congelar los fondos y los demás recursos financieron de las personas y grupos terroristas, así como que debían abstenerse de proporcionarles todo tipo de apoyo, activo o pasivo y denegarles refugio. También obligaba a asegurar el enjuiciamiento de toda persona que participe en la financiación, planificación o comisión de actos de terrorismo o preste apoyo a estos actos. Se creó un Comité específico en el seno del Consejo para el seguimiento del cumplimiento de esta resolución.

Esta resolución del Consejo inspiró muchas de las políticas que se tomaron en las más diversas instituciones públicas de cara a combatir todos los tipos de terrorismo. Muchos países miembros, así como organismos supranacionales como la Unión Europea, tomaron nota de esta resolución para endurecer las medidas de la lucha antiterrorista, especialmente en lo que a la financiación se refiere.

De este modo, el 27 de diciembre de 2001 el Consejo Europeo modificó la anterior lista de medidas específicas con el fin de luchar contra el terrorismo. En la posición común del Consejo se definía a las personas o grupos terroristas de tal forma que se entendía por acto terrorista "el acto intencionado que, por su naturaleza o su contexto, pueda perjudicar gravemente a un país o a una organización internaciona tipificado como delito según el Derecho nacional", y cometido con el fin de, entre otras cosas, intimidad gravemente a una población, obligar a Gobiernos a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, desestabilizar gravemente o destruir las estructuras políticas fundamentales, atentados contra la vida o la integridad física, la toma de rehenes, causar destrucciones masivas a instalaciones públicas, la dirección o financiación de grupos terroristas, etc.

En esta Posición común se adjuntaba una lista de personas y organizaciones terroristas entre las que figuraban muchos miembros de ETA y la organización ETA como tal.

El 26 de febrero de 2002, el gobierno de los Estados Unidos emitió una orden por la que se añadía a ETA (y con ella a Euskal Herritarrok, Herri Batasuna, Jarrai-Haika-Segi, Gestoras Pro amnistía) a su lista de terroristas y organizaciones terroristas, así como a algunos terroristas de esta organización.

La Guardia Civil ha recogido los nombres de los incluidos en esta lista para especificar algunas acciones terroristas que han llevado a cabo.

El 19 de abril de 2002, el Consejo de Ministros aprobó la remisión a las Cortes del proyecto de nueva Ley de Partidos Políticos, tras los informes favorables del Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado.

Tras la aprobación de la Ley de Partidos políticos, las instituciones judiciales trataron de hacer cumplir la nueva norma. Así, el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón decretaba en un auto con fecha 26 de agosto de 2002 decretaba la suspensión total de actividades de Batasuna, así como la clausura de sus sedes y su página web, con la prohibición expresa de efectuar ningún acto político o de propaganda.

Con la aprobación de la ley y esta suspensión, el gobierno, a través de Abogado del Estado presentaba una demanda ante el Tribunal Supremo para la ilegalización del Batasuna. Asimismo, la fiscalía presentaba también una demanda ante la justicia motivando una petición igual.

Después de estudiar estas dos demandas, el 27 de marzo de 2003 el Tribunal Supremo en una sentencia resolvió ilegalizar Batasuna tras considerar probado que la creación de este partido político fue un hecho instrumental por parte de la banda terrorista ETA, y que forma parte de ella.

En la reunión del Consejo Europeo del 5 de junio de 2003, se acordó la ampliación de la lista de personas y organizaciones terroristas. En esta ampliación, se incluyó a Batasuna (y como alias de ella a Herri Batasuna y Euskal Herritarrok), y a Jarrai-Haika-Segi, consideradas como un bloque común, y algunas otras organizaciones de la izquierda abertzale, todas ellas consideradas por la UE parte "del grupo terrorista ETA".

Durante la dictadura franquista, los presos de ETA permanecían en prisiones militares. Desde la transición, se les recluye en centros penitenciarios civiles.

A mediados de 2005, la Dirección de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior español cifraba en 544 los miembros o colaboradores de ETA en prisiones españolas, de los que 24 se encontrarían en el País Vasco. La asociación de familiares de presos de ETA, "Etxerat", reducía a 507 la cifra de miembros de ETA encarcelados en España, de los que sólo 14 se hallarían en centros del País Vasco. Una parte importante de los reclusos de ETA se encuentran en las seis prisiones de la Comunidad de Madrid, entre ellos, la mayoría de los que tienen juicios pendientes, ya que los procesos por terrorismo se celebran en la Audiencia Nacional. Según Etxerat había unos 110 miembros de ETA en estas seis prisiones. El resto estaban repartidos por otras cárceles de España.

En Francia, según Etxerat, había 153 miembros de ETA encarcelados, repartidos por 30 centros penitenciarios, 109 de los cuales se encontraban en las nueve cárceles del distrito de París, debido en parte a que es allí donde se sitúan los tribunales centrales que juzgan este tipo de causas. Ningún miembro de ETA se encuentra encarcelado en prisiones del País Vasco francés; además había cinco presos de ETA en dos cárceles de México y uno en el Reino Unido.

En 2008 con 670 se alcanzó la cifra más alta de presos encarcelados de ETA (lo que suponía un incremento del 35% respecto del 2006) de los que 413 cumplían condena y 201 se hallaban en prisión preventiva, el resto se encontraba en prisiones fuera de España. José María Sagardui "Gatza", encarcelado en 1980, es el preso que llevaba más tiempo encarcelado.

Según la citada organización Etxerat el número ascendía a 762 presos repartidos en 85 centros de reclusión que estaban alejados de sus domicilios una media de 630 kilómetros, encontrándose 14 de ellos en las cárceles del País Vasco y Navarra. 157 estarían repartidos en 33 centros franceses.

A finales del 2008 el Gobierno, en respuesta a una información publicada en prensa, manifestó que algunos presos de la banda habían sido acercados a sus domicilios y otros alejados solicitando discreción por motivos de seguridad y Rubalcaba reclacando que la política penitenciaria era "un instrumento más en la lucha antiterrorista".

Ese año 2008 la Audiencia Nacional, órgano judicial encargado del procesamiento de delitos de terrorismo en España, juzgó a 81 etarras en 45 juicios, en los que 21 acusados resultaron absueltos.

En la siguiente gráfica se observa la evolución del número de presos del Movimiento de Liberación Nacional Vasco desde 1978.

ETA disponía de un considerable apoyo social durante el franquismo, periodo en que asesinó a Luis Carrero Blanco, pero la transición a la democracia y su progresiva radicalización le hicieron ir perdiendo apoyos, lo cual se hizo especialmente patente con el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, que generaría un gran rechazo en la sociedad. Su pérdida de simpatizantes fue tan grande que la plataforma Euskal Herritarrok perdió la mitad de sus votantes tras la ruptura de la tregua.

Actualmente, su apoyo social es minoritario. Según el Euskobarómetro (estudio sociológico realizado por un equipo de profesores de la Universidad del País Vasco) de noviembre de 2005, más del 60% de los vascos rechazaba totalmente a ETA. Un 17% opinaba que en el pasado su violencia había estado justificada, pero en el momento de la encuesta no. Un 12% compartía sus fines, pero no sus métodos violentos. Un 3% justificaba parcialmente la acción ETA, criticando sus errores, mientras que sólo un 0,4% la apoyaba totalmente.

El debate sobre la tortura en España está profundamente ligado a la historia de ETA. Las torturas que algunos detenidos han sufrido por parte de las fuerzas policiales españolas, fundamentalmente durante la dictadura franquista, han contribuido al deterioro de la imagen de la administración española, a la radicalización de ETA, y a su captación de miembros. Y, a la inversa, la escalada en la adopción por ETA y otros grupos de métodos violentos permite que aún después de la transición, se mantengan medidas como los interrogatorios sin abogado, o la potestad de retener a un detenido incomunicado durante cinco días sin permitirle contactar con su defensa o su familia. Precisamente, uno de los primeros asesinados por ETA fue Melitón Manzanas quien, como jefe de la Brigada Político-Social de San Sebastián, había torturado a numerosos opositores al régimen franquista.

Las denuncias por torturas no cesaron con la Constitución de 1978, desde el Gobierno español se afirma que las denuncias son falsas y que se deben a una consigna de ETA a sus militantes. Fuentes próximas a la organización denuncian la muerte de varios de sus militantes de ETA debido a las torturas recibidas bajo régimen de incomunicación . Los detenidos acusados de pertenecer a ETA alegan en muchos casos haber recibido torturas que no dejarían lesiones duraderas (asfixia, agresiones sexuales, golpes o presión en los genitales, golpes con objetos romos, descargas eléctricas, exposición al frío, amenazas). Cuando los acusados presentan marcas de lesiones al acabar la incomunicación, las fuerzas de seguridad alegan que se las han autoinfligido los propios detenidos a sí mismos o bien que son resultado de caídas o de forcejeos en los que los agentes se han limitado a defenderse. .

Las asociaciones de la llamada izquierda abertzale suelen ser las más activas en la denuncia de la práctica de torturas contra sus simpatizantes, dando crédito a todas las denuncias. Por el contrario, PP, PSOE y los sindicatos policiales niegan que la tortura sea una práctica extendida, reconociendo sólo los casos confirmados por sentencia judicial.

Por parte de éstos últimos se señala que las denuncias de torturas son una estrategia de ETA al haberse encontrado a manuales de instrucción etarras, intervenidos por la policía durante determinadas detenciones, en los que se aconseja a sus miembros denunciar torturas si son detenidos; así, en enero de 2008 fueron incautados a los etarras Igor Portu y Martin Sarasola, el primero, ingresado en la UCI al dia siguiente de su detención , un manual titulado Atxiloketari Aurre Eginez, 2º zkia (Haciendo frente a la detención, segundo volumen), en el que se informa a los miembros de la banda terrorista: "Sé listo, no vas a ser devuelto otra vez a comisaría (...) Lo peor ya ha pasado. Por tanto, decirle al forense que escriba que te han torturado tanto física como psicológicamente". Tras abandonar las dependencias policiales y ser conducidos a la Audiencia Nacional, "la pesadilla ha terminado", no van a ser devueltos a "manos del enemigo". En ese momento deben comunicar que: "Todo lo declarado en dependencias policiales es mentira. Son declaraciones hechas bajo tortura" Aun conociendo de antemano esas instrucciones, el ministro de interior Alfredo Pérez Rubalcaba ha subrayado que se investigan todas las denuncias, ya que "los primeros interesados en que esas investigaciones se lleven a cabo" son el Gobierno y la Guardia Civil .

La Organización de las Naciones Unidas ha enviado en varias ocasiones a España a Theo van Boven y Martin Scheinin, en función de relatores contra la tortura. Durante su última visita (en mayo de 2008), Scheinin (en sus valoraciones provisionales) solicitó a las autoridades españolas la derogación del régimen de incomunicación de los detenidos y que se reforme el régimen especial de la Audiencia Nacional ya que, a su juicio «se conculcan derechos y crea deficiencias estructurales –no permite la posibilidad de recurrir ante un tribunal superior– en el funcionamiento democrático de la Justicia». Además, Scheinin alertó sobre la tendencia del sistema judicial español a calificar como «terrorismo» delitos que no lo son, manifestando que «cuando se empieza a caer por esa pendiente se corre el riesgo de conculcar muchos derechos».

Otras entidades, como Human Rights Watch no confirman la tortura aunque creen que se podría mejorar las garantías para evitarla. Amnistía Internacional, por su parte, afirma en su informe «Sal en la herida», que aunque "no cree que los malos tratos a manos de funcionarios españoles encargados de hacer cumplir la ley sean algo habitual, basándose en sus investigaciones la organización no está de acuerdo con la afirmación de que constituyen hechos aislados, de cuya comisión sólo cabe responsabilizar a unos cuantos agentes de policía deshonestos." En el mismo informe "Amnistía Internacional presenta algunas recomendaciones a las autoridades españolas que la organización considera que contribuirían a prevenir los malos tratos y a poner fin a la impunidad de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley responsables de tales actos". Gesto por la Paz de Euskal Herria, y partidos políticos como IU, PNV o EA mantienen sus reservas sobre la mayoría de las denuncias, aunque dan credibilidad a algunos casos, aun sin sentencia firme, cuando el detenido sale del periodo de incomunicación con lesiones que ha sido fuente de gran controversia para la opinión pública (como en el caso de Unai Romano ) o cuando la víctima tiene un amplio prestigio social (como en el caso de Martxelo Otamendi, director de Egunkaria).

En este sentido, en 2006 el Gobierno Vasco accedió a las peticiones de Amnistía Internacional y anunció que la Ertzaintza grabaría en vídeo los periodos de incomunicación de los detenidos.

El tema de ETA ha sido tratado en novelas como Gálvez en Euskadi y Gudari Gálvez de Jorge Martínez Reverte, Operación Ogro de Eva Forest, Esos cielos de Bernardo Atxaga o Exkixu, novela del ex-militante de ETA José Luis Álvarez Enparantza Txillardegi. También es tocado en forma tangencial por Manuel Vázquez Montalbán en el primer capitulo de su obra Galíndez, sobre el exilado vasco asesinado por el dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo.

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Source : Wikipedia